Introducción

El presente artículo indaga en las opiniones, creencias y actitudes de la sociedad argentina ante cuestiones que los grupos religiosos y políticos consideran controversiales. Se trata de temas etiquetados como polémicos porque tienen que ver con políticas, prácticas y discursos que ocupan lugares de solapamiento, competencia o complementariedad entre el campo político-estatal y el campo religioso, y se inscriben, por lo tanto, en el entorno conceptual de la laicidad.

Entendemos la laicidad no sólo como un concepto abstracto sino fundamentalmente como un proceso concreto, dado por el arreglo particular constituido en un momento determinado y en un país determinado entre Estado e iglesias. Esta perspectiva implica hablar de “laicidades” en plural (Milot, 2009). Para el caso argentino, Mallimaci y Esquivel (2013) proponen la categoría de laicidad subsidiaria, entendida como la convivencia de matrices e historias católicas con políticas nacionales de mayor autonomía civil y estatal con respecto al poder religioso. Esta laicidad supone un Estado con una fuerte matriz católica en su génesis e historia que habilitan la emergencia de reconocimientos a los formatos plurales de sociedad.

Si bien pueden encontrarse diferentes tipos de laicidad en las provincias argentinas, la participación de agentes, dispositivos y discursos católicos en el diseño y la implementación de determinadas políticas públicas en todo el país confirma la presencia de este tipo de laicidad. Definida por acuerdos que son constantemente rediscutidos, no está exenta de tensiones. Más concretamente, si las iglesias retienen para sí la capacidad de decidir e intervenir sobre algunos ámbitos de la política pública, como la pobreza y la educación, no está claro para los actores intervinientes por qué no deberían incidir en otros, como la salud. A la vez, estas tensiones se reflejan en las opiniones y representaciones de la sociedad respecto a los vínculos entre los Estados y las iglesias.

En este sentido, el presente artículo se centra en indagar los posicionamientos de quienes residen en la Argentina en torno de cuestiones controversiales vinculadas con la laicidad. Dentro de este recorte, se analizan actitudes y opiniones respecto de los siguientes temas: financiamiento de las religiones, asistencia social, y educación, prestando especial atención a la educación sexual.

En relación con el financiamiento de las religiones, se observa un marcado crecimiento de las opiniones de rechazo a su financiamiento estatal en relación con estudios anteriores. Esta impugnación no es unívoca para toda la sociedad, sino que presenta particularidades de acuerdo con variables como la edad, el género y, sobre todo, el nivel socioeconómico y educativo, la región y el tamaño de la ciudad.

En torno a las relaciones entre el Estado y las iglesias en lo que respecta a las políticas de asistencia social, se observa una mayoría que opina que el Estado debe llevar adelante sus políticas asistenciales sin las religiones, seguida por la opción de que el Estado debe llevarlas adelante con todas las religiones, dejando a la que involucra solo a la iglesia católica en último lugar.

En cuanto a la educación, se encuentra una mayoría contraria a la enseñanza de la educación religiosa en las escuelas públicas a nivel nacional. Otro aspecto que se indagó fue el financiamiento estatal a escuelas religiosas. Aquí las opiniones mayoritarias a nivel nacional indicaron que el Estado sólo debería financiar a aquellas escuelas a las que asiste población pobre.

Con respecto a la educación sexual y a quién debería ser el principal responsable, teniendo como opción a los docentes, los padres o las iglesias, nos encontramos con una mayoría que opina que los padres deberían ser los principales responsables, seguido por los docentes y en último lugar las iglesias.

Para llevar adelante nuestro propósito de describir y analizar estas opiniones, el presente artículo se organiza de la siguiente manera. En el apartado 2 (“Método”) se describe brevemente el abordaje metodológico de la investigación; en el apartado 3 se abordan cuestiones ligadas al financiamiento de las religiones y, en el 4, a la asistencia social. En el apartado 5 se aborda la relación entre religiones y gobierno de la educación, haciendo hincapié en la educación sexual; finalmente, en el apartado 6, se presentan las conclusiones y reflexiones finales.

Método

Este artículo trabaja con el dataset Mallimaci, Esquivel, Giménez Béliveau & Irrazábal (2019) de la Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina. El datasetes producto de una encuesta probabilística realizada en Argentina (total país) durante el período de agosto-septiembre de 2019.

El universo en estudio es la población de la República Argentina de 18 años o más, residente en localidades o aglomerados urbanos con al menos 5.000 habitantes, según Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. En total, se seleccionaron 2.421 casos mediante una muestra polietápica.

La primera etapa, con 89 localidades/aglomerados como unidades primarias de muestreo, combinó estratificación (atendiendo a la región y el tamaño de las localidades) y selección de aglomerados urbanos intra-estrato mediante azar sistemático con probabilidades proporcionales al tamaño (PPT).

La segunda etapa, la selección de las unidades de muestreo (radios muestrales) dentro de las localidades seleccionadas se realizó mediante azar sistemático (ordenamiento a partir de indicadores de nivel socioeconómico) con PPT (atendiendo a la cantidad de población) y asignación igual por radio censal.

