Introducción

El movimiento de derechos humanos en Argentina se fue conformando entre los años 1974 y 1979 (es decir, antes y durante la última dictadura 1976-1983) cuando se produjo una ruptura significativa de las condiciones sociales, económicas y políticas a partir de la definitiva instalación del terrorismo de Estado (Alonso, 2022, p. 97). Las luchas e iniciativas de las organizaciones del movimiento se tradujeron en acciones dedicadas a intentar parar los secuestros y las desapariciones; a liberar a los/as detenidos/as; a la denuncia y protesta abierta; y a la contención de los/as afectados/as, a través de importantes redes de solidaridad, difusión y promoción del tema a nivel internacional.¹ Durante la transición democrática, la condena de las violaciones a los derechos humanos y la desaparición de personas no fueron inmediatos ni un tema mayor que las preocupaciones sociales del presente en amplios sectores de la sociedad (Franco, 2018a). Su instalación en la esfera pública se dio, precisamente, por el peso de la perseverante tarea de estos organismos. Posicionándose como demandantes y en permanente confrontación con el Estado, pero, a su vez, como agentes promotores de la acción estatal, el movimiento -y los derechos humanos como marco y discurso legítimo-² fue un actor fundamental de la restauración democrática en Argentina (Jelin, 2017).

El repertorio de acción del movimiento se fue organizando en torno a dos pilares fundamentales de su resistencia: la búsqueda de la verdad y la justicia. El primero, fue la forma más eficaz de enfrentar las políticas de olvido, el silencio y la falsificación de los hechos por parte de los perpetradores. La demanda concreta era el esclarecimiento de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Y el segundo, apuntaba a que, esta vez, a diferencia de otras dictaduras, los delitos cometidos por el Estado no quedaran impunes y se castigara a los culpables. Además de haber encarnado la única resistencia activa a la dictadura, las heterogéneas organizaciones nucleadas en un frente unido -apoyados en la dinámica tradicional de militancias y movilizaciones previas en la historia argentina (Alonso, 2022)- desarrollaron un lenguaje y un modo de acción política que contribuyó, de manera notable, a los repertorios de protesta y movilización social, desarrollados desde entonces en el país (Schindel, 2006). Posteriormente, sus acciones dieron lugar a una cultura de la memoria cuando esta se convirtió en una de las demandas centrales del movimiento (Jelin, 1995, 2017). El mandato moral de la memoria fue el tercer pilar de la resistencia que se sumó con la consigna "recordar para no repetir".

En términos de la estructura de oportunidades políticas -si bien desde 1983 se produjeron diversas formas de institucionalización y normalización de los derechos humanos, que llevaron al desarrollo de distintas políticas públicas (Alonso, 2022)-, con la asunción de Néstor Kirchner, en mayo de 2003, este proceso se aceleró al asumir el Gobierno como política de Estado la condena del terrorismo de Estado y de la violación de los derechos humanos realizadas durante la última dictadura. A lo largo del ciclo kirchnerista (2003-2015),³ la identificación cada vez más cercana del Gobierno con las demandas históricas del movimiento por los derechos humanos se evidenció -no sin tensiones y disputas-⁴ en el trabajo conjunto entre agencias estatales, algunos organismos y otras agencias de la sociedad civil.⁵ En tal sentido, es que se puede considerar la configuración de una memoria social dominante (Da Silva Catela, 2011) y la consagración pública del "deber de memoria" durante este periodo, fundado en un relato -centrado en el pasado- de terrorismo de Estado, legitimado por el sufrimiento, el dolor y la figura privilegiada de las víctimas (Jelin, 2017; Jelin & Vinyes, 2021).

A partir de 2015, estas memorias se vieron tensionadas por una nueva coyuntura política y social que interpeló su hegemonía y el consenso público alcanzado hasta ese momento. Durante los años de Gobierno nacional de la coalición Cambiemos (liderada por Mauricio Macri 2015-2019) -tras las declaraciones del propio presidente, de algunos de sus funcionarios y la intervención de otros actores políticos, diversos intelectuales y un sector de la prensa (asociados a la derecha política)- se presentó un mayor impulso y visibilidad a otros relatos que pretendían relativizar y minimizar la magnitud de la represión estatal y plantear "un horizonte de reconciliación como cierre posible y deseable de ese pasado" (Franco, 2018b, p. 153).

El presente trabajo se concentra en este escenario de nuevas luchas por las memorias sociales del pasado reciente argentino y se pregunta por las acciones y los sentidos que se pusieron en juego en la renovada confrontación del movimiento por los derechos humanos con el Estado.⁶ Se parte considerando que, a la férrea voluntad del recuerdo -cristalizada en el "deber de memoria"-, en este periodo, se sumó el impulso de los actores en respuesta a los intentos y desafíos por defender, disputar y preservar un pasado reconocido como legado, y que se sostiene, aún, en el deber moral de su memoria, considerándolo como un acuerdo irrenunciable. Asimismo, se considera que, a pesar de las diferencias internas, el movimiento logró articularse para posicionarse frente al Estado, no solo por la identificación de un enemigo común, sino particularmente por la fuerte presencia de los derechos humanos en la cultura política argentina, que ha sido posible, entre otros motivos, por la incorporación de nuevas generaciones de actores que sostienen su legitimidad y trascendencia en el tiempo.

Para desarrollar el análisis, se ha tomado, por un lado, un caso de acción coordinada del movimiento a escala nacional: la movilización en contra de la cláusula del "2x1" de la Corte Suprema de Justicia, que habilitaba la liberación o reducción de penas de represores condenados. Y por otro, una serie de casos llevados adelante por diversos actores de dicho movimiento en una escala regional, que abarca las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada del noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Esta selección se fundamenta en la histórica participación de la región en las movilizaciones en defensa de los derechos humanos. La constitución de las organizaciones del movimiento más emblemáticas -nacidas en dictadura o en décadas posteriores, como h.i.j.o.s.-⁷ fue, en buena parte, iniciativa de familiares de víctimas y sobrevivientes de estas ciudades (Da Silva Catela, 2009; Abbattista et al., 2016). El activismo por la memoria y los derechos humanos de esta región se inscribió en la trama nacional por el peso de sus actores emprendedores y la envergadura de sus tempranas acciones, especialmente en la ciudad capital de dicha provincia, La Plata, funcionando como "un modelo de acción colectiva [que] marcó el inicio de un boom" (Da Silva Catela, 2009, p. 186) de políticas de memoria a nivel local y en el país. Esta escala regional ha permitido observar en profundidad el fenómeno y hacer más denso su estudio. Sin embargo, no se ha renunciado a la posibilidad de ofrecer una mirada amplia sobre el movimiento de derechos humanos, atendiendo la construcción de una historia integradora, que reconoce la necesaria referencia a un marco nacional y a la centralidad política y cultural de Buenos Aires, niveles que, por sus estructuras de dominación, resultan condicionantes para las acciones del agente colectivo (Alonso, 2022).

