ESTADO DE LA CUESTIÓN

Los procesos sociales acontecidos en los primeros años de la década pasada, han derivado en el surgimiento de gobiernos que, por las rispideces y alianzas que han entablado con otros gobernantes y organizaciones, dieron origen a diferentes análisis. La Argentina de Néstor y Cristina Kirchner, y la Venezuela de Hugo Chávez, son dos de los gobiernos que han surgido en ese contexto, y que han sido objeto de estudio con el fin de poder establecer una categoría que permita explicarlos. Con principal énfasis en Venezuela, muchos análisis han hablado de gobiernos neopopulistas, al considerar a este gobierno como menos radical que los tradicionales “populismos” (Patiño, 2009; Parker, 2001), aunque también ha sido abordado desde el tradicional concepto de populista (Corrales, 2007; Hawkins, 2003; McCoy y Myers, 2004), como sucedió con el caso argentino (Biglieri y Perelló, 2007; Abraham, 2014). Vale aclarar, que la definición clásica del populismo, consiste en la articulación de elementos democráticos, conformando “el pueblo”, que se enfrentarían al bloque dominante (Laclau, 2004). Como contrapunto, existen trabajos interesantes que han realizado una crítica a esta perspectiva, señalando las limitaciones de la categoría pueblo y las dificultades para enumerar elementos estructurales que lo conformen, con una fuerte impronta de la función del líder (Kabat, 2014).

Desde el campo del marxismo tradicional, se ha retomado el concepto de bonapartismo, para caracterizar a los gobiernos surgidos en América Latina, durante la primera década del siglo XXI (Coggiola, 2007; Sartelli, 2008). Este concepto, principalmente, hace referencia a una situación de equilibrio entre las clases sociales, donde la hegemonía aparece en crisis, dando origen a una suerte de empate entre las mismas (Marx y Engels, 1851/1955; Trotsky, 1932). Es un enfoque, entonces, que permite ahondar en el contenido de las alianzas sociales del gobierno y de sus adversarios, así como también sus respectivas direcciones (Wood, 1998). Un de las características de este tipo de gobierno, es el fuerte peso del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo (Sartelli, 2004).

La definición de “gobierno progresista” se ha utilizado para referirse al caso argentino, (Masseti, 2010), así como también la categoría de gobiernos posneoliberales, incluyendo a otros gobiernos como los de Ecuador, Bolivia o Brasil (Belloni y Peinado, 2013), aunque ciertos trabajos se encargan de mostrar las continuidades entre los gobiernos de ambas décadas (Petras y Veltmeyer, 2009; Varesi 2012). A la hora de definir los aspectos a estudiar, una de las variantes ha sido observar la diplomacia entre los diferentes países, y la conformación de bloques o espacios políticos y económicos de integración (Katz, 2006; Guerrero, 2013; Kan y Pascual, 2013; Kan y Pascual, 2011, Kan 2010). En términos comparativos, aparecen trabajos que analizan la compra-venta de la fuerza de trabajo en Argentina, Brasil y Venezuela (Rodríguez Cybulski, 2014), así como también la evolución de gasto social en Argentina y Venezuela (De Luca, Seiffer, Kornblihtt, 2012).

Respecto al empresariado, en el caso argentino se ha hecho hincapié en la existencia de cierta heterogeneidad en su conformación, que permite explicar la existencia de varias entidades empresariales con intereses particulares (Lissin, 2008; Dossi y Lissin, 2011), que explicaría la heterogeneidad en su accionar (Beltrán, 2012; Viguera, 1998; Sidicaro 2001). Por otra parte, se ha analizado la influencia que la UIA y la SRA han tenido para definir la política internacional del kirchnerismo (Kan, 2013; Katz, 2006), mientras que también existen trabajos que se han dedicado a analizar los conflictos interburgueses (Bonnet, 2012; Bonnet y Piva, 2009). También se ha analizado la estrategia de la FAA durante el menemismo y su acercamiento al kirchnerismo (Pérez Trento, 2014). Varios estudios utilizaron el conflicto agrario del 2008 como eje de análisis de los posicionamientos de las diferentes fracciones de la burguesía con respecto a las políticas económicas. En esta disputa se dirimió el destino de una parte de la renta agraria. Para varios investigadores, las transformaciones en las últimas décadas en el agro (Girbal-Blacha, 2013) provocaron cierta homogenización de actores sociales y, por consiguiente, alianzas inéditas (Basualdo, 2008; Balsa y López Castro, 2011; Teubal y Palmisano, 2011). Se coincide, asimismo, en que la protesta agraria se trasladó a la arena política, articulándose con los partidos políticos (Gras, 2010; Giarraca, Teubal y Palmisano, 2008; Barsky y Dávila, 2008; Aroskind y Vommaro, 2009). Se remarca especialmente la capacidad de los grupos movilizados de trascender las diferencias que enfrentaban a distintos sectores del empresariado agrario y de encontrar eco en vastos sectores de la población (Hora, 2010) y una perspectiva de largo plazo que permita comprender las transformaciones en las últimas décadas que dan lugar a nuevos actores sociales (Arceo, Basualdo y Arceo, 2009). En la dinámica del conflicto, se analiza asimismo el vínculo entre demandas corporativas y concepciones políticas más generales (Brenes, 2009). No obstante, se señala que este movimiento no logró conformar una organización política propia. Debe tenerse en cuenta, también, la participación en el conflicto de otras fracciones burguesas y sus corporaciones (Nardacchione y Taraborelli, 2010), lo que lleva a un análisis más general de las disputas en el interior de la clase dominante.

