No todo lo que brilla es oro: la UBA durante el desarrollismo. Contradicciones, matices y tensiones en la universidad entre los años 1958 - 1962

Not all that glitters is gold: the UBA during desarrollismo. Contradictions, nuances and tensions at the university between the years 1958 - 1962

Guido Riccono griccono@gmail.com

Universidad Nacional del Comahue, Argentina

En este artículo, nos proponemos un análisis cualitativo de las características de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y los vínculos entre universidad y desarrollismo que es posible establecer en los años 1958-1962, a través del relevamiento e indagación de fuentes primarias localizadas en los archivos de la propia Universidad. Se complementa el análisis con bibliografía secundaria que sirve como marco de referencia del objeto de estudio aquí abordado.

En términos histórico políticos, el período en cuestión ha sido caracterizado como de hegemonía desarrollista (Sikkink, 2009, p. 26) y en los que tuvo lugar una etapa señalada comúnmente como positiva para la educación superior, incluso considerada como la Edad Dorada de la universidad (Del Bello y Barsky, 2021, p. 331), caracterizada -en el caso de la UBA- por ser “un espacio cultural, recreativo y social que integró a la comunidad universitaria definiendo pertenencias y solidaridades en una sólida trama de relaciones sociales tejidas por encima de las divisiones disciplinarias, políticas y estamentales” (Fragmentos de una memoria, 1992, p. 131). Con el énfasis puesto sobre el desarrollo científico y académico en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, la reincorporación de docentes que habían estado afuera de la universidad durante el peronismo y la expulsión de aquellos que habían estado en funciones durante 1945 a 1955, la edad dorada de la UBA emerge luego de la Revolución Libertadora como una etapa iluminada de la universidad. Allí, “se iniciaba una etapa en la que se combinaron el proceso de desperonización de la universidad, a través de los concursos docentes, y una renovación institucional y académica de relevancia” (Carli, 2022, p. 73).

Se inicia el trabajo con una caracterización de los años 1955-1958 con el fin de conocer el escenario previo a la asunción de las nuevas autoridades nacionales y universitarias de perfil netamente desarrollista. A continuación, proponemos una descripción y análisis de la UBA durante 1958 a 1962, los años del rectorado de Risieri Frondizi y la presidencia de Arturo Frondizi, separados en dos. Por un lado, aquellas dimensiones destacadas como propias del renacer universitario y la etapa iluminada de la UBA y, por el otro, los conflictos, tensiones y clivajes más importantes: la relación entre ciencia, política y sociedad y sus debates en la Universidad; las propuestas desarrollistas y su penetración en el ámbito universitario; la vinculación con el Estado nacional y la planificación estatal; los debates en torno a la autonomía universitaria; la firma de convenios con empresas internacionales y los subsidios recibidos; las interpretaciones que se hicieron del peronismo, hasta llegar a los debates en torno a la aplicación del artículo N° 28 del Decreto N° 6403 sobre la posibilidad de que las universidades privadas emitan títulos habilitantes y, finalmente, el golpe de Estado del año 1962 y su vivencia al interior de la casa de estudios.

Por último, sobre el final del período en cuestión, observamos una disputa acerca de las interpretaciones sobre el pasado reciente en la que es posible identificar cómo lecturas oficiales de la pluma de Halperín Donghi y Gino Germani promueven un análisis de los años peronistas en clave de autoritarismo y sujeción de la UBA a los designios del “Régimen” (Halperín Donghi, 1962, p. 188). Esta lectura será tensionada a la luz del golpe de Estado de 1962, en el que se expondrán, nuevamente como en 1955, las contradicciones propias de una universidad en un contexto de limitación de las libertades democráticas. Al mismo tiempo, será el inicio de una relectura del peronismo y sus años de gobierno.

Comenzaremos el abordaje con los años previos a la asunción del gobierno de Frondizi a partir de la definición que sostiene que durante los años 1955 a 1958 se vivió un estado de excepción, “un intento provisional (y defensivo) de las clases dominantes por poner orden en la casa” (Portantiero, 1977, p. 303). No obstante, a nivel nacional, los resortes de este intento provisional eran “idílicos” ya que -“mediante un operativo de limpieza”- se pretendía retornar a las condiciones de pre-peronismo y para eso, se tenían que tomar una serie de medidas: intervención de la CGT y de todas las asociaciones gremiales sometidas a su jurisdicción; la persecución y el encarcelamiento de dirigentes obreros y de militantes peronistas; la disolución del Partido Peronista y de la Confederación General Económica; la prohibición de las insignias y lemas peronistas; la revocación de la Constitución de 1949 y el restablecimiento de la de 1853; se eliminó la ley de Asociaciones Profesionales de 1945; se suspendieron sin fecha las convenciones colectivas de trabajo. El objetivo central de estas medidas, según Portantiero, era “desarmar su aparato político en su núcleo más conflictivo: el sindicalismo; y recuperarse (sobre todo la burguesía agraria) del deterioro que le había inferido el nacionalismo popular” (p. 303). Así, fue la Revolución Libertadora la que colocó las “bases institucionales del modelo económico frondicista: la sustitución de trabajo por capital en el desarrollo industrial que requerirá el ingreso masivo del capital extranjero en la industria” (p. 303).

Por su parte, fue necesario un proceso transicional en la propia UBA que tuvo lugar entre los años 1955 a 1958, por ser un intento de eliminación de la universidad de los años peronistas en términos legislativos, académicos y de composición docente. Una gran parte de docentes y estudiantes caracterizaban al peronismo como un gobierno de carácter fascista cuyo autoritarismo se expresaba de modo cabal en la sujeción de las universidades a los intereses políticos de sus dirigentes.

Con esta caracterización, en septiembre de 1955, se intervinieron las universidades nacionales y se designó a José Luis Romero como delegado interventor de la de Buenos Aires. Junto a Ismael Viñas, secretario interventor, Romero había permanecido en las sombras de la vida académica universitaria destacándose en el ámbito de los circuitos alternativos a la universidad peronista. Romero y Viñas poseían una trayectoria académica en las revistas Imago Mundi y Contorno, respectivamente, y emergieron de esa estadía con sus cargos directivos en la Universidad de la mano de amplios grupos reformistas, sobre todo estudiantiles, quienes fueron los protagonistas del proceso de recambio docente y de autoridades, ya que la asunción de Romero fue a partir de una terna presentada a la Universidad por parte de la Federación Universitaria de Buenos Aires compuesta por José Babini, Vicente Fatone y el propio Romero, todos de la revista Imago Mundi (Buchbinder, 1997, p. 187).

Estos tres años permitieron lograr la estabilidad necesaria para llevar a cabo de manera planificada al desarrollismo como política de Estado. La génesis del desarrollismo como teoría bajo la órbita de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe dependiente de las Naciones Unidas (CEPAL) se proponía comenzar a pensar los problemas latinoamericanos desde el punto de vista de su futuro desarrollo y denunciar la dependencia hacia los países centrales que impedían que los países periféricos logren verdaderos procesos de industrialización. Su matriz explicativa radicaba en la tendencia al deterioro de los términos de intercambio de los países periféricos por la explotación de mano de obra barata y materias primas de parte de los países centrales.

Raúl Prebisch fue miembro de la CEPAL desde la década de 1940 y durante la Revolución Libertadora tomará un fuerte protagonismo gracias a su Plan económico. Sin embargo, quien motorizará las políticas desarrollistas en Argentina bajo la presidencia de Frondizi en 1958 será Rogelio Frigerio, quien venía desde hacía tiempo trabajando y divulgando sus ideas en la revista Qué sucedió en siete días (Qué). A través de ella, se atacaron duramente las medidas adoptadas por Prebisch vinculándolo con lo más duro y reaccionario de la Revolución Libertadora. El proyecto político de Frondizi incluía esta caracterización negativa de los tres años anteriores para lograr lazos de unión con los sectores identificados con el peronismo.