Situado en el cruce de los campos de la historia reciente y los estudios de memoria, el trabajo abarca la aproximación compleja de la relación entre el proceso histórico-político-social nacional y regional, las subjetividades y experiencias de los actores, y las acciones colectivas en el espacio público. Desde una metodología de corte cualitativo y a través de la aproximación analítica del estudio de un corpus de casos, se combinaron distintas herramientas, como relevamiento y observaciones participantes y no participantes de procedimientos e intervenciones; elaboración de entrevistas abiertas y semiestructuradas a las/los protagonistas;⁸ utilización de fuentes bibliográficas de reciente edición; y notas en registro electrónico. En el primer apartado, entonces, se esbozan las características más importantes de la nueva coyuntura política y social, focalizadas en los datos más distintivos que supuso el cambio de Gobierno, en especial, en materia de política estatal sobre memoria y derechos humanos. El segundo apartado se ocupa de presentar los casos para observar cómo se configuró el escenario de confrontación con el Estado, a través de una serie de estrategias e intervenciones colectivas en espacios públicos. Finalmente, se esbozan algunas conclusiones y perspectivas futuras. En su conjunto, el trabajo pretende aportar al estudio de los comportamientos de los actores sociales abanderados colectivamente en la lucha contra el avance de las nuevas derechas, y los usos e interpretaciones que, del pasado reciente, estas desarrollan como parte de su disputa por "la hegemonía política [en el plano de la cultura]" (Lvovich & Patto Sá Motta, 2022, p. 2).

La impugnación de las políticas de derechos humanos, justicia y memoria durante el Gobierno de Cambiemos

El 10 de diciembre de 2015, la coalición Cambiemos, integrada por el pro, la ucr y la Coalición Cívica, asumió la conducción nacional con Mauricio Macri como presidente. También en la Provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal como gobernadora. Y en la ciudad de Buenos Aires con Horacio Rodríguez Larreta como jefe de Gobierno, quien había sido precedido por Macri con el pro en 2007 y 2011 sucesivamente. Este triunfo por la vía electoral -a nivel nacional, provincial y en la ciudad de Buenos Aires- supuso un hecho inédito en la historia argentina, desde el surgimiento de los partidos mayoritarios (Bohoslavsky & Morresi, 2016; Vommaro, 2019; La Bancaria Prensa y Difusión, 2019), que expresa, de alguna manera, la retirada de lo que se denominó "marea rosa"⁹ y el ascenso de nuevas corrientes de derecha¹⁰ a escala global. Estas manifestaciones se han presentado, en algunos casos, como "rupturistas frente a las tradiciones conservadoras autoritarias y anticomunistas del siglo XX y [en otros, como] una manifiesta inscripción en esa genealogía" (Lvovich & Patto Sá Motta, 2022, p. 2).

La Alianza Cambiemos se presentó como "la garantía del cambio y la modernidad con un discurso [que ponderaba] el emprendedurismo y el liderazgo de tipo empresarial" (Bohoslavsky & Broquetas, 2020, p. 9). Según Canelo (2019), esta fuerza política intentó desmantelar el modelo de sociedad implementado por los Gobiernos kirchneristas durante sus doce años de gestión. Cambiemos, afirma la autora, "puso en marcha un agresivo plan de refundación de la sociedad argentina" (Canelo, 2019, p. 12), un "cambio cultural" (Canelo, 2019, p. 23) basado en algunas transformaciones de largo plazo: una modificación en el lazo social y en las solidaridades, en los vínculos que mantienen los diferentes grupos sociales -en sus creencias, valores e intereses- y en las relaciones que entablan con la política

Sobre la caracterización de derecha de este Gobierno, Canelo retoma a Rancière (2016) y afirma que Cambiemos propuso una sociedad fundada en la desigualdad, restaurando un orden de jerarquía y distancia entre ricos y exitosos, y clases medias y pobres, definiendo los estatus que a cada uno le correspondían de acuerdo con "sus reales posibilidades" (Canelo, 2019, p. 171). A su vez, agrega que este Gobierno actuó como un catalizador que atrajo, agrupó y representó actitudes generales, malestares volátiles, y los reunió con un "núcleo duro intransigentemente antiperonista, homogeneizándolos de un lado de la 'grieta'¹¹ y contra el kirchnerismo" (Canelo, 2019, p. 177).

Sin embargo, en su avance, el nuevo Gobierno no solo apuntó contra el modelo kirchnerista. Su propuesta también incluyó el tipo de rol que debían cumplir las Fuerzas Armadas y de seguridad en democracia. Desde el comienzo, la nueva gestión -y su estrategia comunicacional- estuvo principalmente orientada por "la agenda securitaria y las propuestas de policialización de la seguridad" (Seghezzo & Fiuza Casais, 2021, p. 401). Si bien esto no era (ni es) nuevo en Argentina -pues desde mediados de los años noventa se ha ido fortaleciendo "la inseguridad como problema medular de la agenda política, mediática y social" (Seghezzo & Fiuza Casais, 2021, p. 402)-, sí lo fue el fortalecimiento y la magnitud que adoptó (Schmitt, 2019; La Bancaria Prensa y Difusión, 2019). Durante este periodo hubo una escalada de la represión y un uso irracional o ilegal de la fuerza policial en operativos desproporcionados, destacándose las prácticas irregulares que atentaban contra el derecho a la protesta, como las cacerías policiales, la estigmatización -fundamentalmente de los/as pobres- y la criminalización y judicialización de los/as manifestantes y de las organizaciones sociales, políticas y gremiales. Con relación a esto, es interesante destacar la presencia de una memoria vinculada al discurso dictatorial, representada en las fórmulas de establecimiento del orden público y el delineamiento del enemigo interior. Como señala Di Stefano (2020), la enunciación macrista recuperó "la característica de la fórmula 'subversión marxista/comunista' de acusar a su enemigo por las acciones que realiza y por su pensamiento político" (p. 95).

Como afirman Lvovich & Patto Sá Motta (2022), los usos e interpretaciones del pasado reciente en los actores de estas nuevas derechas, tienen como objetivo fundamentar sus identidades, preservar sus intereses y brindar visiones alternativas que confrontan a las tradiciones progresistas, de izquierda o nacionales-populares. En este sentido, y como se anticipó, durante el Gobierno de Cambiemos se intentaron modificar los consensos y las legitimidades en torno al relato sobre los años setenta y el pasado dictatorial (Franco, 2018b; Salvi & Messina, 2024). Muchos/as de los/as funcionarios/as de esta alianza de derecha y neoliberal cuestionaron los acuerdos democráticos, que se habían logrado consensuar en la sociedad argentina tras largos años de lucha de variados actores políticos y sociales, entre los que se encuentra el movimiento por los derechos humanos. Cambiemos propuso una renovación de la agenda de derechos humanos, en la que los ejes de memoria, verdad y justicia en los hechos no fueron prioridad como en el anterior periodo, y el lazo construido entre derechos humanos y terrorismo de Estado fue progresivamente distanciado.

