Guerra y desigualdad. Los salarios militares en el Ejército Auxiliar del Perú (1810-1820)

War and Inequality: Military wages in the Auxiliary Army of Perú (1810-1820)

Maximiliano Gallo maximilianogallo18@gmail.com

Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, Argentina

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En este artículo abordamos un tema que ha sido objeto de estudio de la historiografía en el último tiempo, como es el de los salarios y la desigualdad en el siglo XIX argentino. Nuestro objetivo general es aportar a la comprensión de la evolución de los sueldos y del nivel de vida en aquel espacio a partir del análisis de un ámbito particular, como lo es el militar. En este sentido, el foco se colocará en las retribuciones de un sector determinado y en una coyuntura específica: los soldados y oficiales del Ejército Auxiliar del Perú durante la década iniciada con la Revolución de Mayo.

Los objetivos del trabajo son dos. En primer lugar, analizar la evolución de los haberes de los diferentes rangos integrantes de las tres armas que componían el ejército (infantería, caballería y artillería). A partir de esto, buscamos observar cómo aquellos fueron reduciéndose año tras año tanto para los soldados como para los oficiales, aunque dicha reducción dio lugar a la existencia de una creciente brecha entre ambas categorías (Halperin Donghi, 1971). En segundo lugar, partiendo de las pagas percibidas por unos y otros proponemos analizar cuál fue el nivel de bienestar de estos hombres y cómo este fue empeorando con el correr de los años y la guerra, dando lugar a una desigualdad al interior de la fuerza revolucionaria que era desconocida hasta entonces entre las tropas coloniales.

Estas páginas se ubican en la intersección de dos campos de estudio que han tenido un amplio desarrollo en el último tiempo. Por un lado, el de la historia de la guerra, que para el caso específico de la historiografía argentina ha visto grandes avances. Por el otro, la historia de la desigualdad, que se ha propuesto medir su evolución en el tiempo y en distintos escenarios a escala global. Sin embargo, si para este la preocupación por los salarios –como es lógico– ha estado en el centro de su agenda, para el primero el tema ha quedado relegado, como casi todo lo relacionado con la economía de los ejércitos.

La aproximación al estudio de la desigualdad en el Río de la Plata para la primera mitad del siglo XIX apuntó al examen de los jornales de los trabajadores rurales y urbanos, con un destacado acento para el caso de Buenos Aires, aunque nuevas pesquisas se han extendido hacia otras regiones. Al abordar estos actores, el objetivo era comprender la evolución de su poder adquisitivo luego de la independencia, y cómo aquel se alteraba de acuerdo a las coyunturas sociopolíticas y a los vaivenes económicos ligados a los momentos de alta inflación y al grado de apertura comercial. En un plazo más largo, la mirada apuntaría a comprender el impacto en las clases populares de la paulatina inserción de la región en un mercado capitalista de trabajo que iría construyéndose conforme avanzaba el siglo. Paralelamente al caso de los trabajadores rurales y urbanos, los sueldos de la tropa también han sido parte de aquellas investigaciones sobre la desigualdad. Esto responde a que alrededor del 80% de los empleados estatales eran militares, al menos para el caso de la provincia de Buenos Aires durante el rosismo. Allí los gastos de guerra –y dentro de ellos, los salarios– constituían la mayor parte de las salidas del erario en la primera mitad del siglo XIX (Garavaglia, 2003: 155).

Esa característica es aplicable a la revolución, periodo donde, de acuerdo con Rabinovich (2012: 33), al menos uno de cada diez hombres de la población económicamente activa integraba un ejército de línea (sin contar las milicias, lo que engrosa notablemente el índice de militarización). Indagar sobre la paga militar no es menor en tanto comportaba un elevado porcentaje de la sociedad y mucho más de la planta sostenida por el erario público desde 1810.

Para abordar nuestro objetivo, primero repondremos brevemente la historia del Ejército Auxiliar del Perú en el contexto de la revolución y presentaremos las fuentes utilizadas para la reconstrucción y el análisis de los estipendios en esa fuerza. Luego daremos cuenta de la evolución de los haberes militares propiamente dichos. Partiremos de las reglamentaciones coloniales para observar el modo en que, una vez efectuada la ruptura con la metrópoli, aquellos se modificaron al calor de una coyuntura particular y de una revolución que enarbolaba las banderas de la libertad e igualdad. Seguidamente, se reconstruirá el índice de bienestar (Allen, 2001) de la tropa y la oficialidad, empleando la canasta básica para la provincia de Tucumán en la década del diez elaborada por Parolo (2020). Para concluir, insertaremos estos resultados en una lectura más general sobre la guerra, buscando interpretar la deserción y otros accionares de la tropa en virtud de las cada vez peores pagas que ella percibía en beneficio de la oficialidad.

En julio de 1810 partió desde Buenos Aires la “Expedición Auxiliadora a las Provincias Interiores” con el objetivo de garantizar la adhesión de esas jurisdicciones a la revolución. Pasaría poco tiempo hasta que aquella tomara el nombre de Ejército Auxiliar del Perú (en adelante EAP) y se erigiera como una de las fuerzas armadas más importantes en el Río de la Plata. Su existencia fue prolongada y estuvo estrechamente ligada a lo sucedido con el poder central, al punto tal que tras su caída, el ejército se desmembró en unidades más pequeñas. Antes de eso, fue protagonista de tres campañas que buscaron tomar el Alto Perú en 1811, 1813 y 1815; libró batallas en las provincias de Tucumán y Salta; y actuó como el brazo armado del poder revolucionario para imponerse sobre buena parte del espacio que hasta entonces había integrado el virreinato de la monarquía española. Si bien esta fue su prerrogativa en todo el momento, se hizo más evidente hacia finales de la década, cuando debió trasladarse hacia Córdoba para intervenir en los conflictos que se le presentaban al poder central en el Litoral (Morea, 2020: 171-172). Por el EAP pasaron incontables soldados, cientos de oficiales y varios generales, los cuales tuvieron mayor o menor cercanía con los gobiernos que los designaban y con los poderes provinciales de los espacios que ocupaban.

Los salarios se abonaban desde la Comisaría de guerra, dependencia del ejército encargada de llevar adelante todo lo ligado a la administración burocrática, la gestión de las provisiones y del hospital y el manejo de la caja militar (Gallo, 2021). El comisario era un funcionario de hacienda y su dependencia variaría a lo largo de la década entre la esfera militar y la civil, siendo por momentos subsidiario de la Secretaría de guerra y, por otros, de la de hacienda. En el marco de una creciente profesionalización de la fuerza, hacia 1812 la comisaría pasaría a escindirse en dos oficinas: la Comisaría de guerra y la Intendencia del ejército, la cual se suponía superior a la primera. Si bien esta no entró en funciones formalmente hasta 1816, durante aquellos años sí existió una Comisaría Mayor, que se colocaba por encima del comisario de guerra y cumplía las funciones propias de la Intendencia, esto es, la de supervisión y autoridad última (o penúltima si consideramos al general en jefe) al momento de librar pagos.

La gestión del erario militar era una de las funciones centrales de los comisarios. Su vinculación con el comandante era directa, al igual que con la Comisaría General de guerra en Buenos Aires y los ministros de hacienda del poder central, y con las autoridades provinciales de los espacios en donde el ejército operaba. Gestionar la caja militar en el marco de la revolución significaba administrar la escasez, buscando asegurar el funcionamiento de una fuerza armada a partir del aprovisionamiento, el transporte y el pago de sueldos. Esta tarea estaba lejos de ser sencilla. A medida que pasaban los años y la guerra se prolongaba, los recursos locales se agotaban y el gobierno revolucionario se hallaba en una situación fiscal cada vez peor. Esto se daba de manera simultánea a una extensa presión reclutadora que buscaba suplantar las bajas y las deserciones, abarcando buena parte del territorio de las Provincias Unidas y convirtiendo a campesinos y peones en soldados con promesas de pago que estaban lejos de ser cumplidas (Garavaglia, 2003; Rabinovich, 2012).

