Reconfiguraciones del pasado para discutir el presente. El gobierno de Cambiemos y los derechos humanos (2015-2019)1

Reconfigurations of the Past to Discuss the Present. The Government of Cambiemos and Human Rights (2015-2019)

La década de 1980 representa, para muchos países latinoamericanos, el tiempo de la vuelta a la democracia. Pero cada país de la región tuvo su propio camino, con experiencias e hitos diferentes que marcaron a las democracias venideras. En Argentina, la transición a la democracia tuvo un carácter de excepcionalidad a partir del juzgamiento y condena a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar (Acuña y Smulovitz, 1995). La centralidad de la discusión pública se basó en la construcción, desde 1983 en adelante, de determinados acuerdos y consensos que establecieron como ejes centrales: la subordinación de las fuerzas armadas al poder político; la necesidad de algún tipo de sanción a las violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura; y la convicción de que no podían sobrepasarse los límites que impone la Constitución Nacional en la competencia política (Canelo, 2011; Acuña y Smulovitz, 2007). Las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura llenaron de contenido la concepción sobre estos derechos en el país. La memoria, lejos de constituirse como una cristalización unívoca, se presenta como un terreno de disputa entre discursos que buscan detentar la hegemonía y que articulan sentidos del pasado, el presente y el futuro (Jelin, 2000; Calveiro, 2005).

Los diferentes gobiernos que se sucedieron en nuestro país desde la vuelta de la democracia, han implementado políticas públicas en materia de derechos humanos que han buscado imponer un posicionamiento determinado sobre el tema. Sin embargo, más allá de los diferentes posicionamientos y direcciones que tuvieron estas políticas, el sentido de los derechos humanos, en tanto su asociación y contenido referido a las violaciones a los mismos durante el terrorismo de Estado, representa una continuidad que se instaura en 1983 y que recién en el año 2015 va a ser disputada. Esto marca el recorrido de un proceso en donde se encuentran rupturas y continuidades: por un lado, existen rupturas en tanto qué hacer con los derechos humanos, es decir, de qué modo abordar el tema y qué políticas públicas llevar adelante sobre esta cuestión; por otro lado, hasta la asunción de Mauricio Macri a la presidencia, existió una continuidad respecto al sentido que los derechos humanos tuvieron en nuestro país. En síntesis, este nuevo periodo inaugura un momento en el cual comienzan a ser disputadas las acciones llevadas adelante en materia de derechos humanos en el período que va desde el 2003 al 2015 -en tanto esto hace referencia respecto a la dimensión sobre qué hacer sobre este tema-. Al mismo tiempo que se pone en tensión el sentido que los derechos humanos han tenido en nuestro país desde el retorno a la democracia -en relación a la dimensión sobre qué son los derechos humanos-.

A partir de este viraje durante el gobierno de Cambiemos, este trabajo tiene por objetivo describir y comprender los contextos en que emergen las disputas por los sentidos hegemónicos de los discursos de derechos humanos. En este marco, se sostiene que la existencia de un contexto de alta polarización política junto al posicionamiento en la agenda estatal y mediática de elementos alternativos a los que caracterizan al discurso hegemónico, se presentan como posibles factores que afectan este proceso. De esta manera, el discurso de derechos humanos dominante desde 1983, que circunscribía su sentido a los hechos ocurridos bajo el terrorismo de Estado, entra en disputa. Con la llegada de Cambiemos al poder, se inaugura un nuevo momento político donde un discurso que va a mostrarse como desafiante contará con la presencia de una multiplicidad de elementos ya existentes, pero que se encontraban en espacios marginales de la escena política. Del mismo modo, también son puestas en cuestión las políticas públicas en materia de derechos humanos que el Estado llevó adelante en el periodo 2003-2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Las disputas por la memoria y por las acciones a llevar adelante en materia de derechos humanos, lejos de ser novedosas han estado presentes desde el retorno a la democracia en nuestro país. Desde 1983 existen discursos de derechos humanos que se han mantenido en los márgenes de la escena política nacional sin lograr disputar la hegemonía en esta temática. Identificar cuáles son los factores que permiten que esta disputa sea posible nos permite analizar el modo en que la misma se produce. La existencia de un escenario con un alto nivel de polarización lleva a que la disputa y confrontación otorgue un rédito político a los diferentes actores, en tanto que la presencia y circulación de elementos del discurso desafiante en las agendas ya mencionadas, permite que una multiplicidad de voces de distintos ámbitos -políticos, mediáticos, culturales, académicos, etc.- robustezcan la legitimidad del sentido que este discurso detenta.

La esfera pública será un concepto central para nuestra propuesta. Esta es entendida como un “conjunto de redes comunicacionales en las cuales una multiplicidad de públicos, asociaciones y movimientos intentan influir” (Peruzzotti, 2002: 80) sobre quienes toman decisiones respecto a diversos temas y cuestiones. Las disputas por lograr instalar en la esfera pública estos temas producen una reconfiguración no solo de dicha esfera sino también del sentido que determinadas temáticas asumen.

Este trabajo entiende al discurso como algo que no se restringe al habla y la escritura sino como una cantidad de elementos que se articulan de modo particular en tanto constitutivo de diferentes identidades políticas (Laclau, 2005). La disputa por incorporar o modificar los temas o cuestiones que conforman alguna agenda, implica que las acciones políticas para ser aceptadas y comprendidas deben inscribirse en un determinado orden simbólico que las genera y les da sentido (Verón, 2003). Como presenta Narvaja de Arnoux (2006), los elementos de los discursos deben estar asociados a sentidos culturales ya conocidos en la sociedad. Se entiende que la disputa entre dos discursos no necesariamente implica la incorporación de elementos nuevos sino del posicionamiento de elementos ya existentes y conocidos. El discurso que desafía la hegemonía en la materia va a estar nutrido de elementos que existen desde el retorno mismo de la democracia y que, si bien se han mantenido en los márgenes, han sido sostenidos por actores políticos, sociales y mediáticos.

La concepción de los discursos sobre los derechos humanos que asume este trabajo se asocia a lo expuesto por Estévez (2017), para quien estos se muestran como una construcción discursiva que contiene una serie de elementos que están en constante elaboración al calor de las disputas por el sentido a partir de las luchas de fuerza y las contraestrategias existentes. Para Estévez, los derechos humanos se muestran como “una formación discursiva, una construcción lingüística y un saber político legal cuyos valores e instrumentos son intertextuales y pueden ser reinterpretados por las luchas sociales” (2017: 369).

