Introducción¹

Este artículo analiza cómo se procesó la reestructuración regresiva de los vínculos capital-trabajo en el agro pampeano entre 1976 y 1989. Se trata de un aspecto poco conocido de cambios mucho más amplios en el mundo social agrario de la región, que crearon condiciones sociales y económicas para el boom agrícola posterior, entre las décadas de 1990 y 2000, popularizado por sus apologistas como “segunda revolución de las pampas” (Huergo, 2001: 3), en referencia a aquel primer take-off agroexportador de principios de siglo XX. Si desde el punto de vista productivo los éxitos de este proceso habilitaron el empleo del término “revolución”, para los obreros rurales estos cambios tuvieron un signo inverso, que sugiere más bien el despliegue de una contrarrevolución. En efecto, luego de que en la primera mitad de los años ’70 conquistaran su máxima participación en el ingreso sectorial (Bocco, 1991), de que fueran incluidos en la legislación laboral más avanzada del siglo XX (Rapoport, 2005), y de que participaran del debate más integral sobre nuevos modelos de desarrollo agropecuario (Giberti, 2003), entre 1976 y 1989 se configuraron los pilares de un nuevo orden laboral, mucho más regresivo, caracterizado por la asalarización y tercerización del trabajo vía contratismo de servicios (Balsa, 2006; Tort, 1983) -con sus secuelas de precariedad laboral y fragmentación de los trabajadores (Villulla, 2016)-; una tendencia sostenida a la disminución de la participación de los asalariados en la distribución del ingreso sectorial en contraste con los aumentos notables de su productividad (Villulla, 2015; Bocco, 1991); y la imposición de una legislación que desreguló por completo las relaciones laborales, habilitando una jornada indefinida, el pago a destajo, los despidos sin indemnización, y la prohibición del derecho a huelga, entre otros aspectos (Aparicio et al., 1987; Villulla, 2015).

La sociología rural atendió a “tiempo real” estas transformaciones en la organización social del trabajo, sobre todo en lo tocante a la tercerización y la emergencia de un nuevo tipo de operario de maquinaria agrícola (Tort, 1983; Korinfeld, 1981; Baumeister, 1980). Sin embargo, además de quedar postergado el estudio de estas transformaciones en el caso de los peones ganaderos y tamberos, se prestó menos atención a las implicancias de esos cambios en términos de conflictos capital-trabajo, y más específicamente, a qué lugar ocuparon los mismos en el marco de una ofensiva más global contra los trabajadores en la Argentina luego de 1976 (Pozzi, 2008; Basualdo, 2006). Por otro lado, la mayor parte de la literatura dedicada al agro pampeano del período atendió más bien a las transformaciones de tipo productivo o de la estructura económico-social agraria (Balsa, 2006; Barsky & Pucciarelli, 1997; Basualdo & Khavisse, 1993; Barsky, 1991; Murmis, 1988), todas contribuciones a las que nos remitimos para el estudio de estas aristas del ciclo histórico referido -y que hacen, desde luego, a los cambios en las relaciones capital-trabajo-, pero que dejaron vacante un análisis específico sobre los conflictos en el mundo obrero de estas mismas coordenadas de tiempo y lugar. Por su parte, la historiografía sobre la clase trabajadora y el movimiento obrero del período, que naturalmente sí leyó estos cambios en clave de conflictos capital-trabajo, desatendió relativamente la indagación de estos procesos en zonas rurales, siguiendo -es lógico- el rastro de las mayores concentraciones de trabajadores en fábricas y ciudades. No obstante, su acervo de nuevas exploraciones empíricas, preguntas y debates acerca del procesamiento político de este ciclo histórico en los lugares de trabajo -desde las formas de la resistencia o el consenso obrero (Lorenz, 2013; Pozzi, 2008; Schneider, 2000; Falcón, 1996), hasta la participación civil de empresarios en la represión política de sus empleados (SAIJ, 2015; Basualdo, 2006)- ha superado un enfoque del período circunscripto a la acción de organizaciones sindicales y políticas, o a la acción de los altos cuadros militares o empresarios, ofreciendo un registro conceptual más integral del que este artículo se nutrió y al que esperamos realizar un aporte.

En este marco, nos movilizaron dos grandes grupos de interrogantes. El primero refiere precisamente a cómo se procesó en los lugares de trabajo esta reestructuración de las relaciones laborales; si hubo allí manifestaciones de resistencias obreras, en qué consistieron y qué alcance tuvieron; y qué respuestas elaboraron los empleadores y el Estado para absorber y/o disolver las expresiones del descontento. En segundo lugar, nos preguntamos cómo esos mismos grupos sociales -obreros y patrones-, pujaron por darle distintos rumbos a la trama política más general que condicionaba sus relaciones, vía sus organizaciones colectivas -sindicatos, agrupamientos, movimientos, asociaciones, corporaciones o partidos- y en diálogo con el momento estatal de la política.

Desde este enfoque, sostenemos la hipótesis de que: a) la transformación regresiva del mercado de trabajo y las condiciones laborales en el agro pampeano se resolvieron en el plano político gracias a la tarea represiva de la última dictadura, pero en función de las necesidades de una gran burguesía terrateniente que no sólo se vio beneficiada “pasivamente” por todo aquello, sino que formó parte del proceso de modo activo y orgánico;² b) ante estas transformaciones regresivas que se hicieron eco de -y estimularon a- una ofensiva patronal civil en los lugares de trabajo, existieron distintos modos de contestación por parte de trabajadores, en condiciones especialmente adversas, y en dos planos no necesariamente articulados entre sí: el de la lucha sindical y política organizada -protagonizada por gremialistas, representantes de las corporaciones patronales y funcionarios del Estado-; y el de las formas de contestación más capilares y desarticuladas en los lugares de trabajo, individuales o colectivas, que representaron distintos niveles de consciencia respecto a los intereses contrapuestos que oponían a los obreros a sus empleadores en este contexto.