De todos modos, el Plan Prebisch anticipó las medidas que tomaría Frondizi en la presidencia bajo el lema Integración y Desarrollo el cual, como se ha sostenido, fue una ideología de transacción entre las crecientes demandas internas para que el Estado interviniera en la economía, a fin de proteger a los ciudadanos y las demandas del sistema internacional (Sikkink, 2009, p. 17).

Si bien compartía con la política económica del peronismo la necesidad de desarrollar la industrialización por sustitución de importaciones como eje de su política, se diferenciaba de ella en relación al eje sobre el que se estructuraba dicha industrialización debido a que, para el peronismo, el mercado y consumo interno son considerados los motores del desarrollo; para el desarrollismo en cambio, la fuente del crecimiento son las inversiones en sectores considerados prioritarios (Sikkink, 2009, p. 39). De allí se desprende el énfasis en la industria nacional durante el peronismo y en la inversión extranjera durante el desarrollismo.

Los elementos que componen su dinámica específica pueden centrarse en la tecnificación, el arribo masivo de inversiones extranjeras, la racionalización a nivel de la administración pública y privada y seguridad jurídica. Según Rapoport, eran tres los conceptos fundamentales del programa de política económica del desarrollismo (2000, p. 548). En primer lugar, la crítica al liberalismo económico como posibilidad de desarrollo. En efecto, según el desarrollismo, el Estado debía intervenir de manera eficaz en desarrollos específicos: un sistema crediticio; la promoción industrial; la protección arancelaria; el estímulo a la aplicación de tecnologías aplicadas; la incentivación a la inversión, incluso, allí donde el sector privado no ofrecía respuestas satisfactorias, pero no como durante el peronismo. Es decir, interviniendo con un manejo arbitrario de variables tales como precios, salarios o tipos de cambio (p. 548). En segundo lugar, el programa debía ser acelerado, porque con el tiempo, la brecha con los países desarrollados tendía a crecer y a agravar las dificultades estructurales. En tercer y último lugar, recurrir al capital extranjero, para sostener un ritmo deseado de expansión de las fuerzas productivas. En ese sentido, el desarrollismo planteó la función liberadora del capital si este se abocaba a áreas prioritarias de desarrollo (p. 548).

Asimismo, se ha dicho que para el desarrollismo la educación cumplía un rol “de carácter estrictamente instrumental. Su misión es la de ser un medio para el desarrollo de la sociedad y su función la de ocuparse de la formación de los recursos humanos necesarios para el crecimiento económico” (Aguerrondo y Fernández Lamarra, 1997, p. 30).

Sin embargo, sostenemos aquí que la planificación para el desarrollo nacional, pauta central del desarrollismo Frigerio-frondicista en Argentina, es deudora de la planificación encarada desde el gobierno peronista, ya que el rol asumido por el Estado en materia de política científica y académica es algo que también aparece durante los años 1945-1955. Si durante esos años la universidad fue puesta bajo el marco de la política estatal de planificación y centralización atenta al crecimiento interno del país y a ubicar a la educación superior como un derecho y motor del desarrollo (Riccono, 2022, p. 46), con su caída se produce una ofensiva modernizante de la universidad que atiende más a los vientos de cambio internacionales, que busca su lugar en el mundo académico aceptando las reglas que se le imponen. Una especie de incorporación de la universidad al mundo académico internacional que busca su reconocimiento y absorbe sus propuestas y directivas. Eso no se vivió sin tensiones ni conflictos en lo que se ha llamado la cuestión universitaria (Sarlo, 2001), para identificar a la relación entre universidad y la política como una dimensión central de los años 60.

Este es el contexto en el que las teorías desarrollistas se insertaron fuertemente en la Universidad de Buenos Aires. El caso paradigmático fue durante el rectorado de Risieri Frondizi entre 1957 y 1962. En él comienzan los primeros pasos hacia la modernización de la universidad y el desarrollo de la investigación en detrimento del marcado profesionalismo anterior. Así, se produce un progresivo aumento de las dedicaciones exclusivas para los docentes de la Universidad de Buenos Aires. Siendo únicamente nueve en el año 1958 llegaron a ser 500 cuatro años más tarde (Buchbinder, 1997). Al mismo tiempo, se destinan mayores recursos para la investigación y se diversifica su origen permitiendo la entrada de subsidios provenientes de fundaciones extranjeras, como la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller.

Del mismo modo, las universidades se modifican internamente desde su estructura curricular y en varias carreras se asiste a la departamentalización, promoviendo la articulación entre las mismas disciplinas de una universidad. Además, se produjeron cambios a nivel edilicio, creando nuevos centros de estudio y la renovación de los ya existentes.

Estos elementos van a confluir en la multiplicación de publicaciones académicas y de intercambio entre investigadores. A la aparición de nuevas revistas universitarias, su mantenimiento y periodicidad, se suman las conferencias, artículos y reseñas que proliferan en estos momentos y “la consolidación en el ámbito universitario de una serie de instancias de legitimación y mecanismos de circulación de los saberes académicos” (Suasnábar, 2004, p. 13).

Esta renovación de la Universidad crea las condiciones para la emergencia de un nuevo tipo de intelectual académico. Producto de la profesionalización y la especialización académica, se produce un gran crecimiento del número de investigadores y profesores de tiempo completo. De estos mismos sectores, protagonistas del cambio que se estaba produciendo, van a surgir quienes cuestionen el modelo universitario y también el modelo de intelectual que ellos mismos estaban encarnando. Quizás el ejemplo más revelador de este nuevo tipo de intelectual sea el de Oscar Varsavsky, así como otros que se pronunciarán a principios de los años 70 en la revista Ciencia Nueva. Así, este período “signado por cruces y tensiones entre tendencias modernizadoras e ideas de corte revolucionario” (Terán citado en Ghilini y Dip, 2015, p. 198) fue vivido también al interior de las universidades y, en particular, de la UBA.

Al mismo tiempo, en las universidades es posible observar la consolidación de otro tipo de intelectuales. Los intelectuales reformistas, herederos de la Reforma del 18, fueron quienes dominaron los espacios universitarios durante la segunda mitad de la década de 1950 y la totalidad de la de 1960. Símbolo de este movimiento fue Risieri Frondizi. Su actividad en la universidad y sus escritos sobre el porvenir de la casa de estudios aglutinaron a un amplio sector que tenía como elementos en común a la autonomía como referencia política y su cuestionamiento o alejamiento con respecto al peronismo. Asimismo, la modernización y la multiplicación de espacios de sociabilidad intelectual creados en este período estuvieron acompañadas por el crecimiento del número de académicos en la universidad.

Los estatutos de la UBA se restituyeron en 1958, producto de las elecciones que dieron la victoria a Risieri Frondizi al frente del rectorado. Al mismo tiempo, fue el estatuto el que multiplicó las condiciones de semi-exclusividad y exclusividad de los profesores la que permitió que muchos docentes profundizaran la investigación.

Otra cuestión importante del estatuto es que, a partir de su restitución, por primera vez en la historia de la Universidad de Buenos Aires, la selección y designación de docentes titulares no quedaba en manos del Poder Ejecutivo y se establecía el concurso como método legal de acceso a las cátedras de los profesores titulares (Prego y Vallejos, 2010, pp. 141-142).

En ese contexto de renovación y modernización, la nueva configuración del escenario político universitario promueve dos operaciones de relevancia. En primer lugar, un resquebrajamiento de la histórica asociación entre liberalismo e izquierda (Pasolini, 2013). En segundo, efecto de la primera, el corrimiento de esa izquierda hacia posiciones nacionalistas. Ambas erosionan fuertemente la lectura en la clave del fascismo que durante los años 1943 a 1955 se hizo del peronismo y comienzan a caracterizarlo de distinto modo. En tanto, el reformismo victorioso de las universidades intenta mantenerse alejado de esas posiciones, promoviendo la idea de progreso y modernidad académicas como sus únicas banderas políticas frente a sus naturales enemigos: el catolicismo y las ideologías de derecha ultramontanas. Pero el hecho de la desaparición del componente fascista en la descripción que se hacía del peronismo responde también a la importancia que tenía el contexto internacional en las definiciones políticas locales, en el que es posible identificar un nuevo escenario posbélico de nuevas oposiciones y dicotomías una vez que la “tormenta del mundo” ha pasado (Halperín Donghi, 2003).

