Un breve recorrido por la historia social

Quizás resulte oportuno acudir al concepto de generación propuesto por Dilthey para plantear los cambios experimentados por la historia social, tanto en la formulación de los problemas, como en la conceptualización teórica de su abordaje.¹ Es interesante y esclarecedor recordar que en 1970 Eric Hobsbawn, en su artículo “De la historia social a la historia de la sociedad”, planteaba qué se entendía entonces o más precisamente qué entendía él por “historia social”. Para él la historia social era la historia de las sociedades. Es decir, una historia que aspiraba comprender a la sociedad en su conjunto. Distinguía entonces varias líneas de investigación. Una de ellas era la historia de las clases pobres y en particular del proletariado, otra la historia de los movimientos sociales, otra la historia que estudiaba las maneras, las costumbres, la vida cotidiana, en suma la cultura especialmente de las elites y finalmente la historia socio-económica, en la cual se incluirían los estudios sobre la economía y la sociedades rurales, que era al decir del historiador británico cada vez más económica que social (Hobsbawm, 1998: 84-104). En esta historia socio-económica se inscribiría, en la década de los años 70, la historia agraria latinoamericana.

Por esos mismos años los historiadores marxistas ingleses harán importantes contribuciones a la historia social, y a la historia social rural. Edward P. Thompson al incorporar los conceptos de experiencia y de economía moral y reconocer la importancia de las costumbres, los rituales y la cultura popular para abordar las relaciones sociales enriqueció el análisis de la historia rural. Otro de sus aportes, igualmente importantes para la historia social, fue señalar la relevancia del conflicto social en la configuración de las clases sociales, desmarcando el concepto de clase social de la exclusiva relación con los medios de producción predominantes en el marxismo ortodoxo.² Importantes fueron también los aportes realizados por los historiadores franceses de la Escuela de Anales, particularmente interesados en los estudios rurales referidos al Medioevo y a las sociedades preindustriales.

Los historiadores franceses genéricamente identificados en la Escuela de Anales, a pesar de sus notorias diferencias teóricas, ensayaron con diferente éxito la aproximación a otras disciplinas que enriquecieron a una historia social que, abandonando a la economía, fue afianzándose como una historia social que también es cultural y antropológica al plantear temas y problemas que atendieron a las relaciones familiares formales e informales, las prácticas sociales, las formas de representación social, la religiosidad y la conflictividad social, incluyendo también a los estudios sociales rurales. Asimismo la microhistoria italiana, en particular La Herencia inmaterial de Giovanni Levi, abrió nuevas perspectivas de estudio para la historia social y la historia rural (Levi, 1990).

En las últimas décadas la concepción geertziana de cultura, entendida ésta como un sistema de símbolos y significados, reorientó la investigación histórica hacia los modos de representación de la realidad, antes que a la realidad misma, y cuestionó la legitimidad del conocimiento histórico. A pesar de ello, es posible observar actualmente un deslizamiento hacia un concepto de la cultura como esfera de actividad práctica integrada por acciones intencionales, relaciones de poder, conflictos, contradicción y cambios. Una historia cultural que por lo mismo ha recuperado el horizonte de la historia social (Moreyra, 2014: 168-186) constituyendo también una perspectiva de estudio interesante en el campo de la historia rural.

En el contexto de este amplio abanico teórico y problemático la historia social, y fundamentalmente la historia social rural, el concepto de propiedad fue generalmente utilizado para identificar propietarios y no propietarios a pesar de la temprana advertencia de Marc Bloch, tal como Rosa Congost (2019) reconoce, acerca de los equívocos a los cuales podían dar lugar los términos “propiedad” y “propietarios” (Bloch, 1978: 266; Congost, 2019). Fue precisamente Marc Bloch junto con Lucien Febre quienes dieron inicio en 1929, con la Revista Annales d'histoire économique et sociale, a una historia económica y social que renovó de manera radical a la historiografía francesa y europea vigente en esos años. Una historia económica y social que para los años 70 había comenzado a ser más social que económica, tal como denunciara Eric Hobsbawm.

