INTRODUCCIÓN

La situación actual en la República Bolivariana de Venezuela, tras el comienzo de un proceso revolucionario iniciado por Hugo Chávez Frías¹, ha entrado en una escenario político, económico y social complicado desde el año 2013 con la llegada al poder de Nicolás Maduro Moros², el sucesor de Chávez. La polarización política del país en torno a dos visiones políticas distintas, la oficialista que se considera de cohorte social y progresista, y la de la oposición, con tendencia social-cristiana y liberal, ha desembocado en una crisis política interna, que ha alcanzado otras esferas, provocando el claro interés político y económico de los organismos de integración y cooperación regional en el continente americano. En aquellos de índole primordialmente político como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), e incluso el Grupo de Lima, así como otros organismos que priorizan los intereses económicos, hablando principalmente del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que su injerencia en la situación, está plasmada en su adopción por la suspensión temporal de Venezuela dentro del organismo.

Si bien la mayoría de los países miembros de estos foros regionales concuerdan en lo insostenible de la situación venezolana, aún no se ha logrado un consenso sobre cómo hacer frente a esta crisis, debido a los cambios políticos en la región y la diversidad de enfoques que convergen en ellos. Las discusiones se han centrado en dos posturas principales, por un lado, aquellos que se muestran a favor de la no injerencia en asuntos internos, como Ecuador, Bolivia y Nicaragua; cuyos gobiernos tienen afinidad con el oficialismo, y por otro lado, quienes priorizan la llamada “cláusula democrática” de la OEA, como Argentina, Chile, Colombia y Brasil³, cuyos gobiernos actualmente poseen afinidad con la oposición al gobierno venezolano; discusiones que han estancado el avance de la participación de las organizaciones y limitado su intervención al diálogo. Sin embargo, otras iniciativas menos institucionalizadas como el Grupo de Lima, han permitido un accionar más directo en torno a los Estados más cercanos a la crisis venezolana por los amplios márgenes de migrantes que presentan, como son, Colombia, Chile, Argentina y Perú principalmente.

El objetivo principal de la investigación es analizar la posición de los mecanismos de cooperación americanos frente a la actual situación en Venezuela: OEA, UNASUR, CELAC, Grupo de Lima y MERCOSUR. Siendo los objetivos específicos del estudio: contextualizar la situación actual de crisis en Venezuela y estudiar los alcances de los recursos propios de cada mecanismo.

La elección de los mecanismos responde, principalmente, a que son estos los que integran una mayor cantidad de miembros y quienes se han mostrado más activos frente al caso, mientras que organizaciones como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) o la Alianza del Pacífico (AP) se han mantenido más al margen de la situación. como algunos otros organismos que conservan “relaciones estables” como ALADI y la CEPAL. Haciendo el respectivo alcance en cuanto al Grupo de Lima, que es una reunión de jefes de Estados de la región y donde a nivel político se han logrado tomar ciertas decisiones en torno a Venezuela y el impacto de su situación en la región.

Es así que a través de la revisión de la contribución de algunos de los mecanismos regionales de cooperación en el continente americano se estudiará la dinámica política interna y regional a partir de la situación de crisis en Venezuela. Se realizará un estudio de caso partiendo de los antecedentes más próximos al objeto de estudio, el periodo que va de 2013⁴ y al 2019, revisaremos brevemente la situación actual y sus momentos críticos, para así evaluar la actuación de los mecanismos regionales en torno a Venezuela y su situación interna, deteniéndose en investigar si se han utilizado mecanismos sancionatorios para tratar la crisis por la cual atraviesa el país y como ha sido el proceso para invocarlos y aplicarlos si ha sido el caso.

La hipótesis a comprobar es que la actuación de los mecanismos de cooperación en América respecto a la crisis actual de Venezuela seguirá siendo limitada por la notable fragmentación de las posturas políticas en la región y los intereses políticos y económicos que ellos demandan, lo que generará una polarización mayor en los países que se han pronunciado al respecto, sin generar un consenso que aporte una solución a la crisis, lo que dará paso a la implementación de acciones particulares de cada Estado ante la percepción de amenaza de estabilidad democrática y como instrumento coyuntural para fines propios de intereses nacionales, lo que devendrá en un poco o nulo avance para alcanzar un consenso.

El estudio se apoya en el Neorrealismo (WALTZ, 1967), como enfoque de las relaciones internacionales, revisaremos el comportamiento de los actores, sus interlocutores, sus intereses y sus interrelaciones dentro del sistema. Analizaremos la situación del país y como ha actuado cada mecanismo de integración seleccionado para lograr tener una mirada sobre cómo funciona el sistema internacional en la escala regional, en torno a una crisis política determinada.

EL NEORREALISMO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

El neorrealismo, también conocido como realismo estructural, se desarrolla con la intención de renovar al realismo (teoría dominante durante la década de los 30´s) y como una crítica a su funcionalidad para explicar la sociedad internacional, la principal diferencia entre estos, es que el neorrealismo centra su enfoque en la estructura del sistema internacional, lo que permite comprender los mecanismos de cambio y de continuidad del sistema, sin olvidar el importante papel del Estado como actor. Para el neorrealismo “las instituciones son reflexiones del poder del Estado y de la relativa distribución de sus capacidades, lo que las hace ligadas a los intereses del Estado en primer lugar y por virtud de ello a la estructura de la anarquía de los sistemas internacionales... hay una estructura dual para las relaciones políticas a nivel primario de anarquía constante que promueve procesos de socialización, emulación, competencia y una esfera de polaridad secundaria, que afecta la calidad del balanceo.” (VARGAS, 2009:119-120).

Los principales autores de este enfoque teórico son Kenneth Waltz y Steven Krasner que aún mantienen vigentes sus teorías y son aplicadas en distintos modelos dentro del análisis de las relaciones internacionales. Kenneth Waltz es considerado el creador del neorrealismo y consideró el sistema como un conjunto de unidades y estructuras que interactúan; desde su visión, los sistemas son tanto nacionales como internacionales, siendo los primeros jerárquicos y los segundos anárquicos, ya que los Estados aspiran a maximizar su poder para lograr su supervivencia, este último factor es el principal motor para cada una de las acciones de los Estados que guían su actuar internacional. “La racionalidad de Waltz no es de medios y fines, sino de resultados. Y se logra a través del funcionalismo y del filtro del sistema. Sin embargo, esta racionalidad no pertenece a los Estados ni a los hombres del Estado, sino que es una entidad abstracta, un sistema, una construcción intelectual.” (VARGAS, 2009:121).