Risieri Frondizi asumió el rectorado de la UBA desde el 27 de diciembre 1957 hasta el 28 del mismo mes de 1962.

En relación al número de estudiantes, Pérez Lindo (1985) señala que “la enseñanza universitaria y superior conocieron el período de desarrollo más rápido de su historia (14,8 %), entre 1947 y 1954 (…) la tasa de crecimiento descendió bruscamente al 2,2 % a partir de 1959 hasta 1963” (p. 133).

Hacia 1960, la Universidad contaba con 59.000 estudiantes (Archivos UBA, 1960, p. 3995). Para esta masa estudiantil, la UBA desplegó un novedoso sistema de plan de becarios dividido en tres, en 1957. En relación a los estudiantes, los había becarios internos y externos -aquellos que realizaban tareas fuera de la Universidad- y otro conjunto de becas estaban dirigidas a los graduados y se entregaron 70 becas. En el año 1959, el sistema de becas se multiplicó exponencialmente y la Universidad otorgó 500 becas para estudiantes de todas las carreras. La Facultad de Ciencias Médicas y la de Ingeniería recibieron el 60 % de las becas (Archivos UBA, Sesiones, 21 de julio de 1959) en relación a las 500 entregadas. En 1958, la Universidad había entregado 200 becas, pero a la multiplicación de 1959 se sumaron nuevas condiciones y reglamentaciones: se aumentó el monto de lo recibido y se contemplaban mayores ingresos si los becarios eran del interior y vivían en la capital sin sus padres, si tenían hijos o si estaban casados (Expediente 117.069/59).

En cuanto a la organización académica, es importante destacar la creación de los Departamentos en las facultades, medida que tuvo su origen durante el rectorado de Romero. No obstante, su concreción se llevó a cabo años más tarde, durante el rectorado de Frondizi y su propósito era el de agrupar materias afines, asesorar a los respectivos Consejos Directivos y estimular la investigación (Prego y Vallejos, 2010, pp. 137-138). Esta iniciativa es uno de los elementos destacados del proyecto modernizador que continúa vigente hasta el día de hoy.

En ese marco, es importante destacar la reglamentación que se ocupaba de los Institutos que apareció el 28 de noviembre de 1961. En ella, se constata una fuerte presencia de la investigación y la formación de jóvenes como sus metas fundamentales (Expediente 114.511/58). Específicamente, son cuatro las funciones designadas para ellos:

• Investigar en el campo de la disciplina a que estén dedicados;

• Formar investigadores;

• Contribuir a la formación docente;

• Dirigir la actividad de becarios, y

• Dictar seminarios y cursos de especialización.

En relación a la Extensión universitaria, es importante destacar sus orígenes. A partir del año 1948, se inició un proceso “poco coordinado y sistemático” de extensión universitaria, fundamentalmente en el área de Ingeniería (Mangone y Warley, 1984, p. 32) que no se profundizó, pero se dieron los primeros pasos para el desarrollo de este aspecto central de la Universidad. La Extensión Universitaria se profundizó en 1956, cuando se creó el Departamento de Extensión bajo el rectorado de José Luis Romero, centrado en la investigación sobre las condiciones de vida de los pobladores de la Isla Maciel con el objetivo declarado de intervenir en la vida de los sectores de bajos recursos y continuó durante el rectorado de Frondizi (Buchbinder, 2010, pp. 183-184).

Al mismo tiempo, durante 1959, comenzó la construcción de la Ciudad Universitaria sobre la base del estudio de diversos terrenos de la ciudad y se eligió finalmente el que linda con la costa norte del Río de la Plata (en desmedro de otros asentamientos que habían sido propuestos y fueron estudiados: la actual Agronomía y Veterinaria, Saavedra, El Bajo Flores, la zona sur del puerto de Buenos Aires).

De todas las cuestiones referidas a su construcción que hasta el día de hoy es considerada un símbolo del rectorado de Frondizi, hay ciertos elementos a destacar de los debates que se dieron en las sesiones de Consejo Superior de julio a noviembre de 1958, en las que se trató el tema. En efecto, el ambicioso proyecto iniciado no se reducía a lo que hoy es la Ciudad Universitaria, ya que en la contratación de los arquitectos responsables de la obra se menciona que la futura Ciudad Universitaria estará integrada por los siguientes edificios: “Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ciencias Económica, Filosofía y Letras e Ingeniería; Rectorado y Administración, Museos, viviendas para profesores y alumnos, comedores, zonas de deporte y esparcimiento” (Archivos UBA, Expediente 102.785/58). Es decir, se proyectaba una sede universitaria de mucha mayor envergadura que la actual. Es importante recordar que la Facultad de Filosofía y Letras por esos años continuaba funcionando en el edificio del rectorado, ocupando otras sedes como las aulas del Colegio Nacional Buenos Aires y dos pisos del edificio de Florida 656, que había pertenecido al IAPI. Su proyección como parte de la futura Ciudad Universitaria había despertado el entusiasmo entre los miembros de su comunidad que, sin embargo, no se llevó adelante. De todos modos, el espíritu con el que se discutió la planificación de la Ciudad Universitaria, expresa la sensación generalizada de un momento de cambio y donde las alternativas estaban abiertas. En ese sentido, su construcción se proyectaba para 20 años, en los que se irían sumando los edificios mencionados. Además de ellos, en 1960 se agregaban más proyecciones a las mencionadas en una segunda etapa de construcción: una Escuela Primaria y una Normal; otros Institutos y Facultades: Agronomía y Veterinaria y Derecho y Ciencias Sociales. Por otro lado, se propuso hacer un Estadio de fútbol con capacidad para 20.000 personas y un Coliseo para 10.000 concurrentes. Finalmente, la tercera etapa contemplaba la creación de un espacio para los cursos básicos de Medicina, Farmacia y Odontología (Obras de Planificación de la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, Archivos UBA, 1960), es decir, se proponía integrar a la comunidad educativa de la UBA en su totalidad al futuro emplazamiento.

A esta reorganización edilicia y académica de la UBA, se agregan iniciativas de orden formativo y de vinculación con las ideas y propuestas desarrollistas. En efecto, como mencionamos párrafos atrás, la CEPAL tuvo su influencia directa sobre la universidad en los años que estamos analizando a través de intercambios entre miembros de las dos instituciones, así como cursos y seminarios dictados en la UBA por parte de “profesores, conferencistas y técnicos”. En efecto, el más trascendente de ellos fue el Curso Intensivo de Capacitación en Problemas de Desarrollo, que se llevó a cabo entre la CEPAL y la Facultad de Ciencias Económicas, dentro del programa ampliado de Asistencia Técnica de Naciones Unidas. Entre los economistas destacados que visitaron dicha facultad dictando cursillos, se encontraban el chileno Jorge Ahumada, el cubano Regino Boti y los argentinos Adolfo Dorfman y Raúl Prebisch (Expediente UBA 106.978/58).

En el mismo sentido, entre abril y octubre de 1958 tuvo lugar en la Universidad de la República en Montevideo una Conferencia de Especialistas en Ciencias Económicas con el fin de estudiar los “Problemas de la integración económica latinoamericana y el Problema del deterioro de los términos de intercambio”. La propuesta de integración regional a través de este tipo de conferencias se destaca por el interés puesto en la vinculación entre universidades de países latinoamericanos a través del intercambio sobre problemas económicos. Junto a la UdelaR y la UBA, la invitación fue distribuida a todas las universidades fundadoras del subcontinente (Archivos de la UBA, Sesiones, 1958, p. 751). Es importante destacar, asimismo, que estas iniciativas se financiaron con una partida específica, la del Fondo Universitario, creado en 1958 y destinado a enfatizar el rol científico de la universidad.

