1. Introducción

La preocupación en el campo historiográfico por los archivos ha ido cobrando cada vez mayor fuerza en las últimas décadas, con el surgimiento de nuevas tecnologías y con la implementación de políticas públicas destinadas a la conservación del patrimonio documental, entre otros factores. No hace mucho, Lila Caimari le puso nombre a este boom relativamente reciente: el “momento archivos” y se refería a varias señales en esta tendencia, entre las y los historiadores, como el aumento de cantidad de proyectos sobre patrimonio archivístico y bibliotecológico, redes de archivos,² y gestión documental, charlas, seminarios y diversas iniciativas: “Esto era inimaginable hace no tantos años, cuando el archivo era el ámbito menos trendy del mundo: cuando la vecindad de la palabra archivo y la palabra moda era poco menos que imposible” (Caimari, 2020: 223).

Podríamos referirnos a varios procesos a partir de los cuales se fue construyendo este “momento archivos”, que no es característico del campo historiográfico sino que se verifica en otras disciplinas, aunque lo que me interesa aquí es referirme a cómo venimos participando desde el campo historiográfico y con qué formación. Para esto, he elegido dos vías de acceso, que podrían ampliarse y complejizarse si pudiéramos contar con equipos más extensos, pero espero que estas líneas sean en todo caso disparadoras de discusiones: la primera de ellas se relaciona con las iniciativas por parte de historiadoras e historiadores para la protección del patrimonio documental específicamente a través de acciones en el marco de Unidades Ejecutoras de CONICET de todo el país, y la segunda, la revisión de los contenidos referidos a estas temáticas en los planes de estudio de las licenciaturas y profesorados de historia.

Mi argumento central es que pese a los enormes esfuerzos en el campo historiográfico para la gestión del patrimonio documental, la formación para emprender estas tareas dista mucho de resultar satisfactoria.

Para iniciar la discusión es necesario hacer algunas precisiones conceptuales, por lo que en las próximas líneas me voy a referir a los conceptos de patrimonio cultural, patrimonio documental y Archivo/archivo. Y dado que hay perfiles profesionales que se refieren a la posibilidad de que las y los egresados de historia aporten insumos para “la gestión y diseño de políticas públicas”³ incluiremos también la noción de políticas archivísticas.

Por un lado, la noción de patrimonio cultural que, siguiendo a Llull Peñalba, puede caracterizarse como “el conjunto de manifestaciones u objetos nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo” (2005: 181). Debe destacarse, sin embargo, que el concepto ha ido variando desde las tradicionales atribuciones de valores según criterios de autenticidad, monumentalidad y materialidad, para centrarse no tanto en dichos valores de los bienes culturales sino precisamente en los procesos sociales mediante los cuales algunas piezas pasan a formar parte del patrimonio como “valiosas” mientras otras son dejadas de lado (Llull Peñalba, 2005).

Dentro de las clasificaciones de lo que abarca el patrimonio cultural, se encuentra el patrimonio documental: “una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de cualquier tipo, o bien un grupo de documentos, como una colección, un fondo o unos archivos.” (Edmondson, 2002: 6). Monroy Casillas propone definir al patrimonio documental como el “conjunto de bienes con características bibliográficas, archivísticas, iconográficas, audiovisuales y sonoras que transmiten y heredan información socialmente significativa de la vida intelectual, social, política, económica, cultural y artística de una comunidad” (Monroy Casillas, 2012: 18). Esta autora señala que la expresión “significativa” se utiliza en su propuesta no de manera estática sino que –lo que es significativo– varía en distintos períodos históricos según relaciones de poder. Dentro de esta noción se incluyen, a los fines de una sistematización, a documentos de archivo con valor histórico y documentos bibliotecológicos.

Entre las instituciones que preservan y dan acceso al patrimonio documental se encuentran las Bibliotecas, Museos, Centros de documentación y Archivos. A los fines de este artículo, pondremos el foco en los archivos y –siguiendo a Antonia Heredia Herrera– utilizaremos este último término en dos sentidos: con mayúscula inicial –Archivos– para referirnos a las instituciones archivísticas y con minúscula inicial –archivos– para referirnos al contenido documental de aquellos, que puede o no coincidir con un fondo documental (Heredia Herrera, 2007: 21).

