SUMARIO

1. Introducción. 2. Elecciones, congresos y cargos gubernamentales. Praxis política de la “Cooperativa santafesina” (julio de 1983-diciembre de 1988). 2.1. Tramitando el conflicto y la dispersión ante la falta de un conductor: voto directo y congresos partidarios. 2.2. La distribución “cooperativa” de cargos estatales. 3. Faccionalismo, crisis de gobierno y nuevas reglas electorales: el fin de la “Cooperativa” (diciembre de 1988-junio de 1991). 3.1. “El que pierde no acompaña”. El límite de las internas partidarias y la sanción de un nuevo régimen electoral. 3.2. “El movimiento genera sus anticuerpos”. Destitución del vicegobernador e intento de intervención federal como modo de resolución de las disputas. 3.3. El último congreso y la intervención del PJSF. 4. Reflexiones finales. 5. Bibliografía. 6. Documentos.

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1. Introducción

La apertura democrática argentina del año 1983 configuró en el peronismo de la provincia de Santa Fe una organización partidaria caracterizada por la existencia de una multiplicidad de líderes que representaban -con similares cuotas de poder entre sí- a los diversos sectores internos. Como reverso del mismo fenómeno, el Partido Justicialista de la provincia (PJSF)¹ careció hasta el año 1991 de un único liderazgo que concentrara los recursos de la organización y se posicionara por encima de las distintas fracciones internas. Dicha configuración adoptó, de hecho, una denominación nativa: la “Cooperativa santafesina”, etiqueta que designaba a la coalición de dirigentes que encabezó la dinámica partidaria y gubernamental durante aquellos años. Este formato partidario sin un único “conductor”, sumado a la condición del PJSF de partido de gobierno (lo fue sin interrupciones entre 1983 y 2007), le imprimió a la práctica de la organización características particulares.

En el presente artículo analizamos el modo en el que los líderes del peronismo santafesino tramitaron esa situación de equilibrio de fuerzas.² A partir del análisis de entrevistas propias³ y de terceros⁴, del análisis de contenido de documentos escritos (los diarios El Litoral, de la ciudad de Santa Fe, y La Capital, de la ciudad de Rosario, los distritos principales de la provincia) y del diálogo con bibliografía secundaria indagamos, en primer lugar, en el despliegue de una serie de prácticas que el PJSF se dio entre 1983 y 1988. Se trata, puntualmente, de tres tipos de prácticas: la realización regular de elecciones directas para la selección de candidatos a cargos partidarios y generales; la convocatoria a congresos para definir aspectos centrales de la organización; y la distribución de cargos de gobierno entre las distintas fracciones o líderes del partido (la práctica “cooperativa” de reparto de cargos, según los términos de los propios actores).

En segundo lugar, y una vez que la situación de equilibrio entre líderes se quebró, analizamos el modo como dichas prácticas empezaron a ser rechazadas por los propios dirigentes peronistas y perdieron efectividad. Esto sucedió a partir de la victoria presidencial de Carlos Menem en mayo de 1989 (a la sazón, el nuevo conductor del justicialismo a nivel nacional), hecho que impactó en los posicionamientos de importantes referentes del peronismo local. En efecto, algunos líderes sectoriales le quitaron el apoyo a quien en ese momento ocupaba la presidencia del partido y el máximo cargo gubernamental: el gobernador Víctor Reviglio. Así, las autoridades partidarias y los candidatos a cargos generales pasaron a ser seleccionados a través de otro mecanismo (el sistema de «Lemas», sancionado por ley provincial en noviembre de 1990, que anulaba las internas partidarias); el único congreso partidario que se convocó luego de la vigencia del nuevo régimen electoral fue cuestionado por sectores disidentes a Reviglio y sus resoluciones fueron anuladas cuando las autoridades nacionales del PJ intervinieron el partido; y, finalmente, la situación de extrema conflictividad interna se trasladó a las relaciones intra-gubernamentales, teniendo en la destitución del vicegobernador su máxima expresión.

La indagación está guiada por la propuesta analítica que ofrece Fernando Balbi (2014) para el estudio del lugar que ocupan las estructuras partidarias y la noción de la “conducción” en la praxis política de los peronistas. En ese trabajo, el autor identifica estos dos aspectos de la práctica política de los dirigentes peronistas como dos nociones fundamentales (e íntimamente conectadas) a tener en cuenta al momento de interpretar el comportamiento práctico de estos actores desde su propia perspectiva (o desde una “perspectiva nativa”, según los términos del enfoque antropológico). Esta mirada permitiría abordar la práctica política evitando aproximaciones normativas y racionalizantes que no harían más que traducir juicios de valor negativos sobre, en este caso, el comportamiento de los peronistas (Balbi, 2014: 22). ⁵

Si bien en el presente trabajo no nos proponemos abordar de manera antropológica el proceso descripto, nos serviremos, sin embargo, de algunos aspectos del abordaje presentado por Balbi que consideramos pueden arrojar luz para la comprensión de la práctica política de la dirigencia peronista santafesina durante el periodo bajo estudio. Con este objetivo, recuperamos ciertos elementos clave sobre el rol de las estructuras partidarias y de la “conducción” política que el autor retoma, a su vez, del pensamiento y la doctrina de Juan Domingo Perón. Por un lado, la noción o el “arte” de la conducción constituye una de las nociones rectoras del pensamiento y de la práctica política de Perón (Perón, 1998). De este concepto, Balbi destaca las siguientes cualidades, de entre los múltiples aspectos que el propio Perón atribuye a la conducción y a la persona del conductor, a saber: 1) que la conducción es el aspecto fundamental de la actividad política; 2) que es un arte, una creación, más que una técnica. El conductor debe “crear” hechos políticos; 3) que el conductor debe crear una organización, pues se conduce sólo lo orgánico y lo adoctrinado, y una causa, un objeto de la conducción; 4) que la eficacia de la labor de la conducción sólo se advierte en sus resultados; y 5) que debe ser unificada, no necesariamente en torno de un solo individuo, sino en el sentido de que debe tener unidad de concepción y de acción (Balbi, 2014: 36 y 38). Por otro lado, en la concepción peronista de la política las estructuras partidarias ocupan un rol subordinado a la conducción; es decir que no tienen una valoración en sí mismas sino que cumplen una función instrumental al servicio de la actividad política por excelencia que es la de la conducción.⁶ En este sentido, el partido adopta una serie de características específicas como las de la “flexibilidad”, la “amplitud”, el “encuadramiento”, la “disciplina” y la “unidad de concepción”, entre otras.⁷

A partir de estos elementos de análisis nos proponemos comprender el viraje que se dio en el PJSF entre un conjunto de prácticas y otro luego de que se quebrara el equilibrio interno que habían mantenido las distintas fracciones ante la ausencia de un único liderazgo rector. Dicho cambio en las prácticas no es considerado como mera expresión de una actitud “oportunista” o “pragmática” por parte de los dirigentes, traducida en la adopción de distintas estrategias según uno u otro contexto (lo que podría entenderse -tal como ha sido el acercamiento usual entre la literatura sobre peronismo- como un comportamiento “contradictorio” o guiado, como decimos, exclusivamente por el pragmatismo político en función del único objetivo de salvar a la fuerza de posibles derrotas electorales). En un intento por interpretar la acción política más allá del despliegue de una racionalidad instrumental de medios-fines, nos interesa comprender el accionar de estos actores como la manifestación práctica de determinadas ideas que los peronistas tienen sobre la conducción política y sobre la función de la organización partidaria en su propia praxis política, y por el hecho de considerarse a sí mismos (y ser considerados por los demás) como “peronistas”.

