En un clima de creciente inestabilidad política, el panorama socioeconómico venezolano exhibió un creciente deterioro durante el recién concluido primer semestre del año en curso. Se mantienen: la contracción económica, una caída sin precedentes en la última década de las reservas internacionales, baja producción, alta inflación, escasez de alimentos de alto consumo a precios regulados, medicinas y bienes de higiene personal y de efectivo (esto último, sólo en algunas zonas del país), todo lo cual se traduce en una precarización sostenida de las condiciones de vida de los venezolanos. La crisis económica, instalada por tercer año consecutivo, no parece dar visos de recuperación.

A lo antes dicho, debemos añadir la dificultad para consultar estadísticas oficiales de casi todas las variables socioeconómicas vinculadas con la medición de los efectos de la crisis económica y social. Durante el último par de años, se ha acentuado la política de silencio gubernamental al respecto y, en su lugar, proliferan cifras extraoficiales cuya opacidad metodológica y sesgos, son más la regla que la excepción, dificultándose así el seguimiento, la evaluación de las acciones gubernamentales emprendidas e incluso, la posibilidad de elaborar propuestas orientadas a solventar o paliar la crisis desde entornos académicos.

En términos del contexto latinoamericano, al cierre del primer semestre del año en curso, la economía venezolana presentó una contracción equivalente al 7,7% del PIB (Gráfico 1), casi 8 puntos por debajo del promedio de la región de América Latina y el Caribe (0,8%) y a 11,4 puntos porcentuales por debajo del país líder (Bolivia).

La caída sostenida de la economía venezolana, expresada en términos de la contracción de la inversión, la producción y el consumo, se ha visto agravada por la disminución de los precios del petróleo en el mercado internacional y la disminución de la producción interna, estimada en 12,1% durante 2016, constituye un factor decisivo en la agudización de la crisis, en tanto las exportaciones petroleras son la fuente del 90% de todas las exportaciones del país y los ingresos derivados representan el 50% de todo el ingreso fiscal de la nación (Consensus Economics, 2017).

De acuerdo con la información emanada del propio seno de la OPEP, el petróleo perdió cerca del 20% de su valor durante el primer semestre del año en curso, sin que los acuerdos relativos al recorte de la producción al que arribaron sus países miembros a finales de 2016, hayan tenido mayor incidencia en la buscada recuperación de los precios. Incluso, se trata del peor comportamiento del mercado petrolero en 20 años (La Comunidad Petrolera, 2017).

Gráfico 1
Proyecciones de crecimiento del PIB en América Latina (junio 2017)
Elaboración propia, con base en datos de la CEPAL y el FMI (2017).

En términos concretos, el petróleo venezolano se cotizó entre los 40 y los 45 dólares por barril, por debajo –como es habitual, dadas sus características– del precio promedio de la cesta OPEP, el West Texas y el Brent (Gráfico 2).

Gráfico 2
Precios del petróleo, primer semestre 2017
Elaboración propia, con base en datos del MPPPM (2017).

A las evidentes condiciones objetivas de contracción del mercado petrolero, deben añadirse las deficiencias en la gestión y planificación económica del actual gobierno, asociadas con el control de cambio y restricciones para la inversión privada, ampliamente criticadas por sus detractores y responsables, según su punto de vista, de la crisis por la que atraviesa el país, incluyendo en esta categoría la conflictividad sociopolítica, intensificada desde abril del año en curso, pero que se ha mantenido, con picos, desde inicios de los gobiernos chavistas, hace casi dos décadas atrás.

Por su parte, el gobierno insiste en que la crisis actual resulta de una nefasta combinación entre la caída objetiva de los precios del petróleo, desfalco de dólares a precios preferenciales por parte de empresas importadoras ligadas a la burguesía nacional y trasnacional, reventa de divisas en el mercado paralelo (consiguiendo con esto su fortalecimiento y perpetuación, así como jugosas ganancias sin haber arriesgado un dólar propio), ataques a la moneda dirigidos desde el extranjero, acaparamiento de mercancías de alto consumo, inflación inducida y bloqueo financiero internacional, condiciones que fueron agrupadas bajo la categoría definida como “guerra económica” (Curcio Curcio, 2017).

Por su parte, las reservas internacionales, en caída desde hace más de dos años, mostraron su nivel más bajo en una década, ubicándose, al 30 de junio, en 10.007 millones de dólares estadounidenses (Gráfico 3).

