Introducción

En 1907, una huelga de inquilinos puso en vilo a la ciudad de Buenos Aires. Por esos años, varias ciudades de Europa y América, en particular aquellas de rápido crecimiento y que atraían gran cantidad de inmigrantes, fueron testigos de conflictos por el acceso a la vivienda. Así, por ejemplo, en Nueva York en 1904 y 1907, y en Barcelona en 1907, el aumento sostenido del precio de los alquileres ejerció una fuerte presión sobre los presupuestos de los sectores trabajadores y de bajos ingresos que dio lugar a importantes protestas. Ninguna de estas disputas, sin embargo, tuvo la envergadura de la huelga de los conventillos de la capital argentina de la primavera de 1907. Este conflicto se prolongó por más de tres meses y, en su momento de mayor intensidad, entre mediados de septiembre y fines de octubre, decenas de miles de inquilinos dejaron de pagar sus alquileres. Buenos Aires, para entonces convertida en la mayor ciudad de América del Sur, contaba con unos 2.500 conventillos, en los que residían aproximadamente 140.000 personas, en su mayoría trabajadores extranjeros. La protesta que se extendió por esas degradadas viviendas colectivas fue, para algunos observadores, “la huelga más grande que se ha producido” hasta el momento en el país.²

Además de involucrar a decenas de miles de inquilinos, la huelga de 1907 posee rasgos peculiares, que explican el interés que concitó entre los contemporáneos y, más tarde, entre los analistas de nuestro pasado. En primer lugar, tuvo su principal foco en los distritos más céntricos de la capital de la república, a pocas cuadras de la sede del poder ejecutivo, el parlamento y las redacciones de los grandes diarios. De allí que fuera seguida con atención por la prensa y con preocupación por el poder público, que desde muy temprano incidió de manera decisiva en su devenir (aunque, como veremos, de un modo muy distinto al que la historiografía suele asignarle). Esta visibilidad contribuyó a que los ecos de la huelga pronto se hicieran sentir fuera de Buenos Aires. De hecho, en otras ciudades del país, como Rosario, Bahía Blanca y Córdoba, muchos arrendatarios de viviendas populares también presionaron para alcanzar un arreglo menos oneroso.³ La huelga tuvo incluso ecos fuera del territorio nacional, ya que inspiró a los inquilinos de Rio de Janeiro a lanzar un movimiento de protesta.⁴ Por último, la huelga movilizó a sujetos que habitualmente permanecen en un segundo plano, entre los cuales se destacan las mujeres, que alzaron la voz en nombre de la defensa del hogar proletario y la familia trabajadora. Ello no solo le dio una particular dinámica al conflicto de los inquilinos, sino que convirtió a esta disputa por el derecho a una vivienda asequible en un mojón de la historia de las luchas feministas en la vida pública. Por todos estos motivos –escala, visibilidad, impacto en otras geografías, movilización de actores tradicionalmente poco propensos a ocupar el espacio público–, la huelga de los inquilinos constituye un hito muy significativo en la historia de las luchas populares argentinas.

La huelga de 1907 ha sido analizada tanto por los historiadores del hábitat popular como por especialistas en historia social que, en las décadas de 1980 y 1990, siguiendo el guion bosquejado por los anarquistas y los socialistas del cambio de siglo, definieron los grandes parámetros de interpretación de este conflicto. En esta literatura, la huelga suele describirse como un producto de la honda división social característica de esa sociedad polarizada, que se desplegó en el marco de un orden político indiferente, cuando no hostil, a las demandas de las clases trabajadoras.⁵ Algunos autores, incluso, describen a esta protesta como el emergente de un proceso de formación de una cultura obrera crítica del orden establecido que desafiaba el estrecho marco político de la república oligárquica. Desde este punto de vista, la huelga de 1907 aparece como el resultado de la experiencia de explotación a la que, en el plano de la producción, pero también en la esfera del consumo, era sometida esa población trabajadora europea que había cruzado el Atlántico en busca de mejores horizontes.⁶ Esta manera de concebir la protesta de los conventillos no ha sido alterada de manera sustantiva por contribuciones más recientes que, atentas a la dimensión de género, enfatizan el papel desempeñado por las mujeres en la huelga, pero siguen encuadrando esta disputa a partir de la división entre clases propietarias y trabajadoras, y describen al Estado como un instrumento al servicio de la preservación de los privilegios de los grupos más poderosos de la Argentina liberal (Yujnovsky, 2004; Barrancos, 2007). En síntesis, en todos estos relatos que subrayan la hondura de la división social y los conflictos de clase de la Argentina del cambio de siglo, la protesta de los inquilinos es concebida como la expresión del proceso de formación de una identidad popular de clara impronta contestataria nacido de la doble exclusión, económica y política, de que eran víctimas las mayorías populares del país oligárquico.

Este modo de interpretar la huelga de 1907 se estructuró a partir de la narrativa elaborada por las corrientes de izquierda de la época, y encontró expresión privilegiada en el diario socialista La Vanguardia y, sobre todo, en el periódico anarquista La Protesta. Pero al situar la protesta de los inquilinos en el marco de una visión agonal de la era oligárquica, cuyo capítulo central eran los conflictos, en ocasiones agrios e intensos, que alteraban las rutinas de empresas y fábricas, la especificidad de la disputa en torno a la vivienda quedó opacada, y subsumida dentro de una narrativa más interesada en subrayar la resistencia popular contra un orden excluyente que en entender sus rasgos singulares y, más en general, los mecanismos que aseguraban la adhesión de las mayorías a un orden político que fue, por cierto, más estable y más legítimo de lo que muchos de esos relatos están dispuestos a aceptar. De allí que, para alcanzar una mejor comprensión de la huelga en tanto evento singular, conviene colocar a la perspectiva ofrecida por la prensa de izquierda en diálogo con un universo más amplio de fuentes y testimonios que realcen otras dimensiones y recojan otros puntos de vista. Para ello es imprescindible dirigir la atención hacia la vigorosa prensa política y comercial de la época. Para comienzos del siglo XX, Buenos Aires contaba con una prensa periódica rica y diversa que, con ventas superiores a los 300.000 ejemplares diarios (esto es, al menos un diario cada tres habitantes), seguía con interés los temas que interesaban a las elites dirigentes, pero también los que interpelaban a un vasto público popular. Prestar atención a sus distintas voces nos ayuda a ofrecer una reconstrucción más compleja de las motivaciones, la dinámica y el significado de la huelga, que contemple el clima de ideas en que se desplegó la disputa, el papel desempeñado por socialistas y anarquistas en su desarrollo, la manera en que fue procesada por las instituciones estatales, sus hitos y, por último, también su importancia política.

A la luz de esta exploración, el artículo sugiere que la huelga de inquilinos de 1907 permite vislumbrar que, antes de que la reforma electoral de 1912 pusiera fin al orden oligárquico y volviera a la política argentina mucho más sensible a las demandas de las mayorías, la discusión pública sobre la vivienda estaba dominada por un clima de ideas favorable a los reclamos de los inquilinos, visible tanto en la calle como en los despachos oficiales. La prensa contribuyó decisivamente a la construcción de este clima. De allí que, pese a las notorias deficiencias representativas del sistema político –que, como sabemos, le daba la espalda a la libre expresión de la voluntad ciudadana–, las concepciones predominantes sobre la vivienda popular, de tono mayormente crítico hacia el conventillo y el arrendamiento, dieron legitimidad a las quejas de los inquilinos. Más aún, el artículo muestra que, contra las visiones que describen a la Argentina oligárquica como un territorio hostil para la formulación de demandas populares, el análisis del comportamiento de la justicia, el gobierno municipal y la policía revela que las instituciones estatales tuvieron un papel clave en la construcción del espacio político que hizo posible la protesta. Sin tomar en cuenta estos elementos es imposible entender la vasta envergadura que alcanzó la huelga, que debe ser concebida, más que como expresión de la hondura de la fractura política y social de la Argentina oligárquica, como un indicador de las posibilidades que ofrecía el orden político e institucional para la formulación de una demanda de estas características. Por supuesto, ninguno de estos factores explica por sí solo el curso de la huelga que, como todo conflicto, ningún actor estaba de antemano en condiciones de orientar o controlar plenamente.

El problema de la vivienda en una ciudad en veloz crecimiento

La huelga de 1907 se desplegó contra el telón de fondo ofrecido por una ciudad en la que el acceso a la vivienda constituía un serio problema para los sectores de bajos ingresos. La principal dificultad nacía del desfasaje entre el ritmo de crecimiento demográfico y la oferta habitacional. A lo largo del siglo XIX, Buenos Aires se convirtió en una de las ciudades de mayor expansión del planeta. Gracias a su papel como nexo entre el dinámico capitalismo agrario pampeano y el mercado mundial, la modesta urbe que en 1810 apenas tenía 44.000 habitantes se transformó, para el estallido de la Primera Guerra Mundial, en una ciudad de 1,6 millón de habitantes. Este proceso cobró especial velocidad en la segunda mitad del siglo cuando, al calor de la expansión de la economía atlántica, la ciudad a orillas del Plata se convirtió en el principal centro comercial, financiero y manufacturero de Hispanoamérica. Entre 1855 y 1909, la población de la ciudad creció unas 13 veces, a una tasa cercana al 5% anual. Para entonces, Buenos Aires triplicaba en población a la ciudad de México, y se había convertido en la mayor urbe de América Latina (Hora, 2023).