Por su parte Steven Krasner es un importante representante del neorrealismo, quien dentro de su pensamiento ubica por un lado a los Estados débiles y por otro los Estados fuertes, los primeros significan una amenaza al sistema, ya que “es incapaz de asegurar la aplicación de las leyes en su territorio, y eso crea condiciones favorables para que aparezcan los centros del terrorismo internacional... para evitar esto los Estados débiles deben estar bajo el control de los Estados fuertes que tienen la hegemonía mundial y regional” (MEARSHEIMER, 2016)

Para el caso específico del estudio presentado, consideramos que el neorrealismo es el enfoque más pertinente para explicarlo, ya que el neorrealismo considera la socialización, no así la cooperación, salvo casos excepcionales como la unión contra alguna amenaza común; la base principal de esta teoría es la naturaleza anárquica de la política mundial. De allí que se considere esta teoría y sus postulados, como la más apropiada para dar una mirada a la situación de Venezuela y como los organismos de cooperación regional actúan sobre esta, tomando en consideración los intereses de los Estados que conforman dichos organismos.

MIRADA A LA ACTUACIÓN INTERNA Y REGIONAL EN TORNO A LA CRISIS

La economía de Venezuela⁵ se encuentra en una crisis profunda, el presidente Nicolás Maduro, ha declarado un estado de “emergencia económica” desde 2016 (Decreto Nº 2.184, Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.214 extraordinario de 14 de enero de 2016) que han sido prorrogados a partir de entonces en diversas oportunidades[6]. La caída de los precios del petróleo⁷(que se estima representa el 96% de las divisas que produce Venezuela) ha seguido mermando los ingresos del Estado y agudizando cada vez más la escasez de alimentos y bienes de primera necesidad^8[. Eso ha generado un desabastecimiento, que, unido a la corrupción y la gran inflación, ha provocado que buena parte de la población tenga problemas para acceder a bienes esenciales⁹. La falta de alimentos a precios accesibles al poder adquisitivo en Venezuela, así como las largas filas para obtener productos que se han vuelto escasos, son un gran problema para la inestabilidad social en la nación sudamericana, que han creado un gran descontento social, por los incrementos en los índices de pobreza (ENCOVI, 2016), violencia, inflación, la falta de alimentos y la inestabilidad política¹⁰. Como plantea Binetti (2019) “No hay antecedentes históricos en Venezuela para la crisis atroz que sufre el país. La economía se ha contraído un 60% desde 2013, la hiperinflación ha destruido la moneda, y la falta de productos básicos y medicamentos ha hundido los estándares de vida.”

Ahora bien, en este escenario, Venezuela vivió una ola de protestas en febrero¹¹ y diciembre de 2014¹² y nuevamente en abril de 2017, que derivó en enfrentamientos entre opositores al gobierno, fuerzas de seguridad y simpatizantes del gobierno, así como desórdenes en varias ciudades del país, especialmente la capital Caracas y San Cristóbal, en el interior del país, una ciudad cercana a la frontera con Colombia¹³. Sin embargo, así como en 2014, y tras un lamentable saldo de fallecidos¹⁴, las mismas manifestaciones sociales eventualmente perdieron fuerza y se desvanecieron sin provocar mayores cambios, y no lograron forzar la posición del gobierno, como pretendía la oposición venezolana, en tanto, las tensiones sociales y políticas se mantienen, si bien se llevaron a cabo las elecciones de gobernadores el 15 de octubre de 2017, el oficialismo logró hacerse con la mayoría.

Entretanto, por tercer año consecutivo, debido a la situación política, económica y social, Venezuela fue considerada el país con el peor desempeño económico en el mundo, según el Índice de Miseria de Bloomberg 2017. La inflación ha alcanzado niveles alarmantes "La inflación para el mes de julio del año 2019 alcanzó la cifra del 33,8 % (...) y una inflación interanual del 264.872,9 %", según el diputado Alfonso Marquina, en nombre de la Comisión de Finanzas del Parlamento¹⁵, siendo la más alta del continente americano, y es que el bolívar, la moneda de Venezuela, ha caído vertiginosamente, situación que ha generado una ola de migración venezolana importante, y a un ritmo acelerado.

La oposición asegura que Venezuela vive una dictadura, reclama además la liberación de los presos políticos, en su mayoría detenidos luego de las protestas de febrero de 2014, así como la apertura de un canal humanitario para que al país ingresen medicinas y alimentos, y una devolución real de las competencias a la Asamblea Nacional¹⁶, también la renovación de los otros poderes del Estado (Tribunal Supremo de Justicia y Consejo Nacional Electoral) a los que acusan de estar alineados con el ejecutivo. Además, la oposición denuncia desde hace más de una década que el chavismo¹⁷ ha recortado la libertad de prensa en el país (y que lo sigue haciendo).

Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro fue legítimamente elegido por la mayoría del pueblo venezolano en elecciones democráticas, aunque con un estrecho margen de diferencia con Henrique Capriles, el candidato de la oposición. El gobierno mantiene su posición de ser objeto de una “guerra económica”¹⁸, instigada por opositores en el país con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, así como denuncia constantes intentos de golpes de Estado que han llevado a la grave situación del país.

La historiadora venezolana Margarita López Maya (2017) sostiene que “Mientras estuvo vivo Chávez la gente confiaba en él. Tenía legitimidad, carisma y lograba cierta estabilidad y apoyo popular. Además, esto se reforzaba con los ingresos por exportaciones petroleras”. La crisis del actual gobierno de Maduro se debe a que “no tiene cómo estabilizarse, no tiene carisma, no tiene dinero para redistribuir y ha tenido que recurrir a la represión y al apoyo de las Fuerzas Armadas. Además, ha perdido popularidad y se ha ido destruyendo con la ideología de construir un Estado socialista”, dice López¹⁹.