Durante la tercera etapa se realizó el relevamiento y selección sistemática de las viviendas particulares. Para la última etapa, la cuarta, se seleccionaron las unidades últimas de muestreo mediante cuotas de sexo y edad según parámetros poblacionales. El período de relevamiento de datos fue entre agosto y septiembre de 2019.

En lo que respecta al margen de error, se trabajó con un margen de error del +/- 2,0% para un nivel de confiabilidad del 95,0%. El alcance del estudio es la República Argentina (total país). Al tratarse de una encuesta probabilística polietápica que combina estratificación por región y tamaño de ciudad y selección mediante azar sistemático (con PPT) los datos son extrapolables a la población general atendiendo al margen de error.

Esta investigación se realizó en cumplimiento de los lineamientos para el comportamiento ético en las ciencias sociales y humanidades del CONICET (resolución 2857/2006), la Declaración de Helsinki (versión Fortaleza 2013), la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO y la legislación y pactos de derechos humanos vigentes en Argentina. La participación de la encuesta fue voluntaria. Se aplicó el consentimiento informado, explicando a las personas que participaron del estudio los objetivos y los beneficios esperados. Los datos relevados se utilizan con fines estadísticos, garantizando la confidencialidad y el anonimato de modo que no pueden identificarse a las y los entrevistados.

Se realiza un análisis bivariado de estadística descriptiva contemplando diferencias por sexo, regiones, tamaño de las ciudades, grupo etarios, nivel de estudios y nivel socioeconómico.

Financiamiento de las religiones

La mayoría de la población residente en Argentina (59,6%) considera que el Estado no debería financiar a ninguna religión, mientras que el 27,5% considera que el Estado debe financiar a todas las confesiones religiosas, y el 6,4% considera que el Estado debe financiar sólo a la iglesia católica. Esto representa un cambio importante respecto a la Primera Encuesta de Creencias y Actitudes Religiosas (2008), en la que el 51,4% manifestó estar de acuerdo con que el Estado financiara a todas las religiones y el 34,4% dijo estar de acuerdo con que el estado financiara sólo a la religión católica. Ahora bien, pensar el significado de estas opiniones requiere de algunas precisiones en torno a lo que implica el financiamiento de las religiones en Argentina actualmente.

Tabla 1

Opinión sobre el financiamiento a las religiones resultados totales en %

Base: 2.421. Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

El artículo 2 de la Constitución Nacional establece el sostenimiento del culto católico, apostólico y romano. Esto no significa que los sacerdotes y las religiosas perciban salarios estatales en su carácter de tales. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de "sostenimiento"? Durante la última dictadura militar, el decreto 21.950/79 otorgó a los obispos una asignación equivalente al 80% del salario de un juez federal; el decreto 21.640/77 otorgó a los obispos jubilados una asignación equivalente al 70% del salario de un juez federal como jubilación; por último, el decreto 22.262/80 prevé asignaciones equivalentes a salarios de trabajadores estatales nacionales en forma de becas a seminaristas y superiores de órdenes religiosas, y subsidios especiales a parroquias de frontera. Si bien existen cambios en las asignaciones, se sigue manteniendo el principio de que los sacerdotes y religiosas no se sostienen materialmente a partir del financiamiento estatal, es decir, no reciben sueldo como tales, a menos que integren capellanías. Estos decretos implican hoy por hoy lo que la Constitución denomina “sostenimiento”.

Sin embargo, la idea “financiamiento” supera a la de sostenimiento. En este sentido, las capellanías (servicios religiosos) están contempladas por las legislaciones provinciales de policía o seguridad (capellanías policiales), salud (capellanías hospitalarias) y/o servicio penitenciario (capellanías carcelarias). De acuerdo a lo estipulado por estas legislaciones (provinciales), se define el modo en el cual las capellanías integran a las instituciones, sobre todo en el caso de la policía y el servicio penitenciario, en los que los capellanes a menudo integran la estructura orgánica.

Cuando se analizan las opiniones respecto al financiamiento a partir de distintas variables, se pueden identificar algunas variaciones relevantes para interpretar la relación de la población en Argentina con el financiamiento de las religiones.

De las opiniones según grupos de edad no surgen variaciones significativas, salvo en aquella acerca de que el Estado debe financiar sólo a la iglesia católica, que disminuye marcadamente en la población más juvenil, desde un 10,6% entre las personas de 65 años y más hasta un 3,8% entre los jóvenes (de 18 a 29 años). Este fenómeno probablemente se relaciona con la ruptura del monopolio católico del creer (Mallimaci & Giménez Béliveau, 2006), visible en la distribución de las adscripciones religiosas. En otras palabras, dado que los jóvenes son el sector con mayor proporción de evangélicos y sin religión, es esperable que sean los que menos apoyan el financiamiento exclusivo al culto católico.

Tabla 2.