La historia rural en la historiografía argentina

Por muchos motivos no es casual que los antecedentes más interesantes de historia social rural se centraran en el estudio del “gaucho”, un tipo social considerado predominante en la campaña bonaerense. El libro de Emilio Coni El gaucho: Argentina, Brasil, Uruguay publicado en 1945,³ esboza un perfil social y económico de los pobladores de la campaña identificados como gauchos, planteando asimismo el origen de dicha denominación. Siempre referido a la campaña bonaerense, años más tarde, en 1968 el libro de Ricardo Rodríguez Molas Historia social del gaucho buscó identificar y describir a los pobladores de esa campaña y sus formas de vida, desde la óptica de la dominación colonial, señalando la importancia del acceso a la tierra y diferenciando desde una perspectiva binaria a “…los desposeídos, en nuestro caso el gaucho rioplatense, y los propietarios de las haciendas latifundistas” (Rodríguez Molas, 1982: 92). La tesis de la gran propiedad latifundista colonial rioplatense fue sostenida también por otros historiadores, entre ellos Eduardo Azcuy Ameghino en El Latifundio y la gran propiedad colonial rioplatense publicado en 1995, cuando ya la presencia de grandes estancias coloniales y los gauchos como grupo o clase social hegemónica de la campaña rioplatense había sido sólidamente cuestionada.

Si bien el libro de Rodríguez Molas fue publicado en 1968, el Centro Editor de América Latina lo reeditó en 1982 y dos años después Carlos Mayo publicaba en Desarrollo Económico “Estancia y peonaje en la región pampeana en la segunda mitad del siglo XVIII”,⁴ dónde sostenía que la inestabilidad de la mano de obra rural en las estancias de la campaña bonaerense se debía a las posibilidades que brindaba el acceso directo a los medios de subsistencia, que limitaba y condicionaba la oferta, interpelando así el planteo de Rodríguez Molas, pero manteniendo la imagen del hombre rural en cierta manera desarraigado, vago y mal entretenido. Para Mayo la existencia de una frontera abierta habilitaba la posibilidad de acceso a la tierra y por ende de una economía agropecuaria paralela a los grandes y medianos productores.

El problema del trabajo rural en la campaña rioplatense generó, a partir de este artículo de Carlos Mayo, una extensa y fructífera polémica que tuvo lugar en 1986 en las VII Jornadas de Historia Económica realizadas en Tandil, publicada en 1987 en el número 2 del Anuario del IEHS, de la cual participaron Samuel Amaral, Jorge Gelman y Juan Carlos Garavaglia. Todos ellos, incluido Carlos Mayo, discutieron acerca de la generalización del gauchaje, la presencia de campesinado y la producción predominante, entre otros temas, que claramente remiten a una historia social y económica, muy próxima a la perspectiva planteada por Hobsbawm anteriormente citada. Resultado de estos estudios, que atendían tanto a la producción rural como a los productores, en 1989 Juan Carlos Garavaglia y Jorge Gelman publicaban El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial: Estudios sobre producción y mano de obra y unos años más tarde, en 1995 Carlos Mayo trazaba en Estancia y sociedad en la pampa, 1740-1820, una sugerente historia social rural rioplatense reveladora de la influencia de James Lockart en su formación profesional que, sin abandonar un perspectiva económica, presentaba a los productores rurales, los esclavos, los peones y las mujeres estrechamente vinculados a la producción de las estancias, la mano de obra rural libre y esclava y la comercialización de la producción excedente. Tres años más tarde, en 1998, en Campesinos y Estancieros: Una región del Rio de la Plata a fines de la época colonial, Jorge Gelman afirmará que en la campaña rioplatense colonial, que incluye a la banda oriental, había “una presencia masiva de una población campesina, constituida por familias que explotan pequeñas parcelas de tierra cuyo estatus legal aún desconocemos” (Gelman, 1998: 97). Los resultados alcanzados por la historiografía hasta el momento reseñada ofrecieron una interpretación diferente, a la que había prevalecido anteriormente sobre la sociedad rural colonial del Río de la Plata, al cuestionar un espacio rural dominado por los latifundios y los grandes estancieros yla presencia de gauchos asociados a “vagos y mal entretenidos”, consecuencia en ambos casos de una producción preponderantemente ganadera. Aun cuando se observaba que los productores rurales accedían de diferentes formas a la tierra reservaba la condición de propietarios a quienes poseían títulos legalmente reconocidos.