Ahora bien ¿de qué archivos y documentos estamos hablando? Por lo general las y los investigadores en humanidades consideramos a los documentos históricos como eje de las políticas archivísticas, pero a diferencia de esta noción, una concepción archivística contempla justamente todas las etapas vitales de los documentos, y no solamente la histórica,⁴y subraya la necesidad de que se integre a la archivística como un saber de la administración estatal (Nazar, 2021). Y nos estamos refiriendo por supuesto no solo a los archivos públicos sino también a los privados. Es decir que una definición de este tipo excede largamente la asociación de política archivística como simple parte de una política cultural (tal sería el caso, si nos refiriéramos solamente a los Archivos como asociados a patrimonio cultural), sino que más bien la concibe como parte de una política pública que debe tener un carácter transversal a las distintas áreas del Estado. Es que no se trata de preservar solamente documentos de valor histórico (como sea que éste se determine) sino que estas políticas deberían, además, incluir a la gestión documental en general y el acceso a la información.⁵

Finalmente, en cuanto a la noción de política archivística, no hay desde luego una definición única. Mientras que para algunos autores el foco está en los documentos, en otros se hace hincapié en el derecho a la información y en otros al servicio. Para José María Jardim, las políticas públicas archivistas abarcan:

el conjunto de premisas, decisiones y acciones –que produce el Estado y que se incluyen en las agendas gubernamentales en aras del interés social– que consideran los diferentes aspectos (administrativo, legal, científico, cultural, tecnológico, etc.) de la producción, uso y preservación de la información archivística pública y privada (Jardim, 2010: 191).

Para situar nuestra contribución en un campo de estudios más amplio, podemos destacar distintos antecedentes para Argentina. Por un lado, partiendo de conceptualizaciones sobre las relaciones entre memoria e historia –en los clásicos estudios de la historiografía francesa con autores como Pierre Nora– podemos señalar un conjunto de reflexiones en torno a estas temáticas, generadas especialmente en el contexto de investigaciones en torno a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina y las posteriores políticas de desclasificaciones de archivos en este sentido (Alves, 2013; Balé, 2018; Da Silva Catela y Jelin, 2002; Diomedi, Loredo Rubio y Segado, 2019; Etchichury, 2018; Lavintman, López y Pankonin, 2017; Nazar, 2005, 2018; Wechsler, 2020, por mencionar solo algunos). Por otro lado, tenemos varios estudios comparados acerca de legislaciones relativas a patrimonio cultural y Archivos en América Latina (Jaen García, 2001; Brunero y Díaz Mariano, 2013; Mendoza Navarro, 2015) y Argentina –ya sea a nivel nacional o regional– con foco en patrimonio arqueológico (Endere et al., 2015), en la legislación archivística (Pené, 2017) o en el acceso a la información pública (Fenoglio, 2019 y Scarensi, 2014). En segundo lugar, también contamos con múltiples estudios acerca de políticas archivísticas y patrimoniales en contextos provinciales específicos, como nordpatagonia (Antonow et al., 2022), Río Negro (Palma, 2023), La Pampa (Salomón Tarquini, 2023), Tucumán (Mitrovich, 2013), Chaco (Bejarano y Rapacciolli, 2008; Ruzich et al., 2013; Salas y Ruzich, 2016; Ojeda y Aguirre, 2016), San Juan (Bustos y Orzanco Peñaloza, 2021), San Luis (Giacomasso y Endere, 2019), Córdoba (Arias et al., 2011-2012), Salta (Mulvany, 2002), Chubut (Sánchez, 2020 y Pérez, 2023), Río Negro (Palma y Pérez, 2021), Formosa (Citro y Torres Agüero, 2012), Jujuy (Delgado, 2002 y Sanz, 2016) y Corrientes (Deniri, 2017). Se trata, sin embargo, de trabajos que en general no tienen una perspectiva comparada y no abarcan distintas dimensiones de su normativa. Demás está decir que hay una numerosa cantidad de estudios por parte de historiadoras/es acerca de archivos o fondos documentales específicos y su importancia para la investigación histórica.⁶