Como parte de esas iniciativas de corte desarrollista, la Universidad llamó a un concurso para equipos de trabajo del área de las Ciencias Económicas con el objetivo de llevar a cabo la “Planificación de la Organización Mecánica y Racionalización Administrativo-Contable” de la Universidad (Archivos UBA, Sesiones, 31/10/1959). La misma tenía por objetivo llevar a cabo una racionalización del empleo y del espacio disponible para las tareas administrativas y docentes dividida en dos partes. La primera, dedicada al estudio de la Universidad y sus componentes, la segunda, proyectar mecanismos de racionalización concretos y austeridad económica. El pedido de planificación, originalmente provino del Poder Ejecutivo bajo la presidencia de Arturo Frondizi, pretendía alcanzar a todos los ámbitos estatales entre los que se encontraban las universidades y la UBA consideró pertinente llevarlo a cabo en cuatro meses. El lenguaje utilizado y el equipo concreto (un equipo mecánico IBM 431, alquilado por la Universidad a la firma extranjera) expresan muy bien lo que se pretendía bajo el desarrollismo. Efectivamente, la idea era que el Estado funcionara con la mayor eficacia posible gastando la menor cantidad de recursos y, para poder llevar cabo dicha tarea, era necesario un estudio de especialistas de diferentes disciplinas -aunque con la presencia obligatoria de por lo menos 2 miembros de Ciencias Económicas- y técnicos especializados que contarían con tecnología extranjera alquilada por la universidad.

Así, podemos ver cómo el énfasis puesto en la especialización científica en pos del desarrollo económico es lo destacable de la planificación desarrollista, donde la educación jugaba un papel clave en la formación de esos científicos y en la UBA, este proceso es detectable a través de sus archivos en programas como el de la “Planificación de la Organización Mecánica y Racionalización Administrativo-Contable”.

Sin embargo, volviendo al proyecto de Planificación y Racionalización, las dificultades de su implementación propuesto para el año 1960 tuvieron efectos negativos y, durante ese año, es posible constatar notas y cartas enviadas al Consejo Superior por parte del personal administrativo que protesta por no poder llevar adelante el plan de racionalización y solicita cambios urgentes por las dificultades que acarrea. Las autoridades de la Universidad tomaron nota de esta situación y enviaron al Poder Ejecutivo una solicitud para que revea el caso de la UBA, por ser distinta a otras dependencias del Estado. Finalmente, Arturo Frondizi decide enviar el Decreto Nacional N° 2332 en el que exceptúa a las universidades del plan de racionalización y austeridad económica.

Más allá de estas dificultades, el caso ejemplifica de modo paradigmático la puesta en práctica de la teoría o, mejor dicho, el intento por llevar adelante una política pública bajo el amparo de la racionalidad instrumental, “que se despoja de la política y está rodeada de un aura de neutralidad” (Suasnábar, 2003, p. 57).

Conviene señalar que la racionalización de las dependencias del Estado está relacionada con que “desde inicios de la década de 1960 las dificultades financieras fueron crecientes y desgastantes” (Feld, 2015, citado en Carnota y Braslavsky, 2022, p. 101).

Otro tipo de situaciones que también pueden insertarse en este marco teórico tuvieron desenlaces menos felices y generaron tensiones al interior de la universidad. Efectivamente, en el año 1959, se dio un fuerte e interesante debate en torno a la creación de la Escuela de Vías de Comunicación, entre la Facultad de Ingeniería y la Empresa Ferrocarriles del Estado. La propuesta inicial por parte de la empresa estatal se basaba en contratar a ingenieros civiles que se hayan especializado en la temática -es decir, que hayan cursado la especialidad en Vías de Comunicación de su carrera- su designación se regía por normas comunes que correspondían a profesores universitarios y se creaban diez becas para estudiantes. La única exigencia puesta por la empresa era que los profesores y el director a cargo, sean full time. El consejero Alberto Costantini -Decano de Ingeniería y posterior Ministro de Obras Públicas durante la presidencia de Arturo Frondizi- defendía el proyecto argumentando que “se trata de contemplar una relación con reparticiones del Estado que dan todo a la Universidad y piden solamente que ésta asuma la responsabilidad de la enseñanza” (Archivos UBA, Sesiones, 1959).

El convenio tenía un año de espera y había sido suscripto en el año 1957 pero no se había puesto en marcha. Ante la elección de Risieri Frondizi, debía ratificarse ante las nuevas autoridades quienes ponían en duda la legalidad de vínculos entre empresas -privadas o estatales- que estipulaban algún tipo de afectación sobre la autonomía universitaria.

Las palabras de los consejeros fueron cada vez más críticas hacia el convenio propuesto y fue Rolando García quien sintetizó las dudas que le generaban al cuerpo. El consejero superior sostenía que “De ninguna manera un convenio de este tipo puede imponer criterios sobre designación de profesores, ni establecer nuevas categorías docentes, ni entrar siquiera a considerar cómo se hará el nombramiento del personal auxiliar” (Archivos UBA, Sesiones, 1959).

El problema era que el Director de la Escuela sería nombrado por una comisión integrada, entre otros, por un representante de la Empresa. Esto generaba rechazo ya que los nombramientos y designaciones por parte de cualquier organismo o persona ajena a la universidad era un tema particularmente sensible entre los miembros de la comunidad académica en vistas de la historia reciente de relación entre la universidad y el peronismo. Por esos años, en los archivos de la UBA es posible detectar un fuerte consenso en torno a caracterizar a la relación entre peronismo y universidad de los años 1946-1955 como de pérdida de autonomía y sujeción a los designios del Poder Ejecutivo. Sobre el final de este artículo, veremos cómo esta lectura se va relativizando producto de los cambios por los que atraviesa el país y la casa de estudios.

Otro problema era que, si bien el proyecto ya estaba armado, se regía con normas que el nuevo Estatuto Universitario ya había articulado, de modo que no se ajustaba estrictamente a la nueva legislación.

Finalmente, se resolvió positivamente porque el ánimo de todos los consejeros era el de que este tipo de convenios se multiplique, promoviendo la relación entre la Universidad y las distintas áreas del Estado (Expediente 101.843/58). Rescatamos el episodio ya que es el primero que tuvieron que resolver las nuevas autoridades, en el que quedaron sentadas las posiciones y el consenso mayoritario de la plena autonomía universitaria e independencia en este tipo de iniciativas (Rotunno y Díaz de Guijarro, 2003, p. 48). Este tipo de situaciones, pueden enmarcarse en una “reformulación de las relaciones entre Estado, industria privada y comunidad académica, bajo el rótulo de la Big Science” (Comastri, 2022, p. 50).

En la UBA, la legislación específica creada a los fines de regular este tipo de convenios fue creada y aprobada en Sesión Ordinaria del 21 de noviembre de 1959, donde se firmó el reglamento definitivo. El mismo era sintético y poseía tres artículos. El primero, referido a que las Facultades o Institutos podían convenir la colaboración o asistencia en bienes o servicios “para la promoción, creación o extensión de la docencia universitaria”. El segundo artículo establecía que la firma de cualquier convenio de este tipo debía ser aprobado por el Consejo Superior. Finalmente, se dictaminaba que los docentes que firmen dichos convenios “no podrán recibir otros emolumentos que los que les correspondan por su nombramiento original, excepto los recibidos por el CONICET” (Expediente 122.045/59).

Este marco legislativo permite que las unidades académicas convengan con otras áreas del Estado o del sector privado, pero bajo el estricto control del Consejo Superior de la UBA en pos del resguardo de la autonomía. Sin embargo, la definición del concepto de autonomía no era unívoca y fue ampliamente discutida a posteriori en relación a los subsidios y financiamiento recibido por organismos y empresas privadas, inicialmente surgidas del seno del movimiento estudiantil (Carli, 2022, p. 76). En un contexto presupuestario delicado, se denunciaban a los convenios por estar “al servicio de intereses privados y foráneos” (Califa, 2022, p. 89).