Por el lado de las corporaciones venezolanas, se ha estudiado la relación entre los empresarios, el Estado y los sindicatos –en algunos casos- utilizando como observable las discusiones salariales (Chirinos Portillo y Villasmil Espinoza, 2010; Lucena, 2003), marcando la prioridad que da el Estado a empresas particulares por sobre las entidades empresariales (Arenas, 2004). Sobre FEDECAMARAS, muchos trabajos se centraron en analizar su accionar bajo el gobierno chavista, haciendo hincapié en hechos puntuales, como es el caso del paro realizado por la CTV y FEDECAMARAS de diciembre del 2001, donde se produjo la construcción de una alianza opositora al chavismo (Lander, 2004; Lander y Navarrete, 2009). Otra hipótesis recurrente es que Chávez, ante la ruptura con FEDECAMARAS post golpe de Estado, se habría inclinado por pequeños y medianos empresarios a partir de la puesta en práctica de Empresas de Producción Social (EPS) y, finalmente, del conjunto denominado “Empresas Socialistas” (Hintze, 2010; Azzellini, 2010), lo que explicaría la creación de corporaciones como EMPREVEN o Confagán, con el fin de asegurar la lealtad al oficialismo (Arenas, 2009). Sin embargo, algunos autores plantean que lo que fracasó en realidad fue el intento, por parte de FEDECAMARAS y corporaciones empresariales, de cooptar al Gobierno (Cáceres, Valladares y Cáceres, 2007). Como ha sucedido con algunos estudios sobre las entidades empresariales argentinas y la política internacional del Gobierno, para Venezuela también se han entablado diferencias desde su posición respecto al ingreso al MERCOSUR (Romero, 2009).

De esta manera, encontramos que no hay un análisis en clave comparativa que estudie el desarrollo de la estrategia y del posicionamiento político de las corporaciones empresariales de Argentina y Venezuela. En ese sentido, en el siguiente trabajo abordaremos esta temática mediante el análisis de la corporación empresarial opositora más importante de Venezuela, FEDECAMARAS, y de una de las corporaciones oficialistas, FEDEINDUSTRIA. Para el caso argentino, observaremos el accionar de las corporaciones agrarias, que mantendría cierto apoyo al gobierno, aunque el mismo comenzaría a entrar en tensión conforme avance el período. Para este caso, pondremos principal atención en los elementos más activos del conjunto de las corporaciones agrarias, es decir la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Federación Agraria Argentina. Para este análisis, hemos realizado un releva- miento de periódicos, comunicados y documentos oficiales de las entidades, con el fin de observar cuáles han sido los reclamos y posicionamientos políticos en cada caso. Finalmente, esbozaremos algunas conclusiones parciales con base en los datos obtenidos.

VENEZUELA: DEL GOLPE AL DIÁLOGO

Examinaremos aquí el caso de Venezuela. Para comprender la estrategia del empresariado de ese país, se hace imprescindible un relevamiento de sus acciones durante el golpe de Estado de abril del 2002, y el lockoutpetrolero de finales del 2002 y principios del 2003.

En el primer caso, la entidad era presidida por Pedro Carmona Estanga, quien expresaba el descontento de la entidad para con el gobierno, derivando en el golpe de Estado de abril del 2002, orquestado y dirigido por FEDECAMARAS (Coronil, 2005). La acción golpista, expresaba una alianza de la central sindical CTV con FEDECAMARAS (Bonilla García, 2011), que habían firmado el “Acuerdo Democrático”, con 10 puntos, buscando conformar un nuevo pacto social considerando que el “El incremento de la actividad empresarial a través de un plan de desarrollo productivo y su creciente competitividad en un mundo globalizado requieren de una concertación entre el capital y el trabajo”.² Sin embargo, FEDECAMARAS y la CTV, ya habían comenzado a conformar una alianza social opositora a partir del paro patronal del 10 de diciembre del 2001, convocado por FEDECAMARAS, contra una serie de medidas sancionadas por el gobierno, como la Ley de Hidrocarburos que ampliaba el control estatal sobre PDVSA. Otro momento que encontró unidad de acción por parte de la central sindical y el empresariado fue la manifestación del 23 de enero del 2002 desde la Plaza Morelos hasta la Plaza O´Leary pidiendo la salida de Chávez. El antecedente inmediato al golpe de abril, fue la movilización a la Asamblea Nacional del 27 de febrero del 2002, convocado por la CTV con apoyo de FEDECAMARAS, pidiendo un referéndum y la eliminación del estatuto de la Función Pública. En ese momento, el golpe de Estado logró efectivizarse. Pero el gobierno de Carmon solo duró dos días, un breve instante en el que no hubo miembros de la CTV en la lista de gobierno, lo que debilitó la alianza opositora establecida (López Maya, 2004).

