SUMARIO

1. Introducción 2. Notas metodológicas; 3. Organización comunitaria en pandemia: restituir historias y actuar desde experiencias; 4. Rutinas organizativas, diferenciación y tensiones; 5. Demandar, estabilizar y desafiar vínculos con el Estado; 6. A modo de cierre; 7. Bibliografía

1. Introducción

El sábado 6 de julio de 2024 la ciudad de Buenos Aires amaneció gélida. Bajo los tenues rayos de sol, que se filtraban a través de las nubes y se proyectaban sobre sus calles, extensas hileras humanas, marcadas por la pobreza, esperaban por raciones de alimento que proveen instituciones religiosas, movimientos sociales, organizaciones comunitarias, fundaciones o entidades no gubernamentales. Estas prácticas rutinarias vinculadas con la asistencia alimentaria en un contexto de elevados índices de pobreza y desigualdad social,¹ serían, ese mismo día, materia de debate y análisis en un conversatorio titulado “El rol de las universidades en contextos de crisis. El hambre no espera", que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires organizaba en una sede próxima a la villa de emergencia más densamente poblada de la ciudad.

Las autoridades universitarias, tras las palabras de bienvenida, establecieron el marco de la conversación en torno a la emergencia alimentaria, la situación de hambre que padecen distintos sectores de la población, especialmente en barrios populares, y el rol de la universidad en la construcción de conocimiento sobre esta problemática que compromete la vida. A su turno se expresaron representantes de distintos movimientos sociales, como el movimiento de desocupados y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, líderes de organizaciones comunitarias y el párroco de la zona quien integra el equipo de sacerdotes de barrios populares y villas de la Argentina.

El conversatorio se inscribe en una disputa más amplia que ganó fuerza cuando el nuevo gobierno nacional suspendió la entrega sistemática de 6 millones de kilos de alimentos a comedores populares aduciendo cambios en la gestión de este tipo de provisiones. Además, el Ministerio de Capital Humano dispuso la consecución de “auditorías presenciales” a través de visitas a dichos comedores para constatar su existencia, la cantidad de personas que asisten y la veracidad de los comprobantes de rendición de cuentas sobre bienes dispensados por el gobierno. Estas auditorías se convirtieron en una herramienta central en el combate que el nuevo gobierno entabló contra organizaciones y movimientos sociales, fundamentalmente piqueteros y de la economía popular, que históricamente asumieron la intermediación de la asistencia social entre el gobierno y los sectores sociales empobrecidos para asegurar condiciones mínimas de reproducción social. Algunas de esas visitas tomaron la forma de allanamientos con una alta dosis de espectáculo en redes sociales y medios de comunicación, instaurando sospechas sobre quienes sostienen comedores comunitarios, especialmente mujeres, bajo acusaciones de robo y comercialización de los alimentos provistos por el Estado.

Como respuesta a la falta de alimentos en comedores populares, el 1 de febrero distintas organizaciones se movilizaron hacia la sede del mencionado Ministerio, allí salió a su encuentro la titular de esa cartera, quien anunció que recibiría de una persona por vez a la “gente con hambre”, pero no así a quienes se presentaban como referentes de organizaciones sociales, cuestionando con ello el vínculo de representación e intermediación social y política. En contestación, el 5 de febrero se desarrolla una nueva protesta que los medios de comunicación denominan como “Fila del hambre” o “Fila de la Pobreza”, ya que las personas se colocaron en fila a la espera de ser atendidos por la Ministra. Esta contienda se prolonga hasta el presente y ha adoptado distintos formatos de protesta tales como el “Ollazo Nacional por la Emergencia Alimentaria”, “Ollas Vacías”, “Carretillazo” -transporte en carretilla de las planillas a través de las cuales se había rendido cuenta de los alimentos recibidos durante los últimos años-, y convocatorias frente a grandes cadenas de supermercados para solicitar la donación de alimentos. Como parte de las iniciativas colectivas, el Movimiento de Trabajadores Excluidos interpuso un amparo colectivo en la Justicia Federal para que se reanude con carácter de urgencia la entrega de alimentos a comedores populares.

El pedido de alimentos suele apelar a normas y costumbres inscriptas en una relación histórica de los sectores populares con el Estado en el Gran Buenos Aires, puntualmente, los gobiernos democráticos durante los últimos cuarenta años han implementado políticas de asistencia alimentaria a familias en situación de vulnerabilidad social e indigencia (Manzano, 2013). Desde ese marco histórico de relaciones, la Justicia Federal se expide sobre el pedido de amparo del Movimiento de Trabajadores Excluidos y ordena al Ministerio de Capital Humano la restitución inmediata del reparto de alimentos, especialmente cuando se constató que productos a punto de caducar se almacenaban en depósitos gubernamentales. El fallo judicial se sustentó en recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) acerca de la centralidad de las redes comunitarias para la seguridad alimentaria y en estadísticas sobre los alarmantes niveles de pobreza que afectan sensiblemente a niños, niñas y adolescentes.

La Iglesia Católica también asumió un papel preponderante en este campo de disputa, instando a recapacitar a autoridades gubernamentales, políticos, formadores de opinión, empresarios y a la población en general frente a la crisis alimentaria. Además, propuso reconocer la labor vital que desarrollan “las madres” que atienden comedores comunitarios para demarcar “la última frontera ante el avance del narcotráfico en barrios populares”. El 19 de junio, con motivo de la celebración del Día de la Bandera, el Obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina ofició una ceremonia religiosa en una villa de emergencia del distrito de La Matanza donde bendijo alimentos y reconoció a las mujeres como “Madres de la Patria” y abanderadas de sus barrios. Este acto de reconocimiento se transformó en un acto de desagravio con respecto a las acusaciones de robo y venta de alimentos que el gobierno vertió sobre quienes sostienen comedores comunitarios en su combate contra movimientos sociales. Durante el conversatorio en la universidad, Norma, una lideresa de la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular, recordaba con emoción la celebración religiosa que las erige como “madres” y “abanderadas de la patria”. Con firmeza enfatiza: “nosotras no solo revolvemos la olla” para aludir a dimensiones integrales de su labor como son la contención y la producción de conocimiento sobre la situación que atraviesan sus vecinas y vecinos.

En el transcurso del conversatorio se formuló un interrogante que ya se había hecho público a través de un documento del equipo de sacerdotes de barrios populares y villas con el cual convocaban a las celebraciones religiosas para reconocer a las mujeres que dan vida a los comedores comunitarios: “¿Qué nos pasó que pasamos de ensalzarlas en la pandemia a humillarlas ahora?”. Esta pregunta, lejos de ser banal, simplemente retórica o exclusivamente inspirada en una ética religiosa, se plantea en el marco de un proceso de disputa con autoridades gubernamentales para indicar una contradicción e inaugurar un campo reflexivo acerca de las características que asumen las dinámicas políticas en la sociedad argentina y particularmente, entre los sectores populares. Se trata de un interrogante que con diversos matices se retoma en debates académicos, en tanto que desde el epicentro de la pandemia y hasta el presente los estudios vienen indicando, por un lado, la vitalización y fortaleza de las organizaciones comunitarias entre los sectores populares para hacer frente a la crisis, por el otro, como esa misma crisis trae a la superficie una sensibilidad social de masas que reivindica la superioridad moral de aquellos que sobreviven en el mercado sin depender de la asistencia del Estado ni de organizaciones colectivas o gremiales.

Un acuerdo ciertamente generalizado en los estudios de ciencias sociales es aquel que destaca la importancia que asumieron las organizaciones comunitarias en barrios populares para contener la crisis y producir nuevos vínculos sociales de cuidado frente a la emergencia de la pandemia por COVID 19. Desde diversas perspectivas que van del feminismo a la economía social pasando por la epidemiología crítica, cada una de las investigaciones ha realizado aportes singulares sobre las características del cuidado comunitario. El grueso de estos estudios muestra la centralidad de mujeres, muchas de ellas migrantes, en las tareas cotidianas de sostenimiento de la salud y de la vida en un contexto de profundización de la desigualdad social y urbana (Fournier, 2020; Gavazzo y Nejamkis, 2021; Fernández Bouzo y Tobías, 2020). Otros indagaron las prácticas, tácticas y redes de cuidados de las organizaciones sociocomunitarias enmarcadas en la economía popular, para señalar que conforman una trama de cuidados colectivos y resolución de la vida basada en el entrelazamiento de redes políticoterritoriales y político-institucionales, con objeto de lograr la contención mediante la provisión de alimento y el sostenimiento socioafectivo (Señorans, Fernández Álvarez y Pacífico, 2020; Roig y Blanco Esmoris, 2022).