Una breve crónica de la crisis en Venezuela comienza por referir que la crisis social que se presentó desde que Maduro asumiera la presidencia, se incrementó cuando líderes políticos de oposición como Leopoldo López o Antonio Ledezma, acusados de asociación para delinquir y de conspiración contra el gobierno de Maduro, fueron arrestados en 2014. Tras un paulatino incremento de la escasez de ciertos productos, el 6 de diciembre de 2015, por primera vez la oposición venezolana obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional tras 16 años de gobierno chavista, en su primer tenso año de gestiones escaló la escasez y las presiones para que el presidente renunciara a su cargo.

Ahora bien, en este escenario, ya para el 30 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió asumir las competencias de la Asamblea Nacional (AN), El TSJ (que la oposición considera afín al gobierno de Nicolás Maduro) había emitido una sentencia que le permitía ejercer las competencias de la Asamblea Nacional (de mayoría opositora)²⁰ mientras ese órgano se mantuviera "en desacato". Para la oposición, la decisión del máximo tribunal representó la prueba definitiva del rompimiento del orden democrático en Venezuela (que denominó autogolpe de Estado) y de su disposición a pasar por encima de la voluntad popular expresada en las elecciones legislativas. Estos hechos generaron el rechazo de varios países y activaron aún más las reuniones para discutir la situación de Venezuela en los diversos mecanismos regionales. Finalmente, Nicolás Maduro convocó a un proceso electoral para elegir una Asamblea Nacional Constituyente²¹, que se encargaría de introducir cambios en la Constitución, el cual distintos políticos, analistas y organizaciones civiles, criticaron que este proceso haya sido aprobado sin un referéndum previo, como establece la aún vigente Constitución de 1999 en su artículo 347²². Este último hecho permitió para el caso del Mercosur la activación de uno de sus instrumentos sancionatorios, la “Carta Democrática”.

Actualmente, a pesar de la situación interna del país petrolero, la tensión social, política y económica se mantiene, incluso agudizándose con la incapacidad del aparato productivo interno de suplir la demanda de bienes de primera necesidad. Con la celebración de elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018 y la posición de la oposición y el respaldo de algunos países ante estas por alegatos de irregularidades en el proceso, catalogándolo de ilegítimo, por no cumplir cabalmente con lo estipulado en la Constitución. El desconocimiento de las elecciones por la oposición, ha provocado que para la toma de posesión el 10 de enero de 2019, se declarara la vacuidad del cargo, y el nuevo presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, Juan Guaidó, en su calidad de presidente de esta, asumiera el 23 de enero como Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela reconocido por 54 países, presentándose así un suceso sin precedentes, en el que Venezuela no solo cuenta con dos Asambleas, sino también con dos presidentes, que convergen en una disputa nacional e internacional con procesos complejos, una situación llena de intereses económicos – políticos, dentro y fuera de la región.

MECANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONAL FRENTE A LA CRISIS DE VENEZUELA

La Organización de Estados Americanos

La OEA se suscribió mediante la Carta de la organización en 1948²³ en Bogotá, Colombia y entró en vigor en 1951, se considera una de las organizaciones más antiguas y forman parte de ella los 35 Estados que conforman el continente americano, incluido Venezuela, quien participa desde las Conferencias de 1889 y 1890.

Es un foro gubernamental, político, jurídico y social, donde los Estados miembros acuerdan la búsqueda colectiva a la solución de problemas que pudieran afectar el desarrollo o la estabilidad económica de los miembros y el Estados en cuestión no pueda resolverlos de manera individual (artículo 37). Los Objetivos de la organización están señalados en el artículo primero de la Carta de la OEA “lograr un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia”; pero sin ninguna facultad para intervenir en asuntos de jurisdicción interna de los Estados. Su estructura institucional está conformada por la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, los Consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, las Conferencias Especializadas y los Organismos Especializados²⁴. La organización estudia las situaciones de inestabilidad que se desarrollan dentro de los países miembros, siendo una de las más discutidas y analizadas en los últimos tiempos, la concerniente a Venezuela.

Después de las elecciones de 2013 que fueran motivo de discusión por lo ajustado de los resultados, el entonces Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, reconoció el triunfo de Nicolás Maduro y se pronunció en contra de la interferencia en el proceso electoral interno de Venezuela por considerarla una clara intromisión en los asuntos internos, “La OEA no debe pronunciarse sobre la impugnación de las elecciones venezolanas… la observación electoral de la OEA está regulada en la Carta Democrática Interamericana. Nosotros, por consiguiente, no deberíamos pronunciarnos al respecto de elecciones que no hemos sido invitados a observar…”²⁵

El discurso sobre el rechazo a la intromisión en Venezuela continuó en las líneas de la OEA, aunque no dejó de señalar la preocupación de la Organización por el aumento en la violencia y las mayores denuncias de violación a los derechos humanos; y pese a opiniones contrarias, como la del representante panameño, Arturo Vallarino, se reconoce que no existen las condiciones para aplicar la Carta de la OEA, aprobándose únicamente el envío de una misión observadora en 2014.

Para marzo de 2015 la dirigencia de la organización se traslada al uruguayo Luis Almagro, quien cambia las líneas del discurso sobre el tema, hablando por primera vez, en 2016, de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana (CDI)²⁶, mediante un informe que respaldado en el artículo 20 de la CDI “en caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”, de aprobarse la aplicación por dos terceras partes de los votos, la participación de Venezuela podría ser suspendida de la organización. El informe de Almagro hace referencia a las situaciones que comprometen la democracia en Venezuela “la crisis humanitaria generada por la escasez de alimentos y medicinas, el bloqueo de los poderes del Estado y la situación de derechos humanos contra los presos políticos”²⁷.

El siguiente paso fue la reunión del Consejo Permanente de la OEA que derivó en la suspensión de la aplicación de la CDI y se insta a iniciar el diálogo, además de apoyar la mediación de los ex mandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de República Dominicana, Leonel Fernández; y de Panamá, Martín Torrijos, si bien el texto fue aprobado, debió ser adaptado para lograr los votos necesarios, incluido el de Venezuela, utilizando el término “situación” y no “crisis”, entre otras adaptaciones al “Informe sobre la “situación” en Venezuela, firmado por todos los miembros y a la que accediera Venezuela por las presiones y EE.UU. y Canadá permitieron la flexibilización para lograr la aceptación de países como Bolivia, Ecuador, los países caribeños y la propia Venezuela”²⁸.