Durante su mandato, Carmona eliminó 48 leyes habilitantes, modificó la Constitución, convocó a elecciones generales para dentro de un año,³disolvió la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, se atribuyó el poder de destituirá a gobernadores, alcaldes y concejales, al removió al Fiscal General, al Contralor, y a la Defensora del Pueblo, así como también embajadores, cónsules y vicecónsules. Carmona terminó siendo apresado, aunque conseguiría exiliarse en Colombia. Su reemplazante al frente de la entidad sería su Vicepresidente, Carlos Fernández, quien convoco a un paro el 2 de diciembre, que se extendería hasta febrero del 2003, al que se sumarían la CTV y PDVSA, con el objetivo de convocar a elecciones. Finalmente, el 2 de febrero se convoca a la recolección de firmas para realizar un referéndum consultivo para destituir al presidente, y el 3 de febrero se convoca a una “flexibilización del paro”, que tendría como resultado el despido de 20 mil de los 30 mil trabajadores que tenía la empresa (Álvarez, 2008). Esto se da en el contexto de una paulatina recuperación por parte de las FF.AA. del control de PDVSA y de la apertura de ciertos comercios por parte de sus dueños. Finalmente, el 18 de febrero se ordena la detención para Carlos Ortega, de la CTV, y Carlos Fernández, aunque ambos consiguieron exiliarse.⁴ Durante la gestión de Fernández, se celebró la LVIII° Asamblea Anual de FEDECAMARAS en Barquisimeto, donde se emitió el documento titulado “La Carta de Barquisimeto. Compromiso de Solidaridad Productiva”.⁵ En el mismo, se iba señalar lo que era su programa económico planteando como principal problema la supuesta disminución de la inversión privada, a partir de la merma en la disponibilidad de créditos para los sectores empresariales.6 En el documento publicado, a la hora de mencionar y proponer los ajustes económicos más importantes, iba a mencionar tres planos: cambiario, monetario, y fiscal.

Principalmente haría hincapié en la necesidad inmediata de reorientar la renta petrolera por parte del Estado, destinándola

básicamente a la creación de infraestructura física, formación de capital humano, subsidios y transferencias focalizadas a los grupos más pobres, y funciones de seguridad y de supervisión del cumplimiento de la normativa social. En este sentido se requiere redefinir las funciones del Estado, los bienes y servicios que serían provistos públicamente y posiblemente reducir su personal.⁷

Al mismo tiempo, en el documento se plantea la necesidad de avanzar en un plan de privatizaciones, sobre todo en aquellas actividades que requieran una mayor cantidad de recursos financieros.⁸ Esta posición, es similar a los planteos realizados por la entidad en los años de la crisis que originó la protesta conocida como el Caracazo.⁹

Luego de estos sucesos, Albis Muñoz fue elegida presidenta de la entidad, donde comenzamos a ver la aparición de una estrategia con elementos más orientados hacia los mecanismos democráticos e institucionales, en lugar de la estrategia abiertamente confrontativa que venía teniendo. Si bien inició su mandato saliendo al cruce denunciando una merma en la entrega de dólares, agresiones contra las empresas privadas y “dificultades para invertir”, se manifestó a favor de convocar a un referendo revocatorio, al que FEDECAMARAS apoyaría mediante donaciones monetarias para garantizar la recolección de firmas. Como parte de esta estrategia, la entidad apoyaría el plan “Consenso País”, ideado por la Coordinara Democrática.¹⁰ Este plan, buscaba implementar un Pacto Social y por “mayor seguridad y claridad jurídica”.¹¹ También proponía aumentar los volúmenes de producción por sobre los precios, lo que implicaba desentenderse de la estrategia de la OPEP (López Maya, 2006). A la par, proponía aumentar la declaración de impuesto por fuera del petróleo, para ampliar la base tributaria y declarar la autonomía del Banco Central de Venezuela, para conseguir un descenso del control y “manipulación” del cambio. A esto, debía sumársele una política de financiamiento, ya sea para el capital nacional o para el capital internacional.

Su estrategia fue derrotada, ya que el referendo dio ganador a Chávez con un 59% y, aunque fue desconocido por la Coordinadora Democrática a la que adhería FEDECAMARAS .Un 83% de los miembros de la entidad se expresó a favor de concurrir al diálogo con el gobierno para entregarle sus propuestas.¹² Ya en el año 2005, asumirá la presidencia el dirigente ganadero, José Luis Betancourt, quien proponía una relación más dialoguista con el Gobierno. Esta posición, se materializó en una reunión realizada con el ejecutivo en febrero del 2006. Además del dirigente, participaron Noel Álvarez (Consecomercio), Lorenzo Mendoza (Empresas Polar), y Alberto Vollmer (presidente ejecutivo de Ron Santa Teresa).¹³ Luego se concretó otra reunión con el Vicepresidente, José Vicente Rangel. En ambas se discutieron temas relacionados con la inseguridad y el mejoramiento de la articulación entre el sector privado y el sector estatal. Sin embargo, seguían cuestionando el abultado gasto público y la falta de desarrollo la empresa privada. Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno la disminución de las importaciones públicas que, según su parecer, beneficiaban a otras economías y no a Venezuela. En la misma sintonía se iba a expresar su siguiente presidente, José Manuel González, quien consideraba que el gobierno utilizaba las divisas de manera “populista”, generando una escasez de las mismas para el sector empresarial.¹⁴ El propio González solicitaría al presidente una reunión para poder discutir el plan de reforma constitucional que Chávez buscaba implementar mediante un referéndum y que, según el propio González, la entidad se veía preocupada por temas como la autonomía del Banco Central, el respeto por la propiedad privada y el régimen económico. La entidad finalmente rechazaría la reforma, y llamaba a oponerse “por todos los medios legales posibles a su aprobación”.¹⁵ Como podemos observar, luego del golpe y el paro petrolero, FEDECAMARAS comienza a abandonar la estrategia golpista y comienza a aparecer una estrategia democrática donde se apoya el referéndum y se acepta el resultado, a pesar de que la Coordinadora lo rechazaba, y luego se concurre al diálogo con el gobierno (López Maya, 2004). Este cambio en la estrategia adoptada por la corporación coincide con el despegue de la renta petrolera que habría a partir de los años 2003 y 2004 (De Luca, Seiffer, Kornblihtt, 2013).