Las conclusiones de este artículo refieren al conjunto de las relaciones capital-trabajo en la zona pampeana, entre 1976 y 1989. Es decir, en el período transicional de gestación e instalación del nuevo orden laboral agrario previo al boom agrícola posterior, y focalizados en el territorio clave de la pampa húmeda que se despliega básicamente -desde el punto de vista social, histórico y productivo- en un radio de entre 1.000 y 800 km concéntricos alrededor de la ciudad de Buenos Aires, abarcando casi la totalidad de la provincia del mismo nombre, la mitad oriental de las provincias de La Pampa y San Luis, el centro y sur de Córdoba, la mitad sur de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos.³ Al mismo tiempo, en el universo de actividades desplegadas allí, tuvimos en cuenta particularmente las transformaciones que se operaron en la agricultura, que sería no sólo la actividad más dinámica de la “segunda revolución de las pampas”, sino también la que más cambios internos -sociales y productivos- experimentaría entre los años ’70 y los ’80.⁴

Explorar las pujas capital-trabajo a nivel micro en el agro pampeano del período resultó un desafío metodológico: por su naturaleza espontánea y por la dispersión geográfica en que se practicaron, las huellas documentales o estadísticas de muchas de estas formas de conflictividad son muy escasas, incompletas o directamente nulas. De ahí que priorizamos su recuperación a través del análisis de entrevistas semi-estructuradas en profundidad a obreros agrícolas en actividad o retirados, apelando a técnicas etnográficas y de la historia oral.⁵ A la vez, realizamos un análisis de fuentes documentales y secundarias centrado en Buenos Aires -provincia que condensó mixturadas muchas de las tramas sociales y productivas que distinguen al conjunto de la región-, a través una revisión de los archivos del Departamento Histórico Judicial de la Suprema Corte de Justicia provincial y de los registros estadísticos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

En este plano, además de reprocesar las estadísticas judiciales, se las trianguló con datos del Censo de Población y Vivienda de 1980 realizado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y censos (INDEC), a los fines de dimensionar la proporción social de la litigiosidad laboral en las zonas agrícolas de Buenos Aires. También se realizó una consulta exhaustiva de la publicación Documentación e Información Laboral, cuya colección se conserva en la biblioteca del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL) dependiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y en la Confederación General del Trabajo. A su vez, se efectuó un relevamiento de los acuerdos alcanzados en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario del Ministerio de Trabajo. Y, por último, consultamos los archivos desclasificados de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) sobre los conflictos y la actividad sindical-rural en los partidos de Pergamino y Salto, facilitados por la Comisión Provincial por la Memoria; y la publicación obrera La Voz del Obrero Rural, órgano de la Corriente Clasista de Obreros Rurales, entre 1977 y 1985.

De la primavera sindical a la contraofensiva patronal-militar, 1970-1976

Entre 1970 y 1975, la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (FATRE) -único sindicato nacional de los obreros rurales de la época- había pasado de 30.000 a 119.697 afiliados, cuadriplicando su influencia orgánica (Pozzi, 2008). En mayo de 1974, su secretario general Sebastián Montoya fue ratificado por unanimidad al frente del gremio por 286 delegados de 244 seccionales de todo el país.⁶ Y en septiembre de ese año, los obreros rurales fueron incluidos en la Ley de Contratos de Trabajo, que significó la máxima conquista legal de los asalariados del campo en todo el siglo XX, ya que equiparó por primera vez sus derechos a los de los trabajadores urbanos en cuanto a instancias de discusión salarial, duración de la jornada diaria, pago de horas extra o indemnizaciones por despido, entre otros aspectos.⁷ No obstante, a diferencia de los años del Estatuto del Peón Rural de 1944, la debilidad y las contradicciones internas del partido en el gobierno -sumadas a la fuerte presión de las entidades ruralistas-, determinaron la inexistencia de aquellos mecanismos estatales que hicieran efectivas las nuevas disposiciones como ocurriera en los ‘40. Por lo tanto, si bien en el papel la nueva ley era superior a la de treinta años antes, sus efectos sobre las condiciones laborales de los trabajadores en los campos fueron menores que entonces.⁸ Ante este reconocimiento inconcluso del gobierno, la necesidad de hacer cumplir “desde abajo” las nuevas normas, en condiciones de ascenso de las luchas populares y ya con la cobertura que significaba la existencia de la ley, también estimuló el movimiento sindical rural en esos meses.

Esa primera mitad de los años ’70 las patronales agrarias se vieron amenazadas doblemente por el avance obrero: tanto en el aspecto económico -por demandas que aumentaban sus costos laborales en un contexto inflacionario de incrementos generales de costos y con precios internos por debajo de lo que juzgaban rentable (Rapoport, 2005)-; así como en el plano político-ideológico, por el avance en la organización colectiva de los trabajadores del agro y fuera de él, y por la circulación social de ideas que tendían a cuestionar o bien la existencia misma de la gran propiedad rural o al menos su apropiación exclusiva de la renta agraria, todo lo cual -y no sin razón- le olía a entidades como Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) o la Sociedad Rural Argentina (SRA) como una tendencia de carácter “marxista colectivizante” que ponía en cuestión las bases mismas de la sociedad argentina.⁹

Como en el conjunto de la sociedad argentina, en el mundo rural el año 1975 resultó una bisagra hacia el golpe de Estado de 1976. Primero, con los paros de comercialización realizados por distintos tipos de productores, entre quienes hicieron punta los de las “economías regionales” -más alejadas de los centros de consumo, con más costos y menos retornos por la crisis de ese año- y los pequeños y medianos ganaderos alineados con la tradición liberal de CRA (Rapoport, 2005; Sanz Cerbino, 2009). Si bien no se trató de protestas directa o exclusivamente anti-obreras, las quejas por los “altos salarios” fueron siendo introducidas crecientemente en las declaraciones de las corporaciones empresarias con mayor poder de fuego, como la SRA y luego la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE). Además, para febrero de 1976, y con esas demandas contra el gobierno constitucional, dichas movilizaciones terminaron constituyéndose objetivamente como movimientos preparatorios del futuro golpe de Estado.