En paralelo al registro de la vitalidad de las redes comunitarias, otros relevamientos advertían los efectos de dislocamiento de la pandemia sobre las subjetividades de las juventudes de sectores populares así como la emergencia de un “temperamento juvenil” crítico de la política, la economía y el “estado del Estado” (Semán y Welschinger, 2023b). Esas exploraciones dieron lugar a estudios en profundidad que permitieron delinear características nodales de una experiencia vital que, sin ceñirse exclusivamente a la juventud, despliega una sensibilidad social de masas que se expresa públicamente cuando es interpelada por las propuestas de una derecha popular y radical que encabeza Javier Milei del partido La Libertad Avanza (LLA).² El emprendedor como figura económica y moral se forja articuladamente con una ideología práctica que estos autores definen como “mejorismo”. Se trata de una sensibilidad que reivindica la superioridad moral de aquellos que sobreviven en el mercado sin depender de un salario público o de ingresos, subvenciones o transferencias provistas por el Estado (Semán y Welschinger, 2023a). La figura del emprendedor exalta el rendimiento económico del sujeto, lo cual se vuelve posible mediante la optimización del yo medible en la eficacia laboral y en dimensiones físicas, psicológicas, estéticas y emocionales. Esta experiencia generalizada se elabora como crítica a las regulaciones económicas, al Estado como agente impositivo y como proveedor de servicios - fundamentalmente educativos y sanitarios- y a los partidos políticos. La autonomía personal y el emprendedurismo se conciben como las vías exclusivas para alcanzar la superación a través del esfuerzo personal; por lo tanto, los derechos no se reconocen ni ejercen por efecto de su universalización, ni nacen de la necesidad, sino que se corresponden con el mérito y el esfuerzo personal (Semán, 2023; Semán y Welschinger, 2023a). Este posicionamiento conlleva una teoría práctica sobre el ordenamiento de la sociedad que postula que los emprendedores (desde repartidores de plataforma hasta empresarios innovadores) experimentan el antagonismo con quienes viven de los subsidios y con quienes son vistos como élites corruptas de gremialistas, políticos y sectores empresarios (Manzano, Ferraudi Curto y D’Amico, 2023). Así, el despliegue de una concepción del mundo centrada en la economía, en la visión de uno mismo y los otros como unidades productivas, produce subjetividades que operan como estructura de acogida de los discursos libertarios (Semán, 2023).

Ahora bien, estos mismos estudios sostienen que aquellos que definen como “mejoristas” no se perciben a sí mismos como átomos, en tanto que sus vidas se sostienen en un encadenamiento de esfuerzos, apoyos y obligaciones familiares de variada configuración, antes que en la figura abstracta del individuo calculador y racional. Este aspecto resulta clave para evitar la tentación de contraponer la imagen romántica e idealizada del individualismo frente al comunitarismo (Semán, 2023; Semán y Welschinger, 2023a). Sin embargo, esta producción de subjetividades se distancia de otras formas de producir comunidad e interpelar políticamente, sea el llamado a la lucha de los pobres, precarizados o desocupados, o las iniciativas tendientes a la ampliación de derechos e inclusión social.

Las formas mixturadas de prácticas y subjetividades políticas en el mundo popular ha sido un asunto tratado por estudios previos al contexto de la pandemia que se enfocaron en las transformaciones en el modo de producción capitalista, y específicamente en las operaciones extractivas del capital en las periferias urbanas, dando cuenta de las interdependencias y contraposiciones entre formas comunitarias, afectividades y racionalidades que expresan el “neoliberalismo desde abajo” (Gago, 2015). Estos estudios han insistido que la economía popular combina saberes comunitarios autogestivos con tecnologías de la autoempresarialidad de masas. La fuerza del neoliberalismo así pensado acaba arraigando en los sectores que protagonizan la economía informal como una pragmática vitalista. En términos de Verónica Gago, se trata de una pragmática que se aferra a la ampliación de libertades, goces y afectos, desbordando de ese modo el cálculo frío y restringido del homo economicus liberal para dar paso a figuras de subjetividad individuales y colectivas biopolíticas, es decir, a cargo de diversas tácticas de vida. Esto supone ensambles heterogéneos entre las ferias, los talleres clandestinos, las urbanizaciones populares y las fiestas que se vinculan con la pluralización de formas laborales. Economía barroca es la denominación que encuentra la autora para capturar las articulaciones entre formas comunitarias, tácticas populares de resolución de la vida y modalidades específicas de negociación de derechos (Gago, 2015).

Es cierto que la fortaleza que mostraron las organizaciones comunitarias durante la pandemia traza un paréntesis en este tipo de discusiones tanto locales como de escala más global sobre los efectos del neoliberalismo como dispositivo estatal y como modulación de las subjetividades. El desempleo, la precariedad del empleo, el deterioro de los salarios, la escasez, ruina y volatilidad de las infraestructuras urbanas y, fundamentalmente, las nuevas lógicas de violencia en los entornos populares (Telles e Hirata, 2010; Beraldo, 2022; Barreto, 2023), se venían encadenando para componer una imagen sombría de las condiciones de vida de los sectores populares que afectaban sus capacidades organizativas y de apoyo mutuo (Moctezuma, 2022). Este problema es especialmente significativo para el caso de América Latina, puesto que la tesis canónica de Larisa Lomnitz (1975), al promediar la década de 1970, destaca el lugar cardinal de las redes de reciprocidad comunal en las posibilidades de sobrevivencia de los marginados urbanos. Se trata de una propuesta que, alcanzada por los ecos del debate latinoamericano sobre la condición de marginalidad, vino a mostrar cómo los habitantes de las barriadas populares logran imponerse como grupo a circunstancias que los harían sucumbir como individuos aislados, creando y manteniendo redes de reciprocidad a través de las cuales se comparten recursos escasos e intermitentes. Esta propuesta introduce una variable novedosa para aquella época, relativa a las protecciones sociales de poblaciones que no logran insertarse plenamente en las relaciones asalariadas industriales y en las esferas de participación asociadas a ellas. Bajo la óptica de Lomnitz, estas redes de intercambio representan el mecanismo que viene a suplir la falta de seguridad social reemplazándola con la ayuda mutua, ya que ni el intercambio de mercado ni la redistribución de ingresos a nivel estatal garantizan la supervivencia (Lomnitz, 1975). La concepción de que los sectores populares sobreviven en las barriadas a través de redes de reciprocidad y ayuda mutua se extendió en estudios sociales así como en el diseño e implementación de políticas públicas. Como sostuvo Cristina Cravino (2006) se suele equiparar barrio a comunidad bajo un supuesto de totalidad y armonía que opaca distintos órdenes de conflicto y diferenciación social.

Durante las últimas décadas, distintos análisis pusieron en duda la centralidad de las relaciones de reciprocidad y cooperación, basadas fundamentalmente en el reconocimiento del parentesco y la vecindad, en entornos populares. Las condiciones mismas de la ciudad, como el hacinamiento y los paisajes volátiles que expresan movimientos espasmódicos entre riqueza y escasez, generan interacciones, intercambios y redes de trabajo, trabajadores, información y actividades productivas que conectan y desbordan territorios, políticas y agrupamientos por clases sociales prescindiendo de las relaciones familiares y de parentesco (Das y Randeria, 2015; Simone, 2015).

No obstante, incluso en los escenarios de mayor violencia, la vida en común no sólo se fractura sino que también se entreteje. Por ejemplo, en aquellos espacios donde el Estado ha sido desmantelado o cuando sus propias intervenciones generan destrucción a partir del ejercicio de violencia sistemática o en contextos de precariedad, volatilidad e incertezas (Al-Mohammad, 2015; Das y Randeria, 2015; Ross, 2015). En este punto, varias investigaciones han puesto atención en formas políticas y dimensiones éticas que tratan con diversas situaciones de vulnerabilidad y fragilidad de la vida sin establecer ningún tipo de lenguaje de derechos; algunos denominan este tipo de vínculo como “ética del ser juntos” (Al-Mohammad, 2015). En esa misma dirección, otros trabajos sobre la renovación urbana de La Merced en la Ciudad de México, espacio históricamente ligado a la vida de los sectores populares mediante la venta callejera informal y la vivienda, muestran cómo funciona una “ética del terreno áspero”, es decir, una ética popular de compasión hacia quienes son reconocidos como más vulnerables, confiriéndoles cierto grado de protección y cuidado a partir del tejido de anudamientos interpersonales (Moctezuma, 2022). Otras investigaciones estudiaron cómo un movimiento social logra la regularización jurídica de un edificio ocupado en Río de Janeiro, pero también cómo la vida cotidiana comienza a complejizarse cuando el narcotráfico toma control sobre ese inmueble, analizando, en ese contexto, el despliegue de una ética del cuidado entre generaciones de mujeres así como microestrategias para lograr el aprovisionamiento de recursos vitales como el agua (Pierobon, 2021).