No obstante, durante el año 1959 se firmaron convenios más relevantes que no causaron grandes debates al interior de la comunidad universitaria. En las Sesiones no es posible observar desacuerdos sino más bien el consenso generalizado de la aceptación de los mismos, como sostiene el Despacho de la Comisión de Investigación Científica, Becas y Publicaciones del 24 de noviembre de 1959 que, visto la nota del Departamento de Sociología por la que informa que la Fundación Rockefeller está dispuesta a facilitar una subvención de 35.000 dólares para la realización de un estudio titulado “Impacto de la inmigración masiva sobre la estructura social y la evolución de las ideas en Argentina” a cargo del Instituto de Sociología y la Cátedra de Historia Social, esta Comisión aconseja al mencionado Departamento llevar a cabo las gestiones pertinentes para concretar el referido ofrecimiento (Expediente 124.894/59).

El 7 de junio de 1960, fue la Fundación Ford la encargada de “colaborar para el desarrollo y la expansión del Departamento de Sociología” (Expediente 129.814/60). Luego de una serie de visitas de profesores (Wolf y Silbert) de la Fundación Ford a la Facultad de Filosofía y Letras donde tomaron cursos de sociología a cargo de Gino Germani, dieron cuenta de las deficiencias del departamento y se comprometieron a lograr que la Fundación colabore, algo que finalmente ocurrió en 1960. Los fondos estaban destinados para la contratación de expertos y profesionales extranjeros; para estudios y perfeccionamiento en el exterior de profesores e investigadores del departamento, así como de graduados; contribución para la biblioteca de la Facultad, la contribución para la adquisición de equipamiento para la investigación y la enseñanza y, finalmente, un fondo para investigaciones y reserva. La mitad de los 210.000 dólares recibidos estaba destinada al primer ítem, mientras que 50.000 dólares se dirigieron para viajes de estudio en el exterior por parte de docentes y graduados del departamento. El resto se repartía equitativamente entre los ítems señalados. Se aclaraba en la resolución que todo lo concerniente a decisiones sobre el uso del dinero, así como de la selección docente quedaba en manos del Departamento de Sociología y de la Universidad de Buenos Aires.

Rolando García fue el encargado de visitar a la Fundación Ford en calidad de representante de la Universidad para gestionar el subsidio de dicha Fundación al Departamento de Sociología. Tal como él mismo sostuvo, la iniciativa fue en connivencia con Risieri Frondizi.

El rol de la Fundación Ford ha sido estudiado y cuantificado, al punto de sostenerse que entre los años 1960 a 1967, en promedio, más del 20% del presupuesto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA fue cubierto por esta Fundación (Carnota y Braslavsky, 2022, p. 101).

En este contexto, es importante situar los debates en torno al Plan de la Comisión Nacional de Administración del Fondo para el Desarrollo Económico (Cafade) que permitía realizar convenios entre universidades de EEUU y Argentina a través de dinero proveniente del comercio exterior. Si bien los Archivos de la UBA no registran debates o tensiones sobre el Plan Cafade, el movimiento estudiantil fue el encargado de denunciar a este tipo de alianzas académico-financieras por parte de la penetración imperialista en la región (Califa, 2022, p. 86).

Finalmente, destacamos que también durante el mismo año 1959 es posible observar a través de los archivos de la UBA cómo las donaciones se fueron multiplicando en la Universidad: Laboratorios Roemmers hacia la cátedra de Clínica Médica; Squibb & Sons destinados al Instituto de Semiología y Clínica Propedéutica de la misma Facultad; Siam Di Tella hacia el mismo Instituto; Laboratorios Roche dirigidas a la Facultad de Ciencias Médicas; Laboratorios Pfizer hacia el Hospital de Clínicas; American Steel Foundriess International con destino a la cátedra Ferrocarriles de la Facultad de Ingeniería; Establecimientos Sasm hacia la cátedra de Química Orgánica; Parke Davis con destino a la cátedra de Físico-Química (Archivos de la UBA, Sesiones, 23 de abril de 1959). Todas estas donaciones comienzan a aparecer a partir de 1959 y fueron recibidas por la Universidad, sin embargo, no son financiaciones o convenios, sino donaciones. Esto demuestra un espíritu de colaboración entre las empresas norteamericanas y la UBA que no es posible constatar en las décadas anteriores.

La compra de materiales y equipamiento por parte de determinadas facultades de la universidad para realizar tareas de docencia e investigación también aparecen por estos años. Particularmente notorias son en 1962, año en el que pudimos detectar cómo las unidades académicas compran material: provenientes de New York Laboratory Supply hacia la Facultad de Farmacia y Bioquímica; de la firma Photovolt Corporation de New York dirigidas a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; desde la firma FADMA hacia la Universidad; hacia Farmacia y Bioquímica desde Destilationtechnik Stage K.G. de Alemania; de la firma Beckamn Instruments con destino a la Facultad de Farmacia y Bioquímica; otra firma llamada Becton, Dickinson y Co. S.A. a la misma facultad; quien también recibe de las firmas A.G. Fur Chemie Apparatebbeu y Buchi Flawel, ambas de Suiza, instrumental destinado a la investigación; la Facultad de Ciencias Exactas de la firma Cosin S.R.L. también para instrumental y, finalmente, la empresa IBM proveyendo de material a la Universidad.

Los conflictos por los que atravesó la Universidad durante el año 1958 por la reglamentación del Artículo N° 28 del Decreto Ley 6403, tuvieron su origen en los inicios de la Revolución Libertadora. Durante la estadía de Dell’ Oro Maini a cargo del Ministerio de Educación y Justicia este se encarga de introducir el mencionado artículo como parte del compromiso y la presión de la jerarquía eclesiástica que había formado parte de la conspiración y el futuro golpe a Perón entre los años 1953 y fines de 1955. El tema en cuestión ha sido ampliamente abordado y, por eso, no nos detendremos sino en su análisis con fuentes que no han sido revisadas como los Archivos de la Universidad de Buenos Aires y sus actas de Sesiones, incluyendo, claro, elementos y situaciones de otras fuentes para completar el cuadro de los dos años de conflicto.

Así, la sesión del día 30 de agosto de 1958 es en la que comienza a discutirse la posibilidad de que las universidades privadas entreguen títulos oficiales a sus egresados. Esto se produjo en el contexto del debate presupuestario, en el que los consejeros acuerdan enviar al Poder Ejecutivo una comunicación para que revea las partidas asignadas a la UBA. En ese marco, el consejero por el claustro estudiantil Edgardo Slemenson toma la palabra para solicitar al pleno del Consejo Superior una posición sobre la reglamentación del artículo N° 28 del Decreto Ley 6403 ya que, como él afirmó, los profesores y autoridades hablaron con la prensa, pero cada uno dio su posición de forma individual. Era hora de que se pronunciaran como comunidad académica.

El tema de la prensa es un eje sobre el que giran todas las exposiciones ya que, como señaló Rolando García cuando le tocó hablar “estamos en este momento en una posición en que los principales periódicos de nuestra capital han tomado una actitud partidista, no sabemos si por algún compromiso previo, por irresponsabilidad o por mala información” (Archivos UBA, Sesiones, 1958). Más aún, su preocupación fue en aumento ya que con gran sorpresa ve que un matutino de la fecha publica una información en la que se lo hace aparecer como habiéndose expresado contra la libertad de enseñanza. La prensa tomó las palabras de García y de Risieri Frondizi en un acto organizado por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el que ambos se pronunciaron en contra de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo (también lo hicieron en la Asamblea Universitaria). El diario más citado es La Nación, sobre todo su publicación del 22 de agosto.