Así, la investigación nos permitió advertir, en primer lugar, la manera en la que entre los peronistas santafesinos aparecía el pensamiento general de que durante este periodo el justicialismo local carecía de un conductor. En este sentido, algunos dirigentes decían, por ejemplo: “era una anarquía total”; “no había conductor”; “el justicialismo no estaba verticalizado”, etc. En segundo lugar, y como una idea derivada de la anterior, entendían que -en un contexto de múltiples liderazgos- la organización partidaria debía tornarse lo necesariamente amplia como para darle “lugar a todos y soportar a todos”, y flexible para “acordar reglas aceptadas por todos”. Asimismo, observamos con claridad cómo las estructuras e instituciones partidarias (elecciones, congresos) y la distribución de cargos de gobierno tenían una función instrumental al servicio de garantizar la unidad de la fuerza ante la ausencia de un único liderazgo rector. Con posterioridad, el abandono de las elecciones internas y el viraje hacia un nuevo tipo de prácticas (el sistema de Lemas y el cese de la vida partidaria por medio de la intervención) muestran -una vez más- que para los peronistas santafesinos las estructuras del partido tenían un lugar subalterno (“en este caso es que no es tan importante la estructura del partido como el candidato”, decía un dirigente) y que lo que era visto como la dificultad mayor era la falta de un conductor. En efecto, como mencionamos antes, estos cambios se produjeron una vez que el presidente Menem se erigió en el nuevo conductor de la fuerza a nivel nacional, mientras que el distrito santafesino permanecía, aún, sin un conductor local. En ese marco, la necesidad de controlar (conducir) el partido de cara a las elecciones provinciales del año 1991 le dio legitimidad al presidente de la nación para intervenir el PJSF y desactivar la actividad partidaria hasta que -luego de dos años- el peronismo local halló en el gobernador Carlos Reutemann (1991-1995) un nuevo líder.

2. Elecciones, congresos y cargos gubernamentales. Praxis política de la “Cooperativa santafesina” (julio de 1983-diciembre de 1988)

La apertura democrática encontró a los dirigentes del peronismo santafesino en una situación de fuerte dispersión y fragmentación, mucho más marcada que entre las demás fuerzas del espectro partidario provincial (Yannuzzi, 1996). Según Maina (2012), para las elecciones de 1983 se podían contabilizar un mínimo de 20 corrientes dentro del PJSF, lo que hizo verdaderamente complejo y caótico el proceso de definición de las candidaturas. Ese estado de fragmentación se expresaba, además, en la ausencia de un liderazgo predominante dentro de la organización partidaria. En efecto, y a diferencia de figuras como las de Carlos Menem en La Rioja, Vicente Saadi en Catamarca o Carlos Juárez en Santiago del Estero, el PJSF no contaba a la salida de la dictadura con un líder que sobresaliera de entre los demás dirigentes y fuera capaz de controlar el partido. El propio candidato seleccionado para competir por la primera magistratura provincial -y gobernador electo en 1983-, José María Vernet, ponía en palabras unos años más tarde en qué había consistido ese estado de horizontalidad y falta de conducción reinantes en el peronismo local de 1983. Decía:

“Acá se dio algo muy raro. El justicialismo no estaba para ser verticalizado, no delegaba la conducción estratégica, no aceptaba el asesoramiento. Cada uno estaba en su propia verdad (…) Ellos [los demás dirigentes] [querían] imponer un modelo en que yo era el administrador y todos los demás eran los políticos” (José María Vernet, cit. en Acosta, 1987: 213).⁸

Esta declaración de Vernet expone algunos de los principios de lo que los peronistas entienden por el arte de la conducción y por el rol de la organización partidaria. En primer lugar, el justicialismo santafesino en 1983 “no estaba para ser verticalizado”, es decir, no estaba en condiciones de aceptar una conducción en torno de la cual ordenarse y organizarse puesto que se “conduce sólo lo orgánico y lo adoctrinado” (Perón, citado en Balbi, 2014: 36). Por el contrario, “cada uno estaba en su propia verdad”, lo que es decir que al partido y a las distintas organizaciones del peronismo local (sindicatos, líneas internas, etc.) les faltaba un encuadramiento detrás de un dirigente capaz de conducirlas. Esta configuración de una organización con múltiples líneas internas, cada una con su propio jefe político y en la cual ninguno lograba una cuota de poder mayor que los demás, fue nominada por los propios actores como la “Cooperativa santafesina”. Así lo definía un ex funcionario del gobierno provincial y dirigente peronista:

“No había un liderazgo fuerte: Reviglio era uno de los líderes, Rubeo era otro de los líderes, Carignano era otro de los líderes, Cardozo era otro de los líderes; prácticamente eran seis dirigentes que se juntaron y armaron lo que se llamó la ‘Cooperativa’” (José Weber, Ministro de la Producción entre 1991 y 1994. Entrevista con la autora, 26/11/2015).

Ahora bien, el término “Cooperativa” no constituyó solamente un modo de nominar a la coalición dirigencial de una estructura partidaria sin un liderazgo único sino que significó también un modo de distribuir los recursos partidarios y gubernamentales y de consensuar los múltiples intereses sectoriales. Así lo describía el gobernador Vernet:

“[En 1983] estábamos todos dispersos (…) era una anarquía total (…) Ahí nace lo que, después, trataron de desvalorizar -el propio peronismo, entre ellos, Carignano, con la Interdepartamental-, que era el concepto de la Cooperativa como método de construcción política. Surge como un criterio de un formado en economía, como yo (…) ‘Acá cada uno tiene su quintita, se pelea con el vecino (…) Acá hay que juntar todo y poner una conducción peronista’ (…) donde se le dé lugar a todos y soportar a todos (…) También tenía que servir para evitar el continuismo [de una misma persona en el poder]” (José María Vernet, entrevista del Archivo de Historia Oral. Programa Historia y Memoria, UNL, 29/10/2010).

En este fragmento aparece, nuevamente, la percepción de que el peronismo santafesino carecía -y a la vez necesitaba- de una conducción (“estábamos todos dispersos”; “era una anarquía total”). La idea de “dar lugar a todos” expresaba la concepción de que las estructuras de la fuerza debían adoptar la amplitud y la flexibilidad necesarias para adaptarse a las circunstancias particulares en las que se encontraba: la existencia de varios líderes con similares cuotas de poder.

¿En qué prácticas concretas se tradujo este modo “cooperativo” de ejercer el poder? Los dirigentes del PJ santafesino encontraron tres modalidades principales de liderar la fuerza y tramitar el conflicto ante la falta de una conducción unificada en una sola persona. Al interior de la organización, llevaron adelante la realización regular de dos tipos de prácticas que le imprimieron a la estructura partidaria cierta rutinización: las elecciones directas y los congresos partidarios. En cuanto a la regulación de la dinámica gubernamental, distribuyeron de modo equitativo y consensuado los principales cargos de gobierno, práctica que operó también como ordenadora de las relaciones inter-líderes.