Las fuentes para abordar la cuestión de los salarios son esquivas. Aunque contemos con algunas investigaciones que traten los sueldos militares, estas por lo general se han limitado a observar los prests de los soldados y eventualmente de algún actor de la oficialidad, como pueden ser los capitanes (Gelman y Santilli, 2014: 94-95). Esto puede deberse a la decisión de tomar una muestra de dos rangos paradigmáticos de los ejércitos decimonónicos. Pero también a las dificultades que presenta la documentación.

En los ejércitos, sobre todo en tiempos de revolución, una cosa era el sueldo asignado –de acuerdo a las escalas salariales que estipulaba el gobierno– y otra era lo realmente percibido. Acceder a lo primero es relativamente sencillo, pues consta en las disposiciones y registros oficiales. Pero el empleo de esta documentación es problemática en tanto era un ideal que, en tiempos de guerra, nunca se alcanzaba. De este modo, la tropa y la oficialidad cobraban su paga de diferentes maneras de acuerdo al rango, pero casi siempre percibiendo menos de lo pactado, sin considerar la posibilidad de que los jefes de los regimientos se apropiaran de ingresos adicionales mediante mecanismos espurios, cuestión que excede los alcances de este trabajo. El hecho de que los oficiales a cargo del reparto de los haberes sobreestimaran los hombres activos en sus divisiones para recibir más fondos de la comisaría era una práctica habitual en los ejércitos europeos del siglo XVIII (Guy, 1985: 80-81; Jones, 1980: 195; Kennett, 1967: 108-110) que aún no ha sido estudiada para esta región, pero resulta difícil suponer que no tenía lugar. De hecho, la instrucción del gobierno revolucionario para los comisarios los advertía con especial énfasis en este punto. Incluso los soldados podían beneficiarse de este sistema a partir de la “plaza supuesta”, una artimaña que radicaba en cobrar el prest dos veces al presentarse a la revista de dos regimientos diferentes y que era castigada con prisión.¹

Para el caso de la década revolucionaria, la información sobre los salarios militares se halla muy fragmentada y la disponibilidad de fuentes para reconstruirlos es más bien difusa. Esto se debe a dos motivos centrales. En primer lugar, los propios documentos de aquella fuerza –y sobre todo los referentes a su gestión económica– tienen lagunas importantes, en especial para los años de 1813-1814 y 1818-1819. En segunda instancia, porque el modo de abonar los sueldos estaba lejos de ser ecuánime durante todo el periodo, ya que estaba sujeto tanto a las contingencias del erario como a las distintas políticas implementadas por sus comandantes. Para el caso de la tropa (soldados, cabos y sargentos) por momentos la paga era semanal, mientras que en otros se efectuaba mensualmente. Con respecto a los oficiales (desde subtenientes hasta coroneles), los problemas para construir series son más complejos debido a que no siempre encontramos documentos que refieran a estipendios mensuales a todos los oficiales por un mismo monto previsto para cada rango. A menudo, el sistema de pagos para este grupo se recostaba sobre buenas cuentas (es decir, pagos parciales que se hacían sin regularidad) de modo que si un mes un oficial cobraba una determinada cantidad de dinero, podían pasar luego varios más hasta percibir una nueva remuneración ajustada por todo el tiempo adeudado.²

Las fuentes empleadas para analizar las soldadas del Ejército Auxiliar son centralmente los libros de la Comisaría de guerra de dicha fuerza, los cuales se ubican en la sala de Contaduría Nacional (III) del Archivo General de la Nación, pero aquellos carecen de bastante información que se debió complementar con otros legajos de la misma sala, así como de la de Gobierno Nacional (X) del mismo archivo. Asimismo, para suplir algunas ausencias hemos recurrido en menor medida a los registros contables de los archivos históricos de las provincias de Salta, Tucumán y Córdoba.

El trabajo metodológico consistió en un rastreo de los emolumentos erogados por la comisaría durante todo el periodo en los diferentes registros que han llegado a nuestras manos. El Ejército Auxiliar se componía de varios cuerpos que lo integraron parcialmente, mientras otros estuvieron más presentes a lo largo de la década. Debido a la desigual información existente para los diferentes regimientos, hemos decidido considerar solo los datos para los cuales disponemos de registros más consistentes. Estos corresponden a los regimientos N° 2, 3, 6 y 9 de infantería, a los de Granaderos, Húsares y Dragones para la caballería y al de Artillería, dejando fuera de análisis otras divisiones, como el Batallón N° 10, los regimientos de Pardos y Morenos, el N° 1 y el N° 7. Por su parte, aunque las milicias integraban parcialmente las filas del ejército, no hemos considerado sus haberes debido a su fluctuante participación y a que el salario solo ocasionalmente era cubierto por el tesoro militar. Una vez obtenidos los datos variados para los diferentes años, unidades y rangos, se procedió a unificar los estipendios de cada cargo por arma. Realizar esto para la tropa conllevó menos labor debido a que las listas de revistas y presupuestos elaborados consignaban a menudo la cantidad de soldados, cabos y sargentos con sus correspondientes retribuciones. En ocasiones esto también se verificaba para la oficialidad, mientras que en otras se debió recurrir a comprobantes sueltos hallados entre los documentos de la comisaría donde se estipulaba el oficial, el cargo y la remuneración. Una vez relevada la información, se consolidó en tablas donde se volcaron los registros por año, cargo y arma.

Los estudios sobre los sueldos militares en el periodo colonial o revolucionario de América no abundan. Juan Marchena Fernández, en su investigación sobre el ejército en Cartagena de Indias, reconstruyó los salarios de la fuerza veterana, donde advirtió una considerable brecha entre la tropa y la oficialidad que se expresaba en que un capitán percibía seis veces lo que un soldado (Marchena Fernández, 1982). Para el caso del virreinato del Río de la Plata, Juan Beverina recuperó las escalas salariales de las tropas veteranas consignadas en el reglamento de sueldos de 1780:

CUADRO 1
Salarios por clase y arma en el Virreinato del Río de la Plata (1780)³

Extraído de Beverina (1992: 256)

Allí podemos ver que, hacia finales del siglo XVIII, un capitán de infantería ganaba más de siete veces lo que un soldado del mismo cuerpo, y ocho veces y media cuando se trataba de las otras armas. Las diferencias con los hombres de la suboficialidad (cabos y sargentos) también eran evidentes, dándose un quiebre a partir del primer escalafón de la oficialidad baja, es decir, los subtenientes.⁴ Esta relación entre capitanes y soldados se mantendría más o menos estable durante buena parte del siglo XIX en Buenos Aires. De acuerdo al estudio de Gelman y Santilli, entre las décadas de 1820 y 1850, los capitanes percibieron entre cuatro y diez veces el prest de los soldados dependiendo del año, con dos picos muy elevados hacia finales de los veinte y en el periodo pos Caseros (2014: 95).

¿Qué sucedió durante la revolución? El 11 de octubre de 1810, unos pocos meses después de que el ejército hubiera partido hacia el Alto Perú, el gobierno revolucionario elaboró un reglamento provisorio para establecer los sueldos de las tropas que fijaba las siguientes escalas:

CUADRO 2
Salarios por clase y arma del EAP dispuestos por la Junta de Gobierno (1810)

Extraído de Biblioteca de Mayo, Tomo XIV (1963: 12377).

