I

La democracia argentina tiene ya veinte años. Todavía hoy repercute la importancia de aquel no tan lejano 30 de octubre de 1983 cuando los ciudadanos volvieron a ejercitar su derecho político y pudieron elegir a través del sufragio universal y sin ningún tipo de restricciones las autoridades políticas que ocuparían los cargos de gobierno.

Con el triunfo de la fórmula radical Alfonsín-Martínez y su posterior asunción el 10 de diciembre de ese mismo año, conjuntamente con el inicio de las sesiones del Poder Legislativo, el régimen político democrático comienza a ser el punto de anclaje para la organización política institucional del país. Su establecimiento fue la consecuencia del proceso de transición democrático que las Fuerzas Armadas empezaron en las postrimerías de su gobierno, más como producto de la necesidad ante sus reiterados fracasos que por sus propias convicciones.

En efecto, luego de la derrota militar con Gran Bretaña en la Guerra de las Islas Malvinas, en el mes de junio del año 1982, se inició un proceso de transición a la democracia signado por dos características centrales.

La primera de ellas ha sido la imposibilidad de establecer algún tipo de pacto institucional tendiente a definir entre los actores políticos las reglas de juego de la reconstrucción democrática. Al respecto, nuestro país es un buen ejemplo de lo que en la literatura académica de aquellos años se denominó como “Transición por Ruptura” (O’Donnell y Schmitter, 1989), caracterizada por la ausencia de mutuas garantías entre el nuevo gobierno que se instalaba y el régimen autoritario que reemplazaba.

Luego del colapso del régimen militar provocado por la derrota militar en el conflicto del Atlántico Sur, las Fuerzas Armadas se vieron fuertemente cuestionadas tanto en su desempeño gubernamental como también en su desempeño profesional, puesto este último en tela de juicio precisamente a raíz de su actuación en este conflicto bélico.

Por las razones antes expuestas, los líderes políticos no encontraron incentivos suficientes para negociar con las F.F.A.A. el conjunto de cuestiones vinculadas con la agenda de la transición democrática, como efectivamente sucedió en Brasil, Chile y Uruguay (Stepan, 1988; Garreton, 1987; Gillespie, 1995), paradigmáticas experiencias del Cono Sur, o en los casos de España e Italia (Maravall y Santamaría, 1989; Morlino, 2000; Pasquino; 2002), ejemplos de una exitosas experiencias de democratización política.

La segunda característica ha sido la ausencia de algún tipo de acuerdo partidario por parte de las fuerzas civiles que las dotara de mayores ynmejores recursos institucionales para poder así hacerse cargo de la difícil herencia que recibirían del Gobierno de las Fuerzas Armadas¹.

La ausencia de estos acuerdos coloca a las fuerzas políticas en abierta competencia entre sí, sin un previo acuerdo en torno a los temas centrales de la agenda pública, como tampoco acerca de una modalidad de distribución del poder que fuera en buena medida independiente de los resultados electorales (Mustapic y Goretti, 1992).

Fue así como los dos principales partidos políticos de la Argentina, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ), encararon la nueva situación democrática, jugando sus roles de acuerdo a las reglas propias de una democracia consolidada, pero debiendo enfrentar al mismo tiempo los dilemas de la transición democrática.

Los desafíos y exigencias que tenía ante sí la reciente democracia eran cuantiosos entonces. El ciudadano y fundamentalmente los actores estratégicos² debían aceptar y hacer propio el postulado referido a que el único principio de legitimidad válido para el orden político provenía de la legitimidad popular. Al mismo tiempo, tenía ante sí la obligación de fijar las reglas y procedimientos para determinar los caminos de acceso a los cargos electivos. Sin embargo, el mayor reto que enfrentaba el régimen democrático era el de asegurar su continuidad y validez institucional, para lo cual, debía lograr que esas reglas y procedimientos fueran acatadas, al menos, por aquellos a quienes esas regla determinan como participantes en el proceso (O’Donnell, 1997: 202).

