El Informe Mundial de Ciudades de 2020 señalaba una reducción de la informalidad habitacional y mayor efectividad de las políticas urbanas, sin embargo, reconoció que el crecimiento económico de las ciudades y el incremento de las inversiones urbanas no tienen como efecto automático la reducción de la pobreza y la desigualdad, si no están acompañadas de políticas equitativas que permitan que los grupos en desventaja se beneficien de tales crecimientos [1].

La vulnerabilidad social y económica en las ciudades ha mantenido un ritmo ascendente, tal como reconoce la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que fija en un 55% el hacinamiento de los hogares urbanos en condiciones precarias en América Latina y el Caribe, como consecuencia del aumento de la pobreza y de la pobreza extrema en la región, entre 2014 y 2019. Esta fuente estima que para 2020, ocho de cada diez latinoamericanos vivirán en condiciones de vulnerabilidad [2].

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fija en su meta primera “asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales” [3]. Este problema promovió activos debates y desencuentros en los foros previos a la conferencia Hábitat III celebrada en Quito en 2016, reafirmándose el criterio de que el acceso a una vivienda adecuada permanece como un reto global que crece rápidamente con la urbanización.

Alrededor de un cuarto de la población urbana del mundo sigue viviendo en asentamientos precarios e informales. Un número creciente de habitantes de las ciudades, especialmente los más pobres, y vulnerables, habitan en condiciones precarias, atendiendo sus necesidades de vivienda de manera informal, sin acceso a servicios básicos y espacios para vivir, alejados de medios de subsistencia, y vulnerables a los desalojos o a la falta de vivienda [4].

Si bien la ciudad tradicional es el resultado de la conjugación de un grupo diverso de relaciones sociales y económicas, esta se caracteriza por la organización del espacio y el orden formal, que condicionan su forma, la morfología de sus espacios, y el uso del suelo, con preponderancia del espacio público, así como la movilidad urbana. Sin embargo, la vulnerabilidad social, y los factores de inequidad y exclusión de ciertos grupos que también comparten la ciudad, introducen un factor de precariedad en el contexto urbano, imponiéndose el modo de producción del hábitat de aquellos sectores de ciudadanos en desventaja, que van construyendo y habitando barrios a contrapelo de la formalidad urbana, a merced de brechas o debilidades de las políticas y las regulaciones, que muchas veces son omisas al respecto.

En las últimas décadas, este problema ha sido objeto de estudio e intervención por el sector público, y más recientemente también del privado. En las principales ciudades latinoamericanas han surgido iniciativas para la transformación del hábitat precario y la regeneración urbana de esas zonas, poniéndose en acción programas y proyectos puntuales con diversas metodologías, formas de gestión, estrategias de intervención y mecanismos de financiamiento, tanto por iniciativa de los gobiernos locales, como por otros actores, y las propias comunidades.

Recientemente en Cuba tiene lugar una revitalización de los programas de transformación del hábitat precario, como continuidad de las experiencias desarrolladas en las décadas de los 80 y 90, por los Talleres Integrales de Transformación de Barrios, y otras referencias puntuales, las cuales se vieron frenadas por la crisis económica que sobrevino en los años subsiguientes. No obstante, y por diversas causas que operan en los planos social, económico y cultural, unido a la falta de priorización de políticas y programas realmente dirigidos a reconocer y enfrentar las manifestaciones y consecuencias de vulnerabilidades y exclusiones en la ciudad [5], a lo largo del tiempo se han ido acumulando problemas que afectan las condiciones de vida de algunos sectores de la población.

El loable renacimiento del programa de mejoramiento barrial ha encontrado un terreno fértil en la voluntad de los gobiernos locales y el resto de los actores que se incorporan a su ejecución, en proceso de convertirse en un movimiento transformador, que se propone también generar cambios en la dinámica social y comunitaria de estos barrios. Sin embargo, la buena disposición para emprender estas acciones, y lo urgente de su solución, deben estar acompañadas de los factores que aseguren su efectividad y sostenibilidad en el tiempo.

Del análisis de los diferentes programas y metodologías que vienen implementándose en América Latina para la transformación o mejoramiento de barrios precarios, se identifican algunas regularidades que, de una forma u otra, y ajustándose a los contextos nacionales y locales específicos, están presentes en las acciones emprendidas [6].