2. Historiadores ‘al rescate’: iniciativas de conservación de patrimonio documental

La participación de integrantes del campo historiográfico en acciones, proyectos y programas de preservación y puesta en acceso al patrimonio documental se realiza en condiciones muy desfavorables: hay escasos fondos⁷ y tiempos para dedicar a las tareas, legislación archivística fragmentaria, desactualizada e insuficiente (Pené, 2017; Fenoglio, 2019), una ley nacional de Acceso a la Información Pública (N° 27.275/16) que no contempla a los archivos ni a la gestión documental y un escenario donde todas las provincias generan legislación de carácter muy disímil allí donde lo hacen (Fenoglio, 2019: 157-160). No existe tampoco una ley nacional de archivos, sino que el Archivo General de la Nación es centralmente un archivo histórico, que ha dedicado grandes esfuerzos a capacitar personal de archivos históricos de distintos lugares del país, pero con prácticas que no han tenido continuidad. Además, no en todas las ciudades del país existe personal con formación en archivística para colaborar en equipos interdisciplinarios.

Una de las vías que han encontrado en algunos Institutos de investigación de CONICET ha sido la contratación de archivistas profesionales para la organización y puesta en acceso de fondos documentales. No hay información acerca de la cantidad de archivistas profesionales contratados en CONICET, por lo que se ha recurrido a consultas y referencias en las páginas web. Hemos identificado, hasta ahora, siete archivistas:⁸ una en Archivo Central, una en una UE de la provincia de Chaco, uno en una UE de la provincia de Chubut, una en una UE de la provincia de Buenos Aires y tres en dos Unidades Ejecutoras de la institución en C.A.B.A.

Para sistematizar la información sobre iniciativas de preservación y acceso a patrimonio documental, hemos realizado un relevamiento inicial consultando las páginas web y vía mail a todos los institutos de CONICET en Ciencias Sociales y Humanidades denominados Unidades Ejecutoras (UE). Estos institutos de investigación suelen ser de carácter multidisciplinar y por lo general son de doble dependencia, es decir que además de estar asociados a CONICET, pertenecen también a “universidades, organismos de ciencia y tecnología, organizaciones de la sociedad y gobiernos provinciales”.⁹

En las 43 unidades identificadas de estas áreas hemos relevado iniciativas vinculadas a patrimonio documental tales como: existencia de Bibliotecas, Centros de Documentación y de Archivos y puesta a disposición de materiales a partir de Repositorios institucionales,¹⁰ en distintos formatos, por lo general bajo la plataforma D-Space.

Como puede observarse en el CUADRO 1, en la mayoría de las instituciones para las que tenemos información existen Bibliotecas mientras que los Archivos constituidos como tales dentro de la UE son muy minoritarios. Los Repositorios, por otra parte, son de distinto tipo: la mayoría consiste en sitios web para poner a disposición producción académica de las y los investigadores (ya sea en forma propia, ligándolos a repositorios de las universidades nacionales a las que está asociada la UE o el repositorio digital de CONICET), mientras que en algunos casos se ponen a disposición fuentes documentales de interés, como en el catálogo del IDH (https://idh.unc.edu.ar/archivo-digital-de-fuentes/) y Archivos Fuegopatagónicos en Red (https://www.archivosfuegopatagonicos.cenpat-conicet.gob.ar/fondosycolecciones/) o colecciones arqueológicas, etnográficas y folklóricas luego ampliadas a bibliografía y colecciones de archivos (como el Repositorio Suquía del IDACOR: https://idacor.conicet.gov.ar/repositorio-digital-suquia/). Cabe señalar que, si bien resta realizar estudios sistemáticos al respecto, es innegable el impacto que tuvieron para iniciativas de este tipo las convocatorias de fondos concursables desde fundaciones privadas como Fundación Antorchas (1985-2006), Fundación Williams, Fundación Bunge y Born¹² o la Fundación Espigas.¹³

3. Formación en archivos y patrimonio documental en los profesorados y licenciaturas en historia: un examen preliminar

Este evidente interés por el patrimonio documental se muestra en las instancias de formación en historiografía. Si repasamos los planes de estudio vigentes en las 25 universidades en las que se ofrecen títulos de grado en Argentina, tanto públicas como privadas, veremos que en al menos 14 (es decir el 56%) hay referencias al patrimonio documental en los alcances del título (CUADRO 2).