Además, la democracia argentina debutaba de la mano de requerimientos éticos. La ciudadanía exigía esclarecer los hechos y juzgar a los responsables del Golpe de Estado de 1976 por su sistemática violación de los derechos humanos. Las heridas imborrables que el Proceso había dejado en el imaginario colectivo, fueron determinantes para que redimensionara el significado que tenía el orden político democrático para organizar la vida en sociedad, canalizar los conflictos sociales y dirimir el antagonismo político. Fue, en consecuencia, una frontera no negociable la elección de las autoridades por sufragio universal; asegurar la libertad de asociación e información sin prohibiciones, proscripciones o censuras y asegurar la libre participación ciudadana de la mano de la lealtad a la institucionalidad.

En los ’80, en consecuencia, se inicia el tiempo de la democracia identificado como tiempo de no-retorno a pasados recientes. Es en definitiva un tiempo de grandes imperativos morales y grandes exigencias sociales. Se generaliza la creencia acerca de la bondad de la democracia para organizar los comportamientos sociales y estilos de vida y se extiende el sentido socialmente compartido que identifica a la democracia con buen gobierno y como tal capaz de solucionar en tiempo y en forma la multiplicidad de problemas legados por el tiempo militar. El trípode entre legitimidad popular, imperativos éticos y eficacia de la democracia sintetiza este tiempo democrático y expone cuán difícil iba a resultarle a la democracia argentina no romper con sus promesas que, en definitiva, eran sus propios anclajes.

II

Existía en consecuencia, en la sociedad argentina de 1983, una fuerte demanda vinculada con reivindicaciones de justicia sustantiva, largamente postergadas como consecuencia de la acción institucional del gobierno militar, que dará lugar a una revalorización de la democracia política como marco para la satisfacción de las distintas y heterogéneas demandas sectoriales, no existiendo en consecuencia margen alguno para la formulación de políticas de ajuste y reforma estructural (Torre, 1998) que dieran lugar a la existencia de nuevas “víctimas sociales” (Novaro y Palermo, 1996).

Esto explicará en buena medida la convicción, y la puesta en práctica de políticas en consecuencia a partir de 1983, de que la reconstrucción posautoritaria era exclusivamente un hecho político-institucional³ siendo el cambio del régimen político el problema central de la agenda política de la transición, definida esta última como transición del autoritarismo al régimen democrático. Al ser privilegiada en forma inicial y de manera excluyente la construcción de un régimen democrático de gobierno, no se advertía que el proceso debía incluir necesariamente y con el mismo peso la reorganización de la economía (Portantiero, 1993; Torre, 1994).

El colapso estatal -fiscal regulatorio y administrativo- producido durante los años 1989/1990, significó un fuerte replanteo de la noción misma de la transición, sustituyendo la reforma-reconfiguración del poder estatal al cambio político como problema central de la democracia.

Esta década mostrará cómo la lógica del mercado, que por su propia naturaleza genera desigualdad social, avanza sobre la lógica democrática. El discurso hegemónico neoliberal izará como bandera la promesa de cumplimiento del círculo virtuoso formado entre apertura de la economía, Estado mínimo y democracia. Mientras más se abra la economía al mundo, mientras el Estado más se achique, único remedio para combatir su ineficacia y mientras la democracia política genere previsibilidad en sus procedimientos, los efectos benéficos de este círculo se derramarían para toda la sociedad.

Su consecuencia fue más bien, el quiebre del contrato entre mercado y democracia propio del Estado de bienestar o, en nuestro país asistencialista y el rompimiento de la virtuosidad de ese círculo. El efecto derrame se convirtió en goteo y los postulados de mayores beneficios materiales para todos, se reconvirtieron en beneficios para pocos, desasosiegos para muchos.

La existencia de fuerzas internacionales imponiendo límites severos a la naturaleza y al tipo de políticas económicas y de bienestar social fueron aceptadas durante la presidencia de Carlos Menem (1989-1999) quien adoptó fielmente las indicaciones del Consenso de Washington, y circunscribió sus opciones políticas y económicas dentro de los parámetros fijados por este consenso con el convencimiento de que para asegurar el éxito en la acción de gobierno, debían aceptarse sin cuestionamientos, las exigencias impuestas más allá de las fronteras nacionales.

