La investigación en la universidad: convergencias y divergencias entre las políticas universitarias y las políticas de CyT en la Argentina reciente (2003 a la actualidad)

University research: convergences and divergences between university policies and science and technology policies in recent Argentina (2003 to the present)

Claudio Suasnábar csuasnabar@gmail.com

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Los últimos 17 meses de gobierno de Javier Milei están haciendo retroceder aceleradamente los avances conseguidos por el sistema universitario (SU) y el de ciencia y tecnología (SCyT) desde el retorno a la democracia. Así los sucesivos recortes del presupuesto específico para la investigación científica en mayo de 2025 (cuando escribimos este artículo) lo retrotrajeron a niveles de la crisis de 2002 y solo entre 2023-2025, siguiendo la evolución de la función CyT, se redujo en un 48 %. La principal consecuencia de este brutal ajuste se manifiesta, por un lado, en la caída del poder adquisitivo de los sueldos del personal de CyT que, tomando como base noviembre 2023, representa para los docentes universitarios una pérdida del 28 %, mientras que para los investigadores y becarios de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas) caen un 34,7 %. Y, por otro lado, este deterioro de las condiciones laborales se refleja en la pérdida de empleo de más de 4.000 agentes del sistema científico, en algunos casos como consecuencia del cierre de áreas y programas y, en otros, los más jóvenes renuncian buscando nuevas oportunidades en el exterior. Como señala el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI), de donde tomamos estos datos, “se trata de una caída sin antecedentes en la historia de la política económica de la ciencia nacional (Informe CIICTI, 2025).

Con todo, la magnitud de este retroceso no puede y no debe obturar el análisis sobre la experiencia pasada porque el balance de los aciertos y limitaciones constituye la materia prima para pensar e imaginar las estrategias de reconstrucción. En esa dirección, este artículo recupera con mínimas modificaciones el artículo publicado en conjunto con la Dra. Mariana Versino, especialista en políticas de ciencia y tecnología en la Revista de la UDUAL¹ en 2021. Dicho trabajo es un ensayo de interpretación que, por un lado, analiza en paralelo las políticas universitarias y de ciencia y tecnología en la Argentina de las últimas dos décadas hasta la irrupción de la pandemia del COVID 19. Y, por otro, describe y caracteriza de manera tentativa las distintas respuestas y acciones desarrolladas por las universidades nacionales y los organismos estatales de CyT frente a la emergencia sanitaria. Continuando esa misma clave de lectura se analiza con menor profundidad los últimos años de 2021 a 2025.

Hecha estas aclaraciones, el trabajo se inicia con una breve descripción de la investigación científica en la universidad como parte del conglomerado más amplio del sistema científico y tecnológico del país. Luego el trabajo recorta dos grandes dimensiones de análisis: por un lado, las tendencias de cambio estructurales en cada uno de los sectores (expansión, estructuras, financiamiento) y, por otro lado, las orientaciones de política (discursos, instrumentos, gobierno). Dentro del período a analizar se identifican cuatro momentos en el desarrollo de estas políticas: el primero desde comienzos de la década de 2000 hasta 2015 que puede caracterizarse en el caso de CyT por la creación del MINCyT (Ministerio de Ciencia y Tecnología) y una mayor cohesión de las políticas y crecimiento de los recursos volcados al sector, y en las políticas universitarias por la expansión institucional y una mayor preocupación por la inclusión. El segundo momento corresponde al gobierno de Mauricio Macri (2016-2019) que puede ser caracterizado como un interregno neoliberal de desactivación de la mayor parte de las políticas anteriores que en CyT se manifiesta simbólicamente en la degradación del Ministerio a Secretaría y en las Políticas Universitarias por el recorte presupuestario y la eliminación de programas. El tercer momento iniciado con la emergencia sanitaria y la gestión de Alberto Fernández y el cuarto momento que se inicia con la llegada al gobierno de Javier Milei. Hacia el final se presenta a modo de cierre una breve síntesis de los períodos y unas reflexiones sobre la coyuntura actual que continúa el inicio de la introducción.