En este artículo retomamos diferentes inflexiones de estos debates para analizar, desde un enfoque antropológico, cómo se entreteje la vida comunitaria en barrios populares del Gran Buenos Aires, destacando procesos, eventos y trayectorias. En tal sentido, daremos cuenta de la vitalización de espacios colectivos para la provisión de asistencia alimentaria frente a la crisis abierta a causa de la pandemia por COVID 19, los cuales se inscriben en un densa historicidad de autoorganización popular y de apelación a normas y costumbres de intervención estatal sobre la pobreza urbana. Al mismo tiempo, intentamos mostrar cómo las diferenciaciones que atraviesan al mundo popular así como también las formas rutinizadas y estabilizadas de relación con el Estado traen entre sus efectos la fragilización y debilitamiento de las prácticas y la construcción de sentidos colectivos de las subjetividades. Para ello, buscamos construir un registro más profundo y más extenso temporalmente, que incorpora pero trasciende el período pautado por la pandemia, para comprender cómo se rearticulan y reafirman saberes, actores y tradiciones heterogéneas, que inscriptas en experiencias históricas se ponen en acto para densificar tramas colectivas que permiten sostener la vida en momentos críticos. En paralelo, la proyección hacia el presente ilumina rutinas, desgastes, nuevas formas de mediación y control que fragilizan los espacios comunes. Es decir, nuestra intención está lejos de oponer el registro de la vitalidad de redes comunitarias a las sensibilidades sociales que exaltan la valía de quienes se ven a sí mismos de acuerdo a la figura de emprendedores en el mercado; como bien señalan los autores en la temática ambos procesos operan en el mundo popular y no pueden entenderse como corrientes independientes. En función de ello, ceñimos el registro al proceso de entretejido de la vida comunitaria porque entendemos que en ese acontecer operan tendencias históricamente situadas que empujan contradictoriamente a la producción de vida colectiva y a la fragmentación e individualización.

Como bien señala parte de la bibliografía, el entretejido de la vida común, aún en condiciones de crisis, represión y destrucción, puede sostenerse en gestos éticos que se despliegan en la vida cotidiana, en este caso el compromiso de un conjunto variado de actores sociales frente al padecimiento por “hambre” de sí mismos y de “otros” más vulnerables. Sin embargo, proponemos enmarcar el conjunto de las relaciones sociales en un campo específico de relaciones de poder. En tal sentido, para enfocar las relaciones de poder retomamos la propuesta de Roseberry (1994), quien sostiene que la hegemonía no construye una ideología compartida sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos. La construcción de ese marco discursivo común puede resultar tanto poderosa como frágil, en muchos casos los lenguajes de protestas y resistencias deben adoptar esos discursos dominantes para ser registrados o escuchados, en la medida que los mismos establecen formas legítimas de proceder o formas prescritas de expresar a la vez aceptación y descontento. De todas maneras, esos marcos son problemáticos, especialmente en países latinoamericanos donde proyectos homogeneizantes conviven con otros que reconocen parcialmente demandas de sectores subalternos movilizados, a la vez que emergen historias y situaciones plurales que generan puntos de ruptura de esos marcos discursivos comunes (Manzano y Ramos, 2015). Atender a los marcos de poder así como a formas transitorias de articulación de la pluralidad y diversidad, abre interrogantes acerca de cómo se establecen compromisos vinculantes, en tanto articulaciones resultantes de un encuentro histórico entre trayectorias que, al pensarse juntas, entretejen discursos, afectos, acciones, intereses y proyectos (Manzano y Ramos, 2015). Los compromisos vinculantes no emergen de algún tipo de coherencia preestablecida -ya sea de comunidad o identidad colectiva- sino que, más bien, surgen de una construcción afectiva y estratégica que demanda negociación y conflicto (Massey, 2012).

2. Notas metodológicas

Este trabajo se inscribe en un programa de investigación más amplio cuyo propósito es contribuir al estudio de las dinámicas políticas que se configuran desde los modos de vida de los sectores populares urbanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Se parte de una perspectiva etnográfica entendida en su triple dimensión de enfoque, método y texto (Rosato, 2009). En términos generales se trata de una concepción y una práctica de producción intersubjetiva de conocimiento, asumiendo la relevancia para la explicación de aquello que los sujetos piensan, sienten y hacen en la densidad relacional de sus mundos sociales y en múltiples escalas. En tanto método, aplicamos el conjunto de actividades que se designan como trabajo de campo, otorgando prioridad a la observación participante en articulación con entrevistas en profundidad y recopilación de fuentes secundarias.

Si bien adoptamos una perspectiva etnográfica y los vínculos establecidos con algunos de los integrantes de organizaciones y movimientos sociales se han venido manteniendo activos durante los últimos veinte años, una buena parte de los materiales que se analizan en este artículo han sido construidos bajo relaciones de distanciamiento social pautadas por las medidas sanitarias ante la pandemia por SARS-CoV-2. De ese modo, a pocos días de decretada la cuarentena participamos del relevamiento impulsado por la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19³ para medir el impacto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio sobre “poblaciones vulnerables”. Posteriormente fuimos parte del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea-COVID 19 (PISAC), en el que se propuso analizar el papel de las organizaciones comunitarias en la gestión de la vida durante la pandemia en barrios populares del Gran Buenos Aires.

En ese contexto desarrollamos entrevistas de manera remota mediante programas de videoconferencia y llamadas telefónicas, tanto con aquellas personas calificadas como referentes barriales como con residentes de barrios populares que llevaban adelante tareas en espacios sociocomunitarios, por ejemplo, comedores, casas de género y diversidades, salón de usos múltiples, entre otras. En dichas entrevistas los tópicos de indagación estuvieron centrados en la vivienda y el barrio, actividades laborales y de estudio, vinculación con programas sociolaborales o de ayuda estatal, formas de colaboración barrial, preguntas sobre salud y seguridad en el contexto del ASPO, así como proyecciones y expectativas en la pospandemia. Además, durante aquel periodo nos centramos en analizar materiales complementarios como noticias en portales periodísticos e informes de investigación locales, nacionales y regionales.

Tras la reducción de casos y estabilización de los indicadores sanitarios, llevamos adelante trabajo de campo intensivo y presencial entre julio de 2021 y marzo de 2024 en espacios de encuentro comunitario en el distrito de La Matanza. Allí fue posible la observación participante en tareas cotidianas como la provisión de alimentos, reuniones y asambleas, o eventos festivos como el día de las infancias.

Estos espacios están ubicados en barrios autoproducidos de la localidad de Virrey del Pino y son parte de la organización conocida como M-20. Dicha organización nació al calor de la irrupción del movimiento de desocupados durante los años noventa, con referentes que participaron de experiencias de tomas de tierra y asentamientos en el distrito durante la década del ochenta, además de militar para agrupaciones de izquierda y de derechos humanos. Articulando demandas por trabajo y urbanización - tras haber sido relocalizados a partir de un programa estatal de lotes con servicio-, quienes llevaron adelante las tareas de autoconstrucción de viviendas, sobre todo mujeres y residentes desocupados, también lideraron las primeras experiencias de trabajo cooperativo en el municipio -vinculados a la limpieza de los espacios barriales- y la pelea por promotoras ambientales y de salud, ya que el área donde residen es inundable y cercano a un relleno sanitario de la CEAMSE.⁴ Además, fueron motorizando demandas por creación de equipamiento como centros de salud, escuelas y jardines, vitales para localidades alejadas de centros urbanos y con claras deficiencias en servicios e infraestructuras (Barreto, 2024). En la actualidad además de llevar adelante tareas de contención ante situaciones de violencia de género y consumos problemáticos, apoyo escolar y espacio para infancias en la Casa de Géneros y Diversidades, sostienen las funciones del comedor comunitario 20 de junio. Asimismo, la organización posee un centro comunitario -construido con fondos de una ONG internacional- donde se llevan adelante reuniones periódicas, festejos y eventos del M-20, además de ser un lugar en el que dos cooperativas del programa Potenciar Trabajo resguardan sus herramientas y se reúnen en asambleas o tras las jornadas laborales.