Ahora bien, dentro de esos 14 planes de estudio, solo hay tres (es decir el 21%) en los que se incluyen materias en la formación sobre estos temas: en la UNCuyo hay dos materias (Gestión de Archivos Documentales, en segundo año, y Gestión del Patrimonio, en tercer año), en la UN de Río Cuarto hay un seminario (Patrimonio y Sociedad, en tercer año), y en la UN Misiones está la materia Archivística, en segundo año. Esto implica que pese al evidente interés, las instancias de formación son escasas (GRÁFICO 1).

GRÁFICO 1. Proporción de instancias de formación sobre patrimonio y archivos en planes de estudio
elaboración propia en base planes de estudio de Profesorados y Licenciaturas en Historia de universidades en Argentina.

Ahora bien, en todas esas referencias a los alcances del título y competencias profesionales hay varios términos sobre los que quisiera detenerme: fuentes documentales, patrimonio histórico, patrimonio cultural, archivos, archivos históricos, gestión y conservación del patrimonio, reservorios documentales. Aunque abordé algunos de ellos al inicio de este trabajo, no es mi objetivo historizar la evolución de cada uno de estos conceptos, pero quizá sea ilustrativo considerar un ejemplo de interpretación acerca del cambio de paradigmas en la tarea archivística, de Fernanda Ribeiro,¹⁴ especialista portuguesa en ciencias de la información.

Esta autora se refiere a la transición entre dos grandes paradigmas: el custodial-patrimonialista-historicista-tecnicista (integrada por dos fases) y el informacional-científico-poscustodial. Aquí la autora explica que las dos primeras fases, que integran el primer paradigma, se originan luego de la Revolución Francesa con el surgimiento de la disciplina de la archivística, pero con el estatus de auxiliar de la ciencia histórica. A partir de fines del siglo XIX, con el año 1898 como fecha simbólica –el de la publicación del Manual holandés– se iniciará un período en que la teoría y la práctica de los archivos se desprende de la dependencia de las concepciones historiográficas.

Básicamente, algunos de los principales rasgos de este paradigma custodial-patrimonialista son para la autora la sobrevalorización de la custodia o guarda –por sobre el acceso–, un énfasis en la preservación de la cultura “erudita” o “letrada”, y de la memoria como fuente legitimadora del Estado nación, así como una profundización de los modelos de clasificación y precisión de los instrumentos de búsqueda (Ribeiro, 2013: 112-113).

Para esta autora, el inicio de la era postcustodial comienza con la concepción de los archivos como sistemas de información, a partir de la década de 1980, con las revoluciones tecnológicas, que han contribuido a desmoronar las barreras entre las categorías clásicas de la información. Cabría agregar que las preocupaciones crecientes a partir de la II Guerra Mundial por la necesidad de codificar, controlar y organizar la información, y el desarrollo de nuevas tecnologías en este sentido, implicaron la institucionalización de las Ciencias de la Información y la reformulación y profesionalización de disciplinas como la Bibliotecología y la Archivística. Algunas características de este paradigma informacional y poscustodial, según la autora, son:

- Valorización de la información en cuanto a fenómeno humano y social, siendo la materialización en cualquier soporte un epifenómeno.

- Constatación del incesante y natural dinamismo informacional, contrario al inmovilismo documental (…).

- Prioridad máxima dada al acceso a la información por todos, en condiciones bien definidas y transparentes, pues solo el acceso público justifica y legitima la custodia y la preservación.

- Imperativa de indagar, comprender y explicitar (conocer) la información social por medio de modelos teóricos-científicos cada vez más exigentes y eficaces.

- Alteración del actual marco teórico-funcional de la actividad disciplinar y profesional por una postura diferente, sintonizada con el universo dinámico de las ciencias sociales.

- Sustitución de la lógica instrumental, manifestada en las expresiones “gestión de documentos” y “gestión de la información”, por la lógica científico-comprensiva de la información en la gestión” (Ribeiro, 2013: 114-115).

