INTRODUCCIÓN

Acometer un estudio como el que se propone requiere, previamente, una precisión acerca del término relativo al abastecimiento. Éste, en rigor, alude al proceso mediante el cual se puede garantizar a los consumidores, el suministro de bienes en todos los lugares y momentos que éstos lo requieran. Como se sabe, el abastecimiento depende de la disponibilidad . accesibilidad de los bienes demandados y, a su vez, la accesibilidad depende, fundamentalmente, de la capacidad de compra de la población y del grado de desarrollo logrado por la estructura de distribuciónla cual garantiza que los bienes (en este caso los alimentos) se encuentren presentes en las “bocas de expendio” cercanas al consumidor.

Por otra parte, es necesario reconocer y admitir que el abastecimiento urbano de alimentos, representa una contradicción (velada o exteriorizada) entre los distintos sectores que conforman el sector agroalimentario, dentro de los cuales se puede distinguir los vinculados con la producción primaria, la transformación agroindustrial, la comercialización/distribución y al que corresponde, específicamente, al consumo. Para los tres primeros sectores, los alimentos constituyen una mercancía (consecuentemente, una fuente de ingresos económicos) y para los consumidores, un bien esencial que garantiza nada menos que su existencia. Debido a este último hecho, los habitantes de escasos recursos económicos de las ciudades (por no haber logrado incorporarse al mercado de trabajo o por otras razones), son sumamente sensibles al costo de los alimentos, por lo tanto, este aspecto sensible ha constituido, en la mayor parte del mundo, un segmento importante dentro de las políticas del Estado concernientes al abastecimiento urbano de alimentos.

Establecidas las anteriores precisiones y teniendo en cuenta que el referido aspecto, constituyó también una parte importante del conjunto de políticas agroalimentarias aplicadas, históricamente, por el Estado venezolano, el objetivo de este trabajo consiste en analizar la situación alimentaria y nutricional registrada durante la fase histórica comprendida entre los años 2000 y 2017.

Su contenido concuerda con la siguiente estructura expositiva: En la primera parte se procedió a reseñar las características generales asumidas por la referida estructura durante los años anteriores a 1998; en la segunda parte fueron ventilados los aspectos más relevantes que caracterizaron el desarrollo de la mencionada estructura; en la tercera parte fueron desplegadas las implicaciones y los efectos derivados de la decisión del gobierno de participar, directamente, en los canales de distribución urbana de alimentos durante la denominada V República.

CARACTERÍSTICAS GENERALES RELATIVAS A LA SITUACIÓN PREVALECIENTE HASTA ANTES DE LA FASE HISTÓRICA COMPRENDIDA ENTRE 1999-2017

La fase histórica comprendida entre 1945-1957

Concluida la Segunda Guerra Mundial, el incremento de la demanda de petróleo por parte de los países industrializados mostró, como se sabe, un crecimiento significativo. A los fines de satisfacer esa demanda, la producción de petróleo en el país se triplicó entre 1945 y 1947 (Aranda, 1979). Este hecho y las modificaciones en la legislación petrolera emprendidas por el gobierno de Acción Democrática significó el acrecentamiento notable de los ingresos fiscales y, consecuentemente, la transformación acelerada de la economía del país.

Según Sergio Aranda (Ibídem) los ingresos fiscales durante esta fase histórica (1945-1957) se multiplicaron por ocho, monto que permitió satisfacer, en forma simultánea, todos los proyectos de los distintos sectores económicos vinculados a la industria y al comercio en general. En efecto, durante esta fase histórica, el sector industrial del país logró un crecimiento espectacular: amplió vigorosamente su base productiva con voluminosas inversiones de capital, con las cuales logró incrementar su producción hasta casi el triple con respecto a la fase histórica comprendida entre los años 1929 y 1945 (Ibíd.).

En todo cuanto corresponde al Estado, éste, con el fin de poder administrar los cuantiosos recursos derivados de los ingresos fiscales anteriormente mencionados, se vio impelido a realizar una reforma de la estructura administrativa del aparato del Estado; con ese propósito se creó la Corporación Venezolana de Fomento a fin de estimular y apoyar la producción industrial y agrícola mediante el desarrollo de tres importantes programas, a saber: leche, caña de azúcar y arroz. El cultivo de maíz, otro rubro que manifestó un importante desarrollo, fue significativamente alentado con el apoyo crediticio del Banco Agrícola y Pecuario. De ese modo, el monto total de las inversiones en la agricultura, durante 1950 y 1957, ascendió a Bs. 3.531 millones de bolívares de 1957, cantidad que resultó ser superior a las inversiones destinadas al sector industrial, las cuales alcanzaron la suma de 2.556 millones de bolívares.

El aludido crecimiento del sector público de la economía y la ampliación de los gastos gubernamentales, se tradujo en la creación considerable de empleos públicos (por lo menos durante 1945-1948) y en el crecimiento del mercado interno y, como lógica consecuencia, en la ampliación de la demanda. Un indicador de la expansión de la demanda interna fue el incremento sustantivo de las importaciones, las cuales, pese al acrecentamiento de la producción nacional tanto agrícola como industrial, se ampliaron ostensiblemente. Según cifras aportadas por Celso Furtado (citado por Aranda, 1979), de Bs. 804 millones en 1945, éstas se elevaron a Bs. 2.809 millones en 1948 y a Bs. 6.140 millones, en 1957. Dentro de las mencionadas importaciones, las relativas a la importación de bienes de consumo se elevó de Bs. 291 millones en 1941 a Bs. 1.428 en 1948; en otras palabras, en el lapso de tres años éstas se multiplicaron por cuatro y medio veces.

En síntesis se podría afirmar que durante la fase histórica a la cual se está haciendo referencia, se afianzó el papel determinante de las exportaciones de petróleo, las cuales hicieron posible el incremento significativo de las importaciones de alimentos, dicho de otra manera, durante esta fase se empezó a vertebrar las relaciones que, históricamente, se establecieron entre la producción agrícola nacional, las importaciones y la alimentación básica de la población, relaciones que definirán en su curso posterior, la situación de “dependencia” alimentaria. En efecto, el 50% de la leche, 75% de los huevos y casi la totalidad de la harina de trigo y otros bienes agroalimentarios consumidos en Venezuela, fueron de origen importado. En su conjunto, la harina de trigo y los granos, los productos lácteos, las aves de corral y los huevos que conformaban los rubros fundamentales de la dieta venezolana, constituyeron el 53% del valor de los alimentos importados (Rodríguez, 1964). Al mismo tiempo, la producción agrícola nacional empezó a mostrar un proceso de estancamiento que se manifestó mucho más grave en los decenios posteriores, aspecto que será tratado más adelante.

Durante esta misma fase histórica, la Agroindustria o más bien los agentes económicos vinculados a ella, lograron consolidar su hegemonía; hacia los años cincuenta, tres compañías nacionales y nueve extranjeras dominaban el mercado agroalimentario. Entre las empresas venezolanas se pudiera citar las que correspondieron a la familia Mendoza, propietaria de la empresa denominada Protinal, la perteneciente a la familia Branger que controlaba el mercado de grasas y aceites, y la relacionada con la familia Tamayo la cual registraba importantes inversiones en el sector de alimentos procesados. Por su parte, las grandes compañías transnacionales tales como Nestlé-Borden, Venezuelan Basic Economy Corporation, Nabisco, Internacional Milling, Pillsbury, General Mills, Ralston Purina, General Foods . Standard Brands, hegemonizaron el mercado de leche en polvo, galletas, productos de molinería y alimentos de diversa naturaleza.

Los aspectos inherentes al abastecimiento de alimentos y al interés del Estado por los aspectos relacionados con la situación nutricional de la población, son expuestos, sintéticamente, a continuación: En Agosto de 1944 fue creada la entidad denominada Comisión Nacional de Abastecimiento como respuesta al encarecimiento de los artículos de primera necesidad; mediante las ejecutorias de este organismo oficial se procedió a regular los precios al consumidor, y a optar por medidas, como la fiscalización de inventarios, a fin de evitar el acaparamiento. Desde el año 1945, esta entidad desempeñó, además, funciones relacionadas con la adquisición de artículos de primera necesidad, dentro o fuera del país, a fin de atender el consumo nacional y abaratar los productos esenciales para la alimentación. En 1949 esta Comisión priorizó las acciones destinadas a garantizar la venta de los productos de primera necesidad a precios bajos a fin de proteger la economía de las clases populares (Navas y Rodríguez, 1988).

En relación con los aspectos correspondientes a la situación nutricional de la población se señala que, en la década del 40, fueron fundadas algunas instituciones como el Instituto de Medicina Experimental (entidad encargada de realizar estudios del estado nutricional de la población), el Laboratorio de Análisis de Alimentos (que logró publicar una tabla de composición de alimentos) y la conformación de un grupo de pediatras que estudiaron las formas graves de desnutrición. A este grupo de profesionales e instituciones se sumó la creación de la Sección de Nutrición en el M.S.A.S., entidad establecida con la finalidad de ejecutar acciones relacionadas con la aplicación de una serie de encuestas de consumo y del correspondiente análisis del estado nutricional de la población.