Para 2017 y después de observar el estancamiento en el diálogo para llegar a una solución, se llama a una sesión extraordinaria de cancilleres donde se acordó una “hoja de ruta” para apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto de derecho provocando la denuncia de Maduro a la violación a la Carta de la OEA, “No es intervencionista la defensa internacional de la democracia, como no es intervencionista la protección internacional de los derechos humanos. Debemos demostrar nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela... Nos sumamos a los reclamos para que haya soluciones dirigidas a resolver la crisis económica, social y humanitaria del país"²⁹

Con la posición del nuevo Secretario General, las discusiones se fueron tornado tensas, mientras fungía como canciller Delcy Rodríguez, sus denuncias se encaminaron a señalar el intervencionismo de la OEA en asuntos internos venezolanos y la promoción de actividades desestabilizadoras e inicio su proceso de retiro³⁰ del organismo en abril de ese año. Sobre las posibles sanciones aplicables al caso se consideró el embargo petrolero y la suspensión de Venezuela como miembro de la organización “con frecuencia me preguntan acerca de las sanciones. Y permítanme ser claro, las sanciones no empeorarán el sufrimiento del pueblo venezolano”³¹, aseveró el Secretario General.

Se contempló la posibilidad de llevar el caso a la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad “Venezuela es: 1) una amenaza a la estabilidad y la seguridad de las Américas, causa la más grave crisis migratoria al presente, tiene instalado al narcotráfico en la cúpula del gobierno, 2) un obstáculo insalvable al desarrollo, impidiendo al pueblo venezolano el acceso a los bienes y servicios más básicos al generar la peor crisis económica de la historia moderna del país, 3) un violador serial y contumaz de los derechos humanos de su gente…”³² Se han realizado audiencias a los familiares de los presos políticos, de las víctimas de la violencia en las manifestaciones recientes, las Organizaciones no Gubernamentales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para evaluar si se trata de un ataque generalizado a la población civil o si hay crímenes de lesa humanidad con responsabilidad individual, y decidir si es pertinente o no llevarlo a la CPI.

Este año, tras un 2018 lleno de reuniones sin consenso, la OEA aprobó una resolución sobre Venezuela y la crisis de migrantes venezolanos, así como reconoció al delegado asignado por Juan Guaidó como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela ante el organismo, permaneciendo así el país con una representación en el organismo, puesto que el gobierno de Maduro presentó su solicitud de retiro del organismo, denunciada en 2017, y cuyo plazo de 2 años se cumplió el abril pasado.

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños

La CELAC³³, creada en 2011, es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, formado por las 33 naciones de América Latina y el Caribe, que busca contribuir a profundizar el diálogo respetuoso entre todos los países de la región, en temas como el desarrollo social, la educación, el desarme nuclear, la agricultura familiar, la cultura, las finanzas, la energía y el medio ambiente y está interesada en promover que la región se asuma como una comunidad de naciones, capaz de dialogar y de buscar consensos en temas de interés común.

Está compuesto por los siguientes órganos: Cumbres de jefes y jefas de Estado y de gobierno; Reunión de ministras y ministros de relaciones exteriores; Presidencia pro tempore; Reunión de coordinadores nacionales; reuniones especializadas; Troika. En cuanto a la toma de decisiones, estas se adoptan por consenso en todas las instancias.

Sobre la situación en Venezuela, CELAC se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre el tema, en el Comunicado Especial de la III Cumbre de la CELAC, celebrado en Belén, Costa Rica en 2015, en la Declaración Política de Quito, 2016, y en la Declaración de Punta Cana, en las cuales reafirmó el apoyo del mecanismo al diálogo entre el gobierno y la oposición para cumplir los acuerdos y fomentar las conversaciones de buena fe, haciendo énfasis en el rechazo a la intervención en los asuntos internos venezolanos y a la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales: “Apoyamos el proceso de diálogo nacional en la República Bolivariana de Venezuela entre el Gobierno y la oposición de dicho país… Alentamos a las Partes a realizar gestiones para lograr resultados concretos, así como a cumplir sin dilación los acuerdos alcanzados hasta ahora, garantizar la continuidad del proceso y retomar las conversaciones de buena fe y con alto compromiso constructivo y con pleno apego al Estado de derecho, a los derechos humanos y la institucionalidad democrática… reiteramos nuestro rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional.”³⁴

Para agosto de 2017, la propia Venezuela solicitó una sesión extraordinaria para tratar la situación: sin embargo, no se llegó a un consenso, debido a que algunos países no consideraban que fuera momento para debatir el tema, así la Cumbre no se llevó acabo evidenciando la fragmentación de opiniones dentro de la Comunidad.

La CELAC tiene capacidad para negociar en bloque con otras regiones, como la Unión Europea (UE), la última cumbre estaba planeada para agosto de 2017, pero el embargo de armas aplicado por la UE a Venezuela provocó que esta fuera aplazada en varias ocasiones hasta su cancelación definitiva el 22 de noviembre de 2017. Asimismo, en un acto realizado en San Salvador, Bolivia recibió la Presidencia Pro Témpore de la CELAC, para la gestión 2019³⁵. Esperando con altas expectativas las gestiones de Bolivia, país con fuerte correspondencia hacia el actual gobierno venezolano, cuya participación dentro del organismo definirá en gran medida el curso de los acontecimientos y rumbo del diálogo en la crisis venezolana.

La Unión de Naciones Suramericanas

La UNASUR se presenta como un organismo internacional, conformado por los doce países de la región suramericana: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. Tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados, plasmado en el artículo 2 de su Tratado constitutivo³⁶.

UNASUR está conformada por cuatro órganos que toman decisiones, de acuerdo a su nivel jerárquico: Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Delegados y delegadas, y la Secretaría General. En cuanto a la toma de decisiones para solución de diferencias, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 del Tratado Constitutivo, estas serán resueltas mediante negociaciones directas. En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y delegados, el cual formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma. En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión. No contempla la toma de resoluciones concretas, sino que deja un amplio margen para la discusión de asuntos de interés sin la existencia de un lapso determinado para la obtención de una respuesta clara.