Opinión sobre el financiamiento a las religiones, según grupo de edad (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según grupos de edad). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

En cuanto al género de los respondentes, se observa que los varones se oponen en mayor proporción (62,1%) al financiamiento estatal de las religiones que sus pares mujeres (57,4%), a la vez que son ligeramente más proclives al financiamiento exclusivo a la iglesia católica (7,9% versus 5,1% de las mujeres). En el marco de esta organización de las preferencias, las mujeres apoyan en mayor medida el financiamiento a todas las confesiones religiosas (30,2% contra un 24,5% de sus pares varones). Es poco probable que estos resultados se expliquen por la pertenencia religiosa, dado que la proporción de personas católicas es mayor entre las mujeres (65,3%) que entre los varones (60,3%), por lo que esta distribución abre un interrogante interesante para próximas investigaciones.

Tabla 3.

Opinión sobre el financiamiento a las religiones según sexo (en %)

Base: 2.421. (Datos ponderados según sexo). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

En relación con la distribución de las opiniones según el nivel educativo, se pueden hallar algunas variaciones importantes: el porcentaje de personas que opinan que el Estado no debería financiar ninguna religión aumenta de acuerdo con el máximo nivel educativo alcanzado. Entre quienes tienen universitario completo, esta opinión alcanza el 77,9%, mientras que entre las personas sin estudios, solo el 43,4% comparte esta opinión.

Esta variable se vincula con el nivel socioeconómico: las personas de nivel socioeconómico alto rechazan el financiamiento estatal de las religiones en un 85,3%; en el sector de nivel socioeconómico medio este porcentaje asciende al 68,1% y en el nivel socioeconómico bajo al 52,6%. Pero más allá de esta variación, es relevante marcar que en todos los niveles más de la mitad de la población considera que el Estado no debería financiar a las religiones.

Estas posiciones cuadran con lo que Dubet & Martuccelli (1998) identificaron con procesos de individuación y mercantilización creciente, en los que los sectores percibidos como “productores” de riqueza tienen opiniones de rechazo cada vez mayor al financiamiento estatal de instancias comunes, entre ellas las escuelas públicas, las agencias públicas de salud, y también las religiones.

Tabla 4.

Opinión sobre el financiamiento a las religiones, según nivel educativo (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según máximo nivel educativo alcanzado). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

El análisis por regiones arroja importantes variaciones, consistentes con el mapa de adscripción religiosa. De este modo, en las regiones donde el porcentaje de católicos y evangélicos es mayor (Noroeste -NOA- y Noreste -NEA-), más la mitad de la población considera que el Estado debe financiar a todas las religiones (41,3% NOA; 44,4% NEA) o al catolicismo exclusivamente (12,9% NOA; 6,7% NEA). En las demás regiones la proporción de quienes opinan que el Estado debe financiar a todas las religiones disminuye sensiblemente, en especial en la Patagonia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la gran mayoría de las personas encuestadas rechaza el financiamiento estatal de todas las religiones (en un 70,5% y un 69,5% respectivamente).

El tamaño de la ciudad también parece incidir en las opiniones sobre el financiamiento estatal del culto, dado que en las ciudades grandes el 64,7% considera que el Estado no debería financiar a las religiones, y este porcentaje disminuye en las ciudades medianas (52,3%) y aún más en las pequeñas (48,6%).

Tabla 5.

Opinión sobre el financiamiento a las religiones según región (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según región). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Políticas de asistencia social

En relación con las políticas de asistencia social, el Estado y las religiones, en el último tiempo se ha observado cómo en las sociedades democráticas contemporáneas la presencia religiosa se recompone en el espacio público (Mallimaci & Esquivel, 2014; Vaggione, 2009). En particular se ha sostenido que, retomando los aportes de Casanova (1994), las religiones lejos de privatizarse, se han ido “desprivatizando”.

En este sentido, en relación con las políticas asistenciales, se ha observado cómo gobiernos de diferentes signos han apelado al apoyo eclesiástico como una de las principales fuentes de legitimidad, movimiento por el cual han delegado de manera directa o indirecta en la iglesia católica el diseño, la formulación y hasta la implementación de determinadas políticas públicas, fundamentalmente en asistencia social, pero también en materia educativa y planificación familiar (Mallimaci & Esquivel, 2014). Por otro lado, la iglesia católica proyecta una estrategia de conservación del poder institucional basada en una presencia pública extendida. Con intenciones de influenciar en la formulación e implementación de ciertas políticas estatales y marcos normativos, los referentes eclesiásticos buscan en el Estado y en el vínculo con lo político reforzar las bases de sustentación de su poder institucional (Soneira, 1989). De este modo, buscan reconfigurar el poder institucional eclesiástico mediante la intervención en políticas de asistencia social, adicciones y gestión de la pobreza. Cabe preguntarse entonces qué opiniones, creencias y actitudes guarda la sociedad argentina ante estas cuestiones, es decir qué opinan quienes viven en Argentina sobre el vínculo entre el Estado, las religiones y las políticas asistenciales.

Teniendo en cuenta lo dicho, se relevaron las opiniones sobre las políticas de asistencia social y cómo el Estado debe llevarlas adelante. Para esto, la pregunta contó con tres opciones de respuesta: a) el Estado debe llevarlas a cabo junto con la iglesia católica; b) el Estado debe llevarlas a cabo junto con todas¹las religiones; c) el Estado debe llevarlas a cabo sin² las religiones.