A su vez, como parte de los fallidos intentos oficiales por absorber las demandas empresarias -y ya en marcha al ajuste conocido como “Rodrigazo” ese año- el gobierno preparaba un proyecto de régimen de trabajo rural que volvía a excluir a los obreros del campo de la Ley de Contratos de Trabajo. Ello motivó las quejas de FATRE no sólo porque no se los había consultado al respecto, sino que -según una misiva especial dirigida por el sindicato al gobierno- el contenido del proyecto

no ampara al trabajador transitorio, permite sin limitaciones el trabajo de la familia del productor, no define con claridad la jornada de 8 horas en contradicción con lo abiertamente dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo e igualmente ocurre respecto al recargo del 100% de las remuneraciones por trabajos realizados los sábados por la tarde, domingos y feriados.¹⁰

Ese proyecto, de todos modos, nunca llegó a ser implementado por el gobierno de Estela Martínez de Perón.

Complejizando más el panorama, el Secretario General de la FATRE murió en octubre de ese mismo año a causa de un accidente, probablemente fraguado como parte de la represión parapolicial de la época.¹¹ El hecho reveló todo su significado y alcance político cuando el reemplazante de Montoya, Ricardo Martínez, adhirió abierta y activamente a la Junta Militar ni bien esta se hizo del poder en marzo de 1976.¹² Con ese apoyo asegurado y también a muy pocos días del golpe, la dictadura concretó la expulsión de los obreros rurales de la Ley de Contratos de Trabajo y sus salarios pasaron a ser fijados unilateralmente por el gobierno de facto.¹³ En definitiva, ahora eran las patronales las que encontraban sus intereses contenidos en la política oficial, y por lo tanto las que pasaban a la ofensiva.

Sin sindicato ni cobertura legal, en unas pocas semanas la clase trabajadora del campo se vio desarmada de sus herramientas organizativas a nivel nacional y excluida de todos los derechos y promesas que había conquistado no sólo en esos últimos años, sino a lo largo de lo que iba del siglo XX. En un contexto defensivo como pocos, los obreros rurales que mantuvieron una posición contestataria ejercieron su resistencia replegados al nivel de localidades o establecimientos puntuales, a través de enfrentamientos directos contra las “fuerzas del orden” o determinados patrones. Estos últimos participaban activamente de la persecución a los sindicalistas díscolos de los poblados pampeanos. Rubén Benítez, por ejemplo, señala cómo en el sur santafesino era señalado como agitador por uno de los rematadores de hacienda de la localidad, facilitando la tarea de los represores:

[…] los trabajadores rurales con espíritu gremial siempre pasamos las más duras, pero el golpe del ‘76 fue diferente. Fue mucho peor de todo lo que habíamos vivido antes. Yo trabajaba en la zona de remates y arreos de la feria en Cañada de Gómez, y uno de los rematadores me había marcado como gremialista. Me vinieron a buscar y me sacaron a punta de ametralladora…¹⁴

En otras experiencias, como las de Jorge Rodríguez, en el sur de Córdoba, la solidaridad de parte la población del lugar fue por el contrario el recurso que les permitió amortiguar su persecución:

Después del golpe del ‘76 me tuvieron detenido en la comisaría, aunque todos me conocían y al poco tiempo me largaron. Igual la pasamos fea, y durante muchos meses tenía que ir semana tras semana a firmar el libro de asistencia de los pobladores conflictivos, en la comisaría de Corral de Bustos.¹⁵

Es decir que en 1976 no sólo hubo una modificación sustancial en las condiciones en que funcionaba el mercado de trabajo rural fruto de un cambio político general, sino que el mismo involucró a patrones y bases sindicales en establecimientos y localidades concretas, así como a los mandos militares y policiales más bajos que allí intervenían. Como parte de eso, la dictadura intervino las Bolsas de Trabajo,¹⁶ persiguiendo a sus líderes originales y designando dirigentes colaboracionistas:

Nosotros, la [Bolsa de Trabajo] de Colón en particular, fue intervenida por los milicos. Donde nombraban a un milico dentro de la seccional. […] Bueno, esa intervención habrá durado diez o quince días, más no. De ahí en más ellos mismos normalizan las seccionales, que no estaban normalizadas, y nombran comisiones… entre comillas.¹⁷

Como una expresión del revanchismo patronal que pasó a reinar en la campaña, fueron despedidos muchos de los peones que habían participado de las experiencias de organización en cuerpos de delegados por establecimiento, como los que impulsaban corrientes de izquierda en el sudoeste bonaerense. Según el relato de Amancay Ardura, líder de la seccional de FATRE que encabezó ese proceso, los militares “amontonaron a los peones con sus familias en camiones de hacienda, y los tiraron a la banquina, en cualquier lado, al sur de Bahía [Blanca] con unas chapas y lo poco que tenían”.¹⁸ Sin ir más lejos, el propio Ardura y los suyos debieron escapar a campo traviesa durante días de los disparos con los que los perseguían empleadores, fuerzas represivas oficiales, y patotas para-policiales.¹⁹ Hasta el futuro Secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que por esos años no era más que un cuadro de tercera línea en Necochea, sufrió en carne propia la represión dictatorial:

creía que tenía los días contados, y a pesar de estar encapuchado trataba de guiarme por los ruidos […]. Cuando me di cuenta que íbamos para la Villa [Díaz Vélez, suburbio costero de Necochea], pensé que me iban a fusilar en la playa. […] Terminé con mis huesos en un calabozo de la comisaría de la Villa, y durante unos 20 días me sometieron a toda clase de interrogatorios sobre lo que hacía en el gremio, y para tratar de probar cualquier tipo de actividad que les pareciera ‘ilegal’ o subversiva.²⁰

Hasta aquí, es posible verificar que los trabajadores agrarios de esos años no perdieron capacidad de negociación en su mercado de trabajo por “exceso de oferta”, ni por algún tipo de cambio tecnológico que los excluyera o por su dispersión organizativa -que la había también previamente al golpe de Estado-, sino que básicamente se les impuso por la fuerza -a través de una mediación político-estatal deliberada a favor del polo patronal- una nueva pauta de funcionamiento que se propuso deliberadamente rebajar el precio de su fuerza laboral.