En un país cuya población total en 1870 no alcanzaba los 2 millones de habitantes, la formidable expansión demográfica de Buenos Aires dependió del aporte de migrantes europeos. Esos migrantes llegaban a la ciudad atraídos por los altos salarios y las oportunidades de movilidad social y progreso económico que ofrecía lo que entonces era una de las economías de mayor crecimiento del mundo atlántico. El arribo de cientos de miles de inmigrantes ejerció una enorme presión sobre las escasas viviendas disponibles, por lo que durante todo este período la oferta habitacional siempre corrió detrás de la demanda. La consecuencia fue un alza sostenida del precio del suelo y, sobre todo, de la vivienda para alquilar, que constituyó desde muy temprano un rubro particularmente oneroso del presupuesto de los trabajadores. En el siglo XIX, la expansión de Buenos Aires no dio lugar a la formación de una ciudad obrera en la periferia, sino más bien a una urbe de mezcla, en la que una parte considerable de la oferta de viviendas populares quedó localizada en los intersticios de la ciudad establecida. De allí que muchos trabajadores terminaran residiendo en distritos céntricos, a veces muy cerca de sus lugares de trabajo, pero en los que el precio del suelo era comparativamente alto. Este fenómeno, a su vez, dio lugar al desarrollo de un sector de inversores especializados en la explotación de viviendas populares que, ya sea como propietarios o arrendatarios, ofrecían en alquiler las unidades habitacionales que componían esas viviendas colectivas. En Buenos Aires, por su condición de cabeza de una dinámica economía exportadora de alimentos de clima templado, la comida era comparativamente abundante y barata, y por su condición de ciudad en veloz expansión, la vivienda era particularmente cara. De hecho, diversas estimaciones de la época señalaban que, para 1900, el alquiler insumía entre 20% y el 30% de un salario obrero, mientras que en ciudades europeas como Bruselas, Hamburgo o Liverpool este rubro representaba menos del 15% de los ingresos de un trabajador.⁷ Los habitantes de Buenos Aires tenían sus razones para quejarse del precio o la calidad de los alimentos, pero tenían motivos mucho más poderosos para alzar la voz contra la oferta de vivienda.⁸

De hecho, ya en la primera mitad de la década de 1890 es posible registrar quejas sobre el precio de los alquileres. Esos fueron años de caída de los salarios, producto de la recesión que siguió a la Crisis del Noventa, por lo que el costo de la vivienda gravitó con más fuerza sobre los presupuestos populares. Ello explica por qué, a mediados de 1893, Antonio Ucar, un médico anarquista, inició una campaña reclamando una rebaja de los alquileres. Su principal vehículo de propaganda fue la prensa. A comienzos de julio, Ucar recorrió las redacciones de los principales diarios repartiendo una gacetilla que varios de ellos, creyendo de interés para sus lectores, dieron a conocer. Tras denunciar con lenguaje inflamado a los “tiranos” que medraban a costa de los inquilinos, Ucar invitó a los locatarios de la ciudad a una reunión “para hacer propaganda para obtener la rebaja de los precios de los alquileres”.⁹

La convocatoria no tuvo éxito, pero Ucar no se desanimó. Al año siguiente, insistió con su llamado a la lucha. El resultado fue un segundo fracaso, y no por falta de apoyo en la prensa, de tanta gravitación en la construcción de la opinión pública en una ciudad tan lectora como Buenos Aires (Buonuome, 2025; Rojkind, 2012). Pues lo notable del caso es que, pese a que Ucar no ocultaba sus convicciones libertarias, varios periódicos que no guardaban simpatía alguna por ese credo tomaron seriamente el reclamo de rebaja del alquiler. Así, por ejemplo, Tribuna, el diario del ex presidente Julio Roca, tal vez el político más importante de su tiempo, pese a que criticó el tono belicoso de la convocatoria, observó que “no deja de ser atendible la solicitud”.¹⁰ Y el católico La Voz de la Iglesia, vocero del arzobispado, que tampoco ignoraba en nombre de qué ideales hablaba el pequeño grupo nucleado en torno a Ucar, declaró que “se proponen los asociados obtener la rebaja racional de los alquileres, persiguiendo este propósito que interesa a todos los que tenemos que vivir en casas de otros”.¹¹

Todo esto no solo confirma que, en el clima todavía muy liberal que imperaba en la discusión pública en la década de 1890, declararse anarquista estaba lejos de concitar la impugnación automática de actores centrales de la prensa o la vida política (Albornoz, 2021). Más importante es advertir que la preocupación por el alto precio de los alquileres estaba lo suficientemente extendida como para que un proyecto dirigido a morigerar su incremento fuese recibido de manera positiva incluso por el redactor del principal diario católico de Buenos Aires. La construcción de viviendas para alquiler ya formaba parte del menú de opciones de inversión de los capitalistas porteños en tiempos de Rosas, pero la gran expansión de la ciudad en las últimas décadas del siglo le había dado una mayor envergadura a este negocio, acrecentando la visibilidad y, sobre todo, el recelo con que eran juzgados los inversores que se dedicaban a esta cuestionada actividad. Es importante notar que la impugnación al conventillo se alimentaba de una antigua y arraigada corriente de crítica hacia el rentismo, tanto urbano como rural, que había tenido voceros de relieve ya en tiempos de Sarmiento (Hora, 2018). Para el cambio de siglo, empero, la valoración social de los rentistas urbanos era quizá más negativa que la de los rurales, en parte porque las precarias pero muy visibles viviendas populares que afeaban el centro de la ciudad chocaban con los ideales de progreso que inspiraban a la administración municipal y a muchos porteños, y también porque el alto costo de la vivienda generaba un malestar cotidiano entre los miles de hombres y mujeres que no tenían otra alternativa que recurrir al alquiler de este tipo de residencias.

Sin embargo, pese a que la queja contra el alto precio de los alquileres concitaba la simpatía de amplios sectores de la opinión pública, propuestas como las del doctor Ucar tendían a ser recibidas, si no con indiferencia, al menos con escepticismo. El motivo de esta actitud estaba arraigado en la naturaleza misma de la condición de inquilino en una sociedad en la que la oferta y demanda de vivienda estaba regulada por el mercado. Los episodios que estamos considerando confirman que, para un conjunto muy amplio y heterogéneo de personas que comparten la común condición de locatarios de una vivienda, que por definición carecen de recursos organizativos que les permitan agregar sus demandas, nunca es sencillo traducir un extendido pero difuso malestar en una propuesta de acción capaz de movilizar a una porción significativa de las víctimas de la explotación de los rentistas urbanos. Además, la movilidad ocupacional y geográfica de muchos inquilinos, que en el curso de pocos años solían acceder a mejores empleos o viviendas y que incluso podían moverse hacia el universo de los propietarios de viviendas –una experiencia más frecuente que en otros destinos de inmigración como Estados Unidos–, seguramente también contribuyó a diluir el malestar (Pérez, 2017). De allí que, por más de una década, acompañando el crecimiento demográfico de la ciudad como la sombra al cuerpo, el precio de los alquileres siguió en ascenso, sin que llamamientos a la acción como los que hizo una Liga de Inquilinos creada en 1905 y otra Liga contra los altos alquileres e impuestos nacida en 1906 tuvieran mayor efecto.

De hecho, protestas como las de los inquilinos son, por los motivos recién evocados, eventos poco frecuentes, sobre todo cuando el problema del alto costo de la vivienda se encuadra en un horizonte de mejora que concibe a la residencia en el conventillo como una etapa que, para muchos de ellos, eventualmente quedará atrás. Siempre es difícil explicar la irrupción de una protesta, y este caso no es la excepción. De todos modos, hay que tener en cuenta que algunas condiciones son necesarias para que un colectivo tan heterogéneo como el de los inquilinos decida movilizarse en torno a una causa común. Por una parte, el sordo resentimiento que suele atravesar la relación entre locador y locatarios debe transmutarse en un sentimiento más potente, más próximo a la indignación o la ira que al mero disgusto. Pero el malestar, por más profundo que resulte, no produce por sí mismo movilizaciones colectivas. Para que esto suceda es preciso que ese estado de ánimo se vea acompañado de un diagnóstico de la situación a partir del cual un amplio universo de sujetos, además de sentirse damnificado, perciba que resulta razonable asumir el desafío que supone embarcarse en un reclamo de resultado incierto. Como sugirieron Charles Tilly y Sidney Tarrow, toda protesta popular posee un componente de reclamo moral y otro de cálculo estratégico. No hay acción colectiva de envergadura y sostenida en el tiempo si sus protagonistas no están animados por la convicción de que, además de razones de estricta justicia, el contexto en el que deciden abandonar la pasividad ofrece posibilidades ciertas de que su iniciativa será coronada por el éxito. En definitiva, para que la protesta trascienda el estrecho círculo de las minorías militantes hacen falta estímulos provenientes de un entorno percibido como receptivo, ya sea por la colaboración de actores críticos hacia el orden establecido o, en su defecto, porque los actores que se movilizan esperan contar con el respaldo y la legitimación de algunos sectores de poder o de agentes de la propia estructura estatal. Colocados en la estela del trabajo de E. P. Thompson –de una apropiación de la contribución de este autor más centrada en la idea de explotación que en la de experiencia y, en especial, de la experiencia de las mayorías en una sociedad de inmigración con alta movilidad social–, los estudios históricos argentinos sobre el conflicto social no se interrogan demasiado sobre esta dimensión crucial de la protesta popular. Sin embargo, como ahora veremos, la huelga de 1907 solo se comprende cuando es encuadrada en esos parámetros, aunque sin olvidar que por su propia dinámica el conflicto tuvo derivaciones y asumió dimensiones cuyo alcance era imprevisible para sus protagonistas.