Allí observamos que las retribuciones de los oficiales se mantuvieron constantes con respecto al último registro de los veteranos de la etapa colonial, a excepción de un aumento significativo para el caso de la caballería. La tropa y la suboficialidad, en cambio, se beneficiaron de un salto significativo. Si antes un capitán de infantería más que sextuplicaba lo ganado por un soldado, desde entonces pasaría a percibir solo tres veces más –y cuatro en el caso de los artilleros y regimientos montados. Asimismo, la distancia entre la suboficialidad y la oficialidad baja se había acortado separando por $5 a los sargentos de los subtenientes de infantería, cuando antes la distancia era de $9. Sin embargo, en 1813 el gobierno estableció una nueva escala donde se redujeron los prests de los escalafones más bajos: los soldados pasaron a ganar $10; los cabos, entre $11 y $12; y los sargentos, entre $14 y $16 (Rabinovich, 2011b: 67).

Tras su marcha hacia el norte, el Ejército Auxiliar ocupó Charcas a finales de 1810. Apoyado en esa región rica en metales de plata, el abono de los salarios no pareció ser un problema para la comisaría. Carecemos de datos para 1810, pero en 1811 los sueldos relevados de la caballería y artillería se hallaban bastante próximos a los estipulados por el reglamento citado previamente:

CUADRO 3
Sueldos de artillería y caballería en el Ejército Auxiliar del Perú (1811)

Elaborado en base a Archivo General de la Nación (AGN), Sección Contaduría Nacional (CN), S3-3311 (1811-1812) y Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia de Salta (ABHS), Fondo Hacienda (FH), Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor de rentas y tesorería general de la Provincia de Salta (1811). Entre paréntesis las retribuciones acordadas en el Reglamento de 1810, detalladas en el cuadro 2. No hay datos para infantería.

A estas cifras se les descontaba, por entonces, el rancho y el vestuario, que rondaban en los $3.⁵ De este modo, la relación entre la tropa y suboficialidad frente a la oficialidad se mantenía invariable con respecto al año previo. Los datos obtenidos para 1811 refieren a la segunda mitad del año, cuando el ejército ya había abandonado el Alto Perú y se ubicaba en Jujuy. Sin embargo, la caja militar todavía contaba con la capacidad para afrontar la paga por dos razones centrales: en su retirada, los revolucionarios habían traído consigo una buena cantidad de metálico extraído de Potosí; y, al mismo tiempo, el número de hombres había mermado notablemente tras la derrota en Huaqui (junio de 1811), por lo que había menos salarios que cubrir con el erario militar. Como fuera, el total destinado este rubro para ese primer año y medio de existencia del ejército evidencia de manera contundente que estos eran pagados con solvencia: entre agosto de 1810 y diciembre de 1811, la comisaría registró un egreso de $439.956,95 en sueldos, una cifra que arroja un promedio de casi $25.900 mensuales.⁶ Este número sería prácticamente el presupuesto mensual del ejército en los años siguientes por todo concepto de gastos.

La reconstrucción del ejército desde 1812 bajo el mando de Manuel Belgrano y la incapacidad de acceder a las riquezas altoperuanas harían que los ingresos de la tropa comenzaran a mermar rápidamente desde entonces. Sin embargo, se percibe algún repunte en 1813 debido a la nueva ocupación del Alto Perú, donde la disponibilidad de plata facilitaba el pago de las soldadas y, al mismo tiempo, los precios elevados de la región forzaban al abono de mejores salarios. Lo mismo sucedería en la segunda mitad de 1815, en ocasión de la última campaña hacia el norte.

GRÁFICO 1
Evolución de los salarios de la tropa de las tres armas del EAP (1811-1820)
Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, Sección Gobierno Nacional (GN), S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). Archivo Histórico de Tucumán (AHT), Fondo Hacienda (FH), Comprobantes de Contaduría de Hacienda (CCH), Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), Sección Gobierno (SG), Tomo 67, Legajo N° 5, Comisaría de Guerra del Ejército del Perú (1820), ff. 91 y ss.

La evolución de los sueldos de los soldados, cabos y sargentos de las tres armas dan cuenta de una persistente baja desde inicios de la década si tomamos como referencia el reglamento de 1810, con algunos rebotes en el caso de la infantería y la artillería, los cuales se deben, a nuestro entender, a la ocupación de Charcas antes mencionada aunque no debemos descartar algún sesgo por la escasez de fuentes. A partir de 1816, cuando el Ejército Auxiliar fracasó en su último intento de tomar tierras charqueñas y se acantonó primero en Jujuy y luego definitivamente en San Miguel de Tucumán, no hay dudas de la extraordinaria reducción del salario en las tres clases. Desde entonces, la paga se comenzó a realizar de manera mensual y rondaba entre el $1 para los soldados, el $1,5 para los cabos y los $2 o $3 para los sargentos. Esto se refleja en los fondos destinados durante ese año a cubrir las remuneraciones, cuando salieron de la caja $107.765,25 promediando menos de $9.000 por mes, frente a los $25.900 del periodo 1810-1811.⁷ Esta tendencia se mantendría durante los últimos años de existencia del Ejército Auxiliar. El contraste se hace más evidente si se considera la cantidad de hombres que integraban la fuerza en un momento y otro. Si en los primeros años aquella rondaría los 2.000 efectivos (a excepción de la previa a la batalla de Huaqui, donde se sumaron fuerzas altoperuanas); desde 1816 el ejército no bajaría de los 3.000 (Morea, 2020: 165).

La referencia de 1820 en los gráficos previos merece una aclaración. Los sueldos registrados de ese año pertenecen al mes de marzo, cuando el gobierno revolucionario había caído tras la batalla de Cepeda, por lo que el EAP, en los papeles, ya no contaba con un mando supremo delegado del poder central. Sin embargo, por la inmediatez que separa a la caída del directorio del registro de pagas, y a juzgar por el funcionamiento de la comisaría e intendencia que se percibe en la documentación, el ejército aún no había acusado el golpe final a la experiencia revolucionaria. Después de todo, no estaba claro para los actores que aquella coyuntura pusiera fin al proceso. El ejército, que por entonces ya no tenía a Belgrano en su conducción, se hallaba en la provincia de Córdoba, pero sostenía la estructura que lo había caracterizado desde hacía tiempo. La hacienda local había asumido el mantenimiento de la tropa desde antes de Cepeda y lo continuaría realizando por buena parte de aquel año, hasta la disolución del ejército en diferentes unidades militares más pequeñas.

CUADRO 4
Evolución nominal del salario de soldados, cabos y sargentos de las tres armas del EAP en pesos (1810-1820)

Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss.

En el Cuadro 4 se observa la variación de los haberes durante toda la década, con una extraordinaria pérdida en términos nominales. Vale aclarar que esta también debe leerse en términos reales puesto que los precios durante todo el periodo, de acuerdo a la información disponible de los bienes que consumía el ejército y de las canastas de consumo para Tucumán, no mostraron mayores alteraciones. La tendencia a la baja, como dijimos, comenzó hacia 1811, aunque conforme avanzó la década se fue agudizando. Desde 1816, con la tropa acantonada, los salarios se redujeron aproximadamente en un 90%. Esta soldada mensual, en forma de “buenas cuentas” o “socorros”, obviamente no estaba sujeta a ningún tipo de descuento por rancho o vestuario, práctica que se había abandonado y corría por cuenta del propio erario militar.

Si bien el comisario era quien administraba el tesoro, las órdenes sobre los ajustes en las pagas provenían del generalato. En sus memorias, José María Paz, que por entonces se desempeñaba como oficial de caballería, recordaba que las políticas de José de San Martín y de Belgrano en relación con el pago de la tropa eran diferentes. Si bajo la conducción del segundo era frecuente pasar varios meses sin percibir salarios (ni aun con buenas cuentas), para San Martín era de central importancia que los sueldos fuesen pagados a tiempo, a cambio de lo que pretendía profesionalismo y clase por parte de sus hombres (Bragoni, 2005: 100-101). De este modo, durante los pocos meses que estuvo al mando, los estipendios se pagaron de manera regular “a los jefes y oficiales, sin dejar de dar al soldado buenas cuentas semanales, que si no completaban su sueldo, le suministraban al menos para sus más precisos gastos” (Paz, 1917: 168-169).