Al asumir como una especie de determinismo histórico la ineludible extensión de la lógica del mercado sobre la democracia, la democracia representativa argentina sufrió su propia metamorfosis. Las formas de manipulación que se adoptan para la construcción de acuerdos operativos se desarrollan o bien a la sombra del mecanismo representativo o bien, practicando formas de cooptación de voluntades individuales para inclinar el debate deliberativo que en sus resoluciones contribuyan al éxito del programa económico adoptado.

Esta transición del estatismo al mercado operará así también en medio de la construcción de una nueva matriz ideológica (Bosoer y Leiras, 2001) de la democracia argentina en base a tres ejes estructurantes:

• Una resignificación de la salida del autoritarismo y del primer período de gobierno democrático como etapa final en la crisis del modelo estatal de desarrollo económico y regulación social, a partir de la cual, el punto de inflexión o bisagra histórica trazado en 1983 queda desdibujado y se traslada al año 1989, como verdadero momento de la ruptura con el pasado.

• Una reevaluación de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín a partir del último tramo de su mandato, signado por el debilitamiento progresivo en el ejercicio del poder que finalmente desencadena la entrega adelantada del gobierno cinco meses antes de cumplir el sexenio constitucional. Dicho final es atribuido no solamente a la pérdida de apoyos y la falta de resultados de las políticas de gobierno ensayadas para remontar la coyuntura de emergencia, sino también, y sobre todo, al agotamiento e inviabilidad de un proyecto reformista de mayor envergadura⁴, al que se venía cuestionando desde hace mucho tiempo antes desde diferentes sectores de poder para quienes dicho proyecto constituía una amenaza.

• Un proyecto de reconstrucción/redefinición del poder estatal, con centralidad de políticas orientadas al mercado, en sus tres principales dimensiones: ideológica (neodecisionismo), burocrático-funcional (reforma del Estado) y jurídico-constitucional (reforma constitucional).

Todo ello en medio de un régimen democrático que se desarrollaba en el marco de un Estado de excepción al cual se invocará de manera permanente a lo largo de la última década, entrando dicha apelación en contradicción con el carácter y pretensión fundacional sobre el que se elabora el nuevo relato político en los años ’90⁵.

El balance será ambiguo: El (neo)decisionismo⁶ se demostró funcional y exitoso para resolver una crisis de gobernabilidad y cerrar las brechas entre gobierno del Estado, gobierno de las leyes y contratos básicos de la estructura social y económica.

Pero a la vez, contenía en su núcleo las razones de su propia limitación, lo que afectó a la propia calidad institucional de la democracia argentina, como era su incapacidad de institucionalizarse, al descansar en última instancia en la figura del líder plebiscitario como única fuente de la decisión efectiva y garantía de la estabilidad política y económica. Encontraba de este modo en los confines de su energía política, una y otra vez las circunstancias en las cuales se produjo su ascenso; es más precisaba recrearlas para mantener su base de sustentación argumental. En términos hobbesianos, fuera de este principio “acecha” permanentemente el Estado de naturaleza.

Este escenario, lejos del de una normalización del sistema político argentino, con una alternancia posible entre fuerzas o coaliciones en condiciones de llevar adelante una agenda de consensos y disensos, sería el del peligro de la ingobernabilidad y la ilegitimidad a partir del momento en que Carlos Menem concluyera su mandato presidencial. La falsa profecía se autocumpliría con la crisis vivida en el mes de diciembre de 2001, la renuncia del entonces presidente Fernando De la Rúa y la abrupta salida de la convertibilidad.

III

Ante el descrédito social en que había caído la presidencia de Carlos Menem y haciéndose eco de los reclamos ciudadanos de mayor trasparencia, honestidad, combate a la corrupción y modificación del derrotero económico, en 1997 los principales partidos de la oposición, UCR y Frepaso constituyeron la Alianza. Se presentó como una innovadora alternativa partidaria que aseguraba poder producir los cambios necesarios para combatir los déficits del funcionamiento institucional de la democracia e introducir las correcciones indispensables al modelo económico imperante. El objetivo era combatir la pobreza y la exclusión social. La alegoría del cambio prolijo sintetizaba los motivos por los cuales la Alianza se había constituido y quería alcanzar el poder político.