Durante el primer año de gestión, Claudio Avruj, entonces secretario de Derechos Humanos de Nación, declaró que la propuesta del Gobierno sería una agenda de avanzada en la cual "memoria, verdad, justicia y educación [serían] fundamentales para el objetivo que tenemos, que es unir a los argentinos. De esa dirección, no nos vamos a apartar" ("Memoria, verdad, justicia...", 2016). Por otro lado, el 23 de febrero de 2016, Macri recibió en Olivos, por única vez durante su gestión, a referentes de organismos de derechos humanos,¹² quienes le presentaron al presidente un documento de siete páginas con pedidos, reclamos y una detallada redacción de las vulneraciones a los derechos humanos cometidas por su gobierno a casi solo tres meses de gestión. Luego de la reunión, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, declaró: "todo diálogo que comienza es positivo [.] No venimos a agraviar, venimos a dialogar, si hubiéramos sentido el agravio en campaña, cuando el actual presidente dijo que éramos un curro, no hubiéramos venido" (Carelli Lynch, 2016). La referencia de Carlotto aludía a la declaración de Macri en la que caracterizó a las políticas de derechos humanos del ciclo kirchnerista como "curros que han inventado" y prometió que con su gobierno estos se acabarían (Rosemberg, 2014).¹³ De esta forma, el presidente dejaba en evidencia el nuevo rumbo que adoptarían las políticas de derechos humanos durante su gobierno, marcadas fuertemente por la identificación entre "lucha por los derechos humanos, corrupción y kirchnerismo" (Feierstein, 2018, p. 179).

Como se mencionó en el apartado introductorio, el acercamiento entre los Gobiernos kirchneristas y algunos de los organismos del movimiento de derechos humanos generó no solo tensiones y disputas internas, sino también fuertes críticas al kirchnerismo desde sectores opositores que le atribuyeron un deliberado interés en el tema con fines electoralistas, es decir, un intento ilegítimo y arbitrario de apropiarse y partidizar la causa antidictatorial. El diagnóstico en términos de abuso de la política de derechos humanos fue capitalizado por el antikirchnerismo político y mediático, y se instaló como una lectura verosímil sobre lo acontecido, articulada por los referentes de Cambiemos desde la campaña presidencial (Feierstein, 2018; Barros & Morales, 2019).

Todo esto se vio reflejado concretamente en el relegamiento, reducción de presupuestos y, en algunos casos, cierres de dependencias estatales vinculadas a los derechos humanos, que afectaron especialmente a las áreas que se ocupaban de políticas de memoria y del seguimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad.¹⁴ Estas medidas repercutieron en los procesos de juzgamiento y, en otro orden, se alentó a una disminución de la rigurosidad en las condiciones de detención de los represores y el otorgamiento de la modalidad de arresto domiciliario. Un hecho representativo fue el fallo de la Corte Suprema, el 3 de mayo de 2017, de la cláusula del "2x1". Este fallo establecido por la ley 24.390 -vigente entre 1994 y 2001- permitía reducir las condenas de quienes habían permanecido más de dos años en prisión preventiva -sin condena firme- mediante el cómputo doble de cada día transcurrido en dicha circunstancia. Sin embargo, en esta ocasión, era la primera vez que se aplicaba a un caso de delito de lesa humanidad, al represor Luis Munia, condenado en el año 2013 por su actuación en el comando paramilitar interno del Hospital Posadas de la Provincia de Buenos Aires. Este beneficio resultaba un peligroso precedente que permitiría liberar o reducir las penas de otros represores apresados.¹⁵

Es válido mencionar que el otorgamiento de este tipo de restricciones de la libertad venía sucediendo con anterioridad al 2015 y que, además, la determinación del modo de cumplimiento de las condenas y detenciones preventivas se encontraba por fuera del alcance del titular del Poder Ejecutivo. Aun así, las progresivas medidas del Gobierno indicaron "un cambio en la valoración de los juicios [que] han permitido una mayor discrecionalidad de los miembros del poder judicial" (Godoy & Barbero, 2016, p. 11). A la par de algunos/as funcionarios/as de Cambiemos, como señala Franco (2018b), fueron los sectores de la derecha política asociados a los intereses dictatoriales en los años setenta -como la jerarquía católica conservadora, algunos editoriales de medios de comunicación hegemónicos, como La Nación y Clarín, algunas universidades privadas y diversos intelectuales- los que cuestionaron y estigmatizaron los juicios por crímenes de lesa humanidad, como un ejercicio de venganza y/o revancha. Revitalizando las figuras del diálogo, el perdón y la reconciliación para refutar los procesos judiciales, estas voces tenían como objetivo poner un punto final a la conflictividad de aquel pasado.

Asimismo, estos relatos concordaron con otros que banalizaron o relativizaron la represión estatal, y reactualizaron la revisión de lo ocurrido en la década del setenta y la última dictadura.¹⁶ Dichos relatos circularon en los diarios Clarín, Infobae y La Nación; en emisiones especiales de la señal América tv, en programas de rating masivo como Intratables o Animales Sueltos, a los que asistían funcionarios públicos, exmiembros de las organizaciones armadas de los años setenta, figuras del movimiento de derechos humanos y diversos intelectuales; en la organización de debates públicos; en publicaciones de numerosos libros sobre la temática en editoriales como Random House y Planeta (Feierstein, 2018); y en redes sociales que, durante este periodo, fueron un escenario privilegiado de confrontaciones que alcanzaron a interpelar a amplios sectores de la sociedad.

Por una parte, se instaló nuevamente la sospecha o desconfianza hacia los/as desaparecidos/as y asesinados/as durante la dictadura, señalándolos/ as no como víctimas, sino como los/as responsables de la violencia insurgente de los años setenta, calificada intencionalmente como terrorista. Este argumento fue precisamente el que utilizaron los militares para justificar su respuesta represiva durante la dictadura, en lo que denominaron la guerra contra la subversión. Durante el macrismo, el eje de la versión "recargada" de la "teoría de los dos demonios", tal como la define Feierstein (2018, p. 51), tuvo como objetivo dar mayor presencia pública a los reclamos de reconocimiento de familiares de militares condenados y de las víctimas colaterales o contingentes de las acciones de las organizaciones armadas. Y, a su vez, instalar la idea de que existió "un solo demonio" que fue la violencia, igualando así a perpetradores y víctimas de la represión estatal. Esta equiparación no solo sirvió para relegitimar la violencia represiva del pasado, sino, sobre todo, y como se explicó al principio de este apartado, legitimar la del presente.