En esta última cita de Paz está la clave que explica, además de la prioridad marcial de San Martín que difería de las preocupaciones económicas de Belgrano, la gigante brecha entre oficiales y tropa. La exactitud en el pago que se invocaba en las Memorias hacía referencia tanto al tiempo como a la forma, aunque la expresión refleja que lo relevante radicaba en el pago de la oficialidad, dejando lo mínimo indispensable para cubrir las necesidades de las huestes. Carecemos de mayores datos sobre las remuneraciones en su breve comandancia, pero allí el sistema consistía en sueldos íntegros a la oficialidad y buenas cuentas a la tropa.⁸ Lejos de ser una estrategia exclusiva de San Martín, este fue el mecanismo empleado al momento de librar los pagos durante casi todo el periodo. El comisario recibía la orden de abonar sumas fijas para soldados, sargentos y cabos (que fluctuaban en su monto de acuerdo al mes) y paga completa, tres cuartos de sueldo o media paga para los oficiales cuando la situación era apremiante.

El trasfondo de esta realidad era claro. La situación de la caja militar del Ejército Auxiliar estaba lejos de ser auspiciosa. Si para los primeros dos años de su existencia había contado con los recursos metálicos del Potosí, extrayendo de su Casa de la Moneda todo el dinero necesario para que los sueldos se mantuvieran en línea con lo que estipulaba la reglamentación, el retroceso hacia el Tucumán obligaría a ajustar las cuentas y a depender de otras fuentes de financiamiento. Unas pocas cifras bastan para graficar esta situación. Durante el año 1811 ingresó a la caja militar un total de $298.854,35 para financiar al ejército;⁹ en los años siguientes la cifra nunca superaría los doscientos mil, a excepción del año 1813, cuando la segunda campaña al Alto Perú obligó al gobierno a realizar un mayor esfuerzo económico. En 1812 y 1816, dos años para los que contamos con la contabilidad completa, la comisaría recibió $197.842,60 y $163.282,70 respectivamente.¹⁰

La fuente ideal para realizar el seguimiento de los salarios a nivel individual son los cuadernos de los habilitados, donde se asentaban los pagos recibidos así como las gratificaciones, premios y vestuarios entregados a cada hombre. Lamentablemente, este tipo de documento es muy infrecuente en los legajos del Ejército Auxiliar. Pero uno de ellos, correspondiente al regimiento N° 2 para los años 1817 y 1818, permite rastrear los ingresos de bolsillo de estos hombres mes a mes. Tomemos el caso, por ejemplo, del soldado del primer batallón, Bartolo Ribas. Entre enero y diciembre de 1818, Ribas recibió nueve pagos en buenas cuentas “o socorros” de $1, uno de $1,50 y, además, una gratificación abonada el 16 de abril por $4. En el lapso de doce meses, Ribas cobró $14,50, es decir, lo que habría cobrado por un solo mes al comienzo de la revolución. La situación se replicó de forma idéntica para todos sus compañeros de armas registrados en la misma libreta.¹¹ El estado crítico del erario militar para finales de la década repercutía de manera directa en el bolsillo de las tropas rioplatenses.

En este marco, la conducción del ejército implementaba ajustes salariales que priorizaban las ganancias de la oficialidad por sobre las de la tropa. Para observar esta situación en detalle, hemos tomado como referencia los haberes de cuatro categorías de oficiales que eran transversales a todos los cuerpos. No se han considerado en este caso los tenientes segundos, grado militar para el cual la información es muy incompleta y que, por otro lado, no existía en los regimientos de caballería, donde se ascendía directamente del alférez al teniente primero.

GRÁFICO 2
Evolución de los salarios de la oficialidad de las tres armas del EAP (1811-1820)
Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss.

Aunque con más disparidades en relación con la soldadesca, los haberes de la oficialidad también exhiben una tendencia a la baja en tanto avanzaba la década. Nuevamente por la fragmentación de las fuentes, no contamos con datos por igual para todos los rangos, regimientos y años. En efecto, en algunos casos se pueden advertir notables diferencias entre una misma categoría para diferentes unidades.

Como sea, en los gráficos anteriores se observa una particularidad para los años 1814 y 1815. Previamente sugerimos que las subas en los salarios de las categorías bajas podían explicarse por los momentos de ocupación del Alto Perú, lo que ponía a disposición del erario militar una mayor cantidad de divisas. Sin embargo, este no parece ser el caso. Durante todo el año de 1814 y gran parte del siguiente, el Ejército Auxiliar se recostó sobre Tucumán y Jujuy, bajo la breve conducción de San Martín, la primera mitad del primer año, y de José Rondeau el tiempo restante. Y aquí podemos retomar la cita de Paz, donde recordaba que bajo el mando sanmartiniano los sueldos a la oficialidad se pagaban con puntualidad. Evidentemente, la forma no refería solo al tiempo, sino también a que las pagas trataban de ser lo más completas posibles. En tiempos de Rondeau, por su parte, el ejército atravesó una etapa particular. En medio de tensiones con el poder central y los intentos de removerlo, el general en jefe halló un sostén en sus oficiales, quienes llegaron a amotinarse en contra de la llegada de un nuevo jefe, Carlos María de Alvear. Esto, a juzgar por el comportamiento de los haberes, no era gratis. Las razones por las que un nutrido grupo de hombres intercedió en las decisiones del gobierno revolucionario fueron varias, y no es nuestro objetivo tratarlas.¹² Sí, en cambio, podemos interpretar alguna de sus consecuencias. Es sabido, como recupera Alejandro Morea, que si la indisciplina era un problema que acosó al EAP durante toda la década, fue bajo el mando de Rondeau cuando se mostró más agudo. La laxitud de este general provocó grandes problemas para conducir la fuerza y una indisimulable independencia y autonomía por parte de los oficiales. Al observar los sueldos de este grupo, podemos pensar que los jefes de los regimientos tuvieron, al menos por un tiempo, la capacidad para controlar las cajas de sus unidades y distribuir los salarios en su favor. Esto es más concluyente si asumimos la hipótesis de que entre las razones del motín estaba la ambición por parte de los oficiales de mantener sus cargos, el dominio de sus regimientos y las ventajas materiales que eso significaba (Morea, 2015a). No es casual, entonces, que justamente entre los años 1814 y 1815 hubiera un pico en los haberes percibidos por tenientes y, sobre todo, capitanes y sargentos mayores –aquellos que tenían el manejo del dinero en las unidades. La estadía de Rondeau en el EAP, producto de una puja política que tenía lugar en Buenos Aires y sus réplicas en el seno de aquella fuerza, conllevaría así un costo adicional para la caja militar.