2.1 Tramitando el conflicto y la dispersión ante la falta de un conductor: voto directo y congresos partidarios

La apertura democrática en 1983 encontró a los dirigentes del peronismo santafesino (como a los de todas las fuerzas políticas) ante la necesidad de definir candidaturas tanto para conformar la estructura partidaria como para -en aquellos partidos que resultaban victoriosos- ocupar los cargos gubernamentales. En vistas a alcanzar el primer objetivo se realizaron en el PJSF elecciones internas indirectas el 24 de julio, instancia que incluía también la selección de electores de candidatos a la presidencia de la Nación (Kohan, 1993). Allí se disputaron el máximo cargo partidario cuatro listas, siendo la más poderosa y triunfante la Junta Interdepartamental Peronista n° 6. Esta lista estaba compuesta, a su vez, por una multiplicidad de grupos internos que incluía a representantes de los sectores sindicales (las 62 Organizaciones Peronistas de Santa Fe y Rosario y el apoyo del influyente Secretario General de la UOM Rosario, Miguel Gómez) y a dirigentes políticos como Raúl Carignano -candidato y, finalmente, electo presidente del partido-, Víctor Reviglio (ambos de la zona “norte” de la provincia), Eduardo Cevallo, Celestino Marini y Juan Carlos Taparelli (de la zona “sur”), entre otros (Maina, 2012).

Luego de esta instancia -el 1° de septiembre- se realizó el Congreso Provincial para la nominación de las candidaturas a gobernador y vicegobernador. Allí se definieron dos precandidaturas, ambas pertenecientes a la Interdepartamental n° 6, la cual constituyó una especie de “interna” en sí misma: Juan Carlos Taparelli y Carlos Bravo, por un lado, y José María Vernet y Carlos Martínez, por otro. La ganadora fue la segunda fórmula, propuesta por la UOM y apoyada por las 62 Organizaciones, con 245 votos sobre 131 de la fórmula Taparelli-Bravo (EL, 2/9/83).⁹ Pero además ese congreso tuvo una particularidad: en él se consensuó el mecanismo de selección de los candidatos por el voto directo de los afiliados para la siguiente elección y la asignación de cargos por medio del sistema proporcional (Lacher, 2014). Así, el peronismo de la provincia de Santa Fe se convertía en el primer distrito del país en introducir el voto directo para elegir tanto a los candidatos a cargos partidarios como a los que disputarían cargos públicos.

¿Cómo fue posible que los peronistas santafesinos acordaran el método del voto directo apenas iniciado el periodo democrático, en un partido que nunca en su historia había recurrido en la práctica a este procedimiento de selección de candidatos, aunque sí estaba presente de manera formal en sus estatutos partidarios? ¹⁰

Por un lado, la apertura democrática y la reorganización de los partidos políticos supusieron en el peronismo de este distrito un recambio generacional en el nivel de la dirigencia. Dicho recambio se expresó en la figura de José María Vernet como candidato a gobernador y en la de Raúl Carignano¹¹ como presidente del partido. Según Víctor Reviglio, estas figuras representaban

“un peronismo legalista, democrático, republicano. [Era] una camada de jóvenes dirigentes que desplazan prácticamente a la vieja guardia [y que] no querían más ‘el dedo’, el verticalismo histórico del peronismo. Sí eran doctrinarios, pero sin la verticalidad y el dedo. Vernet era visto como un cambio, un hombre distinto, nuevo, que ‘hablaba muy bien’, joven…” (Víctor Reviglio, gobernador 1987-1991. Entrevista con la autora, 2/5/2020).

Algunos representantes de esta “vieja guardia” en el PJSF eran, por ejemplo, el dirigente Antonio Campos, quien había sido candidato a gobernador en 1973 por fuera de las estructuras del PJ, y Alberto Bonino, candidato a vicegobernador en aquel año, diputado nacional en 1983, proveniente de la Mesa de Unificación Doctrinaria y uno de los candidatos a presidir el partido por la lista n°2 con el regreso democrático. En el contexto de las elecciones de 1983, estas figuras estuvieron aliadas a nivel nacional con las pre-candidaturas de Ítalo Luder, Ángel Robledo (líder de la fracción Coordinadora Peronista) y Raúl Matera (líder de Reafirmación Doctrinaria) [Baeza Belda, 2010]. Un elemento que aglutinaba a esta “vieja guardia” era que estaba respaldada por los sindicatos que habían mantenido una actitud de diálogo con la dictadura militar de 1976, representados por la llamada CGT “Azopardo” (Águila, 2008). De modo que el voto directo al interior del partido adoptaba un sentido vinculado al recambio generacional de la dirigencia peronista local. De hecho, Raúl Carignano, a la sazón, presidente del PJSF, había firmado -junto a otros dirigentes de distintas provincias que se percibían en esa coyuntura como “antiverticalistas”¹²- una solicitada en el diario Clarín en la que se reclamaba una “etapa institucional” en el peronismo, “mediante el ocaso de los personalismos” y el ejercicio de la “democracia interna sin tutelas oficiales”, el mismo día del levantamiento de la veda política por parte del gobierno militar (CL, 1/7/82, citado en Aboy Carlés, 2001: 269-270).

Por otro lado, el contexto nacional en el cual se implementó por primera vez el voto directo en el PJSF fue el de la consolidación de la Renovación Peronista como corriente interna del peronismo. En efecto, cuatro meses antes de las primeras internas por voto directo en Santa Fe se había realizado el Congreso de Río Hondo (Santiago del Estero) que instituyó a la dirigencia “renovadora” a nivel nacional, en paralelo y en oposición a la representada por los “mariscales de la derrota” (Ivancich, 2004). En ese congreso, se decidió la implementación del voto directo de los afiliados, una de las demandas fundamentales de la naciente fracción renovadora (Ferrari y Mellado, 2020). Así, la implementación temprana del voto directo les sirvió a los peronistas santafesinos para disputar simbólicamente con la llamada dirigencia “renovadora” constituida en otros distritos del país como Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. A pocos días de realizarse las internas, Alberto Joaquín -del sector de Eduardo Cevallo y titular de la Dirección Provincial de Energía- decía:

“La idea de que Río Hondo es ‘la renovación’ es, a esta altura, invendible en nuestra provincia. Aquí se produjo en 1983 el trasvasamiento generacional y el partido elige autoridades en forma directa y democrática” (Alberto Joaquín, titular de la Dirección Provincial de Energía-DPE, El Sol de Rosario, 7/6/1985, en Acosta, 1987: 224).