En cuanto al caso venezolano, el organismo aún debe determinar su próximo secretario general pues Ernesto Samper ya finalizó su período y entregó el cargo. La mayoría de los miembros de UNASUR, sin Bolivia ni Ecuador, consideraron a principios de 2017 que los recientes sucesos en Venezuela "atentan contra los principios y valores esenciales de la democracia representativa y la separación, independencia y acatamiento de poderes públicos", representando en palabras del canciller de Brasil "un cambio cualitativo". UNASUR pidió además a Venezuela que avance con un acuerdo con la oposición política de ese país, a fin de garantizar "la separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos". "Hacemos un llamado por el pronto restablecimiento del orden democrático en ese país para el bien de todo el pueblo hermano de Venezuela. Seguiremos pendiente de lo que sucede en Venezuela para adoptar otras decisiones Político-institucionales colectivas que correspondan", agregó UNASUR en su declaración de marzo³⁷.

Pero ahora, "La intervención de UNASUR en el proceso de Venezuela está absolutamente congelada"³⁸, como ha dicho Ernesto Samper, quien dejó el cargo de Secretario General del bloque. El origen de la pasividad del organismo estaría ligada al giro conservador que ha dado la región en los últimos años, sobre todo en los países grandes como Brasil (sumido en una grave crisis política y económica) y Argentina, que ostenta además la presidencia temporal del bloque, entregada por Venezuela en abril de 2017. Tomando en consideración que el organismo nació como iniciativa del regionalismo de izquierda liderado por el entonces presidente de Brasil, Lula Da Silva. Recordemos que la sede de esta institución está situada en Quito, y tras el cambio de gobierno en ese país, el presidente Lenín Moreno ha declarado e iniciado gestiones para ocupar la sede, lo que ha dificultado la continuidad del organismo.

EL MERCADO COMÚN DEL SUR

El MERCOSUR, creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción, se autodefine como “un proceso de integración regional”, inicialmente constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, al cual se incorporó Venezuela y actualmente Bolivia en proceso de adhesión como Estados miembros, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guayana y Surinam son Estados asociados, y México y Nueva Zelanda Estados observadores. Su objetivo principal objetivo es propiciar un espacio común que genere oportunidades comerciales y de inversiones a través de la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional³⁹. El MERCOSUR ha promovido como pilares fundamentales de la integración los principios de Democracia y de Desarrollo Económico. Además de la importancia económica que representa el Mercosur en toda América Latina, éste, conlleva una relevancia geopolítica de gran magnitud, ya que dos de sus miembros, Argentina y Brasil, son miembros del G-20.

El MERCOSUR toma sus decisiones a través de tres órganos: el Consejo del Mercado Común (CMC), órgano superior del MERCOSUR, el cual conduce políticamente el proceso de integración, el Grupo Mercado Común (GMC), que vela por el funcionamiento cotidiano del bloque, y la Comisión de Comercio (CCM), encargada de la administración de los instrumentos comunes de política comercial⁴⁰. La toma de decisiones se realiza a través del consenso, tal como versa el artículo 12 del Tratado de Asunción. Con el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático (1998), el MERCOSUR se dotó de la llamada “Cláusula Democrática”, aunque en el Protocolo de Asunción, artículo 1, aclara que “la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes”⁴¹.

En 2006 Venezuela firmó el Protocolo de Adhesión al Mercosur, completando el proceso en 2012, momento desde el cual se convirtió en miembro pleno⁴². En la actualidad la República Bolivariana de Venezuela se encuentra suspendida en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte del MERCOSUR, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 5° del Protocolo de Ushuaia, la “Cláusula Democrática”. Venezuela había sido "cesada de sus derechos" desde el 02 de diciembre de 2016, por no haberse adaptado por completo a las normas del bloque⁴³, esta sanción implicó un "mensaje político directo"⁴⁴ de condena a la escalada de tensiones en ese país⁴⁵. Los países miembros del bloque económico anunciaron el 05 de agosto de 2017 la suspensión de Venezuela por tiempo indefinido mientras que le exigen al país que restaure la democracia de inmediato⁴⁶.

La reunión ocurrió un día después de la instalación en Caracas de la Asamblea Constituyente, que no ha sido reconocida por ninguno de los socios fundadores del MERCOSUR. Después de esa elección, cuya transparencia ha sido puesta en duda por la oposición y hasta por la empresa Smartmatic se produce la decisión del bloque⁴⁷. Por su parte, el país caribeño declaró que:

“Venezuela ratifica enfáticamente que resulta improcedente la aplicación del Protocolo de Ushuaia, toda vez que se fundamenta en falsos supuestos, en presunciones ilegítimas que no se corresponden con los extremos jurídicos compatibles con las disposiciones de tal normativa...”⁴⁸

Ante este impase interno, la Institución cuenta con el Protocolo de Olivos⁴⁹ ideado con el fin de resolver los conflictos y minimizar las diferencias entre los estados. A través del protocolo se creó el Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR (TPR), con el fin de controlar la legalidad de los laudos arbitrales. Un siguiente paso será la creación de un tribunal permanente del Mercosur. En el caso de que dos Estados estén involucrados en una disputa, esta se resolverá en primera instancia por el arbitraje ad-hoc por los árbitros elegidos.

Podrá existir un recurso de laudo arbitral al Tribunal, que estará integrado por tres árbitros: dos de los países litigantes y el tercero, que será el presidente, se sortearán entre los otros jueces que no sean nacionales de esos estados. Si la disputa involucra a más de dos Estados, la Corte tendrá todos sus árbitros⁵⁰ Sin embargo, este tribunal está ideado para enfrentarse a controversias de tipo económico y no político, dando muestra de la necesidad de perfeccionar los instrumentos existentes en el mecanismo, para que permitan abordar la multiplicidad de inconvenientes que puedan surgir entre los Estados parte.

La decisión de suspender los derechos y obligaciones en el marco del MERCOSUR, si bien representa un gran hecho en el curso de la integración sudamericana, también es una muestra conjunta de las implicaciones del sistema de integración en la región y los medios políticos detrás de los económicos, al proteger el bloque de eslabones susceptibles de desestabilizar al organismo, que en sí ya tiene grandes debates y dificultades tanto internas como internacionales que superar. El mismo MERCOSUR demuestra la importancia de este país alineados a una integración que prospera en la adversidad, en dicha declaración se contempla la restitución de sus derechos actualmente negados y se estipula en su artículo 7° del Protocolo de Ushuaia⁵¹, se verifique el pleno restablecimiento del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela, sin hacer más que esperar un momento coyuntural político y de estabilidad venezolana para reactivar sus protocolos inclusivos dentro del organismo económico en su ideal de cooperación. A la fecha, Venezuela continua en la misma situación ante este organismo.