El rector mismo es quien apoya las palabras de García, al decir que

(…) se ha confundido la libertad de la enseñanza con el otorgamiento de títulos habilitantes. Todos los miembros de este cuerpo somos partidarios de la libertad de enseñanza, incluso hemos ido a parar a la cárcel por defenderla, es profundamente injusto que se nos haga aparecer como contrarios a la libertad de enseñanza. Lo único que está en discusión es el derecho que pueden tener las instituciones privadas de otorgar títulos habilitantes. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

En esa dirección fueron las palabras que el Rector expresó en un comunicado a la prensa con el objetivo de sentar una posición al respecto, el mismo decía:

No debe confundirse a la opinión pública mezclando grandes principios con intereses mezquinos, circunstanciales o sectarios. La gran mayoría de los universitarios argentinos somos decididos partidarios de la libertad de enseñar y a aprender y estamos dispuestos a luchar por ella.

Una cosa, sin embargo, es la libertad de enseñanza, y otra muy distinta el afán y la urgencia por conseguir a toda costa, la patente para otorgar títulos habilitantes. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

La disputa era, como vemos, por el sentido que se le da a la reglamentación del artículo N° 28, ya que el concepto de libertad se confundía con el de igualdad de todas las instituciones -públicas y privadas- de otorgar títulos habilitantes. En efecto, quien da cuenta de este problema es el consejero Jorge Gadano, para quien el pueblo y la Universidad han estado fuera de los debates referidos a las leyes universitarias, tanto en 1945 como en 1955 y en este momento. Por eso, propone que el Congreso sea el encargado de la reglamentación del artículo N° 28 pero que, previamente se consulte a la población en general y a la comunidad académica cuál es su postura al respecto. En sus propias palabras, cuando se sancionó el Decreto Ley 6403 que “trajo un poco por los cabellos” el problema de las universidades privadas, esa sanción se hizo un poco sorpresivamente y al margen de todo debate. A continuación, sostiene que las actuales universidades privadas no dieron muestras de poder ofrecer una educación superior de calidad y, si se

(…) invoca la necesidad de asegurar para la República una mayor dotación de técnicos y científicos que satisfaga el desarrollo económico que se planea, cree que antes de “correr el albur” de darle esa posibilidad a las universidades privadas, que todavía no han demostrado su capacidad de hacerlo, se debería otorgar esa posibilidad a las universidades oficiales, que sí la han demostrado, en lugar de restringir el presupuesto hasta tal punto que se las inhabilite para esa tarea tan importante. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

Aquí aparece el problema en su clara definición: la posibilidad de que las universidades privadas otorguen títulos habilitantes está sujeta al contexto de desfinanciamiento de la Universidad porque este contexto es la fundamentación estatal de la aprobación del artículo N° 28: el Estado no puede financiar a los científicos y técnicos que necesita el desarrollo económico y, por eso, promovía que las universidades privadas lo hicieran.

La Sesión termina con el acuerdo general de emitir un comunicado expresando la oposición a la reglamentación del artículo que finalmente no se elabora, pero queda pendiente para la próxima sesión.

En la sesión ordinaria del día 6 de septiembre de 1958, Risieri Frondizi se refiere como “histórico” al dictamen del despacho de la comisión que debía reglamentar el artículo 28 del decreto Ley 6403. Entre esta sesión y la anterior, se produjeron hechos de violencia callejera en las que estuvieron involucrados estudiantes y docentes de la universidad el 4 de septiembre, a raíz de un acto público organizado por una parte de la comunidad académica para presionar por la no reglamentación del Artículo N° 28.

Días antes de esta histórica sesión, los rectores de las 8 Universidades Nacionales habían entregado al Presidente Arturo Frondizi un documento en el que le proponían suspender la reglamentación del Artículo N° 28 porque consideraban inoportuno el momento para esta discusión. A este documento, respondió el presidente con las siguientes palabras: “El Poder Ejecutivo considera propicia la oportunidad para ratificar su conocida posición decididamente favorable a la libertad de enseñanza”. Esta nota motivó las acusaciones de Risieri a Arturo Frondizi en el Consejo Superior ya que es para él

(…) una gran violencia tener que manifestar públicamente que el Poder Ejecutivo, con esa nota, elude el problema, y que además los acusa a los rectores de ser contrarios a la libertad de enseñanza, cosa que no puede admitir ni como ciudadano ni como Rector. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

Otra vez aquí, resuenan los ecos de la interpretación sobre el pasado en la que es notorio el énfasis en que la autonomía y la libertad de enseñanza no pueden estar en discusión. El reformismo gobernante es fuertemente crítico del pasado de la universidad durante el peronismo.

Es en esa misma Sesión en la que el Consejero por el claustro de graduados Otaegui sostiene que el problema es de Estado. El mismo tiene la responsabilidad de sostener financieramente a las universidades por prerrogativa constitucional, universidades que, por otro lado, son insuficientes para abastecer la demanda de todos cuantos pretenden cursar estudios en sus aulas. Es por ese motivo que

(…) no haya ninguna razonabilidad en pretender restringir exclusivamente la intervención del Estado Nacional Argentino en materia de enseñanza universitaria a este tipo de universidades. Culminaba su exposición, diciendo que él veía perfectamente razonable que pueda controlar (el Estado) otras casas de estudio y que, si esas casas demuestran tener los recaudos necesarios, pueda avalar sus títulos (Archivos de la UBA, Sesiones, 1958).

Asimismo, se pronunció contrario a la opinión de los consejeros, entre las que se encontraba la de Risieri Frondizi, quienes pretendían imponerse por sobre la jurisdicción estrictamente universitaria, así afirmó que “el rector de la Universidad de Buenos Aires, no es quien para imponer condiciones al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo y, quien así obrare atenta, en definitiva, contra la República”. Otros consejeros aprueban sus palabras -incluso cuestionan que Risieri Frondizi haya sido parte de la convocatoria del 4 de septiembre porque esos actos no están motivados por la serenidad académicas, propias de un Rector, en palabras de Fustitoni apoyadas por el consejero Pandra y el consejero Costantini oportunamente- pero es Caletti quien intenta desarticular estas posturas recordando que lo central es producto de la deliberada confusión instalada por la prensa: hay una diferencia entre lo que se publica y lo que existe, nadie está en contra de la libertad de enseñar y aprender. Por último, también propone articular el problema con el presupuestario, declarando que la acuciante situación que vive la universidad debería ser el primer punto de discusión y no el de las universidades privadas.

A continuación, Rolando García retoma su alocución cuestionando nuevamente a la prensa, al Poder Ejecutivo y reivindicando la participación de Risieri en los actos del 4 de septiembre de los que también él formó parte. Su discurso estuvo seguido de otras manifestaciones opuestas cuestionando la posición de Frondizi. Esta situación culmina cuando hace uso de la palabra el consejero Castellanos, quien afirma que “Estamos en una universidad reformista y esto tiene que ser comprendido… Nuestro Rector es reformista, y como tal sabrá acompañarnos en esta lucha” (Archivos de la UBA, Sesiones, 1958).

Cuando llega el turno de Risieri, recoge todas las críticas que le fueron haciendo los consejeros. Una por una va argumentado su posición, fundamentalmente se lo acusa de dejar de lado su cargo de Rector y “someterse a las pasiones de la turba estudiantil incitando al desorden público”. Luego de explicar qué es la pasión para él y porqué la defiende, Risieri elabora un hilo argumentativo en el que lo sustancial es la imposibilidad de pensar a los individuos segmentados: él no sabe si actuó como Rector o como ciudadano, pero tampoco importa porque las personas son indivisibles. A continuación, argumenta que de pretender reglamentar el Artículo N° 28, no habrá tarea pacífica en la Universidad. Ante esta frase, los consejeros le cuestionan que está formulando una amenaza, a lo que él responde que no, porque es una afirmación sobre un hecho de psicología social, disciplina a la que se ha dedicado y conoce muy bien, como al conjunto de los estudiantes y docentes que repudian la reglamentación.