Como se señaló más arriba, eran los generales en jefe quienes disponían los salarios a pagar y decidían la reducción que se debía llevar a cabo para cada categoría. Con seguridad esto estaba ligado a la situación económica del tesoro militar, pero no podemos descartar que otras variables entraran en juego al momento de ejecutar las reducciones, tales como la coyuntura, el ánimo de la tropa o las tensiones entre diferentes unidades y oficiales, más aún considerando que, como apunta Bragoni (2005: 113), el propio sistema de sueldos conducía a que existiera una lealtad entre los subalternos y los oficiales que gestionaban el pago de sus comandados. En cualquier caso, disponemos de varios de los oficios sobre retribuciones dictados por los generales, los cuales tenían a su vez disposiciones especiales para quienes se hallaban en estados particulares. En noviembre de 1811, por ejemplo, Pueyrredon ordenó la paga íntegra a los oficiales, aunque estableciendo que aquellos capitanes, tenientes y subtenientes que no tuvieran destino (es decir, regimiento asignado) recibieran solo $25, $20 y $16 respectivamente.¹³ En febrero del año siguiente, Belgrano, ya al mando, dictaminó la remuneración completa a oficiales, suboficiales y soldados, pero solo cinco meses después ya disponía una rebaja sustancial para los últimos dos grupos, aunque manteniendo los haberes completos para los primeros. Desde entonces, esta lógica se repetiría regularmente, aunque con excepciones, como cuando en octubre de 1812, luego de la victoria en Tucumán, se ordenó el pago completo a oficiales y tropa a modo de premio, aunque asignando una cifra reducida de $2, $3 y $4 a los soldados, cabos y sargentos que no hubieran formado parte de la batalla.¹⁴

Con el correr de los meses y el empeoramiento del estado financiero, los oficiales también comenzarían a ver reducidas sus pagas. Incluso con Rondeau, bajo cuya gestión tuvieron un verano que supieron aprovechar, para mediados de 1816 sus remuneraciones ya eran ciertamente menores. En ese entonces, es sugerente que los habilitados¹⁵ elaboraran los presupuestos para sus regimientos calculando la paga completa para los oficiales y una exorbitante reducción para tropa y suboficialidad ($1 para los soldados, $1,5 para cabos y $2 para sargentos) y que fuera el propio Rondeau quien los corrigiera, ordenando una reducción del 50% para los haberes de oficiales y un aumento a $2 para soldados, $3 para cabos y $4 a los sargentos.¹⁶

CUADRO 5
Evolución nominal del salario de la oficialidad de las tres armas del EAP en pesos (1810-1820)

Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss.

Hasta 1817, los oficiales percibieron al menos la mitad de su sueldo. Incluso para buena parte de 1818, año sobre el cual carecemos de datos concretos, la paga era de tres cuartas partes del salario según las directivas de Belgrano en los meses de febrero y abril (Documentos del Archivo de Belgrano, 1916: 348, 365). En 1820, sin embargo, cuando la provincia de Córdoba asumió el sustento del ejército, la decisión fue de reducirla a solo un tercio de lo estipulado, dando forma al momento de mayor ajuste en los haberes de los oficiales durante toda la década que se terminaba.

El contraste con respecto a la tropa es entonces evidente. En las primeras páginas señalábamos que en tiempos de la colonia, un capitán recibía entre siete y ocho veces el estipendio de un soldado, lo que se replicaría –aunque con mayores fluctuaciones– durante el rosismo en la provincia de Buenos Aires. Habiendo observado hasta aquí la reducción que sufrieron las diferentes categorías de los hombres que integraban el EAP, es posible estimar cómo aquella relación entre soldados y capitanes se desarrolló durante la etapa de la revolución. Dicho cálculo también podría realizarse con las demás categorías aquí relevadas, pero a los efectos de continuar con las comparativas realizadas por los autores antes mencionados, reproduciremos aquí únicamente la del capitán-soldado.

GRÁFICO 3
Evolución de la relación salarial capitán-soldado (1780-1850)
nformación sobre 1780 extraída de Marchena Fernández (1982). Datos sobre 1830-1850, de Gelman y Santilli (2014). Para el periodo 1810-1820, AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss.

Para facilitar la comparación, se ha realizado un promedio de la relación entre los haberes de los capitanes y los soldados de las tres armas para el año 1780 y para el período 1810-1820. Los datos aportados por Gelman y Santilli (2014) para las décadas subsiguientes no discriminan el tipo de unidad militar. Como fuera, lo que se observa en el gráfico previo es el inusitado aumento de la desigualdad en la distribución de los sueldos entre las dos categorías durante los años de la revolución. El pico estuvo en 1814, cuando un capitán cobró 33 veces el sueldo de un soldado, y desde entonces la relación se mantuvo en niveles elevados. En ningún otro momento posterior, al menos en Buenos Aires hasta los años sesenta del mismo siglo, se alcanzó un grado de disparidad tal. Recién entre 1865 y 1868, por ejemplo, la relación fue de 12.5 a 1 (Gelman y Santilli, 2014: 111), es decir, tocó los niveles de 1812, momento que no fue, ni por asomo, el de mayor distancia durante la década de la revolución.¹⁷

Esto nos lleva a preguntarnos por las razones de esta amplia brecha. En su análisis, Gelman y Santilli (2014) indagaron sobre sus causas y concluyeron que detrás de la desigualdad yacían concepciones políticas de los gobiernos provinciales entre 1820 y 1860, ligadas inexorablemente a las características de las bases sociales de cada uno de ellos. Marchena Fernández, para el periodo colonial, advirtió en un primer momento que el de capitán era un cargo con una importante tradición, lo que lo revestía de un prestigio particular (1982: 244). Sin embargo, por sobre eso, parecían primar rasgos que el autor definió como sociológicos: las desigualdades en los ejércitos españoles hallaban su explicación en la existencia de jerarquías militares marcadas, que tenían su contrapartida en la jerarquización social, donde se ubicaban los estamentos encumbrados de peninsulares y americanos (1983: 136). Siguiendo esta lógica, el ascenso de estos últimos a los escalafones superiores de los ejércitos –pero también de la sociedad– luego de la revolución podría plasmarse, a su vez, en la aún mayor desigual distribución de los sueldos.

Parece factible que esta situación se reprodujera en el EAP. La precaria asignación para la tropa estaba lejos de ser un tema de debate hacia el interior de la plana mayor, aunque sí era un motivo recurrente de descontento, reclamos y otras formas de resistencia entre los propios soldados y suboficiales.¹⁸ Pero la comandancia, en cambio, miraba con indiferencia que los haberes de la oficialidad primaran por sobre los demás. Volviendo a la cita de Paz, bastaba con dar lo mínimo e indispensable a la soldadesca, aunque aquello significara incumplir con el contrato que la había ligado al ejército al momento de su enrolamiento. Esta concepción estaba sujeta, a su vez, al hecho de que al poco tiempo de iniciada la guerra, el rancho y el vestuario comenzaron a correr por cuenta del erario militar y, por supuesto, no era descontado del mísero prest de la tropa.

La política de San Martín sobre los sueldos parece haberse ejecutado también en el Ejército de los Andes, aunque una mayor holgura de su tesoro evitó que la brecha alcanzara tales extremos. En 1817 las retribuciones de soldados, cabos y sargentos eran de $6, $8 y $10 respectivamente, aunque no sufrían descuentos. Pero los del cuerpo de oficiales se mantenían incólumes con respecto a los reglamentos de principios de la década.¹⁹ De acuerdo con Bragoni, las reducciones del salario solo podían ser ejecutadas en la medida en que afectaran a oficiales y tropa por igual (2005: 114), sin embargo, al parecer esto recién se materializaría en el ejército sanmartiniano en 1818, cuando por orden suprema de Pueyrredon se avanzaba en una rebaja del 50% de los haberes de todos los oficiales y jefes de aquella fuerza. De este modo, el mejor estado de las finanzas del Ejército de los Andes repercutía en mejores pagas frente a las del EAP, sobre todo en los segmentos más bajos, aunque la distancia entre aquellos y la oficialidad persistía.

¿Cómo se posicionaban estos salarios en el escenario local? Para trazar una comparativa con la situación de la región durante el periodo revolucionario, procederemos a emplear la canasta alimentaria básica que fue construida por Allen (2001), donde se propone una ingesta diaria mínima de 1.941 calorías y que se ha tornado en la referencia principal para este tipo de análisis.