En ese marco, el 23 de junio de 1985 los afiliados justicialistas de Santa Fe votaron por primera vez a sus autoridades partidarias. En esa ocasión se conformaron dos listas: el “Frente Peronista Río Hondo” -cuyo nombre aludía al Congreso de Río Hondo- y la lista “Solidaridad Peronista”, que resultó ganadora y colocó a Raúl Carignano en la presidencia del partido.¹³ Asimismo, en esa elección se definió quiénes serían los candidatos a integrar la lista de diputados nacionales para las elecciones legislativas del mes de noviembre (Baeza Belda, 2010; Maina, 2012).¹⁴

Nuevamente, los peronistas santafesinos votaron a sus candidatos, esta vez para seleccionar a quienes disputarían al año siguiente el cargo de gobernador, vicegobernador e intendentes. Así, en las internas del 19 de octubre de 1986 se enfrentaron dos listas: “Restauración Peronista”, autoidentificada como la lista “renovadora”, que llevaba como precandidato a gobernador a Carignano (apoyado por Carlos Grosso y Antonio Cafiero); y el “Frente para la Victoria” que impulsaba la fórmula Víctor Reviglio-Antonio Vanrell. Fue esta segunda lista, apoyada nuevamente por las 62 Organizaciones de Miguel Gómez, la que resultó ganadora por el voto directo de los afiliados, no sin impugnaciones de los resultados por parte de la fórmula derrotada (Baeza Belda, 2010; Maina, 2012).¹⁵ Según Reviglio, esta interna “fue un hecho inédito en la historia del PJ, con una participación récord de votantes (…) Se movilizaron 200.000 afiliados” (Entrevista con la autora, 2/5/2020).

2.2. La distribución “cooperativa” de cargos estatales

Como indicamos en la introducción, la organización partidaria del peronismo santafesino estuvo conducida por una coalición dirigencial integrada por referentes de distintas fracciones o líneas internas. La ausencia de un único liderazgo que aglutinara a las diversas corrientes partidarias hizo que el proceso de toma de decisiones y el control de los recursos partidarios estuviese repartido de hecho entre los distintos liderazgos que integraban la coalición. Esta estructura de conducción tomaba las decisiones referidas no solamente a la organización partidaria sino también a la conformación y marcha del gobierno. En efecto, en tanto que partido de gobierno, el PJSF proveyó de los principales cuadros a las gobernaciones peronistas entre 1983 y 1991, reproduciendo un patrón “tradicional” de integración de las agencias estatales (Scherlis, 2010) que procuraba un doble objetivo: sostener las redes de base del partido, por un lado, pero, sobre todo, mantener la cohesión interna de la organización en orden a garantizar la estabilidad gubernamental.¹⁶ La idea de que -ante la falta de un liderazgo rector- el gobierno debía estar integrado por representantes de las distintas fracciones internas, y que esa integración se debía distribuir según el peso específico de cada fracción a partir de los resultados de las elecciones partidarias, estuvo presente desde el comienzo del gobierno en 1983. Al respecto, se expresaba Luis Rubeo, uno de los integrantes de la “Cooperativa”:

“[Vernet] no había conducido ninguna línea en la provincia. Él era una expresión nueva, aun cuando sus antecedentes militantes tuviesen antigüedad; él no había sido una expresión acrisolada, un conductor de sectores que poseyera hombres alineados detrás de él. Así que (…) lo que él hizo fue expresar lo que había sido el comicio. Hombres de la lista 2 y de la lista 6 [en la composición del gabinete]” (Luis Rubeo, cit. en Acosta, 1987: 245).

A modo de ejemplo, observemos en el siguiente cuadro cómo los gabinetes (iniciales) tanto de Vernet como de Reviglio estuvieron repartidos de hecho entre los distintos sectores de la “Cooperativa”:

Cuadro N°1.

Titular del gabinete inicial (1983 y 1987) y líder/sector partidario

Fuente: elaboración propia en base a Baeza Belda, (2010), Lacher, (2015), Maina (2012) y Seminara y Acosta (1997).

Aquí se observa, en primer lugar, que todas las primeras líneas de los ministerios de ambos gobiernos pertenecían al PJ, a excepción de Rodolfo Vacchiano (ministro de Agricultura) que provenía del Partido Demócrata Cristiano. Además, es clara la distribución entre los principales referentes de la “Cooperativa” (Cevallo, Reviglio, Rubeo, Carignano, etc.). Por último, se advierte que el área laboral del gobierno (la Secretaría de Estado de Trabajo y Previsión Social) se asignaba a los sectores del sindicalismo peronista, integrantes también de la dirigencia partidaria de primera línea.¹⁸ A su vez, esta misma lógica de distribución de cargos regía para el ámbito de las empresas y de algunos organismos estatales. Por ejemplo, en 1983, tanto la empresa que gestionaba el servicio de agua potable y cloacas (la Dirección Provincial de Obras Sanitarias) como la Empresa Provincial de Energía, fueron asignadas al sector de Eduardo Cevallo (por entonces, ministro de Gobierno) bajo la dirección de Juan Carlos Triglia y Alberto Joaquín, respectivamente. De la misma manera, en el Banco Provincial de Santa Fe fue designado Jorge Domínguez, un economista del peronismo vinculado a Carignano que será intendente de Buenos Aires entre 1994 y 1996. Otro caso es el de la Lotería de la Provincia que estuvo a cargo de Mario Scallerandi, sindicalista representante de la UOM.

Esta imbricación entre la dinámica partidaria y el ámbito gubernamental (el patrón “tradicional” de integración de las agencias estatales) se manifestaba, asimismo, cuando el justicialismo santafesino se enfrentaba a resultados electorales adversos. Esto es, cuando el desempeño electoral no era el esperado por la dirigencia se producían movimientos al interior del gobierno, principalmente, a nivel de las primeras líneas ministeriales. El caso más resonante en este sentido fue la derrota del PJ en las elecciones legislativas de 1985 -que el peronismo perdió también a nivel nacional- y que supuso por parte del gobernador el pedido a todos sus ministros de “tener las renuncias a disposición”. En esa ocasión, expresó Vernet:

“Las últimas elecciones de noviembre han (…) generado una crisis dentro del justicialismo y el propio gabinete. Hay una pérdida de autoridad (…). Se trata de reordenar las funciones y en un marco donde existen presiones políticas es imposible. Para liberar presiones hay que concentrar el poder en el gobernador y tener las renuncias a disposición” (EL, 11/12/1985, en Maina, 2007: p. 10).¹⁹

En un sentido similar, se expresó también el entonces ministro de Gobierno, Eduardo Cevallo, al decir:

“El 3 de noviembre concluyó una etapa del gobierno de y para el justicialismo (…). Se abre una etapa diferente que requiere que se acuerden reglas de juego aceptadas por todos, para transitar lo más prudentemente posible estos dos años que faltan para las elecciones, tanto en lo que hace a la acción de gobierno en sí, como a las relaciones entre el Movimiento Justicialista y el gobierno” (EL, 4/1/1986, en Maina, 2007: p. 10).

Aquí nuevamente observamos que subyace una interpretación según la cual el peronismo de este distrito no contaba con un conductor indiscutido. El propio Vernet reconocía su “pérdida de autoridad” ante la evidencia -desde el punto de vista de los propios peronistas- de que él no era un “conductor de sectores que poseyera hombres alineados detrás de él”, según la cita de Luis Rubeo que reprodujimos más arriba. En efecto, el arte de la conducción es una es una cualidad valorada por los peronistas no sólo en términos prácticos sino también “morales”, es decir, como valoraciones “que se presentan como axiomáticas y que operan -predominantemente a nivel tácito- como parámetros cognitivos, dando forma a las prácticas de los actores. [Son] valoraciones naturalizadas que, desde el punto de vista de los actores, se encuentran más allá de toda discusión y que suponen tratar a ciertos objetos (comportamientos, tipos de relación, modalidades organizativas, etc.) como simultáneamente obligatorios o ineludiblemente necesarios y como buenos en sí mismos y, por tanto, deseables” (Balbi, 2014:45). La falta de un conductor exponía al Movimiento a situaciones de incertidumbre (“[se] requiere que se acuerden reglas de juego aceptadas por todos”, decía Cevallo) frente a los desafíos que planteaban coyunturas desfavorables como la de una derrota electoral. Los reacomodamientos a nivel del gabinete permitían, entonces, tramitar este tipo de situaciones inciertas ante la inexistencia (evidente, “natural”, indiscutida, para los peronistas) de un liderazgo rector.