Por el lado de FEDEINDUSTRIA, su principal dirigente es, desde hace 15 años es Miguel Pérez Abad, quien, en referencia al golpe de Estado, sostuvo que Carmona “era un títere de las trasnacionales”. A su entender, Chávez se presentaba como un personaje más ligado a la pequeña empresa nacional, a partir de la creación del Instituto Nacional de la Pequeña y Mediana Industria y de leyes que fijaban y regulaban las actividades bancarias, otorgando opciones financiamiento al emprendimiento de los capitales nacionales.¹⁶ Sin embargo, en la coyuntura crítica de 2003, Pérez Abad consideraba que debía llamarse a elecciones para que se dé una relegitimación de los poderes, así como también denunciaba que había habido inoperancia del gobierno a la hora de evitar el golpe. En relación al paro petrolero, a pesar de la participación de Chávez en la 31° Asamblea de FEDEINDUSTRIA, donde propuso una alianza estratégica con el gobierno, la entidad dio vía libre a sus asociados para apoyar o no el paro, debido a que existía cierto descontento entre los empresarios ante a la falta de resultados de los planes implementados. Sin embargo, el grueso de las empresas afiliadas terminó decidiendo no participar en el paro, debido a que se trataba de una época festiva, donde las ventas aumentaban y les resultaría difícil soportar las pérdidas.

Al año siguiente del paro petrolero, los representantes de la entidad viajaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como representante del empresariado venezolano, lugar que históricamente había sido de FEDECAMARAS, y comenzaría a impulsar un armado político llamado Movimiento Socialismo Productivo, que realizaba foros, charlas, programas de asistencia técnica, elaboración de proyectos, talleres de formación y acompañamiento de los consejos comunales, cooperativas y Empresas de Producción Social (EPS), en el Estado de Anzoátegui. A nivel nacional, FEDEINDUSTRIA formó parte del Frente Productores por la Patria junto a organizaciones empresariales de menor rango alineadas con el gobierno como la Federación Panamericana de la Leche (Fepale) Pequeña y Mediana Industria Avícola (Pymi Avícola), la Cámara Bolivariana de la Construcción, la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fegaven), la Cámara Venezolano-Brasileña y la Federación Venezolana de Porcicultura (Feporcina).¹⁷ La entidad conseguiría tener diversas fuentes financiamiento recibido por parte del gobierno durante el período chavista, a través del Banco de Venezuela, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco Industrial de Venezuela, Banco de Comercio Exterior (BANCOEX), PDVSA a través del Acuerdo Marco de Cooperación para el desarrollo de la Faja del Orinoco, participación en las Zonas Económicas Especiales, con financiamiento en moneda extranjera e incentivos fiscales.¹⁸ En marzo del 2007, la entidad elaboró una publicación llamada “Documento final para el Sr. Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías”.¹⁹ Allí, señalaron una serie de medidas que debería tomar el gobierno chavista para un correcto y exitoso desarrollo de la actividad empresarial, como mejorar la seguridad jurídica, la transparencia, afianzar el respeto a la propiedad privada en todas sus formas, agilizar las medidas del Estado a partir de la reducción de la burocracia y el respeto por las libertades individuales. Como propuestas, sostienen que se debe “expandir la propiedad privada de productores dueños de medios de producción para que se desarrollen nuevas y más altas formas de producción social”, que consideran como una “democratización del capital” con créditos baratos, y una “democratización del conocimiento” a partir del acceso a la información, tecnología y asesoría financiera oportuna. Pérez Abad, también fue uno de los principales impulsores de la candidatura de Aristóbulo Asturiz, del PSUV, a la gobernación de Anzoátegui ganada en el 2010, luego de haberse postulado él mismo, aunque sin éxito. También fue uno de los miembros designados para la comisión que redactó la nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT), que contó con el apoyo de otra entidad empresarial, como es EMPREVEN, dirigida por el empresario bancario Alejandro Uzcátegui. Podemos observar entonces, una aceleración en el acercamiento entre la corporación y el gobierno que alcanzó uno de sus hitos más importantes, con la llegada de Pérez Abad a cargos gubernamentales desde el 2015 (Álvarez, 2008). Como podemos observar, los lineamientos generales de la orientación política de FEDEINDUSTRIA no se distancian de los planteos de cualquier empresario, aunque su estrategia ha sido, a diferencia de lo que observábamos en FEDECAMARAS, tener un mayor acercamiento con el gobierno desde un comienzo, principalmente debido a su dependencia de ciertas transferencias estatales.

ARGENTINA: EL CAMINO HACIA LA 125

A continuación, observaremos cuales han sido las principales posiciones de las corporaciones agrarias argentinas durante los años analizados. Observaremos como, a diferencia de lo ocurrido en Venezuela con FEDECAMARAS, en un principio el empresariado agrario argentino ha tenido una posición de poca confrontación con el gobierno, ya que si bien tuvo fuertes reclamos hacia el gobierno, como las retenciones, y mayores puntos de conflicto, como el caso de la exportación de la carne, aunque no tuvo una apelación a la acción directa hasta el año 2005 donde aparece una radicalización del accionar del sector. Durante este período, la corporación más activa fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) que forma parte de la Confederación Rural Argentina.