Uno de los ámbitos en donde los discursos se inscriben se relaciona con las distintas agendas. Desde una mirada teórica y analítica respecto a la formación de agenda, Elder y Cobb (1984) plantean que es el proceso por el cual ciertos asuntos llegan a instalarse como potenciales temas de políticas públicas, entendiendo que dichos temas o problemas son construcciones sociales que reflejan el modo en que es concebida la sociedad. En este trabajo se hace especial hincapié en dos tipos de agendas: la estatal y la mediática. En primer lugar, la agenda estatal se asume como aquella que refiere a temas y/o cuestiones que corresponden a políticas que debe llevar adelante el Estado y que no pueden ser atendidas o relegadas a otros actores no estatales de la sociedad (Gantman, 2009). En segundo lugar, la agenda mediática hace referencia al espacio articulado a partir de las relaciones entre los medios y los tomadores de decisiones y a la influencia de los distintos actores mediáticos de este espacio en lograr instalar u ocultar determinados asuntos en la opinión pública (Aruguete, 2015).

La lucha entre diferentes discursos por la hegemonía implica la búsqueda por parte de cada interpretación en lograr representar una totalidad universalizadora (Laclau, 2005) que se asuma como el sentido común y aceptado en una sociedad. Como plantea Laclau (2015), la hegemonía es asumida como la operación en donde una particularidad asume una significación universal inconmensurable. De este modo, la hegemonía, en tanto práctica articulatoria, excede la narrativa estatal y se hace presente en distintos ámbitos que conforman uno de los campos que, necesariamente para constituirse en hegemónico, se muestra como antagónico de otro campo.

Las luchas por la hegemonía, del mismo modo que las reconfiguraciones que se producen en la esfera pública y en las distintas agendas, se dan en un determinado contexto político y social. A su vez, esta disputa por la hegemonía se ve acentuada y potenciada a partir del fenómeno de la polarización, entendido como las identificaciones cada vez más extremas a partir de posiciones contrapuestas ideológicas y/o partidarias. (Schuliaquer y Vommaro, 2020). De este modo, el fenómeno de la politización condiciona, articula y afecta el modo en que el debate público se desarrolla, al mismo tiempo que produce imágenes sesgadas, estereotipadas y hasta falsas de la realidad.

Como afirma McCoy (2022), la polarización es un proceso de simplificación de la política en donde las múltiples diferencias y discrepancias que existen al interior de una sociedad se sintetizan en una única línea divisoria que lleva a los individuos a identificar dos polos enfrentados en donde se percibe “cada vez más a la política y la sociedad en términos de ´nosotros’ contra ´ellos´” (McCoy, 2022: 4). Estas características que muestra la polarización política, hace que aceptarlas e incorporarlas en las distintas dinámicas y estrategias otorgue réditos que se relacionan con el fortalecimiento de identidades políticas y que permite imponer temas respecto a los cuales se posicionan en condiciones de obtener ventajas y beneficios.

En relación a los vínculos entre los diferentes momentos políticos y su relación con el pasado reciente, numerosos trabajos realizados a partir del año 2015 coinciden, desde distintas miradas teóricas y metodológicas, que el gobierno de Cambiemos se va a caracterizar por llevar adelante una disputa por el sentido sobre los derechos humanos en relación con el discurso establecido durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Esto quiere decir, en concreto, que el discurso que va a desafiar la hegemonía buscará desligar la vinculación ineludible de los derechos humanos con los hechos acontecidos durante el terrorismo de Estado.

Barros y Morales (2016) plantean que durante la presidencia de Macri se implementaron una serie de acciones en pos de producir un “cambio de paradigma” en el cual se reordenaron las prioridades en relación a los derechos humanos modificando así no solo las formas en que se abordaban los temas en dicha materia, sino también redefiniendo sus contenidos a partir de una conceptualización que incorpora temáticas relacionadas con la lucha global contra el autoritarismo y le terrorismo.

En esta misma línea Besse y Messina (2022) plantean, desde diferentes análisis, cómo distintas narrativas que previamente al 2015 se encontraban en los márgenes de la escena política, logran insertarse en el centro de la escena para disputar los sentidos en materia de derechos humanos que se encontraban consolidados y detentan la hegemonía entre el 2003 y 2015.

Asimismo, presentar la disputa entre distintos discursos es también asumir que el resultado de esta disputa afecta lo que es posible decir y aquello que no es decible, al menos, en la esfera pública. Presentar cómo nuevos discursos se disputan la hegemonía, entendida esta como algo que excede la narrativa estatal, por el sentido de los derechos humanos nos abre el camino para realizar un aporte sobre el tema.

Los derechos humanos como un campo particular del vasto universo de cuestiones que son abordadas desde las ciencias sociales presentan particularidades, especialmente en nuestro país, que merecen incorporar nuevas miradas y seguir profundizándose. Esto sucede, especialmente, en los casos en que un nuevo gobierno no implementa políticas en materia de derechos humanos de gran resonancia y disrupción en relación al periodo que lo precedió.

De esta manera, se presenta la existencia de dos discursos, uno desafiado y otro desafiante. Es decir, se asume que: a) el discurso desafiado, es aquel que hegemonizaba el sentido sobre los derechos humanos hasta 2015 y b) del discurso desafiante, aquel que nutrido de ideas y conceptos que disputa al discurso su posición hegemónica.

La disputa entre discursos que aborda esta investigación, se entiende a partir de encontramos frente a una disputa por la hegemonía de un determinado discurso que se inscribe en un escenario con características específicas, es decir, en un escenario de un alto nivel de polarización. La incorporación y la revalorización de determinados temas en la esfera pública se presentan como un espacio de disputa por los derechos humanos.

Para realizar el análisis sobre la disputa entre dos discursos que buscan ser, o continuar siendo, hegemónico, es necesario asumir la idea de discurso entendido como algo que implica a lo lingüístico y a lo extra lingüístico. Desde los autores propuestos como Laclau y Mouffe (2004), este trabajo se nutre de ideas y conceptos del Análisis Político del Discurso en tanto esta propuesta teórica presenta una concepción amplia del discurso a partir de asumir que el mismo constituye e instituye las identidades políticas y la realidad social. La centralidad que los derechos humanos tienen en nuestro país, hace que su disputa impacte, de forma real o de forma potencial, a los consensos democráticos que fueron estableciéndose desde 1983. Pero no es la disputa en sí misma en torno a los discursos la que representa ese peligro. No es el conflicto ni la polémica lo que tensiona el consenso democrático sino el sentido que un discurso busque establecer como hegemónico. En este sentido, Amossy (2016) afirma que la polémica pública no atenta contra las democracias, en tanto que una de sus funciones es “la gestión del conflicto” (Amossy, 2016: 23).