La Carta a los argentinos (1999), presentada como una especie de plataforma programática de la coalición, esgrimió valores cercanos al republicanismo centrados en la transparencia política, el combate a la corrupción, el respeto por la independencia de los poderes, el compromiso con la educación y con la inclusión social a través de un proyecto económico correctivo que evitara que gran parte de la ciudadanía siguiera deslizándose por el tobogán de la desocupación y la pobreza. El performativo discurso político utilizado contribuyó a que más de la mitad de la ciudadanía le diera el triunfo a la fórmula de la Alianza De la Rúa-Álvarez en las elecciones presidenciales de 1999 (Kerz y Pastore 2003: 5-6)⁷. Estaban dadas las condiciones para que el proceso de democratización de la sociedad y el funcionamiento trasparente del régimen político democrático se reencauzara y caminara hacia la reconquista de una ciudadanía inclusiva. Sin embargo las expectativas sociales fueron defraudadas, y los resultados económicos prometidos no solo no fueron alcanzados sino que la situación social y económica del país se agravó.

El humor social fue cambiando de tal manera que de los apoyos iniciales se pasó a la demanda social de cambio. La sociedad civil en las calles pidió el fin del gobierno y mostró a través de su consigna que se vayan todos su hastío hacia el funcionamiento real de la democracia argentina. El 20 de diciembre del año 2001 abre un tiempo incierto que tuvo su expresión en una fuerte demanda social de cambio de y en la democracia. Qué, cuánto y cómo cambiar se convirtieron en las preguntas básicas que motorizaron una singular dinámica política en clave de crisis, transición y gobernabilidad democrática. Se demandaban respuestas inmediatas, se negaba la continuidad de todos aquellos actores políticos, económicos e institucionales que habían sido responsables del deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

Aun así, y este es el dato significativo para la continuidad de la democracia, no se cuestionó el principio de soberanía popular como sustento de su legitimidad. Por el contrario, apelando e invocando a esta misma legitimidad exigieron violentamente algunos y pacíficamente otros, el fin de un gobierno. La democracia real entraba en un cono de sombra, su institucionalidad se encontraba debilitada en extremo y su capacidad de respuesta parecía incierta.

Sin embargo, la demanda social no ponía en duda la creencia en su legitimidad dado que en esta oportunidad el reclamo imperativo fue en nombre de la responsabilidad ética que debían tener los dirigentes en la conducción de los asuntos públicos. La necesidad de repensar el funcionamiento democrático en términos de su calidad se constituyó en una consigna que se extendió a lo largo y lo ancho del país. Estos acontecimientos también pueden leerse como el comienzo del fin de la hegemonía del modelo neoliberal. El denostado Estado de ayer, debía volver a ocupar un lugar central en la articulación entre sociedad, mercado y régimen democrático. Mas aún, de las cenizas del incendio se comienza a difundir la idea de que el Estado es decisivo para la constitución del orden social democrático.

En síntesis, a pesar de los trágicos acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, la sentencia que una vez se anunció sobre su “muerte lenta” no se ha cumplido; sin embargo, pende la aceptación plena de que vivir en democracia supone aceptar una forma de vida en la que no hay lugar para otras opciones, de cuánto la democracia pueda asegurar aquel piso indispensable de integración social que le permita al ciudadano compartir efectivamente el patrimonio común de su sociedad y de la ampliación de su visión instrumental.

IV

Que el vigésimo aniversario de nuestra democracia llegue en un momento en que la situación económica y social difiere mucho de lo que supone vivir en una sociedad integrada, y donde los gobiernos elegidos por los ciudadanos estuvieron lejos de asegurar la calidad y la meta de la democracia no significa, a pesar de todo ello, que no se deba rememorar este acontecimiento. La democracia argentina todavía es novel, mereciendo su crítica pero, como afirma O’Donnell, dentro de la democracia, para pedirle y exigirle más, pero no para su destrucción.

Esto supone una critica democrática de la democracia que desenmascare la corrupción en su funcionamiento, que denuncie, con el objetivo de cambio, la situación de ruptura, -ya no de distanciamiento- entre gobernantes y gobernados, y que tienda a exponer los motivos por los cuales contribuyó a dibujar el mapa de la exclusión social, contrariando su ethos normativo de igualación social. En definitiva, una crítica que sirva para que la democracia rectifique su rumbo ofreciendo igualdad de oportunidades para que cada ciudadano se sienta y sea un miembro pleno en una comunidad de iguales.