Por otra parte, uno de los temas más debatidos fue el cuestionamiento de la cifra de 30000 detenidos/as desaparecidos/as, consensuada históricamente por el movimiento de derechos humanos. Lo más resonante fueron las declaraciones de algunos funcionarios de Cambiemos, como Darío Lopérfido, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quien afirmó que: "en Argentina no hubo treinta mil desaparecidos", y que esa cifra "se arregló en una mesa cerrada" para "conseguir subsidios" ("Darío Lopérfido, polémico...", 2016). Unos meses después, el presidente Macri fue consultado sobre el tema y dijo: "No tengo idea. Es un debate en el que no voy a entrar, si son nueve mil o treinta mil, si son los que están anotados en un muro o si son más. Es una discusión que no tiene sentido". Además, sostuvo que se trató de una "guerra sucia" (Rosemberg, 2016).¹⁷ También, Juan José Gómez Centurión, exoficial del Ejército por entonces director general de la Dirección Nacional de Aduanas, afirmó que: "ocho mil personas muertas desde el punto de vista social es espantoso, pero desde el punto de vista histórico no es lo mismo ocho mil verdades que veintidós mil mentiras". Asimismo, si bien reconoció que se trató de un golpe de Estado, sostuvo que no fue un genocidio y que "lo de plan sistemático es un adjetivo, objetivamente la realidad es otra" (América tv, 2017).¹⁸

Especialmente por este tipo de declaraciones, entre otras, se ha identificado a Cambiemos -con distintos matices- como un Gobierno negacionista, o en otras variantes: "intentos negacionistas [o] negacionismo no puro" (Jelin, 2018, p. 2); "política negacionista [y] avanzada negacionista" (Canelo, 2019, p. 96); "ofensiva negacionista" (Feierstein, 2018, p. 248) y la más radical, "negacionismo estatal" (Thus, 2017). Thus, quien se posiciona desde la caracterización de genocidio de la última dictadura (al igual que Feierstein), sostiene que se trata de un negacionismo a nivel nacional porque, si bien las expresiones no eran novedosas, sí fue la primera vez que esta retórica ganó aceptación en el discurso estatal oficial. Para autores como Lvovich & Grinchpun (2022), considerar que la postura oficial y monolítica del Gobierno de Cambiemos fue el negacionismo o la relativización "resulta reduccionista, aunque los enlaces entre ambos sean inocultables" (p. 11).

Lucha y resistencia. La ofensiva del movimiento de derechos humanos

La avanzada de Cambiemos se encontró con respuestas inmediatas. El movimiento de derechos humanos tuvo el desafío (una vez más) de confrontar a un Estado cuya gubernamentalidad -considerando las actitudes de otros sectores de poder no estatal- como se explicó anteriormente, atentaba contra muchos de los derechos y las conquistas históricamente logradas. Si los pilares de la democracia -la búsqueda de verdad, justicia y memoria- fueron las demandas que, pese a las diferencias y profundas transformaciones internas, le dieron continuidad, legitimidad y cierta unidad al movimiento, fue la impunidad de los represores, en gran medida, el "elemento aglutinador para su acción contenciosa" (Alonso, 2022, p. 125). En estos términos, podría comprenderse la capacidad de organización del movimiento que derivó en la multitudinaria marcha en Plaza de Mayo de la ciudad de Buenos Aires, el 10 de mayo de 2017, convocada en unidad por los organismos para repudiar lo que consideraron un nuevo intento de impunidad: la sentencia de la Corte Suprema y el beneficio del "2x1" para condenados por delitos de lesa humanidad.

Luego de conferencias de prensa y comunicados en diversos medios, los organismos llamaron a movilizarse bajo la consigna "Señores jueces: Nunca Más".¹⁹ El acto central en Plaza de Mayo congregó a cientos de miles de asistentes. Una gran bandera enmarcaba el escenario con la consigna principal y agregaba: "Ningún genocida suelto. 30000 detenidos desaparecidos presentes". La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, "Taty" Almeida, en su discurso expresó:

En esta jornada histórica, el pueblo y los organismos reunidos en esta histórica plaza, decimos bien fuerte "nunca más". [...] Nunca más a los privilegios para criminales de lesa humanidad. Nunca más a los genocidas sueltos. [...] No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de la historia argentina. Ni que nuestros hijos ni futuras generaciones deban hacerlo. Nuestro pueblo no merece ser condenado al olvido. ("El "repudio al 2x1...", 2017)

La convocatoria encabezada por Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, además de los organismos de derechos humanos, contó con el apoyo y la participación de partidos y organizaciones políticas de izquierda, del peronismo y kirchnerismo; de sindicatos como la Central General de los Trabajadores (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA); diversas organizaciones sociales, figuras públicas, universidades, intelectuales y artistas. Bajo la misma consigna se replicaron las movilizaciones en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Rosario, Córdoba, Neuquén, San Salvador de Jujuy, Viedma y en muchas otras de las provincias de San Luis, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Cruz y Tierra del Fuego ("Una multitud marchó a Plaza...", 2017). Las protestas masivas²⁰ llevaron a que el mismo día de la movilización, el Congreso de la Nación sancionara por unanimidad²¹ una nueva ley interpretativa del "2x1", que establecía como no aplicables sus beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad. El 4 de diciembre de 2018 la Corte Suprema, ante un nuevo caso, revirtió el criterio de acuerdo a la nueva ley y sostuvo su inaplicabilidad.²²

La victoria del movimiento de derechos humanos fue posible, en parte, gracias a la presión social que se ejerció en las calles.²³ Los organismos coincidieron en señalar que el público asistente superó al de la marcha por el 40° aniversario del golpe, el 24 de marzo de 2016,²⁴ y que participaron personas que no son el público habitual de este tipo de manifestaciones (Quiroga, 2021). En este sentido, se puede considerar que el pilar de la justicia funcionó como un detonador de la defensa del consenso social y político, generado en torno a la no impunidad de los crímenes pasados. Se trató de un momento bisagra del ciclo macrista, un acontecimiento límite, en que el legado histórico de la experiencia de lucha del movimiento por los derechos humanos se hizo explícito a nivel nacional.

Ahora bien, en esta línea y achicando el foco en la escala regional, se pudo identificar otra forma de la manifestación de este legado que involucra, principalmente, la herencia de la lucha por la verdad y la memoria. Durante el periodo de Cambiemos hubo una renovación del compromiso de los/as activistas locales observable en dos fenómenos puntuales: uno, la emergencia de nuevas agrupaciones, y dos, el reagrupamiento y la revitalización del activismo de organizaciones de larga trayectoria en el movimiento. Una parte importante del repertorio de acción que adoptaron -con nuevos sentidos- para repudiar tanto los intentos de impunidad como aquellos relatos relativizadores y banalizantes de la represión estatal de los setenta, fue trabajar en el conocimiento y reconocimiento de las víctimas a través de la instalación de memoriales y la producción de actos conmemorativos en torno a ellos. Como se anticipó en la introducción, estas "políticas de memorialización" (Jelin, 2017, p. 156) que evocan en el espacio público a los/as desaparecidos/as y asesinados/as -a través del emplazamiento de monumentos, placas, monolitos, baldosas, murales, árboles, nominación y redenominación de calles, entre otras formas- se remontan, en la región, a mediados de los años noventa, cuando, en un contexto de impunidad,²⁵ la memoria adquirió el estatuto de mandato político y moral.