En 1945 fueron creados el Instituto Nacional Pro-Alimentación Popular (INPAP) y el Patronato Nacional de Comedores Escolares; en el INPAP se logró instaurar (como resultado de la propuesta de Nelson Rockefeller, al presidente de la Junta de Gobierno, Rómulo Betancourt) un organismo (dedicado exclusivamente a la educación nutricional) con el propósito de ejecutar una campaña educativa nutricional. De esa forma surgió también el Consejo Informativo de Educación Alimentaria (CIDEA) encargado de crear los clubes de Nutrición en muchas escuelas del país.

En 1949 se estableció el Instituto Nacional de Nutrición, su fundación significó una transformación importante de la estructura organizativa y del funcionamiento de las entidades que tuvieron a su cargo los Comedores Populares y las actividades propias de la docencia y la educación nutricional. Posteriormente fue establecida la Escuela de Nutricionistas y Dietistas, decisión que constituyó un hecho relevante en la historia de la nutrición en Venezuela debido a que permitió, más tarde, la extensión de las actividades de nutrición a escala nacional. Como referencia complementaria, se señala que, para la fase histórica que se está tratando, existían escasas escuelas de Dietistas en América Latina, siendo las más destacadas las de Buenos Aires y Santiago de Chile. La Escuela de Caracas fue la primera de América Latina que logró introducir el concepto de Nutricionista de Salud Pública en el "pensum" de sus correspondientes estudios (Bengoa, 2004)

¿Qué razones indujeron a incluir, en esta parte del artículo, el contenido de los párrafos anteriores? En primer lugar, la necesidad de establecer los antecedentes de los hechos que se tratarán en el siguiente punto y, en segundo lugar, advertir que el incremento de los precios de los alimentos, los índices de desnutrición, la implementación de políticas de abastecimiento urbano, los programas de estricto control de los abastos de alimentos y la instauración de una extensa red de programas de alimentación popular, se convirtieron en una preocupación fundamental que se tradujo en un hecho importante dentro de las políticas del Estado relativas al abastecimiento urbano de alimentos.

La fase histórica comprendida entre 1958-1973

El régimen democrático que se inició después del derrocamiento de la dictadura, se vio en la necesidad de enfrentar dos problemas sustantivos relacionados con el sector agroalimentario, a saber: la situación calificada como “dependencia alimentaria” y los altos niveles de desnutrición. Los rasgos relativos al primer problema fueron adelantados en el punto anterior y aquellos relacionados con los niveles de desnutrición, serán tratados seguidamente:

Los altos niveles de desnutrición, en especial dentro de los niños, los pobres y la población rural, estuvieron asociados a los niveles sumamente desiguales en la distribución del ingreso. Al respecto se señala que tales niveles fueron causantes del 43% de las defunciones de niños entre un año y cuatro años de edad y que el índice de mortalidad, debido a la desnutrición, osciló desde 48.8 por cada 100.00 habitantes en Caracas, hasta 214 por cada 100.000 habitantes en las ciudades más pequeñas de 15.000 a 40.000 habitantes (Liendo, 1962). Por otro lado, se señala que, debido a la desigual distribución del ingreso, la mitad más pobre de la población la cual percibía apenas 15% del ingreso nacional, subsistía con un “poco de carne” y cantidades insuficientes de proteínas vegetales (Urdaneta, 1988).

El intento por superar los problemas de “dependencia alimentaria” y desnutrición fue planteado por el gobierno de Acción Democrática desde 1959. En efecto, los técnicos vinculados a este partido político, empezaron a fundamentar el diseño de sus correspondientes programas en el denominado modelo de sustitución de importaciones, mediante éste se aspiraba lograr el “desarrollo económico” y superar esos y otros problemas. Dicho con otras palabras, mediante el desarrollo de la industria en general y de la agroindustria en particular, se esperaba captar “una parte del fruto del progreso técnico y elevar progresivamente el nivel de vida de las masas” (Prebisch, 1949: 4). Desde esta perspectiva se consideraba que la creación de un aparato industrial podría constituirse en una fuente de impulsos dinamizadores que se difundirían por el resto de la actividad económica, modernizándola y conduciéndola a altos niveles de capitalización y productividad. En medio de ese proceso, la agricultura resultaría particularmente beneficiada; de este modo, para el sector agroalimentario la sustitución de importaciones implicaría estimular a las industrias nacionales procesadoras de alimentos y al mismo tiempo, incrementar la producción de materias primas provenientes del sector agrícola nacional.

El diseño y la aplicación del conjunto de políticas comprendidas dentro del marco de ese modelo permitieron, en sus inicios, un acelerado crecimiento de la producción agrícola nacional (Aranda, 1979: 217), consecuentemente, una significativa disminución de las importaciones. Con el transcurso de los años, las medidas de política económica diseñadas para lograr tales propósitos se mostraron totalmente incompetentes para seguir asegurando este crecimiento, la agricultura ingresó en un período de “crisis” y las importaciones volvieron a incrementarse sostenidamente (Montilla y González, 1983), sobre todo durante la fase histórica que se inició en 1974. A partir de esa fecha, la subordinación (calificada por algunos medios como dependencia) respecto al abastecimiento agroalimentario desde el exterior, empezó a mostrar índices muy elevados (Morales, 1985).

¿Cómo interpretar los hechos referidos en el párrafo anterior? Preliminarmente, (un razonamiento mayor se desarrollará en un punto posterior), esos hechos pudieran ser atribuidos a la incompatibilidad entre los objetivos propuestos por el Gobierno de Acción Democrática y los que correspondieron a los agentes económicos vinculados a las principales industrias agroalimentarias, las cuales habían empezado a alcanzar un apreciable grado de concentración y transnacionalización (Ibídem).

En este sentido se señala que mientras el gobierno aspiraba lograr el anhelado “desarrollo económico” como consecuencia del crecimiento industrial, las principales empresas agroalimentarias se plantearon, como objetivo primordial, el crecimiento del mercado para sus productos, la maximización de sus correspondientes ganancias, y un inmejorable posicionamiento en el mercado. Guiados por ese objetivo principal, estas empresas en lugar de garantizar el desarrollo de relaciones mucho más estrechas con los productores agrícolas venezolanos, fomentaron relaciones mucho más intensas y orgánicas con los proveedores extranjeros de materias primas agrícolas.

De esta forma el abastecimiento agroalimentario, cada vez en mayor cuantía, provino del exterior y el comercio internacional de bienes agroalimentarios, sobre todo de materias primas para su procesamiento agroindustrial, desempeñó un rol trascendental para el abastecimiento alimentario. De este modo también, el comercio internacional se empezó a perfilar como el principal mecanismo que garantizó, paulatinamente, la articulación subordinada del “Sistema Agroalimentario Venezolano” al sistema agroalimentario configurado a escala internacional, aspecto que se tornará mucho más evidente y adquirirá mayores proporciones en etapas posteriores.

Por otro lado, resulta necesario anotar que las mencionadas empresas obtuvieron el apoyo de otras empresas (también extranjeras) vinculadas al sector de la distribución y de esta forma, lograron acceder y mantener su posicionamiento en el mercado, éste fue el caso de la cadena de Supermercados CADA propiedad de la empresa estadounidense denominada International Basic Economy Corporation (Ibídem).

Resumiendo, podemos afirmar que durante la fase histórica que estamos tratando, la estrategia diseñada no logró erradicar la subordinación alimentaria desde el exterior.

La fase histórica comprendida entre 1970 y 1988

Una referencia completa acerca de las transformaciones experimentadas por el sector agroalimentario venezolano en general y por la estructura de distribución urbana de alimentos, en particular, requeriría, en forma previa, tratar el asunto vinculado directamente con el comportamiento de los precios del petróleo y las circunstancias que determinaron que dicho precio, se quintuplicara durante el año 1973.

Un análisis detenido de esta situación, sobre todo de la denominada “crisis energética”, rebasaría los objetivos de este trabajo. Teniendo en cuenta este hecho, se inicia este punto subrayando que durante la década del 70, debido a que los precios de los productos agrícolas en el mercado internacional (salvo excepcionales circunstancias) se mostraron más bajos que los precios vigentes en el mercado venezolano, la práctica de las importaciones se fue haciendo cada vez más fuerte y, en la medida en que se fue acentuando esa práctica, la producción agrícola nacional se mostró insuficiente para regular la demanda por productos importados debido, entre otros factores, a que esos productos agrícolas se tornaron mucho más baratos por el hecho de haber sido obtenidos con una altísima productividad y por haber estado sujetos a políticas de subsidio, tanto por parte del Estado Venezolano, como por parte de los principales países exportadores interesados en salir de sus excedentes.

Tal situación ocasionó el estancamiento relativo de la producción nacional y al estancarse esta producción se hizo patente, huelga decirlo, el siguiente fenómeno: se incrementaron las importaciones porque no era posible que la producción interna creciera y las importaciones contribuyeron a profundizar este estancamiento; los datos estadísticos que avalan esta afirmación pueden ser consultados en Morales (1985: 148).

A los acontecimientos anotados en los párrafos anteriores, se adicionaron aquellos relacionados con el otorgamiento de subsidios a las importaciones acordado, como se tiene dicho, por parte del Estado Venezolano; de esa forma el Estado, sin proponérselo deliberadamente, estimuló y amplió los mercados de materias primas con sólido componente importado, en contra de los mercados para las materias primas de procedencia nacional, hecho que fue una lógica consecuencia del mejoramiento de los precios relativos de los primeros respecto a los segundos, con lo que se logró, además, dos efectos importantes: el afianzamiento de la hegemonía de las empresas agroindustriales, y la modificación del patrón de consumo de la población venezolana (Ibídem).