Este esquema de distribución de cargos gubernamentales estallará en la década del noventa producto de tres factores. El primero fue la sanción de la ley de Lemas en 1990 que, al eliminar la selección de candidatos por medio de elecciones internas, otorgaba mayor autonomía al candidato ganador con respecto a la organización partidaria (de hecho, según la nueva normativa, los candidatos no estaban obligados a pertenecer formalmente al partido). El segundo factor tuvo que ver con la intervención del partido por parte de las autoridades nacionales entre 1991 y 1993, situación que paralizó formalmente y de hecho la dinámica organizacional. Y tercero, la emergencia del liderazgo de Carlos Reutemann que -por su estilo representativo y de gobierno- prescindió de este tipo de compromiso para con los dirigentes peronistas y distribuyó su gabinete en base a otros criterios como la confianza personal o la expertise técnica (Lascurain, 2018).

3. Faccionalismo, crisis de gobierno y nuevas reglas electorales: el fin de la “Cooperativa” (diciembre de 1988-junio de 1991)

Este delicado equilibrio que los dirigentes del PJSF habían logrado mantener ante la ausencia de un conductor empezó a quebrarse hacia el final de la década. A fines de 1988, el gobernador Reviglio fue electo presidente del partido por el voto de los afiliados. Pero ese intento de concentrar en su persona el gobierno del Estado provincial y del partido no se tradujo en una conducción real de la fuerza. A pocos meses de la elección, comenzó a ser cuestionado por los mismos dirigentes que lo habían apoyado. Así, las autoridades oficiales del peronismo local comenzaron a ser nombradas de manera peyorativa como “la Cooperativa de seis o siete dirigentes que ordenan cuotas de poder” (Enrique Vallejos, diputado nacional, EL, 12/12/1989), y sus prácticas como las de “las viejas cooperativas políticas [que] ac[uerd]an candidatos a espaldas de la gente” (Jorge Obeid, intendente de la ciudad de Santa Fe, EL, 16/6/1991). A continuación, analizamos este proceso de creciente deslegitimación de las principales figuras del partido/gobierno frente a sus propios compañeros y de las prácticas que hasta ese momento habían ordenado las relaciones internas de la fuerza.

3.1. “El que pierde no acompaña”. El límite de las internas partidarias y la sanción de un nuevo régimen electoral

El procedimiento de las elecciones internas a través del voto directo de los afiliados empezó a entrar en crisis como mecanismo legítimo ordenador de las relaciones inter-fuerza en la segunda mitad del mandato de Reviglio. La primera ocasión en la que el resultado de las internas no tuvo el efecto de “encuadrar” (según la terminología peronista) a los distintos liderazgos detrás del ganador de la contienda fue ante la necesidad de seleccionar candidatos para integrar la lista de diputados nacionales y nuevas autoridades partidarias. El 11 de diciembre de 1988 la lista del gobernador -“Unidad y Federalismo”- resultó ganadora entre otras cinco, colocando a Reviglio como presidente del partido y consagrando a Raúl Carignano, Gualberto Venesia, Gerardo Cabrera, Oscar Lamberto y Ovidio Calleja como candidatos a diputados nacionales. La lista n° 7 ganó con el 60% de los votos y contó con el apoyo de gran parte de los referentes del justicialismo local (LC, 12/12/1988). Con este nivel de apoyo, quienes resultaron victoriosos esperaban que se iniciara a partir de allí “una nueva etapa” en la cual la estructura partidaria funcionara de manera más cohesionada (o “encuadrada”) alrededor de quien reunía en su persona el gobierno del Estado y del partido. En este sentido, los voceros de Reviglio afirmaban:

“A partir de aquí se inicia una nueva etapa, en la cual el partido trabajará en paralelo con el gobierno provincial. Urge terminar con un modelo de partido que, al convertirse en una fuente alternativa de poder, siempre culmina presionando al gobierno provincial” (LC, 12/12/1988).²⁰

Sin embargo, la expectativa de haber encontrado, por fin, una conducción tuvo corto alcance. La autoridad de Reviglio -que asumió la presidencia del PJSF el 28 julio de 1989- empezó a ser cuestionada por quienes unos meses antes lo habían acompañado en la interna. En efecto, los días previos a asumir su cargo aseguró que “hubo gente que boicoteó” la realización del congreso partidario en el que se debían definir tres cuestiones fundamentales: la eliminación de la incompatibilidad entre el cargo de gobernador y el de presidente del partido, la asunción de los nuevos congresales y la reforma de la carta orgánica en torno a una serie de puntos atinentes a la vida interna de la organización (LC, 24 y 25/7/1989). Por cierto, la victoria presidencial de Carlos Menem el 14 de mayo (luego del gobierno de un presidente radical y de la derrota inédita del peronismo en elecciones libres y sin proscripción en 1983) redefinió de manera contundente los posicionamientos al interior del peronismo santafesino. Varios de los dirigentes que habían apoyado a Reviglio en la interna provincial (como Carignano y Lamberto) y previamente a Cafiero en la interna presidencial del 9 de julio de 1988 -en sintonía con la postura del gobernador- viraron, luego, su acompañamiento hacia la figura de Menem.²¹ En consecuencia, la valoración no sólo práctica sino también moral o axiomática que tienen los peronistas de la figura del conductor (a la que nos referimos más arriba) hizo que, en esta ocasión, la distribución de fuerzas que había resultado de las elecciones internas se reordenara y cambiara su dirección en favor de la figura del nuevo líder nacional del justicialismo, el presidente de la nación.