La investigación científica en la universidad delimita una de las funciones de esta institución cuya centralidad emerge como un rasgo característico de la universidad moderna. En el caso de la universidad argentina, si bien la ciencia estuvo presente muy tempranamente en los discursos y proyectos académicos, más bien creció marginalmente frente al peso de las profesiones liberales. En las décadas del 1950 y 1960 en paralelo al proceso de modernización universitaria, que impulsaría la expansión de la dedicación exclusiva con funciones de investigación, comienza a estructurarse las bases de un sistema científico y tecnológico a partir de la creación del CONICET y organismos descentralizados como la CONEA (Comisión Nacional de Energía Atómica), el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agraria) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), así como también aparecen las actividades de I+D en el sector privado. A lo largo del tiempo, la expansión de estos sectores fue configurando los rasgos actuales del SCyT donde coinciden, y a veces se solapan, las políticas universitarias y las políticas de CyT.

Como vemos en la siguiente infografía, en 2017 el número total de investigadores y becarios ascendía a 83.190 de los cuales 44.153 están en las Universidades Nacionales, 7.589 en Organismos de CyT, 5.475 en Universidades Privadas, 942 en Entidades sin fines de lucro y 5.643 en Empresas. A su vez, los investigadores y becarios del CONICET se insertan en estos sectores, aunque predominan en las Universidades Públicas donde desarrollan actividades científicas, 17.284 del total de 21.640.

Fuente: I+D en universidades públicas año 2017 informe sectorial de resultados del relevamiento de actividades de ciencia y tecnología

Ahora bien, si nos focalizamos en las Universidades Nacionales observamos que en 2017 el número de docentes universitarios ascendía a 189.218 sobre los cuales descansan las distintas funciones de enseñanza (grado y posgrado), extensión, gestión e investigación. Sin embargo, cuando analizamos la composición de la ejecución presupuestaria, también para el mismo año 2017, vemos que prácticamente el 80 % de los recursos se destina a salarios del personal docente y no docente como muestra el cuadro de abajo.

Cuadro n°1. Ejecución Presupuestaria de las Universidades Nacionales. Año 2017

Fuente: Doberti, Gabay y Levy (2020).

Así, el peso de la cuestión salarial también se expresa en la escasez de recursos orientados para la investigación que, como también se puede apreciar en el cuadro siguiente, para 2021 solo el 0,8 % del presupuesto de las Universidades Nacionales se orientaba a la investigación.

Cuadro n° 2. Créditos del Tesoro Nacional, inicial y de cierre en miles de pesos, y su participación porcentual por función, según Universidad. Año 2021

Fuente: Anuario Estadísticas Universitarias 2022.

Esta breve descripción de la inserción de la investigación en la universidad nos permite delinear grosso modo la contradictoria situación donde las Universidades Públicas concentran el grueso de los RRHH (investigadores y becarios) pero dedican pocos recursos a esta función porque la mayor proporción está dedicado a los salarios. Así, el financiamiento de las actividades científicas depende en buena medida de las políticas de CyT, aunque también según los períodos la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) ha destinado programas y recursos para la investigación universitaria. En lo que sigue intentaremos analizar el derrotero de estas dos líneas de política.

A modo de hoja de ruta incluimos este cuadro comparativo de las políticas universitarias y de CyT según los períodos antes señalados y las principales acciones desarrolladas.

Cuadro n° 3. Evolución de las políticas universitarias y de CyT

Fuente: Elaboración propia.

Las políticas universitarias de los gobiernos kirchneristas delimitaron una nueva etapa para el sector que en el marco de un giro neo-intervencionista estatal combinó, por un lado, la revitalización de los debates en torno a la democratización y la generación de innovaciones de política y, por otro, cierta inercia de la agenda anterior, hecho que se manifestó en la imposibilidad de modificar la Ley de Educación Superior heredada de la década de 1990 y limitaciones para generar una propuesta de reforma integral de las universidades (nueva agenda de política).

En una breve síntesis de la política universitaria durante este período podemos señalar cuatro grandes líneas de acción:

1) Aumento sostenido del presupuesto universitario.