Ese estímulo y la consecuente ampliación de los mercados de materias primas con fuerte componente importado, fue logrado mediante las ejecutorias del ente gubernamental creado para ejecutar la política de abastecimiento urbano de alimentos: La Corporación de Mercadeo Agrícola .CMA). Esta empresa del Estado, durante el ejercicio de sus funciones, otorgó al mercado externo un papel preponderante para el abastecimiento de alimentos básicos; de esa manera, durante el lapso comprendido entre 1975-1980, importó directamente y por delegación a terceros, volúmenes y cantidades monetarias de relevante importancia (Morales, 1985), tales importaciones estuvieron sujetas a dos clases de subsidios: el acordado por el Estado venezolano y el otorgado por el Estado del país interesado en exportar sus excedentes logrados con una altísima productividad.

Respecto a los subsidios directos e indirectos otorgados por el Estado y que presumiblemente estuvieron dirigidos a beneficiar a los consumidores, según Morales (1985) no fueron percibidos por éstos; las cifras revisadas por el citado autor indican que no fueron los consumidores, mediante una reducción proporcional y efectiva de los precios de los productos finales, los beneficiados por la política de subsidios; muy por el contrario, durante los años que estamos refiriendo se empezó a desatar un significativo incremento del precio de los alimentos (Ibídem). Ciertamente, durante esa fase histórica se empezó a observar un apreciable incremento de los precios de los alimentos, en 1982 el índice del costo de la vida en el Área Metropolitana de Caracas, tomando como base 1968, registró un valor aproximado al 300%, mientras que el costo de los alimentos registró un porcentaje mayor al ubicarse en un 424.8% (Ibíd.).

La situación hasta esta parte reseñada, se agravó con “la política de sinceración de precios” que se implantó durante el lapso comprendido entre 1979 y 1983 y continuó, aunque con menos intensidad, durante 1983-1987, lapso en el que se otorgaron en forma de subsidios cambiarios nada menos que la suma de 11.000 millones de bolívares (Hernández, 1988). Este hecho, como es fácil suponer, agravó el estancamiento relativo de la producción nacional de sustitutos de las importaciones y, en consecuencia, el coeficiente de dependencia alimentaria volvió a acusar cifras preocupantes (Morales, 1993).

En síntesis, se puede sostener que las importaciones de alimentos, el comportamiento deficitario de la producción agrícola nacional de materias primas para su procesamiento agroindustrial, y la estructura oligopolizada. transnacionalizada de la industria agroalimentaria nacional, constituyeron fenómenos interdependientes y determinados por las políticas económicas, tanto de Venezuela como de los países exportadores de alimentos (Morales, 1985). Si esa fue la situación respecto a la esfera de la producción, la que corresponde a la estructura de distribución urbana de alimentos es referida, resumidamente, a continuación:

La estructura de distribución urbana de alimentos durante esta fase histórica.

Al respecto se empieza señalando que el acelerado crecimiento demográfico, el intenso proceso de urbanización, y la consolidación de sectores sociales con elevados niveles de ingresos medios y altos, empezaron a ejercer mayores exigencias sobre la oferta de alimentos y decisiones en relación con la estructura de distribución.

En efecto, esos factores y otros relacionados con los mismos, determinaron que el proceso que se había iniciado con la instauración de los supermercados CADA en la fase histórica anterior, se acelerase y permitiera el establecimiento de nuevos canales de distribución, tales como los supermercados y establecimientos de autoservicio en forma individual o conformando cadenas, las mismas agroindustrias que participaban como agentes que intervenían en la distribución mediante las ventas al mayor de los productos por ella procesadas; a los que se sumaron los relacionados con la restauración y el expendio de comida rápida, y el denominado “comercio de subsistencia” (Chiodo,1985; López,1988:56).

Antes de concluir este punto y con el propósito de orientar el sentido del próximo, se indica que esa estructura, empezó a mostrar un cambio muy importante desde la fundación de la firma comercial venezolana conocida con las siglas BJ's Mayoristas, y con la inauguración del primer local de Makro Automercados Mayoristas S.A., en el año 1990, en la ciudad de Caracas.

La fase histórica comprendida entre 1989 y 1999.

Como se sabe, esta fase histórica transcurrió dentro del marco de un contexto caracterizado por la ocurrencia de un intenso proceso de internacionalización de los mercados financieros y de globalización de la producción que imponía reveladoras presiones en favor de la liberalización de las políticas gubernamentales. Dentro de ese contexto las políticas de liberalización económica, puestas en práctica por el gobierno venezolano, ocasionaron profundas transformaciones en todos los niveles significativos de su economía, y un fuerte impacto sobre el sector agroalimentario en general (Morales, 1993) e influyeron la estructura de distribución urbana de alimentos, en particular.

Efectivamente, la estructura de la distribución urbana de alimentos prevaleciente hasta 1989, empezó a sufrir un cambio bastante significativo como resultado del surgimiento, el 18 de mayo de 1990, de la firma Makro Automercados Mayoristas S.A. Esta empresa emergió como resultado de la asociación de Empresas Polar con la empresa holandesa conocida con las siglas SHV (Steenkolen Handels Vereeniging). Posteriormente, según el Acta Constitutiva localizada en el Registro Mercantil del Distrito Federal y Estado Miranda (UCV, Facultad de Agronomía, 1994), el 18 de marzo de 1992, se decidió denominarla Makro comercializadora S.A.; la presencia de esta empresa, la cual hizo visible muchas de las peculiaridades que caracterizan a los llamados “hipermercados” en Europa, significó, ciertamente, una transformación significativa en el sistema de distribución urbana de alimentos (Morales, 2007).

Esa transformación revistió singular importancia debido a que el plan inicial, que apenas consideraba la apertura de cinco establecimientos en Caracas, Valencia, Maracaibo y Barquisimeto (Grupo Editorial Producto, 2005: 57), fue prácticamente desbordado si se tiene en cuenta que tal número se elevó, nada menos que a 20 establecimientos, todos ellos localizados en las regiones y ciudades más importantes.

Posteriormente CATIVEN, consorcio integrado por el grupo CASINO de Francia (con el 50% del paquete accionario), ÉXITO-CADENALCO de Colombia (con el 28% de ese paquete) y el grupo Polar de Venezuela (con el 22%), asumió el control total de operaciones de la cadena de supermercados denominada Supermaxy’s. En su primera etapa, la cual tuvo lugar en 1995, el consorcio, solo con la presencia de Makro, adquirió los supermercados CADA y las tiendas Maxy’s; de esta forma emprendió un programa bastante agresivo de modernización de sus establecimientos, los cuales empezaron a denominarse CADA 2000. Dentro de ese panorama, acontecieron otros

hechos estrechamente relacionados con la estructura de distribución, dentro de éstos podemos referir los siguientes:

• Las adquisiciones de los supermercados Victoria y Tía por parte de algunas cadenas como El Patio y Plaza’s; la suspensión de actividades de algunas cadenas como Sorocaima y La Sagrada Familia; la transformación de Fin de Siglo en un hipermercado; y el funcionamiento, en el Zulia (una entidad federal del Estado Venezolano), del hipermercado denominado Víveres de Cándido.

• La apertura de los siguientes “hipermercados”: El Nuevo Mercado de Petare, C.A.; Euromercado C.A., Hipermercado Lhau, C.A., Merkapark, C.A., Plan Suárez, Rattan de Margarita, Hipermercado Santo Tomé e Hiperjumbo.

Los cambios ocurridos en la estructura de distribución y una cuantificación de dicho proceso pueden ser apreciados mediante la lectura de los datos estadísticos incorporados en el Cuadro1.

El Cuadro 1, que ilustra el significativo crecimiento de los llamados “hipermercados”, permitía también percibir que en la medida que la Gran Distribución (G.D.) lograba consolidarse, el protagonismo que tradicionalmente habían venido exhibiendo algunas empresas que conforman la Industria Agroalimentaria Venezolana (IAV), se empezó a resentir; ante esta realidad, a los agentes económicos vinculados a esta industria no les quedaba otra alternativa que verse obligadas a compatibilizar sus estrategias con las estrategias de la G. D. y, probablemente, encontrarse expuestos a la necesidad de someterse a todo tipo de requerimientos (de índole técnico y organizativo) exigido por la G.D.

Si esa situación era la que caracterizaba a la IAV, la que correspondía otros proveedores de los hipermercados no fue distinta, en efecto, para aquellos encargados de abastecerlos de productos "frescos" (raíces y tubérculos, hortalizas, frutas, etc.), su admisión como abastecedores requería que éstos negociaran y suscribieran contratos con esas empresas, contratos a través de los cuales se les exigía cumplir con ciertos requisitos tales como calidad, regularidad en el suministro, precios, aceptación de aplazamientos de pagos y otras condiciones, a riesgo de que al no poder cumplir con estas condiciones, tuviesen que perder su condición de "proveedores".