Casi un año después de aquellas elecciones internas, el sistema volvió a ser fuertemente cuestionado, al punto de generar una profunda discusión entre los peronistas del distrito acerca de su validez como mecanismo ordenador de las disputas. El 26 de noviembre de 1989 se realizaron elecciones municipales (extraordinarias) en las dos ciudades más importantes de la provincia: Rosario y Santa Fe. El peronismo perdió la contienda electoral en ambos distritos, lo que llevó a un replanteo del método de selección de los candidatos. En el caso de la ciudad de Rosario (donde el intendente radical Horacio Usandizaga había renunciado a su cargo por propia voluntad) el PJ perdió por un escaso margen de votos frente al Partido Socialista Popular (PSP), un partido minoritario que empezaría a crecer a partir del manejo de los recursos del municipio más importante de la provincia. La magra diferencia de votos entre las dos primeras fuerzas (37,9% del PSP contra 36,5% del PJ, cada uno con sus respectivas alianzas) provocó una fuerte discusión al interior del peronismo porque se sospechaba que algunos dirigentes que habían perdido la elección interna ordenaron votar por el candidato socialista, Héctor Cavallero. Esa sospecha llevó al Tribunal de Disciplina del partido a evaluar sancionar al precandidato perdedor en la interna, Gualberto Venesia, y a algunos otros dirigentes (EL, 2/12/1989). El candidato peronista que ganó la interna pero que fue derrotado en la elección general, Alberto Joaquín, sentenció: “algunos compañeros a pesar de que perdieron la interna, no aceptaron que habían perdido y trabajaron para Cavallero” (LC, 28/11/1989).²² Por su parte, en el caso de la ciudad de Santa Fe, la elección debía erigir un nuevo intendente en reemplazo de Carlos Martínez, un peronista que renunció al ser acusado de cometer una serie de irregularidades en la administración del municipio (LC, 26/7/1989). Si bien aquí la victoria del Partido Demócrata Progresista (PDP) fue contundente (59,51% contra 26,93% del PJ) en virtud del desprestigio que enfrentaba el gobierno municipal, también circulaba la idea de que eran las elecciones internas las que generaban candidatos no representativos hacia el conjunto de la sociedad. En este sentido, algunos dirigentes afirmaban que quienes habían perdido las elecciones en ambos distritos “no [habían sido] los candidatos de los afiliados, ni de la sociedad, sino el producto de las internas” (EL, 7/12/1989).

Las “internas”, entonces, comenzaron a ser vistas como un mecanismo oscuro, promotor de luchas facciosas²³ por cargos y candidaturas. Pero además, y como aspecto central de la concepción peronista de la política, se vislumbraba que el sistema horadaba las posibilidades electorales de la fuerza; esto es que no era eficaz desde el punto de vista de sus resultados porque “el que perdía ya no acompañaba”. Así lo expresaba el dirigente Raúl Carignano:

“La realidad demuestra que las internas, tal como se hacen ahora, no sirven (…) Yo creo que se ha desvirtuado el propósito de las elecciones internas en los partidos, es decir, que aquél que gane pueda ser candidato y el que pierda lo acompañe (…) El justicialismo de la provincia de Santa Fe está deteriorado” (Raúl Carginano, EL, 20/12/1989).

La convicción de que las internas no generaban “unidad de acción” y que, por lo tanto, obstaculizaban el éxito electoral del partido, llevó a que los peronistas santafesinos buscaran modificar el sistema de selección de sus candidatos. Fue en este punto en el que coincidieron los múltiples referentes de la organización pues, en efecto, todos compartían la misma concepción sobre la política. Es decir, que el justicialismo santafesino no tenía un conductor y que, por lo tanto, carecía de “unidad de ideas y de acción”, cuestión que configuraba una estructura partidaria extremadamente fragmentada que se volvía ineficaz en la práctica. De ahí el pensamiento de que las internas habían perdido su instrumentalidad (“las internas no sirven”, decía Carignano) y de que debían encontrarse otros mecanismos que le permitieran a la organización recuperar su efectividad, esto es, lograr cierto encuadramiento de sus distintas líneas internas y ganar las siguientes elecciones.

En base a este diagnóstico, las autoridades oficiales del PJSF -con Reviglio a la cabeza- impulsaron hacia el interior del partido la discusión sobre la necesidad de modificar el régimen electoral de la provincia. Entre las opciones, se barajaron dos: mutar hacia un sistema de elecciones internas “abiertas”, o hacia el mecanismo de Doble Voto Simultáneo y Acumulativo, más conocido como “ley de Lemas” (EL, 18/9/1990).²⁴ Finalmente, fue este segundo sistema el que cobró mayor apoyo entre la dirigencia.²⁵ Desde el punto de vista de quienes lo impulsaban, se consideraba que el régimen de lemas le permitiría a la fuerza sumar -en el conteo total- los votos de todas las líneas partidarias, sin recurrir a la instancia de las elecciones internas y lograr, así, la unicidad necesaria para ganar las elecciones.²⁶

Un año después de ese debate interno, el peronismo se hizo nuevamente con la gobernación de la provincia. El 8 de septiembre de 1991, el PJ ganó las elecciones bajo el nuevo sistema electoral.²⁷ En esa ocasión, Reviglio reeditaba la idea de que la ley de Lemas había permitido “encolumnar” (esto es, “encuadrar”) a los miles de afiliados peronistas detrás de una única etiqueta partidaria (el FREJUPO, tal como se denominó el Lema peronista) y así evitar la partición de la fuerza en distintos frentes electorales. Los aspectos principales sobre el rol de la estructura partidaria y la necesidad de lograr unidad de acción ante la falta de un líder volvían a aparecer en el discurso dirigencial. Decía el gobernador en una entrevista en la prensa local:

“Nuestro mérito es haber sacado la ley de Lemas, por habernos dado cuenta de que no era posible enfrentar con éxito una elección provincial eligiendo los candidatos del PJ mediante comicios internos. No se hubieran encolumnado los 500.000 afiliados que tiene el peronismo. Además, evitamos los frentes de izquierda y de derecha por afuera (…) Yo puse todo mi empeño para que todas las expresiones tuvieran cabida en el marco de los sublemas” (Víctor Reviglio, EL, 10/9/1991).

3.2. “El movimiento genera sus anticuerpos”. Destitución del vicegobernador e intento de intervención federal como modo de resolución de las disputas

El periodo que medió entre las elecciones municipales de 1989 y la victoria final del peronismo a la gobernación en 1991 estuvo atravesado, empero, por fuertes turbulencias. El faccionalismo desatado a partir de la derrota en aquellas elecciones locales desbordó hacia la dinámica gubernamental: los peronistas opositores al oficialismo partidario (representado, principalmente, por el gobernador y presidente del PJSF, Reviglio) impulsaron en los meses posteriores -y de manera simultánea- una serie de iniciativas destinadas a confrontar abierta y directamente con aquel. Una de las maniobras consistió en el intento de provocar una intervención federal en la provincia. Esta iniciativa -que no resultó efectiva- estuvo motorizada por legisladores y funcionarios justicialistas santafesinos con cargos en el nivel nacional. Entre ellos, se encontraban Carignano, Cevallo (funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional), Danti Aranda, Lamberto y Gurdulich (legisladores nacionales), los mismos que -como describimos en el apartado anterior- habían apoyado a Reviglio en la disputa por la presidencia del partido y seis meses después “boicotearon” su asunción como tal. La idea de que la provincia carecía de una “conducción” aparecía como un argumento relevante en la justificación del impulso de esta acción. Carignano, por ejemplo, declaraba ante la prensa local:

“Solamente [la] obstinada soberbia [de Reviglio] le impide percibir la dramática realidad de nuestra provincia (…) El fantasma de la intervención (…) es la consecuencia natural de su incapacidad para conducir los destinos de la provincia” (EL, 12/4/1990).

Este mismo grupo de dirigentes promovieron, luego del fracaso del intento de intervención federal, la destitución misma del gobernador mediante el procedimiento del juicio político en la Legislatura provincial. Las acusaciones fueron múltiples: “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, “falta de remisión en tiempo y forma del presupuesto”, “los casos puntuales de corrupción”, etc. (EL, 4/10/1990). Sin embargo, esta iniciativa tampoco prosperó.