El financiamiento del sector educativo creció de manera sostenida superando el 1% de un PBI que se expandía a elevadas tasas (Chiroleu, 2018a; 2018b). Ese incremento de los recursos constituyó el motor de medidas como la recomposición salarial de los docentes universitarios y preuniversitarios; la sanción de la Ley 26.508/9 de Jubilación del 82% móvil, que alcanza al conjunto de los docentes universitarios; la continuidad del Programa de Incentivos a los docentes investigadores² junto con una revisión normativa orientada a mejorar su productividad. En el año 2005, se promulgó la Ley de Financiamiento Educativo, con participación entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que elevó la inversión para el sector de educación, ciencia y tecnología a un piso no inferior al 6% del PBI (ubicándose entre las cifras más altas a nivel regional en cuanto a inversión educativa)³.

2) Creación de universidades como políticas de expansión del sistema.

Existe cierto consenso entre investigadores y especialistas en caracterizar este período como una “tercera ola” de expansión del sistema universitario de gestión estatal (Suasnabar y Rovelli, 2012; Rinesi, 2015). Así, la creación de nuevas universidades estatales –especialmente las ubicadas en el conurbano bonaerense– ocupó un lugar central en la agenda gubernamental que entre 2007 y 2015 se materializaría en la creación de 18 universidades nacionales, 8 de las cuales se asientan en el conurbano de Buenos Aires, 1 instituto universitario y 5 universidades provinciales, y se autorizarían también 7 universidades y 2 institutos universitarios privados. A lo anterior, se suma una inusitada ampliación de la oferta académica de las casas de estudio ya existentes mediante la proliferación de sedes, subsedes, extensiones áulicas y diversos centros de apoyo a nivel nacional (Suasnábar y Rovelli, 2012).

3) Continuidad de programas especiales “competitivos” y generación de nuevos programas “orientados” y “no competitivos”.

Una de las innovaciones de política fueron los programas de mejoramiento de la calidad tales como el PROMEI⁴ para mejorar la enseñanza en las Ingenierías, el PROMAGRO⁵ en las Ciencias Agrarias, PROMFyB⁶ en Farmacia y Bioquímica, PROMVET⁷ en Veterinaria, entre muchos otros. Estos programas se caracterizaron por el carácter orientado (disciplinas, carreras e instituciones) y no ser competitivos como aquellos programas como el PROINCE (Programa de incentivos a la investigación) creado en la década de 1990 que supuso un proceso de “categorización” de los investigadores y criterios de selección de proyectos.

Además de los programas de calidad también se impulsaron diferentes programas orientados a diferentes finalidades (internacionalización, extensión comunitaria, bibliotecas, etc.) donde los criterios de selección fueron más blandos. De tal manera, las instituciones universitarias e investigadores desarrollaron diferentes estrategias de captación de recursos que pueden caracterizarse de “ventanillas múltiples” que generan “un efecto regadera” al distribuir el financiamiento (Suasnábar y Rovelli, 2012).

4) Mayor preocupación por el acceso, la permanencia y graduación universitaria.

La concepción de la educación superior como bien público social y deber del Estado y la consideración del acceso a la educación superior como derecho humano y universal, que aprobó la Declaración de Cartagena de la CRES 2008, influyó fuertemente en la narrativa gubernamental de democratización como sinónimo de ampliación de la oferta educativa en el nivel universitario (Chiroleu, 2018a; Lucardi, 2018 y 2020).

En esa dirección se inscribe la política de becas universitarias y su progresivo aumento (PNBU y PROGRESAR) orientado principalmente hacia los estudiantes universitarios y de educación superior de sectores de menores recursos. Esta preocupación por el mejoramiento de las condiciones de acceso se fue ampliando hacia la problemática de la permanencia y graduación en el marco de las llamadas políticas de inclusión, en particular en las nuevas instituciones donde asisten estudiantes que constituyen la primera generación de universitarios (Chiroleu, Suasnábar y Rovelli, 2012).

Durante el periodo de los gobiernos kirchneristas pueden registrarse líneas de acción en algunos de los casos similares a las registradas dentro del ámbito de las políticas universitarias.

1) Crecimiento del presupuesto destinado al sector.