Para ello nos apoyamos en una investigación de María Paula Parolo (2020), quien construyó una canasta básica local para Tucumán durante la primera mitad del siglo XIX a partir de los registros de un convento dominico.²⁰ La canasta construida por la autora se apoyó en una estimación de los gastos mensuales en víveres para alimentar a la decena de personas que habitaban la abadía. La metodología empleada le permitió identificar que la carne aportaba algo más del 80% de las calorías que consumían diariamente, lo que se complementaba con pan, grasa y vino (2020: 76-78). A partir de los precios de los alimentos relevados por las compras del mismo convento y por las tasas de abasto de la ciudad, Parolo estimó el costo de una canasta básica mínima individual –es decir, de 1.941 calorías (Allen, 2001)– en $1,20 mensuales para el año 1818 (2020: 80), la cual aumentaba a $1,60 al adicionar los demás costos de subsistencia como alquiler, lumbre, vestimenta, jabón y combustible, también calculados en base a los datos de la misma fuente (2020: 89-90).

En su estudio, Allen proponía que para calcular el costo familiar se debía triplicar el valor unitario, basándose en la idea de una familia nuclear de una pareja con dos hijos (dado que la madre y los niños necesitaban menos calorías que el adulto mayor, el guarismo se rebajaba a tres canastas). Como señaló Santilli (2020: 137), esto supone un problema para las sociedades coloniales, donde la conformación de un hogar no respondía a los lineamientos de la familia tipo del siglo XX, sino que en las casas habitaban más personas. Sin embargo, a los efectos de mantener un mismo índice para entablar comparaciones con otros espacios, tanto los estudios de Santilli como el de Parolo conservan los mismos cocientes. De esta manera, la autora calculó que la canasta alimentaria familiar en Tucumán hacia 1818 era de $3,6 y la canasta básica familiar de $4,9 (2020: 90).

Más allá de estas cuestiones de índole metodológica en general, este índice presenta algunos pormenores sobre los que es necesario advertir si hemos de aplicarlo al ejército. En primer lugar, las 1.941 calorías mínimas de ingesta diaria parecen ser insuficientes para los hombres de la tropa, donde la exigencia física implicaba un desgaste mayor que era necesario contrarrestar con una dieta que, si no era más variada, al menos debía ser más abundante. Es por esto que, lejos de los 20 kg mensuales de carne que correspondían a la canasta mínima (Parolo, 2020: 80), en el ejército el consumo de carne rondaba los 2 o 3 kg diarios por persona, triplicando aquella cifra. En segundo lugar, la aplicación de una canasta familiar puede resultar problemática –cuando no inútil– para los hombres en armas que no convivían con sus familias. Es probable que los oficiales que las tuvieran más próximas destinaran parte de sus sueldos a su manutención, por lo que en este caso bien podría estimarse el costo de la canasta familiar con relación a sus salarios. Sin embargo, el grueso de la tropa –soldados y suboficiales– rara vez tenía esa posibilidad. Por lo tanto, y aunque aún carezcamos de estudios que indaguen sobre esta cuestión, en esos casos no parece de mayor sentido calcular el índice de bienestar o welfare ratio (wr) en relación con los costos familiares.

Esto nos deja, entonces, frente a la canasta básica individual. Como hemos dicho, la cobertura del rancho y la vestimenta por parte del erario del ejército había pasado a ser total desde mediados de la década, por lo que, en línea con lo que advierte Santilli (2020: 155), un bajo welfare ratio debería ser relativizado considerando que el grueso de la canasta del soldado ya estaba cubierta. Incluso los gastos que la completan (alojamiento, combustible, higiene y lumbre) corrían desde el principio por cuenta del erario militar.²¹ De este modo, no es lo mismo estimar el nivel de vida cuando el rancho y la vestimenta eran descontados del salario (situación que sin dudas aplicaba en los primeros años) que cuando dejaron de serlo por la fuerte reducción salarial.

CUADRO 6
Welfare ratio sobre canasta básica individual de la tropa en el EAP (1810-1820)

Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss. Marcados con * los dos primeros años, donde se prevé el descuento por rancho y vestuario.

Los datos demuestran que durante la segunda mitad de la década el prest de los soldados y cabos no alcanzaba a sostener un nivel de vida mínimo, mientras que el de los sargentos apenas lo superaba. Situación muy dispar si se la compara con los años previos y, más todavía, con el salario ideal de estas categorías según lo consignaba la escala salarial de 1810. Vale advertir, al mismo tiempo, que en los meses que el ejército pasaba en el Alto Perú, el nivel de bienestar debió haber sido inferior al calculado en el cuadro porque el valor del costo de vida era muy superior al de las provincias “de abajo” del antiguo virreinato. No contamos con estudios sistemáticos sobre los precios de aquella región para principios de siglo, pero un relevamiento propio en base a los alimentos que adquiría el Ejército Auxiliar indica que la canasta valía al menos un 30% más que en Tucumán para los mismos años, por lo que los aumentos salariales que podían existir no llegaban a compensar esta suba.²²

CUADRO 7
Welfare ratio sobre canasta básica familiar de oficiales en el EAP (1810-1820)

Elaborado en base a AGN, CN, S3-3309 (1810-1811); S3-3311 (1811-1812); S3-3312 (1812-1815); S3-3313 (1812-1816); S3-3314 (1816); S3-3315 (1816); S3-4083 (1810-1825). AGN, GN, S10-358 (1817); S10-3720 (1811-1818); S10-3552 (1811-1818). AHT, FH, CCH, Tomos 50 (1813) y 51 (1814). ABHS, FH, Caja N° 5A, Libro N° 105, Libro mayor (1811). AHPC, SG, 67-5 (1820), ff. 91 y ss.

Si la tropa se hallaba por debajo de la línea de cobertura de una canasta individual, es evidente que los miembros de la oficialidad del EAP cubrían con solvencia incluso las familiares, como se observa en el Cuadro 7. No disponemos de estudios que permitan trazar una comparación entre todos los oficiales con otras épocas, pero basta con advertir que el ratio de los capitanes del Ejército Auxiliar era superior a los de un capitán en Buenos Aires para los años subsiguientes. En 1819, el índice en la antigua capital arroja un wr de 3,28, cifra que apenas aumenta a 3,64 en 1835 y que desciende drásticamente a 1,64 hacia 1849 (Santilli, 2020: 154).

Por último, podríamos preguntarnos dónde se ubicaban estos salarios en relación con el escenario regional. A los efectos de trazar una comparación nos apoyamos en la estimación de Parolo en base a la categoría testigo que se implementa a nivel global para medir el welfare ratio: el albañil urbano (Allen, 2001). Para 1818, esta clase de trabajador tucumano no calificado percibía un sueldo de $6,3 al mes (superando los haberes de las categorías más bajas de la tropa), lo que le significaba un wr de 1,2 para apenas cubrir la canasta familiar (Parolo, 2020: 90-91). Esta situación, aunque ruinosa, era más auspiciosa que lo que vendría en los años siguientes, cuestión que se explica, de acuerdo con Parolo y en línea con los estudios de Halperin Donghi (1971), Leoni Pinto (2007) y Tío Vallejo (2016), porque la coyuntura bélica, y particularmente la presencia del EAP en la región, habían estimulado ciertas ramas de la economía y, con ello, una mejora en los salarios. Los soldados, los suboficiales y los oficiales del Ejército Auxiliar del Perú eran parte central de esa maquinaria que afectaba al conjunto de la sociedad, pero los dividendos que ellos mismos obtenían de la empresa eran muy dispares en detrimento de la tropa, al punto tal que el nivel de vida de los trabajadores urbanos, y mucho más del artesanado calificado (donde se hallaba la maestranza del propio ejército, sector que excede los límites de este trabajo),²³ se encontraban en una mejor posición salarial.

