Los proyectos de arancelamiento universitario en Argentina y la oposición del movimiento estudiantil (1989-1995)

The university fee projects in Argentina and the opposition of the student movement (1989-1995)

Yann Cristal ycristal@yahoo.com

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Universidad Nacional de Gral. San Martín, Argentina

A inicios de 2023, una curiosa publicación de un sitio web para estudiantes brasileños titulaba: “Graduaçao na Argentina sem mensalidade” (es decir, “Graduación en Argentina sin arancel”). Como si promocionara una suerte de tierra prometida universitaria, continuaba: “Já pensou estudar medicina; odontologia; direito; Artes Cênicas e qualquer outra carreira totalmente sem pagar um centavo de mensalidade? Sim, é possível realizar esse sonho na Argentina” (“¿Ya pensó estudiar medicina, odontología, derecho, artes escénicas y cualquier otra carrera sin pagar ni un centavo de arancel? Sí, es posible realizar ese sueño en Argentina”)¹. Efectivamente, la universidad pública argentina constituye un caso excepcional en América Latina². Uno de sus rasgos más singulares es, justamente, su gratuidad, que provoca que decenas de miles de estudiantes de la región se desplacen año a año a cursar en nuestro país³. No obstante, a lo largo del siglo XX, la cuestión del arancelamiento universitario reapareció en reiteradas ocasiones en el debate público. En particular, a inicios de los años noventa, el gobierno de Carlos Menem lanzó una fuerte ofensiva tendiente a arancelar la educación superior universitaria, que enfrentó una pronta resistencia estudiantil. En este sentido, este artículo se propone indagar el contexto y la relevancia de las propuestas de arancelamiento durante el primer mandato de Carlos Menem, así como la temprana oposición que encontró por parte de los centros y federaciones universitarias, que generó las condiciones para el posterior estallido estudiantil contra la Ley de Educación Superior en 1995. A 40 años de la vuelta de la democracia, buscamos dar cuenta de los conflictos y tensiones que subyacieron la constitución de la actual fisonomía de la universidad pública argentina.

Este trabajo se nutre y busca aportar en particular a tres campos de estudios: la historia reciente de la Argentina, la historia de la universidad y la historia del movimiento estudiantil en nuestro país. La primera de estas áreas, con un incipiente desarrollo en las últimas décadas (Franco y Lvovich, 2017), comenzó, hace algunos años, a ampliar su mirada sobre la posdictadura argentina y la restauración democrática a partir de 1983. No obstante, los trabajos sobre los años noventa son aún escasos y la indagación sobre esa década es aún muy incipiente desde la historiografía. Cabe destacar al respecto que la década de 1990 constituyó un momento clave no sólo para el país, sino para la región y el mundo, a partir de las profundas transformaciones operadas en la escena internacional con la caída del Muro de Berlín y el despliegue de la globalización capitalista (Fontana, 2011). En ese marco, y en momentos de auge de las políticas neoliberales en la región, el gobierno de Carlos Menem impulsó la reforma del Estado, la privatización de empresas estatales, el envío de tropas a la primera Guerra del Golfo y el Plan de Convertibilidad, apoyado en un fuerte endeudamiento externo (Azpiazu, 2002; Pucciarelli, 2011; Novaro, 2009).

En relación a la historia de la universidad argentina, distintos trabajos examinaron los alcances y límites de las políticas de reforma al sistema universitario durante la década del noventa, así como su inserción dentro de un cuadro internacional de transformaciones de los sistemas universitarios (Krotsch, 2009; Mollis, 2008; Buchbinder y Marquina, 2008; Suasnábar, 2011; Echenique, 2017). Estos escritos dieron cuenta de la profundidad de los cambios propuestos por el gobierno de Carlos Menem en el terreno de la educación superior. En estos trabajos, por un lado, son escasas las referencias a la acción y resistencia estudiantil frente a aquellas políticas. A la vez, la cuestión específica del posible arancelamiento de la universidad pública no tiene un desarrollo tan amplio. El trabajo de Mauro Benente (2019) compila una serie de artículos en relación al problema de la gratuidad a lo largo del siglo XX pero, llamativamente, no contiene artículos sobre la década de 1990.