Gráfico 3
Reservas internacionales de Venezuela, primer semestre 2017
Elaboración propia, con base en datos del BCV (2017)

En todo caso, es preciso destacar que, hasta el momento, ninguna acción gubernamental ha logrado frenar la crisis, que sigue golpeando a los hogares de menores ingresos. Programas como la venta de alimentos y otros insumos de alto consumo a precios subsidiados en hogares de bajos ingresos (CLAP, Comité Local de Abastecimiento), no tienen un alcance universal, su periodicidad es irregular, abundan las denuncias de desvíos de mercancía y es posible observar a vendedores informales ofrecer los productos de las cajas y/o bolsas en aceras de zonas populosas, la mayor parte de los productos son importados y, si bien puede considerarse una ayuda hacia un sector de la población cuya precariedad de vida es evidente y acuciante, las cantidades expendidas resultan insuficientes para alimentar a los miembros de un hogar venezolano durante un mes (Francia, marzo, 2017).

Según Freddy Bernal, jefe del programa, el gobierno nacional se planteó atender a 20 millones de personas (el país tiene poco más de 30) durante 2017 (Globovisión, febrero 2017). Por su parte, analistas vinculados con la oposición gubernamental, como Luis Vicente León, estiman los CLAP son expresión misma de la crisis. En tal sentido, en declaraciones ofrecidas a un medio digital, expresó que:

un país que reduce su abastecimiento de comida a la entrega de una bolsa, está dentro de una gran crisis (…) incluso si la recibes de manera regular, no abasteces a una familia. Es una ayuda que complementa a saciar tu crisis, pero no es cierto que puedes vivir con esa bolsa”. (Caraota Digital, marzo, 2017).

En este contexto de complejidad socioeconómica, el componente inflacionario, estructural de la economía venezolana desde hace tres décadas y media, ha presentado un comportamiento visiblemente acelerado durante el primer semestre del año en curso, catalogado por los analistas del Cendas-FVM como hiperinflación (Salas, 2017).

La firma Econometrica estimó^[1], a fines del mes de mayo de 2017, una inflación anualizada para el Área Metropolitana de Caracas en el orden del 671% (ver Gráfico 4) (Econometrica, 2107), mientras que Consensus Economics estimó la inflación anualizada del país, al cierre del primer semestre en 557,9%, con una variación intermensual oscilante entre el 14 y el 20%, aproximadamente y una inflación anualizada de 546,2% al cierre del año (Consensus Economics, 2017). Por su parte, el Fondo Monetario Internacional corrigió su estimación inicial de inflación correspondiente a Venezuela, prevista en 700% a fines del pasado año, en 720,5% al cierre de 2017 y en 2.068% para 2018 (El estímulo, abril, 2017).

Es preciso destacar que el Banco Central de Venezuela, ente encargado de publicar los cinco primeros días de cada mes los indicadores de precios, no lo hace desde fines de 2015, de allí que sea imposible contar con estimaciones precisas sobre este fenómeno y nos veamos en la obligación de reportar cifras que presentan sesgos de medición e interpretación, opacidad metodológica e incluso, diferencias importantes en términos del orden de magnitud de las estimaciones. Empero, más allá de esas limitaciones, parece claro que existen suficientes indicios para afirmar que la economía venezolana ha entrado al mundo de la hiperinflación, con las subsecuentes consecuencias en términos de las condiciones de vida de la población, especialmente, la más vulnerable, al menos por lo que resta de este año y el que vendrá.

Gráfico 4
Inflación acumulada, AMC enero-mayo de 2017
Elaboración propia, con base en la estimación de Econometrica.com (2017).

Esta variable, al comprometer el poder adquisitivo, se encuentra en estrecha relación con los criterios de fijación de precios presentes en la economía. De esta manera, es preciso destacar que, aunque nominalmente los precios de todas las mercancías de alto consumo y de las materias primas necesarias para elaborarlas, se encuentran regulados, la realidad microeconómica contradice fehacientemente ese marco legal vigente.

En su lugar, desde fines del año pasado, la escasez de mercancías de alto consumo –especialmente alimentos– se ha visto desplazada por el abastecimiento progresivo de mercancías importadas transadas a precios dolarizados, inaccesibles o sólo muy parcialmente accesibles para la mayoría de los consumidores; precios estos que se ajustan semanalmente –incluso, con menor periodicidad–, en función de los vaivenes del dólar paralelo, marcador de precios de facto en toda la cadena de comercialización.

A inicios de año, la relación entre el dólar oficial y el dólar paralelo, cuyo precio es fijado por el portal electrónico Dólar Today desde el extranjero^[2], era ligeramente superior a 5:1, mientras que a fines del mes de mayo, antes de la implementación de un nuevo esquema de subasta de divisas por parte del Banco Central de Venezuela, el diferencial cambiario era de 8,35:1. Luego de la entrada en vigencia del nuevo mecanismo, a finales de junio, la relación se había reducido aproximadamente a 3:1 (Gráfico 5).