Para los proveedores de productos procesados industrialmente, con excepción, por supuesto, de las empresas vinculadas a Polar(proveedoras “naturales” de Makro y Éxito), la situación tampoco fue distinta a la de los proveedores de productos “frescos” ya que en el caso particular de Makro, por la forma como opera, estaría en condiciones de postergar sus pagos hasta por un lapso de 90 días, esta posibilidad, lógicamente, tuvo que provocar una cadena de aplazamiento de pagos y probablemente significó, para tales industrias, el verse compelidas no sólo a cubrir sus necesidades financieras, sino también la de las empresas que conforman la G.D.

En la medida que ese proceso de desarrollo de la G. D se hacía patente y el poder de mercado de las empresas vinculadas a ella se incrementaba, no sólo la mayoría de los detallistas fueron paulatinamente sustituidos, sino que el conjunto de agentes económicos que participaban dentro del sector agroalimentario, empezó a soportar las consecuencias de este proceso (Morales, 1996); en ese escenario no resultaba difícil prever que la concentración iba a proseguir su curso.

Teniendo en cuenta los hechos hasta esta parte referidos, se concluye este punto sosteniendo que el marco conceptual (que prevaleció hasta antes de la instauración de la GD en el país) propuesto para explicar la estructura y el funcionamiento del “Sistema Agroalimentario Venezolano”, no podía mantenerse inmutable. Tal conclusión se deriva de la siguiente reflexión: esa estructura experimentó un cambio significativo si se tiene en cuenta que el núcleo que la define y permite la reproducción de la mayoría de los complejos agroindustrialesque operan en el país, empezó a acusar una notable transformación; este núcleo, que se había configurado en torno a la industria agroalimentaria (de la cual se irradiaban decisiones que garantizaban y aseguraban la reproducción de esos complejos), perdió, paulatinamente, esa capacidad. Esta capacidad empezó a localizarse alrededor de la Gran Distribución; de esta manera, ésta empezó a mostrar su hegemonía y a revelar su suficiencia para jerarquizar, organizar y dirigir la dinámica del conjunto del “sistema agroalimentario”.

En esas condiciones, las particularidades del funcionamiento de este núcleo tendrían repercusiones significativas para la evolución de todo el conjunto de etapas que conforman los “complejos agroindustriales” que operan en Venezuela, puesto que existían buenas razones para considerar que, de ese nuevo núcleo, se irradiarían decisiones que garantizarían y asegurarían la reproducción de las bases económicas y sociales de esos complejos. Esa capacidad de la Gran Distribución para asegurar la reproducción de esos complejos, devendría de su independencia económica, tecnológica y de la mencionada suficiencia para ejercer un condicionamiento relativo sobre las restantes etapas productivas que conforman los referidos complejos agroindustriales.

La estructura analizada hasta esta parte del trabajo, quedaría incompleta sin una breve mención al ente gubernamental instaurado con el propósito de asegurar la distribución de alimentos; al respecto se indica que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas .CASA), entidad que empezó sus actividades en 1990, fue creada para lograr, entre otros, los siguientes objetivos: garantizar la estabilidad de la oferta y la comercialización de excedentes agroalimentarios; a fin de lograr tales objetivos se encargó de cumplir algunas funciones como las siguientes: el establecimiento y la administración de centros de recepción, almacenes de depósitos, silos y frigoríficos y, además, de distribuir productos agropecuarios de consumo directo o procesado (los cuales fueron adquiridos, mediante pagos en efectivo, de la industria agroalimentaria). De este modo, CASA se encargó de ejecutar el Programa Social de Distribución Masiva de Alimentos a los “sectores populares” a través de la denominada "Oferta Alimentaria".

No se puede concluir esta parte del artículo, sin una referencia y una mayor precisión respecto a las consecuencias de la aplicación de las políticas dirigidas al conjunto de sector agroalimentario. La aplicación de tales políticas ocasionó, en principio, una brusca y alarmante disminución de la superficie sembrada del país (Morales, 1993), la disminución de ésta determinó, a su vez, la reducción sensible de la producción agrícola nacional y, como corolario, el incremento de las importaciones de productos agrícolas y un fuerte deterioro de la balanza comercial agroalimentaria y, lo que es más importante todavía, el hecho por el cual los alimentos importados representaron, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, un papel primordial en el abastecimiento alimentario.

Cualesquiera que sean los juicios de valor en que se fundamentan las distintas interpretaciones de tales hechos, lo cierto es que a pesar de la apertura comercial y a pesar de que los precios internacionales de los productos agrícolas mostraron una tendencia declinante (BM, FMI, 1991), la inflación continuó en ascenso y el índice de precios de los alimentos, salvo algunos meses, continuó muy por encima del índice general de precios (CAVIDEA, 1989, BCV, 1992, Morales, 1995), y provocó, huelga decirlo, consecuencias respecto a la situación nutricional de la población, la cual fue expuesta, en 1993, durante la realización del Simposio sobre Nutrición (Fundación Cavendes – John Hopkins University, 1993); sin embargo, ésta no manifestó, como se verá en la parte correspondiente, las características y las dimensiones que asumió en las postrimerías de la fase histórica 2000-2017.

EL ABASTECIMIENTO URBANO DE ALIMENTOS DURANTE LA “V REPÚBLICA”. 1999 - 2017.

Como es sabido (sobre todo en los medios vinculados a la academia), en diciembre de 1988, el teniente coronel Hugo Chávez F. fue electo presidente de la República de Venezuela. Una de sus principales ejecutorias estuvo relacionada con la aprobación de una nueva Constitución y con el establecimiento, en dicha Constitución, del Título VI, el cual, junto con el Capítulo VII del Título II, conforma el contenido de la denominada “Constitución Económica”.

El modelo económico que contempla esta nueva Constitución cuenta con algunos soportes que se consideran fundamentales para el tipo de sociedad y de Estado que se aspiraba lograr, dentro de esos soportes se destacan los siguientes: los relativos a la justa distribución de la riqueza, la reserva de la actividad petrolera (el mantenimiento en manos públicas de la empresa estatal petrolera), el principio de seguridad alimentaria de la población, la promoción del desarrollo rural y la lucha contra los latifundios, la promoción y protección del cooperativismo, los principios de justicia en el régimen tributario, y la necesidad de coordinación entre las políticas fiscales y las políticas monetarias; esos soportes, así como los hechos relacionados con la crisis de gobernabilidadque se derivó de la aprobación y aplicación de 49 decretos leyes con los que se pretendía llevar adelante el calificado como “proceso revolucionario”; han sido suficientemente comentadas por Morales (2007); por consiguiente, resulta innecesario adicionar mayores explicaciones con respecto a estos sucesos.

Como se sabe también, el 10 de diciembre de 2001 tuvo lugar un paro general, este hecho marcó el inicio de la crisis política que culminó con la “ruptura del hilo constitucional” acontecido el 11 de abril de 2002. Superados esos acontecimientos, el gobierno procedió a dictar, entre otras, algunas medidas en materia económica y financiera, tales como las siguientes: a) el control de cambios y de precios; b) la intervención en la importación directa de mercancías; c) el incremento del salario mínimo; d) la aplicación de impuestos al valor agregado y al débito bancario, así como a los activos empresariales; medidas que permitieron y favorecieron el despliegue del denominado “Plan de Desarrollo Endógeno”, propuesto para orientar su política económica.

En esas circunstancias, la garantía de la “seguridad alimentaria” para la población de menores recursos, fue considerada como una necesidad “impostergable”, entre otros factores, por la presencia de elevados índices de desocupación, una preocupante disminución de la capacidad adquisitiva de los consumidores y una significativa disminución de la ingesta de calorías y proteínas (Landaeta, 2005:274,275), factores que determinaron que el gobierno adoptase una serie de políticas relacionadas con esta materia; en tales circunstancias, se propendió al fortalecimiento de la participación de éste en el conjunto de la economía, particularmente, en los procesos de producción, transformación, comercialización /distribución y consumo de bienes agroalimentarios (Morales, 2013.

En ese contexto ocurrió un hecho de particular importancia o entidad, se trata de la creación de la empresa gubernamental denominada Mercal, la cual surgió dentro de un entorno político caracterizado por una gran incertidumbre, escenario en el cual la garantía de la “seguridad alimentaria” para la población de menores recursos era, prácticamente, una necesidad inaplazable debido a que la tasa de inflación de alimentos y bebidas no alcohólicas fue mayor que la tasa de inflación general, lo que implicó que los precios reales de esos bienes se incrementaran y repercutieran sobre la demanda de alimentos, la cual se mostraba disminuida como consecuencia de la reducción de los salarios reales y el incremento del desempleo (Gutiérrez, 2005), factores que recrudecieron la situación alimentaria y nutricional de los sectores menos favorecidos de la sociedad venezolana (CNA, 2002 y Fossi, 2003, citados por Landaeta, 2005: 274, 275). Desde su surgimiento Mercal empezó a manifestar un extraordinario dinamismo, de modo tal que produjo un cambio significativo y una nueva dimensión de la estructura de la distribución urbana de alimentos que se venía configurando en el país hasta la fecha de su fundación, que como se tiene adelantado y se vuelve a reiterar en esta parte, estuvo caracterizado por el acelerado crecimiento y sobresaliente preeminencia de la Gran Distribución.