Por último, en relación a la historia del movimiento estudiantil argentino, a pesar del renovado auge de investigaciones sobre el tema que se verifica desde la década de 2000 (Seia y Pis Diez, 2021), el período posterior a 1983 es el que posiblemente concentra la menor cantidad de publicaciones. Sobre los años noventa, algunos trabajos analizaron el conflicto estudiantil contra la Ley de Educación Superior en 1995 y las proyecciones ulteriores de ese ciclo de movilización (Bonifacio, 2012; Talamonti Calzetta, 2009; Chabrando, 2016; Touza, 2007; Romero, Grasso y Monforte, 2007; Cristal, 2018 y 2021). Sin embargo, el lapso previo a ese momento de efervescencia universitaria, es decir, el que va de fines de los años ochenta a mediados de los noventa, permanece prácticamente inexplorado. Su estudio podría aportar elementos para comprender cómo y por qué un movimiento estudiantil que venía de un período de aparente quietud se dinamizó de modo tan repentino, enfrentando en las calles las políticas de Menem hacia la universidad.

A partir de estas consideraciones, este trabajo se estructura en tres apartados. En el primero de ellos, trazamos un recorrido histórico en relación a la cuestión de la gratuidad universitaria en Argentina a lo largo del siglo XX. En el segundo apartado, focalizamos sobre la construcción de la agenda universitaria menemista y la centralidad que tuvo en ella la cuestión del arancelamiento. Finalmente, en el tercer apartado, indagamos el crecimiento de una corriente de opinión mayoritaria en contra de aquellas medidas en el alumnado así como la paulatina activación del movimiento estudiantil durante la primera mitad de los años noventa. Para desarrollar estas problemáticas, nos valemos de una serie de fuentes que incluyen notas periodísticas, volantes y materiales del movimiento estudiantil, documentos gubernamentales y encuestas al estudiantado universitario. Concentramos nuestro análisis en la Universidad de Buenos Aires, intentando proyectar la mirada hacia el sistema universitario nacional en su conjunto. En relación al recorte temporal, nuestro trabajo se acota al primer mandato de Carlos Menem entre 1989 y 1995.

El problema de la gratuidad (o no) de la educación superior en la Argentina estuvo presente en distintas instancias de debate durante más de un siglo. En fecha tan temprana como 1898, la Sociedad Científica Argentina (SCA), a propuesta de Ángel Gallardo, convocó a 23 profesionales de las cuatro facultades entonces existentes de la UBA a un debate sobre temas de interés en relación la vida universitaria. Entre los temas a discutir, figuraba, explícitamente, “¿debe o no ser gratuita la enseñanza superior” (Cornejo et al., 2018)⁴. Si bien la mayoría de los catedráticos se expresó entonces a favor de la enseñanza paga, no deja de llamar la atención que el tema apareciera en la discusión pública casi 100 años antes del período que abordamos en este trabajo. Dos décadas más tarde, en el marco de la Reforma Universitaria, fue convocado, en julio de 1918, el I Congreso de la flamante Federación Universitaria Argentina (FUA). Allí, Gabriel Del Mazo y Dante Ardigó presentaron una moción a favor de la gratuidad de la enseñanza, que fue desestimada por el sector mayoritario representado por el moderado Osvaldo Loudet (Levenberg y Marolla, 1988, p. 34).