Una tercera maniobra que sí logró efectivizarse y que tuvo, además, un gran impacto institucional, fue la destitución del vicegobernador, Antonio Vanrell. Esta iniciativa fue protagonizada por dirigentes peronistas con cargos en el nivel provincial, puntualmente, diputados y senadores. Frente a la constatación de la existencia de cuantiosas partidas sin autorización ni comprobantes que acreditaran las erogaciones que se realizaban desde la Cámara, al frente de la cual se encontraba Vanrell, los propios senadores del PJ (junto a un senador radical) conformaron -en una primera instancia- una comisión investigadora de dichas irregularidades.²⁸ El trabajo de la comisión llevó, primero, a la separación del vicegobernador de las funciones de manejo de presupuesto de la Cámara Alta (EL, 30/3/1990), luego a su suspensión como presidente del cuerpo y, por último, a su destitución mediante juicio político el 29 de junio de 1990 (EL, 29/6/1990).²⁹

¿Cómo justificaron los dirigentes peronistas santafesinos el impulso de la destitución de sus propios “compañeros” de los máximos cargos de gobierno y el intento de intervención federal de la provincia? ¿Qué concepción sobre la política y sobre la organización del peronismo subyacía a estas posibles vías de acción política? Luis Ghezzi, diputado provincial del bloque peronista opositor³⁰, declaraba en la prensa local:

“Todo el sacrificio de la gente [en alusión a las medidas de Emergencia Económica] fue para pagar ñoquis, asesores, gastos desmedidos (…) Si no renovamos esta dirigencia, el justicialismo pasará muy malos momentos (…) Como decía el General Perón, el movimiento generará sus propios anticuerpos para echar a los fariseos del templo” (Luis Ghezzi, EL, 20/9/1990).

En un sentido similar se expresaba el senador nacional Luis Rubeo, al aludir expresamente a la estructura partidaria del PJSF:

“Nuestra fuerza política (…) mantiene intacta todas sus estructuras orgánicas (…) con autoridades legalmente constituidas y en pleno ejercicio de sus respectivas funciones. Prueba de ello es su evidente capacidad de practicar una acción de profilaxis política, separando de su seno a aquellas personas que no han honrado las designaciones con las que se los ha distinguido, como en el caso de Vanrell” (Luis Rubeo, EL, 24/6/1990).

Estas declaraciones remitían, en efecto, a la metáfora organicista elaborada por Perón según la cual el movimiento peronista es como un “organismo fisiológico” que genera sus propias “autodefensas” o “anticuerpos”, eliminando de él a los integrantes que atentan contra su conservación.³¹ Decía Perón:

«El Movimiento Peronista ha sido creado y conducido en forma de desarrollar sus propias autodefensas. En esto hay una tremenda similitud entre el organismo fisiológico y el organismo institucional (…) Ahora, ¿cómo se generan las autodefensas? El protector de ella es el microbio, germen patógeno que entra al organismo, que a su vez genera sus propios anticuerpos (…) Son estos anticuerpos las autodefensas del organismo. En lo institucional pasa lo mismo: cuando el Movimiento Justicialista fue creado, yo me persuadí de esta necesidad y de esta verdad, y dejé actuar al Movimiento con la mayor libertad posible. Cada uno hizo lo que quiso dentro de él. Claro que eso dio lugar a que aparecieran algunos de los que se denomina traidores en política o tránsfugas, como los llaman otros. Pero, ¿qué son los tránsfugas? o ¿qué son los traidores dentro del organismo institucional de la política? Y, son los microbios, y generan las autodefensas que ya se han producido dentro del Movimiento. Es decir, el Movimiento se defiende de por sí, porque los movimientos o los partidos políticos o las organizaciones que no tienen sus autodefensas desaparecen (…)» (Juan Domingo Perón. Entrevista de Pino Solanas y Octavio Getino, Revista Crisis, 1974).

El movimiento o el partido son capaces, desde la concepción peronista, de “autodefenderse” de aquello que contraría su desarrollo o conservación. En este sentido, si es identificado por parte de sus integrantes la existencia de algún “traidor”³² o persona “deshonrosa”, es legítimo que los propios miembros del movimiento la expulsen de él. Bajo este principio, que constituye una orientación no sólo del pensamiento sino también una orientación moral sobre lo que es bueno y deseable para la organización, los dirigentes del justicialismo santafesino tramitaban sus disputas en un contexto de relaciones internas signado por un alto grado de faccionalismo y por una crisis de legitimidad de las prácticas que habían ordenado dichas relaciones desde el retorno de la democracia.

3.3. El último congreso y la intervención del PJSF

Pese a la desactivación del sistema de internas cerradas que produjo la sanción de la ley de Lemas y al fuerte descrédito que experimentó la figura de Reviglio luego de la destitución del vicegobernador, un último acontecimiento buscó restituir una praxis partidaria que estaba llegando a su fin. Nos referimos al último congreso partidario que intentó ordenar los múltiples intereses cruzados de una organización aún sin una conducción unificada.

El sistema de Lemas no abarcaba la selección de un tipo de cargo: las candidaturas a diputados nacionales, que seguían rigiéndose por el régimen anterior. Así, la lista de candidatos debía definirse o por medio de elecciones internas o a través de un acuerdo de unidad partidario. Con ese propósito, Reviglio convocó a un congreso en la ciudad de Santa Fe para el 15 de junio de 1991 donde se debía elegir por consenso la lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones del 27 de octubre. En la reunión, que contó con la concurrencia de algo más de la mitad de los congresales del PJSF (341 sobre un total de 547), se decidió postergar los mandatos de las autoridades partidarias y se presentaron dos listas de precandidatos (EL, 16/6/1991).³³ Una lista, encabezada por el propio Reviglio, a quien le seguían Héctor García Solá (del Movimiento de Integración y Desarrollo), Jorge Albertengo (dirigente peronista del sur provincial), Miguel Blanco (de la UOM) y algunos de los diputados provinciales del bloque oficialista. Al frente de la otra lista se encontraba Evaristo Monti, un periodista rosarino de origen desarrollista y dueño de la emisora radial LT3, a quien secundaban los sectores de Rubén Cardozo (SMATA), Luis Rubeo (Sindicato de la Carne), Gualberto Venesia y Oscar Barrionuevo (Obras Sanitarias). Sin embargo, ninguna de las nóminas obtuvo la adhesión de los dos tercios de los presentes, número necesario según las normas partidarias para imponer una lista. El congreso se vio entonces suspendido y se dispuso un cronograma de elecciones internas directas.

A la semana siguiente, el Consejo Nacional Justicialista decidió la intervención del PJSF. La pretensión de Reviglio de posicionarse en el primer lugar de una posible lista de candidatos a diputados nacionales aglutinó a los sectores del peronismo local enfrentados a su figura y a las autoridades nacionales del partido detrás de la decisión de intervenir el distrito.³⁴ Su imagen desgastada por los avatares de la gestión gubernamental³⁵ y por la incapacidad de terciar y conducir la conflictividad interna del peronismo provincial, dio motivo al presidente de la nación para intervenir en la disputa local y evitar, así, un posible revés electoral.³⁶ Unos meses antes, Saturnino Danti Aranda, diputado nacional por Santa Fe alineado con Menem, expresaba con contundencia cuál era el nuevo papel que le tocaba ocupar a la estructura partidaria local:

“El presidente está persuadido de que hay una nueva realidad en el país, más relacionada con el perfil de los hombres que con el de los partidos. En este caso es que no es tan importante la estructura del partido como el candidato [y] los buenos administradores exitosos en sus tareas (…) En Santa Fe, el partido tiene la misma imagen que el gobernador y a partir de allí el partido está tan invalidado como el gobernador” (Saturnino Danti Aranda, EL, 23/1/1991).

