La historiografía política del siglo XIX hispanoamericano ha ganado espesor analítico e interpretativo a raíz de procesos de institucionalización de la disciplina en sintonía con los diferentes giros metodológicos operados en la caja de herramientas de los historiadores académicos. El problema de lo político y el de la conformación de los Estados nacionales oficiaron de telón de fondo de un repertorio de estrategias de investigación desprovistas de visiones teleológicas y advertidas del necesario control de la escala nacional con el propósito de restituir y reinterpretar las tribulaciones de las comunidades políticas erigidas como consecuencia del derrumbe del imperio español. Un proceso que, como ha sido señalado, encabezó la agenda académica en virtud de la relocalización de la política y lo político ante la crisis de modelos macroexplicativos que habían hecho de la “cuestión colonial” el nervio de la literatura latinoamericanista antes y después del momento de los Bicentenarios de las revoluciones de independencia. La prioridad de analizar la dimensión política en sus propios términos, evitando anteponer los trayectos institucionales y territoriales que terminaron por configurar los Estados nacionales a fines del siglo XIX, abrió vertientes fecundas en torno al protagonismo de los poderes locales en conexión con dinámicas regionales o globales, el impacto de las guerras revolucionarias en la politización y movilización de los grupos sociales y los ensayos o proyectos políticos en pugna para recomponer soberanías territoriales desgajadas de la unidad imperial y fundar las bases constitucionales de las repúblicas erigidas en la geografía de las antiguas Indias españolas.

El libro coordinado por Margarita Garrido, Francisco Ortega y Franz Hensel constituye una pieza articulada de tales problemas en tanto reúne contribuciones de un reconocido elenco de especialistas dedicados a mejorar la comprensión de la experiencia histórica colombiana convertida en laboratorio poliédrico del pasaje entre el orden colonial y la edificación de la República y de la Nación. Se trata del primer volumen de una colección original y relevante que promete abarcar dos siglos del derrotero político colombiano en cinco tomos y organizados en torno a siete ejes problemáticos. Estos son precisados en la Introducción a cargo de los editores académicos, y puestos en juego a lo largo de 17 capítulos en los que sobresalen historias políticas complejizadas del tránsito entre la Nueva Granada y el Estado de Colombia en base a la robusta literatura especializada en diálogo con las historiografías euroatlánticas.

El primer eje tiene en cuenta las “formas de la comunidad política” en las que late el carácter indeterminado de las ingenierías políticas inauguradas con las independencias. Franz Hensel incursiona en el péndulo entre monarquía constitucional y el formato republicano sujeto al cambio operado en el sistema internacional con la caída de Napoleón y a la restauración legitimista en el Viejo Mundo. Allí opera la misma conflictividad desatada en las elites criollas, y alentada por los escritores públicos hispanoamericanos residentes en Londres, convencidos de la necesidad de anclar “el maldito viaje revolucionario” con el propósito de frenar la anarquía que condujo a gestionar príncipes europeos como remedio a la lucha entre facciones o partidos frente a la elección del jefe de Estado y la sucesión. Una iniciativa que Ayacucho bloqueó y cedió paso a la “república melancólica” entendida como “punto fijo del militarismo con ropajes de formas e instituciones representativas” que dejó atrás el imaginario monárquico e instaló el horizonte republicano ante la codicia británica y la expansión norteamericana sobre Panamá. Por consiguiente, la emergencia nacional resulta tanto de la experiencia interna como de la acción exterior. En cambio, Georges Lomné pone su erudición al servicio del nexo entre estética y política haciéndose eco de la potencia de la historia cultural de lo político para documentar las alegorías de la libertad y de la república entre 1819 y 1849. Naturalmente, la “princesa india” del siglo XVIII constituye el punto de partida de las interrelaciones entre América y Europa, y de las transferencias y reinvenciones de dispositivos simbólicos que modelan “la afirmación de la patria libertada de la nación española y la de los principios abstractos de la república como régimen político y no como registro moral del buen gobierno”. Se trata de una estética nacional que anuda afecto y razón encarnada en la figura de Bolívar, que resulta fortalecida por la iconografía europea irradiada por el héroe de Junín poetizado por Olmedo. Esta convierte a la india en admiradora de su demiurgo en sintonía con la entronización de Napoleón y se hace eco de dos conceptos capitales de la Monarquía de Julio –orden y libertad– entendidos como el “justo medio entre los excesos del poder popular y los abusos del poder del rey”.