Las políticas de CyT⁸iniciaron a partir de 2003 un período en que la decisión gubernamental se orientó a valorizar el área interviniendo activamente, si caracterizamos a dicha intervención como activa a partir del aumento significativo de los fondos destinados a las políticas sectoriales. Visto en términos de la participación de la función de ciencia y técnica dentro del presupuesto nacional devengado, el incremento del financiamiento público fue significativo y pasó del 0,18% en términos porcentuales en relación al PBI en 2004 al 0,35% en 2015 (MINCyT, 2021). Si bien con una disminución relativa hacia el inicio y el final del periodo, el neo-intervencionismo mencionado para las políticas universitarias se materializa en el área de CyT en términos de inversión (pública y privada) especialmente entre los años 2006 y 2012 con un aumento de la inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas (ACT) e Investigación y Desarrollo Experimental (I+D) en porcentaje relativo del PBI. Así, en 2003 el porcentaje del gasto en I+D sobre el PBI era del 0,41% y termina en 2015 con el 0,62 %, mientras que el gasto en ACT sobre el PBI es del 0,46% en 2003 y llega al 0,66% en 2015 (RICyT, 2020)⁹. En este sentido, si bien el sector inicia el período de manera relegada dentro del conjunto de políticas nacionales que requirieron una atención inicial más importante, va adquiriendo una presencia creciente que se orienta al aumento de recursos presupuestarios centralmente orientados al financiamiento de la formación de doctores y su incorporación a la Carrera de Investigador Científico de CONICET (Jeppesen et al., 2016; Unzué, 2017; Unzué y Emiliozzi, 2017).

Así, el incremento presupuestario se orientó en gran medida al CONICET destinándose a la formación e incorporación de investigadores a partir del aumento de becas doctorales y a lo que podría denominársela reapertura del ingreso a la Carrera de Investigador Científico del organismo, prácticamente cerrada en términos de la cantidad de incorporaciones anuales que venían registrándose previamente. En este sentido, “el CONICET triplicó su planta de investigadores, pasando de 3.800 en 2003 a más de 9.200 en 2015” (Aliaga, 2019, p.3).

Podría sostenerse en este sentido que las universidades, si bien aumentaron su planta docente con dedicación exclusiva en aproximadamente un 30% para el mismo periodo, quedaron relegadas como espacios de radicación de la investigación y del control de la evaluación de la carrera científica, aunque sí continuaron siendo responsables de la formación de los investigadores (Unzué y Emiliozzi, 2017).

Por su parte, la renegociación de los préstamos internacionales que históricamente financiaron proyectos de investigación y una proporción menos de las becas doctorales, pero también los distintos instrumentos sectoriales de las políticas del MINCyT hicieron lugar hacia mediados del 2000 al acuerdo con el BID del denominado Programa de Modernización Tecnológica III, que permitió la continuidad de las actividades de I+D a través del FONTAR y del FONCYT. Por otro lado, también se negoció con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF/Banco Mundial) el préstamo que hizo lugar a los Fondos Sectoriales hacia el año 2009 permitiendo el financiamiento de programas para la innovación y modernización tecnológica del sector empresarial. Los fondos del BID y del BIRF incrementaron a partir de la segunda mitad de la década del 2000 de una manera sustantiva los recursos disponibles para el financiamiento de nuevos instrumentos de política pública.

Hay que destacar que, durante el periodo, hacia fines de 2007, se eleva al rango de Ministerio a la Secretaría existente lo que puede considerarse una muestra mucho más que simbólica de la importancia del área para los gobiernos del periodo.

2) Planificación de mediano y largo plazo.

Luego de la crisis del 2001, a la par del discurso de la “recuperación”, se evidencia una celeridad por definir criterios e iniciar la ejecución de programas en base a prioridades. De tal forma, lo previsto como intervención no se reduce a la articulación o promoción de vínculos entre los actores existentes, sino que se espera que la gestión acompañe la definición de prioridades y orientaciones estratégicas. Así, el periodo se caracteriza por la producción de una planificación sostenida que venía acumulando antecedentes desde finales de la década de 1990, pero que en cumplimiento de la Ley n° 25.467 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación sancionada en 2001, se materializa sistemáticamente como parte de la política sectorial durante la década del 2000.