En el mes de febrero de 2006, en los 14.778 establecimientos fundados por esta empresa gubernamental, se expendía cerca de 5.530 toneladas métricas de alimentos por día, a más de 13.8 millones de beneficiarios; para esa misma fecha, existían 499 proveedores incorporados a la cadena de suministros de Mercal. El 04 de enero de 2007 se publicó en uno de los medios de comunicación de mayor circulación en el país, los resultados relativos al impacto de los quince programas sociales emprendidos por el gobierno. Este estudio de opinión, realizado por una empresa encuestadora de reconocido prestigio, concluyó en el sentido de que Mercal obtuvo la mayor aceptación, sobre todo en los sectores socioeconómicos D y E (el subrayado es nuestro) en los cuales cuenta con un grado de penetración de 50,8% y 64,4%, respectivamente (UCV, Facultad de Agronomía, 2007).

Desde enero de 2007 hasta febrero de 2008, el importante dinamismo y el nivel de aceptación exteriorizado por Mercal mostró signos de debilitamiento debido a que no estuvo en condiciones de continuar atendiendo la creciente demanda de los consumidores, quienes vieron elevar sus ingresos provenientes, entre otras fuentes, de los diversos programas sociales ejecutados por el gobierno el cual, en virtud de la significativa expansión de la renta petrolera, incrementó el gasto público; al respecto se señala que a pesar de que en 2007 la demanda de alimentos se había ampliado en un 30% por encima de 2006, el mercado no registró una oferta similar capaz de satisfacer ese porcentaje, por lo tanto, además de la escasez de alimentos observadas tanto en Mercal como en supermercados e hipermercados, el precio de los alimentos tuvo que verse incrementado.

Desde los primeros días de marzo de 2008 se empezó a visualizar una recuperación del abastecimiento alimentario en toda la estructura de distribución urbana de alimentos. En cuanto concierne a los programas desplegados por el gobierno en materia alimentaria, se lograba percibir un manifiesto interés por resolver esta situación, la cual, concretamente, se hizo patente a través del siguiente suceso: a las operaciones desarrolladas por Mercal, se sumaron las operaciones de la empresa denominada Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVal). Además, el gobierno emprendió, entre otras, las siguientes acciones: a) el reimpulso de la Misión Alimentación mediante la creación de Mercados Comunales, administrados por miembros de las comunidades beneficiarias de la llamada “Misión Alimentación”, b) la restricción de exportaciones de alimentos a países limítrofes, c) la instrumentación de medidas dirigidas a evitar el denominado “contrabando de extracción”, d) el incremento significativo de las importaciones y e) la aplicación del mecanismo denominado “pago a la vista” para un número importante de productos agroalimentarios, mecanismo mediante el cual se permitió, a los empresarios, la obtención anticipada de divisas con las cuales podían concurrir al mercado internacional con “dinero en mano” y obtener, de este modo, el producto o los productos requeridos para solventar los problemas de abastecimiento.

Del conjunto de acciones mencionadas anteriormente, se considera conveniente destacar las vinculadas con las importacioneslas cuales, indudablemente, consumieron cada vez más divisas provenientes por la venta del petróleo. Al respecto se señala que la Comisión de Administración de Divisas .CADIVI) autorizó, durante los primeros meses de 2008, más de 704 millones de dólares estadounidenses (UCV, Facultad de Agronomía, 2008) para importar alimentos, suma que representó, aproximadamente, la cuarta parte de todas las divisas aprobadas por este ente gubernamental entre el 01 de enero y el 05 de marzo de 2008. Además, se considera necesario mencionar el hecho relativo a la suscripción de acuerdos sobre alimentos y energía entre Venezuela y la República de Argentina, dentro de los cuales se destaca el acuerdo de PDVal y la empresa Coto-Cicsa para el abastecimiento de alimentos a Venezuela.

En esas condiciones no resultaba difícil entrever que los propósitos del gobierno, en materia alimentaria, en especial, los dirigidos los sectores de menores recursos, fueron fácilmente logrados y probablemente rebasados en razón de la apreciable disponibilidad de recursos financieros (debido al comportamiento, durante ese lapso, de los precios internacionales del petróleo y de sus perspectivas) requeridos para subsidiar la venta de bienes agroalimentarios; este juicio que se acaba de expresar o manifestar se sustenta en múltiples hechos y declaraciones irrefutables vertidas, entre 2004 y 2008, por académicos, empresarios vinculados a la industria agroalimentaria y ejecutivos de empresas, dentro de las cuales se puede destacar las siguientes: a) las aseveraciones provenientes de una profesora del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA); b) las cifras aportadas por la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (CAVIDEA); c) la adquisición de una empresa de productos lácteos que contaba con una capacidad instalada, de procesamiento, cercana al 30% de la producción de leche, adquisición que se añadió a la planta Parmalat, ubicada en Machiques (adquirida en 2007), con las cuales era posible procesar 800.000 litros diarios de leche. Una referencia completa de éstas y otras manifestaciones pueden ser consultadas en Morales (2013).

Por todo lo expuesto hasta esta parte, la creación y progresiva evolución de esas empresas gubernamentales significó, ciertamente, la posibilidad de una reconfiguración significativa de la estructura de distribución urbana de alimentos que se venía perfilando hasta la fecha de su instauración, y todo hacía prever que estas empresas continuarían abarcando, cada vez más, una proporción mayor del mercado de alimentos, y su evolución y pervivencia estarían aseguradas mientras prevalecieran, entre otras, las siguientes condiciones: que las reservas internacionales se mantuviesen altas, que permaneciese en vigencia el control cambiario, que no existiese posibilidades de una drástica devaluación, que la tasa de cambio no se mostrase desfavorable para los propósitos del gobierno, que se continuara manifestando una liquidez alta, y que las tasas de interés no acusasen una tasa superior a la inflación.

Con el transcurrir de los años, la vigencia o continuidad de esas condiciones no fue posible, por lo tanto, en un contexto caracterizado por la escasez de alimentos (aspecto que será mayormente tratado en el siguiente punto), por un proceso inflacionario, por la reducción significativa de los ingresos derivados de la venta del petróleo (que, obviamente, limitaba la posibilidad de continuar importando alimentos en las cantidades necesarias), por la disminución de las reservas internacionales, por los compromisos financieros internacionales que deben ser honrados en el corto plazo, y por otros factores que no es el caso mencionarlos, la operatividad de Mercal, PDVal, y Abastos Bicentenario, se vio seriamente afectada y disminuida; en ese escenario, la distribución alimentaria se redujo, básicamente, a los CLAPs.; en efecto, éstos sustituyeron, en la práctica, a Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario. Según el decreto presidencial 2323 del 13 de mayo de 2016 (que declaró el estado de excepción y emergencia económica), a estos entes se les otorgó participación en los procesos de abastecimiento, comercialización . distribución de productos alimenticios y de primera necesidad a fin de sean, las propias comunidades, las encargadas de la ejecución de esos procesos

Durante uno de sus mejores momentos, el primer semestre de 2017, el Coordinador Nacional de los CLAPs, declaraba a la prensa nacional que se habían constituido 30.000 CLAPs, que con ese número se atendía a 4,5 millones de familias las cuales recibían, mensualmente, una bolsa o una caja de alimentos, y a continuación manifestaba que para conformar éstas se requería de 42 millones de kilogramos de alimentos, por lo tanto, a cada familia le correspondía un promedio de 9,3 kilogramos por mes. Un elemental cálculo aritmético, permitiría asegurar que esta cantidad representaba, apenas, el 3,1% de los 300 kilos que debería consumir, en un mes, una familia conformada por 5 miembros; en consecuencia, el abastecimiento alimentario, a través de este programa, pudiera ser calificado como ínfimo si se tiene en cuenta que para cubrir las necesidades de las 4,5 millones de familias, que a través de este programa el gobierno aspiraba atender, sería necesario contar con 1,8 millardos de kilos de alimentos al mes.

Ese hecho concreto, el incremento de los precios (en 2016, esas cajas o bolsas, aumentaron más del 700%), la irregularidad en las entregas, la disminución de la cantidad y el contenido de las mencionadas “bolsas”, las cuales se redujeron de 18 kilogramos de alimentos a principios del año, a 12 kilogramos al finalizar el año 2017, cantidad que expresaba, en los hechos, la progresiva caída en la calidad nutricional de los alimentos incluidos en esas cajas o bolsas. Tales sucesos constituyen elementos suficientes para considerar que los logros de este programa, cuyo objetivo es garantizar el abastecimiento alimentario, no superarían la calificación de modestos o insuficientes, por decir lo menos.

¿Cuáles fueron las causas o qué factores determinaron que la estructura de distribución urbana de alimentos mostrara la situación que acaba de ser referida?, en otras palabras ¿Cuál fue el contexto socioeconómico dentro del cual ocurrió este comportamiento? La respuesta requiere rescatar los aspectos (mencionadas al iniciar esta parte del artículo) relacionados con el conjunto de políticas, entre otras, las inherentes al control de cambios y de precios, y al fortalecimiento de la participación del gobierno en el conjunto de la economía, particularmente, en los procesos de producción, transformación, distribución y consumo de bienes agroalimentarios; aspectos que serán tratados en el siguiente punto.