La estructura partidaria pasó a adoptar un nuevo rol bajo las nuevas condiciones políticas. En el pasado, ante la ausencia de un conductor tanto a nivel provincial como nacional, la realización de elecciones internas y congresos partidarios se veía como una manera posible y legítima de ordenar las relaciones internas de la organización. Una vez establecido el liderazgo menemista como conductor indiscutido del peronismo (Levitsky, 2005), los peronistas santafesinos enfrentados al oficialismo partidario asumían como necesario adoptar una estrategia diferente, esto es, cancelar la actividad partidaria por medio de la intervención y ordenar (“conducir”, “disciplinar”, “encuadrar”), así, la dinámica organizacional bajo la nueva conducción de aquél.³⁷

La cúpula desplazada reaccionó convocando a un nuevo congreso para modificar el calendario electoral y adecuarlo a los requerimientos de las autoridades nacionales (EL, 23/6/91). Sin embargo, la pérdida de autoridad del presidente del partido y el estado de dispersión de las distintas líneas internas en el contexto del cierre de candidaturas para la elección de gobernador del 6 de septiembre (el peronismo había presentado 18 de los 28 sublemas provinciales con candidatos a gobernador) le impidió al oficialismo desplazado revertir la estrategia de la intervención. Se abría, entonces, un nuevo periodo en la vida del PJSF que transitaría hacia la constitución de una nueva cúpula partidaria convocada en torno de la figura del futuro gobernador y conductor del peronismo santafesino (Carlos Reutemann), y hacia el despliegue de nuevas modalidades de ejercicio y distribución del poder partidario.

4. Reflexiones finales

¿Por qué los dirigentes peronistas de la provincia de Santa Fe valoraron positivamente durante varios años realizar elecciones internas directas para elegir sus candidatos a cargos partidarios y generales y, luego, decidieron virar hacia otro sistema que anulaba ese mecanismo? ¿Por qué recurrieron regularmente a la realización de congresos partidarios para, años después, desestimar dicho instituto y promover, incluso, la intervención del partido y el cese de la actividad partidaria? ¿Cómo fue que acordaron la distribución de los más altos cargos de gobierno entre las distintas fracciones partidarias y, tiempo más tarde, buscaron -con éxito- destituir al vicegobernador e intentaron, también, hacer renunciar al gobernador o promover la intervención de la provincia? ¿Qué los movió a seleccionar ciertos candidatos a los cargos a quienes, un tiempo después, les quitaron su apoyo?

En este artículo nos propusimos indagar y comprender la praxis político-partidaria de los dirigentes peronistas santafesinos tomando como punto de partida metodológico la perspectiva de los actores. Sirviéndonos de algunos elementos analíticos brindados por la antropología política (en particular, de la propuesta de Fernando Balbi [2014]), analizamos las prácticas partidarias de esta dirigencia entre 1983 y 1991 en función del modo como los peronistas de este distrito entendían y actuaban la política. Específicamente, recuperamos dos elementos centrales de lo que este autor denomina la “concepción peronista de la política” (Balbi, 2014) y que orientaban la práctica de los actores, esto es, la noción de “conducción” y el lugar que los peronistas le dan a las estructuras partidarias formales.

Así arribamos, en primer lugar, a la evidencia de que más allá de las modalidades cambiantes de la práctica partidaria de estos dirigentes y de su posicionamiento particular en los distintos contextos de disputas, los guiaba una misma concepción sobre dicha práctica, sustentada en la idea de que el PJSF carecía de una “conducción”. En efecto, los distintos líderes de sector reconocían por encima de sus intereses inmediatos que ninguno de ellos lograba posicionarse por encima de los demás. Esta distribución empatada del poder los llevó a tramitar sus disputas a través de tres mecanismos, a saber: la realización de elecciones directas para designar candidatos, la convocatoria a congresos partidarios para dirimir los asuntos organizacionales más importantes y la distribución más o menos equitativa de las distintas áreas gubernamentales entre los diferentes sectores internos.

En segundo lugar, advertimos que, una vez que el delicado equilibrio de fuerza entre los integrantes de la “Cooperativa santafesina” se quebró, las prácticas partidarias mutaron hacia otras de nuevo tipo. Los candidatos pasaron a seleccionarse a través del sistema de Lemas -sin “internas”-; las estructuras formales del PJSF quedaron desactivadas por dos años desde que las autoridades nacionales del partido las intervinieron; y la práctica “cooperativa” entre los distintos líderes operada en el nivel del gobierno provincial se vio alterada a partir de que los mismos dirigentes peronistas promovieron la destitución de los propios “compañeros” que ocupaban las más altas posiciones institucionales (el gobernador y el vice, como los ejemplos más sobresalientes). Sin embargo, el cambio hacia otro tipo de prácticas consideradas legítimas observado después de 1989 estuvo guiado por aquella misma concepción sobre la praxis política, es decir, la necesidad de que la organización se diera a sí misma un conductor y de buscar, en ese marco, los mecanismos que le posibilitaran al peronismo local afrontar con éxito las elecciones del año 1991.

La indagación, por lo tanto, nos permitió conocer que la práctica cambiante de los peronistas de este distrito con respecto a la organización partidaria y a las reglas de la competencia electoral estuvo guiada por ideas muy concretas y claras que remitían al acervo de orientaciones morales y del pensamiento que estos dirigentes conservaban por pertenecer (y sentir que pertenecían) a una historia, una tradición y una comunidad vinculada con el “movimiento”, el “partido” o la “organización” peronistas. Con este objetivo, buscamos evitar caer en análisis reduccionistas muy habituales en los estudios sobre el peronismo que vinculan, por ejemplo, el pragmatismo de estos políticos a una mera “lógica de conseguir, acumular y preservar el poder” (Macor e Iglesias, 1997: 11). Aquellas ideas, sostuvimos, tenían que ver con la convicción sobre la necesidad de encontrar una conducción y con la instrumentalidad de la estructura partidaria -y de los institutos vinculados a ella, como las elecciones internas, los congresos partidarios, la intervención, la expulsión de los miembros juzgados como “traidores” o “corruptos”, etc.- al servicio de la unidad de la fuerza en un escenario de particular incertidumbre interna como era el de la falta de un conductor mientras el PJSF, además, gobernaba la provincia. De ahí la “flexibilidad” y la “amplitud” de la organización durante el momento “cooperativo”, la necesidad de generar su “encuadramiento” a través del sistema de Lemas luego de que las internas ya no sirvieran a dicho propósito, y la pretensión de controlarla y disciplinarla mediante la intervención del partido por parte del presidente Menem hasta que surgiera un conductor político local.

Agradecimientos

Agradezco especialmente la lectura y comentarios a versiones preliminares de este trabajo del Dr. Hugo Ramos y el Lic. Mariano Vaschetto, y las sugerencias teóricas de la Dra. Mariana Garzón Rogé.

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Notas