Su propuesta, así como la de Rolando García y otros consejeros, es que se discuta el artículo N° 28 en el marco de una nueva Ley para las universidades que integre a todos los actores en juego pero que se dé en el Congreso Nacional. Consideran que la reglamentación vigente en esos momentos (emanada de la Revolución Libertadora) es transicional y deben darse las condiciones para la discusión de una nueva ley. Pero no son las palabras de un Rector y un grupo de consejeros, sino de la Asamblea Universitaria que había enviado el siguiente comunicado el 25 de agosto y que, Risieri Frondizi, Rolando García entre otros, trataban de defender en el Consejo Superior:

La Asamblea Universitaria, en conocimiento de versiones según las cuales el Poder Ejecutivo reglamentaría en breve plazo el artículo N° 28 del decreto ley 6403, se considera en el deber de hacer conocer su opinión adversa a la medida sancionada. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

Las palabras de Frondizi son el sustento de estas formulaciones en las que -además de los elementos ya analizados- se cuestiona la legitimidad de la Revolución Libertadora para reglamentar la vida universitaria ya que el gobierno provisional precedente fue el encargado de reglamentar el funcionamiento de la universidad venidera.

Volviendo a las palabras de Risieri Frondizi, fueron la culminación del tema en la sesión del 6 de septiembre y se pasó a respetar el Orden del día preestablecido. A continuación, se formó la Comisión que debía redactar el documento que recogiera las palabras de los consejeros al respecto de la reglamentación del Artículo N° 28.

La sesión del 24 de septiembre es significativa en relación a la postura que toma la UBA al aprobar la siguiente Resolución: “1) Clausurar todas las dependencias de la Universidad de Buenos Aires hasta el 30 de septiembre; 2) Constituirse en sesión peramente con el fin de adoptar de inmediato las medidas que las circunstancias aconsejen” (Archivos UBA, Sesiones, 1958).

El contexto en el que tuvo lugar esta resolución fue el de la agudización de los conflictos producto de las manifestaciones que protagonizaron quienes se ubicaban de uno u otro lado del artículo 28, así como los debates que se produjeron en las respectivas cámaras del Congreso que debía votar el artículo o su derogación (Barsky y Del Bello, 2021; Califa, 2009; Ceballos, 1985; entre otros).

El proyecto de Resolución fue leído por Rolando García y fue votado resultando aprobado por mayoría, aunque suscitó algunos debates el artículo N° 1 que proponía cerrar las puertas de la universidad. Frente a esto, Otaegui se opone diciendo que no se debe clausurar la Universidad por la amenaza de hechos de violencia y que debe permanecer abierta mostrándole a la sociedad que es un espacio abierto para todos. Finalmente, asegura que se debe recurrir al Poder Judicial en caso de que alguien quisiera actuar fuera de los carriles de la ley. Inmediatamente toma la palabra el Rector quien opone las siguientes palabras:

Mientras yo sea Rector, bajo ninguna circunstancia acudiré a la policía para mantener el orden de la universidad… Creo que los universitarios debemos mantener el orden con espíritu universitario y que la policía está para cuidar a los delincuentes, pero no a los estudiantes universitarios. (Archivos UBA, Sesiones, 1958)

A continuación, los consejeros apoyan las palabras de Frondizi y se aprueba el proyecto, con esto se dio por finalizada la sesión. Aunque al haberse declarado en sesión permanente se reunieron al día siguiente. Así, el 25 de septiembre, la sesión comenzó con el relato del rector de los conflictos que se sucedieron en las diversas facultades: tomas, episodios de violencia con la policía y hasta algunos enfrentamientos entre grupos de estudiantes, entre los que se destaca el que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras entre estudiantes humanistas, reformistas y otros que apoyaban la enseñanza libre con la intervención de la policía. A continuación, Otegui nuevamente propone rever el artículo 1° de la resolución anteriormente citada en relación a la clausura de la Universidad y se vota negativamente.

A pesar de la postura contundente de la universidad frente al artículo 28 y sobre todo la asumida por su rector, luego de un juego de alianzas al interior del congreso, se aprobó el artículo con algunos cambios propuestos por integrantes de la propia fracción de la UCR gobernante (Domingorena, 1959), sin embargo, su implementación no tuvo lugar hasta el año siguiente.

El 29 de marzo de 1962, el golpe de Estado militar que situó en el poder a José María Guido fue vivido intensamente en la Universidad. Es interesante cómo para los protagonistas de aquellos años, el golpe significó una vuelta a pensar el pasado de la Universidad y del propio país. En efecto, luego de dos intentos fallidos, el Consejo Superior logró reunirse el 30 de abril, un mes después del golpe y se pronunció oficialmente preocupado por la situación institucional del país, especialmente por las detenciones a personas entre los que se contaba con miembros de la comunidad universitaria. Los comentarios de los consejeros apelan a la fragilidad institucional de la democracia argentina como elemento unificador de sus largos y consternados discursos. La mayoría acuerda que se vive un proceso de escasa estabilidad desde hace 30 años, señalando con esto que el inicio se dio a partir del golpe de Estado de Uriburu. Así, en palabras de Rolando García, “las causas profundas de una permanente inestabilidad que lleva ya más de 30 años” (Archivos UBA, Sesiones, 1962) deben ser estudiadas por los universitarios economistas y sociólogos -en su calidad de científicos. La impronta desarrollista referida a la ciencia como herramienta de análisis privilegiado aparece en las palabras de García.

A raíz de la propuesta de elaborar una declaración que siente posición de la UBA acerca del golpe de Estado, es el consejero por los graduados Laclau quien sostiene que

(…) la declaración proyectada quiebra una tradición en cuanto a declaraciones de la Universidad, y abre una nueva etapa que por su parte considera fructífera, ya que en la misma se coincide en aclarar cuáles son los problemas que afectan al país y destacar la necesidad de soluciones. Más adelante argumenta que la Universidad, al considerar una declaración de este tipo, combate las opiniones de quienes creen que deben conquistar el libre ejercicio de sus tareas técnicas al precio de un silencio acerca de lo que sucede en la República. (Archivos UBA, Sesiones, 1962)

A esta crítica a la idea de científico neutral propia del desarrollismo, se agregaba otra hacia las Fuerzas Armadas, “verdadero poder y grupo de presión de la última década que reciben una parte sustancial del presupuesto nacional mientras el país está sumido en la pobreza” (Archivos UBA, Sesiones, 1962).

A raíz de estas palabras, el concejero es Monner Sans¹, quien toma la voz para apoyar la opinión de Laclau. Sin embargo, agrega que

(…) existe una tendencia a no hablar del peronismo ni recordar lo que significa, y que, si bien adhiere a la condenación de los defectos que tienen las fuerzas armadas, quiere rendir tributo a ellas, por haber llevado a cabo la Revolución que derrocó al tirano, Revolución que además hizo posible la nueva existencia de la Universidad… (Archivos UBA, Sesiones, 1962)

No hizo posible una nueva universidad, sino que la hizo posible de nuevo, la hizo existir.

Luego de la declaración de Laclau cuestionando a los militares, de Monner Sans rindiéndoles tributo y de Rolando García quien se abstiene de agradecer o cuestionar, aunque aclara que está en un todo de acuerdo con las palabras de Laclau, todos los consejeros menos García comienzan a expresar su gratitud con la Revolución Libertadora y se discute si debe organizarse una Comisión Especial a los efectos de estudiar las causas de la crisis nacional de los últimos treinta años. Se vota por la negativa y, luego de una innumerable cantidad de debates sobre palabras, conceptos, fechas y fórmulas que aparecen en el proyecto final, se decide únicamente votar la “preocupación institucional ante la detención de personas y la crisis que vivía el país” y resulta aprobado por unanimidad (Archivos de la UBA, Sesiones, 1962, pp. 8446-8468). Este documento lacónico resultante expone la dificultad al interior del Consejo Superior por avanzar en cuestionar el accionar militar y así despojarse de la neutralidad científica. En cambio, se opta por no criticar el desempeño de las Fuerzas Armadas frente a los gobiernos democráticos de los años 1946 y 1958.