En 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón decretó la eliminación de los aranceles universitarios, luego ratificada por ley en 1954, generando un cambio de situación en relación a esta cuestión (Pis Diez, 2019). A partir de esta medida, y en el marco de la expansión de la educación superior que caracterizó al mundo y América Latina durante la segunda posguerra, la matrícula universitaria creció de modo acelerado. En 1958, la UBA contaba con 58.684 alumnos según el Censo de ese año y tuvo un crecimiento de la matrícula del 61% entre 1958 y 1972⁵. El estudiantado universitario pasó del 5% de la población de edad de 20 a 24 años en 1950, al 11% en 1960 y el 20% en 1972 (Manzano, 2017, p. 95). Durante las décadas del sesenta y setenta, las consignas de gratuidad e ingreso irrestricto se extendieron a todas las vertientes estudiantiles, en particular en el enfrentamiento a la dictadura de Juan Carlos Onganía, cuya Ley Universitaria reabría las puertas a un nuevo arancelamiento universitario (Erreguerena, 2017, p. 65).

La última dictadura militar, instaurada con el golpe de Estado de 1976, avanzó más aún en contra de la gratuidad. En un contexto en el que miles de estudiantes y docentes fueron detenidos-desaparecidos, el gobierno de facto reinstauró cupos y aranceles a la universidad. De este modo, la reorganización de los centros de estudiantes, a partir de 1982, tuvo a la gratuidad y el ingreso irrestricto como dos de sus consignas centrales. La quema de chequeras, con las que se cobraran los aranceles, fue una de las expresiones de repudio más gráficas (Cristal y Seia, 2021). Con la restauración de la democracia en 1983, los aranceles fueron nuevamente eliminados y se abrió paso un nuevo proceso de masificación universitaria. No obstante, los déficits presupuestarios que atravesaron a la educación superior desde mediados de los ochenta repercutieron en un nuevo cuestionamiento a su gratuidad, por ejemplo, de parte de agrupaciones estudiantiles como la liberal UPAU (Unión Para la Apertura Universitaria).

En suma, el debate sobre la gratuidad de la enseñanza tiene antecedentes en el largo plazo dentro de las universidades argentinas y el propio movimiento estudiantil. A la vez, la cuestión sufrió sucesivas idas y vueltas, y la posibilidad de reestablecer el cobro de aranceles se planteó en reiteradas ocasiones con posterioridad a su eliminación en 1949, llegando incluso a su reinstauración efectiva durante la última dictadura. De esta manera, no resultaba en modo alguno descabellado que, en el marco de un conjunto de políticas neoliberales hacia la educación, el gobierno de Menem volviera a plantear la posibilidad del arancelamiento universitario.

Desde el inicio de su gobierno, Carlos Menem planteó una agenda para la universidad en sintonía con sus políticas de reforma del Estado y privatizaciones, y con un eje particularmente conflictivo: el posible arancelamiento de la educación superior universitaria. Buchbinder y Marquina (2008, p. 35) distinguen dos etapas en relación a las políticas menemistas en educación superior, la primera de “instalación de temas de agenda” hasta 1993 y la segunda, a partir de 1994, de “efectiva aplicación de medidas de reforma”. La agenda universitaria menemista se conformó a partir de las “recomendaciones” de organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial, que se apoyaban en las nociones de “eficiencia” y “calidad” del sistema universitario. Se cuestionaba en particular el sostenimiento por parte del Estado a las universidades a través de subsidios en bloque, con amplia autonomía de las casas de estudio (Buchbinder y Marquina, 2008). De este modo, la idea de arancelar las universidades públicas, que ya había comenzado a discutirse en los últimos años del gobierno de Alfonsín, encontró con el nuevo gobierno un impulso renovado. En septiembre de 1989, el Subsecretario de Educación, Enrique Bulit Goñi, informaba que estaba en estudio “en su conjunto el financiamiento del sistema educativo” y a inicios de 1990, el Ministro de Educación y Justicia, Antonio Salonia, confirmaba que se estaba analizando el arancelamiento (Clarín, 1990).