Soberanía y reconocimiento de la comunidad imaginada organiza las contribuciones de Isabel Arroyo, Liliana M. López y Daniel Gutiérrez Ardila. Mientras la primera hace foco en las variaciones cartográficas que develan representaciones de ningún modo definitivas sino sujetas a proyectos de organización territorial frustrados (dejando a la vista el carácter contingente y accidentado que dieron a su forma actual), el segundo aporte aborda el problema de la nacionalidad y las vicisitudes de la soberanía atentas a la inexistencia de la uniformidad étnico cultural propia del nacionalismo de fines del siglo XIX. En su desarrollo, afloran los componentes de la affectis patrius en que anidó el ideal de nación cívica, vigorizó el patriotismo constitucional e instaló el principio voluntarista de la nacionalidad moderna que suponía superar la fragmentación regional, las formas de poder indirecto y asociar el territorio en una comunidad política republicana. En cambio, Gutiérrez Ardila analiza dos fases de la nación federal en los que se pone de relieve la rivalidad con modelos unitarios y la idea de unión de pueblos individuales conscientes de pertenecer a una entidad común. Se trata de personalidades históricas complementarias: la confederación granadina entre 1810 y 1814, y los Estados Unidos de Colombia entre 1858 y 1861. Ambas ponen de relieve la proliferación de soberanías territoriales, la incidencia del modelo norteamericano, la crítica al formato federal como artefacto favorable a la disgregación o anarquía, y el protagonismo de los poderes intermedios en el proceso de centralización que configuró el régimen unitario.

Entre “pueblo y muchedumbre” se organizan las contribuciones de Víctor Uribe-Urán y Luis Ervin Prado con el propósito de exponer las formas de politización y movilización popular a partir de la noción de “participación contenciosa”, formalizada por Tilly, con el fin de analizar los mecanismos de presión y acción colectiva heredados del antiguo régimen, y las oportunidades brindadas por el régimen republicano en formación. Uribe-Urán traza el panorama abierto con las independencias sin descuidar el protagonismo plebeyo del periodo borbónico ni tampoco las alianzas con las elites que gravitarán en la “gestación paulatina” de una cultura política popular y republicana. Como en el resto de Hispanoamérica, la regularidad de las elecciones en base al principio de soberanía popular descansaba en la creación de asociaciones o clubes políticos en torno a los cuales convergían conservadores y católicos, que contaban con el apoyo de artesanos movilizados por la defensa de sus intereses. Aquellos antagonizaron con los liberales y progresistas en los comicios de 1849 dando origen a expresiones populares complementarias en las barras del Congreso, el bandidismo y las movilizaciones callejeras que exhibía la “lucha de clases” entre los importadores o “casacas” y los “guaches” o “ruanos”. El conflicto, a juicio de Prado, no es ajeno a dos procesos convergentes de la participación contenciosa arbitrada entre los sectores populares y los jefes territoriales alzados en armas en la Guerra de los Supremos que derrumba el formato federal y promueve la reforma constitucional de 1843. Este tuvo como objetivo controlar territorios y poblaciones, limitar el voto, contener la movilización y restringir doctrinas juzgadas como peligrosas ante la creciente aceptación de las ideas republicanas por parte de indígenas, afrodescendientes y campesinos poniendo de relieve la ausencia de correspondencia entre el componente étnico y la adscripción con conservadores o liberales.

La ciudadanía como campo de disputa es analizada mediante tres vectores indicativos: por un lado, Clément Thibaud restituye e interpreta las variaciones de la categoría de vecindad como vehículo propicio de la “transición suave” a la ciudadanía liberal en tanto encarnó los derechos “naturales” y colectivos de los pueblos junto a la capacidad de federarse en una república compuesta enraizada en comunidades locales y en regiones. Una noción y práctica de ciudadanía que instituyó la igualdad civil, y que proporcionó un principio de legitimidad para justificar desigualdades “naturales” en beneficio de las elites, aunque propició reivindicaciones democráticas que incluyeron la abolición de la esclavitud y la sanción del sufragio masculino casi universal. Por otro, Rafael Acevedo explora las relaciones entre ciudadanía y educación en cuya trayectoria identifica tres clivajes: el acuñado por el reformismo borbónico que destaca el carácter industrioso de la ciudadanía en beneficio de la metrópoli y los reinos, el “ciudadano virtuoso” que anida en el momento de las independencias y el radicado en los textos constitucionales que estimula la proliferación de escuelas como epicentro desigual de formación ciudadana, y la producción y circulación de impresos con el propósito de forjar al sujeto de derechos políticos. En cambio, Marcela Echeverri reconstruye el proceso gradual de abolición de la esclavitud como problemática angular en la formación del Estado de Colombia. Lo hace mediante un exhaustivo tratamiento historiográfico a través del cual repone el caso colombiano en el mundo atlántico irradiado por los debates abiertos en el siglo XVIII, la política británica sobre la trata, la agenda de Cádiz y sus correlatos sudamericanos, la movilización de las castas en las guerras revolucionarias, el apoyo de Haití en el proceso independentista y los decretos de manumisión de Bolívar y Santander que recogen la normativa borbónica como instancia crucial del gradualismo atento a los intereses de los amos y de los esclavizados. Varias cuestiones saltan a la vista del proceso historiado: que el abolicionismo constituyó un proceso irreversible que legitimó la república por su asociación con el sistema colonial y la monarquía, la heterogeneidad regional ante el peso relativo de la mano de obra esclava, la interrelación con Venezuela y Ecuador que gravita en el Congreso de Panamá y la incidencia de la abolición de la esclavitud en la lucha de clases y entre las elites.

