En la ponencia que inicia este panel, titulada “La construcción social del estado en Sudamérica. El legado transfronterizo de Jorge Gelman”, Julio Pinto Vallejos ensaya un ejercicio comparativo de esos procesos en Chile, Buenos Aires y Perú. Propuesta intelectual y trayectoria personal (el autor expresa que sus vínculos con Jorge se fueron estrechando hace una década, cuando comenzó a estudiar a Diego Portales y Juan Manuel de Rosas) confluyen en un texto que avanza de manera original en un campo de estudios al que tanto contribuyó a renovar nuestro querido colega hoy homenajeado.

En este comentario me permito comenzar también con una aproximación personal. Conocí a Jorge Gelman en 1995, en las V Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia que se celebraron en Montevideo. Al poco tiempo me incorporé a la Red de Estudios Rurales organizada por él junto a Raúl O. Fradkin, Julio Djenderedjian y otros colegas en el Instituto Ravignani, ámbito riquísimo para la formación de quienes nos estábamos acercando a los estudios sobre el mundo rural rioplatense. En su libro Campesinos y estancieros. Una región del Río de la Plata a fines de la época colonial (Gelman, 1998a), centrado en la zona de Soriano y Colonia en las últimas décadas del siglo XVIII, Gelman dialoga con la historiografía uruguaya, aporta fuentes y preguntas novedosas y contribuye a incentivar las investigaciones sobre esta temática en Uruguay. En 1998 apareció también uno de sus primeros trabajos sobre el liderazgo de Juan Manuel de Rosas. Bajo el sugerente título de “Un gigante con pies de barro. Rosas y los pobladores de la campaña”, Gelman muestra la pervivencia de viejas prácticas de asentamiento y apropiación de los recursos que dificultaban a los grandes estancieros en la provincia de Buenos Aires imponer sus derechos de propiedad y su concepción del orden social (Gelman, 1998b). En esa línea, el artículo “Crisis y reconstrucción del orden en la campaña de Buenos Aires” (Gelman, 2000) avanza en una hipótesis que desarrollará en futuros trabajos y cuya validez interpretativa puede extenderse más allá del marco geográfico para el que fue presentada originalmente. En pocas palabras, Gelman plantea que los sectores dominantes habrían comprendido que para reinstalar la paz social y construir un nuevo orden luego de la independencia “era necesario reconocer a la sociedad que los rodeaba con sus prácticas antiguas de reproducción social, con sus hábitos nuevos de participación política” (Gelman, 2000: 9-10). En octubre de 2007 se desarrollaron en el Instituto Ravignani las jornadas sobre “Política y sociedad en el mundo rural, siglo XIX”, parte de cuyos trabajos fueron editados al año siguiente en un libro compilado por Raúl Fradkin y Jorge Gelman. En esa oportunidad presenté una ponencia donde analizaba el papel del jefe militar Fructuoso Rivera en la pacificación de la Provincia Oriental bajo dominio luso-criollo en 1820 (Frega, 2008). La lectura de la ponencia que comentamos me llevó a pensar la posibilidad de incorporar la Provincia/Estado Oriental en la exploración de las modalidades de construcción de nuevos órdenes políticos y, más concretamente, a retomar el estudio de Fructuoso Rivera.

Pinto Vallejos aborda en su trabajo tres procesos de “construcción social del estado” luego de las independencias en espacios geográficos donde –aunque con diferencias sustantivas respecto al pasado colonial, las estructuras socio-económicas o las bases étnico-culturales– las élites o grupos dominantes conformaron incipientes órdenes políticos y debieron lidiar (confrontar, negociar, pactar) con las mayorías subalternas. De esta comparación de procesos, con sus diferencias y sus convergencias, el autor delineó una hipótesis para interpretar las estrategias hacia la construcción de un nuevo orden social hegemónico y sus resultados, donde la mayor o menor cohesión interna de las élites y la mayor o menor activación política previa de los sectores plebeyos constituyen elementos sustantivos. Ello enmarcado en elementos de tipo más estructural que, por ejemplo, para el Río de la Plata, le llevan a concluir que “la debilidad demográfica, un acceso más expedito a la tierra y la cercanía de una frontera aún abierta, claramente dificultaron la imposición pura y simple de un nuevo orden oligárquico” (Pinto Vallejos, 2019).

En este ejercicio comparativo transfronterizo, algunas líneas sobre la Provincia/Estado Oriental del Uruguay y el liderazgo de Fructuoso Rivera pueden aportar al estudio de la proyección regional de los conflictivos procesos de construcción estatal.