IMPLICACIONES DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS MACROECONÓMICAS Y AGROALIMENTARIAS RESPECTO AL ABASTECIMIENTO URBANO DE ALIMENTOS Y A LA SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.

El tratamiento de los aspectos mencionados en la última parte del punto anterior, requeriría de un espacio del cual no se dispone, en su lugar, a continuación se formula una interrogante y, en seguida, se procurará responder a la misma; advirtiendo, antes, que debido a la exigua disponibilidad (por no decir carencia) de datos estadísticos oficiales (el gobierno dejó de actualizarlos y hacerlos públicos), esta respuesta se fundamentará en referentes empíricos procedentes de las siguientes fuentes: a) Memoria y Cuenta de los organismos oficiales involucrados; b) estadísticas e informaciones provenientes de los organismos del gobierno difundidas en sus correspondientes páginas web¹; c) declaraciones procedentes de técnicos, personeros del gobierno, entidades gremiales vinculadas a la producción primaria y manufacturera, las cuales, por su apreciable entidad o consecuencia, trascendieron a la sociedad y fueron de dominio público a través de los principales medios de comunicación nacionales y extranjeros.

Todas esas evidencias empíricas, que ofrecen resultados susceptibles de ser interpretados y confirmados, forman parte, como se tiene dicho, del soporte documental de la línea de investigación titulada: “Estructura y comportamiento del Sector Agroalimentario Venezolano”, la cual se desarrolla en la Unidad de Investigaciones Agroalimentarias del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela.

A fin de prevenirnos de que algún acucioso lector (ubicado en el extranjero y poco informado de la realidad venezolana) pudiera considerar tales evidencias como correspondientes a una “bibliografía gris”, es necesario otorgar mayor sustento al procedimiento adoptado recurriendo al hecho acontecido el 09 de Junio de 2014, oportunidad en la que un grupo de 33 profesionales de reconocido prestigio, todos ellos vinculados a las Ciencias Económicas, hicieron del dominio público, a través de los principales medios de comunicación, un documento mediante el cual exigieron al Banco Central de Venezuela (BCV), al Ministerio de Finanzas y al Instituto Nacional de Estadística (INE), la publicación de cifras que inexplicablemente permanecían ocultas; este documento, adicionalmente, hizo referencia al retraso de la publicación de otras variables como el producto interno bruto, la balanza de pagos, las cuentas externas, la información fiscal y el índice de escasez.

El documento al cual se está haciendo referencia, finalmente, concluyó con una exhortación a las autoridades del BCV, INE y Ministerio de Finanzas, para que actualicen la información económica del área de su competencia a fin de que Venezuela pueda contar con cifras oportunas y confiables. Sin más preámbulos se procede, enseguida, a formular la interrogante anunciada y su correspondiente respuesta: ¿Cuáles fueron los resultados o efectos, y las implicaciones de la participación del gobierno en los mencionados procesos? Las principales políticas macroeconómicas y agroalimentarias, especialmente aquellas relacionadas con el control de cambios, de precios y de tierras, determinaron, en principio, la disminución ostensible de la producción del sector agrícola y del sector agroindustrial, concomitantemente, el incremento desmesurado de la inflación, así como serias implicaciones relacionadas con el abastecimiento y la situación alimentaria y nutricional. Los aspectos vinculados con la producción primaria y agroindustrial, el abastecimiento y la inflación, serán tratados en los siguientes subtítulos, y el correspondiente a la situación alimentaria y nutricional, será examinado y tratado en el punto 4.

Efectos sobre la producción agrícola, agroindustrial y el abastecimiento.

Teniendo en cuenta que existe una vasta bibliografía respecto a la disminución de la producción agrícola y agroindustrial (Gutiérrez, 2005, 2013;Hernández, 2009; Obuchi, Abadí y Lira, 2011; Pestana, 2012; Morales, 2013; Giacalone, Hernández y Zerpa, 2013; Molina, 2013), no añadiremos juicio alguno sobre esas materias.

Ese decrecimiento de la producción generó, indubitablemente, una situación de desabastecimiento el cual, medido por el índice de escasez en los anaqueles de supermercados de cadena, supermercados independientes, abastos, bodegas, comercio informal, Mercal, Pdval y Abastos Bicentenario, al concluir el primer trimestre de 2014, promedió, según la firma Datanalisis, 51,9% (UCV, Facultad de Agronomía, 2014). La información precedente, que no puede ser ampliada por razones de espacio, se considera suficiente como apoyo para acometer, seguidamente, el examen, también sucinto, de las repercusiones del desabastecimiento sobre la inflación.

Implicaciones relacionadas con la inflación.

En cuanto atañe a la inflación se manifiesta que en los años posteriores a 2006, los precios en general se incrementaron mucho más que los salarios; con el propósito de referir solamente lo ocurrido en algunos de esos años en relación con este aspecto, se puede indicar que, en el año 2009, el ajuste salarial fue de 21% y la inflación de ese año registró un 25.1%, así mismo, mientras que el salario mínimo en el año 2010 fue objeto de un incremento del 26,5%, sin embargo, los precios se elevaron un 27,6% (Morales, 2013; UCV, Facultad de Agronomía, 2011). En el año 2011, según las cifras divulgadas por el BCV, la inflación correspondiente a los alimentos y bebidas alcanzó el 30,5%, cifra muy por encima de la inflación general que registró un 24,5%; porcentaje considerado significativamente elevado si se compara con las cuantificaciones internacionales.

Esa situación afectó a toda la estructura social y no permitió garantizar la seguridad alimentaria de los sectores con menores recursos, quienes, apenas empezaron a sentirse las consecuencias derivadas de la disminución del precio internacional del petróleo, comenzaron a ver cómo se intensificaba sus consecuencias, básicamente, respecto al agravamiento de sus condiciones de vida. Esto debido a que los subsidios otorgados por el gobierno no lograron satisfacer sus necesidades y porque la inflación desbordada se acentuó, precisamente, en el rubro de los alimentos. Esos aspectos y otros relacionados con el índice de inflación registrado en los años sucesivos a 2011, son tratados en el siguiente punto por considerar que es mayor su pertinencia.

Escasez, inflación y costo de los alimentos

Se inicia esta parte reiterando y puntualizando que las implicaciones relacionadas con la inflación en el rubro de los alimentos, se agudizaron por los problemas de escasez, y se prosigue señalando que según el informe elaborado por el BCV, los últimos días del mes de octubre de 2013, el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas había acumulado un incremento de 57,8%, porcentaje que se tradujo en el mayor incremento para este período desde 1998; adicionalmente, esta institución informó que entre noviembre de 2012 y noviembre de 2013, el precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, había experimentado un ascenso de 79.3%. (Morales, 2013; UCV, Facultad de Agronomía, 2011). Posteriormente, tras un mes de retraso, el BCV informó que en Diciembre de 2013 el precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas había registrado un ascenso de 2,5%, por lo tanto, en 2013 el incremento fue de 74%; como consecuencia de este incremento, una familia de cinco miembros tuvo que destinar Bs. 3.324,41 para cubrir la canasta alimentaria normativa, si se comparase esta cantidad con lo ocurrido en diciembre de 2012, representaría un incremento porcentual de 59,4% que equivale a 1.239,19 bolívares más, en un año. De acuerdo con las cifras procedentes de la misma fuente que se está citando, la inflación concluyó el año 2013 registrando el porcentaje anotado anteriormente y el salario mínimo Bs. 2.973, monto que permitió cubrir sólo 89,4% de la cesta de alimentos básicos (BCV; 2013; UCV, Facultad de Agronomía, 2013).

En febrero de 2014, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la cesta alimentaria pasó a costar Bs 3.730,48, por lo tanto, las familias debían destinar 1.556.05 bolívares más que en 2013, año en el que la canasta costaba 2.174,43 bolívares, en consecuencia., el salario mínimo no fue suficiente para cubrir los costos de la alimentación, y el ritmo de ajustes de éste (el gobierno decretó cuatro ajustes en el curso de 2013), no logró equilibrar los ingresos mínimos con el costo de la canasta alimentaria; en el siguiente mes (marzo), la inflación en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 6,1%; por lo tanto, en el trimestre la variación fue de 12,5% (BCV, 2014; Facultad de Agronomía, 2014).

Complementariamente se manifiesta que a través informaciones extraoficiales procedentes del BCV. trascendió que el precio de los alimentos, en 2014, se incrementó hasta un nivel que superó el 150% y que las familias de menores recursos, destinaron 45 de cada 100 bolívares de sus ingresos para la adquisición de sus alimentos, La magnitud de los mencionados porcentajes pudieran ser confirmados o ratificados mediante la consulta del Boletín de la FAO (Tabla 1, Pág. 6), según el cual, en 2014, la inflación en alimentos en los 10 países, que representan 95% del PIB de América Latina y el Caribe, registró un incremento promedio de 14, 3%, mientras que en Venezuela, el incremento se ubicó en 102,2% ( FAO, 2015:6).