Para el total del país, la mayoría optó por la respuesta de que el Estado debe llevar adelante las políticas de asistencia social sin religiones, con un 52,1% de las respuestas. No obstante, el 35,4% opinó que debe hacerlo junto con todas las religiones y, por último, en menor proporción, un 7,1% opinó que el Estado debe realizarlo junto con la iglesia católica (ver tabla 6).

Tabla 6.

Opiniones sobre religión e implementación las políticas de asistencia social según sexo (en %)

Base: 2.421 (datos ponderados según sexo). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

En el nivel regiones del país, se destacan diferencias respecto de los totales para cada opción de respuesta. La región AMBA ofrece un mayoritario 59,6% para la opción “el Estado debe llevar adelante la política asistencial sin religiones”. Con un porcentaje similar se ubican la región Patagonia, con 58,6% y la región Cuyo, con un 55,9% para la misma respuesta. En contraposición, en la región NOA sólo un 33,4% optó por esta respuesta, mientras que las regiones Centro y NEA también mostraron porcentajes menores al total país para esta opción, de 50,4%, 41,6%, respectivamente. Cabe destacar que para la opción que indica que el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales con todas las religiones, las regiones NEA y NOA presentan porcentajes superiores al total país, de 48,3% y 46,4% respectivamente, es decir, una suba de más de 10 puntos.

En relación con el tamaño de ciudad, se puede observar cómo a medida que aumenta el tamaño, de chica a mediana y por último grande, decae la opinión con respecto a que el Estado debe llevar a cabo las políticas asistenciales junto con la Iglesia católica, con 9,4%, 7,3% y 6,7% respectivamente. Al mismo tiempo, a medida que aumenta el tamaño, también aumenta la opinión de que el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales sin religiones, con un 39,9% en las chicas, un 48,8% en las medianas y un 55,7% en las grandes. Si comparamos con respecto al total país, resulta relevante que en las ciudades chicas la mayoría de las opciones son “el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales con todas las religiones”, con el 47,7%, superando en más de 10 puntos porcentuales al valor de referencia.

Ahora bien, si se observa desde el género de los encuestados, se observa que no existen diferencias relevantes. Las opiniones se distribuyen de manera simétrica entre varones y mujeres. Tampoco se observan variaciones relevantes entre los primeros tres grupos de edad (de 18 a 29 años, de 30 a 44 años y de 45 a 65 años). Sin embargo, cuando se observa el grupo etario de 65 años o más, sí existen diferencias relevantes. En este grupo, la opción “el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales junto con la iglesia católica” se duplica en relación con el total país, acumulando un 12,4%, mientras que la opción que sostiene que el Estado debe llevar las políticas asistenciales sin religiones cae casi 20 puntos, a un 43,4%.

En lo que se refiere al nivel de estudios, se destacan los grupos sin estudios, primarios y universitarios: los primeros dos grupos, muestran porcentajes menores respecto del total en la opción “el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales sin religiones”, cayendo aproximadamente más de 10 puntos porcentuales (42,8% y 44,9% respectivamente). Sin embargo, el grupo con estudios universitarios acumula un 67,0% en la misma opción, aumentando considerablemente respecto del total. En el resto de los grupos no existen diferencias significativas respecto del total. A medida que sube el máximo nivel de estudios alcanzados, aumenta la proporción de encuestados que opina que el Estado debería llevar a cabo políticas asistenciales sin religiones. Esta proporción se intensifica en los universitarios.

Por último, en relación con el nivel socioeconómico, se observa que no existen diferencias significativas entre los grupos bajo y medio, mientras que sí se presentan diferencias significativas en el nivel socioeconómico alto respecto a estos niveles. Dentro de este grupo acumula el mayor porcentaje de respuestas la tercera opción, es decir, que el Estado debe llevar adelante las políticas asistenciales sin religiones, con un 69,4%, aumentando significativamente respecto del total país; mientras bajan las otras dos opciones de respuesta: la opción que involucra a la Iglesia católica baja a un 1,2% y la opción que involucra a todas las religiones baja a 29,4%.