Es probable que esas mejores pagas que se realizaban fuera del ejército dieran lugar a una concesión por parte de su jefatura: en el EAP, los soldados contaban con la posibilidad de conchabarse con terceros cuando no estuvieran en funciones. Esto contradecía el propio reglamento militar, que suponía una incompatibilidad entre la vida dedicada a las armas y el trabajo privado. De acuerdo con Rabinovich, los trabajos para ganar un dinero adicional por fuera de los cuarteles no eran una rareza, aunque se hacían en el marco de cierta clandestinidad, en horarios libres o de descanso y con la complicidad de algún oficial (2013: 85). Sin embargo, en el Ejército Auxiliar, al menos desde 1818, los hombres en armas se empleaban en labores privadas. Así se desprende de un diario de órdenes de aquel año, el cual establecía que para hacerlo debían contar con la aprobación de los jefes de sus compañías, quienes debían saber dónde se conchabarían. Para ello se establecían unas pocas condiciones. Los soldados tenían prohibido portar el uniforme y ausentarse por más de dos llamados de revista y el trabajo no podía ser por “menos de 2 reales” los cuales no podían recibirse en “especies qe no los valgan”.²⁴ Esto no significaba un alejamiento de sus ocupaciones castrenses, pero sí un verdadero relajamiento en la disciplina –y probablemente en la profesionalización– que se pretendía de aquella fuerza. Aunque la orden no lo explicitaba, parece claro que esta resolución estaba estrechamente vinculada con la incapacidad del erario militar de hacer frente a los haberes de los regimientos, muchos de los cuales se hallaban estacionados hacía tiempo sin participar en operaciones de calibre. Pero también es evidente que respondía a una estrategia para evitar las deserciones. Si ellas eran inevitables, este tipo de flexibilizaciones podía contribuir a disuadirlas.

En este panorama, ¿en qué medida los salarios de los oficiales se volcaban a la economía local con relación al prest de la tropa? Desde la perspectiva de Halperin Donghi (1971: 95), las retribuciones, que componían el mayor gasto del Ejército Auxiliar, se gastaban en el mismo escenario que los acogía. Pero considerando el modo en que se distribuía la masa salarial hacia el interior de la fuerza, es probable que estos contactos con la economía local difirieran en su volumen si se estiman los consumos de la tropa y de la oficialidad.

¿En qué invertían su dinero oficiales y soldados? Para los primeros, al momento de cobrar su buena cuenta se abría un amplio abanico de oportunidades. En su artículo, Halperin relativizaba la posibilidad de remitir dinero a sus familias o incluso la del atesoramiento, concluyendo entonces que no era aventurado suponer que la paga se gastara casi enteramente de manera inmediata. Sin embargo, no parece que el ahorro de al menos una porción de los haberes fuera una chance remota dado que el caudal de lo recibido superaba con creces los gastos diarios. De hecho, el ahorro permitía a los miembros de los altos rangos del ejército la inversión a posteriori en propiedades y esclavos, como señaló Morea (2013a). Por otra parte, si parecía ser poco probable el envío de dinero para sus familias que se hallaban en otros espacios, esto no significaba que un sector cada vez más importante de los oficiales no tuviera esposas e hijos que se encontraran próximos al ejército. El hecho de que muchos de ellos contrajeran matrimonio con jóvenes de la sociedad local, como sucedía en San Miguel de Tucumán como mínimo desde 1816 (Morea, 2013b), nos invita a pensar que en esos casos el salario efectivamente se destinaba al mantenimiento de sus hogares. Cuando no era así, los hombres del ejército tenían la posibilidad de realizar asignaciones a sus esposas, hijos o padres, la cual se descontaba de la remuneración, de modo que el sueldo de bolsillo de los oficiales ya traía ajustada aquella expensa.²⁵

Un rubro imposible de desestimar es el que suponían los gustos y placeres de la vida cotidiana, incluso en tiempos de guerra. Aunque carecemos de mayores referencias sobre el día a día de estos oficiales, el relato de un viajero sueco revelaba que, al menos en tiempos de Rondeau, los oficiales no se privaban de darse ciertos gustos, pues en sus campamentos se hallaban varias mujeres por cada hombre y sus equipajes ocupaban a menudo “de treinta a treinta y seis mulas”, cifra probablemente exagerada que daba cuenta de la cantidad de bienes que acarreaban (Graaner, 1949). Sabemos que en tiempos de Belgrano se terminaron muchas de esas costumbres, pero otras que incluían los bailes, la concurrencia a las tertulias y otras salidas recreativas continuaban a la orden del día, junto al consumo de alimentos más sofisticados y vicios que la escasez del erario del ejército no podía garantizar.

El caso de la tropa era muy diferente. Hasta ahora desconocemos la política del gobierno revolucionario con respecto a las asignaciones y pensiones de las familias de los soldados, aunque de tener lugar, aquellas se deberían efectuar antes del cobro del salario. ¿En qué medida cabía la posibilidad de emplear el dinero para el sostén de las familias que se hallaban, como con los oficiales, cerca de los propios soldados? A juzgar por las ínfimas cantidades recibidas y por la incapacidad para cubrir incluso las canastas básicas individuales, parecía difícil que los hombres de la tropa abastecieran a sus esposas e hijos. Sin embargo, no podemos descartar esta posibilidad. En 1818, el regimiento de infantería N° 2 se trasladó a Córdoba para hacer frente a los conflictos internos que enfrentaba el poder central en el Litoral. Como todas las unidades que integraban el Ejército Auxiliar, el origen de sus hombres era variopinto y contaba con una buena cantidad de soldados tucumanos cuyas mujeres permanecieron en San Miguel o sus cercanías. En ese contexto, la Comisaría de guerra asumió las asignaciones para ellas. En marzo de aquel año, 19 mujeres recibieron una paga a cuenta de sus maridos; una era esposa de un capitán, por lo que se hizo de $17; dos mujeres de sargentos recibieron $2; una de un cabo, $1,5 y las restantes 15 percibieron $1 a cuenta de sus maridos soldados.²⁶ El hecho de que tanto el oficial como los integrantes de la tropa dejaran una parte del sueldo en asignación nos sugiere que, antes de partir, eran ellos mismos los que asistían a sus respectivas parejas.

Por fuera de estas erogaciones, cobrar un sueldo que rondaba entre uno o dos pesos restringía, sin dudas, el mundo de posibilidades de los miembros de la tropa. Frente a todo aquello que los oficiales parecían poder hacer, los soldados, cabos y sargentos debían conformarse con satisfacer aquellas necesidades que el fondo militar no cubría. Al igual que sus superiores, ellos no eran ajenos a los gustos diarios, entre los que destacaban los vicios (yerba, tabaco y alcohol). Las actividades de regodeo y las visitas a pulperías y otros espacios de sociabilidad de las clases populares eran frecuentes a pesar de que los soldados tenían prohibido alejarse de sus cuarteles (Documentos del Archivo de Belgrano, 1916: 10). En esos lugares, apartados de las reglas y restricciones de la vida castrense, primaban el juego y los bailes, los cuales necesariamente debían ser cubiertos por el bolsillo propio; sobre todo el primero que no por estar prohibido era infrecuente (Rabinovich, 2013: 72-78). Todas estas actividades estaban lejos de ser nimias. Un soldado porteño que abandonó a su unidad en la campaña refería que se veía pobre por no recibir pagas aunque no le faltaban provisiones ni vestuario; sin embargo, había decidido desertar dado que no tenía “como comprar sus vicios o alguna otra cosa que le hiciese falta” (Di Meglio, 2003: 50).