En 2005 se delinean las “Bases para un Plan Estratégico de Mediano Plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación” (SECyT, 2005) que según la misma Secretaría constituye una agenda de trabajo para llevar adelante las políticas hasta tanto se elabore un plan de mediano y largo plazo de carácter estratégico. Dicho plan se presenta en noviembre de 2006 cuando se publica el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación “Bicentenario” (2006-2010).

Los principales conceptos sobre los que se articula el Plan son los de: “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación” (SNCTI), “Sociedad del conocimiento”, “Desarrollo Sustentable”, “I+D endógena” y la definición de las metas cuantitativas y las cualitativas vinculadas con la identificación de áreas estratégicas, estableciendo la evaluación de las instituciones como componente central de estas políticas. Las áreas estratégicas son de dos tipos: Áreas-Problema-Oportunidad (corresponden a problemas del desarrollo productivo y social y a oportunidades emergentes en la producción de bienes y servicios, en los que la investigación científica y el desarrollo de tecnologías, fundamentalmente las llamadas emergentes, pueden aportar soluciones y/o nuevas perspectivas) y Áreas Temáticas Prioritarias (disciplinarias y tecnológicas).

Más adelante, en 2012, con la presentación del Plan Argentina Innovadora 2020 se establecen los “Lineamientos Estratégicos 2012-2015”. El Plan contempla revisar los criterios de la política CTI anteriores reorientándolos en tres aspectos principales señalados como: a) un mayor énfasis otorgado a una lógica más sistémica de impulso a la innovación, matizando la prioridad asignada previamente al fortalecimiento de la CyT y buscando una mayor complementariedad entre ambas dimensiones; b) la profundización del viraje desde políticas horizontales hacia políticas más focalizadas; y c) el tránsito gradual de modalidades de apoyo dirigidas a actores individuales (firmas o instituciones) a otras con eje en formas asociativas de distinto tipo (consorcios, cadenas de valor, etc.) (MINCyT, 2012, p.33).

3) Continuidad de financiamientos “competitivos” y generación de nuevos programas “orientados”.

Durante el periodo hubo un crecimiento de la cantidad de instrumentos de financiamiento que se correspondió con el mayor financiamiento de créditos internacionales para el sector. A las líneas competitivas clásicas por recursos para proyectos de investigación de la Agencia I+D+i, principalmente a través del FONCyT, se sumaron -aun dentro de este fondo históricamente destinado a los temas denominados abiertos que son establecidos por los investigadores- líneas de financiamiento orientadas en base a lo establecido por los distintos planes plurianuales. Ejemplos de este tipo de convocatoria al interior del FONCyT son los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICT-O) o los Proyectos de Áreas Estratégicas (PAE) orientados al desarrollo del conocimiento en temas prioritarios.

En general se mantuvieron los instrumentos horizontales a partir de la convocatoria global en temas abiertos de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), pero la introducción de instrumentos como los Fondos Sectoriales constituye uno de los principales ejemplos del énfasis puesto en la focalización de los Programas implementados durante el periodo.

4) La inclusión social en las políticas de CyT.

Si bien los planes del periodo continúan con objetivos generales orientados al desarrollo y la competitividad, durante el mismo adquiere un lugar en el discurso de la gestión el tema de la inclusión social. Esto se visualiza inicialmente en el Plan Estratégico Nacional de CTI “Bicentenario” (2006-2010) a partir de un discurso que introduce la noción de equidad social y la búsqueda de una I+D que promueva la mejora de la calidad de vida y el desarrollo social. No obstante, se instala con mayor presencia en el documento de los “Lineamientos Estratégicos 2012-2015” mencionado previamente en donde se sostiene que el cuarto aspecto relevante de las políticas es “el reconocimiento de que las actividades de CTI pueden y deben contribuir a un mejoramiento de las condiciones de desarrollo e inclusión social” (MINCyT, 2012, p.33).