Que un discurso pueda ser desafiado implica la existencia de determinadas condiciones para que esto suceda. Es por esto que, a las características del escenario político se le suman otros factores. En este punto, es clave lo que plantea Narvaja de Arnoux al decir que el objeto de un discurso debe estar anclado en “preconstruidos culturales asociados” (2006: 91) para poder ser aceptados por los diferentes actores, es decir, el discurso desafiante debe estar constituido por elementos ya existentes y aceptados en la sociedad, o al menos por un sector de la misma. Esta disputa se va a medir por la posibilidad de desarticular las formaciones discursivas adversarias operando vía el vaciamiento de la argumentación rival y ampliando la propia a través de una multiplicidad de elementos y actores que pueden actuar con diversas estrategias (Landi, 1984). Desde la postura que este trabajo asume, la preexistencia de elementos que constituyen un discurso que no es el hegemónico es central a la hora de establecerse una disputa por dicha hegemonía.

Con la vuelta de la democracia, las violaciones a los derechos humanos acontecidas durante el terrorismo de Estado se conformarán como una cuestión ineludible no solo para el nuevo gobierno radical sino también para democracia argentina. Dichos hechos tuvieron diversas interpretaciones y consideraciones como producto de la construcción de los derechos humanos como tema destacado dentro del escenario político. Esto produjo que desde el mismo retorno a la democracia existieran diferentes visiones, interpretaciones y conceptualizaciones sobre lo ocurrido durante los años 1976 y 1983. Los procesos judiciales que se llevaron adelante en el año 1985 a los comandantes en jefes de las tres fuerzas y el juzgamiento a los líderes de las organizaciones políticas armadas, dieron a la transición a la democracia en nuestro país un carácter excepcional a nivel regional e internacional. Las discusiones sobre qué hacer con las violaciones a los derechos humanos serán un tema sobre las que diferentes gestiones de gobierno implementen posturas y políticas disruptivas y contundentes respecto a los periodos que fueron alternándose. Los distintos discursos que han sostenido las diferentes posturas sobre estos hechos tienen, de este modo, un punto de partida en común: el retorno de la democracia. Ahora bien, más allá de las divergencias tanto en los discursos existentes como el de aquellos que lograron consolidarse en los diferentes momentos, asumen un punto en común: la vinculación entre el sentido que se lo otorga a los derechos humanos a partir de las violaciones a los mismos durante el terrorismo de Estado (Barros y Morales, 2016).

La presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) y la de Carlos Menem (1989-1999) llevaron adelante políticas en materia de derechos humanos que dieron cuenta clara y contundente de la dirección que en esa materia tomarían sus gobiernos. De este modo, mientras el gobierno de Alfonsín propició la creación de la CONADEP y el juicio a los comandantes en jefe de las tres fuerzas, instituyendo y adoptando un discurso en derechos humanos sustentado por la teoría de los dos demonios. Menem decreta el indulto a quienes fueron condenados iniciando un periodo en el cual desde el discurso que logra consolidarse en referencia a qué hacer con los derechos humanos se postulan ideas relacionadas con la reconciliación nacional y el olvido sobre lo sucedido durante la última dictadura militar. Las notables divergencias, pensadas como disruptivas, que se pueden visualizar en estos dos periodos nos dan muestra de cómo discursos que implican diferentes sentidos respecto a las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar y su interpelación desde el presente, se disputan la supremacía sobre el qué hacer sobre este tema mientras que el discurso hegemónico que sustentaba su sentido en los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado no era disputado. Ahora bien, que esa disputa por el sentido no se estableciera, no implica la no existencia, y la no disponibilidad, de elementos que conformarán lo que denominaremos discurso desafiante.

Entre el año 2003 y 2015, durante los gobiernos los gobiernos kirchneristas el discurso en derechos humanos que se fue consolidando desde la vuelta de la democracia se fortalece notoriamente a partir de las acciones llevadas adelante, en donde se asumió la temática de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado como una de sus prioridades de gestión (Barros y Morales, 2017). De esta manera, el discurso hegemónico en derechos humanos se potencia en tanto que en la dimensión de “qué hacer” respecto a este tema, se despliegan una batería de políticas públicas que abordan el tema a partir de retornar y profundizar las sanciones y castigos sobre los responsables ocurridos durante la última dictadura militar. Como ya se mencionó respecto a las presidencias de Alfonsín y Menem, Kirchner también implementó políticas en materia de derechos humanos que fueron disruptivas del periodo precedente y dieron impulso a la consolidación de un discurso propio en la materia como así también fortalecer de forma notable al ya hegemónico discurso en derechos humanos. En este sentido, entre otras acciones, la anulación de los indultos a quiénes habían sido condenados por delitos de lesa humanidad, la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final -que posibilitaron la reapertura de los juicios por violaciones humanos durante la última dictadura-, dan muestra de un nuevo rumbo que se muestra como disruptivo respecto al que hacer con los derechos humanos en relación con las gestiones de gobierno anteriores.

En este punto, cabe destacar algunos elementos centrales que conforman este discurso propio que detentó la supremacía entre los años 2003 y 2015. Uno de los primeros es que el discurso de derechos humanos en esta etapa no puede reducirse a un conjunto de políticas públicas sino que su particularidad excepcional se asocia a que el kirchnerismo se “identifica explícitamente con la militancia juvenil peronista de los años setenta” (Montero, 2009:318). Esta novedad centrada en la identificación con los modos de sentir y pensar la política de la militancia de los años setenta (Montero, 2017) es uno de los rasgos centrales de este discurso. Este corrimiento es asociado a una nueva postura que toma el Estado, no ya como un tercero entre víctimas y victimarios sino como parte de un pedido de justicia por los hechos ocurridos (Barros y Morales, 2016).

Este discurso en derechos humanos, sus sentidos y supuestos esenciales son los que van a ser disputados a partir del período inaugurado el 10 de diciembre de 2015 con la presidencia de Macri. Este discurso desafiante va a presentar elementos que lo constituyen que tienen, al igual que el discurso desafiado, su punto de partida en el momento mismo de la transición democrática.

En este apartado se analizan, por un lado, los elementos que dan cuenta de un escenario polarizado y cómo este abre la posibilidad de la disputa sobre la que trata este trabajo. Por otro lado, se aborda el modo en que los elementos del discurso desafiante están presentes en la agenda estatal y en la agenda mediática y cómo esto influye y hace posible que se dé una en relación con los derechos humanos.