Simultáneamente, coordinamos y participamos de una investigación colaborativa, que se inicia en el año 2014 y continúa hasta el presente, junto con integrantes de una Red de Hábitat de San Francisco Solano, partido de Quilmes, zona Sur del Gran Buenos Aires. Esta propuesta parte del reconocimiento explícito de los sujetos con quienes trabajamos en su calidad de productores de conocimiento y actores políticos relevantes (Perry y Rappaport, 2013). En cuanto a la metodología, la misma se orienta a crear las condiciones para que los protagonistas hagan valer sus saberes, análisis y juzgamientos políticos en cada instancia del proceso investigativo (Hale y Stephen, 2013). Si bien se retoman tradiciones previas en América Latina, como las estrategias de investigación- acción-participativa (IAP), se otorga mayor peso a la construcción conjunta de teoría, a la exploración de metodologías comunitarias y al establecimiento de marcos culturales e históricos de interpretación (Perry y Rappaport, 2013).⁵ Quienes integran la Red de Hábitat se reconocen como protagonistas de una larga temporalidad de acción política en las periferias urbanas de Buenos Aires que se remonta a las ocupaciones de tierras y formación de asentamientos en la década de 1980 y se mixtura con la formación del movimiento de desocupados - piqueteros- promediando la década siguiente. En la actualidad, despliegan sus actividades cotidianas en un edificio construido con fondos del Programa de Mejoramiento de Barrios (PROMEBA). En ese espacio, las mujeres gestionan colectivamente diversas políticas públicas a partir de las cuales pusieron en funcionamiento ferias de emprendedores, clases de gimnasia y hip hop, juegoteca infantil, talleres de costura y cocina, y la apertura de comisiones del Programa de Terminalidad de la Escuela Secundaria (FINES). A lo largo de 2020, se vitalizaron allí ollas populares para la provisión de alimentos ante la crisis ocasionada por la pandemia del COVID 19.

3. Organización comunitaria en pandemia: restituir historias y actuar desde experiencias

La propagación del virus SARS-CoV-2 y su catalogación como pandemia durante principios del 2020, significó un verdadero quiebre en nuestra vida cotidiana. En el caso de Argentina, las medidas de aislamiento y distanciamiento social fueron promulgadas a través del DNU 297/2020⁶ y la conferencia de prensa del por entonces presidente Alberto Fernández el 20 de marzo, anunciando el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Entre las disposiciones para mitigar los impactos en el sistema sanitario destacaban el confinamiento en los hogares, exceptuando a los trabajadores considerados “esenciales”, y las limitaciones a la movilidad en rutas y espacios públicos.

En Argentina, relevamientos federales atendieron a cómo fueron experimentadas las políticas de confinamiento por diversos sectores poblacionales, en términos de efectos sociales y complejidades, así como las redes de organizaciones sociales, comunitarias, educativas y religiosas que actuaron en los territorios en articulación con el Estado (Comisión de Ciencias Sociales - Unidad Coronavirus COVID19, 2020); también se compilaron debates en torno a los desafíos y expectativas de las poblaciones y los organismos gubernamentales frente a la pandemia y pospandemia (Argentina Futura, 2020). A la vez, estudios e informes de situación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) permitieron dar cuenta de las problemáticas ligadas al acceso al trabajo, estrategias familiares de aprovisionamiento de alimentos y de productos de necesidad básica, complejidades en el hábitat y el acceso a las infraestructuras y servicios urbanos, dificultades de la atención sanitaria, entre otros tópicos que se profundizaron o reconfiguraron por el coronavirus (ICO, 2020; IESCODE, 2020).

En nuestras investigaciones sobre organizaciones del Gran Buenos Aires, identificamos que durante el período más crítico de pandemia, en los barrios populares se vitalizaron circuitos comunitarios que permitieron el sostenimiento de la vida. Nucleados en organizaciones barriales u otras formas de asociación, los y las residentes propusieron abordar colectivamente los problemas que traían aparejadas la etapa de propagación del virus como las medidas sanitarias de emergencia adoptadas por el gobierno nacional, las cuales generaron la restricción de la movilidad y por ende la disminución de oportunidades laborales y de obtención de ingresos monetarios, así como dificultades para el abastecimiento de alimentos a precios accesibles ante el cierre de ferias populares. De este modo, comenzaron a activarse diversas tareas en espacios comunitarios como comedores, ollas populares y merenderos, casas de género e infancias, escuelas, espacios educativos autogestionados y salas de salud.

La noción de vitalización en este caso alude a la manera en que ciertas formas de organización colectiva inscriptas en repertorios de acción de los sectores populares, como la asistencia alimentaria, se vuelven a poner en acto con sus efectos performativos para crear nuevas relaciones sociales o rearticular otras. Esto se relaciona con la extensa temporalidad de acción política que envuelve a referentes de los barrios autoconstruidos en los cuales llevamos adelante nuestra investigación en el Gran Buenos Aires. Los habitantes de esos barrios irrumpieron en la historia política y urbana de Argentina cuando protagonizaron un proceso masivo de ocupación de tierras y autoconstrucción de ciudad a inicios de los años 80. Tiempo después, ya en la década de 1990, volvieron a ser protagonistas en la agenda pública cuando dieron vida al movimiento de desocupados -piqueteros- como respuesta colectiva al deterioro de las condiciones de vida que ocasionaron reformas estructurales de orientación neoliberal. Más adelante, bajo políticas de redistribución del ingreso propiciadas por los llamados gobiernos progresistas (2003-2015), dicho movimiento conformó cooperativas de trabajo para construir viviendas y obras de infraestructura barrial, creando nuevos entornos para la gestión colectiva de políticas educativas, culturales, recreativas y de género. Especialmente durante los últimos años, gran parte de las demandas hacia el Estado se concentraron en cuestiones urbanas y se formularon en una narrativa concentrada en la vida digna, dando cuenta de la experiencia de habitar en barrios populares en permanente proceso de autoconstrucción, de las restricciones del acceso al suelo y de la precariedad de las infraestructuras (Barreto, 2023).

Volviendo al momento crítico de la pandemia, una de las tareas fundamentales que asumieron las redes comunitarias fue la asistencia alimentaria. En muchos de los espacios de provisión de alimentos que funcionaban desde momentos anteriores a la propagación del coronavirus se amplió la cantidad de raciones ante el crecimiento de la demanda. En ocasiones, como fue demostrado en otras investigaciones en el AMBA, implicó una reorientación de actividades colectivas llevadas a cabo por organizaciones sociales e instituciones barriales hacia la provisión alimenticia (Roig y Blanco Esmoris, 2022; Wagener et al., 2022).

El Comedor 20 de junio, ubicado en Virrey del Pino, La Matanza, “nace con la pandemia”. En palabras de Lucía, una de las referentes más reconocidas del barrio, “Ni bien se decreta, la semana del 20 de marzo del 2020, el 25 de marzo nace la olla y empezamos a funcionar como ollas populares” (Registro de campo, 27 de mayo de 2021). Por su parte, Marta, quien se encarga cotidianamente de la gestión del comedor, describe cómo fue la propuesta para dar inicio al espacio, en el marco de una organización barrial que hasta ese entonces “no tenía comedor” y que gestionaba la ayuda desde otras prácticas territoriales y programas estatales:

(...) cuando empezó la pandemia (...) yo escuchaba en la tele “se cierra esto, se cierra lo otro” y yo decía, pero acá hay mucha gente, viste, que trabajan en construcción, que salen con el carro…Se cortaba todo. Y dije, bueno, le voy a llamar a Luci (...) “¿Qué tal si hacemos un comedor para poder darle la comida, esas cosas?”. Y así empezamos con lo nuestro, viste. Poner plata acá, el que tenía una cosa traía y el otro y así. Cocinábamos para 30 personas nomás. Después se fue dando, se fue agrandando hasta que bajó Desarrollo (28 de marzo de 2022)

En definitiva, a través de la iniciativa de organizaciones barriales comprometidas con “dar ayuda” en tiempos de incertidumbre se activaron experiencias de ollas populares, que posteriormente tuvieron el reconocimiento estatal como comedores comunitarios y merenderos. Marta recalca que poner en marcha esta idea resultó un proceso sufrido y fue posible a través de la organización colectiva: “ahí luchamos con lluvia, frío, con fuego”. José, pareja de Marta, agrega que las primeras semanas tenían que “salir a juntar leña” con carretillas, o conseguir chapas para armar un “techito para la tormenta”. Posteriormente, pasaron a funcionar en la sede de la organización en la que participan y más adelante, para mayor comodidad, se mudaron a la “Casa de Géneros y Diversidades”, un edificio de reciente construcción, en el que aún en la actualidad elaboran comidas y distribuyen las viandas.