Gráfico 5
Comparación entre el tipo de cambio oficial más alto y el tipo de cambio paralelo, enero-junio de 2017[3],[4]
Elaboración propia con base en datos del BCV y Dólar Today (2017)

En consonancia con lo antes expuesto, la reducción drástica del poder adquisitivo, incrementó de forma alarmante la cantidad de hogares pobres por ingreso en el territorio venezolano, que transitaron vertiginosamente de la condición de “No pobres” a “Pobres extremos” entre 2014 y 2016 (ver Tabla 1) (Encovi, 2016).

Lamentablemente, no se disponen de cifras oficiales o extraoficiales más recientes sobre el tema, ni asociadas a otras metodologías tradicionalmente empleadas en la región para valorar el fenómeno, (como las estimaciones basadas en el método de Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI), pero el agravamiento de las condiciones asociadas con la pobreza, induce a pensar que el panorama para el resto del año, no será mucho mejor que lo reportado el año anterior, al menos si se evalúa a partir del ingreso.

Tabla 1

Proporción de hogares pobres por ingreso 2014-2016

Encovi (2016)

Es preciso destacar que, aunque el gobierno venezolano tiene un conjunto de programas sociales conocidos con el nombre de Misiones, su alcance actual, así como su impacto sobre las condiciones de vida de las personas, no ha sido estudiado rigurosamente, en parte por la ausencia de datos oficiales públicos publicados con alguna periodicidad. En los últimos años, coincidiendo con la crisis, se ha evidenciado un deterioro de algunos que fueron bandera en otro tiempo, tales como Barrio Adentro (atención médica gratuita), aunque no es posible afirmar con confianza, qué tan grave ha sido el deterioro, cuántas personas continúan accediendo a esos servicios, etcétera, según España (2017), aludiendo a datos derivados de la precitada Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) de 2016, sólo 28% de los entrevistados recibe alguna misión, que, al hacer la expansión, equivaldría a 8,8 millones de personas. La tendencia que mostró el estudio, en relación con la del año previo, fue un incremento de las transferencias directas, en desmedro de los programas ya establecidos.

En contraste, misiones cuyo costo resulta difícil de mantener, como la Gran Misión Vivienda Venezuela, parecen no haber sido afectados por la reducción de ingresos que atraviesa el país y, a la fecha, se han entregado cerca de 1.650.000 viviendas, desde su inicio, en 2011 (MPPVH, 2017). Contraviniendo en alguna medida el impacto global reportado por el gobierno, de acuerdo con España (2017), en 2016, apenas 0,6% de la población se benefició de esta misión. Tales discrepancias ponen de manifiesto la necesidad de realizar una evaluación desprejuiciada de los programas sociales, deuda pendiente del Estado venezolano y de la comunidad académica.

Al analizar el comportamiento de los precios de la Canasta Básica de los Trabajadores (CBT)^[5] elaborada por el Cendas, entre diciembre de 2016 y mayo de 2017, en relación con el ingreso mensual mínimo^[6], se aprecia que, para cubrirla, es necesario contar con entre 5 y 6 ingresos mínimos mensuales en el hogar^[7], monto que equivale, en promedio, entre 2,5 y 3 veces el ingreso medio por hogar fijado como estándar de comparación. El poder adquisitivo, estimado a partir de la comparación entre el costo de la canasta y el equivalente a dos ingresos mínimos por hogar, no superó en ningún caso el 43% del costo de la CBT (Gráfico 6).

Gráfico 6
Precio de la CBT-CENDA, en relación con el ingreso mínimo familiar mensual[8], diciembre 2016-mayo 207
Elaboración propia, con base en datos del CENDA (2017).

Si, en lugar del ingreso mínimo mensual por hogar, se usa el salario mínimo, excluyendo toda bonificación, la situación se torna aún más dramática, pues durante el período considerado, habrían sido necesarios entre 15 y 21 salarios mínimos para cubrir el monto de la CBT^[9], condición que, a todas luces, está ausente de la mayoría de los hogares venezolanos.

Al considerar exclusivamente el comportamiento de los precios de los alimentos, agrupados en la Canasta Alimentaria de los Trabajadores (CAT), de acuerdo con la metodología empleada por el CENDA^[10], en un ejercicio similar al que hicimos en el caso de la CBT, es innegable la brecha existente entre el bono familiar de alimentación^[11] y el costo de la CAT (Gráfico 7). Entre los meses de diciembre de 2016 y mayo de 2017, un hogar requeriría entre 6 y 8 bonos de alimentación para cubrir el precio de la CAT^[12].