Es importante preguntarse si era esta una historia social rural o si sería más apropiado considerarla una historia social y económica, fundamentalmente una historia agraria, que por esos años no se limitó tan solo al espacio rioplatense, sino que también tuvo sus cultores en otros espacios del actual territorio argentino. Una historia agraria que abrevaba fundamentalmente, desde diferentes enfoques teóricos, en una extensa y valiosa historiografía agraria colonial y republicana de América Latina de la década de los años 70 cuyos alcances podrían sintetizarse en la publicación en 1975 de los trabajos presentados en el Simposio organizado por CLACSO en Roma en 1972 Haciendas, latifundios y plantaciones en América latina y en el libro que compilaron Kenneth Duncan e Ian Rutledge La tierra y la mano de obra en América Latina, cuya primera edición en inglés fue de 1977.⁵

Si bien en todos los casos el énfasis de las investigaciones estuvo puesto en la producción rural, la mano de obra, las inversiones y los mercados, atendiendo tanto a las grandes propiedades como a las formas campesinas de producción y subsistencia, revelaron la importancia de las diferentes formas de acceso a la tierra en el mundo rural, problema que progresivamente adquirió centralidad en los estudios actuales. Efectivamente, los trabajos de historia rural en la Argentina observaron diferentes formas en que la población rural accedía a la tierrapara los siglos XVIII y XIX, incluyendo no solo los arriendos, sino también la presencia de agregados, colonos, tierras de comunidad y/o pueblos indígenas o simplemente intrusos o estantes.

Los derechos de propiedad y la historia social rural

Sin dudas la historia rural ha recorrido un interesante derrotero en la historiografía argentina y ofrece importantes contribuciones que permiten comprender las posibilidades que brinda complejizar el concepto de propiedad, tal como propone Rosa Congost (2019) para estudiar no solo la conflictividad inherente a las relaciones sociales sino también el ejercicio del poder político, el rol del Estado y las prácticas culturales en relación con el acceso a los recursos, en particular la tierra y el agua, fundamentales en el ámbito rural. Renovar los estudios sociales rurales reflexionando acerca de “los derechos de propiedad” es un interesante desafío para una historia social rural, conceptual y teóricamente compleja y controvertida, por el amplio abanico de perspectivas de análisis que ofrece y la multiplicidad de temas y problemas que abarca.

Las posibilidades que brinda a la historia social rural reemplazar el concepto de propiedad por el de “derechos de propiedad” –acuñado por la historia económica neo institucionalista– otorgándole el sentido de “haz de derechos” o de “realización de la propiedad” contribuye al estudio de las diversas formas de acceso a los recursos, particularmente la tierra, existentes en diferentes espacios y momentos históricos, ocultas u obviadas tras el concepto de propiedad y permitiría “…renovar el estudio de los grupos sociales y, por lo tanto, entonces sí, a renovar la historia social” (Congost, 2019) al desecharlas visiones estandarizadas y binarias en torno a un concepto único. Resulta indispensable para ello considerar los discursos liberales en torno a la propiedad individual y perfecta, las normativas del estado tendientes a formalizarla, los factores económicos y la reorientación de los mercados y las estructuras agrarias desde una perspectiva regional, es decir de localizados, para acceder a la realidad social e identificar a diferentes grupos sociales rurales con intereses divergentes que evidencian diferentes formas de apropiación y usufructo de la tierra generando multiplicidad de derechos que, estudiados en contextos históricos particularidades, permiten abordar también el conflicto social generado en la disputa por el control y apropiación de los mismos.