El escenario polarizado y el rédito político

Diferentes estudios (Schulaquier y Vommaro, 2020) han destacado la relevante presencia de la polarización política en nuestro país. Esto ocurre de modo tal que las acciones que llevan adelante los diferentes actores políticos, sociales y mediáticos quedan inmersos en la lógica que la polarización presenta. El trabajo de Kessler y Vommaro (2021) a partir de los datos obtenidos en encuestas de opinión del World Values Survey realizadas en Argentina en siete ocasiones entre los años 1984 y 2017 nos brindan información respecto al modo en que distintos sectores de la sociedad argentina se posicionan en relación con diferentes temas como: economía, distribución, política, cultura, moral, etc. A modo de explicitar el nivel de polarización existente, el trabajo ya mencionado nos posibilita ver el modo en que se autoposiciona gran parte de la ciudadanía a partir de los ejes derecha e izquierda y cómo esta situación ha ido en aumento al calor de sectores ideológicamente definidos en cada uno de estos dos polos. Como bien manifiestan los autores, esto implica una novedad para la sociedad argentina6. La siguiente tabla se muestra como indicador de esto:

TABLA 1
Autoposicionamiento en escala política, Argentna, 1984-2017

Fuente: Kessler y Vommaro (2021).

Este escenario de alto del nivel de polarización, nucleado en los polos derecha-izquierda, es el terreno en donde se va a producir la disputa respecto a los derechos humanos. Esta temática lejos de poder saltear esta lógica política queda inmersa en ella, no sólo por el sentido que los diferentes actores políticos buscan imponer al discurso de dicha temática, sino porque pasa a ser un elemento más a partir del cual se pude articular una confrontación que otorgue réditos políticos más allá de la temática en cuestión. Esto nos da la pauta de que aquel tema o aquel sentido que un determinado tema quiera ser impuesto por los diferentes actores políticos deben ser puestos en el centro de la confrontación. En esta línea, el objeto de disputa debe ser puesto en conflicto para lograr el intento de ocupar una posición hegemónica. Este es el punto central en donde radica el rol determinante de la polarización política a la hora de la existencia de una disputa por la hegemonía entre dos discursos de derechos humanos. Aquella cuestión o tema que no se accione a partir de esta lógica, queda relegada del centro de escena política produciendo así la imposibilidad de entablar una disputa.

Es a partir de tres momentos acontecidos en el año 2017 que podemos identificar el modo en que el escenario de alta polarización política afecta, de forma positiva, la posibilidad de entablar una disputa entre dos discursos de derechos humanos.

En primer lugar, el caso del 2x1 a partir de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que otorgaba este beneficio al cómputo de su condena al exmilitar condenado por delitos de lesa humanidad Luis Muiña. Ante la ya mencionada sentencia de la CSJN desde los diferentes actores políticos, sociales y mediáticos que adhieren al sentido que detenta el discurso desafiante, mostraron posturas dubitativas, oscilantes y con poca contundencia respecto a la intención de disputar de forma clara y concreta el sentido del discurso hegemónico de derechos humanos. Una nuestra cabal de esto son las declaraciones del entonces secretario de derechos humanos de la Nación Claudio Avruj, quién en una primera instancia se manifestó de acuerdo con la sentencia de la CSJN para apenas unos días después manifestar estar en contra. Esta postura que se mostró fluctuante entre el cuestionamiento y la aprobación a la sentencia en cuestión se contrapuso a la firme y contundente oposición y cuestionamiento de la misma por parte de aquellos actores políticos, sociales, mediáticos y culturales que bregaban y sostenían el sentido del discurso hegemónico. Esta contraposición se ve claramente al exponer la sólida postura de los organismos de derechos humanos quiénes manifestaron que “la Corte Suprema de Justicia aprobó por mayoría el vergonzoso fallo que beneficia con el 2x1 al genocida Luis Muiña, abrió la puerta a la impunidad”7. Esta situación, entre un sector que se muestra timorato, oscilante y dubitativo y otro que se muestra contundente, sólido y unificado, produjo que no se logre entablar una disputa entre los dos discursos sobre la temática en cuestión. Esto implica que la iniciativa postulada por el sector que se identifica con el discurso desafiado logró sostener el sentido ya establecido. Esto se cristalizó en el hecho de la modificación de la Ley8 que permitía la aplicación del beneficio del 2x1 que se logró de una manera veloz con amplias mayorías en las cámaras de diputados y senadores, situación de la cual salió ampliamente beneficiada la oposición y el sector asociado al discurso hegemónico. Esto ocurrió en el marco de una multitudinaria manifestación en Plaza de Mayo y un contexto en donde figuras mediáticas, deportivas, culturales, hacían pública su oposición al fallo de la CSJN.

El segundo caso, la desaparición y muerte de Santiago Maldonado da muestra de cómo durante los setenta y siete días que estuvo desaparecido y hasta la aparición de su cuerpo a la vera del Río Chubut el 17 de octubre de 2017, los actores políticos, sociales y mediáticos que postulaban el sentido del discurso desafiante modifican su lógica de acción respecto al caso del 2x1. Desde el primer momento en donde diferentes actores políticos denunciaban la desaparición del joven, desde los actores identificados con el sentido de los derechos humanos referidos al discurso desafiante mostraron una postura consolidada dispuesta a evitar oscilaciones, dudas y con una clara intención de entrar en una confrontación directa con quienes cuestionaban las acciones llevadas adelante por el gobierno nacional. Esta disputa se dio en clave de derechos humanos, no solo por la activa participación de organismos de derechos humanos que encabezaron manifestaciones y gestiones ante el gobierno nacional, sino también a partir de que en el centro del conflicto estaba la temática de la represión y la legalidad de la misma y del concepto de “desaparición forzada”. Desde el gobierno nacional se realizó una defensa corporativa de la gendarmería nacional y se buscó instalar un escenario en donde la presencia de un enemigo interno conformado por sectores de la comunidad mapuche. Mientras que desde los sectores opositores, muchas de las veces encabezados por organismos de derechos humanos, se utilizó la figura de “desaparición forzada” para llevar adelante los reclamos de justicia que llegaron hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta situación no pretende mostrar el caso Santiago Maldonado “solo como un pretexto para reactivar pugnas en torno a las memorias del terrorismo de Estado, sino como un hecho que hizo reemerger tales luchas […] y que reactivó sentidos de rechazo, o aceptación, del terrorismo de Estado” (Pighin, 2019:13). De esta manera, lo que se busca destacar a los fines de este trabajo, es dar cuenta de cómo en este caso, ante la imposibilidad de poder establecer un sentido determinado en el caso del 2x1, el sector asociado al discurso desafiante busca desde un principio confrontar de forma abierta el tema. Esto muestra también cómo la disputa fue radicalizándose en un proceso que supuso una continuidad en tanto las modificaciones que, las distintas gestiones de gobierno, produjeron respecto a qué hacer con los hechos referidos a los derechos humanos en tanto que se produce una ruptura a partir de buscar impregnar otro sentido al ya consolidado en el discurso hegemónico de derechos humanos.