Grupo de Lima

Este grupo de países representa un caso particular en el esquema de integración latinoamericano, si bien no es un organismo formal y tradicional, se plantea como medio de concertación política necesaria ante las coyunturas de la región y para resolver de manera más práctica los asuntos regionales, en la búsqueda de soluciones a corto plazo.

Este grupo representado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, firmaron una Declaración conjunta el 8 de agosto de 2017 en Lima. Dicha agrupación planteó desde un principio, la necesidad de encontrar una solución solidaria ante la crisis política, humanitaria y económica ocurrida desde 2013 hasta la fecha, en la República Bolivariana de Venezuela, en dicho contexto, este Grupo representa la reacción de los países ante la incapacidad de organismos internacionales y en algunos casos su pasividad frente a lo ocurrido en Venezuela.

El Grupo de Lima fue convocado para encontrar salidas a la crisis en Venezuela. En su declaración de 16 puntos⁵², busca sumar fuerzas con los organismos internacionales que han dado su postura ante las eventualidades del gobierno de Maduro, alineándose a sus ejes creadores, y entre otras cosas su principal pauta exige la liberación de los presos políticos en Venezuela, así como criticar la ruptura del orden democrático.

La búsqueda conjunta de este grupo ha marcado un punto distintivo dentro del proceso de las relaciones regionales, haciéndonos recordar otro grupo ad-hoc creado con el fin de restablecer el orden y la paz a la región latinoamericana. El Grupo Contadora (1983)⁵³, dicho grupo atendió en particular una problemática que excedía los esquemas de solución de controversias en la región, lo que culminó con el apoyo de varios países, incluidos en ese momento Venezuela, para poner fin al conflicto armado en El Salvador, dicho grupo después se conformó en el Grupo de Río⁵⁴, dando una continuidad a los esfuerzos realizados por los países en búsqueda de la solución práctica de problemas en la región y evitando su propagación en zonas limítrofes, con evidentes problemas exponenciales para el resto del continente.

No obstante, el actual Grupo de Lima tiene muchas diferencias en comparación con aquel Grupo Contadora, si bien su paralelismo es oportuno, su distinción es necesaria. La delicadeza de la coyuntura actual de Venezuela representa un hito importante en la región latinoamericana, indudablemente los lineamientos que sigue este Grupo son retomados por el derecho internacional y su marco de acción está definido por los principios democráticos y la no intervención, contrastada con declaraciones sólidas y condenatorias a la marcada violación de derechos civiles, políticos y humanitarios, señalados por los países en contra del gobierno de Maduro.

El Grupo de Lima, en los últimos comicios electorales de Venezuela, resalta uno de los puntos enfáticos, en dicha declaración, los países miembros hacen hincapié y “...No reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en la República Bolivariana de Venezuela que concluyó el pasado 20 de mayo (2018), por no cumplir con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente” (Lima. 2018). Las pautas tomadas presionan en gran medida las opciones del gobierno actual, lo que pone aún más presión para un cambio inminente en las estructuras políticas actuales, que han resistido de manera vehemente, a cualquier cambio estratégico y estructural.

La intervención de este Grupo, tampoco ha significado un rompimiento total en las relaciones tanto políticas como económicas de los países miembros hacia Venezuela, si bien es una protesta y medio de presión, no figura como un ente de coacción o coerción de la política interna. La búsqueda de un diálogo y una solución imperan en la creación y la acción de este Grupo, no por eso deja de ser un actor multilateral relevante en el escenario internacional, que se suma a las declaraciones y protestas hechas por otros organismos internacionales.

Desde la perspectiva de acción del Grupo de Lima, los países tiene una libertad política y ejecutiva que no habían encontrado en otros instrumentos multilaterales, lo que evidencia aún más la complejidad de Venezuela en la región, este Grupo concentra las decisiones y voluntades políticas de los países miembros que se comprometen de manera alineada a efectuar acciones conjuntas para aminorar la crisis o mantenerla contenida sin que afecten los intereses económicos, políticos y los márgenes de cooperación, que son en sí un fuerte lazo de unión entre los pueblos latinoamericanos.

Dada la emergencia y los alcances de este Grupo, permite el desarrollo dinamizado de los acontecimientos que se habían quedado un tanto estancados en el correr de los hechos, en contraste con los esquemas burocráticos y de concertación de los organismos regionales como la OEA o CELAC, el Grupo de Lima es un foro de expresión de alto nivel, donde las declaraciones se materializan en políticas que siguen los países, sea en lo individual o de manera conjunta, lo que delimita las acciones políticas internas del gobierno venezolano.

Dentro de lo acontecido y los alcances importantes de este Grupo, las declaraciones hechas se han convertido recientemente en amenazas económicas, como lo ilustran los reclamos en las reuniones de alto nivel del Grupo de Lima⁵⁵. Al no reconocer resultado de los comicios de mayo de 2018, los países entraron en una dinámica de mayor presión al aliento de cambio de gobierno y una transición democrática, apoyada por una amenaza latente de cercar la economía venezolana y agravar la situación interna, así como el flujo migratorio.

México en su caso particular dentro del Grupo, optó por ser más cauteloso a comparación con el resto de los miembros, por su parte abogó por un esquema más conciliador y pasivo “...para mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país...” lo que infiere una concordancia conjunta entre los miembros y al mismo tiempo una acción a distintas escalas con un objetivo común.

Este foro multilateral representa una característica del neorrealismo (WALTZ, 1979) y la intersección de intereses en el ámbito regional, las instituciones se hacen presente, y los organismos se adecuan tanto a las pautas, como a la coyuntura internacional, resultando de ellos, ciertos actores que reaccionan y accionan mecanismos que son atípicos en el estudio y análisis de las relaciones internacionales, dichos entes políticos internacionales muestran su clara evidencia de reestructuración y al mismos tiempo se acoplan a las medidas que el sistema internacional ha implementado.