Muchos de los historiadores, a los cuales hicimos anteriormente referencia, que estudiaron la producción, los mercados y la mano de obra rural fueron también quienes plantearon y abordaron estos problemas que ocupan la agenda historiográfica actual de la historia social rural. Es el caso, entre otros, de Jorge Gelman quien centró sus investigaciones de los últimos años en el estudio de la desigualdad social identificando, entre otras muchas variables, el acceso a la tierra y las diferentes formas de propiedad existentes en la campaña bonaerense como una de las claves para su abordaje. En “Derechos de propiedad, crecimiento económico y desigualdad en la región pampeana”, artículo publicado en Historia Agraria, en diciembre de 2005, Jorge cuestiona la tesis neoinstitucionalista que sostiene una relación directa entre las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo y la implementación del derecho de propiedad perfecto. Para ello estudia la dinámica de la producción y las formas de propiedad presentes en la campaña bonaerense en el siglo XIX, así como los discursos liberales y las normativas jurídicas que buscaron implementarla, logrando demostrar que el crecimiento económico experimentado por Buenos Aires no estuvo necesariamente basado en la imposición de la propiedad individual y perfecta. Concluye sosteniendo “…La disputa por los derechos de propiedad en la transición del S. XVIII al XIX en el Río de la Plata no parece asociada principalmente a una discusión sobre las posibilidades del crecimiento económico, crecimiento asegurado por otras razones (abundancia de tierras, términos de intercambio, dinamismo de las explotaciones familiares, etc.) sino a una disputa por el reparto de esta torta económica creciente” (Gelman, 2005: 483). La persistencia de otros derechos de propiedad, ejercidos mayoritariamente por pequeños y medianos productores rurales evitó, de esta manera, que se profundizara la desigualdad social como consecuencia de ese crecimiento económico, aun cuando supuso no solo la presencia de conflictos sino también la participación de la población rural en las disputas políticas, y su capacidad de negociación, a lo largo del siglo XIX.

Sustituir el concepto de “propiedad” por el de “derechos de propiedad” permite reemplazar la pregunta de quienes son los propietarios de la tierra por quienes ejercían algunos derechos de propiedad, entendidos éstos como formas de uso y apropiación de recursos, y establecer las sustanciales e importantes diferencias que se cobijan bajo una misma figura normativa –tales los casos de los arriendos y la enfiteusis– o bajo las denominaciones de colonos, agregados, estantes, que adquieren sentidos diferentes en diferentes contextos y momentos.

Y son estas diferenciaciones, precisamente, las que permiten estudiar las relaciones sociales, los intereses económicos y la conflictividad social asociadas a las normativas admitidas por la costumbre o promulgadas por el poder en su intento por regularlas. Estudiar de esta manera el acceso a la tierra, y los diferentes derechos que se construyen socialmente con todos sus matices y en diferentes circunstancias facilitaría “ver los derechos de propiedad no solo como institución, es decir como estructura social, sino también como generadores de acciones capaces de incidir en cambios estructurales” (Congost, 2019), y entre esas acciones que podrían propiciar cambios resulta interesante incluir las políticas.

En un contexto historiográfico fuertemente caracterizado, desde hace ya varios años, por una intensa preocupación por la historia política reemplazar el concepto de “propiedad” que por mucho tiempo se ha utilizado por el de “derechos de propiedad” alumbra las posibilidades de construir una historia social estrechamente vinculada no solo con las normativas jurídicas sino también con el análisis político. Ofrece de esta manera la posibilidad de construir una historia social rural que estudie, entre otros problemas, los diferentes derechos de propiedad en la trama de las relaciones de poder, los marcos normativos y la conflictividad social, en este caso rural, presente a fines de la colonia y radicalizada en el siglo XIX en el contexto de la crisis colonial y posterior proceso de organización de los estados nacionales en Hispanoamérica. Es posible entonces estudiar, con una mirada renovada, la participación de amplios sectores de la población rural durante el proceso revolucionario y las décadas posteriores que dieron lugar al surgimiento del caudillismo.⁶

Desde luego la participación de la población rural en el conflicto político y la emergencia de liderazgos locales de origen rural han sido estudiadas desde diferentes perspectivas, tanto en el Río de la Plata como en Hispanoamérica, con importantes contribuciones entre las cuales, y tan solo a modo de ejemplo, podemos mencionar a Eric Van Young para México, a Charles Walker, Cecilia Méndez y María Luisa Soux para los Andes meridionales, y para Argentina Ariel de la Fuente y Raúl Fradkin.⁷ Obviamente, las razones de esta movilización y participación rural en los conflictos políticos y las disputas de poder han sido múltiples y no permiten generalizaciones simplistas. Nuevamente, y al igual que al estudiar los derechos de propiedad, resulta imprescindible regionalizar y localizar esta conflictividad. En este sentido, y desde estos supuestos, estimo que resultaría sumamente interesante prestar atención a los protagonistas de estas luchas políticas y su relación con los conflictos generados por el ejercicio de diferentes derechos de propiedad al analizar las movilizaciones y la construcción de liderazgos en el ámbito rural.