Una de ellas es su carácter multiactoral, confluyendo de manera coordinada diversos actores, tanto públicos (gobiernos locales, organismos nacionales, instituciones estatales), como de sectores sociales y no gubernamentales. Parejo a ello, está la participación social, donde la población residente, organizada comunitariamente, preparada, asesorada y acompañada en las etapas del proceso, logran participar a diferentes niveles (decisorio, informativo, ejecutivo, y de control popular, entre otros).

Otro rasgo común es la integralidad de las acciones, complementando el mejoramiento físico de las viviendas, las infraestructuras y los espacios, con la creación de condiciones para la transformación de los residentes. Esto viene precedido por diagnósticos integrales, usualmente de tipo participativo, lo que permite enraizar mejor los objetivos y ganar en efectividad, para identificar y evaluar las problemáticas de todo tipo que deben ser resueltas en la transformación barrial.

El propósito común de los programas es lograr la regularización urbana, a través de la dotación de infraestructuras y servicios, espacio público y condición legal.

Un asunto de importancia en los procesos de transformación radica en el alcance y contenido de los mismos. A partir del concepto clásico sentado por Hassan Fathy con su “arquitectura para pobres”, basado en la experiencia de Nuevo Gourma [7], o las propuestas de viviendas para sectores en situación de vulnerabilidad de Aravena [8] y Shigeru Ban [9], el mejoramiento barrial no puede ser equivalente a “arquitectura pobre” o “no arquitectura”. Las metas del cambio no pueden quedarse en objetivos parciales, dirigidos a remediar insuficientemente las condiciones de habitabilidad de estas comunidades, pues de hecho, se estaría partiendo de una postura viciada en su origen, que podría imputarse de excluyente y discriminatoria.

Los programas de transformación de barrios precarios constituyen un reto a la innovación, promueven formas de solución apropiadas al contexto, demandan de gran racionalidad económica, y traen al presente la tan conocida frase de que “menos es más” en arquitectura.

Cada programa local de mejoramiento precisa convertirse en un laboratorio real de resultados innovadores, donde el ingenio de los arquitectos se complemente con las iniciativas de la comunidad y se extienda al resto de los actores participantes. Algunos aspectos son clave para ello:

• Materializar los conceptos de vivienda económica, traducidos en la aplicación de tecnologías apropiadas y de bajo consumo de componentes y materias primas costosas, concebidas para su desarrollo progresivo, con soluciones espaciales novedosas y asimilables culturalmente por sus residentes.

• Aprovechar innovadoramente el suelo y el espacio, y utilizar inteligentemente el desarrollo en altura, con no más de dos o tres niveles, ganando posibilidades de crear hábitats más confortables y saludables.

• Hacer del espacio público uno de los factores transformadores de la vida en el barrio, que le confiera coherencia y funcionalidad al sector urbano, mejore la movilidad, contribuya a la inclusión de los diferentes estratos sociales y etarios (ancianos, niños, jóvenes), y sirva de incentivo para la aparición de nuevos servicios públicos y privados que contribuyan a la prosperidad económica de la población.

• Concebir infraestructuras locales y otras obras específicas que reduzcan el impacto ambiental, mejoren el acceso al agua potable y a soluciones adecuadas de tratamiento sanitario de los residuos.

• Crear nuevos servicios locales para la población (comerciales, educacionales, producción de alimentos, salud y otros) y estimular el surgimiento de emprendimientos privados, logrando respuestas en la arquitectura y el planeamiento del barrio para su mejor integración y funcionamiento.

• Lograr una expresión estética y cultural del barrio transformado que estimule el orgullo y sentido de pertenencia de sus pobladores y se convierta en un punto de partida para el mejoramiento continuo en el futuro.

La transformación del hábitat precario está lejos de ser una actividad menor en el espectro profesional. Los arquitectos y urbanistas tienen un papel importante, transformándose en el cumplimiento de la función de servicio público, contribuyendo a hacer realidad el lema de “no dejar a nadie atrás”.

Notas de autor

*Autor para la correspondencia: aolivera@uclv.edu.cu