Así, se crea el Programa Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS) en 2008, orientado a “promover políticas que favorezcan la interacción del sistema científico-tecnológico y las demandas sociales y productivas prioritarias” (Res. MCTIP n° 609/2008). El Programa inicia su implementación en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social y recién hacia fines del año 2010 cuenta con fondos presupuestarios para lanzar convocatorias propias. Las convocatorias del Programa hicieron lugar a proyectos asociativos en los que se busca la participación de múltiples actores sociales entre los que se destacan las organizaciones de la sociedad civil y las del complejo científico tecnológico a los que se suman luego productores y cooperativas de la economía social y solidaria. Si bien con un financiamiento marginal en términos comparativos con las convocatorias orientadas a la promoción de la competitividad y el desarrollo económico sectorial, el Programa mantuvo un crecimiento gradual de los fondos concursables que permitió sostener convocatorias anuales (Arancibia Gutiérrez, 2017).

Por otra parte, la búsqueda orientada a promover proyectos orientados a la resolución de problemas sociales hizo lugar en 2013 al surgimiento de los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (PDTS) que se definen con una contraparte asociada adoptante de los resultados de investigación. Los mismos se desarrollaron en el marco de un proceso de discusión sobre la evaluación del personal científico y tecnológico que buscó incorporar criterios como los de pertinencia y relevancia social en una actividad clave para la orientar la actividad científica en base a criterios alternativos a los históricamente dominantes (Naidorf, Vaser y Alonso, 2019; Alonso, 2021).

La confirmación de los primeros casos de enfermos de COVID-19 a comienzos de marzo de 2020 marca el inicio de la pandemia que impulsaría al gobierno a disponer un “aislamiento social, preventivo y obligatorio” para toda la población, el cierre de fronteras y la suspensión de todas las actividades no esenciales, entre ellas la educación.

En este contexto de emergencia sanitaria, el sistema universitario (público y privado) acompañando las medidas gubernamentales dispondrían la suspensión de clases presenciales y una abrupta transición a la educación online. Los organismos de CyT también establecerían el cierre de los centros e institutos de investigación solo manteniendo las actividades imprescindibles de mantenimiento de laboratorios.

La participación de la función de ciencia y técnica dentro del presupuesto nacional devengado, aumenta del 0,21% en 2019 al 0,24% en 2020 pero muy difícilmente este porcentaje pueda seguir aumentando luego de la crisis desatada por la pandemia. La gestión que asume hacia fines de 2019 vuelve a elevar la Secretaría al rango de Ministerio y enaltece discursivamente las actividades del sector.

Frente a esta coyuntura, las respuestas de las universidades y los organismos de CyT podemos agruparlas en tres líneas de acción: la continuidad de las actividades de enseñanza y el vínculo pedagógico con los estudiantes, las intervenciones socio-comunitarias de las universidades frente a la emergencia sanitaria y las acciones de investigación y transferencia específicamente orientados hacia la lucha contra la pandemia.

1) La continuidad de la enseñanza y el vínculo pedagógico con los estudiantes.

La heterogeneidad del sistema universitario argentino constituye un rasgo estructural por lo cual, la abrupta transición de los procesos formativos hacia la educación virtual impactó diferencialmente en las instituciones que ciertamente no estaban preparadas para semejante tarea.

En este sentido, si bien desde 2017 se acordó un marco legal para asegurar condiciones de calidad para la modalidad a distancia y virtual que supone procesos de acreditación y la creación en cada institución de un Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED), lo cierto es que solo algunas instituciones acreditaban experiencia en este campo porque contaban con plataformas y regulación para el dictado de sus programas bajo esta modalidad. Así, la mayoría de las universidades utilizaban estas herramientas como apoyo pedagógico a la enseñanza presencial. Pese a estas dificultades, la totalidad de las instituciones lograron poner en marcha plataformas para la enseñanza virtual, aunque como muestran algunos informes los resultados resultan menos alentadores.

Durante el presente año 2021 la Secretaría de Políticas Universitarias realizó una encuesta a autoridades, docentes, estudiantes y funcionarios no docentes que se plasmó en un informe denominado “El impacto de la pandemia Covid-19 en las rutinas educativas: Respuestas de las Universidades Nacionales”. Dicho relevamiento si bien resulta bastante limitado en extensión¹⁰ revela la heterogénea y a veces contradictoria valoración de las acciones realizadas por las universidades que se manifiesta en el nivel de satisfacción. Así, las autoridades (81 %) y los docentes (35,7 %) reconocen estar muy satisfechos, mientras que los alumnos solo el 24,3 % se siente muy satisfecho y el 47, 5 % solo algo satisfecho.