Junto a los debates que se sintetizaron en la polarización Laica o Libre, el golpe de Estado a Frondizi fue uno de los momentos en los que es posible observar el abanico de ideas que formaban parte de la UBA a través de sus consejeros y autoridades. Aquí, aparecen los primeros signos de confrontación con la herencia de la Revolución Libertadora en las voces de Laclau y García, quienes condenan las acciones de las fuerzas armadas, lo que significaba, de algún modo, una relectura del peronismo y también del rol que la universidad y la ciencia debían ocupar en esa hora dramática. Pero si se observa con detenimiento, Monner Sans llama la atención sobre una situación trascendental: “existe una tendencia a no hablar del peronismo ni recordar lo que significa”: esto no significa que los académicos se estaban olvidando del peronismo, sino que no recordaban lo malo que había sido ¿Por qué esta amnesia? ¿La comunidad académica olvidaba al peronismo o, mejor dicho, olvidaba lo que había ocurrido durante aquellos años? La evidencia del cambio de signo es importante porque al advertir la tendencia creciente que no recuerda lo malo del peronismo, Monner Sans nos refleja, en realidad, las nuevas concepciones que de él se estaban haciendo. Contra ellas se opone cuyas palabras, como ya comentamos, fueron acompañadas por el resto de los consejeros (menos García y Laclau). En ese sentido, como sostuvimos al inicio de este trabajo, la relectura del peronismo por fuera de la dicotomía fascismo/democracia -propia de los 40 y buena parte de los años 50- puede ser vista también en las discusiones universitarias, sobre todo luego del golpe de Estado de 1962. Este convulsionado año fue también el de la publicación de dos libros insoslayables que permiten institucionalizar la mirada sobre el presente de la universidad y su pasado reciente. Tanto Tulio Halperín Donghi con su Historia de la Universidad de Buenos Aires como Gino Germani con Política y Sociedad en una época en transición produjeron dos obras trascendentales en la configuración del análisis académico y la constitución de un consenso acerca de cómo mirar el pasado y presente del país y de la universidad en particular.

En efecto, Gino Germani fue entre 1955 y 1965 director del Instituto de Sociología de la UBA (Germani, 1962, p. 24), además, compartió grupos de trabajo con Halperín Donghi (entre otros intelectuales importantes de la época). Como sostuvimos párrafos arriba, durante estos años, el Instituto y en particular los estudios de Germani recibieron los ingresos económicos necesarios para realizar sus estudios de parte de las fundaciones Ford y Rockefeller. La Editorial de la Universidad de Buenos Aires es quien financió y editó el trabajo de Halperín Donghi sobre la propia historia reciente de la institución.

Estas lecturas que se elaboraron en 1962 expresan una mirada crítica hacia un pasado que estaba en plena revisión, pero, vale decir, se convirtieron en las interpretaciones hegemónicas sobre el peronismo y sus años de gobierno: consolidaron una interpretación histórica sobre el pasado del país y de la UBA en particular.

En su análisis sobre la UBA, Halperín Donghi cuestionó fuertemente a los años de gobierno de Perón, así como también lo hizo el propio Germani, aunque nunca asimilada al fascismo (Germani, 1962, p. 26). Las conocidas tesis de Germani acerca de la Política y sociedad en una época en transición, en un texto profundo y complejo, presentan al peronismo como un espécimen propio en la tardía transición de una sociedad tradicional a otra moderna e industrial que estaba atravesando el país (Camarero, 2012, p. 25), aunque Germani no se refiere aquí (sí en otros textos) exclusivamente al peronismo, sino a que “nuestra época es esencialmente una época de transición, que tiene características inusitadas en la historia de la especie” (Germani, 1962, p. 89). Halperín Donghi, a su modo, también ubica a la Universidad de Buenos Aires de los años 1930 a 1955 como un período de crisis transicional, de la que saldrá a partir de la Revolución Libertadora intentando reconstruirse.

Otro elemento en común es su crítica al peronismo. En efecto, tanto Halperín Donghi como Germani en 1962 cuestionan fuertemente la experiencia peronista, el primero analizando a la universidad y el segundo en trabajos menos conocidos como “La integración de las masas a la vida política y el totalitarismo” (Amaral, 2003), de 1956 y en el ya citado. Al mismo tiempo, José María Monner Sans cuestionaba el olvido de la comunidad académica sobre los males del peronismo, ¿Reflejan, los análisis de Germani y Halperín Donghi, un intento por recordar los males del peronismo en momentos en los que la comunidad académica comienza a mirar de otro modo el pasado universitario y nacional?

En este trabajo, llevamos a cabo una revisión de los componentes más importantes relacionados con el rectorado de Risieri Frondizi en la Universidad de Buenos Aires. Allí, fue nuestro interés evidenciar la modernización académica -sobre todo en el área de la investigación científica- y los momentos y situaciones de tensión que ocurrieron en los años 1958-1962. En ese sentido, expusimos cómo el desarrollismo como teoría acerca del rol de los Estados nacionales en países dependientes impactó en la UBA a través de políticas públicas y programas concretos. Del mismo modo, nos propusimos revisar cómo los vientos de cambio imperantes por esos años por momentos tensionaban la autonomía académica y se vivieron desafíos e inconvenientes propios de un período de cambios profundos en la sociedad argentina en general y la universidad en particular.

Con énfasis en el recorrido histórico de la UBA a través del análisis de fuentes primarias, en este artículo detectamos los clivajes más importantes por los que atravesó la universidad. En los cuatro años del rectorado de Risieri Frondizi, ocuparon lugares de relevancia en la agenda universitaria debates en torno a la autonomía universitaria; la relación con el mercado y empresas privadas; el vínculo con el Estado nacional y la planificación económica; el rol de la ciencia en los países dependientes. Hasta el propio pasado nacional fue materia de debate en la UBA cuando, en 1962, comienza a vislumbrarse una relectura del peronismo luego del golpe de Estado al gobierno de Arturo Frondizi.

Si bien a diferencia del golpe de Estado del año 1966, en 1962 las universidades continuaron su ritmo habitual y su autonomía fue respetada por las nuevas autoridades del Poder Ejecutivo nacional, localizamos voces al interior del campo universitario a través de la indagación de los archivos de la UBA que cuestionaron públicamente a los militares y su accionar en aquel convulsionado año. Al mismo tiempo, 1962 es el año del golpe de Estado y de la publicación de dos lecturas sobre el pasado argentino y de la UBA financiadas, una por la Fundación Rockefeller y otra por la propia UBA, cuyas conclusiones son por demás fuertemente críticas de la experiencia peronista. Sobre todo, Halperín Donghi, quien sostuvo que la Universidad era un problema político para el peronismo, que “no sabe demasiado bien qué hacer con ella y ello explica la indiferencia con que ese régimen consideró la extracción de sus servidores universitarios” (p. 184). El autor caracteriza a la vida universitaria como de “adhesión sumisa al régimen y de pasivo conformismo” (p. 186). “El régimen” trató a la Universidad como “plaza vencida” y al suprimir la “mayor parte de los aranceles universitarios dio por concluida exitosamente la tarea de abrir la Universidad al pueblo” (p. 188). En este fuerte cuestionamiento al pasado reciente en contraposición con las voces citadas de las sesiones del Consejo Superior en las que se habla de que es una tendencia olvidar lo malo del peronismo, detectamos un intento -exitoso- por recordar esa particular lectura del peronismo como régimen autoritario.

Los años venideros serán de un fuerte cuestionamiento a este tipo de miradas, en los que es posible identificar una peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (Dip, 2017). Aquí, sólo observamos los inicios de aquel proceso.

Archivos de la Universidad de Buenos Aires.

Expedientes del Concejo Superior de la Universidad de Buenos Aires.

Archivos de la Facultad de Filosofía y Letras.