Religiones y gobierno de la educación

Desde las Provincias Unidas del Río de la Plata hasta la última dictadura militar, el vínculo entre la iglesia católica y el Estado en el ámbito educativo fue un reflejo del ajuste laico de cada momento. En un rápido repaso histórico, la conformación del sistema educativo nacional está marcada por la presencia de actores y sentidos del mundo católico en los principales debates por la educación pública en Argentina, desde la sanción de la ley 1420 que sentó las bases del sistema educativo nacional a fines del siglo XIX y su artículo 8° que avala la enseñanza religiosa sólo por fuera del horario regular de clase; pasando luego por la impronta anti-clerical de la reforma universitaria de 1918 y el debate “laica o libre” a fines de la década de 1950 que derivó en la autorización de la creación de universidades privadas y el crecimiento sostenido de la educación privada en la década siguiente; la experiencia represiva y conservadora de la última dictadura militar y sus vínculos con una parte de la cúpula eclesial. Ya en el retorno democrático, la renovación del debate educativo en el Congreso Pedagógico del gobierno de Alfonsín estuvo marcada por la presencia de actores católicos en el proceso asambleario. Años después, la reforma educativa de la década de 1990 mostró la participación abierta de la iglesia católica en la definición de los contenidos básicos comunes, al igual que la presencia de reconocimientos remanentes hacia esa institución, presentes en la ley federal de Educación y en parte heredados por la ley de Educación nacional de 2006 (Puiggrós, 2017; Torres, 2019). En la misma coyuntura de inicios del siglo XXI, la sanción de la ley de Educación Sexual Integral y su perspectiva de género, también constituye otro de los momentos álgidos de presencia del catolicismo en el debate educativo (Esquivel, 2013), así como la judicialización de la discusión por la educación religiosa obligatoria en las provincias de Salta y Tucumán en los últimos años, y los ecos de estos debates en la sociedad civil y las instituciones educativas. Todos estos son algunos ejemplos de las vívidas tensiones que han atravesado la compleja relación entre la educación pública, la política y la religión en Argentina. El objetivo de este apartado es describir las opiniones, percepciones y actitudes de la sociedad respecto a estas tensiones y vínculos.

Opiniones respecto a la educación religiosa

En un sistema educativo provincializado como el argentino, se deben tomar en cuenta las regulaciones normativas según jurisdicción, pero también la vinculación entre las distintas coaliciones de poder de los actores políticos y religiosos, las memorias colectivas propias de cada provincia, así como las trayectorias sociales de los funcionarios educativos en procesos clave de discusión de las políticas y normativas educativas provinciales (Prieto, 2017; Torres, 2018). La obtención de subvenciones, el acceso a cargos claves de las carteras educativas, y los vínculos con las autoridades provinciales, son las estrategias institucionales de influencia de la iglesia católica. Por tanto, cuán laico o confesional es un sistema educativo ya no depende tanto de los debates nacionales, sino que se define en cada provincia.

La vigente ley de Educación Nacional 26.206 (LEN) propone una definición difusa que incluye como objetivo de la política educativa nacional la garantía de una “educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la persona” (artículo 11 b). Esta formulación asume implícitamente que la dimensión religiosa está incluida en el carácter “integral” de la educación. Permite así que cada uno de los subsistemas educativos de las provincias pueda adaptarse a la política educativa nacional, incluyendo o excluyendo, de manera más o menos explícita, la educación religiosa en las escuelas estatales. A ello se le suma en el cuerpo legal la garantía de libertad de enseñanza, y el reconocimiento, autorización y supervisión estatal de las escuelas privadas (tanto confesionales como no confesionales). Con diferencias en su forma de implementación, las constituciones o leyes educativas provinciales establecen la incursión religiosa en la escuela pública en Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, San Juan, y San Luis. En Salta, hasta 2017 cuando la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de Educación provincial, “Religión” era una materia obligatoria que se dictaba en todas las escuelas primarias estatales.

Desde este recorrido, el estudio que retomamos aquí relevó la opinión sobre la enseñanza religiosa en las escuelas públicas con las siguientes tres opciones de respuesta: a) tiene que enseñarse sólo la religión católica; b) tiene que haber una materia general sobre religiones; c) no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas.

Para el total del país, ante la enseñanza de la religión en las escuelas públicas se presenta una polarización entre la opción que sostiene que no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas (46,3%) y el porcentaje que opina que tiene que haber una materia general sobre religiones (43,6%), y en menor proporción, el 7,3% indicó que tendría que enseñarse sólo la religión católica.

En el nivel de las regiones del país encontramos marcadas diferencias respecto de los totales para cada opción de respuesta. El AMBA muestra un mayoritario 57,2% para la opción “no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas”. Un porcentaje cercano muestra la Patagonia, con 55,2%. Mientras que en el punto opuesto, en el NOA, se indicó sólo un 16,8% para esta opción. Esta última región muestra una amplia mayoría -63,2%- de respuestas a favor de la existencia de una materia general sobre religiones, junto a un 16,7% que indicó como preferencia la enseñanza sólo de la religión católica. Las regiones de Centro, Cuyo y NEA también mostraron porcentajes superiores al total del país para esta opción, de 48,2%, 48,3% y 55,1% respectivamente.

Tabla 7.

Opinión sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas según región (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según región). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

El tamaño de las ciudades da cuenta también de algunas diferencias marcadas. Mientras en las ciudades grandes prevalecen las posturas favorables a la exclusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas (50,1%), en las ciudades medianas y pequeñas predominan las opiniones en favor de una materia general sobre religiones (50,2% y 49,8%, respectivamente). Para la opción de la enseñanza sólo de la religión católica, las ciudades pequeñas mostraron un 10,2% favorable, decreciendo a un 7,6% en las medianas y a un 6,6% en las ciudades grandes.