El comentario generalizado de quienes participan diariamente de la provisión de alimentos es que al comienzo de la pandemia gestionaron estos espacios con dinero de sus “propios bolsillos” y

“sosteniendo el comedor a pulmón”. Luego de aquellos primeros meses de 2020, estos circuitos comunitarios siguieron funcionando con el apoyo de movimientos sociales, agrupaciones políticas, sindicatos y donaciones de particulares. También con recursos provenientes de fundaciones ligadas a la Iglesia Católica y a iniciativas de iglesias pentecostales, ONGs o entidades privadas. “Ayudas” que fueron gestionadas por quienes participan de las organizaciones barriales y que posibilitaron proveerse no solo de alimentos sino también de ollas, anafes, garrafas y otros utensilios de cocina con los cuales llevar adelante la cocción de los mismos y poder sostener la creciente demanda de los y las residentes del barrio:

(...) tuvimos períodos que no trajeron carne, o no trajeron verdura. Y nosotros lo que hicimos fue, a partir de nuestras vinculaciones, tener aportantes de otros sectores, de otros lugares, que nos donaran. Mandamos una carta al Banco Credicoop, nos respondió con alimentos (…) nos trajeron ollas, platos, carne, pollo. Bueno, entonces pudimos balancear. Por ahí otros comedores estaban haciendo una vez por semana y nosotros pudimos garantizar toda la semana por estas ayudas. Y a su vez, nosotros, nosotras, los compañeros, empezamos a buscar ayuda a diferentes colectivos de amigos, de trabajadores, que nos ayuden para hacer sábado y domingo también (Lucía, 27 de mayo de 2021)

Estas articulaciones con otros sectores, así como las formas comunitarias de abordar las problemáticas producidas por la pandemia enmarca el contenido de un saber-hacer de referentes barriales y de “compañeros” que participan de organizaciones sociales en una larga temporalidad de acción política. Es significativa la centralidad de estas personas para relanzar espacios colectivos y redes de instituciones barriales que se constituyen aún hoy como punto de encuentro, ámbito de contención social y de articulación entre distintas generaciones.

Marta explica el funcionamiento de esta red ante la contingencia en base a “acoplarse en lo que haga falta” entre comedores y merenderos, por ejemplo, al compartir productos de primera necesidad e higiene o alimentos necesarios para la cocción de las viandas. Asimismo, no solo mediante la conformación de espacios para la provisión de alimentos, sino también para fortalecer las tareas de contención social. En vinculación con otras instituciones barriales, las organizaciones sociales conformaron articulaciones para brindar información, recursos y contactos provenientes de diversos programas: bolsones de alimentos, acompañamiento para realizar gestiones ante agencias estatales, activación de proyectos comunitarios (huerta, panadería, apoyo escolar, etc.).

Además de estos dispositivos comunitarios centrados en la provisión de alimentos y contención social, un conjunto de estrategias de comunicación y difusión han tenido un papel de importancia en la circulación de información y la regulación de los vínculos vecinales durante la pandemia. Tales dispositivos fueron sostenidos por las propias organizaciones barriales, quienes articularon medidas de higiene y cuidado y con ello buscaron “acompañar” en la emergencia sanitaria. En este sentido, la tarea cotidiana de comunicación comunitaria resultó importante para centralizar donaciones de elementos sanitarios (productos de limpieza e higiene como lavandina, barbijo, jabón y alcohol en gel), así como para socializar las noticias y datos cruciales en el contexto de pandemia: desde formas de prevención de contagios, qué comedores estaban en funcionamiento, cómo se podía sacar un documento para percibir el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)⁷ o la gestión de los permisos para la circulación en transporte público, hasta información referida a centros de testeo dónde ir a realizarse el hisopado ante la presencia de síntomas compatibles con coronavirus y puntos de vacunación contra el COVID o la situación hospitalaria zonal, cómo conseguir ayuda para las familias que se encontraban aisladas por haber dado positivo en sus análisis, así como cambios en las resoluciones gubernamentales a medida que se modificaba la situación epidemiológica. Estas estrategias, sostenidas en gran parte por proyectos comunicacionales barriales permitieron difundir información relevante (a través de redes sociales, radios comunitarias, página web, folletos y diarios de tirada local). Además, cabe agregar, que la circulación de información y las acciones de contención, acompañamiento y ayuda estuvieron aceitadas gracias a la implementación de herramientas tecnológicas por parte de instituciones barriales, organizaciones sociales y residentes (a través de redes sociales como Facebook e Instagram, y sobre todo por grupos de WhatsApp que se activaban ante cualquier “problema que surja”), así como en la materialidad de redes y vínculos de amistad, vecinalidad y compañerismo.

Siguiendo las reflexiones de Diz, Estévez y Martínez-Buján (2022) sobre los grupos de ayuda mutua en España, es interesante recalcar el modo en que las redes comunitarias en barrios autoconstruidos del Gran Buenos Aires fueron capaces de crear y sostener una infraestructura digital que se tradujo en una política del encuentro. Ante las medidas de aislamiento y las complejidades de la crisis pandémica, -en donde los gobiernos instaban a la pasividad de la población- las y los residentes asumieron activamente el cuidado colectivo de la vida por medio de gestos de horizontalidad y contención que también estuvieron mediadas tecnológicamente.

Ahora bien, es importante destacar que estas prácticas de organización y las respuestas ante la pandemia reactualizan experiencias y procesos previos de producción de trama colectiva ante momentos críticos de distinta índole, dentro de los cuales la demanda y asistencia de alimentos se torna en un eje cardinal. En otro trabajo hemos analizado cómo las primeras demandas y las formas organizativas ante el aumento del desempleo al promediar la década de 1990 en el Gran Buenos Aires se encuadraron dentro del hambre y la desnutrición (Manzano, 2013). El historiador E. P. Thompson, en su análisis sobre los motines de subsistencia en la Inglaterra del Siglo XVIII, discutió con la visión espasmódica de la historia popular que negaba al pueblo el carácter de agente histórico en épocas anteriores a la Revolución Francesa, considerando que la “chusma” se introducía de manera ocasional en la trama histórica a partir de disturbios sociales repentinos, como parte de respuestas a estímulos económicos como el aumento de precios o la escasez de granos (Thompson, 1995). Thompson invirtió ese enfoque para interrogarse por las nociones legitimadoras en las que enraizan los motines de subsistencia, enfatizando que esas nociones anclaban en la defensa de derechos y costumbres tradicionales y apelaban a normas y expectativas sociales.

Recuperando este aporte, es posible sostener cómo el hambre, la demanda y abastecimiento de alimentos se sostienen en normas y costumbres inscriptas en la relación de los sectores populares y el Estado en áreas urbanas del Gran Buenos Aires. Remiten a un modo de relación que se configura desde el advenimiento de la democracia a partir de la implementación de políticas de asistencia alimentaria destinadas a familias con jefes de hogar desocupados o de bajos ingresos. El gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) lanza en 1984 el Plan Alimentario Nacional (PAN), bajo la órbita del entonces Ministerio de Salud y Acción Social, a través del cual se reparte una cifra mensual de 1.370.000 cajas de alimentos para cubrir a 1.340.000 familias. Esas cajas contenían aceite o grasa, arroz, fideos, azúcar, leche en polvo, porotos, corned-beef o merluza, harina de trigo o maíz. Las referencias a la caja PAN eran recurrentes en comentarios, anécdotas y conversaciones informales entre pobladores de barrios populares de La Matanza en un trabajo de campo previo de larga duración entre los años 2000 y 2006. En el año 1989, en un contexto de crisis hiperinflacionaria, se lanza el Programa Alimentario Integral y Solidario (PAIS), dependiente del Ministerio de Acción Social de la provincia de Buenos Aires, cuyo objetivo era atender a sectores en situación de “pobreza crítica” según criterios de Necesidades Básicas Insatisfechas (Chiara, 1991). La implementación de esta política contemplaba tres instancias: organización de grupos PAIS, abastecimiento alimentario mediante compras o comedores comunitarios y apoyo a proyectos de generación de empleo.