El tercer caso que se presenta es el de Luis Chocobar. Si en el caso del 2x1 las oscilaciones y dudas no dieron lugar a una disputa abierta sobre el sentido del discurso de derechos humanos, el caso Santiago Maldonado sí da cuenta de una confrontación abierta y directa sobre los hechos y sobre el sentido de los mismos en clave de derechos humanos. El asesinato de un delincuente por parte de Luis Chocobar, en ese entonces miembro de la policía de la localidad de Avellaneda, vuelve a traer una confrontación en donde los actores del debate se muestran como dos sectores que se identifican con cada uno de los discursos en derechos humanos en disputa. En este caso, se va a repetir la lógica de acción desplegada en el caso de Santiago Maldonado. Es decir, el sector que se asocia al discurso desafiante asume un posicionamiento claro y contundente desde el primer día, dando lugar nuevamente a una disputa abierta por el sentido de los hechos pero que, a su vez, implica disputar el sentido del discurso de los derechos humanos. El modo en que fue abordado este hecho es una muestra más del proceso de radicalización de la disputa. Si en el caso Santiago Maldonado el gobierno nacional tenía que sostener una defensa a un hecho producido por su propia gestión, en el caso Chocobar el hecho fue causado por un agente perteneciente a una gestión de un gobierno municipal opositor al gobierno nacional. Esta situación eximía de tomar un posicionamiento con la contundencia que asumió el gobierno nacional, no fue el hecho en sí mismo la preocupación central del poder ejecutivo sino la presencia de una oportunidad de disputar sentido.

Estos tres casos buscan ilustrar el modo en que un escenario con un alto nivel de polarización política, determina las acciones de los actores en tanto que no asumir la confrontación y la disputa que estructura dicha polarización, se muestra como un terreno de pérdida para aquel sector que no asuma la confrontación abierta. Asimismo, la polarización favorece la radicalización del proceso de disputa, es decir, incrementar y radicalizar los diferentes posicionamientos a medida que los acontecimientos se suceden. Asumir la disputa y entrar en la confrontación abierta y directa con el polo político opuesto, representa la posibilidad de obtener un rédito político que va más allá del tema puntual que se disputa y que permite consolidar los distintos espacios políticos y sociales, fortalecer las identidades políticas y asumir una iniciativa que da lugar imponer y/o disputar determinados sentidos.

De este modo, el discurso desafiante no solo logra disputar el sentido del discurso que tuvo primacía entre los años 2003 y 2015, sino que también desafía el sentido que el discurso de derechos humanos detenta en nuestro país desde la vuelta de la democracia. Si bien las diferentes gestiones de gobierno desde la vuelta de la democracia variaron en las consideraciones respecto a qué hacer con los derechos humanos, el alto nivel de polarización política es propicio para que se dé una ruptura al momento de disputar el sentido que el discurso hegemónico en derechos humanos ostentaba.

La agenda estatal, la agenda mediática y los elementos disponibles

La existencia de elementos de un discurso desafiante en la agenda estatal y en la agenda mediática, nos brinda la posibilidad de visualizar cómo elementos de dichos discursos se presentan públicamente y como estos dan sustento al sentido que el discurso desafiante busca imponer como hegemónico. La existencia previa de estos elementos son un hecho clave para que esta disputa pueda tener lugar, la ascendencia y la presencia de estos, aunque no hegemónica, les brinda la fortaleza para que la conjunción de estos en la agenda estatal y mediática sea uno de los factores que posibilitan la disputa por el sentido de los derechos humanos. De esta manera, estos elementos, no representan una novedad, y de hecho su existencia los posicionan como “disponibles” para el conjunto de la sociedad, sino que es la disputa que establece el discurso que los contiene lo que se muestra como novedoso.

Para identificar estos elementos en las agendas mencionadas, mostraremos algunos ejemplos a partir de los tres casos que forman parte del recorte metodológico realizado en este trabajo. Cabe destacar que para ello se realizó un análisis de las tapas de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 en las fechas referidas a los hechos analizados para abordar la agenda mediática en tanto que, para identificar los elementos del discurso desafiante en la agenda estatal, se analizaron declaraciones de funcionarios del gabinete nacional -incluyendo al presidente de la nación- y comunicaciones y escritos oficiales de la secretaría de derechos humanos de la nación.

De esta manera, por un lado Clarín y La Nación se presentan como actores mediáticos asociados al discurso desafiante en tanto ambos dan cuenta de posturas contrarias a múltiples políticas llevadas adelante por el kirchnerismo y especialmente a partir de su “reivindicación de viejas discordias de la década del ´70” (Vincent, 2017:119). Por su parte, Página12 se muestra como un actor vinculado al discurso desafiado, nucleado en el kirchnerismo, a partir de mostrar “su inclinación a convertiste en un medio oficialista” (Vincent, 2017:117) entre los años 2003 y 2015.

Respecto al primer caso, 2x1, y en relación a la agenda mediática, se destacan estas tres tapas de los diarios mencionados:

Esto nos muestra cómo en cada uno de ellos se encuentran dispersos elementos del discurso desafiante. En primer lugar Clarín pone a Macri como principal artífice de la modificación de la Ley que impide el beneficio del 2x1 a quienes fueron condenados por delitos de lesa humanidad. En segundo lugar, La Nación pone en ese lugar central al Senado de la Nación. Cabe destacar que en ese entonces en el Senado la mayoría la tenía la oposición al gobierno nacional. Finalmente, Pagina 12 remarca y destaca la movilización popular como el factor central en impedir que ese beneficio sea aplicado como establecía la sanción de la CSJN. Otro elemento que surge de este análisis es la foto de tapa de La Nación en donde se destaca la movilización popular y un sinfín de pañuelos blancos que representan la lucha de los organismos de derechos humanos, esto es algo poco habitual para línea editorial de dicho diario.

Respecto a la agenda estatal, Claudio Avruj9 declaraba “estoy de acuerdo con el 2x1” (La Nación, 03/05/2017), mientras que German Garavano10 afirmaba que “no me parece justo que se aplique el 2x1 para ningún condenado” (El Cronista, 04/05/2017) y, finalmente, Marcos Peña11 decía que “el 2x1 es un símbolo de la impunidad en Argentina” (Télam, 06/05/2017). Estas tres declaraciones muestran claramente las dudas, la oscilación y hasta la contradicción entre funcionarios del gobierno nacional. De esta manera, mientras que en el primer caso se acepta la sentencia de la CSJN en el segundo se la niega, pero no en tanto un hecho que lesionan los pedidos de justicia ante las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, sino que su oposición se sustenta en el desacuerdo con esa norma jurídica en general. Marcos Peña alude, en la declaración en cuestión, a la idea de impunidad, un concepto que asocia más al discurso hegemónico que al desafiante.