Estos emprendimientos urbanos se sostienen, desde entonces, con base en el consenso de la necesidad de reconstruir la "dimensión cotidiana del terror" (Schindel, 2006, p. 56). Es decir, marcar las irrupciones violentas que produjo el accionar represivo en las ciudades, como los secuestros y/o asesinatos en la vía pública, en los espacios de trabajo y militancias, y en casas particulares, y, a su vez, marcar la voluntad de señalamiento de pertenencia local y/o institucional de las víctimas. El gesto fundador de los/as activistas inviste a estos memoriales de sentidos invariables, que obedecen a la decisión de conocer -en tanto derecho a la verdad- las identidades y biografías de las víctimas, condenando las atrocidades cometidas y a sus culpables,²⁶ y de reconocer y validar sus experiencias recuperando -en homenajes y conmemoraciones- su humanidad, sus proyectos políticos y valores.²⁷ Durante el ciclo macrista, y con base en las observaciones y el testimonio de los actores, se pudo establecer que, a estos sentidos, se sumaron otros, cuyo denominador común ha sido el impulso por defender, disputar y preservar las memorias del pasado de terrorismo de Estado y la última dictadura en directa confrontación con el Gobierno nacional.

Entre los años 2015 y 2019 ha sido notable la aparición pública de una gran cantidad de agencias de la sociedad civil que llevaron adelante estas iniciativas. Algunas pertenecen a afectados/as, como las primeras organizaciones de familiares en las ciudades de Ensenada y Berisso: Familiares de Víctimas del Terrorismo de Estado de Ensenada, Hijos Ensenada²⁸ E H.I.J.@.S de 30000 en Berisso. Otras, las más numerosas, son de tipo institucional y barrial, tales como: Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Psicólogas y Psicólogos Distrito XI (en adelante Colegio de Psicólogos/as), Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Vecinos de Villa Elisa por la Memoria la Verdad y la Justicia (en adelante Vecinos/as Villa Elisa).²⁹ En estos casos, los actores que participan son de generaciones y orígenes sociales distintos, ocupaciones, trabajos y profesiones diversas. Se trata de una pluralidad de activistas que, en su mayoría, son ajenos al entorno de afectados/as y no integran formalmente las filas de las organizaciones emblemáticas del movimiento de derechos humanos. Sin embargo, a lo largo de su desarrollo han establecido colaboraciones mutuas con las filiales de los organismos regionales.

Durante las entrevistas, se ha señalado como uno de los motivos principales de sus aglutinamientos, la necesidad de organizarse en torno al nuevo contexto, definido como "adverso". El caso de H.I.J.@.S de 30000 resulta muy simbólico ya que desde su propia nominación reafirman la tan cuestionada cifra por estos años y se presentan con el "arroba" como lenguaje inclusivo, signo también de estos tiempos. Rubén López, uno de los hijos fundadores del grupo, relató que la agrupación surgió de la inquietud que tuvieron de juntarse y salir a las calles a "defender las conquistas" (R. López, comunicación personal, 21 de agosto de 2019).³⁰ En este sentido, destacó que las otras organizaciones de hijos/as también coincidieron en esto, al punto que en esos años realizaron encuentros regionales con las filiales de Ensenada, La Plata y Punta Indio. Rodolfo Luna, integrante de Vecinos/as de Villa Elisa, expresó: "Esto de venir a liquidar la memoria nos envalentonó, dijimos, 'bueno, nosotros la vamos a reafirmar', ese fue el hecho político nuestro, combatir desde acá a este Gobierno" (R. Luna, comunicación personal, 03 de agosto de 2019). Según Martin La Espina, artista plástico de esta agencia, "ya con lo del 2x1 dijimos 'basta' y desde ahí no paramos" (M. La Espina, comunicación personal, 01 de diciembre de 2019).³¹ Laura Costanzo, de la cicop, también caracterizó como un momento "ideal" la reivindicación de los/as trabajadores/as de la salud, que gestionaron desde el sindicato: "En estos días que el Gobierno premia la mano dura [.] reprimiendo manifestaciones de trabajadores, más que nunca se nos hace imprescindible dignificar y reconocer la lucha de estos compañeros, los que están presentes y los que ya no están".³²

En otros casos, se trató de recuperar, con mayor envergadura, trabajos anteriores. Esteban Sagardoy, integrante del Colegio de Psicólogos/as, señaló que este periodo fue considerado "pertinente" para retomar el trabajo no finalizado que, desde esta institución, se había realizado entre mediados de los años noventa y comienzos de los 2000 para homenajear a las víctimas locales del campo de la psicología.³³ Verónica Cruz, directora del nuevo equipo con el que se creó la Prosecretaría de Derechos Humanos de la UNLP, explicó que asumieron la misión del "imperativo de memoria, verdad, justicia y reparación [con el doble propósito de] efectivizar el juicio y castigo a los responsables del genocidio [y de] aportar a la construcción social de la memoria colectiva". Sin desconocer los trabajos previos en esta materia, de acuerdo con Verónica, dieron un "salto cualitativo [y pensaron] la realidad del contexto con la agenda universitaria" (V. Cruz, comunicación personal, 03 de julio de 2019). Así, el eje central ha sido "genocidio y negacionismo". En 2017, realizaron en la Sala del Consejo Superior del Rectorado el panel "Genocidio, Impunidad y Negacionismo: tensiones en la construcción de la memoria colectiva" con el sociólogo Daniel Feierstein y el juez Daniel Rafecas. Otras políticas destacadas son: el "Programa de reparación, digitalización y preservación de legajos de estudiantes, graduadxs y trabajadorxs de la UNLP, víctimas del terrorismo de Estado" que dispuso, además de lo que indica su propia nominación, la entrega de los mismos a los/as familiares. Y el "Mes de la Memoria en la UNLP" que se desarrolla los meses de marzo, abril y mayo, a partir del cual se ha propiciado que las unidades académicas creen sus propios espacios institucionales a través de áreas, prosecretarías y direcciones de memoria y derechos humanos. Desde entonces, los memoriales y las conmemoraciones en las facultades han aumentado significativamente y las nóminas de víctimas se reactualizaron.

Por otro lado, a la par de las agencias de afectados/as anteriormente mencionadas, la filial platense de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Gremiales (en adelante Familiares LP) -organismo creado a mediados de los años setenta-, durante el ciclo kirchnerista, casi había dejado de funcionar por divisiones internas entre integrantes que estuvieron a favor o en contra del acercamiento con el Gobierno y por el alejamiento de otros/as que comenzaron militancias en espacios políticos vinculados al kirchnerismo. Como expresó una de sus integrantes, fue el nuevo escenario de 2015, cuando "volvió a temblar todo", lo que favoreció el reencuentro (M. Úngaro, comunicación personal, 05 de agosto de 2019). Diana Montequin, otra familiar integrante del organismo, explicó que "hubo la necesidad de volver a juntarnos cuando nos dimos cuenta que venían a arremeter contra todas las conquistas y derechos logrados, lo hablamos concretamente, el 2x1 fue el detonante" (D. Montequin, comunicación personal, 22 de julio de 2019). A su vez, destacó que un proceso similar se dio en la filial de HIJOS La Plata, organismo creado a mediados de los años noventa, que también había quedado dividido por los mismos motivos durante el kirchnerismo. En las movilizaciones contra el "2x1" se reunieron ambas facciones -incluso se sumaron hijos/as que habían dejado de participar- para redactar un comunicado conjunto en repudio a la sentencia. Una de las acciones novedosas de Familiares LP en estos años, fue la realización de homenajes individuales a través de la colocación de baldosas.