Nacido hacia 1784, hijo de un gran hacendado, Rivera se incorporó a la revolución en la Banda Oriental desde la primera hora, ocupando posiciones militares de jerarquía. Desmarcado de la radicalización social del artiguismo en 1820, la influencia de Rivera sobre los sectores populares de la campaña fue destacada y buscada por las elites políticas y sociales de la provincia, tanto por las que apoyaban el dominio luso-brasileño como por aquellas que se mostraban afines a las Provincias Unidas. Tras la guerra de independencia contra el Imperio de Brasil, Rivera se convirtió en el primer presidente del Estado Oriental del Uruguay (1830-1834); encabezó levantamientos armados contra su sucesor en la presidencia, Manuel Oribe, que concluyeron en octubre de 1838 cuando el presidente se vio forzado a renunciar y Rivera asumió el control del país; y en 1839 volvió a ocupar la Presidencia de la República y encabezó las fuerzas de guerra que enfrentaron al régimen de Juan Manuel de Rosas. En ese proceso estableció vínculos con jefes militares y políticos de las provincias argentinas y Río Grande del Sur. En octubre de 1847 fue expatriado a Brasil por las elites montevideanas, que en ese entonces contaban con el apoyo de Francia e Inglaterra. En 1853 fue llamado, al igual que Juan Antonio Lavalleja, para el integrar un gobierno provisorio encabezado por el general Venancio Flores. Falleció en enero de 1854 cuando se dirigía a Montevideo para asumir el cargo.

Las biografías de Fructuoso Rivera están teñidas por una fuerte discusión político-partidaria debido a que es identificado como el fundador del Partido Colorado. En una clave nacionalista, que encuentra en los partidos los fundadores de la nación, son una referencia los trabajos de Juan E. Pivel Devoto (1942) o Juan E. Pivel Devoto y Alcira Ranieri de Pivel (1956). Carlos Real de Azua, por su parte, ubicó al personaje en una discusión teórica sobre las dimensiones del caudillismo, destacando en Rivera el prestigio personal y el cumplimiento de funciones retributivas como elementos de legitimación, así como una función “pontifical” entre el núcleo urbano y el medio rural (1969: 119-120). Falta todavía un enfoque que aborde la construcción de ese liderazgo político en la compleja coyuntura regional e internacional en que se desarrolló, que se detenga en las formas y espacios de acción política o que descubra las tramas que sostenían la adhesión o el enfrentamiento. Una biografía que, como la de Juan Manuel de Rosas realizada por Raúl Fradkin y Jorge Gelman, se nutra y desarrolle la renovación historiográfica sobre el siglo XIX rioplatense e inscriba “al sujeto en su mundo relacional y en sus mutaciones”, a la par que procure “reconstruir lo mejor que sea posible esa matriz de relaciones objetivas en la que estuvo inmerso” (2015: 25). La tarea excede con creces los límites de esta exposición. En estas líneas, en diálogo con la ponencia que comentamos, apenas vamos a detenernos brevemente en tres aspectos de la actuación de Rivera en los momentos iniciales de la conformación del Estado Oriental.

a) Puente entre las elites y los sectores populares. El artiguismo había representado “el teatro de la anarquía”¹ para gran parte de las elites de ambas riberas del Río de la Plata. En Montevideo, esas elites apoyaron la dominación luso-brasileña, procuraron la anexión a Gran Bretaña o impulsaron la unión con las Provincias Unidas en busca de un orden político estable. Luego de la independencia, Fructuoso Rivera, “Don Frutos”, se transformó en la figura clave por su amplia base social en el medio rural y las fuerzas en armas, acrecentadas con la incorporación de un contingente proveniente de las antiguas Misiones Orientales de guaraníes y sus familias, que abandonó Río Grande del Sur y se instaló en la frontera con Brasil. Además, contó con el apoyo de los cuerpos de afrodescendientes, por ejemplo, en abril de 1846, cuando participaron en el enfrentamiento que permitió a Rivera recuperar su posición de poder en Montevideo. Los contemporáneos destacaban su ascendencia entre la tropa y los sectores populares, especialmente rurales, aunque cuestionaban la forma en que disponía de los fondos públicos y de la propiedad de tierras y ganados (De la Torre, Rodríguez y Sala de Tourón, 1972). La legación británica destacó en 1835 las cualidades de Rivera en comparación Rosas, considerando que era “más liberal en sus opiniones”, así como “abundantemente más humano y benevolente.”² En los momentos de derrota militar, por el contrario, recibía de los grupos de poder la valoración negativa que presentaba a los caudillos como opuestos a la civilización. El ministro de gobierno, Manuel Herrera y Obes, fundamentando su destierro, se interrogaba: “¿Qué podría ser el General Rivera sino el disolvente más eficaz en la organización social?” (El Conservador, Montevideo, 2 de diciembre de 1847, en Herrera y Obes y Berro, 1966: 42).