Es importante señalar que esta política se apoya en respuestas colectivas autogestionadas por pobladores de barrios autoconstruidos ante la hiperinflación y los saqueos a comercios en el invierno de 1989. En efecto, un estudio pionero reconstruye las memorias de esos acontecimientos en el contexto de la crisis de 2001, sosteniendo que en la memoria colectiva las ollas populares y los comedores emergen como contracara de los saqueos a comercio (Neufeld y Cravino, 2001). Se trata de una experiencia compartida que articula momentos de confusión -rumores, miedo, angustia- y de suspensión de las reglas de la vida cotidiana con otros momentos de construcción de una trama de organización colectiva centrada en la puesta en funcionamiento de ollas populares que se transforman progresivamente en comedores, merenderos y centros infantiles. En las memorias estas iniciativas aparecen como producto de la unidad barrial que se logra traspasando situacionalmente las fricciones y divisiones que derivan a las orientaciones políticas, las trayectorias laborales y las creencias religiosas. En esta historicidad de las prácticas sociales, bajo los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) se implementaron agresivas políticas neoliberales que profundizaron el proceso de desindustrialización, la concentración monopólica de la economía, reformas estructurales del Estado, empeoramiento en las condiciones de trabajo, pobreza y aumento de los niveles de desempleo. De acuerdo con estadísticas oficiales, el nivel de desempleo en áreas metropolitanas de Buenos Aires se expandió exponencialmente en dos décadas: de 2,4 por ciento de la población económicamente activa en 1975 hacia el 20 por ciento en mayo de 1995, y más dramáticamente en 24 por ciento en 2001. Entre los años 1995 y 1996, organizaciones sociales, sindicales, religiosas y comunitarias comenzaron a atender el problema de la desocupación en barrios populares a partir de censos y encuestas autogestionadas. Con el apoyo de esos datos censales, demandaron alimentos apelando a reglas estandarizadas de intervención estatal sobre la pobreza. Asimismo, la demanda de alimentos en esos años también se relacionaba con el creciente papel de la desnutrición como indicador de desarrollo para la obtención de préstamos y subsidios de Organismos Internacionales de Crédito. El reparto de alimentos era un componente central de las políticas de salud, como era el caso del Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), que entre sus objetivos figuraba reforzar el nivel primario de atención, apuntalar el desarrollo infantil y aportar complemento nutricional a mujeres embarazadas y niños “desnutridos” o “mal nutridos” (Andrenacci, Neufeld y Raggio, 2000). Sin duda uno de los programas más importantes por su impacto en los barrios populares del Gran Buenos Aires, ha sido el Plan Vida que se lanza en 1994 bajo la gobernación de Eduardo Duhalde con la injerencia directa de su esposa, Hilda González de Duhalde. Se trataba de un programa materno infantil que descansaba a nivel barrial en el trabajo de mujeres voluntarias conocidas como manzaneras, alcanzando a 1.000.000 de beneficiarios en 1998. Las manzaneras eran las encargadas de distribuir diariamente raciones de leche y huevos y semanalmente polenta, harina y arroz entre niños y niñas menores de seis años y mujeres embarazadas.

Tras el estallido social de diciembre de 2001, se masifica la asistencia social con la creación del Programa Jefes y jefas de Hogar desocupados que alcanza la cantidad de 2.000.000 de beneficiarios en el marco de la declaración la Emergencia Social, Económica, Administrativa y Cambiaria de la Argentina. En ese contexto, también se generalizan comedores comunitarios, merenderos y copas de leche coordinados por diferentes movimientos sociales y organizaciones comunitarias y religiosas. Por su parte, los gobiernos Kirchneristas (2003-2015) llevaron a cabo políticas tendientes a la recuperación del empleo formal, otorgando centralidad al trabajo como modo de inclusión y de seguridad de reproducción. En el orden alimentario, se implementó el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, que se propuso la vuelta de la comensalidad familiar, reduciendo la entrega de bolsas alimentarias por ticket y tarjetas bancarias para que las familias adquieran sus alimentos. De todas maneras, se continuó brindando apoyo a comedores comunitarios y a la producción alimentaria mediante programas como FOPAR y PROHUERTA.

A lo largo de cuarenta años se fue configurando una tradición de intervención estatal y de autoorganización comunitaria basada en la asistencia y el reparto de alimentos. El hambre, la desnutrición y el pedido de alimentos se convirtieron en nociones incorporadas a un lenguaje político aprendido y compartido desde las experiencias de vida de los sectores populares permeados por este tipo de políticas estatales.

De este modo, ante la pandemia se revitalizan redes de asistencia que encuentran su contenido en tradiciones y en formas de saber-hacer que son traspasadas a través de la trayectoria de líderes y lideresas barriales. Esto da cuenta de cómo, históricamente frente a eventos críticos (inundaciones, temporales y efectos derivados de crisis económicas), la “experiencia territorial”, una tradición de largos procesos de adquisición de conocimiento y aquello que constituye el “tejido social” de los barrios (Galeano, 2020), es rearticulada de manera colectiva para brindar “ayuda” y al mismo tiempo obtener “ayuda” de distintos colectivos y organizaciones. Según las palabras de Lucía, el barrio donde reside “tiene esta red, tiene un tejido social importante, que ante la inundación o alguna catástrofe, algún movimiento de esta situación… nuevamente este tejido social está presente ¿no? es una memoria que la hacemos, la tejemos diariamente” (Lucía, 27 de mayo de 2021). La vitalidad de estos espacios colectivos no se agota en el reparto de alimento, ya que en ese marco se fortalecen trayectorias y biografías políticas, se construyen nuevas, se densifican las tramas de relaciones colectivas, se produce conocimiento y se instituyen compromisos vinculantes con determinadas categorías de la población, centralmente niños, niñas y adultos mayores.

4. Rutinas organizativas, diferenciación y tensiones

El contexto pandémico fue en sí mismo un desafío para la organización de los espacios comunitarios y para el despliegue de las tareas cotidianas. En el Comedor 20 de junio, quienes participan de estas actividades realizaban tareas día por medio, tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes.

A la vez, en función de los cuidados comunitarios organizaron una modalidad de trabajo por “burbujas semanales”, rotando entre dos equipos para evitar que la actividad en el comedor se frene por si “algún compañero llega a contagiarse”. Durante sábados y domingos “se desinfecta, se baldea, se airea, para poder llevar adelante la tarea”. Esta modalidad de trabajo semanal era atractiva para muchos de los participantes de estos espacios comunitarios, ya que los días libres que no asistían les permitía llevar adelante otras actividades laborales: si bien quienes sostenían las tareas diariamente en los comedores y merenderos eran beneficiarios de programas de empleo, algunos también se dedicaban al trabajo en obras de construcción, realizaban changas o recolectaban materiales reciclables con carros, dentro de la disminución de oportunidades por la cuarentena. El horario de trabajo en el comedor iniciaba a las 7:30, ya que debían preparar los alimentos (pelar y picar verduras, cortar carne y trozar pollo) y controlar la cocción de los ingredientes, con el objeto de entregar la comida cerca de las 12 del mediodía.

En julio de 2021, visitamos el Comedor 20 de junio. En el espacio donde funciona la cocina, se agolpa una gran cantidad de mercadería sobre estantes de madera: latas de arvejas y garbanzos, paquetes de fideos y arroz, botellas de aceite, cajas con salsa de tomate. También bidones de lavandina y detergente para realizar la limpieza y desinfección del lugar, así como bolsones de pan y verduras (papa, cebolla, calabazas); finalmente, cajones con fruta que se reparten con la vianda como naranjas. En esa ocasión, un grupo de varones de no más de 40 años de edad realizaban tareas en dicho espacio comunitario. Se los conocía como el grupo de los “creyentes” ya que todos ellos concurren a una iglesia evangélica de la zona. Mientras cocinaban y tomaban mates sobre una mesa amplia, escuchaban música con contenido religioso. La cocción de los alimentos era realizada sobre parrillas con anafes. Utilizaban dos garrafas, tres ollas grandes y utensilios, así como una heladera antigua que mantenía productos congelados.

La mayoría de quienes realizan tareas en el comedor comunitario viven en el barrio o en asentamientos cercanos de reciente conformación. Uno de ellos toma la palabra: “la realidad es que es necesario el comedor en el barrio, la gente realmente necesita: ves mucha gente, muchos chicos que vienen con los tupper o las ollas a buscar la comida”. Otro joven agrega: “Ves menos gente cuando es fecha de cobro, pero cuando se termina la guita, a muchos no les queda otra que agachar la cabeza y venir al comedor. Es una ayuda, porque no siempre hay para todas las comidas”. Mencionan que usualmente con la llegada del frío cocinan guiso de fideos, arroz y lentejas, o estofado; en fechas patrias cocinan locro, y durante el verano preparan salpicado de arroz y pollo o buscan opciones de cocina más frescas o platos fríos. Es destacable que al iniciarse las medidas de aislamiento quienes realizaban tareas en el comedor cocinaron hasta 400 raciones de comida; al momento de llevar a cabo las entrevistas presenciales estaban elaborando y distribuyendo entre 150 y 180 viandas por día.