De este modo, es factible suponer que, mucho más que los oficiales, el grueso de los haberes que se destinaban a la tropa terminaban volcándose íntegramente a la economía local. Esto no es menor ya que si bien sus salarios eran ínfimos, la masa salarial de aquel sector y la de la oficialidad no eran muy distintas. Tomemos, a modo de ejemplo, el caso del regimiento de infantería N° 9. En mayo de 1816, cuando este cuerpo se encontraba en Jujuy bajo las órdenes de Rondeau, el habilitado y sargento mayor Pablo Alemán realizó pagos a los oficiales y tropa. Para los primeros recibió por parte del comisario $1.082,10 que se distribuyeron entre 51 oficiales, mientras que para los segundos se distribuyeron $950 entre 421 hombres.²⁷ Desde ya estas cifras ratifican la desigualdad en el interior del ejército. Pero más que eso, y considerando lo visto más arriba, podemos inferir que casi la totalidad de esos $950 fueron gastados inmediata y directamente en la propia economía jujeña. En cambio, del dinero de la oficialidad, que en términos absolutos era superior, solo una parte debió tener como destino final el consumo local, resguardando el resto para los fines antes mencionados.

La guerra no siempre conllevaba una absoluta ruina. En la región del Tucumán (es decir, los espacios que habían conformado la antigua gobernación homónima), la existencia del ejército impulsaba el desarrollo de actividades derivadas para su abastecimiento. Esto no significaba, por otra parte, que no hubiera secuelas negativas de su extendida presencia, como podía suceder con el intenso consumo de ganado que entraba en colisión con las demandas de la dieta local. Tal como sugería Halperin Donghi (1971), resulta difícil imaginar que los efectos positivos de la presencia militar pudieran contrabalancear los negativos. Con todo, sí es posible advertir que tanto los oficiales y –más aún– la tropa entraban en contacto directo con las producciones, el comercio y los servicios locales.

Sin embargo, está claro que debido a la consistente baja que tuvo lugar en los haberes militares de toda la fuerza, el poder de compra de unos y otros fue menguando en el transcurso de la década. Esta situación estaba inevitablemente ligada a la evolución desfavorable de los números del erario militar, el cual si en un principio pudo atravesar un momento auspicioso debido a la ocupación del Alto Perú y la extracción de sus riquezas, rápidamente debió enfrentarse a las carencias en metálico de las provincias de Salta y Tucumán. Conforme su situación iba empeorando, los sueldos –que componían el grueso del gasto– se irían reduciendo en todas las categorías, aunque de manera diferencial en favor de la oficialidad.²⁸

Esta disparidad nos conduce a una última reflexión, retomando un tema que ha estado entre los principales focos de atención de la historiografía sobre el siglo XIX: la deserción y otras formas de resistencia. La fuga de la soldadesca ha sido un tema atrayente para las investigaciones históricas y era, en efecto, un motivo de gran preocupación durante todo el periodo. Se trataba de un problema crónico que respondía a múltiples causas, entre las que se encontraban el maltrato por parte de los oficiales, la lejanía del hogar y, por supuesto, la paga. De acuerdo con Morea, la deserción en el EAP era un fenómeno regular que, por lo general, se daba de a grupos y en circunstancias particulares y que, si bien no se podía explicar únicamente por la penuria que sufría el ejército, ella era sin dudas un factor crucial (2015b: 175). Ahora bien, los estudios sobre el tema lo han abordado desde enfoques cualitativos o particulares, pero lamentablemente carecemos de estudios que reconstruyan cuantitativamente de forma completa la deserción en los ejércitos rioplatenses, cuestión que está muy ligada a la indisponibilidad de ciertas fuentes. No obstante, algunas investigaciones sobre unidades o momentos parciales indican que las huidas en los ejércitos revolucionarios rondaban el 10% de los enrolados de los regimientos (Macías y Parolo, 2010: 31) o entre un 1,5 y un 2% mensual (Rabinovich, 2011a: 38), todas cifras elevadísimas solo si no se considera el contexto y la situación salarial de los soldados, cabos y sargentos.

En su análisis sobre el tema, Rabinovich (2011a: 41) se preguntó por qué la deserción se daba en determinados momentos si la pobreza –y las otras causas explicativas– eran una constante. Quizá un estudio que cruce la evolución de los salarios con los momentos de deserción pueda contribuir a indagar sobre esta cuestión. Aunque está claro que no era la única causa –o no siempre la primera– para emprender la fuga, el hecho de percibir un prest mensual de $1 cuando hacía no mucho tiempo el mismo estipendio era tres o cuatro veces mayor sin dudas podía motivar al abandono de la tropa; incluso la huida grupal, pues la reducción salarial aplicaba a todos los soldados y suboficiales por igual.

Adicionalmente, el hecho de que estos hombres, ubicados en las clases más bajas del ejército, percibieran que sus sueldos eran ajustados mientras que sus jefes recibían pagas mucho más completas no debería ser ignorado, pues parece difícil imaginar que esta información no se difundiera entre los cuarteles. Las ínfimas –o a veces nulas– retribuciones repercutían en el comportamiento de la tropa, incluso a pesar de que el rancho y el vestuario eran provistos por el ejército. Aquí podemos retomar la característica de la deserción como un fenómeno colectivo. Como señaló Morea (2015b: 178), el ejército era un espacio de sociabilidad donde se forjaban lazos y se construían grupos en función de diferentes variables, como las lealtades, el origen de los compañeros en armas, la solidaridad o incluso la identificación con sus unidades. Al tratarse, como vimos, de rebajas salariales significativas que aplicaban a toda la tropa sin distinciones, es posible que este fuera un factor que desencadenara el descontento ya no de un solo soldado, sino de un grupo. Las quejas colectivas serían una constante desde entonces, como demostró Salvatore en su estudio de los ejércitos de Buenos Aires durante el rosismo, donde se llevaban a cabo deserciones pero también diferentes tipos de resistencia al advertir las diferencias económicas y sociales entre la soldadesca y el “estrato militar burocrático” (1992: 44). Frente a situaciones de este tipo, la posibilidad de la fuga con varios compañeros –a menudo coterráneos– no requería de muchos otros incentivos.

El abandono no era el único síntoma de la desobediencia que caracterizaba a las fuerzas rioplatenses. En su análisis sobre las tropas porteñas durante la revolución, Di Meglio esbozó un recorrido por las diferentes formas de resistencia, retomando la conceptualización de Scott (2003). Junto a las deserciones, el autor identificaba las insubordinaciones, los robos y los motines, todos los cuales comportaban acciones colectivas, por lo que más que resistir eran una forma de actuar (Di Meglio, 2003: 53). Entre ellas, los hurtos se ligaban directamente con el problema de los bajos salarios, y con frecuencia se justificaban en ellos –incluso sirviendo de atenuante para las penas, dando lugar a una “negociación de la obediencia” (Bragoni, 2005: 121). En el Ejército de los Andes, por ejemplo, un grupo de artilleros que colaboraba armando cartuchos con pólvora en la maestranza fue descubierto robando para venderla. Al justificarse, uno de ellos arguyó que “la Patria le pagaba tan mal, que trabajaba y no le pagaban” (Bragoni, 2005: 122). Lamentablemente, carecemos de investigaciones que aborden el funcionamiento de la justicia militar en el seno del EAP y que permitan, al igual que con las deserciones, indagar sobre los comportamientos de la tropa en función de su bienestar sirviendo en las filas de las fuerzas revolucionarias.

En cualquier caso, en estas páginas se ha intentado demostrar que en tiempos de la revolución, y en el marco de una fuerza militar de máxima importancia para el proceso iniciado en 1810, la desigualdad en la distribución del dinero para los haberes alcanzó niveles máximos que no tuvieron lugar hacia finales de la colonia, ni, al menos hasta donde sabemos, en las décadas posteriores a la independencia. Esto no es solo relevante por lo que nos dice sobre el manejo del ejército y los problemas que pudo haber tenido, sino porque se trataba, en definitiva, de un grupo que integraba a un enorme sector de la población adulta masculina como producto de la intensa militarización que había impulsado la revolución.

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