b) Soberanía popular y ejercicio de facultades extraordinarias. Rivera se mostraba como portador de una investidura institucional, aun cuando se estuviera levantando en armas contra el gobierno electo. En noviembre de 1838, al mando del llamado “Ejército Constitucional”, tras forzar la renuncia del presidente Oribe esgrimió su carácter de representante del “Pueblo Oriental”, de la “Pública Voluntad” y “garante de las Instituciones Constitucionales de la República” para suspender “momentáneamente” los “Altos Poderes Constitucionales” (Archivo General de la Nación, 1941: 7-13).³ Como ha estudiado Clarel de los Santos (2019: 167-169), este acto da cuenta de una cultura política que reconoce el ejercicio de facultades extraordinarias, y puede inscribirse en los estudios de José Carlos Chiaramonte sobre la necesidad de revisar los gobiernos provinciales en el Río de la Plata después de las independencias a la luz de la vigencia de una “antigua constitución”. En esa línea, De los Santos también muestra la búsqueda de consentimiento y legitimidad al examinar las elecciones realizadas un mes más tarde, que incluyeron una previa aprobación plebiscitaria de lo actuado por Rivera al haber disuelto las cámaras (169-173).

c) Frontera abierta y alianzas regionales. En un contexto donde el diseño territorial no estaba cerrado, Fructuoso Rivera procuró acuerdos con jefes políticos y militares de provincias que habían formado parte del Sistema de los Pueblos Libres artiguista y del sur de Brasil. Las elites de Montevideo, por su lado, manejaron hasta avanzado el siglo XIX distintas modalidades de protectorado con potencias europeas como Gran Bretaña o Francia, o de alianza con el Imperio de Brasil, que pudieran garantizar gobiernos estables.

Como ha sido planteado por Mario Etchechury (2013), las fuerzas de guerra, a través de sus jefes, delinearon una “diplomacia informal” que no siempre siguió los lineamientos de los gobiernos a los que respondían. Fructuoso Rivera fue protagonista de diversos pactos con la revolución riograndense (1835-1845), a la par que mantenía relaciones con el Imperio de Brasil, así como desarrolló acuerdos con provincias argentinas en contra del rosismo. Un ejemplo que muestra tanto los recelos existentes en estas negociaciones como las construcciones territoriales imaginadas en el Río de la Plata es la reunión celebrada en Paysandú en octubre de 1842, donde los gobernadores de Corrientes (Pedro Ferré), Santa Fe (Juan Pablo López) y Entre Ríos (José María Paz) como “jefes de la revolución argentina” por un lado, y el presidente del Estado Oriental (Fructuoso Rivera), por otro, acordaron una alianza militar contra el “tirano de Buenos Aires” y nombraron a Rivera como director de la guerra (Memoria del Brigadier General Pedro Ferré, 1921: 881-886).⁴ Lo consignado por Ferré en su Memoria y la documentación que adjunta, muestran los conflictos entre las partes, retirándose José María Paz de la comandancia de las tropas en la expedición que se planeaba en Entre Ríos. En opinión de Ferré, los “titulados” gobernadores no tenían “ninguna autoridad legal” para celebrar tratados y cuestionaba la oportunidad de avanzar hacia una autoridad central de la “revolución argentina” (165-167 y 886-897). Según Etchechury en el artículo citado, esos intentos de tipo confederal deben estudiarse a la luz de la “configuración precaria” que generó la creación del Estado Oriental en 1828 y el Pacto Federal de 1831, en el que las jefaturas militares podían “proyectar órdenes alternativos afirmándose más en sus fuerzas de guerra que en los cuerpos representativos” y donde “los sectores provinciales afrontaron no solo el desafío de la hegemonía de Buenos Aires, sino también delas «acechanzas» de las fuerzas de guerra orientales” (2013: 92-93). Al poco tiempo, comienzos de diciembre de 1842, la derrota ante el ejército de la Confederación en Arroyo Grande mostró la fragilidad de la alianza y del liderazgo de Rivera.

En suma, el texto de Pinto Vallejos nos invita a transitar una línea interpretativa que reconoce en nuestro recordado Jorge Gelman uno de sus pilares, profundizando el análisis de “lo social” en la historia política y el estudio de los procesos de construcción estatal en América del Sur, en un espacio geográfico donde la delimitación territorial estaba lejos de haber concluido.

Bibliografía

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Notas