Considerar la multiplicidad de derechos que genera el acceso a la tierra, considerando a las relaciones de propiedad como relaciones sociales, enriquece el estudio sobre la insurrección rural que tuvo lugar en la Provincia de Salta y los liderazgos que la misma propició. En 1999, en el primer artículo que escribí sobre la insurrección y movilización que tuvo lugar en Salta a partir de 1814 plantee, entre las razones de la generalización que la misma tuvo en el valle de Lerma, la importancia que en ella tuvo el conflicto generado por la ocupación y usufructo de la tierra a fines de la colonia (Mata de López, 1999: 149-175). Frente a la tesis que atribuía la negativa de los paisanos en armas al pago de los arriendos y a la prestación de servicios a los patrones como resultado de una gratificación por los servicios militares prestados, graciosamente concedida por los propietarios de estancias y haciendas por intermediación de Martín Miguel de Güemes (Frías, 1972), o a aquella que la consideraba una imposición de los dueños de la tierra derivada de una relación de poder clientelar (Halperin Donghi, 1972), sostuve que esta movilización rural expresaba una reivindicación social que incluía no reconocer derechos a los que hasta ese momento eran los propietarios de la tierra. Revisar esta insurrección considerando que una de sus razones fue la disputa sostenida entre quienes poseían diferentes derechos de propiedad ofrece la posibilidad de comprender mejor el sentido reivindicatorio, relativizando el supuesto de la “debida retribución por los servicios prestados”, y la persistente negativa a pagar arriendos o a desocupar la tierra después de concluida la guerra (Mata, 2016a). De igual manera contribuye a analizar el insistente y reiterado pedido de reconocimiento de derechos, manifestados ante la creciente presión de quienes alegaban derechos de propiedad individual, a veces refrendados por documentos legalizados por escribano de Cabildo, muchas veces dudosos o imprecisos, destinados a validar derechos de dominio útil y expulsar u obligar a pagar arriendos y/o prestar servicios a quienes consideraban intrusos en sus tierras. En muchos casos la proximidad con el poder resultó clave para dirimir las disputas.

La precariedad de los títulos o directamente la inexistencia de ellos, así como la imprecisión de los linderos y el interés por sanearlos u obtenerlos a través de los deslindes y actos de posesión revelan, en las primeras décadas pos independencia, la importancia del discurso liberal y del conflicto político y su relación con los derechos de propiedad que se disputan. Este interés por validar derechos de propiedad y de legalizar títulos muestra, particularmente en la frontera, en qué medida las disputas por los derechos de propiedad se relacionan con los procesos productivos y como operan las prácticas en torno al acceso a la tierra en la jurisdicción de Salta en esta primera mitad del siglo XIX (Mata, 2016b: 159-174).

Una reflexión final

El estudio de las relaciones de propiedad como relaciones sociales supone, inevitablemente, asumir una perspectiva teórica que recupera el concepto de “realidad social” al cual Rosa Congost hace reiterada mención en su propuesta (Congost, 2019). Y supone también atender a formas de organización política y cambios estructurales, incluyendo aquellos que modifican la relación de los hombres con sus medios de producción. Esto no significa olvidar prácticas culturales y formas de representación e identidad de quienes invocan diferentes derechos de propiedad. Invocación que se expresa con mayor determinación y conflictividad precisamente cuando estos cambios estructurales se gestan o las circunstancias políticas generan nuevas expectativas sociales. En síntesis se requiere recuperar la agencia de los sujetos sociales, tanto en el accionar individual como colectivo, atendiendo a las condiciones objetivas de existencia, las costumbres y el ejercicio del poder.

Abandonar el concepto de propiedad, tal como jurídica e institucionalmente se lo concibe actualmente, y estudiar las relaciones que individual y colectivamente se establecen en el acceso a la tierra, no solo evita los anacronismos y desecha la tentación de estudiar el pasado por los resultados sino que también facilita explorar diferentes escalas espaciales, tanto locales como regionales, incluyendo la estrategia investigativa de la microhistoria. Un enfoque regional, cuya importancia señala precisamente Rosa Congost (Congost, 2019), permite observar y estudiar la multiplicidad de derechos que se ejercen sobre la tierra y ofrece la posibilidad de realizar comparaciones, planteando nuevos problemas y preguntas.

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Notas