Rebelión en el conventillo

El conflicto de 1907 comenzó a gestarse cuando, en el curso del mes de agosto de ese año, los propietarios de inmuebles advirtieron que las boletas del impuesto municipal llegaban a sus manos con fuertes aumentos. De este modo, tras varios años de sostenida expansión económica, el alza del precio del suelo se trasladaba a las valuaciones de la propiedad inmueble. Convencidos de su superior poder de negociación, y dado que no estaban limitados por contratos de mediano o largo plazo, los dueños y administradores de conventillos decidieron volcar el incremento de la carga impositiva sobre las espaldas de los inquilinos. Sin calcular que su acción podía suscitar resistencias, incluso decidieron ir más allá, pues el aumento más habitual excedió con creces la incidencia del incremento de los impuestos municipales, y en muchos casos terminó superando el 30%.

Se trató, quizás, del mayor salto que experimentó el precio de la vivienda en la historia de la ciudad. Percibido por muchos inquilinos como injustificado y desmedido, el incremento provocó sorpresa e indignación. Trastocó el frágil equilibrio que volvía, si no legítimos, al menos tolerables los arreglos vigentes. Un incremento de esa magnitud puso una presión extraordinaria sobre las finanzas de muchos inquilinos. De un día para otro, muchos de ellos se vieron en la necesidad de imaginar de qué manera reajustar su presupuesto para hacer frente a esta erogación inesperada. En los primeros días de septiembre, un grupo de residentes del conventillo Los Cuatro Diques, de la calle Ituzaingó 279-325, donde el precio de cada cuarto había saltado de 18 a 25 pesos, anunció que no aceptaría los nuevos términos. Este conventillo pertenecía a la familia de un próspero inmigrante alemán, Pedro Holterhoff, de tensas relaciones con sus inquilinos. Acaudillados por uno de los residentes, Arturo Rinaldi, reclamaron una rebaja del 30% y, para dejar en claro que su determinación era firme, se negaron a abonar el alquiler correspondiente al mes de septiembre. Varios inquilinatos de la vecindad imitaron la medida y, en pocos días, la protesta comenzó a extenderse por los conventillos de la ciudad. Mientras tanto, Rinaldi encabezó una “comisión de resistencia” para coordinar acciones y darle relieve público al movimiento de huelga.

No conocemos en detalle las circunstancias que llevaron al grupo liderado por Rinaldi a avanzar por esta senda. Tampoco sabemos demasiado sobre los antecedentes de este hasta entonces pacífico empleado de una empresa telegráfica, salvo que no parece haber tenido vínculos con grupos de poder ni con actores de la vida pública porteña.¹² Por otra parte, para explicar los motivos de la rápida difusión de la protesta de los inquilinos porteños no basta con mirar el problema desde el ángulo de sus quejas y desdichas, ni del maltrato que sufrían por parte de propietarios y administradores de conventillos. El crecimiento de la protesta tampoco se explica únicamente por la capacidad organizativa que mostraron Rinaldi y sus compañeros de causa, visible en el hecho de que en pocas semanas surgieron comités de huelga en un considerable número de barrios y viviendas colectivas. Comprender la expansión inicial de la huelga requiere también atender a la manera en que el reclamo fue tramitado en la discusión pública y procesado por la justicia, la policía y la intendencia municipal. Es en estos planos donde podemos advertir por qué muchos inquilinos sin experiencia política u organizativa previa se sintieron autorizados a desafiar a propietarios y administradores, y qué margen de acción tenían para hacerlo.

Para comenzar, es importante tener presente que la opinión pública se colocó abiertamente del lado de los inquilinos. Ya hacía tiempo que el conventillo era objeto de crítica en los emergentes círculos de expertos en cuestiones sociales, aunque hay que decir que el influjo de los hombres de cátedra y libros sobre la formación de climas de opinión, con mayor frecuencia más postulada que demostrada, suele exagerarse. Del mismo modo, también suele atribuirse excesiva importancia al influjo del periodismo socialista y anarquista, siempre crítico del conventillo, pero que, pese a sus manifiestos esfuerzos para ampliar su influencia, solo conseguía interpelar a una porción muy minoritaria de los lectores porteños y que, además, únicamente comenzó a agitar abiertamente en favor de la huelga cuando esta ya había alcanzado vuelo propio. De hecho, la izquierda no tuvo mucha gravitación en el estallido de la huelga. Mucho más decisiva, en cambio, fue la contribución de los grandes medios de prensa, tanto de impronta comercial como política, en los que desde el comienzo primó una postura muy favorable a los huelguistas. Hacia ellos, pues, conviene dirigir la mirada.

Los dos mayores diarios de la ciudad, La Nación y La Prensa vieron con buenos ojos el reclamo de los huelguistas, tanto por razones vinculadas a su visión de país como porque se trataba de un tema que interesaba a buena parte de sus lectores. De hecho, La Prensa no solo sostuvo que era necesario atender al drama de los inquilinos con “urgencia y con tino” sino que calificó al negocio de alquilar habitaciones como una “nueva industria que puede llamarse parasitaria”.¹³ Este diario dispuso que uno de sus cronistas recorriera diariamente los conventillos con el fin de calmar la sed de noticias sobre la huelga que parecían tener sus lectores.¹⁴ Por su parte, La Nación argumentó que el conflicto había sido “creado por los propietarios con sus exigencias”, que de este modo revelaban sus impulsos egoístas y ambiciosos. “No se piden alquileres baratos sino alquileres razonables”, afirmó el diario de Mitre, por lo que proponía “que los propietarios se den por satisfechos con una renta de 8 o 9 por ciento en vez de pretender el 15 o el 20”.¹⁵La Nación también informó regularmente sobre la huelga, en crónicas favorables al punto de vista de lo inquilinos.

Es interesante notar que el anarquista La Protesta no tenía dudas de que el aliento a la huelga por parte de “los grandes diarios burgueses” se debía al deseo de sintonizar con el humor de sus lectores populares.¹⁶ En cualquier caso, también los medios de prensa de claras afinidades partidarias ofrecieron argumentos que apuntaban en una dirección similar. Así, por ejemplo, el pellegrinista El País no dudaba al afirmar que “todo el mundo justifica la protesta”.¹⁷ Por su parte, Tribuna, el diario de Roca, sostuvo que “el pueblo trabajador no puede vivir… No está justificado en forma alguna este aumento exagerado”.¹⁸

Es importante detenerse en la prensa católica, siquiera porque la Buenos Aires de 1907 poseía una comunidad de seguidores del obispo de Roma mucho más numerosa que la socialista o anarquista y, seguramente, mucho mejor representada entre los habitantes del conventillo (comenzando por las mujeres que, en nombre de la defensa del hogar, participaron activamente de la protesta). Es revelador que los dos diarios católicos de la ciudad, que hacían de la preservación del orden y la defensa de la propiedad uno de sus temas predilectos, tomaran partido por los inquilinos. Pese a que por principio negaban legitimidad a las protestas populares, en esta ocasión avalaron el reclamo. “No somos partidarios de las huelgas... pero también es verdad que, en el caso que nos ocupa se ha tirado la cuerda tan despiadadamente que muchos de los huelguistas habrán salido poco menos que ahogados”, afirmó La Voz de la Iglesia.¹⁹El Pueblo, el matutino que quería convertirse en la voz del catolicismo popular, razonó en términos parecidos: “hay algunas veces huelgas que no sería posible condenar sin violentar la justicia… no se oye sino el clamor de gentes que trabajan y no alcanzan a pagar el alquiler de la pieza en que viven”.²⁰

Por fin, conviene reparar en La Argentina, exponente del nuevo periodismo que aspiraba a ganarse un lugar como vocero de causas populares, y que ya el día 10 de septiembre ofreció a sus lectores una entrevista con los huelguistas de Los Cuatro Diques, cuyo punto de vista suscribió enteramente. De allí en adelante, La Argentina siguió las alternativas del conflicto de manera casi cotidiana, siempre acompañando los reclamos de los inquilinos.²¹ No sorprende, por tanto, que, trazando un panorama de conjunto, el diario socialista La Vanguardia señalara que “la prensa en general, desde el órgano anarquista al diario católico, ha acogido con simpatía, y en muchos momentos entusiasmo, la agitación que usando un término impropio se ha dado en llamar huelga de los inquilinos”.²² En síntesis, y al margen de la discusión sobre cuán precisa era la conceptualización utilizada para describir la protesta de los conventillos, es claro que, desde el comienzo, la prensa contribuyó a que los inquilinos ganaran la batalla ante el tribunal de la opinión pública, ubicándolos en el lugar de víctimas inocentes de la voracidad y el egoísmo de los dueños de viviendas colectivas. Giremos la atención, entonces, hacia el tratamiento que estos merecedores de justicia recibieron por parte del Estado.