Gráfico 7
Comparación entre el precio de la CAT y el bono de alimentación
Elaboración propia, con base en datos del CENDA (2017).

Por su parte, en un intento por cabalgar la inflación, el gobierno nacional ha realizado sucesivos aumentos de salario que han resultado ineficaces en ese sentido. No pocos analistas achacan el empeoramiento de los niveles inflacionarios a esta política, empero, es necesario destacar que, independientemente de los incrementos salariales decretados por el Ejecutivo, los precios de las mercancías subieron de todos modos, tal y como es posible deducir a partir de los datos recabados por el CENDA por lo cual, al menos en este contexto, resultaría errado afirmar que un estancamiento de los salarios se traduciría en una desaceleración de los precios. En favor de esta tesis está el hecho, previamente señalado, que el precio del dólar estadounidense en el mercado paralelo de divisas, es el marcador de precios empleado en los distintos niveles de la economía venezolana.

Nos ha quedado fuera de estas consideraciones alguna mención relacionada con el análisis de la fuerza de trabajo. De nuevo, la causa es la ausencia de datos fiables. El Instituto Nacional de Estadística no publica información estadística relacionada con esta variable desde mediados de 2016. En la actualidad, sigue vigente el decreto de inamovilidad laboral decretado hace varios años atrás, lo cual podría llegar a inducir que es esperable una estabilización de la desocupación. Sin embargo, dada la precarización del empleo formal y la insuficiencia de las remuneraciones ordinarias para satisfacer las necesidades básicas mínimas, es plausible que una parte de la población ocupada en el sector formal haya migrado hacia el sector informal, que ha logrado capturar buena parte del comercio de bienes de alto consumo a precios dolarizados. Asimismo, también es plausible que una proporción de quienes estén trabajando en el sector formal, mantenga una fuente de ingresos adicionales vinculada al sector informal.

Naturalmente, estas –y otras modificaciones– en la dinámica de la fuerza de trabajo, deben evaluarse con rigurosidad, pues apenas podemos especular algunas posibilidades, sin capacidad real para dar cuenta de ellas fuera del marco de actuación del sistema estadístico nacional.

Breves

Desde inicios del mes de abril, el país atraviesa una conflictividad política importante, quizá la mayor de los últimos diez años. Hasta ahora, la violencia política se ha cobrado más de cien vidas y la pugnacidad persiste. En ese contexto, el presidente Nicolás Maduro convocó el 1 de mayo a la elección para la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, decisión que exacerbó aún más los ánimos entre su oposición política e incrementó la incertidumbre en relación con el destino nacional, con la subsecuente repercusión en el comportamiento de las variables económicas, especialmente el tipo de cambio, con lo que esto significa en el contexto venezolano.

A mediados de mayo, el gobierno extendió por séptima vez la prórroga relativa a la circulación del billete de 100 bolívares que, hasta diciembre de 2016, era el de más alta denominación. Debe recordarse que, en esa misma fecha, se anunció la ampliación del cono monetario. A la familia de monedas y billetes ya existentes, se sumarán billetes con las denominaciones de Bs 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 y Bs 20.000, mientras que las monedas tendrán las denominaciones de Bs 10, 50 y 100. Pese a los anuncios, la introducción de las nuevas piezas ha sido lenta, la escasez de efectivo en las agencias bancarias persiste y proliferan, por lo contrario, puntos ilegales de avance, en los que, por una comisión que oscila entre el 10 y el 15%, se consume ficticiamente con una tarjeta de crédito o débito y el cobrador devuelve dinero en efectivo.

Referencias

Banco Central de Venezuela. (2017). Reservas internacionales. Recuperado de: http://www.bcv.org.ve/excel/2_1_1.xls?id=28.

Bernal: CLAP atenderá 20 millones de personas en 2017 (08 de febrero de 2017). Globovisión. Recuperado de: http://globovision.com/article/bernal-en-marzo-los-clap-llegaran-a-la-meta-de-seis-millones-de-familias-asistidas.

CENDA. (2017). Metodología CAT y CBT. Recuperado de: http://cenda.org.ve/metodologiacatcbt.asp.

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Curcio Curcio, P. (2017). La mano visible del mercado. Guerra económica (2012-2016). Manipulación del tipo de cambio e inflación inducida (I). Recuperado de: http://lalenguatv.com.ve/wp-content/uploads/2017/03/ManoVisibleMercado.pdf.

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Notas