El proceso represivo y los salarios

Los resultados económicos de la represión no se hicieron esperar. Según un estudio de Bocco (1991: 527) basado en datos de la provincia de Santa Fe, la participación de los asalariados en la distribución del ingreso sectorial pasó del 43,4% en 1975 a un 16% en 1980. Luego de ese año los salarios reales experimentaron una mejora relativa respecto a tal caída, pero siempre por debajo de los aumentos de su productividad e incluso del empleo, lo cual habla de un aumento en la explotación del trabajo.

De acuerdo a Aspiazu & Schorr (2010: 34), para 1978 el salario real de los trabajadores industriales ya se había reducido un 35% respecto a 1975. En el campo la situación era peor: la paga máxima que estipulaba la Comisión Nacional de Trabajo Rural para un obrero de cosechadora era poco más que el salario mínimo de convenio de un trabajador industrial, que a la sazón había sufrido los recortes mencionados: mientras este podía recibir $58.000 en su primer mes de trabajo en la categoría más baja y trabajando ocho horas, de acuerdo a la Comisión Nacional de Trabajo Rural su colega de la agricultura recibiría $68.000, aunque luego de años de oficio, en la cúspide de su escalafón salarial, y trabajando -por lo menos- un 50% más de tiempo por día.²¹ Según Korinfeld (1981: 32), esto no tendría tanta importancia porque con el pago a destajo que ofrecían los patrones a los operarios, las remuneraciones podían superar “en dos y tres veces los salarios establecidos oficialmente”. Un trabajo empírico de Tort (1983: 76) hecho en el mismo período, recogió testimonios de una buena cantidad de patrones que también aseguraron “pagar salarios muy por encima de los exigidos por la ley”. Al margen de que con el destajo trabajaban muchas horas para conseguir esos ingresos, “la ley” en la que se referenciaban los testimonios patronales la fijaba la dictadura, y la canasta familiar urbana se ubicaba mucho más arriba que ella, alrededor de los $266.000 mensuales, según la misma fuente (Korinfeld, 1981: 49). De modo que, aun “triplicando” los convenios oficiales, el destajo no podía ofrecer a los operarios de maquinaria agrícola más de $193.350 mensuales en la recolección, es decir, sólo dos tercios de lo que necesitaban para sostener un hogar por su cuenta. Además -insistimos en esto- en ese mismo mes debían trabajar muchas más horas que sus pares urbanos para conseguir una masa de ingresos que de todas maneras era menor. De ahí que los trabajadores que resistían en agrupamientos como la “Corriente Clasista de Obreros Rurales” -organizada precisamente en la zona triguera del sur bonaerense en donde se realizaron los estudios de Tort y Korinfeld- exigieran en diciembre de ese año salarios en blanco por $320.000 para poder sostener una familia obrera en el campo.²²

Esta presentación de los empleadores de una supuesta paga “por encima” de las pautas oficiales -o el supuesto “favor” de ofrecerles pequeñas parcelas en sus predios para cultivos de autoconsumo o comercialización independiente- no constituyó sólo un sesgo interpretativo marcado por sus intereses de clase en el tema: fue parte de una relación de poder activa y una construcción micro-hegemónica hacia sus empleados, en sus lugares de trabajo, destinada a ganar su conformidad con el trato ofrecido en un contexto general que presentaban como independiente de su accionar, pero en el que la mediación política que operaba el gobierno de facto a su favor, castigaba severamente a los obreros que reclamaban algo mejor. Es decir, fue parte del procesamiento político civil de los cambios que estaban empujando en las condiciones de trabajo. Por otro lado, tanto la segmentación salarial entre trabajadores de una misma rama o frente a los de otras, como los acuerdos de pautas salariales efectivamente por encima de las fijadas oficialmente, coinciden con modalidades de fragmentación de los trabajadores de las que ha dado cuenta la literatura especializada en el período para los trabajadores urbanos (Falcón, 1996).

Formas de resistencias obreras, 1976-1980

Gremialistas organizados, policías, militares o corporaciones patronales, expresaron de modo concentrado -aunque nunca mecánico- los intereses en disputa de los grandes grupos sociales de los que constituían portavoces. Pero los conflictos entre ellos no se redujeron a ese plano: también comportaron choques, renegociaciones y acuerdos capilares de menor densidad, dispersos, pero más directos, entre los elementos moleculares que componían las clases en pugna: obreros y patrones de establecimientos concretos. Esto es doblemente importante en el caso estudiado, ya que debido a la segmentación que se venía operando al interior de la clase obrera rural en la zona pampeana luego de la mecanización agrícola, la actividad sindical había quedado circunscripta casi exclusivamente a los braceros sin calificación específica de las Bolsas de Trabajo, alejada del grueso de los obreros en los establecimientos (Villulla, 2015).

Así, es posible identificar también allí expresiones de resistencia a las nuevas pautas de trabajo que comenzaban a implementar los empresarios. No se trató de cuestionamientos necesariamente sistemáticos, colectivos ni explícitos, sino de prácticas más espontáneas que expresaban distintos niveles de negación a formar parte de modo práctico y consensual de esos cambios. Es decir, formas de rehusarse a interiorizar como propio el contenido de lo que se estaba imponiendo por la fuerza. Esto no excluye ni la existencia ni el predominio -la muestra de entrevistas no probabilística sobre la que trabajamos no nos permite saberlo- de trabajadores rurales que por distintos motivos sí comulgaran con el contenido ideológico manifiesto del golpe de Estado. Lo que se explora aquí es la existencia -también en las zonas rurales- de modalidades de resistencia obrera como las que la literatura del período analizó en fábricas y ciudades.