El Grupo de Lima, representa esa evolución de la norma de la soberanía, tan cuestionada y defendida por los actores de las relaciones internacionales, representados en los propios organismos internacionales que interactúan en el sistema internacional. El resultado de este hecho histórico y lo que suceda, trascenderá en las medidas a tomarse en un futuro, para guiar las interacciones del Estado y para delimitar las injerencias en los asuntos internos de otros Estados, por tanto, encontramos que los conflictos de intereses son inherentes a la sociedad internacional, al igual que en cada sociedad, que son más difíciles de controlar que los internos.

ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LOS MECANISMOS DE COOPERACIÓN REGIONAL FRENTE A LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Tras una revisión de la estructura interna de cada uno de los mecanismos señalados anteriormente, se hace evidente la carencia de claridad respecto al alcance de las medidas que pueden tomar frente a situaciones de crisis de los países miembros. Si bien algunos mecanismos tienen mayor desarrollo institucional (como la OEA), en todos se aprecian dificultades y limitaciones para desarrollar cursos de acción eficientes, esto aunado a la complejidad de la situación en Venezuela problematiza aún más el accionar de los mecanismos de cooperación regional.

En el caso específico de la OEA, que aunque es el mecanismo más antiguo y que cuenta como miembros con la totalidad de países del continente americano, no es lo suficientemente claro en su proceder ante situaciones como la que se está desarrollando en Venezuela, no así en casos como el ocurrido en Honduras en 2009, donde se desarrolló un Golpe de Estado indiscutido, como evidenció la Resolución de la ONU, y en el que se alcanzó el consenso para la activación de la cláusula democrática⁵⁶ accionar que proviene del rechazo generalizado al derrocamiento de gobiernos por la vía armada desde el regreso a la democracia en la mayor parte de América Latina en la década de los 90, y que llevará a la suscripción de la Carta Democrática Interamericana en 2001. Las discusiones en torno a Venezuela al interior de este mecanismo han sido mucho más activas que en el resto de los mecanismos regionales, llegando incluso a evaluar la imposición de sanciones económicas, dentro de las que no se descarta un embargo o bloqueo petrolero a Venezuela, lo que sería bastante perjudicial para la economía venezolana, aunque nuevamente la falta de consenso estanca la aplicación de cualquier tipo de sanciones.

En el caso particular de la CELAC, no existe un instrumento sancionatorio en su acervo legal, sino que el mecanismo se limita a realizar declaraciones conjuntas sobre materias específicas. Respecto a la situación de Venezuela, por la naturaleza de CELAC sólo se ha promovido el diálogo entre las partes y se ha evitado emitir mayores declaraciones, debido a la falta de consenso entre todos los países miembros, dejando en evidencia que América Latina y el Caribe no tienen intereses homogéneos. Y es que, desde la creación de este mecanismo, algunos líderes han buscado promoverlo como el suplente de la OEA, aunque casos como el de Venezuela dejan en evidencia que al igual que OEA, CELAC carece de la institucionalidad adecuada para enfrentar situaciones de crisis en sus países miembros.

UNASUR en la actualidad ha perdido protagonismo en el acontecer sudamericano debido a la falta de institucionalidad, lo que lleva a la dependencia de liderazgos políticos, este hecho se visibilizó con los cambios de gobiernos en la región, especialmente con el de Brasil, ya que el presidente Lula fue el principal promotor y por lo tanto una figura trascendental en la proyección del organismo, que perdió fuerza con el cambio de aire en los liderazgos políticos de la región, en la que los gobiernos de izquierda han ido perdiendo espacios.

Entre los mecanismos estudiados, es necesario señalar la importancia de incluir en el análisis político un mecanismo económico como MERCOSUR, puesto que es el único que ha logrado llegar a un consenso para aplicar sus instrumentos sancionatorios frente al caso de Venezuela, independientemente que sus acciones hayan sido precautorias para la salud del bloque en vez que para la población venezolana. La aplicación de la cláusula democrática que conllevó a la suspensión indefinida de este país en el mecanismo en agosto de 2017, despojándola de su poder político dentro de la organización, lo que le impide asumir nuevos compromisos (sin perjuicio de los ya asumidos) y tener voto o ejercer funciones dentro del organismo, este es el único mecanismo que, pese a su carácter económico, asume una posición clara frente a la situación de Venezuela y de pseudoconcenso.

Sin embargo, este proceso en su primera etapa, cuando Venezuela fue cesada de sus derechos en diciembre de 2016, no estuvo ajeno a críticas ya que se pone en cuestionamiento el debido proceso de los instrumentos internos de resolución de controversias al interior de un país, ya que fueron pensados para resolver conflictos económicos entre los países, y cuando se presentan situaciones particulares como la de Venezuela, debido a la falta de un instrumento adecuado, se abordó mediante reuniones de alto nivel que se prolongaron en el tiempo por la falta de consenso, denotando una de las debilidades institucionales del mecanismo, puesto que es dependiente en última instancia de la voluntad de los Presidentes los países miembros. Sin embargo, el hecho de que este mecanismo está compuesto de un número reducido de países y tengan una visión de desarrollo económico compartida, facilita concretar el proceso de toma de decisiones, debido a que en cierta medida comparten ideal político.

Por su parte, la actuación del Grupo de Lima y sus declaraciones condenatorias, son una reacción conjunta de bastante peso en la región, ya que si bien los países en lo individual tienen sus posturas y maniobras a favor o en contra de la problemática de Venezuela, el ser un Grupo de países coordinados de manera política para formular una declaración conjunta y buscar a toda costa que Venezuela aperture un diálogo democrático a su consideración, es un elemento que los demás organismos internacionales no habían tenido con tanto éxito, principalmente por las condiciones y la coyuntura con las que los países se han pronunciado, de nuevo manteniendo la distinción entre las relaciones bilaterales de los miembros y las declaraciones conjuntas, respecto al actual gobierno venezolano.

CONCLUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

La actuación de los mecanismos de cooperación en América respecto a la crisis actual de Venezuela, provocada por la mala gerencia de la renta y caída del precio del petróleo, la inflación y polarización política del país que han propiciado la situación actual, seguirá siendo limitada por la notable fragmentación de las opiniones en la región, lo que generará una polarización mayor en las posturas de los países que se han pronunciado al respecto, sin generar un consenso que aporte una solución a la crisis. Y es que, en las relaciones internacionales de un país, todo tiene que ver con intereses.