Cerca del mediodía era el momento para la distribución de las raciones. Quienes concurren por asistencia se ubican en la vereda y realizan una fila fuera de la Casa de Géneros, manteniendo la distancia social y esperando la orden para ingresar. Una de las personas que desarrolla su labor en el comedor los hace pasar de a uno, y les coloca alcohol en gel en sus manos. Al acercarse a la mesa de recepción, la persona entrega su recipiente (tupper u olla). Mientras uno de los trabajadores del espacio comunitario le pregunta “cuántas personas comen” e ingresa con dicho recipiente para servirle la comida del día, otro anota en un cuaderno el apellido de la persona beneficiaria y la cantidad de integrantes familiares que se traduce en las raciones servidas. Luego, el trabajador comunitario⁸ le entrega además del recipiente y según el número de comensales, una cantidad acorde de fruta y pan. Todos los miembros del comedor se colocan guantes de plástico como medida de cuidado. Al finalizar la entrega, alrededor de las 13:30 o 14:00 horas, los conocidos en ese espacio como el grupo de los “creyentes” lavan los utensilios utilizados; también reparten entre sí y en partes equilibradas las raciones de comida que sobraron, así como verduras, pan o fruta, para que “no se eche a perder” y puedan complementar sus ingresos.

Marta, además de coordinar las tareas del comedor, es presidenta de una cooperativa del Programa de Limpieza de Márgenes de ACUMAR,⁹ cuyas cuadrillas están encargadas de la limpieza de arroyos de la zona desde hace más de 10 años. Ella misma les ofreció a quienes realizaban “el tramo”, es decir, tareas de mantenimiento y desmalezamiento cercanos a arroyos y cursos de agua, si querían “colaborar en el comedor”; más allá de que percibían una prestación monetaria por las tareas de las cooperativas de ACUMAR, el trabajar semana por medio en el comedor les daba el plus de “llevarse sus verduritas” para “ir zafando hasta el mes” (Entrevista a Marta, marzo de 2022).

Si bien quienes llevaban adelante tareas en comedores y merenderos formaban parte de cooperativas o como trabajadoras comunitarias cuyos ingresos provenían de programas sociales como el Potenciar Trabajo, ampliaron y desplegaron diversas estrategias y tácticas para “sostener la vida”. Además de salir al espacio público para vender comida elaborada o ropa usada, montar emprendimientos en sus casas (comercializando artículos de limpieza, instalando un kiosco, recibiendo trabajos de costura, entre otras actividades),¹⁰ o realizar changas de albañilería, iban trazando circuitos comunitarios en los propios espacios e instituciones barriales. Por ejemplo, intercalando las comidas diarias que ofrecían los distintos comedores y merenderos (escolares, de organizaciones sociales, de la Iglesia Católica o aquellos con el auspicio municipal), junto a la recepción de las cajas de MESA Bonaerense, los módulos alimentarios que distribuyen las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires.¹¹

Con la normalización de las actividades en pospandemia, los comedores y merenderos siguieron funcionando. Sin embargo, comienzan a observarse una serie de tensiones vinculadas con las propias complejidades de las geografías de lo popular, que responden a cambios en la estructura social y en la producción de subjetividades ya explorados por otras investigaciones (Gago, 2014; Semán, 2023). Tales complejidades expresan cómo las dinámicas de lo comunitario están insertas en campos de fuerza y relaciones de poder.

Una de estas tensiones refiere a la construcción de los espacios comunitarios no solo como lugar predilecto por medio del cual sostener la provisión del alimento sino también como posibilidad de trabajo para quienes residen en las áreas autoconstruidas del Gran Buenos Aires. Si bien dicha experiencia se inscribe en el amplio repertorio de las clases populares y como parte de las diversas fuentes de ingresos que son articuladas diariamente, justamente esa construcción como una opción entre otras dentro de trayectorias laborales con varias aristas, conllevó a que, en ocasiones, los compromisos de quienes participan de estos espacios comunitarios, especialmente de las nuevas generaciones, sea más débil o ambivalente que los de aquellas residentes que demostraban una experiencia más amplia y reactualizada por la situación de emergencia derivada de la pandemia de Covid-19. Ello se traducía en continuos cambios del plantel de quienes llevaban a cabo las labores cotidianas allí por conflictos internos y desavenencias; también en la dificultad de convocar a la colaboración comprometida de las y los residentes más jóvenes en esas tareas, quienes, al parecer, veían al comedor (y los demás espacios comunitarios) como una más entre las múltiples estrategias que movilizan para reproducir su vida.

Otra tensión era resultado de fricciones que se desprenden de los procesos mismos de diferenciación social y de la propia constitución histórica de las redes comunitarias, entre ellas las prácticas y creencias religiosas de quienes realizan labores en espacios colectivos. En tal sentido, aquellos que eran reconocidos dentro del comedor como el grupo de los “creyentes” participan de estos espacios comunitarios a través de vínculos de parentesco y amistad. Desde la perspectiva de ese grupo, la participación en el comedor, al tiempo que representaba una fuente de ingresos entre otras, también permitía poner en acto una concepción de “ayuda al prójimo” ante la necesidad. No obstante, esa misma creencia se expresaba en el rechazo a participar de festejos, de reuniones de formación política, en actividades con los equipos de curas de barrios populares y villas de la Iglesia Católica, o con organizaciones sociales que han apoyado las demandas de movimientos feministas.

La preocupación por las iniciativas comunitarias ha sido un hecho constatado no solo en estudios sobre Argentina, sino también en otros países de la región, incluso teniendo relevancia en el escenario europeo. Así las prácticas de organización comunitaria en el contexto de coronavirus fueron entendidas como tramas solidarias y experiencias para hacer frente a la crisis alimentaria (Rieiro et al, 2021), o como estrategias de afrontamiento colectivo ante la pandemia que se han constituido como una praxis política (Anigstein et al., 2021; Rojas Navarro et al., 2021). Destaca, en este sentido, la investigación de Diz, Estévez y Martínez-Buján (2022) sobre las redes vecinales de apoyo y grupos de ayuda mutua en La Coruña, España. Dicho estudio propone, desde un abordaje de la ética del cuidado y de la política como campo de experimentación, analizar la potencia de los entramados vecinales en tanto iniciativas centradas en el cuidado democrático (caring democracy) que permitieron sostener la vida ante un escenario de incertezas. De acuerdo a los autores, la pandemia de Covid-19 dio lugar a la reactualización de la sensibilidad colectiva y los métodos de participación impulsados en España por acontecimientos como el 15-M o por movimientos sociales como el de Indignados. En tal reactualización, fue posible reimaginar la democracia para direccionar los problemas de nuestro tiempo a través de una composición más equitativa, donde el involucramiento colectivo y ético consolida espacios de transformación política.

Acordando con esta perspectiva, en este trabajo nos interesó recuperar la potencia de los entretejidos comunitarios con objeto de sostener la vida durante la pandemia en el Gran Buenos Aires. Asimismo, destacamos la capacidad de reactualizar y energizar prácticas de cuidado a través de una profunda historicidad y sedimentación de experiencias por parte de quienes conforman las organizaciones sociales. De todas formas, afirmamos que en el análisis de tales procesos es imprescindible incorporar un conjunto de dimensiones, al parecer paradojales, para comprender los desafíos de la pospandemia que enfrentan los sectores populares urbanos. Si bien reflexiones anteriores dieron cuenta del modo en que las organizaciones sociales lograron contener diferencias durante crisis acontecidas en Argentina (Neufeld y Cravino, 2001), la pandemia de COVID 19 posibilitó la articulación y el pliegue de diversos componentes del heterogéneo mundo popular que venían sedimentados históricamente, aunque trayendo al mismo tiempo aspectos novedosos que reactualizan dichos aportes.

En este periodo, observamos que las experiencias de contención personificadas en las redes comunitarias expresaron un doble juego de compromisos vinculantes, un hacer-juntos con objeto de sostener la vida, a la vez que emergen procesos de fragmentación internos y contradicciones en los propios entramados colectivos. Si en un momento crítico de manera transitoria se contienen las múltiples pertenencias y líneas de fricción y se experimentan formas de estar juntos, en otros esas tensiones se profundizan dando lugar a nuevas composiciones conflictivas en ese mundo popular. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la reducción de la participación en reuniones, asambleas, acciones de protesta o en las propias actividades cotidianas al interior de los espacios comunitarios. Esta situación suele interpretarse y agenciarse desde la trayectoria de líderes y referentes de estos espacios comunitarios, casi todos ellos formados en el contexto político de la década de 1980, como cansancio, reforzado por ciertas dolencias corporales (piernas, columnas, diabetes, entre otras) que vuelve como interrogante acerca de cómo interpelar a los más jóvenes y cómo traspasar sus conocimientos organizativos y de lucha urbana a otras generaciones.

En parte, estas nuevas condiciones también se relacionan con cambios en la implementación de políticas sociales, tendientes a la individualización y digitalización, lo que conlleva movimientos en las redes de sociabilidad local y la centralidad de las organizaciones socioterritoriales, además de demarcar reconfiguraciones en las relaciones entre sectores populares y Estado, especialmente por determinadas rupturas en las formas de mediación política tradicional (D’Amico, 2018).