Descubrimos indicios, por ejemplo, de que trabajadores rurales practicaron modalidades de contestación similares al “trabajo a tristeza” fabril. En rigor, la relativa autonomía de un trabajo individual en grandes extensiones -lejos de las miradas de capataces o vigilantes-; el ritmo laxo de sus quehaceres, tan distinto al de una línea de producción industrial; la porosidad de jornadas siempre prolongadas; y la ausencia de decisiones colectivas deliberadas -como las de asambleas o comisiones internas-, harían forzado hablar de “quite de colaboración” o de “trabajo a brazos caídos”, tal y como se ejercía en establecimientos industriales por esos años (Pozzi, 2008; Schneider, 2000). Sin embargo, justamente ante la pretensión patronal de invadir sus espacios de tiempo libre y romper el equilibrio silvestre de su autonomía relativa -no tanto por prolongar la jornada, de por sí tradicionalmente larga, sino por incrementar su productividad y aumentar los días de trabajo en la semana- hubo grupos de obreros rurales que respondieron con prácticas similares a las de sus pares industriales, encontrando el modo de “no colaborar”:

Sería más o menos por el ’78. Los sábados a la mañana, en la estancia, siempre se rompía algo. O se rompía o se rompía. Si era necesario aparecía un destornillador clavado en el burro de arranque. Cualquier cosa que parara el trabajo hasta el lunes.²³

Más allá de la valoración negativa propia de sus intereses en el asunto, -y la amplificación que debido a ello le dé al ejercicio de esta práctica por los trabajadores-, el comentario del empresario señala una conducta coherente tanto con la dinámica de aquel régimen de trabajo, como con el clima de época en que se desarrollaba. Además, la práctica de romper o maltratar las herramientas de trabajo en esos años no sólo tenía como objeto interrumpir o retardar el ritmo de una rutina laboral. A la manera de un “mensaje codificado” (Scott, 2004), también tuvo oportunidad de manifestarse como un acto más o menos manifiesto de desapego por la propiedad del patrón, e incluso un reflejo de reapropiación de su labor, justificada en “lo mucho” que tenían los estancieros. En cualquier caso, se trató de una desidentificación con los intereses patronales, que mantuvo a grupos de trabajadores sustraídos de la internalización de pautas de producción, productividad y mantenimiento del capital de su empleador:

Acá había una estancia. Compró herramientas propias y todos los… -me acuerdo sería año ‘75, ‘76- los tractores nuevitos y le habrán durado tres, cuatro años, viste. Tres o cuatro años y se terminaron los tractores. Rompieron todo, no se hacía nada. […] Bah, ojo, hay mucha gente que no, gente que andaba con camionetas de la estancia y decir ‘bueno, hoy tengo que ir a buscar el pan para mí’, y cargarle nafta de él al vehículo. Conocí ese tipo de gente también. Pero la mayoría… ‘no, qué le hace, total tiene mucho’.²⁴

Sin embargo, con más claridad que las expresiones anteriores, una de las principales modalidades de las resistencias obreras parece haber sido la de los juicios laborales, que en la provincia de Buenos Aires registraron récords entre 1976 y 1980.²⁵ Si bien no es posible conocer los resultados de estos litigios -dato importante dado el contexto- es notable el funcionamiento al menos formal de la justicia laboral en medio de la suspensión general de las garantías constitucionales. Los Tribunales de Trabajo de Pergamino, por ejemplo, emplazados en el núcleo agrícola de Buenos Aires y con jurisdicción sobre Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Bartolomé Mitre, Rojas, Salto y San Antonio de Areco, recibieron 131 pedidos de justicia entre 1976 y 1978 de parte de empleados de campo: casi el doble de los 70 juicios iniciados en el trienio 1973-1975. Así, más de la mitad de las 200 demandas obreras iniciadas entre 1976 y 1983 se concentra entre 1977 y 1980, y dos tercios en Pergamino mismo. Sólo los 105 juicios surgidos en ese partido de asiento de los Tribunales, entre 1977 y 1980, indican niveles respetables de litigiosidad obrera. No tanto porque representen sólo a un 2,6% de los 3.759 empleados rurales de Pergamino censados en 1980, sino porque -al menos en términos aproximativos- las demandas habrían afectado al 23,2% de los 431 patrones de campo registrados allí ese mismo año.²⁶ En otras palabras: uno de cada cuatro empleadores de residencia rural en el núcleo agrícola argentino habría recibido demandas obreras en su contra. Desde luego, pudo haber más de un juicio por patrón, e incluso más de uno por año, y no todos los patrones residían en áreas rurales, como los registró el censo, de modo que esa relación ha de haber sido menor. Pero aun en ese caso se trata de niveles muy altos de conflictividad judicial, y más teniendo en cuenta la suspensión de los derechos laborales de los trabajadores en ese contexto.

Los Tribunales de Junín muestran la misma evolución, e incluso con cantidades aún mayores de procesos. Esta cabecera judicial tenía jurisprudencia sobre el noroeste de la zona agrícola provincial, representada por los partidos de Chacabuco -la “Capital Nacional del Maíz”-, General Arenales, Lincoln, General Pinto y Leandro N. Alem. Allí la cantidad de juicios laborales concentrados entre 1976 y 1980 alcanzó los 254 legajos, cuando entre 1973 y 1976 no fueron más de 94. O lo que es lo mismo, pasaron de un promedio de 31 procesos anuales, a uno de 50 luego del golpe cívico-militar. Y más específicamente, entre 1976 y 1978 -el período más ofensivo de la dictadura- el promedio alcanzó el pico de 70 juicios anuales. Es decir, el doble que en el período democrático. Sin embargo, a pesar de concentrar más cantidades de juicios -esto sin contar con datos de 1981 y 1982- la zona abarcada por los Tribunales de Junín presentaría un índice de litigiosidad menor que el de Pergamino, que con las salvedades que ya hemos señalado antes, habría abarcado aquí al 16% de los empleadores rurales del área.