No se presentan diferencias significativas según género, aproximándose a las mismas proporciones del total de respuestas si se las discrimina entre mujeres y varones.

La edad, en cambio, aparece como un factor relevante en la opinión respecto de la enseñanza de religión en las escuelas públicas, de modo que, a mayor edad, mayor porcentaje de respondentes opina que tiene que enseñarse sólo la religión católica. El grupo de 18 a 29 años de edad optó en un 4,9% por esta respuesta, pasando por un porcentaje cercano al 6,0% en el grupo de 30 a 44 años, 8,1% en el grupo de 45 a 64 años; hasta llegar a un 14,0% en el grupo de 65 años o más. Este último porcentaje representa casi el doble que el promedio general para esta opción.

Tabla 8.

Opinión sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas según grupo de edad (en %)

Base: 2421 (Datos ponderados según grupos de edad). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Una lectura en términos del nivel de estudios de los entrevistados da cuenta de un crecimiento de quienes indicaron que no tiene que haber enseñanza religiosa en las escuelas públicas, con un pico destacado de 62,1% entre quienes tienen nivel universitario, pasando por un 52,7% de respuestas a esta opción que indicaron nivel terciario de estudios. La lógica inversa se muestra entre quienes optaron por la enseñanza sólo de la religión católica, que muestra una mayoría de 15,0% de respuestas favorables entre quienes no tienen estudios, decreciendo a un 2,7% en el nivel terciario y 2,4% para el nivel universitario.

Tabla 9.

Opinión sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas según nivel de estudios (en %)

Base: 2421 (Datos ponderados según máximo nivel de estudios del entrevistado). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Para la opción “no debería haber enseñanza religiosa”, encontramos un incremento entre los niveles socioeconómicos “bajo”, “medio” y “alto”, que van respectivamente desde un casi 42%, a 51% y a 68%. Para las respuestas en favor de la enseñanza de la religión católica, la tendencia decrece según aumenta el nivel socioeconómico, de un casi 10% para el nivel “bajo”, un 4,1% para el nivel “medio” y sólo un 2,3% para el nivel socioeconómico “alto”.

Tabla 10

Opinión sobre la enseñanza de la religión en las escuelas públicas según nivel socioeconómico en %

ase: 2421 (Datos ponderados según nivel socioeconómico). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Opiniones respecto al financiamiento a escuelas religiosas

En términos normativos, la LEN define los alcances del Estado como responsable principal de la educación, así como garante de la igualdad, gratuidad y equidad educativa. Se establecen para el Estado las funciones de planificación, organización, supervisión y financiamiento de la educación en su conjunto, creando y administrando los establecimientos educativos estatales, a la vez que reconociendo, autorizando y supervisando el funcionamiento de las instituciones educativas privadas.

Entre las disposiciones de esta ley se destaca la reactualización del reconocimiento expreso de la iglesia católica y las demás confesiones religiosas como agentes educativos. Como tales, pueden administrar y sostener establecimientos educativos con derecho a la emisión de títulos con validez nacional, la selección de personal docente, la formulación de programas de estudio y proyectos educativos institucionales que estén de acuerdo con su ideario particular, mientras sigan la normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional.

La vigente LEN retoma las disposiciones heredadas de la normativa anterior (ley Federal de Educación de 1993) en relación con el financiamiento de los salarios de los docentes de instituciones educativas privadas. Establece la igualdad en su remuneración mínima frente a la de los docentes estatales y la asignación de tales aportes estatales según criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple el establecimiento, su proyecto educativo y el arancel que cobre a las familias.

En este marco, también se relevaron en este estudio las opiniones sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas con las siguientes opciones de respuesta: a) siempre, b) sólo para aquellas donde asiste población carenciada o c) nunca.

Respecto a la opinión sobre el apoyo económico a las escuelas religiosas, para el total de país el 26,9% indicó que el Estado nunca debería brindarlo. Una mayoría de 47,3% de las respuestas indicó que sólo debería hacerlo para aquellas escuelas donde asiste población carenciada y un 20,8% indicó que siempre debería apoyarlas.

En el plano regional se encuentra también una mayoría favorable a la segunda opción, pero con un notable porcentaje mayor en el NOA (55,2%). La opinión de que nunca debe darse apoyo económico desde el Estado tiene una mayoría de 35,3% en la Patagonia, seguida por el 29,6% en el AMBA, 28,4% en la región Centro, 24,3% en Cuyo, 23% en el NEA y un porcentaje menor de 13,5% en el NOA. La opción “Siempre” tiene valores superiores al promedio nacional en las regiones de Centro (21,2%), Cuyo (25,1%), NOA (23,8%) y NEA (31,1%), que contrastan con el 16,9% del AMBA y el 16,3% de la Patagonia.

Tabla 11

Opinión sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas según región en %

Base: 2421 (Datos ponderados según región). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

La opción de que el Estado siempre debería ofrecer apoyo económico a las escuelas religiosas crece en las ciudades pequeñas, con un 30,4%, respecto del 22% de las ciudades medianas y el 18,6% de las grandes. El porcentaje mayor, de 49,4%, corresponde a las grandes ciudades para la opción por el apoyo estatal sólo para las escuelas donde asista población carenciada. Este tipo de ciudad también muestra para la opción por el “nunca” proporciones mayores al total nacional, con un 27,9%.