La ofensiva gubernamental en pos del arancel se combinaba con la creación de un “clima cultural” a favor de esa y otras medidas. Según Rubinich (2001, pp. 29-30), en la conformación de dicho “clima” operaban, además de los funcionarios de gobierno y los referentes de los organismos financieros internacionales, “zonas prestigiosas del mundo académico de las ciencias sociales ocupados en temas de educación” que se convirtieron en “la fuerza intelectual encargada de traducir a lenguaje progresista las transformaciones (…) de esta verdadera revolución conservadora”. Estas argumentaciones se apoyaban por ejemplo en la idea de una “inequidad” en el sentido de que “los pobres” supuestamente financiaban con sus impuestos la educación superior de sectores medios y altos que podían pagar por ella (Rubinich, 2001, pp. 74-75). Así, el debate sobre el arancel adquirió desde el inicio cierta complejidad.

Otro factor a considerar era la posición de los rectores. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se manifestó de entrada en contra del arancelamiento (Clarín, 1989), el Protocolo de Concertación Universitaria suscripto entre el presidente y los 29 rectores de Universidades Nacionales, en junio de 1990, mostraba, según Erreguerena (2017, p. 131), “la búsqueda de acuerdos sobre los temas centrales de interés universitario”. En este marco, ocurrió una llamativa confluencia entre algunos rectores de origen radical y el gobierno menemista. Por ejemplo, en mayo de 1990, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) aprobó una forma de arancelamiento a los estudios de grado, ratificada en 1992 por la Asamblea Universitaria, aunque finalmente sólo se aplicó a los posgrados (Rubinich, 2001, pp. 47-49). El rector de la UNC, reelecto en 1992, era Francisco Delich, ex rector normalizador de la UBA bajo el alfonsinismo. Tras la reelección de Delich al frente de la UNC, Carlos Menem lo elogió abiertamente y lo puso como ejemplo (Downes, 1992).

La cuestión del arancel siguió latente en los años sucesivos. En 1991, el gobierno impulsó un proyecto para modificar la Ley de Financiamiento Universitario al Congreso y, a fines de 1993, el Poder Ejecutivo presentó en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados el Proyecto de Régimen Económico Financiero de las universidades que terminó empalmando con el proyecto de Ley de Educación Superior (Erreguerena, 2017, p. 149). De este modo, si bien entre 1989 y 1993 no prosperó ningún proyecto concreto, el arancelamiento era vivido como algo inminente, alimentado por la propia retórica menemista que “buscaba legitimarse a partir de la “urgencia” que primaba en las transformaciones de la relación Estado-sociedad” (Chiroleu, 2005, p. 46). Distintos medios de prensa reflejaban esta aparente proximidad. En septiembre de 1991, Clarín tituló en tapa, “Prevén aranceles para estudiantes y graduados” (Clarín, 1991, p. 1), mientras en julio de 1993 colocó, también en su portada, “Reflotan la idea de terminar con la universidad gratuita” (Clarín, 1993, p. 1).

A la vez, otras medidas iban avanzando de modo efectivo, acentuando la percepción de la pronta concreción del arancelamiento. Por ejemplo, los decretos 1111/89 y 160/91 que permitían que el Ministerio de Educación y Justicia (desde 1991, Ministerio de Cultura y Educación) revisara medidas adoptadas por los consejos superiores de las universidades nacionales, se vivieron como un avasallamiento de la autonomía (Erreguerena, 2017, p. 150). En esos años, también cobró un notorio impulso la educación superior privada: entre 1989 y 1995 se fundaron 22 nuevas universidades privadas, duplicando el número de instituciones en seis años⁶ (Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, 2003, p. 24). Entre ellas, se promovió una nueva oferta universitaria de elite con la creación de las Universidades de San Andrés (1990), Di Tella (1991) y Austral (1991). El propio Carlos Menem inauguró en persona la nueva sede de la Universidad de Belgrano en 1992, presidida por Avelino Porto, candidato a senador por el menemismo (Downes, 1992). Por último, la promulgación de la Ley Federal de Educación (LFE), en abril de 1993, fue percibida como un preludio de lo que sucedería, más temprano que tarde, en las universidades. La LFE implicó la descentralización administrativa y presupuestaria, mayor inserción del sector privado y cambios en los planes de estudio (Mollis, 2008).