Todo ello en modo alguno contradice la exigencia de mantener viva la conciencia de su importancia para evitar reeditar aquellas épocas en que el poder de hecho⁸ -sin derecho- definía los mecanismos para condicionar votos, proscribir partidos, alterar la vida institucional, y se arrogaba el derecho de determinar quién continúa o no con su existencia física. La defensa de la democracia reivindica su conmemoración, como se celebran los actos fundacionales, para que nunca más el país retroceda a aquellos tiempos.

Una vez más, hay mucho para reclamarle a la democracia argentina. Sus déficit son cuantiosos. Transcurrieron muchos años y muchas crisis. Sin embargo, el hecho de que mayoritariamente la sociedad la siga apoyando y que lo haga aún cuando cuestiona su funcionamiento, condena la corrupción y los niveles de pobreza, desocupación y marginalidad o aún cuando la multitud en las calles en aquellos simbólicos días del 19 y 20 de diciembre de 2001, reclamó a viva voz y con acciones contrapuestas, que se vayan todos, en abierto cuestionamiento al funcionamiento de la democracia real, es toda una señal que merece ser rescatada.

Las soluciones demandadas están dentro de la democracia y no fuera de ella. Se puede decir que el apotegma de Nicolás Maquiavelo referido a que a los males de la república se le responde con más república, se reconvirtió en una demanda de más democracia para corregir los males de la democracia. Esto se lo debemos precisamente a la continuidad de esta democracia que debuta en los años ’80.

Por ello, proponemos finalizar estas breves reflexiones con alguna propuesta de elaboración de aquel conjunto de cuestiones que entendemos de carácter central en la nueva agenda democrática, que democratice a la democracia:

• Reforma política que defina e instrumente mecanismos de control para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones.

• Nueva ética pública, que reformule los principios generales referidos a cómo deben actuar los hombres en su calidad de ciudadanos o funcionarios gubernamentales.

• Nueva institucionalidad fiscal, que (re)cree las condiciones para una efectiva ciudadanía fiscal.

• La exclusión social, dado que la persistencia del conflicto excluidos versus incluidos puede llegar a jaquear la gobernabilidad sino además al propio consenso social básico que sustenta el funcionamiento de un régimen democrático.

• Una nueva reforma del Estado, que siente las bases para la construcción del Estado de derecho, dejando atrás la excepcionalidad como regla de juego institucional, donde el Poder Ejecutivo deje de autojustificar su accionar en la fuerza de lo excepcional y considerarse el único poder apto para representar los intereses sociales a largo plazo, en nombre de su capacidad de ejecución.

• Una reforma en el mercado, para garantizar la transición del capitalismo político argentino, con elevado patrimonialismo, a un auténtico capitalismo competitivo.

Bibliografía

Agulla, Juan Carlos (1996). Ideologías políticas y Ciencias Sociales. La experiencia del pensamiento social argentino (1945-1995), Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Buenos Aires.

Garretón, Manuel (1987). Reconstruir la política: transición y consolidación democrática en Chile, Chile, Editorial Andante.

Gillespie, Guy (1995). Negociando la democracia. Políticos y generales en Uruguay, Instituto de Ciencia Política, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria.

Novaro, Marcos; y Vicente, Palermo (1996). Política y poder en el gobierno de Menem, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma.

Novaro, Marcos; y Vicente, Palermo (1998). Los caminos de la centroizquierda. Dilemas y desafíos del Frepaso y de la Alianza, Buenos Aires, Editorial Losada.

O’Donnell, Guillermo (1997). Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización, Buenos Aires, Paidós.

O’Donnell, Guillermo; y Philippe, Schmitter (eds.) (1989). Transiciones desde un gobierno autoritario, Buenos Aires, Paidós .

Stepan, Alfred (1988). Repensando a los militares en política, Buenos Aires, Sudamericana.

Torre, Juan Carlos (1998). El proceso político de las reformas económicas en América Latina, Buenos Aires, Paidós .

Serrafero, Mario (2002). “Argentina: rebelión en el granero del mundo”, en Revista de Occidente, Nº 251, Madrid, Fundación Ortega y Gasset.