La encuesta corrobora también esta percepción respecto del porcentaje de conocimientos cubiertos en la modalidad virtual. Así, mientras los docentes afirman en un 61,3 % que cubrieron casi la totalidad de contenidos, las opiniones de los estudiantes están repartidas entre un 20,5 % que afirma que cubrieron solo la mitad de contenidos, otro 28,8 % que considera que se llegó a los 2/3 y un 30 % que entiende que casi se cubrió la totalidad de contenidos.

2) La intervención de las universidades en las tareas socio-sanitarias y de colaboración con las problemáticas comunitarias.

En la Argentina la función social de las universidades se inscribe en la tradición de las diversas y variadas formas de extensión y transferencia de conocimientos producidos por las actividades científicas, tecnológicas y artísticas. En esa dirección, las universidades argentinas llevaron adelante una muy amplia gama de acciones tales como poner a disposición sus instalaciones para la puesta en marcha de hospitales de campaña, la entrega de alimentos para las poblaciones más vulnerables y la producción de insumos (como alcohol en gel, máscaras y tapabocas, otro material de uso preventivo) en sus laboratorios, entre otras.

La mayoría de las instituciones crearon grupos multidisciplinarios que desarrollaron campañas socio-sanitarias de prevención sanitaria y promoción socio-comunitaria que articulan dichas tareas con centros asistenciales, instituciones hospitalarias y gubernamentales, y unidades de investigación.

3) Las acciones de investigación y transferencia de conocimientos

En términos de las políticas sectoriales de CyT la pandemia logró en los hechos legitimar la validez de las políticas orientadas a problemas o a misiones que fueron el eje del discurso que el Ministro del área sostuvo durante su campaña. En este sentido, la pandemia termina avalando dicho abordaje orientado por la imposición de una gestión impulsada sin opción a la resolución de los problemas sanitarios por ella generados. La creación de la “Unidad Coronavirus COVID-19” dentro del Ministerio a los tres meses de iniciada la gestión llevó a acciones específicamente orientadas a la generación de equipamiento médico, kits de detección de la enfermedad y vacunas contra el virus, fortalecidas por el surgimiento de convocatorias COVID-19 durante el transcurso del año 2020.

En este sentido, la Agencia I+D+I realizó una Convocatoria Extraordinaria COVID-19 para Ideas-Proyecto que entre fines de marzo y mediados de abril de 2020 recibió 900 propuestas procedentes de 46 universidades nacionales, de los cuales fueron seleccionadas 64 ideas-proyectos.

Retomando lo señalado en la introducción, el gobierno de Javier Milei marca un momento de retroceso histórico para el sistema universitario y el sector de ciencia y tecnología (SCyT) desde el retorno a la democracia. Dos grandes líneas orientan las medidas gubernamentales, por un lado, el ajuste universitario que se manifiesta en el congelamiento de las partidas que al no actualizarse por inflación constituye el instrumento principal de desfinanciamiento, sumado al cierre de programas de la SPU. En campo de CyT las medidas principales fueron además del ajuste presupuestario y desfinanciamiento, la reducción de becas y congelamiento de ingresos CIC (Carrera de Investigador Científico) de CONICET y la no ejecución de fondos de FONCYT (BID/BIRF). Y, por otro lado, la persecución ideológica y deslegitimación de la universidad y de la ciencia (en particular el CONICET) que se baja desde las más altas jerarquías gubernamentales y se difunde por las redes.

Como señalamos al inicio, este artículo se propuso como una suerte de ensayo de interpretación focalizado en un análisis en paralelo de las políticas universitarias y de ciencia y tecnología en la Argentina de las últimas dos décadas. Este ejercicio comparativo recortó dos grandes dimensiones, por un lado, las tendencias de cambio estructurales en cada uno de los sectores (expansión, estructuras, financiamiento) y, por otro lado, las orientaciones de política (discursos, instrumentos, gobierno). Precisamente, esta mirada de mediano plazo de las tendencias de cambio y orientaciones de política nos permitió evaluar más ajustadamente no solo el impacto de la pandemia y la emergencia sanitaria en las universidades y el sector CyT, sino también valorar las respuestas de ambos sectores en la lucha contra el COVID-19 y delinear apenas las orientaciones y efectos de la llegada de Milei.