Jueces y policías ante la protesta de los inquilinos

Acicateada y legitimada por la prensa, la vitalidad de la protesta también dependía críticamente de la reacción del poder público. En particular, la actitud inicial de jueces y policías fue crucial para determinar qué margen de maniobra tenían los huelguistas, y hasta qué punto podían negociar desde una posición de fuerza. En cuanto a la administración de justicia, la negativa de los inquilinos a abonar el alquiler correspondiente al mes de septiembre, que debía saldarse en los primeros días de ese mes, llevó a muchos propietarios a denunciar los incumplimientos ante los tribunales. Dado que no había antecedentes de una disputa de esta envergadura, no estaba para nada claro cuál sería la respuesta de la justicia. La expectativa de que los inquilinos en mora serían expulsados en cuestión de días, por medio de procedimientos sumarios, pronto se reveló errada. Por una parte, porque la prensa siguió con atención el comportamiento de la justicia, advirtiendo, como hizo La Vozde la Iglesia ya el día 14, que “sería prudente que los señores jueces obraran con conciencia y en prudencia debida, para que, en estos momentos anormales no pudieran los dueños de conventillos imponer al trabajador de buena fe la ley de la vecindad al amparo de la justicia”.²³ Pero sobre todo porque muchos magistrados parecen haberse sentido sinceramente identificados con la causa de los inquilinos y, una vez que las demandas de desalojo llegaron a sus despachos, siguieron a rajatabla el procedimiento y los plazos procesales que les aseguraban a los demandados cierto grado de protección contra la arbitrariedad de los propietarios y sus agentes. Al cabo de unos pocos días, además, la mayor parte de los inquilinos ya contaba con letrados dispuestos a defender su causa en los estrados judiciales. Y estos profesionales del derecho sumaron otra barrera a toda forma de resolución del conflicto mediante un procedimiento sumario de expulsión que solo contemplara el interés de los dueños de conventillos.²⁴

La idea de que la justicia se colocó automáticamente del lado de los propietarios, repetida incluso en los trabajos más recientes (Poy, 2021), es equivocada. Este modo de razonar refleja el imperio de una visión que atribuye a la administración de justicia una implacable lógica clasista que, en los hechos, se ve desmentida apenas concentramos la atención en el funcionamiento concreto de la maquinaria judicial. En rigor, entre los magistrados primó una actitud sensible hacia la posición de los inquilinos, visible en la frecuencia con que apelaron a los rígidos protocolos del procedimiento de desalojo previsto por la ley, que dilataba la expulsión y reforzaba la posición negociadora de los huelguistas. Tanto es así que la actitud de la justicia despertó un sinfín de quejas entre los propietarios. A fines de septiembre La Nación constataba que “los usufructuarios del negocio han puesto el grito en el cielo por la lentitud con que los jueces de paz proceden en los centenares de demandas por desalojamientos que se han instaurado a raíz de la huelga”. Algunos magistrados, incluso, fueron bastante más allá. El juez Eliseo Lestrade elevó una nota al Ministro de Justicia en la que señalaba que “el país no puede conceptuar progreso a la usura sobre la propiedad”, instándolo a tratar un proyecto de modificación del Código Civil que ampliase el término legal de los desalojos.²⁵ Es más, Lestrade abogó por la sanción de un proyecto de ley “que establece el castigo de la usura en la explotación de inmuebles, fijando la renta bruta en un 6% del valor fijado a la propiedad a los efectos del pago del impuesto territorial”.²⁶

Ciertamente, la cultura jurídica liberal no estaba preparada para admitir una restricción tan radical al derecho de propiedad, por lo que las propuestas dirigidas a imponer un tope al precio del alquiler solo se abrirían camino en 1921, en un contexto muy distinto, marcado por el impacto de la Gran Guerra en la regulación del mercado y por la llegada de la democracia electoral.²⁷ Pero entre una regulación estricta del mercado de vivienda y la total libertad de contratación que, por la asimetría entre oferta y demanda que reinaba en Buenos Aires, obraba muy en favor de los propietarios, había puntos intermedios. Y no hay duda de que no solo los jueces de primera instancia sino también los máximos responsables de la administración de justicia estaban convencidos de que debían intervenir para definirlos en favor de los huelguistas. Ello quedó claro en la reunión que el Ministro de Justicia de la Nación, Juan Antonio Bibiloni, mantuvo con el presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Carlos Molina Arrotea, máxima autoridad de la justicia de paz de la ciudad, en la que el ministro “expresó su deseo de que se tomara alguna medida con los jueces de paz en cuanto se relacionara con los trámites de los juicios de desalojo (…) debiendo tenerse en cuenta la situación difícil de los demandados”.²⁸ A su turno, Molina Arrotea reafirmó este criterio, e instruyó a los jueces para que adoptaran “un criterio benigno, pues el ‘no pago’ de los inquilinos no es un acto de mala fe, sino un conflicto económico y social”.²⁹

La administración de justicia fue, pues, un escollo contra el que chocaron los reclamos de expulsión de los propietarios. La importancia de la actitud de la justicia no pasó desapercibida ni siquiera para la prensa anarquista que, pese a su retórica siempre hostil hacia las instituciones estatales, no dejó de señalar que “la Cámara de Apelaciones pasó una nota a los jueces de paz a fin de que se abstengan de ordenar desalojos”.³⁰ Todo esto explica por qué el mes de septiembre se cerró sin que las amenazas de expulsión pudieran concretarse. Y es muy razonable pensar que esta victoria en las primeras semanas de la huelga contribuyó a que muchos inquilinos que dudaban sobre cuán prudente era desafiar a los propietarios se sumaran a la protesta. Así parece sugerirlo Tribuna, que en su edición del 30 de septiembre observaba que la “suspensión de procedimiento judiciario obedece sin duda a las indicaciones que el presidente de la cámara civil hizo a los jueces de paz… este temperamento reposado, sin precipitaciones, armoniza con las ideas de altruismo y humanitarias con que se le debe mirar a la causa popular”. No era una hoja de izquierda sino el diario de Roca el que celebraba que, gracias al respaldo que había encontrado en el seno del Estado, “el movimiento huelguista continua siempre fuerte y entusiasta”.³¹

La participación de la policía en el conflicto también debe ser analizada dejando de lado las visiones que describen a la institución entonces dirigida por el coronel Ramón Falcón como un instrumento al servicio del poder propietario. Esta perspectiva no advierte que, a tono con la simpatía que despertó el movimiento en la opinión pública, la agitación en los conventillos estuvo muy lejos de ser concebida por la institución policial como una amenaza al orden social. Esa percepción descansaba en una lectura de los conflictos sociales que, lejos de negar legitimidad a las demandas populares, las acompañaban, al menos en espíritu, siempre y cuando no traspasaran la muchas veces delgada línea que separaba los reclamos pacíficos de los que alteraban el orden público. El componente reformista de la ideología policial, si no favorable al menos sensible a las nociones de justicia que animaron muchas demandas populares, antecede a la era democrática. Por supuesto, la forma de juzgar cuándo y cómo un reclamo popular cruzaba la frontera de la protesta legítima tuvo mucho de arbitraria y, a comienzos de siglo XX, con frecuencia dio lugar a intervenciones represivas. Sin embargo, basta recorrer las páginas de la Revista de Policía para advertir que distintos integrantes de la policía se manifestaron, no pocas veces, en favor de reformas sociales que aligeraran la situación del asalariado, a quien concebían como un actor necesitado de orientación y protección.³² No se trataba de mera retórica. Habituada a mediar en huelgas y conflictos entre trabajadores y patrones, en más de una ocasión la policía había laudado en favor de los primeros (Albornoz, 2023).

Un conflicto en torno a la vivienda interpelaba de manera muy directa a la propia policía. La lectura de los ejemplares de la Revista de Policía publicados antes y durante el conflicto muestran que la jerarquía de la institución no podía permanecer indiferente a los intereses de su personal subalterno, compuesto de agentes y cabos cuyas condiciones de vida se asemejaban a la de los levantiscos inquilinos que debían controlar y que, en varios casos, eran ellos también arrendatarios. De hecho, el propio Falcón se vio obligado a impartir una orden prohibiendo la participación de policías en la huelga, lo que sugiere que esa actitud estaba lejos de ser extraña.³³ “¡Hay metidos en la huelga hasta escribientes, ordenanzas de los juzgados de paz! También hay vigilantes”³⁴, decía La Argentina, poniendo de relieve que el conflicto de los inquilinos planteaba problemas singulares para muchas instituciones estatales. Y es que, para la justicia, pero sobre todo para la policía, el conventillo no era un espacio más sobre el que imponer autoridad sino el hogar de muchos de sus empleados subalternos, o el de sus parientes y amigos más cercanos. Agreguemos que, incluso antes del estallido de la huelga, los reclamos e inquietudes por la carestía de la vida y los bajos salarios eran moneda corriente, al punto de que la Revista de Policía llamó la atención sobre el retraso de los sueldos policiales respecto a los del resto de los trabajadores: “En los últimos diez años el sueldo de los agentes solo ha aumentado escasamente en la proporción de un doce por ciento. Todos los gremios trabajadores han obtenido, sin embargo, en ese mismo espacio de tiempo aumentos que varían entre el cincuenta y el ciento por ciento”.³⁵ Ello explica por qué, pese a la orden del jefe policial, los cuadros inferiores de la institución resistieron la presión y siguieron, de manera abierta o encubierta, participando de la huelga o tendiendo una mirada simpática hacia el reclamo de los conventillos.³⁶ En alguna medida, la lucha de los inquilinos era también su lucha.