En todos los actos conmemorativos de este periodo, además de reivindicar las memorias de las víctimas homenajeadas, las agencias manifestaron consignas contundentes que fueron acompañadas por diversas intervenciones: "Es justicia, no venganza", "cárcel común y ni un genocida suelto", "No fue una guerra" y "Fue genocidio". La reafirmación de la cifra "Son 30000" fue acompañada de carteles con el número y muchas siluetas en representación de la multitud de desaparecidos/as. También por pañuelos, símbolo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Además, de acuerdo con los testimonios, en los actos se reencontraron con personas que no veían hace tiempo, Valeria Mobili, de Familiares LP, manifestó: "yo creo que tuvo que ver con la fuerza que cobró todo esto en relación al Gobierno, me parece que surgió una conexión profunda de mucha gente que se volvió a nuclear" (V. Mobili, comunicación personal, 18 de enero de 2019). Frente al impacto que significó la nueva disputa, las agrupaciones funcionaron como espacios solidarios, afectivos y de contención "muy fuerte para todo el avance de Cambiemos, esto ha sido como una cosa de resistencias, de catarsis colectiva" (Vecinos/as de Villa Elisa, P. Porta, comunicación personal, 10 de julio de 2019).

Finalmente, un acontecimiento que consideramos representativo de la región, donde confluyeron los actores de todos los casos mencionados, fue la movilización por el 24 de marzo de 2019 en torno a la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata. Tras más de tres años de gestión del Gobierno de Cambiemos, esta conmemoración reflejó y condensó el clima de confrontación que el movimiento de derechos humanos local había generado en su disputa.³⁴ La bandera que encabezó la marcha decía: "Son 30000. Fue Genocidio. Basta de ajuste y represión de Macri y Vidal". En el acto, Herenia Sánchez Viamonte (Madres) y Estela de Carlotto (Abuelas) leyeron el documento consensuado por los organismos. Allí calificaron de "retroceso" y "desmemoria" el camino iniciado en 2015, en el cual "se puso en duda el número de desaparecidos", "se negó el genocidio", hubo "intentos de reconciliación" y se vieron "beneficiados quienes, desde su actuación civil, participaron activamente en la dictadura y ahora lo hacen desde el poder". También denunciaron la disminución de presupuestos a las políticas de derechos humanos, la actuación del Poder Judicial obstaculizando el desarrollo de los juicios de delitos de lesa humanidad, el accionar policial y el aumento de la represión en las calles. A su vez, en el documento se reclamó por una vigencia amplia de los derechos humanos, que incluyó demandas en torno a los derechos del sector LGBTTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgénero, intersexuales y queers), por el aumento de femicidios, travesticidios y la estigmatización hacia los/as inmigrantes. En el cierre, se aludió a la situación económica, que establece una clara continuidad con la instalación del neoliberalismo en Argentina durante la última dictadura, exacerbado durante la década del noventa -con la hiperinflación, las privatizaciones y el desempleo- y el ajuste impuesto por Cambiemos -destacando el cierre de empresas y despidos- a causa del aumento de la deuda externa por el préstamo que el Gobierno solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI).³⁵

Conclusiones

La impugnación durante el Gobierno de Cambiemos de las políticas de derechos humanos, justicia y memoria, que se construyeron y conquistaron a lo largo de estos cuarenta años de democracia en Argentina, puso en evidencia el lugar central que tiene la disputa por los sentidos del pasado en la agenda política de las nuevas derechas del siglo XII. En este orden, también se puso de relieve que, a pesar de que el "deber de memoria" en Argentina se constituyó en un relato -aunque no homogéneo- dominante, centrado en las memorias del terrorismo de Estado y de sus víctimas, esto no implicó que dejaran de existir otros relatos como los que niegan o relativizan el terror y la represión estatal. Estos habían permanecido marginales para emerger con fuerza en la esfera pública al cambiar el escenario político, cuando entonces las luchas por las interpretaciones del pasado se hicieron más explícitas (Lorenz, 2019; Jelin & Vinyes, 2021).

Las políticas de olvido, perdón y reconciliación que retornaron con nueva legitimidad política durante el periodo estudiado -es decir, de un pasado fijado en el pasado, que no obstruya el futuro- fueron (y están) totalmente descartadas para los/as activistas del movimiento por los derechos humanos, ya que las formas de construcción del futuro se basaron, desde la restauración democrática, en el paradigma de la búsqueda de verdad, justicia y memoria. Por otro lado, si bien las medidas y/o manifestaciones relativizadoras o negacionistas, que no respetan la evidencia histórica ni la construcción institucional desarrolladas durante casi cuatro décadas, "no pueden borrar las memorias personalizadas [ni sus] proyectos públicos" (Jelin, 2017, p. 172), e incluso pueden no afectar el consenso social sobre la experiencia de la represión dictatorial mientras sean minorías, estas han sido vividas por los/as activistas como una amenaza. Cuando sus memorias e iniciativas se vieron amenazadas por fuerzas sociales y/o acciones estatales opuestas, "la subjetividad, el deseo y la voluntad" de los actores se fortaleció (Jelin, 2017, p. 172).

El ciclo macrista provocó un despertar y un fortalecimiento del "deber de memoria" y el activismo del movimiento por los derechos humanos, que hizo un llamado a salir a las calles, a permanecer unidos contra el enemigo común, multiplicando sus esfuerzos para dar la pelea en una nueva batalla por el pasado reciente. La masiva movilización a Plaza de Mayo contra el "2x1" fue un acontecimiento emblemático del periodo, demostrando que, a pesar de los disensos y las divisiones internas, ante una iniciativa de impunidad, los organismos lograron autoconvocarse, reagruparse y confluir nuevamente en el espacio público, en un horizonte común de defensa por los derechos humanos y la memoria.

Este fenómeno también fue posible por la emergencia de nuevas agrupaciones que redoblaron la apuesta del ejercicio de producción de un régimen de verdad y de su transmisión, a través del conocimiento y reconocimiento de las víctimas, evocadas en memoriales y conmemoraciones públicas. Consideramos que la incorporación de estos actores heterogéneos, que exceden los encuadres formales de los organismos más emblemáticos y demuestran la amplia morfología, y el carácter transgeneracional del movimiento (Crenzel, 2019; Alonso, 2022), ha sido un factor decisivo, no solo de su articulación en torno a una postura crítica y acción confrontativa, sino de la reproducción de los derechos humanos en la cultura política argentina, que ha posibilitado sostener los consensos básicos construidos desde la recuperación de la democracia.