Siendo el caso de Venezuela muy complejo, por todas las variables de la situación, supone un proceso para la solución del conflicto más bien difuso por parte de todos los mecanismos estudiados, resalta la falta de consenso ante el marcado peso de los intereses individuales de cada Estado (posición política) y sus gobiernos por sobre los intereses colectivos (integración económica, promoción de la democracia, superación de la pobreza, estabilidad política, actuación como bloque, búsqueda de consenso), que promueve cada mecanismo, aunado a los cuestionamientos de la calidad y particularidades de cada democracia⁵⁷ en el continente americano, lo que motiva a los gobernantes a evitar la aplicación de medidas sancionatorias que puedan resultar en el establecimiento de un precedente que eventualmente pueda ser aplicado a otros países con problemáticas internas particulares, como México o Brasil, por nombrar algunos.

Como es bien sabido a través de la teoría realista, los intereses políticos de cada Estado privan sobre sus decisiones, especialmente para Latinoamérica, estas normalmente dependen de la posición del líder en el poder, esto se refleja en los cambios del curso de la política exterior, provocando que se paralice la activación de los instrumentos de los mecanismos de integración para la resolución de conflictos y/o imposición de sanciones, lo que se ve acentuado por el insuficiente desarrollo institucional y jurídico de estos organismos, en los que el peso de los intereses no permiten el logro de consensos regionales ante crisis.

La falta de acuerdo sobre el tema, pone de manifiesto la fragmentación de la región y muestra las claras dificultades para generar una agenda común basada en valores compartidos, que definen una postura política uniforme. Y es que “las naciones no tienen amigos o enemigos permanentes, sólo intereses permanentes”⁵⁸, y en el caso venezolano y su diplomacia petrolera, se ha topado con que la geopolítica latinoamericana ha cambiado, y la dirigencia venezolana ha debido reorientar sus relaciones con países fuera de la región, como Rusia, China e Irán. El apoyo petrolero que reciben algunos países de la región, sobre todo los del Caribe, a través de Petrocaribe y el ALBA, ejerce cierto peso sobre sus decisiones ante la situación venezolana, estos países han evitado pronunciarse dentro de los mecanismos de integración a favor de la intervención en el tema ante mecanismos como la OEA principalmente.

Ante estas razones prácticas, se vuelve la mejor excusa para demorar una resolución definitiva en estos foros la discusión en torno a la legitimidad democrática, en este respecto, Venezuela reiterativamente expone que las iniciativas de mediación se realicen en “pleno respeto de su soberanía”. Por lo que se han formado otros espacios para ejercer presión, como el Grupo de Lima, conformado por más de 12 países⁵⁹ de América que condenan la ruptura del orden democrático en Venezuela y desconocen a la Asamblea Nacional Constituyente del presidente Nicolás Maduro. Si bien este posee un bajo nivel institucional, tiene continuidad en su desarrollo es un mecanismo regional. Queda claro que analizar la posición de estos organismos pasa por la postura asumida por los líderes políticos frente a la situación en Venezuela.

Evidentemente que los esquemas de integración, los organismos políticos internacionales y los foros en los cuales se debate la temática venezolana son elementales para el análisis y las proyecciones que pueden presentarse en la región, sin embargo, no son los únicos actores que se manifiestan en esta coyuntura, algunos otros quedan fuera del alcance de este trabajo, pero su mención es necesaria para no demeritar su participación en este procesos, de alguna manera su presencia unilateral suman a los esfuerzos por la mayoría por dar una respuesta pronta a distintas posturas que planeta las naciones; como las sanciones impuestas por EE.UU. y la U.E. al país, así como las declaraciones de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet.

Al respecto de la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, presentó el 5 de julio del 2019, un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)⁶⁰, en donde expone las violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos documentadas en Venezuela desde 2018. Para muchos analistas este es un elemento de contrapeso con las informaciones hechas desde el gobierno venezolano, este trabajo ha servido para poyar las posturas que están en contra del gobierno de Maduro, al mismo tiempo que desde el interior de Venezuela, sobre todo en la cúpula del gobierno, se ha cuestionado fuertemente su validez a lo que Nicolás Maduro condenó el informe de Bachelet alegando que estaba “cargado de mentiras, manipulaciones, de datos inexactos, de datos falsos”⁶¹.

Este informe advierte que en el último decenio el Gobierno y sus instituciones han aplicado políticas para desmontar los sistemas de control del Estado. En el informe de julio de 2019 y sus actualizaciones del 9 de septiembre de 2019, se describen las vulneraciones al acceso de la alimentación y la salud, así como las actuaciones de las fuerzas del Estado en protestas y operativos de seguridad⁶². El contenido de este documento mantiene las posturas a favor y en contra de testimonios y calumnias, que no dejan de polarizar a la región, así mismo los organismos que deben actuar, siguen manteniéndose al margen sin asumir compromisos reales.

Además, cabe mencionar, dentro de la esfera latinoamericana, su neutralidad está marcada por sus estatutos o sus ejes rectores, que, si bien tiene la capacidad de abogar a favor o en contra de los acontecimientos, así como de la política internacional, sus funciones y sus proyecciones no han sido marcadas por la crisis en Venezuela. ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) por ejemplo, sus aspiraciones de integración no han sido impactadas por las coyunturas políticas de la región, si bien mantienen un aire de enfoque a la integración, no se han pronunciado en lo que respecta a la política venezolana, así mismo se encuentra CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), cuyo principio rector es ser un observador discrecional y enlace con el sistema internacional, lo cual no lo hace ajeno a la problemáticas americanas, pero mantiene su objetividad en la realización de análisis⁶³, que aporten al desarrollo económico, la cooperación y al fortalecimiento de instituciones latinoamericanas.

Finalmente, en cuanto a la situación de Venezuela, para algunos, como la Ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz, la única solución a la gravísima crisis económica, social y humanitaria (como califican algunos) de Venezuela es una "salida definitiva y negociada" de Maduro, a través de garantías y de una etapa de transición⁶⁴. Otros abogan a una continuidad del gobierno, que depende de variables internas, pero sobre todo externas, como los precios del petróleo y aliados específicos del gobierno, como Rusia y China. El desenlace está por verse, evidenciando la complejidad de la interdependencia sistémica e institucional del continente americano, a lo que no sólo los venezolanos y la región, sino también los organismos internacionales y gran parte del sistema mundial, están a la expectativa del desenlace de la crisis que continúa agudizándose.

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Notas

Notas de autor