Finalmente, el proyecto de Ley de Educación Superior (LES), redactado entre fines de 1993 y 1994 por la recientemente creada Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), incluyó abiertamente la posibilidad de establecer aranceles. En su artículo 59 inc. C, la Ley estableció que las universidades

(…) podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad.⁷

Este artículo abría la puerta, explícitamente, a un posible arancelamiento. La sanción de la LES en 1995 parecía, de este modo, el fin inevitable de la gratuidad universitaria. No obstante, el arancelamiento finalmente no se concretó. Esta situación no tuvo que ver con una falta de decisión oficial sino, sobre todo, con la fuerte resistencia que encontró el gobierno a partir del conflicto estudiantil de 1995 (Cristal, 2018), cuyos antecedentes reconstruimos en el siguiente apartado.

A inicios de los noventa, el movimiento estudiantil universitario, muy activo durante los años de la primavera democrática, atravesaba un momento de retracción. No obstante, en ese marco de aparente quietud, se fue planteando una creciente oposición al posible arancelamiento de la educación superior, que resulta clave para entender las activas movilizaciones universitarias de la segunda mitad de la década.

Efectivamente, desde 1990, la cuestión del posible arancelamiento pasó a un primer plano dentro del movimiento estudiantil, particularmente en la UBA. En una de las primeras marchas universitarias contra Menem, en junio de 1990, la oposición al arancelamiento aparecía ya como uno de los puntos centrales (Página 12, 1990). Poco después, en las elecciones universitarias de 1991, un afiche de Franja Morada, agrupación que conducía la mayoría de los centros de estudiantes, mostraba una foto del enorme edificio del ex albergue Warnes derrumbándose, con la leyenda “Arancelamiento, destrucción de la Universidad” (Helfgot, 1991). En 1992, una enorme bandera del Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales (CECEN) cubrió por completo el Pabellón 2 de Ciudad Universitaria con la palabra “REMATE” (fotografía de bandera, 1992). El CECEN también organizó en 1993 el festival “Rock contra el arancel” (CECEN, 1993). La oposición al arancelamiento pasó a ser el eje de prácticamente todas las agrupaciones estudiantiles. En otras universidades nacionales se verificaba un proceso similar. En Córdoba, por ejemplo, se constituyeron, desde 1991, comisiones, talleres y seminarios para debatir y oponerse a la política universitaria del oficialismo (Chabrando, 2018).

Como investigaron diversos autores y autoras, los tempranos noventa fueron años de fuerte ofensiva sobre los derechos de las y los trabajadores. Este avance menemista comenzó a sufrir algunos cuestionamientos hacia 1992 y 1993 con un epicentro, significativamente, en los gremios educativos (Schuster et al., 2006, p. 42). Las reformas en la educación, y particularmente la promulgación de la Ley Federal de Educación (LFE) en 1993, fueron enfrentados con movilizaciones crecientes que también impactaron en las universidades. En este contexto, ocurrieron los primeros intentos de confluencia entre sectores opositores al menemismo, incluyendo al movimiento estudiantil. Por ejemplo, en 1993, a impulso de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), fundada poco antes, se constituyó el Congreso del Trabajo, la Producción y la Cultura que nucleaba también a la FUA y otras entidades (Svampa, 2005, p. 221). En junio de ese año, el Congreso Extraordinario de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA) realizó su plenario de cierre en la sede de la CTA (Romero, 1998, p. 218).