En un breve racconto de tendencias y orientaciones de política identificadas desde comienzos de la década de 2000 hasta 2015, podemos señalar en el primer momento de gobiernos progresistas se caracterizó por el aumento del financiamiento para ambos sectores que posibilitó en el caso de CyT por la creación del MINCyT, una mayor planificación a mediano y largo plazo, las políticas y el impulso de proyectos de transferencia orientados a la inclusión social. En el caso de las políticas universitarias la bonanza financiera posibilitó una política de expansión institucional a partir de creación de nuevas universidades y más tardíamente en una mayor preocupación por el acceso, permanencia y graduación universitaria. Otro rasgo común a ambos sectores lo constituye la continuidad de financiamientos “competitivos” y generación de nuevos programas “orientados”.

De esta manera, las interesantes innovaciones de política desplegadas durante esos 12 años se dieron en paralelo con cierta inercia de la agenda anterior, arrastrando limitaciones que se manifiestan en el caso de las políticas universitarias en la imposibilidad de modificar la Ley de Educación Superior heredada de la década de 1990. Y en el caso de las políticas de CyT continuando con discursos legitimadores del financiamiento público a iniciativas que no siempre contribuyen al desarrollo nacional.

El segundo momento que corresponde al gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) constituye en un cambio de tendencias que puede ser caracterizado como un interregno neoliberal de desactivación de la mayor parte de las políticas anteriores en CyT y de las políticas universitarias. Dicha ruptura se manifiesta simbólicamente en la degradación del Ministerio a Secretaría de CyT, el recorte sistemático del presupuesto y la eliminación de programas en ambos sectores.

El tercer momento iniciado en marzo de 2020 hasta el final del gobierno de Alberto Fernández está marcado por la coyuntura crítica desatada por la pandemia del COVID-19. Como fuimos señalando, la emergencia sanitaria resitúa el lugar de las universidades y el sector de CyT que se vuelven agentes centrales para la investigación del virus, en la definición de estrategias socio-sanitarias de prevención, la producción de insumos médicos, la investigación y desarrollo de una vacuna y otras acciones que reseñamos en la última sección. Con todo, también deben advertirse los riesgos posibles de la acentuación y aceleración de algunas de las tendencias estructurales.

Así, la abrupta transición a la educación a distancia y virtual parece profundizar y promover la reproducción de las asimetrías y desigualdades entre y al interior de las instituciones (universidades y terciarios), entre sectores público y privado y a nivel regional y global. Al respecto estas asimetrías no solo están asociadas a las brechas tecnológicas que limitan no solamente las posibilidades de acceso a la conectividad, sino también de las capacidades y posibilidades de contar con recursos humanos y financieros para adaptarse a la nueva normalidad.

La crisis económica generada por la emergencia sanitaria y que se proyecta en la post-pandemia profundiza una tendencia regional que se manifiesta en la reducción de recursos para la universidad y el sector de CyT. Estas limitaciones financieras afectarán las distintas funciones de docencia e investigación en las universidades y de investigación y transferencia en el complejo de instituciones de CyT.

Contradictoriamente, las demandas democratizadoras expresadas en la consigna del “derecho a la educación superior” parecen sucumbir frente a la promesa de las tecnologías en la educación superior de hacer realidad el acceso universal a este sector y que se adecua a las limitaciones financieras que impone la crisis económica. Este horizonte a mediano/largo plazo parece delinear los contornos de una reforma estructural que transforma desde adentro no solo las condiciones laborales del personal académico, sino los rasgos y funciones de las universidades e instituciones superiores.

La legitimación y revalorización de las universidades y del sector de CyT en el contexto de emergencia sanitaria constituye un activo no menor frente a las tendencias y riesgos señalados, pero la llegada de Milei parece haber concretado los peores presagios que demanda del campo académico y científico profundizar el análisis sobre la experiencia pasada (sus aciertos y limitaciones) porque constituyen la materia prima para pensar e imaginar las necesarias e imprescindibles estrategias de reconstrucción.

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