El año 2003 comenzó con riesgos de remates para varios campos, aunque se alcanzó un acuerdo entre los banqueros y el gobierno para prorrogar las ejecuciones, prorrogando los vencimientos, con nuevos mecanismos para recrear los plazos de pago y las tasas de interés de los compromisos hipotecarios. Uno de los mayores promotores de estos cambios fue la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), a través de su economista, Alfredo Rodes. En este contexto, se realizaron asambleas principalmente en Entre Ríos, donde coincidían distintas entidades agrarias, aunque todas consideraban que no podían ir contra el sistema jurídico, confiando en que el aumento de la productividad del campo permitiría hacer frente a las obligaciones. CARBAP parecía tener una posición más firme y cuestionaba que el presidente Duhalde haya decidido modificar el artículo 5 de la Ley 25.713, que buscaba aminorar los efectos del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) lo que perjudicaba el pago de los deudores.²⁰ Sin embargo, a partir de febrero de ese año, iba comenzar la problemática en torno a las retenciones, exigiendo la reducción de las mismas. Paralelamente a esta problemática, la entidad veía con malos ojos la modificación en el IVA que reducía el impuesto en la venta, pero lo mantenía igual en la compra, por lo que amenazó con “medidas más drásticas” en el plazo inmediato. ²¹Esta situación derivaría en que, para mediados de febrero del 2003, algunas bases de CARBAP ubicadas en el norte de Gran Buenos Aires exigieran el llamado a un paro y movilización.²² El reclamo tenía que ver con el pedido al gobierno de modificar el régimen fiscal que, según las entidades agrarias, “descapitalizaba al campo” y la dirigencia amenazaba con convocar a un paro. Tanto CARBAP, a través de su entidad madre, Confederación Rural Argentina(CRA), como CONIAGRO y la Sociedad Rural Argentina, emitieron un comunicado en conjunto donde sostenían que la tremenda voracidad fiscal puesta de manifiesto por el Gobierno atenta contra la recuperación de la economía, el empleo y la inversión y el Ministerio de Economía, lejos de solucionar los diversos, justos y reiterados reclamos contra la elevada carga impositiva que padece el agro, se empecina en agravarla sólo con el afán ilimitado de recaudación y cumplir con las exigencias de los organismos internacionales.

Fue así que se produjo un encuentro en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde se reunieron diferentes organizaciones ligadas al campo. En aquella reunión, se barajó la posibilidad de ir a un paro, posición impulsada principal- mente por CRA y los exportadores reunidos en CIARA (la cámara aceitera) y el Centro de Exportadores. CONINAGRO no apoyaba ninguna acción que implique juntarse con los exportadores, por la deuda del 10% de las liquidaciones finales, unos 300 millones de pesos, que estos tenían con el sector productivo. Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA), se oponía a la realización de alguna medida de fuerza.²³ Sin embargo, por este motivo iba a producirse la única medida importante por parte del sector contra el gobierno hasta el año 2006, con un paro de 5 días del que participaron varias entidades, pero no CONINAGRO, por ejemplo. El reclamo consistía en exigir el reintegro del IVA que contabilizaba una deuda de 800 millones de dólares. Mario Llambías, presidente de CARBAP, participó en una asamblea con productores de la zona pampeana y sostuvo que

El campo ha tenido que subsidiar a otros sectores y la situación y consecuencia ha sido de un atraso considerable, con una disminución de 7 millones de cabezas desde 1995 y la pérdida, en toda la década del 90 de 160 mil productores”, y que el gobierno no había llevado a cabo los ajustes necesarios.²⁴

En relación al mencionado tema de las retenciones, la entidad se mostraba en contra de que la reducción se produzca de manera diferenciada en ciertos granos. Otro momento de tensión que se produjo se debió al descenso del precio que las usinas lácteas iban a pagarle los productores. Sin embargo, en el comienzo de este conflicto en el año 2003, los productores resolvieron no realizar acciones de protestas y se limitaron a realizar asambleas en las puertas de las fábricas, aunque no impedían el funcionamiento de las mismas ni el tránsito.²⁵

Por estos años, también se puede encontrar el pedido por parte de CARBAP junto a otras entidades empresariales y agrarias, como la Unión Industrial Argentina UIA y CRA, por pacificar el país a partir de los piquetes, pidiendo la necesidad de institucionalizar los reclamos.²⁶ A partir de entonces, se pueden detectar presentaciones judiciales exitosas en Río Cuarto, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Canals, en la provincia de Córdoba. Además de reuniones por estas cuestiones, se estaban realizando encuentros para resolver el tema de las deudas que los productores tenían con el Banco Nación. Podemos observar como el accionar de CARBAP, y del resto de las corporaciones agrarias, se caracterizó por las denuncias vías comunicados, asambleas, conferencias y acciones judiciales, más allá de los diferentes reclamos que tenía contra el gobierno. Encontramos aquí que esta entidad privilegio las vías institucionales antes que las vías de acciones directas, ya que solo contabilizamos una sola acción entre el 2003 y el 2004. Además, encontramos que hubo por parte de CARBAP, así como también por parte de otros sectores empresariales, un pedido por la “pacificación del país” en torno a los conflictos del gobierno piquetero, y la necesidad de institucionalizar los reclamos. Efectivamente, con el 2001 aún fresco, las entidades privilegiaron mantenerse dentro de la institucionalidad y no amenazar la alianza social dominante que emergió luego del 2001, primero con Duhalde y luego con Kirchner.