Debido a la insuficiencia (aspecto reiteradamente mencionado) de información oficial relativa a la inflación y otras variables, se recurre a las cifras proporcionadas por Ecoanalítica (una de las firmas más importantes en el análisis de la economía del país) para continuar señalando que, en los primeros seis meses de 2016, la inflación registró un incremento significativo de 128,6%, porcentaje que superó ampliamente al 65,17% experimentado en el mismo lapso de 2015 (Salmerón, 2016:14). Resulta oportuno mencionar en esta parte del artículo que, en 2015, se registró una inflación de 180,9% porcentaje considerado el de mayor magnitud desde 1950, año calificado como el más remoto en las estadísticas registradas por el BCV.

La fuente de donde proceden esos porcentajes consideraba, además, que resultaba inquietante que solamente en el mes de junio de 2016, la inflación fue similar a la acumulada en los primeros tres meses del mencionado año (Ibídem). En agosto del año que se está refiriendo, el gobierno liberó el precio de tres mil rubros básicos cuyo efecto tuvo que haber sido contundente; a pesar de no haber incorporado en su página web los datos de la inflación correspondiente a 2016, el BCV reportó al FMI que, en 2016, la inflación registró el significativo incremento de 274,3% (Salmerón, 2017: 14).

Ante la persistente determinación del BCV de no publicar, desde 2015, las cifras correspondientes a la inflación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional empezó a realizar, sobre la base de la misma metodología que usaba el BCV, los cálculos relativos a la variación de los precios en cinco ciudades del país (Caracas, Valencia, Maracaibo, Barcelona y Puerto la Cruz); esta Comisión, el jueves 7 de septiembre de 2017, presentó el porcentaje correspondiente al año 2017, indicando que éste había alcanzado 2.616%. A este dato, se puede añadir los aportados por Ecoanalítica, empresa que estimó que la inflación, en 2017, fue 2.735% (Márquez, 2018: 3). Adicionalmente se reitera (como se adelantó al iniciar este punto) que la situación se vio agravada por los problemas de escasez; en efecto, el índice de escasez calculado a fines de 2017, según el director de la firma Econométrica, varió entre el 50% y 60% (Núñez, M., 2017: 2).

En ese mismo orden de ideas, se incorpora la información proveniente del Centro de Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS), según la cual el costo de la canasta básica familiar, entre octubre y noviembre de 2017, registró la mayor aceleración de su historia (148,2%) al ubicarse en 13.258.820,61 bolívares, y la canasta alimentaria, en noviembre, se ubicó en 7.190.158,98 bolívares, porcentaje que significó un incremento de 83,5% respecto a octubre, y de 1.461,8% si se compara con noviembre de 2016 (CENDAS, 2017).

A todo lo expuesto hasta esta parte se considera necesario añadir, respecto al tipo de cambio de la moneda nacional, las afirmaciones de los personeros del gobierno quienes sostenían que en el mercado paralelo estuvo ocurriendo una fuerte especulación, a pesar de que los hechos demostraban que con la devaluación que aplicó el ejecutivo, el incremento del precio del dólar fue mucho mayor en el mercado oficial que en el mercado libre; a ese hecho se puede adicionar otro de mayor significación, se trata de la emisión de dinero como la principal fuente de ingresos para el gobierno a fin de solventar su gestión administrativa y cubrir el progresivo déficit fiscal. Al respecto se señala que la alta liquidez ocasionó, obviamente, el alza desmedida de precios y, como corolario, el incremento de sueldos (los cuales se fueron suministrando prácticamente cada dos meses sin que se cuenten con recursos suficientes), ese hecho generó, indubitablemente, una mayor liquidez que incidió en una mayor presión inflacionaria. La expansión monetaria observada hasta septiembre de 2017 representó una multiplicación de hasta seis veces la cantidad de dinero que hubo en 2016, con la característica de que ese dinero fue prácticamente virtual (no existió físicamente, se encontraba en cuentas bancarias de forma electrónica), trayendo consigo la insuficiencia de billetes (el gobierno no tuvo posibilidades de seguir emitiéndolos debido a la escasez de divisas y a las pérdidas que significaba su impresión) para operaciones en efectivo, lo que acarreó un mayor precio para los consumidores debido a que empezó a prevalecer precios diferenciales, mayores si eran cancelados con dinero virtual. Esa situación afectó, en mayor medida, a los sectores de menores recursos y constituyó el factor determinante del proceso hiperinflacionario.

Los efectos de esta situación pudieran ser ilustrados mediante hechos (inimaginables para una sociedad como la venezolana) cotidianos como el incremento de la búsqueda de restos de comida en las bolsas de basura; y la adquisición, por parte de sectores muy empobrecidos, de unos empaques artesanales (denominadas “téticas”) que resultan de dividir, por ejemplo, un paquete de azúcar en cuatro partes, para ser vendidos en fracciones (por vendedores informales) debido al precio elevado que adquirió el paquete completo: tales adminículos son conformados, en la generalidad de los casos, por alimentos procedentes de otros países, importados oficialmente por el gobierno para ser revendidos, o importados por sus correspondientes “redes” de distribución. Ese último hecho que difícilmente puede ser negado, muestra no sólo la proliferación del comercio informal (buhonería), sino, y esto es lo más importante: que este sector viene adquiriendo un rol significativo dentro de la “estructura” de distribución urbana de alimentos.

La situación hasta ahora reseñada, caracterizada por la escasez de alimentos y por un indetenible proceso inflacionario, a la cual se sumaron factores como la disminución de las reservas internacionales, la reducción significativa de los ingresos por la venta del petróleo, los compromisos financieros internacionales que deben ser honrados en el corto plazo, .aquellos relacionados con los actos de corrupción (aspecto suficientemente tratado por Morales, 2016), tendió a agudizarse e incidió, cada vez más, sobre los problemas relacionados con el estado alimentario y nutricional de los habitantes; y no solo eso, sino que tuvo repercusiones de carácter económico y social, algunas de las cuales empezaron a manifestarse a través de motines por hambre y rebeliones con saldos de heridos y detenidos, hechos que condujeron, desde nuestro particular punto de vista, a la creación (hecho mencionado en otra parte del artículo) por parte del Presidente de la República, del organismo denominado “Gran Misión Abastecimiento Soberano” y a la designación del Ministro de la Defensa como responsable de su conducción, sucesos que no resulta difícil interpretar como el incremento de la participación de los militares en los procesos de abastecimiento y distribución de alimentos.

En efecto, esa decisión gubernamental permitió a éstos, no solamente compartir esa facultad con los comités locales de abastecimiento (CLAP) y con los consejos comunales (CC), sino la posibilidad de ocupar empresas, medios de transporte y establecimientos, así como controlar la distribución de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad; aspectos (dentro de los cuales se pudiera incluir los relativos al control social y político) cuyo análisis desborda los objetivos de este artículo.

Antes de concluir con este punto y con el propósito de orientar el sentido de los próximos, se enfatiza que la escasez de productos controlados o regulados, no sólo obligaba a los consumidores a dedicar más tiempo para poder completar la cesta alimentaria, significó también el desembolso de un mayor presupuesto debido a que estas personas se vieron obligados a adquirir otro tipo de presentaciones de esos productos que se podían encontrar en los anaqueles, cuyo precio resultaba ser superior al regulado. Por otra parte, si se dan por ciertas las cantidades de alimentos distribuidas por la red estatal (se reitera que las cifras aportadas por el INE indican que al menos 7 millones de personas de ingresos medios y bajos, adquieren productos en esta red), éstas cuantías están conformadas, en su mayor parte, por los denominados “combos populares” los cuales estuvieron constituidos, en su totalidad, por alimentos ricos en grasas y carbohidratos; si el volumen de alimentos que constituyen esos “combos”, se analizara conforme a la metodología utilizada para estructurar la Hoja de Balance de Alimentos, aproximadamente el 60% de las 2.363 calorías diarias, que en promedio (según versión del gobierno) consume cada persona, provendrían de los cereales, grasas y azúcares.

Si a esta situación se añade el hecho relativo a que las hortalizas, frutas, leguminosas y productos lácteos, se encuentran prácticamente ausentes de la dieta de los mencionados consumidores, la situación pudiera ser considerada grave debido a que tuvo que haber incidido en la situación alimentaria y nutricional, tema o materia que es tratada en el siguiente punto

LA SITUACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN LAS POSTRIMERÍAS DE LA FASE HISTÓRICA COMPRENDIDA ENTRE 1999 Y 2017.

A fin de mantener la ilación con el planteamiento expuesto al finalizar el párrafo anterior, y con el propósito de afianzarlo, se acude (por no disponer de la información que periódicamente era publicada en la Hoja de Balance de Alimentos, la cual hubiese permitido presentar, cuantitativamente, esta realidad), en principio, al contenido de las declaraciones provenientes de una destacada profesional, miembro de la Fundación Bengoa (una institución de reconocido prestigio nacional e internacional), quien sobre esta materia de su especialidad, manifestó lo siguiente: “La dieta del venezolano ahora es monótona y depende de lo que consiga, ha perdido calidad y se ha vuelto sumamente costosa. Si en una semana se consigue harina de maíz, comen arepas tres veces. Si se encuentra pollo, lo dividen para que rinda. Los venezolanos están comiendo pasta con olor a pollo (el énfasis es mío), pero los nutrientes que le llegan no son suficientes”, y continuó manifestando que “las combinaciones de arroz o pasta con mayonesa o margarina, se convirtieron en habituales porque son alimentos económicos, los que más rinden y los que más se consiguen y, además, se acentuó el hábito de ingerir más azúcar y aceites, y las legumbres y vegetales continuaron en un segundo plano” (Núñez, 2015).