Obligada a actuar bajo la presión de sus bases y las simpatías reformistas de sus mandos, a la vez que sabiéndose observada y fiscalizada por la gran prensa, que no dudaba en fustigarla por sus arbitrariedades o excesos, durante varias semanas la policía se movió con notable prudencia, inclinándose muchas veces por una estudiada pasividad. Esta es otra de las razones que explican por qué, en las primeras semanas de la huelga, no hubo desalojos, y por qué el 24 de septiembre La Argentina podía pedir “un aplauso para la repartición policial, por la prudente y discreta actitud” que mantenía ante al conflicto.³⁷ A ello hay que sumar que, para la policía, el procedimiento de expulsar inquilinos era una experiencia ingrata, que los agentes policiales siempre trataban de esquivar. Los redactores de la Revista de Policía se quejaban de que la justicia obligara a los policías a retirar las pertenencias de los expulsados, dejándolas en la calle. El retiro de muebles y petates era una tarea muy impopular, que humillaba y enardecía a muchos desalojados, y hacía caer su ira sobre los agentes a cargo de la tarea. Por eso, cuando en el mes de octubre se produjeron las primeras expulsiones de inquilinos, la Revista reclamó que “los procedimientos sean siempre todo lo conciliatorios que sea posible, a fin de que el cumplimiento de los mandatos de la ley, produzcan los menores males posibles”.³⁸ Este tipo de tensiones marcó varios de esos primeros desalojos, muchos de ellos frustrados por la renuencia de la policía a llevarlos adelante en circunstancias problemáticas, al punto de que el diario La Nación llegó a describirlos como “parodias” de expulsiones. Todo ello no solo revela los obstáculos que dificultaban el cumplimiento de las órdenes judiciales sino también las reticencias de los agentes del orden, muy reacios a enfrentar lo que incluso la policía entendía como la muy justificada ira de los inquilinos porteños.³⁹

El intendente de los pobres

La cálida acogida que el reclamo de los inquilinos recibió entre los actores centrales del entramado de poder de la ciudad ayuda a entender por qué, desde el comienzo, tanto la “comisión de resistencia” encabezada por Rinaldi como los demás grupos que animaron el movimiento de protesta siguieron un curso de acción muy moderado, tomando distancia de los activistas que buscaban acercarlo a posiciones de izquierda. En su edición del 11 de septiembre, cuando la huelga comenzaba a cobrar vuelo, La Protesta la saludó como un “hermoso exponente de la rebelión a la explotación burguesa”.⁴⁰ Los socialistas también le tendieron una mano generosa. En su sede partidaria de la calle México 2070 organizaron un consultorio jurídico, e invitaron a los huelguistas a tomar distancia de los letrados “burgueses” que los representaban ante la justicia. Desde su punto de vista, esas “aves negras” solo buscaban esquilmarlos. Varios sindicatos también abrieron las puertas de sus locales para que los organizadores del movimiento realizaran sus reuniones. Sin embargo, vista en conjunto, la relación entre la izquierda y los huelguistas fue notablemente tibia y, por momentos, distante. A lo largo del conflicto, los socialistas nunca dejaron de quejarse de que los “obreros ignorantes” preferían recurrir al asesoramiento de las “aves negras” antes que al servicio jurídico que les ofrecía el partido.⁴¹La Protesta, por su parte, instó a la central sindical anarquista a tomar mayor protagonismo en el conflicto, bajo el argumento de que “una gran parte de los inquilinos esperan el llamado de la FORA. Confiamos en que de una vez por todas las organizaciones de carácter revolucionario aprovecharán el descontento general contra la avaricia capitalista para encauzar el movimiento”.⁴² Para ellos, también, la huelga se desplegaba sin la guía de sus líderes naturales. Pero su invitación a acercar los caminos de huelguistas y militantes tuvo muy poco eco.

En rigor, estas quejas y reclamos revelan que, con muy buenos motivos, los residentes de los conventillos no veían a los anarquistas y los socialistas como los mejores aliados para encarar una lucha que no se proponía impugnar la propiedad privada o el orden político sino a obtener algo más concreto y tangible: una rebaja de la renta. Y no los veían tanto por razones ideológicas, asociadas a la brecha entre el ideario de estos activistas de izquierda y el del común de los huelguistas como, también, por razones estratégicas. Los hombres y mujeres que habían decidido desafiar a los dueños y administradores de conventillos no veían ventaja alguna en tensar su relación con jueces, policías y funcionarios municipales, o malquistarse con la gran prensa, solo para recibir la adhesión de actores de la vida pública porteña que, más que acercarlos, los alejaban de ese objetivo. Lanzarse en brazos de actores políticos de escasa gravitación y que tenían otro norte volvía su causa menos legítima y ecuménica. Está claro que, desde su punto de vista, en vez de fortalecerla, la debilitaba. Por eso eligieron a “aves negras” como el procurador J. Solano Campos, designado representante legal del comité de huelga, antes que a los letrados del Partido Socialista, y por eso se mantuvieron a distancia de los agitadores anarquistas que, con su “prédica constante contra la propiedad privada”, querían convertir a la protesta en “un principio de guerra contra la sociedad capitalista”.⁴³

Este modo de posicionarse se hizo visible desde muy temprano. En una asamblea convocada el día 18 de septiembre por Rinaldi y los iniciadores del movimiento, los huelguistas dejaron en claro “el propósito de no encarrilar el movimiento por tendencias sectarias, sociales o políticas”.⁴⁴ En esa reunión, el grupo que había asumido de facto la representación del movimiento hizo aprobar un manifiesto dirigido “Al pueblo obrero” donde, luego de proclamar el arribo de la “hora de la unión”, concluían que “nuestro deber, nuestra familia y nuestro instinto de conservación nos obliga a contrarrestar la ambición de los propietarios, sanguijuelas de la sangre y el sudor del obrero” mediante una “huelga general de inquilinos”. Pero el pasaje más llamativo de la proclama era el referido a la figura que tomaban como abanderado y líder de su lucha, que no era otro que el intendente de la ciudad, el muy patricio Carlos Torcuato de Alvear. “La obra magna iniciada por el señor intendente”, se lee en el manifiesto, consistía en un programa de defensa de los intereses del pueblo que había comenzado combatiendo “el avance de los explotadores de los artículos de primera necesidad”. Luego de la creación de ferias francas, el siguiente hito de la lucha justiciera de Alvear, confiaban y pedían los huelguistas, era revertir los abusos de los explotadores de la vivienda popular.⁴⁵

Este gesto deferente hacia Alvear tenía en vista el encuentro que Rinaldi y sus compañeros de causa ya tenía agendado con el jefe del gobierno municipal, y al que concurrieron al día siguiente, acompañados por Solano Campos y escoltados, también, por un periodista de La Argentina. Es interesante notar que Alvear abrió las puertas de su despacho a los huelguistas antes que a los propietarios que representaban el otro polo del conflicto. No solo eso: apenas terminó la reunión, el intendente formuló declaraciones ante la prensa donde dejó muy en claro que no necesitaba escuchar la otra campana para saber a quién debía apoyar. “Carlos Alvear manifestó a la comisión que él veía con mucha simpatía este movimiento de protesta”, reportó La Protesta.⁴⁶ Pero hay más: además de manifestar su identificación con la causa de los huelguistas, Alvear declaró que la situación de los inquilinos era “realmente digna de toda protección de las autoridades”.⁴⁷ En rigor, el mensaje que transmite esta reunión debería hacer pensar dos veces a quienes imaginan que la dirigencia y las instituciones de la era oligárquica eran indiferentes a cualquier opinión de los de abajo. De acuerdo con el relato de la prensa, luego de escuchar a los huelguistas y manifestarles su apoyo, Alvear cerró la entrevista afirmando:

que iba a entrevistar ayer mismo al ministro del interior, a fin de enterarlo sobre los antecedentes y causas de este conflicto, y se despidió de la delegación con un vigoroso y democrático apretón de manos a cada uno de los que la componían. Al salir del despacho uno de los delegados, realmente emocionado, nos decía: -Este intendente, es el intendente de los pobres.⁴⁸

Vastos apoyos en el periodismo y la opinión pública, una administración de justicia dispuesta a hacer valer los derechos de los huelguistas, una policía expectante, si no comprensiva con la protesta, y un intendente municipal de estilo “democrático” y dispuesto a mostrarse públicamente solidario con sus demandas: todo esto explica muy bien los motivos por los cuales los consejos que ofrecía la izquierda desde La Vanguardia y La Protesta resultaban poco tentadores para los huelguistas. Y explica, también, la fuerte expansión que el reclamo experimentó en el curso del mes de septiembre, hasta hacerse sentir en casi todos los conventillos de la ciudad. La Voz de la Iglesia lo expresaba con estas palabras:

La simpatía que la huelga ha encontrado en la opinión pública y el apoyo que la intendencia y la prensa independiente en general han dispensado a los iniciadores del movimiento, ha servido para estimularlo, haciéndolo adquirir mayor extensión e intensidad. Los organizadores muéstranse satisfechos con el éxito de los trabajos, y manifiestan su agradecimiento a todos aquellos que supieron ponerse del lado del débil, contra la opresión de los dueños y encargados de esas inmensas casas donde se cobijan vergonzantes, todas las miserias proletarias.⁴⁹

Formulada de manera elíptica, no era muy distinta la visión que, en paralelo (y contrariando su celebración de la huelga como una instancia de lucha revolucionaria), dejó entrever La Protesta, cuyo redactor subrayaba que la ausencia de toda dimensión agonal era la clave del éxito del reclamo de los inquilinos. Se trataba, en rigor, de “una huelga sin riesgos, sin pérdida de jornales, sin temor de lock-out, sin peligro de ninguna especie. Se reduce a no pagar, lo que por de pronto beneficia y es de una realización facilísima y especialmente cómoda”. Y el vocero anarquista agregaba que, por la escala verdaderamente masiva que había adquirido el reclamo, “no hay cuidado de verse con los cachivaches en la calle porque extendiéndose la huelga, propagándose como se viene propagando de inquilinato a inquilinato, no hay justicia, ni policía que plante en la calle a miles de personas”.⁵⁰ Para La Protesta, pues, se trataba de una lucha hecha a la medida de huelguistas que no precisaban contar con fibra revolucionaria. No se equivocaba: muchos relatos de esas semanas transmiten la idea de que en los conventillos se vivía un clima alegre y por momentos hasta festivo, como el que observaba el roquista Tribuna, que a comienzos de octubre notaba que “el espíritu reinante entre los inquilinos huelguistas no decae un solo momento… Reuniones numerosas, oratoria vibrante y acción sin descanso son los factores que imprimen vitalidad y éxito a la cuestión palpitante de la huelga”.⁵¹

Resistencias y disputas

En las primeras semanas de la primavera, los huelguistas tenían muy buenas razones para festejar. En esos días, la prensa reportó decenas de arreglos favorables a los inquilinos. A fines de septiembre, un poderoso propietario, de apellido Anchorena, dio lo que Tribuna consideró “un hermoso ejemplo que debe ser imitado”: rebajó los alquileres en su propiedad de Paseo Colón 1690 aún más del 30% solicitado.⁵² Poco después, los huelguistas alcanzaron “un triunfo significativo” en Andes 864 y Alsina 2536.⁵³ En ocasiones, al acuerdo siguió la celebración. En Defensa 1254, la victoria fue refrendada por un festejo en el patio de la vivienda, en la que “bebiéronse varios barriles de cerveza y se pronunciaron discursos en favor de la huelga no faltando tampoco los vivas para el propietario y encargado del conventillo”.⁵⁴ Esto último no debe llamar la atención: pese a la mala imagen que solía rodear a rentistas y encargados, y a los roces cotidianos, todos debían seguir conviviendo. La algarabía y el clima festivo que acompañó algunos arreglos resultó particularmente irritante para quienes aseguraban que la huelga debía ser un paso en el camino hacia la revolución social. Ejemplo de ello fue el anarquista que, desde las páginas de La Protesta, lamentaba haber “visto desde hace días que se vienen realizando bailes y farras en los conventillos por haber conseguido la insignificante rebaja del 30%, por lo cual creen que ya son libres y no se acuerdan de los compañeros en lucha”.⁵⁵ También llevada por el entusiasmo, a comienzos de octubre La Voz de la Iglesia veía que la huelga continuaba “con éxito creciente”, y le auguraba a los inquilinos “el triunfo más completo”.⁵⁶

Esta imagen demasiado plácida es algo engañosa. No todos los conflictos se resolvieron de manera armónica, y desde el comienzo la huelga estuvo plagada de pequeños roces e incidentes: rencillas entre huelguistas y caseros, entre inquilinos que tenían distinta actitud ante la protesta, entre inquilinos y policías, así como también quejas y disputas por el deterioro de los servicios prestados por los caseros y administradores, o boicots a almacenes regenteados por administradores y encargados. Además, la tensión creció y los conflictos se volvieron más frecuentes desde que, en los primeros días de octubre, comenzaron a vencer los plazos procesales y los oficiales de justicia enfrentaron la ingrata y difícil tarea de realizar desalojos. El conventillo de Ituzaingó 279, donde había nacido la huelga, estuvo entre los primeros en recibir la visita del funcionario judicial, acompañado por una partida policial. Ante la mirada compungida de los vecinos, varios inquilinos debieron abandonar sus habitaciones. Arturo Rinaldi y su familia, empero, lograron quedarse. Rinaldi exhibió un certificado médico donde constaba que su hijo, enfermo, requería reposo, y reclamó la postergación del desalojo. El oficial de justicia concedió el pedido. El huelguista más notorio, emblema de la protesta, no pudo ser echado. Un mes más tarde llegaría a un arreglo.⁵⁷

Hubo otros casos en los que la expulsión terminó frustrándose por la resistencia opuesta por los propios vecinos. No era sencillo desalojar un inquilinato donde vivían decenas de mujeres y niños. De hecho, con frecuencia la resistencia a la expulsión fue liderada por mujeres, que en esta etapa se convirtieron en protagonistas del conflicto por derecho propio. La crónica periodística registra numerosas instancias en las que, en nombre de la defensa del hogar trabajador, las mujeres residentes hostilizaron a los funcionarios encargados de hacer cumplir la orden de desalojo: bloqueando el acceso al conventillo, haciendo sonar sus cacerolas, profiriendo insultos, arrojando agua y, quizás lo más humillante, atacando con sus escobas a los representantes del Estado. Tan lesivo para la autoridad y la autoestima de administradores, policías y oficiales de justicia fue esta costumbre que, en esas semanas, la referencia al conflicto como “la huelga de las escobas” se volvió habitual en la prensa.

Los choques en torno al desalojo que tuvieron lugar desde comienzos de octubre revelan que la protesta estaba alcanzando mayores niveles de violencia. Pero contra la imagen algo romántica en la que “la huelga de las escobas” aparece como una experiencia de empoderamiento femenino que impugnaba las estructuras de poder patriarcal de la sociedad liberal, hay que notar que el activismo de las mujeres del conventillo rara vez fue percibido en esa clave. Por supuesto, el periodismo socialista y anarquista lo celebró, pero la “prensa burguesa” estuvo lejos de percibirlo como un desafío que merecía ser condenado.⁵⁸ Para la gran prensa, el activismo femenino era una conducta razonable que encuadraba dentro de los deberes de la mujer y la madre de un grupo familiar amenazado por una injusta expulsión, esto es, como una prolongación natural de las obligaciones de cuidado asociadas a roles tradicionales de género. Así, por ejemplo, al narrar uno de los tantos episodios de resistencia femenina al desalojo, El País no solo siguió hablando de “explotación” y reclamando que los propietarios “acepten el pliego de condiciones” sino que se refirió, en tono comprensivo y burlón, al “tumulto pintoresco” que se produjo cuando un grupo de mujeres corrieron a escobazos a un oficial de justicia.⁵⁹

Estos choques tampoco parecen haber menguado el apoyo del intendente que, tras una nueva reunión con los huelguistas, y con la anuencia del Ministro del Interior, propuso que los desalojados fuesen admitidos, de manera temporaria y sin costo, en el Hotel de Inmigrantes.⁶⁰ Pero la principal evidencia de que la protesta seguía desarrollándose dentro de patrones aceptables para las autoridades nos la ofrecen los movimientos en la cumbre del poder. A comienzos de octubre, el Presidente José Figueroa Alcorta prorrogó el mandato del “intendente del pueblo” al frente del gobierno municipal, lo que con toda razón muchos leyeron como un gesto que favorecía a los huelguistas. Y lo más revelador es que el propio presidente de la nación se mostró dispuesto a concederles una audiencia a los inquilinos, que debía tener lugar el 24 de octubre.⁶¹

Este encuentro, sin embargo, nunca alcanzó a producirse.⁶² Llegado el momento, Figueroa Alcorta lo esquivó. El motivo parece claro. El día 22 de octubre, durante un desalojo tumultuoso, un agente de policía, nervioso y desbordado, desenfundó su arma y disparó varios tiros. Miguel Pepe, un joven obrero sin militancia política o sindical conocida, cayó asesinado. En un país en el que los muertos en contextos de conflictos laborales o sociales eran infrecuentes, ese hecho de sangre produjo una conmoción. Nadie quiso cargar con el cadáver. La muerte de Pepe incomodó a huelguistas y propietarios, pero, sobre todo, al poder público. De hecho, la prensa insistió en la gravedad del hecho, e hizo recaer la responsabilidad sobre la policía, que debió asumir la culpa de haber asesinado a un inocente (agravada porque Pepe no podía ser sindicado como un activista o un peligro para el orden público). Las denuncias de la “barbarie policial” no solo provinieron, como era previsible, de los periódicos de izquierda. La gran prensa encuadró el crimen como un caso de ineptitud. La Nación condenó la falta de profesionalismo de la policía, alertando a la vez sobre “las consecuencias que pueden tener los desalojamientos que en estos días irán multiplicándose”.⁶³ Por su parte, El País publicó una editorial en la que denunció “la cultura problemática de la policía, cuya intervención, en vez de poner orden donde no lo hay, suscitan disturbios, que terminan en horribles tragedias”.⁶⁴ Al coro de voces críticas se sumó la del cónsul francés en Buenos Aires, Enrique Francastel, quien mostró estupor frente al accionar policial del cual él y otros empleados de la legación fueron testigos. Según pudo recoger La Vanguardia, el diplomático francés “vio pasar frente a sus ventanas una camilla llevada por dos vigilantes y en la que iba un cadáver”.⁶⁵ Todo esto, recordemos, sucedía a pocas cuadras de la Casa Rosada.