El mismo tipo de Tribunales en la lindante San Nicolás completaba el mapa judicial del norte bonaerense, abarcando también Ramallo y San Pedro. Allí se registraron otros 254 litigios obrero-rurales durante la última dictadura. Bastantes más que los recibidos por sus vecinos de Pergamino, y probablemente menos que los de Junín (recordemos que, aun teniendo el mismo número, esta cabecera Judicial no tiene datos para 1981 y 1982). A la vez, los legajos iniciados mantuvieron su concentración en el tiempo: entre todos ellos, 232 demandas (el 91%) se iniciaron entre 1977 y 1980. Si bien ello representa al 4% de los asalariados registrados en 1980, significa que sólo en ese período el 60% de los patrones rurales de la zona -prácticamente la mitad- habría recibido una demanda judicial de alguno de sus trabajadores.²⁷ Así, de conjunto, toda la zona agrícola del norte bonaerense concentró 742 juicios obrero-rurales en los años de la dictadura, de los cuales un 70% se iniciaron en los tres primeros años del régimen.

Por su parte, en el sur triguero-ganadero de Buenos Aires, los Tribunales de Trabajo de Tres Arroyos abarcaban los partidos de Necochea, González Chávez, Benito Juárez y San Cayetano. Allí se procesaron 309 casos, el 84% de los cuales estallaron también entre 1976 y 1980, aunque el período 1976-78 concentra el 78%. Representa un número de juicios similar a los de los Tribunales del norte provincial, pero el peso relativo de estos litigios es menor: abarca una proporción parecida en cuanto a asalariados involucrados -el 2,4%- pero afectó a una parte mucho menor de los empleadores, que no superó el 14% de ellos.²⁸ A la vez, en el período previo al golpe, es la zona que más juicios laborales registraba en el ámbito rural: el pico de juicios de esta zona se registró en 1973, con 88 litigios.

Por una pequeña diferencia, sucedió lo mismo en Bahía Blanca, Tribunal que concentraba la mayor cantidad de juicios laborales rurales de toda la provincia. Allí, también en 1973 se dieron inicio a 139 legajos, marcando el máximo histórico de litigios, aunque las 135 demandas recibidas en 1977 estuvieron cerca de aquel pico. Estos Tribunales abarcaban todo el sudoeste bonaerense: Coronel Pringles, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Coronel Rosales, Puan, y aún más al sur, Villarino y Carmen de Patagones, adentrándose ya en otro universo social y productivo. En esta zona de fuerte influencia militar, al menos 486 trabajadores rurales iniciaron demandas judiciales todo a lo largo de la dictadura.²⁹ Y aquí también se repitió el mismo patrón de concentración de juicios en los primeros años del régimen (el 70% son entre 1976 y 1978), y la litigiosidad es similar a la de los Tribunales de Tres Arroyos, alcanzando un 17% de los empleadores rurales registrados por el censo de 1980.

A diferencia de los registros urbanos del mismo período, la estadística de la justicia bonaerense no discriminó los motivos exactos por los que los trabajadores rurales iniciaron juicios a sus patrones durante esos años. A excepción de algunos casos testigo, casi todos los legajos donde constaban sus demandas -antes, durante y después del régimen militar- fueron quemados por el propio Poder Judicial, de modo que reconstruir cabalmente sus móviles es prácticamente imposible. De cualquier manera, el incremento de los litigios obreros denota dos cosas importantes: de un lado, un previsible deterioro de sus condiciones de trabajo, centrado muy probablemente en una oleada de despidos sin indemnización; y del otro, una disposición a la resistencia frente a esas transformaciones regresivas -no asumidas como naturales, justas, inevitables ni propias por los trabajadores-, expresada en la búsqueda de protección judicial ante las asimetrías de fuerzas que planteaba el contexto.

La hipótesis de los juicios laborales a partir de una oleada de despidos sin indemnización está abonada por dos elementos. El primero es que si bien la ofensiva militar-patronal atacó el frente salarial de las relaciones capital-trabajo, se trata de un aspecto poco judicializable de los vínculos laborales. En todo caso, es probable que protestas alrededor de la cuestión salarial hayan motivado despidos como modo de disciplinamiento, luego de lo cual -ahora sí- podrían sobrevenir juicios alrededor de los motivos y condiciones de estas desvinculaciones. Esto es coherente, por ejemplo, con los relatos sobre el despido de los obreros que formaban parte de los cuerpos de delegados por chacra que había organizado la Corriente Clasista de Obreros Rurales en el sudoeste bonaerense.

El segundo elemento es que, como parte de dispositivos de disciplinamiento laboral más generales, a fines de los años ’70 se profundizó el proceso de tercerización del trabajo, particularmente en las grandes haciendas (Tort, 1983; Baumeister, 1980). Esto supuso miles de despidos de parte de los grandes establecimientos mixtos que empleaban obreros por su propia cuenta en el pasado y que ahora pasarían a contratarlos vía la intermediación de contratistas. En la transición de un sistema a otro, ello pudo contribuir a la reacción obrera en forma de juicios.³⁰

Esta oleada de despidos pudo ser subregistrada por los censos de población entre 1970 y 1991, ya que reabsorbidos por pequeñas y medianas empresas contratistas de actividad transitoria, los asalariados censados seguían empleados en el mismo sector de la economía, sólo que ahora tercerizados. Por otro lado, como estrategia de disciplinamiento, la tercerización del trabajo no estuvo disociada de las distintas modalidades de resistencia a los mandatos de los empleadores que los asalariados se habían habituado a practicar en los lugares de trabajo. De hecho, entre otras cosas, fue una política deliberada de los patrones para sofisticar y delegar los mecanismos de control sobre la mano de obra. De acuerdo al testimonio de un pequeño contratista recogido por Tort (1980: 77) en el sudeste bonaerense a fines de los ’70, “los productores se tiran a tomar contratistas más por el problema de la mano de obra que por otra cosa. Pueden tener suficiente maquinaria, pero como no consiguen buena gente [sic], prefieren que sea el contratista el que lidie con los problemas”.