Este caso nos permite ver que no existe una conjunción de elementos del discurso desafiante. Por un lado, en la agenda mediática estos elementos apenas se vislumbran a partir de qué actor destacan como principal a la hora de evitar que la sentencia de la CSJN se lleve adelante. En los dos diarios asociados al discurso desafiante se identifican diferencias que dan muestra de una postura poco clara y sin contundencia respecto al tema en cuestión. Página 12, en cambio, da una muestra cabal de su asociación al discurso hegemónico. Por otro lado, en la agenda estatal estos elementos se pueden identificar a partir de la declaración de German Garavano al equiparar la situación de condenados por delitos de lesa humanidad con quienes fueron condenados por otro tipo de delitos. En tanto que las declaraciones de otros funcionarios y el presidente se muestran dubitativas, oscilantes y hasta contradictorias entre ellas.

En el segundo caso en cuestión, Santiago Maldonado. Las tapas de los diarios sobre los que se trabajaron muestran lo siguiente:

En este caso, tanto Clarín como La Nación apuntan a implicancias políticas que van más allá del caso estrictamente. De allí la idea de buscar un enemigo interno, los mapuches y el kirchnerismo, que sean los responsables de las acciones y hechos que suceden en los días posteriores a la desaparición de Santiago Maldonado. De este modo se corre el eje sobre el hecho, se busca deslegitimar la idea de una desaparición forzada -concepto expuesto desde lo sectores asociados al discurso hegemónico, como bien muestra la tapa de Página 12- a partir de la existencia otros intereses políticos de sectores de la oposición que buscan un rédito político por encima de aclarar los hechos de la desaparición y muerte y el pedido de justicia.

Esto mismo se refleja a la hora de analizar la agenda estatal. Para dar cuenta de ello, podemos ejemplificar a partir de las afirmaciones emitidas por Marcos Peña en el Senado de la Nación el 6 de septiembre de 2017 -momento en el cual Santiago Maldonado se encontraba desaparecido-. El jefe de gabinete afirmaba que “[en el kirchnerismo] han tenido un discurso de permanente legitimación de la violencia, a partir de la idea de que este no es un gobierno democrático, de que hubo un fraude electoral y todas esas mentiras que hemos escuchado todo este tiempo”. Estas declaraciones van en la misma sintonía con los diferentes miembros de gabinete nacional que, en pos de defender lo actuado por la ministra de seguridad Patricia Bullrich y defender un posicionamiento respecto a los hechos acontecidos, buscan tanto un enemigo interno como correr el eje sobre los hechos que ocurrieron. Esta disputa se dio en clave de derechos humanos, es decir, fue una confrontación abierta que, por un lado, implicó a organismos de derechos humanos y que llevó a discutir conceptos como desaparición forzada no solo en democracia sino durante la última dictadura; mientras que por otro lado, la presencia de la idea de un enemigo interno remite no solo a pretendida justificación del terrorismo de Estado sino que tiene sus raíces en los previos a la última dictadura militar (Franco, 2012). La presencia de elementos que hablen de un enemigo interno y de una violencia que puede ser interpretada como el origen de otra violencia, nos lleva a identificar claramente ideas y conceptos que se asocian a la teoría de los dos demonios en tanto una violencia que contemple acciones ilegales puede llegar a ser justificada a partir de una violencia previa y con supuestos objetivos destituyentes. Esta presencia nos muestra la existencia de elementos del discurso desafiante en la conjunción de las dos agendas sobre las que se trabajó.

De esta manera se produce un cambio en la lógica en la cual se articula el discurso desafiante, sus elementos ya no aparecen dispersos, contradictorios ni oscilantes, sino que se muestran con un alto nivel cohesión, claridad y contundencia a la hora de asumir una disputa que permite imponer un sentido sobre los hechos puntuales en cuestión, pero también el sentido del discurso en derechos humanos.

Finalmente, el tercer caso, Chocobar, reafirma la lógica de acción recién mencionada. De este modo, la disputa se da de forma abierta y los elementos del discurso desafiante se muestran de forma clara y contundente. Eso se muestra con claridad al proponer un cambio en el rol y en la interpretación de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas en temas de seguridad interna. Si en el primer caso esos elementos están dispersos y sin una cohesión y coherencia entre ellos, a partir de actores vinculados a dichos elementos que no optan por confrontar de forma directa, en el segundo caso esto cambió otorgando un rédito a partir de fortalecer el espacio político oficialista y poniendo en tensión el discurso hegemónico en derechos humanos. Pero volviendo al caso Chocobar y el modo en que la lógica de acción llevada adelante en el caso Santiago Maldonado se consolida, podemos ver lo siguiente:

En este caso, nuevamente las tapas de Clarín y La Nación reflejan una posición clara y contundente respecto al posicionamiento del gobierno a los hechos ocurridos en el caso Chocobar. De esta manera, no solo dan su conformidad con el hecho en sí mismo sino que busca ampliar la discusión al plantear ese hecho como una muestra de cambios en materia de seguridad que tienen que producirse. El punto que aquí nos interesa destacar, es que son dimensiones de esos cambios los que implican la presencia de elementos de un discurso desafiante en derechos humanos que va a buscar disputar la hegemonía sobre esa temática. Página 12, a diferencia de los otros dos casos, continúa con un posicionamiento que sostiene el discurso hegemónico en derechos humanos -esto se hace visible con claridad en la imagen en la cual se ve una persona presuntamente fallecida en el celular de un policía-.

En tanto que en la agenda estatal, la ministra de seguridad Bullich afirmó que, ante las acusaciones tanto jurídicas como políticas que recibió Chocobar, “no estás solo” (Clarín, 13/08/2017). En esta misma sintonía el presidente de la nación Mauricio Macri afirmaba sobre el policía que “estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos” (La Nación, 01/02/2018). En esta línea, es Marcos Peña, jefe de gabinete, quien realiza una declaración que da cuenta de los elementos del discurso desafiante que están presentes de una forma mucho más profunda en la agenda estatal:

“ese gesto tiene que ver con una discusión no bien saldada de nuestra democracia sobre el rol de las fuerzas de seguridad. Hay todavía una presunción de culpabilidad en ciertos sectores respecto de las fuerzas de seguridad. Una ida de que hay una continuidad histórica desde la dictadura para acá” (Página 12, 12/02/2018)

De este modo, Marcos Peña sintetiza cómo en la agenda estatal están presente los elementos del discurso desafiante de una forma clara que no solo se relacionan con los hechos en cuestión, sino que tienen un trasfondo más amplio que implica tensionar el sentido establecido, de forma contundente, y buscar imponer un discurso de derechos humanos con un sentido diferente al que detenta el discurso hegemónico.