En Argentina no hay demasiadas investigaciones acerca de la historia de la archivística, salvo por estudios como los de Graciela Swiderski (2015 y 2023), Norma Fenoglio (2012 y 2019) y Mariana Nazar (2021). De acuerdo al panorama existente hasta ahora, sabemos que la fundación del Archivo General de la Nación –en 1821– tuvo como principal fin el de constituir un instrumento que asegurara la publicidad de los actos de gobiernos y su organización se desarrolló teniendo en cuenta los principios archivísticos esbozados durante el siglo XIX. Fue precisamente a partir de fines de este siglo cuando, con la profesionalización de la disciplina histórica, el AGN se convirtió en un lugar de memoria y, según Swiderski, “marchó a la zaga del proyecto historiográfico oficial” (2015: 267). Aquí se avanzó en la organización temática, se alteraron los principios de procedencia y orden original y se transformó en un sitio periférico de la administración. “Este modelo se prolongó hasta la década de 1950, cuando se introdujeron en el país tanto los principios teóricos de la archivología como nuevas corrientes historiográficas que alentaban formas más interpretativas y, por lo regular, alejadas de las fuentes primarias” (2015: 268). Pero la disciplina archivística no experimentó en Argentina un desarrollo profesional equivalente al de países centrales. A pesar de los esfuerzos de la Escuela de Córdoba en la década de 1970 (que fue un centro de referencia para toda América Latina) y hasta fines de los 80, ha sido en las últimas décadas que el foco se está comenzando a poner en los abordajes de la archivística integral (es decir no centrarse solo en la etapa vital de los documentos en archivos históricos), en el acceso a la información pública, y en asegurar que los archivos sirvan no solo para la investigación histórica sino también para el ejercicio de derechos (Nazar, 2021 y Moreyra y Benito Moya, 2022).

Entonces, veíamos que tanto en los desarrollos profesionales de la archivística en distintos contextos, como en las caracterizaciones más recientes de la disciplina en Argentina, la cuestión patrimonial dejó de ser un eje central de la disciplina a partir de la década del 80.

Considero que esto implica para nuestra formación contar con espacios curriculares –en la forma de seminarios o materias específicas– en las que se pueda debatir acerca de cómo se han construido y manejado los archivos en distintas regiones –y no me refiero solamente a los históricos–. En asignaturas de este tipo se podrían incluir como contenidos mínimos las historias de conceptos como patrimonio cultural, patrimonio documental, procesos de patrimonialización, tipos de documento, documento de archivo, Archivo/archivo, funciones sociales de los archivos y tener un conocimiento al menos somero de los principales procesos archivísticos y de gestión documental (producción, identificación, organización, valoración, descripción y acceso, disposición), y de las actuales perspectivas en esta disciplina, así como la tenemos de antropología, sociología, entre otras. De lo contrario, corremos el riesgo de no lograr un mínimo piso de inteligibilidad con colegas archivistas, que miran estupefactos cuando alguien de historia les pide “un cursito para poder catalogar unos documentos que encontramos”.

Reflexiones finales

A lo largo de estas líneas hemos identificado que en distintos centros de investigación del país en ciencias sociales, en su mayoría de historia, existe un verdadero interés y grandes esfuerzos por preservar y dar acceso a fondos documentales de distintos tipos. No obstante, la formación curricular que proveen los profesorados y licenciaturas en historia son –a pesar de lo declarado en los perfiles y alcances de los títulos– aún insuficientes para abordar los problemas relativos al patrimonio documental y en particular a los Archivos/archivos de manera satisfactoria.

Es cierto que en este momento hay profesionales de historia legítimamente trabajando en archivos como tales porque, como se sabe, las descripciones archivísticas de distintos niveles requieren de la construcción de una explicación acerca de cómo se constituyeron históricamente determinadas instituciones archivísticas o fondos documentales, lo cual exige investigaciones que pueden ser más o menos extensas, y para las cuales las y los historiadores tenemos formación apropiada. Las tensiones no provienen de aquí, sino por el hecho de que las y los historiadores ocupan ciertas posiciones de poder en archivos para las cuales no tienen la formación suficiente ni pertinente. Esto genera tensiones permanentes en un campo laboral que de por sí no es muy amplio. Baste recordar, por ejemplo, los reclamos por que se reconociera “la especificidad del trabajo archivístico dentro de la función pública” de la asociación profesional Archivistas en la Función Pública Argentina.¹⁵

Entonces, valga la aclaración: no es necesario, ni deseable, ni posible tratar de formar a historiadores para ejercer como archivistas, profesión para la cual existen instancias de formación y capacitación específicas. Pero sí considero que, si la cuestión patrimonial es una inquietud y un ámbito de actuación, el conocimiento de aspectos básicos de la discusión debería estar incluido. Esto requerirá de diálogos sostenidos entre profesionales de la historiografía y de la archivística que podrían ser ciertamente fructíferos en los próximos años.

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Notas