Desenlace legal y nueva etapa, 1980-1989

En 1980, junto a otra oleada mayor de nuevos convenios de trabajo por sector, la dictadura concretó finalmente la imposición de un nuevo Régimen Nacional de Trabajo Agrario. El mismo atacaba el inesperado frente de batalla judicial que abrieron los trabajadores, y a la vez, el más previsible de las bases sindicalizadas de braceros nucleados en las Bolsas de Trabajo. La prohibición de las mismas incluida en la ley no era una novedad para los obreros agremiados: casi se trataba de una lucha rutinaria por su reconocimiento, renovada cíclicamente de acuerdo a la coyuntura política a lo largo de todo lo que iba del siglo. Lo novedoso fue sufrir con todo su peso la imposición de un nuevo cuerpo legal sistemático, decididamente elaborado contra los trabajadores, que prohibió las huelgas, habilitó despidos sin indemnización ni justificación, extinguió la limitación legal de la jornada laboral, estimuló el destajo, y bendijo el arreglo bilateral de salarios y condiciones de trabajo en desmedro de las instancias colectivas de negociación con mediación estatal.³¹

El nuevo Régimen de Trabajo Agrario surtió su efecto y completó el cerco sobre las resistencias obreras. Junto con la intervención militar directa de FATRE desde 1978, la jugada estanciero-castrense desarmó las herramientas legales que los trabajadores rurales pudieran hacer pesar en algún resquicio del ámbito judicial: desde 1980, sus demandas bajaron sensiblemente y mantuvieron esta tendencia todo a lo largo de la década. Como muestran las figuras 1 y 3 más abajo, apenas se registró un resurgir de los litigios obreros en los años 1983 y 1984, emparentados a la apertura democrática y a las expectativas de encontrar en el nuevo contexto un espacio más favorable para la justicia laboral. Expectativas frustradas, ya que más allá de la vuelta a la vida republicana, el Régimen Nacional de Trabajo Agrario se mantendría vigente durante tres décadas más -como muchas otras leyes que conformaron el andamiaje legal de la democracia neoliberal en la Argentina de fin de siglo-, perpetuando condiciones desfavorables para denunciar la violación de derechos que los obreros rurales formalmente ya no tenían.³² La hipótesis se refuerza cuando se compara el decurso de los juicios laborales rurales -que disminuyen muy claramente en la década de 1980-, frente al de sus pares urbanos, que aumentaron en el mismo período (Figura 2).

Figura 1. Juicios Laborales rurales. Provincia de Buenos Aires, 1973-1989*

Nota: *No hay datos para 1981 y 1982.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Cifras Estadísticas Básicas, 1973-1976; Estadísticas, 1980; Estadísticas, 1997. Ministerio Público. Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Área de Estadísticas.

Figura 2. Juicios Laborales urbanos. Provincia de Buenos Aires, 1973-1989*

Nota: *No hay datos para 1981 y 1982.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Cifras Estadísticas Básicas, 1973-1976; Estadísticas, 1980; Estadísticas, 1997. Ministerio Público. Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Área de Estadísticas.

Figura 3. Evolución juicios laborales rurales en los Tribunales de Trabajo de zonas agrícolas del sur y del norte de la provincia de Buenos Aires, 1973-1989*

Nota: *No hay datos para 1981 y 1982.

Fuente: elaboración propia sobre la base de Cifras Estadísticas Básicas, 1973-1976; Estadísticas, 1980; Estadísticas, 1997. Ministerio Público. Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Área de Estadísticas.

Si las carpetas que sobrevivieron al fuego en los Tribunales de Pergamino son representativas del tipo de juicio laboral que sobrevino luego de la dictadura, los despidos sin pre aviso y los accidentes laboralesexplicarían la mayoría de las demandas obreras. A la vez, sobre la base de esas motivaciones iniciales, los trabajadores encararon pedidos de indemnizaciones que los llevaron a fuertes controversias para comprobar la verdadera cantidad de años que trabajaron para una empresa en la que jamás habían sido formalmente registrados, o las pautas salariales oficiales en dinero que deberían haber cobrado si hubieran estado formalizados. Además, los legajos describen condiciones de trabajo signadas por diversas formas de maltrato diario; salarios bajos -muchos directamente impagos o mal remunerados-; pago a destajo; agudización de la estacionalidad ocupacional; esposas y familiares de peones trabajando gratis para el establecimiento que empleaba al jefe del hogar; problemas de encuadre legal; secuelas de trastornos psiquiátricos; episodios de golpizas; y hasta muertes evitables.³³

Otra de las características de los juicios laborales de los años ’80 es que, si antes de la dictadura se dirigían centralmente contra grandes estancias o semilleras, ahora surgen los primeros litigios contra empresas contratistas, lo cual habla de la reorganización del trabajo en la pampa que comentábamos y de sus nuevos personajes. En esta nueva trama, el pequeño patrón contratista tuvo una relación personal más estrecha con los asalariados que un mayordomo o un estanciero. Eso contribuyó también por su lado a amortiguar los choques de clase y evitar procesos judiciales como los que se entablaban contra grandes establecimientos, traduciéndose también en un descenso en la cantidad de demandas.

Que los juicios laborales hayan dejado de ser el vehículo más visible de la resistencia obrera no significa que haya recobrado un lugar importante el sindicalismo. En los años ’80, al menos a nivel nacional, esa vía se mantuvo como un camino estéril para expresar las demandas o vertebrar los sentimientos de los trabajadores rurales. En primer lugar, FATRE no pudo superar en lo quedó de la década su fuerte crisis de legitimidad e intrincados enfrentamientos internos que la neutralizaron como herramienta de lucha. Esto tuvo que ver con que en 1982, el gobierno de facto había dejado designada una Comisión Normalizadora dirigida por Alberto Rodríguez, mantenido al frente del gremio por el gobierno de Alfonsín en lo que constituía una suerte de tutela del Ministerio de Trabajo hasta que el gremio realizara su Congreso Normalizador.³⁴ Esa comisión y su líder servirían al gobierno como barrera de contención frente a las corrientes peronistas o de izquierda que, en las bases de FATRE, se alineaban con la CGT de Ubaldini, una de las principales reservas opositoras después de la derrota electoral del justicialismo en 1983.