El conflicto contra la promulgación de la LFE también mostró una activa y masiva participación de estudiantes secundarios. Miles de jóvenes se volcaron por primera vez a las calles, como evidenció la Marcha en Defensa de la Educación Pública que reunió a decenas de miles de personas en la Plaza de Mayo (Romero, 1998, p. 217). El movimiento estudiantil secundario, que llegó a cobrar un alcance nacional, se activó con fuerza en la Capital y el Gran Buenos Aires desarrollando instancias de coordinación que tuvieron un peso relevante en el conflicto (Nardacchione, 2011, p. 143). A la vez, cabe resaltar la participación de los centros de estudiantes de los colegios preuniversitarios de la UBA, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, con una ligazón particular con el movimiento estudiantil universitario. En suma, este proceso operó como un punto de inflexión en la socialización política de toda una camada de jóvenes, muchos de quienes entrarían en la universidad en los años siguientes.

En todo este marco, se verificaron algunos cambios en la correlación de fuerzas dentro del movimiento estudiantil de la UBA. A fines de los años ochenta, si bien la radical Franja Morada logró sostener su hegemonía, sufrió una fuerte puja con la agrupación de derecha liberal UPAU, que llegó a dirigir 4 centros de estudiantes y quedar a pocos votos de desplazarla de la conducción de la FUBA. UPAU, como señalamos, se manifestaba abiertamente a favor de los cupos de ingreso y el arancel. A inicios de los noventa, no obstante, UPAU comenzó un declive pronunciado y Franja Morada logró un sorprendente repunte, llegando, en 1993, a un récord de 10 conducciones de centros de estudiantes sobre 13 totales en la UBA⁸. Franja Morada tenía una posición de oposición al arancelamiento y a Menem, más marcada incluso que la que expresaba el propio partido radical o los rectores radicales. De hecho, la oposición al arancel aparecía como un elemento clave dentro de sus campañas electorales. Según Clarín, ya en 1990, momento en que Franja se despegó ampliamente de UPAU, “la campaña (…) se caracterizó por un gran “no” al arancelamiento obligatorio plebiscitado en buena parte de las facultades” (Clarín, 1990, p. 13).

Hacia 1994, comenzaron a vislumbrarse nuevos signos de descontento dentro la universidad, en un contexto en el que la crisis económica comenzaba a hacerse palpable (Novaro, 2009). Ese año se produjeron dos hechos significativos para el movimiento estudiantil de la UBA. Por un lado, la Primera Marcha Federal, en la que confluyeron sectores sindicales opositores y columnas provenientes de distintos puntos del país, con una participación estudiantil importante. El segundo suceso ocurrió cuando la SPU, en acuerdo con el CIN, definió la realización de un censo en las universidades con el argumento de obtener indicadores para mejorar la calidad de la enseñanza. Los centros de estudiantes de la UBA denunciaron que los datos serían utilizados para justificar la futura aprobación de la LES y lanzaron una campaña por el boicot al censo, llegando a tomarse las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Sociales (Asamblea de Ciencias Sociales, 1994; CEFyL, 1994). Aunque el censo terminó concretándose, apoyado en su carácter obligatorio, la resistencia que generó mostraba un avance de la oposición a las políticas universitarias del menemismo, y también el crecimiento de agrupaciones independientes y de izquierda con planteos incluso más combativos que los de Franja Morada.

Ya en 1995, la presentación del proyecto de Ley de Educación Superior, provocó una masiva reacción del estudiantado contra el gobierno de Menem. El desarrollo de este conflicto, indagado en otros trabajos, excede el presente artículo. No obstante, cabe señalar que la oposición al posible arancelamiento, contemplado por la LES, fue uno de los puntos más destacados del programa estudiantil del año 95. Por caso, en la convocatoria a una de las primeras marchas contra la Ley, en mayo de 1995, un afiche de la FUA y la federación docente CONADU enarbolaba una larga lista de consignas, como “autonomía”, “extensión”, “cogobierno” y “democracia”, cruzadas por la frase “No se negocia”. Al tope de esa lista, en primer lugar, aparecía la consigna de “gratuidad” (FUA y CONADU, 1995).