A partir del 2005 comienza a darse un proceso de mayor radicalización por parte de CARBAP, que arrastraría a otras fracciones del capital agrario. CARBAP convocó “a un Consejo Extraordinario para el jueves 24 de febrero con motivo de iniciar la acción de lucha frente a la permanencia de las retenciones y la falta de rentabilidad del sector agropecuario”.²⁷ El 9 de marzo se realizó la primer Asamblea de Productores y Dirigentes en Coronel Pringles, provincia de Buenos Aires, teniendo como eje principal debatir el plan de lucha respecto al tema de las retenciones.²⁸ También anunciaba que comenzaría una campaña de recolección de firmas para acompañar la presentación de un proyecto de ley que elimine las retenciones. En la asamblea celebrada, participaron más de 800 productores, además de intendentes municipales de la zona, exintendentes y exrepresentantes de entidades agropecuarias, emitiendo un comunicado llamado “Manifiesto de Coronel Pringles”, donde se anunciaba una próxima asamblea en la Sociedad Rural de Macachín. En abril, salió el documento conocido como “Declaración de Macachín”, donde llamaba a la unión de todas las entidades para eliminar las retenciones además de exigir apoyo político (municipal, provincial y nacional), para conseguir una audiencia con Néstor Kirchner. Finalizaba aquél comunicado señalando que no se descartaba el llamado a movilizaciones.29 A las retenciones al sector agrario, se sumaba el aumento a las retenciones del sector lácteo. Otro conflicto entre el campo y el gobierno se iba a dar por la búsqueda de este último por limitar el precio y la producción de la carne, a lo que luego se sumarían la aplicación de retenciones. Todas medidas que se daban en el marco del surgimiento de la aftosa en Brasil y las dificultades del sector para exportar carne. CARBAP había convocado a una movilización y paro para el 19 de diciembre, aunque se terminó levantando debido a la cercanía de la época festiva, pero mantenía el estado de alerta y movilización, y convocaba la realización de asambleas en el mes de enero. En ese marco, se dio una conferencia de prensa conjunta entre CONINAGRO, CARBAP y SRA para repudiar el incremento del impuesto inmobiliario en Buenos Aires. Luego, estas entidades, a las que se sumaría FAA, concurrirían a la Cámara de Diputados, donde se reunieron con los bloques de Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista, el PAUFE, el PRO y el ARI, para expresar su malestar por el impuesto inmobiliario. Como puede verse encontramos que CARBAP comenzó a tener una posición de mayor confrontación contra el gobierno, comenzando a plantearse la necesidad de definir planes de lucha.

Esta situación seguiría el año siguiente cuando la entidad convocó a siete reuniones zonales en Trenque Lauquen, Salto, 25 de Mayo, Olavarría, Brandsen, Mar del Plata y Saavedra, para discutir la situación de las retenciones a la carne, la leche y los granos así como también el impuesto inmobiliario. En relación al plan de lucha, existió una discusión hacia el interior de CRA donde CARBAP sostenía que una movilización nacional era mejor que un paro, como sostenía Cámara de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), ya que una movilización demostraba fortaleza y mantenía las posibilidades de diálogo con el gobierno.³⁰

El 8 de abril del 2006, CARBAP convocó a una movilización y asamblea en Pehuajó contra las medidas de suspender por 180 días la exportación de carne vacuna y la implementación de 300 kilogramos como mínimo para la faena del animal. En la misma participaron: la mesa directiva de la Sociedad Rural de Pehuajó encabezada por su presidente Ignacio Azcueta, la mesa directiva de CARBAP encabezada por su presidente Javier Jayo Ordoqui, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Mario Llambías y el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luciano Miguens, así como también distintas Sociedades Rurales Bonaerenses e intendentes de la zona.³¹ En ese contexto de avance en la movilización, CARBAP puso a consideración de su Consejo Directivo la posibilidad de realizar un paro agropecuario nacional junto a varias delegaciones bonaerenses de la SRA.

La radicalización de la entidad comenzaba a notarse y para el mes de julio encontraremos el segundo paro realizado. El antecedente de esta medida fue la declaración de Coronel Suárez, donde más de 1.200 productores reclamaron la realización de un paro contra las medidas “anticampo” del gobierno. Otro antecedente es la movilización que se produjo en Santa Rosa, La Pampa, como reclamo al conflicto por la carne y la decisión del gobierno de prohibir la exportación, poner un peso mínimo a la faena y la restricción a la exportación de trigo principalmente. A raíz de todo esto, CARBAP elevó la posibilidad de realizar un paro a su entidad madre, CRA. Esta medida se llevaría a cabo el 22 de julio, y CARBAP agrego movilizaciones importantes hacia Santa Rosa y La Plata. El paro criticaba especialmente las restricciones a las exportaciones de los lácteos, el maíz y el trigo, así como también cuestionaba el cierre de exportaciones de la carne. La medida consistió en no comprar ni vender hacienda, aunque mantuvieron la producción. En el marco de la protesta, se realizaron más de 60 actos y movilizaciones en varias provincias, siendo los más fuertes los realiza- dos en Buenos Aires y La Pampa, zona de influencia de CARBAP. A este paro se plegaron organizaciones y confederaciones de diferentes lugares como Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sin embargo encontramos diferencias hacia el interior del sector, ya que el gobierno anunció un plan ganadero de 857 millones de pesos que fue apoyado por CONINAGRO. La FAA mantuvo una posición contradictoria, ya que señalaba las diferencias profundas que tenía con el proyecto del gobierno, pero no se adhirió a la protesta. Esto no pudo evitar que una parte de sus bases sí lo hiciese, como fue el caso de los más de 500 productores que cortaron rutas en Entre Ríos. SRA, por su parte, no se adhirió a la acción directa, aunque tuvo un discurso claramente opositor al gobierno en su 120° Exposición Rural. Lo que arrojaría esta jornada de 4 días de paro, fue una menor adhesión que la medida anterior, aunque encontramos mayor convocatoria, radicalidad, así como también disenso entre la dirigencia de FAA y sus bases.³²