En segundo lugar, por su alineamiento político, esa FATRE terminó asociada al desprestigio de un gobierno cuyas medidas económicas le llevaron a perder rápidamente predicamento entre patrones y empleados rurales.³⁵ Es así que, cuando en 1985 comenzaron las protestas de productores y empresarios del agro contra Alfonsín, la conducción nacional del sindicato sacó una serie de comunicados pronunciándose contra ellos: los acusaba de “desestabilizadores” y exigía que el gobierno les aumentase los impuestos a sus “tierras improductivas”.³⁶ Sin embargo, a pesar de hostigar verbalmente a las patronales -y como parte de su alineamiento oficialista- los líbelos de FATRE no hacían referencia a los salarios.³⁷ Ello no hacía más que recrear permanentemente la crisis de legitimidad del gremio en las localidades agrarias del interior pampeano, y abría una y otra vez la compuerta a la influencia de corrientes disidentes a ese nivel. Por eso, núcleos de obreros organizados en seccionales del interior sí participaban de cortes de ruta en el norte bonaerense contra la política económica del gobierno, juntocon algunas de las entidades de productores agropecuarios, y no contra ellas.³⁸

Esto inauguró un nuevo ciclo de protestas obreras más bien heterónomas en el interior pampeano, que encontró a los trabajadores más frecuentemente movilizados contra políticas gubernamentales junto a sus patrones, que a la inversa, contra sus empleadores y con apoyo estatal, como en los años del primer peronismo.³⁹ Además, el contexto inflacionario permitió el despliegue pleno de prácticas paternalistas micro-hegemónicas de los propietarios, que con “favores” -como terrenos donde cultivar hortalizas o criar animales para autoconsumo, o directamente pagos en especie con reses de carne-,⁴⁰ se presentaban “protegiendo” a los peones de la desvalorización del dinero.

A pesar de esta heteronomía predominante en las modalidades de expresión obrera, existieron casos excepcionales de manifestaciones colectivas por aumentos salariales contra los empleadores. Fue el caso de los obreros que trabajaban en la estancia Sol de Mayo, en 1986:

Era en la época que fue el despelote del dólar. Viste que te subían todos los días las cosas. Y nosotros teníamos el mismo precio de siempre y no nos convenía, y al tipo le dijimos, ‘bueno, lo arreglamos de otra manera’. Claro. Fuimos… unos cuantos fuimos. Y éramos… mirá, nosotros, empleados, la mayoría éramos casi treinta empleados. […] Como una asamblea.⁴¹

El núcleo que motorizó este reclamo en el norte bonaerense estaba compuesto por operarios de maquinaria agrícola, empleados por contratistas que -a su vez- recibían una tarifa de la estancia para que les levantara la cosecha. Por lo tanto, experiencias como estas suponían superar las formas de tercerización que comenzaban a hacerse predominantes en la agricultura y conseguir, por un lado, la articulación de distintos sectores de trabajadores que se desempeñaban en un mismo establecimiento con distintos empleadores directos; y por otro, saltear o arrastrar para el reclamo contra las estancias a figuras patronales intermedias como los contratistas, propietarios de las máquinas. Sin embargo, no fueron el tipo de protestas que distinguieron el período, ni alcanzaron a revertir la regresión más general de las condiciones de trabajo en la pampa rural.

Reflexiones finales

Hemos expuesto nuevos elementos sobre los distintos niveles y expresiones del conflicto capital-trabajo alrededor de una transformación regresiva en las condiciones laborales del agro pampeano, entre 1976 y 1989. Se trata de aspectos parciales, que necesitan de nuevas indagaciones para una mejor composición del cuadro. No obstante, los fragmentos analizados sugieren una serie de conclusiones preliminares. En primer lugar, que la esfera política superestructural o estatal no funcionó como un terreno independiente del terreno socio-económico, sino como una instancia de las luchas entre los sujetos e intereses emergentes de ese plano de la vida social. Aunque no siempre sea necesaria la participación directa de los actores para corroborar lo antedicho, en términos de alianzas de clases pudimos observarlo en un primer momento de participación contradictoria de la FATRE en el gobierno justicialista de 1973-1976, a partir de lo cual los obreros rurales fueron incluidos en la Ley de Contratos de Trabajo; y luego, con signo inverso, con la participación activa de grandes propietarios agropecuarios en puestos clave del gobierno militar, desde donde consiguieron implementar unilateralmente la reconfiguración regresiva de las condiciones de trabajo en el agro. Por último, esbozamos la trama particular de alineamientos que se produce entre 1983 y 1989, cuando -ya establecido el nuevo Régimen Nacional de Trabajo Agrario-, las expresiones obreras inauguran un ciclo más heterónomo, en alianza con sus empleadores, contra el gobierno y la conducción sindical nacional que propiciaba para su gremio, con el eje de sus demandas cifrado en la cuestión salarial y las políticas económicas del alfonsinismo.

En segundo lugar, además de analizar los conflictos entre el capital y el trabajo agrario al nivel más macro o institucional de la lucha política -en el que incluimos el plano sindical-, exploramos la integralidad de estas contradicciones a través de toda otra serie de instancias más capilares y desarticuladas en las que las clases se enfrentaron y renegociaron directamente, con menos mediaciones organizacionales o sin ninguna en absoluto. Algunas de ellas constituyeron tramas apenas perceptibles de resistencias que no dejaron huellas documentales, y que sólo se recrean en los testimonios de obreros y patrones entrevistados: formas de quite de colaboración; mensajes cifrados en la rotura de herramientas; protestas colectivas en establecimientos aislados; o modalidades de disciplinamiento o paternalismo puestas en juego por los empleadores como dispositivos micro-hegemónicos. Entre las modalidades que sí dejaron registro documental, los juicios laborales -además de marcar el pulso de la ofensiva patronal luego del golpe y los reflejos resistenciales de los trabajadores ante ella- expresaron un nexo particular entre estos choques moleculares entre las clases y su apelación a una mediación estatal de otro tipo: sin ley, sin sindicatos y sin instancias de negociaciones colectivas, la justicia laboral se les presentó a muchos trabajadores como un resquicio en el que creyeron poder apoyarse para contrarrestar la agresividad del brazo ejecutivo-militar del Estado y la de sus patrones. O lo que es lo mismo, para protegerse de esa suerte de “contrarrevolución” que arrasó sus derechos en la pampa.

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Notas