Sumado a lo mencionado a partir del análisis de estos tres casos, incorporamos al análisis algunos ejemplos del modo en que en esta agenda estatal el sentido de los derechos humanos comienza a ser disputado en función de incorporar a esta temática otros temas y cuestiones que previamente no formaban parte central del concepto de derechos humanos en nuestro país. Barros y Morales (2016) presentan esto como un proceso de “deskirchnerización” que tiene como punta de lanza la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural al momento en que dicho ente afirma “su apuesta en un discurso que es propio de los organismos internacionales supraestatales y del mundo de las organizaciones no gubernamentales, que hacen de los derechos humanos una ideología global provista de una agenda de problemáticas y prioridades propios” (Barros y Morales, 2016:16). Este proceso que tiene el objetivo de, en una primera instancia, disputar el sentido de los derechos humanos consolidado en el período 2003-2015, presenta un alcance mayor en tanto que también busca disputar el sentido hegemónico que el discurso de derechos humanos tiene en nuestro país desde la vuelta de la democracia. La puesta en marcha por esta última disputa del sentido del discurso en esta temática, se cristaliza en los siguientes tres casos: en primer lugar, la interpretación de las violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado a parir de la idea de estos como hechos de violencia institucional. Esto se hace visible en el discurso dado por Macri, acompañado por el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama, el 24 de marzo de 2016 en el Parque de la Memoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en donde afirma “Nunca más a la violencia política e institucional” (Clarín, 24/03/2016). Esta frase da cuenta de, por un lado, otorgarle otra entidad y sentido a los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y, por otro lado, utilizar la frase “Nunca más” -que forma parte de un léxico asociado históricamente con la lucha por los derechos humanos en nuestro país- en un sentido distando al original que detenta. En segundo lugar, esta incorporación de nuevos temas al sentido de los derechos humanos se hace visible en el Informe de Medio Término 2017-2018 del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos12 en donde, en su presentación, el secretario de derechos humanos Claudio Avruj afirma que las políticas en esta materia son “una clara apuesta a futuro, dejando atrás años de abandono e inacción con relación a muchos temas que tienen que ver con los derechos de nuestros tiempos, los derechos económicos, sociales y culturales”. En tercer lugar, el anuncio realizado por Macri en la inauguración de las sesiones legislativas del año 2018 en relación a la creación de un parque nacional en Campo de Mayo13. El ex presidente afirmaba que “hoy, quiero contarles que hemos decidido preservar una parte importante de Campo de Mayo y transformarlo en un Parque Nacional”. La planificación de esta política pública busca no solo no llevar adelante acciones en función de lo que implica Campo de Mayo dentro del movimiento de derechos humanos en nuestro país, sino que busca borrar un lugar emblemático de lo que fue también de momentos de tensión durante la transición democrática de la década del ochenta14. Este anuncio busca cambiar el sentido, a partir de la acción anunciada, de lo que implican los derechos humanos en Argentina. Es decir, no se debate qué hacer con un lugar emblemático en esta temática en relación a una política en derechos humanos determinada si no cambiar el eje y el sentido de que los derechos humanos detentan desde la vuelta de la democracia.

La disputa que se establece entre un discurso hegemónico en derechos humanos y uno desafiante marca una situación novedosa. Si desde 1983 hasta 2015 se produjeron rupturas en tanto que hacer respecto a los derechos humanos, a partir de 2015 con el fortalecimiento y corrimiento al centro de la escena política de un discurso que busca desanclar el sentido que los derechos humanos sustentaban a partir de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el terrorismo de Estado, tiene lugar esta disputa de carácter novedosa. Es decir, mientras uno de los discursos bregaba por el pedido de juzgamiento y castigo a quienes habían cometido violaciones a los derechos humanos, otro discurso no solo equiparaba al terrorismo de Estado con la violencia política de grupos armados no estatales sino que desde la lógica de asumir la existencia de una “guerra” reclamaban no ser sancionados, o en todo caso ser juzgados por tribunales militares o directamente la impunidad sobre los hechos cometidos. Este tipo de argumentación ha ido presentando modificaciones a lo largo de los distintos periodos, presentadas ahora -bajo el ala de este discurso desafiante- con las utilizaciones de conceptos y expresiones como “memoria completa15”. Sumado a esto, desde el inicio de la gestión de Cambiemos comenzó un proceso que con el tiempo se iría radicalizando en donde no solo se pone en tensión la dimensión de qué hacer con los derechos humanos sino también el sentido del discurso hegemónico en la materia. Si en una primera instancia el gobierno decidió mostrase como neutral en las disputas existentes respecto a la violencia política de nuestro pasado reciente, esta postura irá perdiendo sostén al calor de diferentes hechos -en este trabajo se analizarán tres de ellos- para dejar lugar a un posicionamiento claro y evidente que dispute no solo el modo en que la temática de los derechos humanos fue abordada en la etapa anterior sino cuestionar el discurso hegemónico de derechos humanos. De esta manera, aquello que comenzó con una intención de mostrar neutralidad y de “deskirchnerizar” el tema, terminó llevando a disputas y cuestionamientos mucho más profundos que llegan hasta las bases consensos y supuestos consolidados desde la vuelta a la democracia (Barros, 2021). Algunos de los elementos centrales de este discurso se asocian, como ya se mencionó, a las sanciones a las violaciones a los derechos humanos promovidas durante la década del 80. A esto se le suma la oposición a la reapertura de los juicios producida en el año 2006. Muchos de los reclamos respecto a los procesos de memoria, verdad y justicia que sostenían el discurso hegemónico precedente, va a ser realizado utilizando argumentos y léxicos resignificados (Morales, 2022) que tenían origen en el movimiento de derechos humanos. Es decir, este discurso desafiante realiza muchas de sus postulaciones en clave de derechos humanos. La vigencia de la teoría de los dos demonios en la esfera pública, desde la vuelta de la democracia, es un punto destacado que favorecen estas acciones.