Tabla 12

Opinión sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas según tamaño de ciudad en%

Base: 2421 (Datos ponderados según tamaño de ciudad). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Al observar la distribución según el sexo de los encuestados, esta variable no muestra variaciones relevantes para cada ítem de respuesta en relación con las proporciones del total nacional. En cambio, al observar la distribución según grupos de edad, aparece un aumento respecto del promedio general para la opción “solo para aquellas donde asiste población carenciada”, con 50,2% de respuestas en el grupo de 65 años y más. Por otro lado, el grupo etario de 30 a 44 años señaló mayoritariamente, con un 30,0%, que nunca debería apoyarse económicamente a las escuelas religiosas.

Tabla 13.

Opinión sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas, según sexo y grupo de edad (en %)

Base: 2421 (Datos ponderados según sexo y grupo etario). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Si se sigue el nivel de estudios, el apoyo mayoritario a la opción “siempre” se da en el grupo sin estudios, con casi 30,0%, y desciende progresivamente en los siguientes niveles hasta llegar a casi un 10% en quienes tienen nivel universitario; este último grupo también muestra la mayoría de respuestas para la opción “nunca”, con un 36,6%. Pero para esta pregunta, en todos los niveles educativos de los/as entrevistados/as se muestra una mayoría de respuestas favorables a que el Estado asista sólo a aquellas escuelas con población carenciada.

El vínculo con el nivel socioeconómico muestra también una mayoría de respuestas para esta opción en los tres niveles delimitados (bajo, medio, alto) con 48,1%, 46,5% y 41,3% de respuestas respectivamente. También se evidencia un crecimiento entre niveles socioeconómicos de las opiniones favorables a que el Estado nunca preste su asistencia económica a las escuelas religiosas, yendo desde un 23,9% de las respuestas correspondientes en el nivel bajo, 30,1% para el nivel medio y 44,5% para el nivel alto. La opción por “siempre” decrece entre niveles: 23,3% en el nivel bajo, 17,8% en el nivel medio y finalmente 14,2% en el nivel alto (ver tabla 14).

Tabla 14

Opinión sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas, según sexo y grupo de edad (en %)

Base: 2421 (Datos ponderados según sexo y grupo etario). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Tabla 15

Opinión sobre el apoyo económico del Estado a las escuelas religiosas, según nivel socioeconómico (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según nivel socioeconómico). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019). Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Educación Sexual: los docentes, los padres o las iglesias

Desde 2006, cuando se sancionó la ley de Educación Sexual Integral (ESI), los debates sobre la educación sexual se han articulado en torno a dos polos: el Estado y las iglesias (en particular la iglesia católica) y los acuerdos o disidencias se daban alrededor del concepto de laicidad (Esquivel, 2013; Torres, 2016, 2018; Prieto, 2018, 2019; Vaggione, 2014). Así, la ESI se incluía dentro de un “núcleo sensible”. que cristaliza y concentra las pujas y negociaciones entre el Estado, la dirigencia política y las instituciones y grupos religiosos a la hora de definir los fundamentos regulatorios de las políticas públicas en esos tópicos (Esquivel, 2013).

En el último tiempo en nuestro país, la ampliación del marco normativo en temáticas como identidades, derechos sexuales y reproductivos y educación sexual integral, a lo que se suman movimientos sociales como Ni Una Menos y el debate parlamentario por la ley de Interrupción voluntaria del embarazo en 2018, generaron posturas encontradas, que se vieron plasmadas en marchas, plazas y actividades públicas: por un lado, las organizaciones de la diversidad sexual y los movimientos feministas, que promueven la ampliación y reconocimiento de sus derechos, y por otro lado la resistencia de su contraparte representada por la jerarquía de la iglesia católica, varios grupos e iglesias evangélicas nucleadas en la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y diversas organizaciones autodenominadas pro-vida, que se manifestaron en contra de lo que denominaron la “ideología de género”. El nuevo activismo de oposición se caracteriza por que emergen colectivos como los autodenominados #ConMisHijosNoTeMetas, que trasciende a los actores religiosos que históricamente han defendido una moral sexual conservadora. En este sentido, desde la sociedad civil, se han conformado ONG que mediante la judicialización y el uso del lenguaje de los derechos humanos han articulado sus estrategias con el fin de tener un impacto político y social (Defago, 2018). En este marco es que la familia, como institución, comenzó a tomar un rol fundamental para romper el binomio religión-Estado en relación a la educación sexual, en particular el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ley 26.150.

En la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas se relevaron las opiniones sobre quién debe tener la principal responsabilidad de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, con las siguientes tres opciones: a) los docentes, b) los padres; c) las iglesias.