Los regímenes emocionales y morales de lo político en la tramitación del orden republicano organizan los capítulos a cargo de Francisco Ortega y Margarita Garrido. Mientras el primero destaca la transformación del entramado teológico-político de la monarquía y la cuestión moral que desveló a las elites criollas en torno a la incapacidad de los pueblos hispanoamericanos para adoptar el modelo constitucional norteamericano que polarizó el debate público y puso en agenda la regeneración del cuerpo social. Garrido, en su texto, recapitula los cambios del régimen emocional que tradujo el pasaje del amor al Rey a la Patria movilizado con las independencias, la movilización de las castas, el odio al español y el nexo entre religión y política que coagula en la comunidad política y moral que deposita en la pedagogía cívica la formación de virtudes republicanas y alienta la multiplicación asociativa dividida entre los conservadores y católicos, y los secularizados que dispara el “espíritu de partido”.

Los lenguajes políticos de la economía y las finanzas públicas en la transición del virreinato neogranadino a la república configuran las contribuciones de James Torres y José Joaquín Pinto, las cuales ofrecen resultados esclarecedores de las políticas comerciales y el esquema impositivo que sobrevivieron y se transformaron con las independencias. Torres pone el foco en la habilitación de puertos intermedios y el papel de la comunidad de comerciantes y de los gobiernos o Estados que traccionaron la inserción de Nueva Granada en la economía mundial. Con ello, demuestra no solo las competencias o rivalidades interregionales sino también el peso relativo de las condiciones policéntricas previas en el cambio del equilibrio político entre ciudades antes de las reformas liberales de mediados del siglo XIX. A su vez, el estudio de la hacienda colombiana ofrecido por Pinto pone de relieve, como en otros espacios del subcontinente, la continuidad de los gravámenes coloniales, su remplazo tardío por impuestos directos y la consolidación de las aduanas interiores herederas de las antiguas cajas reales que regionalizan y descentralizan las precarias finanzas republicanas entre 1819 y 1853.

Saber, poder y territorio constituyen el último eje del volumen en torno al cual Paola Ruiz Gutiérrez, María José Afanador Llach y Lucía Duque Muñoz ofrecen evidencias e interpretaciones acerca de las transformaciones del orden territorial entre 1780 y 1858. La cartografía como paño de confrontación entre la soberanía unitaria y las resistencias federales y los debates e iniciativas inspiradas en la economía política para generar riqueza en ciudades o regiones en vista a contextos de competencia entre imperios, naciones y provincias. Mientras Ruiz Gutiérrez destaca el proceso de recomposiciones y divisiones territoriales entre la era borbónica y las primeras décadas republicanas que tuvieron como objetivo “negociar, definir y precisar” la articulación espacios locales con autoridades centrales mediante la designación de funcionarios, el estudio de los mapas como fuente para reconstruir el carácter indeterminado de la distribución territorial del poder, ofrecido por Duque Méndez, no solo ilustra las tensiones entre los partidarios de uno u otro formato sino también la interpretación unívoca o plural de la soberanía. Finalmente, el análisis ofrecido por Afanador Llach exhibe la manera en que los conflictos y debates liderados por publicistas, políticos o comerciantes asociaron la generación de riqueza local con el federalismo para hacer viable la economía de la república.

Con ello, la historia de lo político en la Colombia comprendida entre 1780 y 1850 cumple con acabada precisión su cometido originario en tanto los editores y colaboradores han logrado combinar abordajes, enfoques y prácticas de investigación rigurosas y eficaces para demostrar las formas heredadas, hechas y rehechas de una de las repúblicas forjadas de las reliquias del imperio español en América del sud.

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