Los aglutinamientos y los lazos establecidos entre los/as activistas funcionaron en términos afectivos y emocionales, como espacios colaborativos, solidarios y de contención. Pero también políticos, de resistencias y compromisos con la historia, la memoria y la democracia, en tanto formas de construcción de lo que consideran una ciudadanía consciente y responsable. Frente al renovado desafío, el activismo del movimiento adquirió nuevos sentidos al asumir la defensa, disputa y preservación de las memorias del pasado de terrorismo de Estado y sus víctimas, considerándolo como un acuerdo irrenunciable.

Ahora bien, si esta batalla ha sido ganada por el movimiento de derechos humanos, el interrogante que se plantea, de cara al futuro, es si esta nueva experiencia de lucha logrará renovarse frente al avance de la extrema derecha representada, desde mediados de 2021, por La Libertad Avanza (LLA), fuerza política de creciente poder y popularidad, liderada por el autodenominado anarcocapitalista Javier Milei, quien recientemente fue electo como presidente para gobernar el país en los próximos cuatros años.³⁶ Este tipo de derecha más radical (Semán, 2023) esgrime el discurso libertario para reclamar la liberación del espacio público e intervenir, con estrategias concretas, la disputa de aquellos sentidos sobre el pasado autoritario (Barros & Salvi, 2022). Sus posiciones, hasta el momento, parece que dan un paso más respecto al Gobierno de Cambiemos, ya que no solo rechazan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del movimiento de derechos humanos e injurian a sus activistas. Desde su campaña y hasta el presente, tanto Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel³⁷ utilizan ese pasado autoritario como "capital político electoral" (Palmisciano, 2022, p. 67) y, en reiteradas oportunidades, han relativizado públicamente las consecuencias del terrorismo de Estado. Además, la amenaza, esta vez, puede ser mayor, si se considera la radicalización de los discursos de odio y diversas formas de violencia social y política que, en articulación con las posiciones negacionistas y relativizadoras, hacen imaginable un escenario en el que finalmente se alcen públicamente voces que reivindiquen abiertamente el terrorismo de Estado.

Referencias

"Memoria, verdad, justicia y educación son centrales para la gestión" [Entrevista]. (2016, 16 de marzo). Infojus Noticias. http://infojusnoticias.gov.ar/nacionales/memoria-verdad-justicia-y-educacion-son-centrales-para-la-gestion-10997.html

Abbattista, M. L., Barletta, A. M., & Lenci, L. (2016). La historia va al tribunal en La Plata: Una vuelta de tuerca sobre comprender y juzgar. En J. I. Piovani, C. Ruvituso, & N. Werz (Eds.), Transiciones, memorias e identidades en Europa y América Latina (pp. 97-127). Iberoamericana.

Alonso, L. (2022). Que digan dónde están: una historia de los derechos humanos en Argentina. Prometeo Libros.

América tv. (2017, 29 de enero). Gómez Centurión: "La dictadura no fue un plan genocida" [Archivo de video]. https://www.youtube.com/watch?v=6xtIwuMZWh0

Argentina / 2x1: Expertos de la ONU piden a la Corte Suprema que considere una revisión de su fallo. (2017, 15 de junio). Centro de prensa Naciones Unidas. https://www.ohchr.org/es/2017/06/argentina-expertos-corte-suprema

Barros, M. & Salvi, V. (2022). Nuevas derechas y disputas memoriales: desafíos de un objeto de estudio en ciernes. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 9(17), 6-11. https://ojs.ides.org.ar/index.php/Clepsidra/article/view/189

Barros, M., & Morales, V. (2019). ¿Cambio de paradigma? La embestida macrista contra el legado de la lucha por los derechos humanos en Argentina. En F. Rous-seaux (Comp.), Legado y memorias. Debates sobre el futuro anterior (pp. 79-96). Tren en Movimiento.

Bertoia, L. (2016). La agenda de Memoria, Verdad y Justicia en tiempos de cambios. Tensiones, rupturas y continuidades en el discurso del gobierno macrista en torno al terrorismo de Estado. Aletheia, 7(13), 1-18. https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv7n13a12

Bohoslavsky, E., & Broquetas, M. (2020). Las derechas en América Latina tras la salida de las últimas dictaduras. Contemporánea, 11(2), 8-14. https://ojs.fhce.edu.uy/index.php/cont/article/view/603

Bohoslavsky, E., & Morresi, S. (2016). El partido pro y el triunfo de la nueva derecha en Argentina. Amérique Latine Histoire & Memoire, (32). https://journals.openedition.org/alhim/5619

Canelo, P. (2019). ¿Cambiamos? La batalla cultural por el sentido común de los argentinos. Siglo XXI.

Carelli Lynch, G. (2016, 23 de febrero). Macri recibió a Carlotto y ella dijo que el diálogo es "positivo". Clarín. https://www.clarin.com/politica/macri-car-lotto_0_Hk-ZNT_wXg.html

Crenzel, E. (2019). Más allá de organizaciones históricas, las figuras emblemáticas y las prácticas reconocidas. Elementos para repensar al movimiento de derechos humanos en la Argentina. Estudos Ibero-Americanos, 45(1), 4-16. 10.15448/1980-864X.2019.1.30597

Da Silva Catela, L. (2009). No habrá flores en la tumba del pasado. La experiencia de reconstrucción del mundo de los familiares de desaparecidos. Al Margen.

Da Silva Catela, L. (2011). Pasados en conflictos. De memorias dominantes, subterráneas y denegadas. En E. Bohoslavsky, M. Franco, M. Iglesias, & D. Lvovich (Comps.), Problemas de historia reciente del Cono Sur, (pp. 99-125). Prometeo.

Darío Lopérfido, polémico: "En Argentina no hubo 30 mil desaparecidos". (2016, 25 de enero). Perfil. https://www.perfil.com/noticias/politica/dario-loperfido-polemico-en-argentina-no-hubo-30-mil-desaparecidos-20160125-0059.phtml

Di Stefano, M. (2020, julio-diciembre). Memoria dictatorial en el discurso de la gestión Macri (Argentina, 2015-2019). Caracol, (20), 72-98. 10.11606/issn.2317-9651.i20p72-99

El repudio al 2x1 reventó la Plaza y cerró la grieta de los organismos. (2017, 10 de mayo). Letra P.https://www.letrap.com.ar/nota/2017-5-10-18-9-0-masiva-movilizacion-a-plaza-de-mayo-en-repudio-al-2x1

Feierstein, D. (2018). Los dos demonios (recargados). Marea.

Franco, M. (2018a). El final del silencio: dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición (Argentina 1979-1983). Fondo de Cultura Económica.