Por otra parte, puntualizó que “el consumo de caraotas (una leguminosa rica en proteínas), a pesar de ser accesible por su precio, su consumo ha disminuido significativamente debido a la escasez de gas”; sobre este mismo particular, la profesional a la cual se está haciendo referencia, expresó: “…como no se consigue (gas), la gente no come granos (leguminosas) porque no tiene con qué ablandarlos” (Ibídem).

A ese primer aspecto introductorio, se añade, a continuación, las evidencias empíricas necesarias para dar sustento al contenido de este epígrafe; estas serán expuestas en relación y en correspondencia con el siguiente orden: pobreza; escasez, hambre y subalimentación; y desnutrición infantil.

En relación con los aspectos vinculados con la pobreza se incluye parte del Informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al segundo semestre de 2013 (divulgado en la última semana de junio de 2014), mediante el cual se confirma la expansión de la pobrezaal considerar que en un año, 1.795.884 personas pasaron a conformar las filas de la misma. El informe de pobreza, medido por línea de ingresos, reveló que en el segundo semestre de 2012, el 25,4% de los venezolanos no contaba con recursos suficientes para adquirir la canasta básica, mientras que en el mismo período de 2013, la cifra repuntó a 32,1%.; si el cálculo se realiza en relación con los hogares, el INE reveló que 21,2% de éstos estaban en situación de pobreza en el segundo semestre de 2012, pero un año después la cifra incluyó a 27,3% de los hogares (UCV, Facultad de Agronomía, 2014). Esa institución del gobierno señalaba, además, que el número de hogares en situación de pobreza extrema se incrementó de 6% a 8% en un año, incremento que significó que 189.086 familias se encontraran en esa situación (Barreiro, 2014:1-6).

A fin de aportar mayores elementos sobre esta materia, se acude al contenido de la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Landaeta et al., 2015) realizada por tres de las siguientes prestigiadas y reconocidas universidades del país: Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB); los aspectos más resaltantes de esta encuesta (que fueron de conocimiento público, en febrero de 2015) son los siguientes: la pobreza venezolana que en 1998 era de 45,8% de los hogares, para esa fecha afectaba nada menos que a 48,4% de los mismos; en relación con la pobreza extrema, la investigación y los datos aportados por las tres universidades, mostraron que en esa situación se encuentran 1,7 millones de hogares, lo que representaba 8,5 millones de personas, nada menos que el 23% de la población.

La investigación que se viene comentando, mostraba, además, que solo 8,4% de las personas que viven en pobreza extrema fueron beneficiarias de alguno de los programas asistenciales (“misiones”) las cuales, como se tiene dicho, surgieron en 2003 para atender a los sectores de menores recursos, quienes entre otros hechos, pudieron adquirir alimentos a precios subsidiados; estos programas, que en sus inicios se mostraba promisorio, desde 2008 empezaron a declinar y estarían mostrando menos cobertura, tal como se señaló en el punto 2.

Debido a que los resultados de la referida encuesta pudieran considerarse relativamente insuficiente para evaluar el problema en toda su magnitud, se juzga conveniente añadir los señalamientos provenientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y de la Organización No Gubernamental denominada CATO INSTITUTE, cuya sede, como se sabe, es Washington D.C.; la primera consideraba que entre 2012 y 2013, en Venezuela el porcentaje de hogares venezolanos que viven en pobreza creció de 21,2% a 27,3% y en pobreza extrema de 7,1% en el año 2012 a 9,8% en el año 2013, las segunda, elabora el denominado en el idioma inglés Misery index (que no se refiere a la pobreza extrema, sino a la situación de desdicha), la cual fue aplicada en 108 países durante 2015; concluyó señalando, palabras más, palabras menos, lo siguiente: Venezuela se ubica por segunda vez en el tope del índice: En 2013 alcanzó el segundo lugar con 81,8 puntos- el primero fue Siria. Este año obtuvo 106,3 puntos lo que nos colocó en el primer lugar (Michelena, 2015:32), situación que fue también registrada en los años subsiguientes a 2013.

Respecto a la escasez, el hambre y la subalimentación, se incluye, a continuación, los resultados (que se incorpora a pesar de las reservas que pudieran esgrimirse para ser admitidas) provenientes de dos encuestadoras nacionales: Para la encuestadora venezolana Meganálisis, 84% de los entrevistados consideraba que “hay mucha hambre y escasez de alimentos”; por su parte, Venebarómetro registraba que para junio de 2015, el 75% de la población considera que la escasez de alimentos era el principal problema del país y quienes comen tres veces al día, disminuyeron de 69,5% a 38,8% (Michelena, 2016:8).

A las anteriores evidencias se agrega las declaraciones a la prensa por parte de una reconocida Investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (CENDES-UCV) y Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Bengoa para la Alimentación y Nutrición, quien manifestó que un 12,1% de las personas comieron 2 o menos veces al día en 2015 (García, 2016: 14). Se incluye, además, la información contenida en la publicación proveniente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), según la cual 4 millones de venezolanos se encontraban en condiciones de subalimentación, es decir, que su dieta diaria no cubre los requerimientos mínimos (FAO y OPS, 2017).

Finalmente, en todo cuanto concierne a la desnutrición, se empieza refiriendo el reporte de la ONG Observatorio Venezolano de la Salud (OVS) que consideraba que la desnutrición infantil se había incrementado 9% en 2015; y, además, las declaraciones de una diputada del estado Aragua, según las cuales, por desnutrición “194 niños mueren a la semana, a razón de 28 por día” (Michelena, 2016:8).

A esa referencia inicial, se añade los siguientes hechos relacionados con la desnutrición infantil y el fallecimiento de neonatos: 1) el vinculado con la existencia, en 2011, de 468.000 niños que padecían de desnutrición crónica, suceso reportado en el informe de la UNICEF titulado. “Mejorar la Nutrición Infantil” (Cit. por Gutiérrez, 2015); 2) los reportes del Hospital de Niños J.M. de los Ríos, según los cuales, entre 2013 y 2015, hubo 30 casos diversos en promedio anual de desnutrición primaria, y en el primer semestre de 2016 se registraron 43 casos de gravedad (Vallenilla,2016:16); 3) los informes de médicos, relativos a casos de desnutrición “marasmática”, según los cuales los niños estarían empezando a consumir su propia grasa (Ibídem); 4) los estudios relativos al Programa de Nutrición Comunitaria de la Fundación Bengoa, encargada de monitorear las escuelas de Caracas, Mérida y Maracaibo (sustentados en una muestra que comprendió 1.500 alumnos entre preescolar y sexto grado), los cuales concluyeron en el sentido de que se habían registrado un 9% de desnutrición infantil entre 2014 y 2015 (Gutiérrez, 2016:27(a)); 5) la situación relativa a que en las parroquias de todos los estados evaluados, los niveles de desnutrición aguda global, superan, en todos los casos, superan el umbral de severidad que define una crisis (Cáritas de Venezuela, 2017: 8)

En cuanto concierne al fallecimiento de neonatos, se puede referir que, durante 2015, ocurrieron 256 muertes de recién nacidos en el Hospital de Cumana, y en el Hospital Central de San Cristóbal, de 3 a 4 bebés prematuros a diario (Gutiérrez, 2016 (b))

COMENTARIOS FINALES.

La principal apreciación que puede desprenderse del análisis es la siguiente: A diferencia de lo acontecido en anteriores fases históricas, la actual situación alimentaria y nutricional por la que viene atravesando la sociedad venezolana, las supera en amplitud y ha sido provocada (premeditadamente o no, pero los resultados fueron los mismos) por el propio gobierno mediante la aplicación de las políticas macroeconómicas y agroalimentarias, concretamente, mediante su participación en los procesos de producción, transformación, comercialización /distribución y consumo de bienes agroalimentarios; si esta situación pudiera compararse, a través de una simple revisión bibliográfica, con lo acontecido en el resto del mundo, conduciría a asegurar que casos como éste, fueron registrados como el resultado de catástrofes naturales o como consecuencia de un conflicto bélico.

Complementariamente se incluyen los siguientes comentarios: El objetivo declarado, por parte del gobierno, de mejorar la oferta nacional de bienes agroalimentarios a fin de alcanzar la soberanía y la seguridad alimentaria, no fue logrado, muy por el contrario, la escasez y la inflación alimentaria condujeron, a un significativo segmento de la población, a un estado de desnutrición que raya en la consunción. Respecto a la pobreza, no sólo no se logró superarla, sino que ésta se extendió y profundizó a pesar de la cuantiosa “inversión social” realizada por el gobierno, pero eso no fue todo, la aplicación de las mencionadas políticas determinaron un inocultable incremento de la desigualdad social: Consecuentemente, el objetivo que buscaba redimir a los pobres no se ha logrado, esta desigualdad ha empeorado hasta presentarnos una sociedad a punto de ser declarada, no solamente en crisis humanitaria (por la grave situación alimentaria y por otras dos condiciones que la conformarían), sino que podría ingresar a una realidad que conduciría a ser calificada como catástrofehumanitaria, a pesar de constituir una nación colmada de recursos.

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Notas