Uno de los puntos centrales que va a presentar el discurso es disociar el sentido de los derechos humanos con las violaciones a los mismos durante la última dictadura. Esto representa una ruptura en tanto desde la vuelta de la democracia las distintas gestiones presidenciales fueron modificando “qué hacer” con los derechos humanos pero no se planteó un cuestionamiento respecto a “qué son” los derechos humanos en nuestro país. Esta ruptura implica que los derechos humanos no solo tienen que remitir a ese tema específicamente sino que debe incorporar, a los ya establecidos sentidos que los derechos humanos implican en nuestro país, temas de variadas índole como diversidad, trata de personas, autoritarismo, pobreza, inclusión, terrorismo, etc. De este modo, este discurso pretende diluir la especificidad de sentido que los derechos humanos han adquirido en nuestro país desde la vuelta de la democracia. Si bien los derechos humanos, lejos de ser una temática estanca siempre está sujeta a ampliar su campo de acción al calor de procesos políticos y sociales que producen que nuevas demandas puedan ser incorporadas al universo de los derechos humanos. El periodo 2015-2019 muestra un proceso de radicalización en donde no solo se buscó incorporar nuevos temas sino que estas nuevas cuestiones buscaron desplazar al sentido hegemónico de los derechos humanos al mismo tiempo que iría produciendo un constante aumento en el cuestionamiento a los organismos de derechos humanos. El proceso de disputa hegemónica que este periodo presenta, excede, en función del concepto de hegemonía que este trabajo asume, la narrativa estatal en tanto que se acciona a partir de diferentes actores políticos y sociales que se posicionan como portadores del discurso desafiante.

Esta disputa por el sentido del discurso de derechos humanos debe ser entendida como una dimensión más de una disputa más grande que entablo el gobierno de Macri. Esto Canelo (2019) lo define como “ortopedia moral” a partir de una intención por parte del gobierno de Cambiemos de modificar sentidos y sentires en tanto era necesario “restituir la verdad, a sincerar, a poner ´las cosas en su sitio´. A ´enderezar´ a los argentinos” (Canelo, 2019:46). Este proceso se inscribe en un intento por moldear, también, a los sujetos sociales a partir de una “hiperindividualización” (Canelo, 2019) de la sociedad, buscando atomizar y descomponer los valores colectivos en pos de resaltar lo individual. Los derechos humanos en tanto valores colectivos no fueron ajenos a este proceso que favoreció la disputa a la que este trabajo hace referencia.

Esto da cuenta de cómo los derechos humanos se muestran como una dimensión destacada de la política nacional y una temática que no puede ser ignorada por los diferentes actores políticos que se inscriban, o busquen lograrlo, en el centro de la política nacional.

Este trabajo buscó describir y comprender los contextos en que emergen las disputas por los sentidos hegemónicos de los discursos de derechos humanos. Se sostiene que existen factores que favorecen la disputa por el sentido del discurso de derechos humanos, estos son: un escenario de un alto nivel de polarización política y la conjunción de elementos de un discurso desafiante en la agenda estatal y en la agenda mediática. Para ello fue necesario destacar algunas de las particularidades que este tema tiene en nuestro país: por un lado, la centralidad del tema en la escena política nacional y cómo las diferentes gestiones de gobierno han abordado desde diferentes visiones, conceptualizaciones y sentidos qué hacer -es decir, qué y cómo llevar adelante políticas públicas sobre el tema- con los derechos humanos. Por otro lado, cómo el sentido que el concepto de derechos humanos tuvo en nuestro país desde la vuelta de la democracia estuvo asociado a la violación de los mismos durante el terrorismo de Estado. De este modo, se da cuenta que desde 1983 hasta 2015 existió un proceso con continuidades y con rupturas. Continuidades en tanto el sentido que desde 1983 tuvieron los derechos humanos se mantuvo vigente y procesos de ruptura a partir de las acciones llevadas adelante por las distintas gestiones de gobierno entre 1983 y 2015.

El nuevo periodo político inaugurado en diciembre de 2015 con la llegada de Macri a la presidencia de la nación, se muestra como un nuevo tiempo en donde elementos alternativos y opuestos al discurso hegemónico en derechos humanos lograron correrse desde ámbitos marginales hacia el centro de la escena política. Esto dio lugar a que un discurso desafiante nutrido de elementos ya existentes pudiera disputar las políticas públicas sobre derechos humanos llevadas adelante durante el período 2003-2015, como así también extender la disputa hacia el sentido que el discurso hegemónico en la materia sostenía sobre qué son los derechos humanos. El uso de ideas y conceptos, que son retomados por Cambiemos, como por ejemplo “enemigo interno”, el debate por el rol de las Fuerzas Armas en la seguridad interior y la utilización y resignificación de un léxico históricamente asociado al movimiento de derechos humanos, favorecen la reconfiguración de hechos del pasado que disputan su sentido en el presente. Esta situación da cuenta de un hecho novedoso desde la vuelta a la democracia: la disputa respecto al sentido de los derechos humanos en nuestro país. Ya no fue plasmar una determinada dirección respecto a cómo abordar los derechos humanos sino a poner en tensión su significado.

El análisis de la presencia de los dos factores mencionados nos permite sostener que: un escenario con un alto nivel de polarización política permite que los diferentes actores obtengan réditos políticos al realizar sus acciones asumiendo las características que esta lógica política impone, al mismo tiempo que esta dinámica permite y hace aceptable que casi cualquier temática, incluso la de los derechos humanos con la significancia que esto tiene en nuestro país, entre en conflicto. Las acciones llevadas adelante en materia de derechos humanos bajo lógica impuesta por la alta polarización, hace crujir consensos básicos que fueron consolidándose con el regreso de la democracia. Una disputa de este tipo, que aún se encuentra abierta, puede tener un final inesperado para aquellos que bregan por el fortalecimiento y la consolidación de una democracia que no se reduce simplemente a la elección de autoridades. Asimismo, la conjunción de elementos de un discurso desafiante en la agenda estatal y en la agenda mediática, da lugar a una multiplicidad de voces y de actores que a partir de diferentes modos, estilos y principios de autoridad otorguen legitimidad a esos elementos que previamente eran marginales y ahora son parte de un discurso que disputa un sentido hegemónico. La presencia de estos elementos desde el momento mismo del retorno de la democracia, da cuenta de la complejidad de la transición acontecida y de la importancia de contar con consensos básicos que impidan tensionar hasta el límite el régimen democrático.

La presencia de los factores que este trabajo presenta en los tres hechos analizados, son la muestra de una disputa con actores concretos, actuales y relevantes, y que lejos de dar por cerrada una disputa prometen una vigencia, como mínimo, al corto plazo. Será tarea para futuros trabajos continuar con la indagación de nuevos hechos que permitan visualizar el devenir de esta disputa por el sentido de los derechos humanos en nuestro país.