Luego del conflicto, CARBAP señalaría que movilizó a más de 10.000 productores y saludó a las empresas que decidieron comprar en el Mercado de Liniers el día anterior al paro, resistiendo el pedido del gobierno de no comprar. Para este fin, el gobierno contaba con el apoyo de los frigoríficos agremiados en CADIF y CICCRA, pero no pudo evitar que Agroflex, Areco Consignatarias, Cabañas del Sur, El Virrey, Finexcor, Frigorífico Lincoln, Mataderos Río de la Plata, Frigorífico Paladini, Pueblo Alto y Frigorífico Rioplatense, comprasen hacienda el 21 de julio. En este sentido, podemos observar como CARBAP significó un agente verdaderamente activo en el paro, siendo uno de los principales impulsores del mismo. En octubre, CARBAP volvía a declararse en estado de alerta y movilización debido al manejo del sistema cerealero, la sequía que se estaba produciendo, las retenciones a los lácteos y la apertura a la importación aceitera que perjudicaría a los productores locales. A raíz de esta situación, la organización comenzaría a solicitarle a CRA la necesidad de tomar medidas concretas. A fines de noviembre, CARBAP aceptaba una última negociación con el gobierno por parte de CRA antes de ir al paro. Los reclamos eran contra las intervenciones gubernamentales en los mercados de la carne, leche, el trigo, las frutas, verduras y el maíz. De todas formas, el primer día de paro se realizaría el 3 de diciembre y CARBAP saludaba a las Cámaras de Comercio e Industria de las distintas ciudades del interior bonaerense y pampeano, a la Asociación de Productores de Leche, que acompañaron la medida. El cuarto día de protesta se realizaron acciones en acciones en Trenque Lauquen, San Pedro, Benito Juárez, Pellegrini, Sur Pampeano (La Adela), Cnel. Dorrego, Chivilco y, Tres Lomas, Pehuajo y Bahía Blanca. Los nueve días de paro se cerraron con un acto en Lobos del que participaron CARBAP, CRA y FAA. Estas organizaciones fueron las impulsoras del paro desde un principio, SRA se sumaría recién en el segundo día del paro, mientras que CONINAGRO dio libertad de acción a sus afiliados. CRA, obviamente CARBAP también, y SRA pedían un mercado más desregularizado, mientras que la crítica de FAA se centraba en la extranjerización del campo. El acatamiento del paro fue casi total, e incluso el gobierno tuvo que sostener el mercado recurriendo al Comando de Remonta y Veterinaria del Ejército Argentino, la Armada Argentina, y la empresa CRESUD, vinculada al grupo IRSA, y algunos empresarios ligados al gobierno que tuviesen alguna producción agraria. Se registraron acciones en Lobos, Pringles, Junín, 9 de julio, San Pedro, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Para abril del 2007, CARBAP impulsaría otro paro. El mismo reclamaba que se debía eliminar el mínimo en la faena de la carne, permitir su exportación, así como también la cancelación de las inversiones públicas en La Pampa. El paro comenzaría el 30 de abril y se extendería hasta el 13 de mayo, y consistía en no comercializar ni movilizar productos en Buenos Aires y La Pampa. Esta protesta tuvo una movilización inferior, ya que existieron diferencias hacia el interior de la propia CRA, como es caso de CARTEZ que agrupa a ganaderos de San Luis y Córdoba, y el propia Llambías, que querían limitar el paro a 5 días. El motivo de esta división, se dio porque la protesta comenzó un día antes de que comenzara el diálogo con el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. CRA no participó en el diálogo, pero tampoco apoyó la medida de CARBAP. Solo algunas delegaciones de FAA del interior bonaerense apoyaron la medida, que ocasionó una caída del 57% de las cabezas de ganado en el mercado de Liniers.

El pliego de reivindicaciones consistía en liberar el precio de la hacienda en pie; liberalización y relocalización del mercado de Liniers; ratificación de los precios para los 12 cortes populares; liberar la exportación de carne; eliminación de los pesos mínimos de faena; estímulos impositivos para la promoción de la producción de terneros.33 Durante la protesta, surgió el rumor que ante la firma de un preacuerdo de precios con el sector de ganados y carnes finalizaría el paro. Sin embargo, la entidad se encargó de decir que no aceptaba ningún establecimiento de precios en ningún preacuerdo, y que llegado el caso, el mismo sería sometido a discusión en las asambleas de productores. Cuando el preacuerdo fue firmado, CARBAP sostuvo que ni ellos ni CRA lo avalaban ya que solo se trata de una expresión de buenos deseos, y que solo actualiza los precios sugeridos.