Para el total del país, sobre quién debe tener la principal responsabilidad de la educación sexual de niños, niñas y adolescentes, la mayoría optó por la opción de que los padres deben ser los principales responsables, con un 82,2% del total de respuestas, seguida por “los docentes” con un 13,2% y por último, con un 1,3% “las iglesias”.

En el nivel de las regiones del país no se observan variaciones relevantes respecto del total país, salvo en la región NOA. En ésta, la opinión de que la principal responsabilidad de la educación sexual debería ser de los padres sube al 90,7%. También crece levemente la opinión de que debería estar a cargo de las iglesias -al 2,5%-, mientras que baja la opción de que la principal responsabilidad debería estar en los docentes, con un 6,1%.

Ahora bien, con respecto a tamaño de ciudad, género y grupo etario, no se presentan diferencias importantes respecto del total país. Sin embargo, sí existen diferencias significativas si se mira por máximo nivel de estudios alcanzado y por nivel socioeconómico. Con respecto a la primera variable, se observa que el nivel “sin estudios” arroja un mayoritario 79,8% para que los padres sean los principales responsables de la educación sexual, ligeramente por debajo del resultado del total país; sin embargo, la diferencia resulta relevante en la opción que coloca a los docentes como los principales responsables, acumulando 18%, mostrando un incremento importante. No obstante, si se observa el nivel de estudios primarios los porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: los padres (85,9%) y los docentes (8,8%). En lo que respecta a los encuestados con nivel de estudios universitarios, aumenta considerablemente la opción que coloca a los docentes como responsables (22,1%) en detrimento de la opción de los padres como principales responsables (74,1%.).

Tabla 16

Opinión sobre la principal responsabilidad sobre la Educación Sexual según nivel educativo (en %)

Base: 2.421 (Datos ponderados según Nivel de Estudios). Fuente: Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (Mallimaci, F., Esquivel, J.C., Giménez Béliveau, V. & Irrazábal, G. (2019) Dataset Segunda Encuesta Nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina).

Por último, si nos detenemos en el nivel socioeconómico, no existen diferencias significativas respecto del total país para el nivel “medio” y “bajo”. En lo que refiere al nivel “alto”, al igual que ocurre con los universitarios, la opción que coloca a los docentes como responsables principales de la educación sexual, acumula un porcentaje de 20,8%, significativamente mayor que el total país, mientras que la opción que coloca a los padres como principales responsables, acumula un 74,4%, mostrando una baja respecto de los valores nacionales de referencia.

Recapitulación y discusión

El análisis de distintos tópicos permite afirmar que las opiniones de la población residente en Argentina respecto de estos temas controversiales son compatibles con la noción de laicidad subsidiaria, tanto en lo que respecta a la opinión sobre el financiamiento de las religiones, como en lo que tiene que ver con la asistencia social y la educación.

Se rechaza mayoritariamente el financiamiento estatal de las religiones (59,6%), en particular el financiamiento exclusivo de la iglesia católica (solo el 6,4% comparte esta opinión), distanciados de lo que establece la Constitución y otros acuerdos que dan forma a los arreglos entre iglesias y Estado en Argentina. Esta objeción habla de los procesos de pluralización, desinstitucionalización e individuación presentes en la sociedad argentina desde la apertura democrática, que conviven con una matriz católica que da forma a las instituciones pero también a gran parte del sentido común de los argentinos respecto a estos temas, presentando rasgos compatibles con la idea de laicidad subsidiaria.

De este modo, la mayoría rechaza el financiamiento religioso, a la vez que un sector importante de la sociedad considera que la asistencia social debería ser llevada adelante en colaboración con los grupos religiosos (42,5%).

Estos rasgos propios de laicidad subsidiaria tienen su correlato en las opiniones respecto de la educación. Del análisis de estas opiniones surge que si bien la mayoría se opone a la educación religiosa en las escuelas públicas en el nivel nacional, a la vez apoya la existencia de una materia general sobre religiones (46,3%). Otros aspectos que se indagaron respecto a la educación fueron el financiamiento estatal de escuelas religiosas y la responsabilidad por la educación sexual. Aquí las opiniones mayoritarias en el nivel nacional indicaron que el Estado sólo debería financiar a aquellas escuelas a las que asiste población carenciada (47,3%) y se destaca la mayoría favorable que coloca a los padres (82,2%) como principales responsables de la educación sexual, en contraposición con la mismísima parte que elige a las iglesias (1,3%). Este conjunto de opiniones cuadra, también, con la idea de laicidad subsidiaria, en un contexto de ruptura del monopolio católico y pluralización del campo religioso.

Referencias bibliográficas

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Mallimaci, F. & Esquivel, J. (2013). La tríada Estado, instituciones religiosas y sociedad civil en la Argentina contemporánea, Amerika. Mémoires, Identités, Territoires, (8). Disponible en: http://amerika.revues.org/3853 (20/03/2020)

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Mallimaci, F.; Giménez Béliveau, V.; Esquivel, J. & Irrazábal, G. (2019). Sociedad y religión en movimiento. Segunda encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en la Argentina. Informe de Investigación CEIL(25). Disponible en: http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2019/11/ii25-2encuestacreencias.pdf

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Notas