El asesinato de Pepe le dio a la huelga una carga dramática de la que hasta entonces carecía. E instaló la posibilidad de que otro episodio de impericia policial produjera un hecho de sangre de mayor envergadura (una mujer, un niño). A la muerte del joven trabajador le siguió un entierro muy concurrido, donde varios oradores anarquistas tomaron la palabra.⁶⁶ En esos días el Partido Liberal, entonces muy activo en la vida pública de la ciudad e identificado con la causa de los inquilinos, organizó tres actos simultáneos para denunciar los altos impuestos y la suba de los alquileres.⁶⁷ Los anarquistas también marcharon por las calles, bajo la atenta mirada de la policía.⁶⁸ El clima se había enrarecido. Por primera vez, La Voz de la Iglesia formuló críticas abiertas a la deriva que tomaba la huelga, denunciando que “el socialismo agresivo se ha apoderado de esta causa justa”.⁶⁹

Durante varios días, la justicia suspendió las ejecuciones que tenía programadas, seguramente para no agregar más motivos de tensión a un cuadro de por sí complejo.⁷⁰ Pero la disputa requería soluciones más de fondo, y estas vinieron, al menos en parte, de una mayor presión del poder público sobre propietarios y administradores. A esa altura, descartadas todas las propuestas de regular por ley el monto de la renta, el principal instrumento de coacción con que contaba el intendente Alvear era la amenaza apenas velada de hacer caer el poder de la administración sobre los dueños de inquilinatos que no se avinieran a hacer concesiones a sus ocupantes. En esos días, inspectores municipales visitaron los conventillos en conflicto y levantaron un detallado censo de las notorias y conocidas carencias de infraestructura de muchos de estos edificios. A continuación, les transmitieron esa información a los propietarios advirtiéndoles que, en caso de que se produjeran expulsiones, el municipio no los autorizaría a tomar nuevos inquilinos si previamente no realizaban onerosas mejoras en sus inmuebles. Sin reformas no habría habilitación municipal. Era una amenaza que golpeaba el corazón del negocio, tanto porque obligaba a los propietarios a retirar sus propiedades del mercado mientras se realizaban las reparaciones como porque los obligaba a invertir importantes sumas de dinero en su equipamiento. Un diario observaba el día 25 que “la serie de obras que se proponen ordenar los inspectores en esos casos se harán ejecutar sin contemplaciones y su falta de cumplimiento será penada con las multas establecidas”.⁷¹ Para escapar a este apenas disimulado chantaje, los propietarios no tenían más alternativa que mantener sus viviendas ocupadas. En estas circunstancias, los inquilinos vieron reforzado su poder de negociación.⁷²

Pero la iniciativa más importante para poner fin a la protesta vino de la policía. El desprestigio que supuso la muerte de Pepe y, sobre todo, el temor de que un nuevo hecho de sangre dañara aún más la reputación de la institución empujó al jefe de la policía de la Capital a involucrase activamente en la tarea de instar a inquilinos y propietarios a saldar sus diferencias. Para 1907, una tradición que se remontaba al menos a la década de 1880 legitimaba la intervención directa de los jefes policiales como mediadores de conflictos laborales (Hora, 2020). Se trataba de una función que parecía hecha a la medida del coronel Ramón Falcón. Los retratos más habituales de este jefe policial enfatizan su intransigencia y su compromiso con la defensa de los intereses de las clases propietarias. Sin embargo, esta visión no capta bien aspectos centrales de la personalidad del extrovertido y arrogante Falcón, que estaba tan interesado en mantener el orden y trabajar en favor de la profesionalización de la policía como en promover su propia carrera política, que, para 1907, ya había incluido un paso por la Cámara de Diputados. En los días que siguieron a la muerte de Pepe, Falcón se hizo presente en los inquilinatos más conflictivos con el fin de incidir en la resolución de la disputa, con frecuencia bajo la atenta mirada de los cronistas de la prensa. A muchos propietarios les costó resistir esa presión. A fines de octubre, La Nación informaba que “son varios los arreglos logrados por la intervención del jefe de policía, que ha contribuido a resolver el conflicto suavizando muchas asperezas y facilitando un avenimiento entre las partes interesadas”.⁷³ Y pocos días más tarde este diario agregaba que “ningún elogio puede ser tan grato al coronel Falcón como el resultado alcanzado por la obra iniciada para armonizar la aplicación de la ley, sus rigorismos y las necesidades imperiosas de las clases pobres, expuestas al desalojo de sus viviendas”.⁷⁴ También Tribuna veía que Falcón estaba contribuyendo a que la huelga se orientara hacia “el buen terreno”.⁷⁵

Siguiendo órdenes de la jefatura policial, los comisarios de sección también empujaron acuerdos entre inquilinos y propietarios. A comienzos de noviembre, decía La Nación, en la sección 19, el juez Cabo y el comisario Batiz, responsables de esa jurisdicción, “dentro de pocos días podrán terminar con todos los inquilinatos en huelga. Hasta la fecha el juez titular no ha firmado un solo lanzamiento, ni la policía ha tenido que tomar ninguna medida de rigor contra los huelguistas”.⁷⁶ Y en la sección 13, la céntrica Montserrat, el comisario Félix Correas también consiguió que “los arrendatarios e inquilinos arribaran a un arreglo”.⁷⁷ El hecho de que, como en el conventillo de Canning 3239, fueran varios los inquilinos que solicitaron la intervención del comisario “para que el propietario de la casa les conceda una rebaja del alquiler y la higienización de las piezas”⁷⁸ sugiere bien en qué dirección se ejercía la mayor presión policial para alcanzar esos acuerdos.⁷⁹

Incluso la prensa de izquierda terminó por admitir que Falcón se había convertido en un nada disimulado aliado de los huelguistas. El 30 de octubre, La Vanguardia informó a sus lectores sobre los “rumores de que el jefe de policía ha hecho presente a los propietarios de muchos conventillos, la conveniencia de llegar a un acuerdo con los inquilinos”.⁸⁰ En su edición del día siguiente el diario socialista ilustró con un ejemplo concreto, referido al arreglo alcanzado en el inquilinato de Bartolomé Mitre 1674, eso que en la víspera había calificado de “rumores”. Según la crónica, tras conferenciar con el propietario del conventillo, Falcón se dirigió a los inquilinos para transmitirles una propuesta de rebaja de alrededor del 30% que “fue aceptada por todos los habitantes de la casa, quedando, así, terminado el conflicto”.⁸¹ Obligados por su línea editorial a hablar mal de la policía, los redactores de La Protesta debieron recurrir a la ambigüedad y la ironía para dar cuenta de este panorama. Así, leemos en sus páginas que la razón por la cual “casi todos los diarios” se dedicaban a “ensalzar la minúscula personalidad del jefe de policía” era que “el paternal jefe, bajo el caño de los paternales fusiles, obliga a los inquilinos a aceptar las condiciones que los propietarios están desde antemano dispuestos a conceder”.⁸² Para disgusto de La Protesta, otra vez se imponía entre los huelguistas la incomprensible actitud, reveladora de la falta de fibra revolucionaria, de contentarse con una “insignificante rebaja del 30%”.