Por su parte, la Federación Agraria Argentina también fue una de las entidades agrarias que más se movilizó de cara al conflicto del 2008. En marzo del 2005, en Córdoba 300 productores, movilizados en 70 tractores y unas 100 camionetas realizaron un corte de cuatro horas en la ruta provincial 36 y la ruta nacional 6. La protesta se originó por la baja en la rentabilidad del sector agropecuario. Unos días después, FAA participó en la asamblea de CARBAP en Coronel Pringles, donde proponía un parom en caso de que el gobierno no diera marcha atrás con las retenciones, ya que sus bases le comenzaban a reclamar que la aplicación de diferentes medidas. De aquella asamblea, también participó la SRA local.³⁴

En mayo del 2006, ante el conflicto por la carne, tanto CONINAGRO, como FAA, y SRA no estuvieron de acuerdo con un paro, medida que, como vimos, caía mejor en CRA, sobre todo en CARBAP y CARTEZ. Durante este momento, era amplio el descontento que estaba comenzando a surgir en Córdoba, Santa Fe y zona norte de Buenos Aires hacia el interior de FAA, debido la relación cercana que la entidad mantenía con el gobierno. Esta relación comenzaría pendular ya que sostendría que no había razones para prohibir la exportación de carne, pero también criticaba CRA y SRA por retirar sus firmas del acuerdo de precios.³⁵ Sin embargo cuando CRA anunció el paro de julio del 2006, la dirección de FAA consideró que se trataba de una medida muy extrema, aunque como vimos un parte de las bases sociales se movilizaron junto con CARBAP.³⁶ Tal fue el caso de la filial cordobesa que se expresó a favor de “endurecer la postura” contra el gobierno de Kirchner ya que el diálogo no había generado respuestas.

En ese marco, las delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos realizarían movilizaciones desde agosto de ese año en la puerta de las sucursales del Banco Nación pidiendo la implementación de una política agropecuaria. Para octubre del 2006, FAA realizó un tractorazo con asambleas y cortes de ruta reclamando, solución al endeudamiento de los productores agropecuarios con el Banco Nación, apoyo financiero para la siembra de algodón, normalización del suministro de gasoil, una ayuda de 100 millones de pesos por la sequía, la instrumentación del Plan Ganadero propuesto por la FAA, la apertura de las exportaciones de carne vacuna y el aporte de dinero fresco para poner en funcionamiento el Plan Estratégico de Desarrollo Rural.³⁷ La protesta se extendió por Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En esta línea un poco más confrontativa, coincidió con CRA en una movilización contra el aumento del 4% de las retenciones a la soja, que incluyó un corte de la ruta Rosario-Buenos Aires.³⁸

CONCLUSIONES

Para el caso venezolano, podemos encontrar que una parte del empresariado, aquél que aparece nucleado en FEDEINDUSTRIA, principalmente identificada con capitales pequeños capitales ligados al Estado, tuvo un acercamiento con el gobierno a partir del 2002, que le permitió acceder a fuentes de financiamiento estatal, así como también su llegada a cargos del gobierno con el ascenso de Maduro. Por su parte, FEDECAMARAS pasó de una estrategia abiertamente radical y golpista, a una estrategia de confrontación y presión para adelantar las elecciones, mediante el paro petrolero, a apoyar una alianza política republicana y convocar a un referéndum aceptando su resultado a pesar de que la Coordinadora Democrática, principal alianza opositora de entonces, lo desconoció.

En ese sentido, encontramos que FEDECAMARAS realizó un pasaje de la acción directa golpista, a la acción institucional democrática, incluso realizando instancias de diálogo con el gobierno, más allá de continuar ejerciendo el rol opositor como en el caso del referéndum presidencial del 2004 y el referéndum constitucional del 2007. En el caso de las corporaciones agrarias de Argentina, encontramos que el conflicto del 2008 representa el punto de llegada de un proceso que venía gestándose en los años anteriores. Hasta el 2006 solo se había producido un solo paro, mientras que entre el 2006 y el 2007, se produjeron 3 paros en los que participaron una buena cantidad de entidades agrarias. CARBAP fue el elemento más activo de este sector, junto a CARTEZ y CRA, siendo una de las entidades que más tempranamente comenzó a cuestionar al gobierno al mismo tiempo que impulsaban convocar a acciones directas. FAA por su parte, se mostró menos dispuesta a participar en las movilizaciones, aunque podemos observar como una parte de sus bases comienza a movilizarse de manera independiente.

Así, puede sostenerse que FAA, que había realizado varias movilizaciones durante la década del 90, tiene un acercamiento con el gobierno kirchnerista, como quedó manifestado en el 91° Congreso de la FAA en septiembre del 2003, cuando la entidad coincidió con el discurso del ministro de Planificación, Julio De Vido, y el secretario de Agricultura, Miguel Campos, respecto a recuperar el mercado interno y la producción nacional (Pérez Trento, 2014). Por su parte, la SRA, apoyó las medidas y en algunos casos se incorporaba sobre el final de la medida, lo que demuestra su escaza intención a llevar a cabo medidas de acción directa, mientras que CONINAGRO se mantuvo cercana al gobierno y su política durante la mayor parte del período. En tal sentido, se puede concluir que hubo cierto convencimiento por parte de las corporaciones agrarias respecto a la política llevada adelante por el gobierno, que comienza a entrar en crisis entre el 2006 y el 2007 con el aumento de las protestas y reclamos del sector.

En términos comparativos, podemos observar cómo, en ciertos momentos, tanto la fracción más concentrada del capital venezolano así como también la fracción agraria de argentina, optaron por la acción directa para imponer sus intereses. La fracción agraria elevó sus niveles de conflictividad alcanzando su pico en el año 2008 en torno al conflicto de las retenciones, mediante una pro- testa con gran adhesión y que puso en jaque al gobierno. En el caso de Venezuela, FEDECAMARAS fue más allá y derrocó al gobierno, aunque luego sería derrotada y adoptaría una estrategia democrática apelando al personal civil y a instrumentos propios de la democracia, como es el caso del referéndum. Por su parte, el capital más pequeño nucleado en FEDEINDUSTRIA adoptó por un acercamiento mayor con el gobierno que se tradujo en un alineamiento político.

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Notas