Franco, M. (2018b). La última dictadura argentina en el centro de los debates y las tensiones historiográficas recientes. Tempo & Argumento, 10(23), 138-166. 10.5965/2175180310232018138

Godoy, G. & Barbero, H. (2016, octubre). El camino de la justicia en las disputas por el sentido del pasado dictatorial. A propósito de las recientes transformaciones en la política de derechos humanos. Aletheia, 7(13), 1-19. https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv7n13a11/11032

Jean Jean, M. (2019). Políticas de memoria en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos Aires, Argentina. Un recorrido bajo la gestión del gobierno municipal desde el 2003 hasta la actualidad. Clepsidra. Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 6(12), 34-53. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/105343

Jelin, E. (1995). La política de la memoria: el Movimiento de Derechos Humanos y la construcción democrática argentina. En C. H. Acuña, I. González Bombal, E. Jelin, O. Landi, L. A. Quevedo, C. Smulovitz, & A. Vacchieri, Juicio, castigos y memorias. Derechos humanos y justicia en la política argentina (pp. 101-146). Nueva Visión.

Jelin, E. (2017). La Lucha por el pasado: Cómo construimos la memoria social. Siglo XXI.

Jelin, E. (2018). Las disputas por el pasado reciente y la actualidad de los derechos humanos. Pasiones, sentidos y reapropiaciones de la memoria social. Entrevista a Elizabeth Jelin / Entrevistada por Lucas Saporosi. Aletheia, 9(17), 1-13. https://www.aletheia.fahce.unlp.edu.ar/article/view/ATHv9n17a24

Jelin, E., & Vinyes, R. (2021). Cómo será el pasado. Una conversación sobre el giro memorial. Ned.

La Bancaria Prensa y Difusión. (2019, 27 de marzo). Ernesto Bohoslavsky en el Acto Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia [Archivo de video]. https://www.youtube.com/watch?v=saTgfbnLKfI&list=PLr82f0_vrTdNhG2ASKzS7PUcVL-H51UQ7h&index=18

Lorenz, F. (2019, 6 de junio). Derechos humanos y Cambiemos. Las memorias de derecha. Anfibia. https://www.revistaanfibia.com/las-memorias-de-derecha/

Lugones, P. (2017, 15 de mayo). La cidh manifestó su „preocupación" por el fallo de la Corte que benefició a un represor. Clarín. https://www.clarin.com/politica/cidh-manifesto-preocupacion-fallo-corte-beneficio-represor_0_Hk_Ck9De-.html

Lvovich, D., & Grinchpun, B. M. (2022, enero-noviembre). Banalización, relativización, negacionismo. Un escenario en los campos de batalla por la memoria del pasado argentino reciente. Contenciosa, (12), 1-17. 10.14409/rc.10.12.e0014

Lvovich, D., & Patto Sá Motta, R. (2022, enero-noviembre). Introducción al dossier: Negacionismos, relativizaciones, banalizaciones, manipulaciones. Las nuevas derechas latinoamericanas y los usos del pasado reciente. Contenciosa, (12-e0013), 1-4. 10.14409/rc.10.12.e0013

Ministerio Público Fiscal (2014, 28 de octubre). Terrorismo de Estado: son 559 los condenados y actualmente están en juicio oral 267 procesados [Informe trimestral del estado de las causas en todo el país]. Fiscales.gov.ar. https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/son-559-los-condenados-y-actualmente-estan-en-juicio-oral-267-procesados/

Montero, A. S. (2012). ¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista (2003-2007). Prometeo.

Morresi, S. (2021). Las derechas políticas, el enfoque sociohistórico y algunos apuntes personales. Sociohistórica, (47). 10.24215/18521606e131

Morresi, S., & Vicente, M. (2023). Rayos en cielo encapotado: la nueva derecha como una constante irregular en la Argentina. En P. Semán (Coord.), Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (pp. 43-80). Siglo XXI.

Palmisciano, C. (2022). El tiempo de los otros. Memorias y nuevas derechas, un análisis a partir de la carrera militante de Victoria Villarruel. Clepsidra Revista Interdisciplinaria de Estudios sobre Memoria, 9(17), 54-69. https://ojs.ides.org.ar/index.php/Clepsidra/article/view/193

Quiroga, F. J. M. (2021). La movilización contra la sentencia de la Corte Suprema y los represores argentinos. Anuario del Conflicto Social, (12), 1-61. 10.1344/ACS2021.12.15

Rosemberg, J. (2014, 8 de diciembre). Mauricio Macri: "Conmigo se acaban los curros en derechos humanos". La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/mauricio-macri-conmigo-se-acaban-los-curros-en-derechos-humanos-nid1750419/

Rosemberg, J. (2016, 11 de agosto). Macri evitó precisar la cifra de desaparecidos y generó rechazos. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/macri-evito-precisar-la-cifra-de-desaparecidos-y-genero-rechazos-nid1926868/

Salvi V., & Messina L. (2024). Reconfiguraciones memoriales sobre el terrorismo de Estado durante los años de ascenso de las derechas en Argentina (2008-2019). Política y Sociedad, 61(1), 1-13. 10.5209/poso.85482

Schindel, E. (2006). Las pequeñas memorias y el paisaje cotidiano: cartografías del recuerdo en Buenos Aires y Berlín. En C. Macón (Coord.), Trabajos de la Memoria. Arte y ciudad en la postdictadura argentina (pp. 51-73). Ladosur.

Schmitt, N. (2019, 26 al 30 de agosto). Políticas de Seguridad, "Nuevas Amenazas" y Demagogia Punitiva. Cambiemos y la construcción del nuevo "enemigo interno" [ponencia]. XIIIJornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. https://cdsa.aacademica.org/000-023/407.pdf

Seghezzo, G., & Fiuza Casais, P. (2021). Tiempos violentos. Macropolítica discursiva securitaria en la Argentina de la restauración neoliberal (2015-2019). Sudamérica: Revista de Ciencias Sociales, (15), 399-451. https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/sudamerica/article/view/4700

Semán, P. (2023). La piedra en el espejo de la ilusión progresista. En P. Semán (Coord.), Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (pp. 9-42). Siglo XXI

Thus, V. (2017, octubre). Negacionismo y políticas públicas. ¿Encarna Argentina un negacionismo estatal? Revista Crítica Penal y Poder, (13), 185-207. https://revistes.ub.edu/index.php/CriticaPenalPoder/article/view/19949/22499

Una multitud marchó a Plaza de Mayo en contra del beneficio del 2x1 para delitos de lesa humanidad. (2017, 10 de mayo). La Nación. https://www.lanacion.com.ar/politica/comenzo-la-concentracion-en-plaza-de-mayo-en contra-del-beneficio-del-2x1-para-delitos-de-lesa-humanidad-nid2022467/

Vommaro, G. (2019). De la construcción partidaria al gobierno: PRO-Cambiemos y los límites del "giro a la derecha" en Argentina. Colombia Internacional, 1(99), 91-120. 10.7440/colombiaint99.2019.04

Notas