En suma, si bien durante la primera presidencia de Menem no se registraron movilizaciones estudiantiles de gran magnitud, la oposición “silenciosa” a sus políticas se generalizó dentro de las facultades en esos años, en particular en la UBA. Una encuesta llevada a cabo algunos meses antes del conflicto estudiantil de 1995 reflejaba que la universidad estatal era ponderada por el estudiantado de la UBA al tope de una lista de instituciones nacionales en función de su “importancia” (Toer, 1998, p. 117). No obstante, lo más llamativo era que la universidad lideraba, por lejos, el ranking en relación a la “confianza” que se otorgaba a las instituciones (6,7 puntos en un índice de 1 a 10, frente a 3,3 del Poder Judicial, 3,7 del Legislativo y 3,6 del Ejecutivo). La comparación con la encuesta de 1986 (Toer, 1990), en la que las cuatro instituciones referidas se situaban al mismo nivel de confianza (en torno a los 5-6 puntos) es indicativa de cómo había crecido el descrédito hacia los poderes del Estado y de la confianza que, por el contrario, aún se depositaba en la universidad pública. Para muchos y muchas estudiantes, hacia 1995, tras seis años de menemismo, la universidad pública y gratuita era lo único que quedaba en pie.

A modo de síntesis, intentaremos resumir algunos de los elementos que entendemos aporta la investigación sobre este período en relación a los tres campos de estudios señalados en la introducción. En cuanto a la historia reciente, los proyectos de arancelamiento nos dan una dimensión de los alcances globales de las políticas neoliberales del menemismo que, si bien se concentraron en sus inicios sobre otras áreas del Estado, como las empresas públicas, también impactaron sobre la educación y la universidad. A la vez, la temprana resistencia a sus propuestas para la educación superior muestra que, incluso en los momentos de mayor auge del menemismo, entre 1990 y 1993, existieron actores que buscaron resistir a las políticas neoliberales. De hecho, consideramos que el movimiento estudiantil tuvo una presencia bastante mayor dentro de los procesos de conflicto social durante el menemismo del que ocupa dentro de la literatura existente al respecto.

En relación a la universidad, el recorrido propuesto nos muestra que el arancelamiento fue una amenaza real durante los años noventa. De este modo, la continuidad de la gratuidad universitaria durante estos 40 años de democracia no implicó un proceso lineal ni establecido de antemano, sino que sufrió cuestionamientos y conflictos. Incluso, como señalamos, la Ley de Educación Superior sancionada en 1995 abría la posibilidad efectiva para el cobro de aranceles. Si esa situación finalmente no se concretó, fue por la activa oposición del movimiento estudiantil y otros actores universitarios, cuyas acciones impactaron, sin dudas, en cómo se terminó de delinear la actual fisonomía de la universidad pública en la Argentina.

Finalmente, en relación a la historia del movimiento estudiantil argentino, el análisis del primer lustro de los años noventa nos aporta elementos para una comprensión más amplia de cómo se gestaron las masivas protestas estudiantiles de 1995. Desde inicios de los años noventa, se desarrolló una amplia corriente de opinión dentro de las universidades contraria a las políticas educativas del menemismo. De este modo, este período de aparente quietud en las facultades, fue a la vez el de consolidación de un conjunto de ideas vinculadas a la defensa de la universidad pública y gratuita, que se transformó en una bandera innegociable para el movimiento estudiantil.

A modo de cierre, a cuarenta años de la vuelta de la democracia, y en momentos en que resurgen voces contrarias al sostenimiento estatal de la educación, resulta relevante destacar los esfuerzos que significó la continuidad de la gratuidad en el acceso a la educación superior en la Argentina. Este rasgo de la universidad pública en nuestro país constituye, insistimos, un caso excepcional en el mapa de América Latina que no debería pasarse por alto.