La huelga “tiende a resolverse en una forma pacífica, gracias a la oportuna intervención del jefe de policía”, sentenciaba La Nación el 2 de noviembre.⁸³ Para los huelguistas, sin embargo, no todo fue color de rosa. Además de zanahoria, también hubo palos. En esos días, a la vez que presionaba a los propietarios para aceptar la rebaja solicitada por los inquilinos, Falcón y sus comisarios incrementaron la presión sobre los huelguistas más recalcitrantes, y pusieron bajo arresto a varios sujetos “acusados de instigar la huelga de inquilinos”.⁸⁴ Apelando a las facultades que le concedía la Ley de Residencia, también hubo expulsiones de militantes anarquistas que, en más de un caso, no habían tomado parte activa en el conflicto. Es llamativo que la policía no pagara un precio demasiado alto por esas medidas represivas, que fueron vistas como costos laterales de una iniciativa dirigida a cerrar el conflicto de manera favorable a los inquilinos. El hecho de que todavía a fines de noviembre la prensa informase sobre inquilinos que recurrían a la policía para reclamar contra los propietarios nos dice mucho sobre cómo era percibido, a ras del suelo, el papel que esta institución estaba desempeñado en la mayor protesta urbana de la Argentina oligárquica.⁸⁵ Por estos motivos, no puede sorprender que, en su balance de la huelga, la Revista de Policía resaltara el esfuerzo conciliatorio realizado por la institución comandada por Falcón, cuya acción se había hecho merecedora, en su opinión, de “la gratitud de los inquilinos y propietarios cuyos pleitos han quedado zanjados”.⁸⁶

Conclusiones

En el curso de noviembre, las noticias sobre la huelga paulatinamente desaparecieron de las páginas de los diarios, conforme la protesta se iba apagando. Las numerosas victorias alcanzadas por los inquilinos y también los desalojos, junto con un sinfín de situaciones intermedias, terminaron desactivando el movimiento de protesta que, por varias semanas, había mantenido en vilo a la ciudad de Buenos Aires. Desde el comienzo, y pese a no pocas ambigüedades y silencios, la izquierda encuadró el conflicto como una reacción contra las injusticias del orden sociopolítico oligárquico. El paso del tiempo cristalizó esta visión. Los redactores del anarquista La Protesta eligieron el primer aniversario del asesinato de Miguel Pepe para reforzar una narrativa dirigida a inscribir el conflicto en la gran historia de las luchas populares argentinas contra el capitalismo y la propiedad privada. Este joven sin militancia conocida fue elevado a la categoría de mártir del proletariado y su muerte narrada como el momento culminante de “la revuelta más audaz contra lo que es sagrado en el régimen burgués” que había conocido el país.⁸⁷ Los socialistas, por su parte, hicieron de la huelga un episodio más de sus debates con los anarquistas, denunciando la futilidad de sus tácticas, “con su esparcimiento de sangre, con choques diarios, de entreveros policiaco-populares”.⁸⁸ Pero también para ellos la protesta de los inquilinos hablaba del gran antagonismo social que dividía a la sociedad argentina y anunciaba la formación de una voluntad colectiva que, debidamente encarrilada tras las propuestas de reforma urbana promovidas por los émulos locales de la Segunda Internacional, pondría al país en el camino hacia el socialismo.

Sin embargo, explorar el conflicto atendiendo a la visión imperante en este segmento del arco político-ideológico o encuadrar el estudio de la huelga en torno al encuentro entre la izquierda y los habitantes de los conventillos desvía la atención hacia aspectos algo laterales de esta disputa. Esta perspectiva, dominante en la historiografía, confunde más de lo que aclara. Pues la singular envergadura de la huelga de 1907 no se explica por el eco alcanzado por la confluencia entre el malestar popular y los actores que cuestionaban el régimen de propiedad y proponían un horizonte alternativo, de naturaleza reformista o revolucionaria, para el problema de la vivienda. Por el contrario, su enorme eco fue el resultado, ante todo, de la acogida favorable que la protesta de los residentes del conventillo encontró en la opinión pública, en la prensa y entre actores muy gravitantes del entramado de poder de la ciudad. En este sentido, antes que una expresión de la potencia de la política popular de inspiración radical de la era oligárquica y de la profundidad de sus antagonismos sociales, la huelga testimonia la capacidad de ese orden político para procesar ciertas demandas populares y ofrecer, dentro de márgenes compatibles con la preservación del orden público, canales para la expresión de los reclamos de las mayorías.

En efecto, tanto la prensa comercial como la partidaria consideraron que la huelga vehiculizaba un reclamo justo y legítimo. Desde el inicio le prestaron su apoyo contribuyendo a su propagación, reforzando una sensibilidad crítica hacia los rentistas que ya estaba muy arraigada en la opinión pública. La huelga halló también aliados en la justicia y sobre todo en la administración municipal, que bajo el intendente Carlos de Alvear realizó gestos inequívocos en favor de los inquilinos. La policía, por su parte, adoptó una actitud de aparente pasividad que también sirvió a la causa de los huelguistas. En síntesis, ya fuera mediante un apoyo abierto o a través de la tolerancia, tanto los actores de la vida pública como las instituciones municipales contribuyeron de manera efectiva a impulsar la movilización de los inquilinos.

Esta posición solo se vio alterada cuando el principal hecho de violencia de la huelga (el asesinato de Pepe) conmovió a la opinión pública e hizo caer una ola de críticas sobre los guardianes del orden. A partir de ese momento, la propia jerarquía policial se involucró de manera muy activa en la resolución del conflicto. Y aunque endureció su trato con los huelguistas más díscolos y los militantes de izquierda, la nota dominante de la acción policial no fue la represión. Por el contrario, Falcón y sus comisarios volcaron su influjo arbitral en favor de acuerdos sensibles a las demandas de los huelguistas. En ese tramo final de la huelga, también la intendencia redobló su presión sobre los propietarios, amenazándolos con quitarles la habilitación en caso de que no realizaran costosas mejoras en los conventillos.

Sin tomar en cuenta todos estos elementos, que abrieron un amplio espacio para la expresión de la protesta de los inquilinos, la escala alcanzada por huelga de 1907 se hace incomprensible. Su notable envergadura se debió, más que a su naturaleza radical o su desafío al orden establecido, a su programa moderado, capaz de sintonizar con los ideales de justicia y las oportunidades para el reclamo popular que ofrecía la cultura política e institucional de la Argentina liberal. Fue, como subrayó La Argentina, una protesta que se propuso “obtener algo que está dentro de los límites de lo posible”.⁸⁹

Ampliando la mirada, podemos concluir este artículo formulando una última consideración sobre la relación entre las clases populares urbanas y el orden político oligárquico. En la primera década del siglo XX, dirigentes sindicales de convicciones anarquistas y socialistas organizaron y lideraron numerosas protestas centradas en el aumento de los salarios y la mejora de las condiciones laborales en talleres y fábricas. La prédica de estos críticos del orden establecido contra la ley de expulsión de extranjeros –el costado más oscuro del orden liberal– también concitó apoyos considerables. En otros planos, sin embargo, el influjo de anarquistas y socialistas sobre los trabajadores fue considerablemente más tenue. Una de las razones de este hiato está vinculada a las oportunidades de progreso que, tanto por vía del alto nivel de ingreso como por las oportunidades de progreso económico, ofrecía el escenario argentino. En un mundo del trabajo marcado por el crecimiento económico y el fenómeno inmigratorio –que alimentaban proyectos de vida estructurados en torno a ideales de movilidad social y mejora material individual o familiar– el poder de las interpelaciones de impronta antisistema tenía que ser, inevitablemente, muy acotado. También había razones ideológicas más de fondo, asociadas al universo de creencias de las clases populares, tanto nativas como inmigrantes, que predisponían mal a los trabajadores para aceptar el liderazgo político de activistas de convicciones radicales. Pero episodios como la huelga de inquilinos de 1907 también muestra que esa distancia se explica porque los ideales de justicia que inspiraban la vida pública y las instituciones políticas eran más sensibles al punto de vista y las demandas de las clases subalternas de lo que sugieren muchos relatos sobre la naturaleza represiva y excluyente del orden oligárquico. Esta protesta revela que los actores que encarnaban los valores y presidían las instituciones de la república constitucional no eran del todo indiferentes a los reclamos populares de mayor bienestar y que, en la medida en que esas demandas se expresaran de maneras compatibles con el mantenimiento del orden, podían contar con apoyos considerables en la opinión pública y la elite dirigente. Este mensaje no pasó desapercibido en el mundo popular. Y su principal consecuencia fue acotar el atractivo político de los actores y los programas que cuestionaban o impugnaran de raíz el orden establecido.

Todo esto invita a concluir que, tanto por razones socioeconómicas como políticas, los impugnadores del orden sociopolítico oligárquico tuvieron que moverse en un ambiente poco favorable para el arraigo de sus proyectos radicales. La república constitucional se apoyaba sobre bases consensuales más amplias y poseía una capacidad inclusiva mucho mayor a la que los relatos que enfatizan la exterioridad de las clases populares respecto del orden político están dispuestos a concederle. Con todo, siempre hubo un aspecto problemático en el vínculo entre la república oligárquica y las mayorías, cuya relevancia fue creciendo conforme nos internamos en el siglo XX. Ese régimen se asentaba sobre un mecanismo electoral manchado por prácticas corruptas como el fraude y la violencia, que sólo incorporaba a la competencia cívica a sectores minoritarios de la población. No sorprende, por tanto, que la principal asignatura pendiente de la vida pública en los años del Centenario fuese, más que un programa de reforma social dirigido a morigerar o desmontar el sesgo antipopular del orden oligárquico, o a alterar su arquitectura social, una reforma política orientada a volver más transparente y democrática la vida pública. Ese era el mayor desafío que la nación tenía por delante, y muchos actores de la vida pública de ese tiempo lo vieron con claridad. Este diagnóstico explica por qué la ley Sáez Peña constituyó la iniciativa más ambiciosa del último gobierno oligárquico y, también, por qué una vez que la vida cívica comenzó a funcionar dentro de un marco signado por el sufragio amplio y honesto, las preferencias de los votantes no solo mantuvieron en la irrelevancia a las voces más extremas del arco político-ideológico sino que aseguraron que opciones moderadas como el radicalismo y el conservadurismo ocuparan los lugares centrales en la disputa cívica de la primera era democrática argentina.

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Notas

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