5. Demandar, estabilizar y desafiar vínculos con el Estado

A la par que el gobierno nacional implementa medidas de confinamiento como el ASPO y políticas de ingreso complementario como el IFE, desplegó una serie de acciones ante la emergencia, las cuales implicaron vinculaciones con organizaciones sociales y redes comunitarias.

Así, mientras los comedores comunitarios se reforzaban o comenzaban a funcionar, se llevaron a cabo una serie de operativos en distintos barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires que contaron con la articulación conjunta de la Iglesia Católica y del Ejército para la elaboración y distribución de viandas. En las entrevistas realizadas fue subrayado el papel jugado por las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas tanto en la provisión de alimentos como en la logística para llevar a cabo esa tarea. Algunos agentes de Gendarmería Nacional y soldados del Ejército “bajaron los primeros días” con camiones y cocinas móviles, con el fin de articular junto a las organizaciones barriales la distribución del alimento y tareas de prevención y control, anclando estas acciones en memorias de colaboración durante situaciones de emergencia como las inundaciones que han azotado a los barrios de la periferia. De todas formas, se acentuó que la presencia de los agentes fue momentánea y durante los primeros meses, resaltando nuevamente “el despliegue importante de redes de contención” y la participación en espacios comunitarios.

Allí también existió una crítica a la sobredimensión que se le dio desde los medios de comunicación hegemónicos al papel de las fuerzas de seguridad y al Ejército en tal tarea. Si bien la articulación de estos agentes a partir de los acuerdos entre intendentes y el gobierno nacional buscaba, de acuerdo a informaciones periodísticas, “contener para evitar desbordes en áreas de riesgo”, en dichos barrios, la fuerza de la ayuda comunitaria fue personificada en las organizaciones sociales, con un mayor protagonismo de las redes comunitarias y de actores centrales como la Iglesia Católica. En una conversación que mantuvimos con un cura párroco mientras recorríamos en camioneta algunos barrios bajo su jurisdicción religiosa, comentó que le pareció un “show tremendo” la presencia del Ejército y el montaje de cocinas de campaña, siendo que a pesar del aporte que realizaron tales agentes al inicio del ASPO, los comedores de su parroquia terminaron sosteniendo el día a día en términos de provisión de alimentos y ayuda comunitaria frente a lo que consideró una especie de performance estatal momentánea.

Como demuestran otras investigaciones (Diz, Estévez y Martínez-Buján, 2022), la pandemia de coronavirus expuso diferentes formas de gobierno ante la crisis: mientras las administraciones nacionales representaron aquella coyuntura como un escenario de guerra -demostrando una faceta autoritaria o un “poder tecnocrático” que seguía los lineamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de expertos que poseían el monopolio del conocimiento acerca de cómo afrontar el Covid-19-, las redes comunitarias anudaron tramas de cuidados, en tanto sitios de experimentación política y democrática, en el que las personas compartieron sus capacidades y, de algún modo, “hicieron parte” en el sostenimiento de la vida.

Asimismo, la coordinación entre fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y funcionarios municipales estuvo dirigida, además de la provisión alimentaria, en llevar adelante la construcción y preparación de centros de aislamiento e hisopado, así como hospitales de campaña ante la posibilidad de saturación de la capacidad de las Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Por su parte, en los barrios populares se desplegó el programa nacional “El barrio cuida al barrio”, implementado por el Ministerio de Desarrollo Social a través de promotores comunitarios, quienes colocaron gazebos y postas en diversas instituciones y lugares concurridos de los barrios con el fin de entregar barbijos, controlar la temperatura corporal y repartir folletos explicativos acerca de la importancia de limpiar superficies, mantener la distancia social, utilizar barbijo o aislarse ante la aparición de determinados síntomas.

Como en muchos distritos de Argentina, en los municipios de La Matanza y Quilmes, luego de algunos meses de iniciado el ASPO, los comedores y merenderos comunitarios tuvieron el reconocimiento de las secretaría distritales de Desarrollo Social y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y fueron inscriptos en el ReNaCOM (Registro Nacional de Comedores y Merenderos

Comunitarios).¹² A partir de allí se facilitó la entrega por parte de los organismos estatales de alimentos “secos” y “frescos”: verduras y frutas, carne, pan, pollo, fideos, arroz, legumbres, etc., ampliando también los días de elaboración y provisión de viandas.

Sin embargo, quienes participan de los espacios comunitarios recalcan que este reconocimiento estatal llegó de manera tardía, sobre todo aquellos comedores y merenderos que no eran parte de las agrupaciones alineadas con las gestiones oficialistas. Por si fuera poco, luego del período más crítico en términos de contagios y necesidad de provisión de alimentos en grandes cantidades, la coordinación entre las organizaciones y las agencias estatales locales perdió su fluidez. En julio de 2021, Marta enfatizaba que existían problemas con el municipio, porque “no entregan alimentos”; se indigna porque fue varias veces a pedir alimentos para el comedor y le negaron esa posibilidad, “fui al depósito y no me dieron bola, me dijeron que no había para mí (...) Así que nada, nos empezamos a mover nosotros, porque el municipio no te da, o porque tardan 2 o 3 meses en cumplirte” (Notas de campo, 31 de julio de 2021).

A medida que la situación epidemiológica fue mostrando indicadores de reducción de contagios, internaciones y fallecidos, llevando al fin de las medidas gubernamentales de aislamiento y distanciamiento por el Coronavirus, las organizaciones comunitarias no solamente se enfocaron en estrategias de contención y provisión de alimentos -dando continuidad al funcionamiento de los comedores y merenderos-, sino que retomaron una variedad importante de actividades como la implementación de políticas culturales y recreativas, el regreso a la presencialidad de programas educativos como el FINES y la reorganización de cuadrillas de trabajo dentro del programa Potenciar Trabajo.

Es preciso destacar que los circuitos comunitarios para la provisión de alimento continuaron en funcionamiento a pesar de una serie de problemáticas agudizadas durante la pospandemia. Una de ellas, corresponde al progresivo desabastecimiento de comedores y merenderos por parte de las agencias municipales y nacionales: en las entrevistas realizadas en 2021 comienza a perfilarse un creciente malestar de quienes participaban de los espacios barriales por la reducción en la calidad de los productos (sobre todo fideos, salsas de tomate, además de carne de cerdo y pollo) o la paralización en la entrega de ciertos alimentos (por ejemplo carnes rojas, lácteos, huevos y aceite), e incluso por las trabas para la adquisición y recarga de elementos imprescindibles para la cocción de alimentos como las garrafas.

Otra problemática por fuera de los circuitos comunitarios pero que sin dudas condicionó su funcionamiento, fue la crisis inflacionaria que se desató en aquel periodo. Ante el precio elevado de los alimentos, la difícil gestión de los presupuestos familiares debido a la reducción de ingresos y dificultades laborales, y las restricciones que eso provoca en las dietas, desde las organizaciones se ensayaron diversas acciones. Como decían Lucía y quienes participaban de los espacios comunitarios “el comedor ya vino para quedarse”; sin embargo, el desafío era cómo proveer bienestar en la pospandemia y ante tales condicionamientos. Para ello se apeló durante ciertos momentos a la articulación con otras organizaciones para la provisión de alimentos (siendo preponderante el rol de la Iglesia Católica y de movimientos de la economía popular como la UTEP, los cuales proveyeron recursos). A su vez, tuvo lugar la distribución de paquetes de fideos, polenta, pan y fruta, cajas de puré de tomates o latas de legumbres por parte de las cocineras hacia quienes se acercaban al comedor (en vez de entregar viandas elaboradas). También a la modificación o variación de ingredientes en las comidas, o la reducción de las mismas, para “estirar” los productos ante la escasez. Junto a esas estrategias, irrumpieron con más énfasis movilizaciones que definían la centralidad de las redes comunitarias -y que ya se venían desarrollando desde 2020 con la finalidad de situar la figura de quienes participaban en comedores y merenderos como trabajadores y trabajadoras esenciales, en tanto objeto de demanda-.

Durante fines de 2022 las relaciones entre las organizaciones sociales y el Estado entraron nuevamente en un campo de tensiones. En octubre de ese año la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, ordenó una auditoría sobre el programa Potenciar Trabajo, por supuestas irregularidades detectadas e investigadas por la justicia. Las y los beneficiarios contaban con un período de 60 días para actualizar su información personal, debiendo validar sus datos a través de la aplicación Mi Argentina, además de completar un formulario on-line. Dicha auditoría digital recogía la experiencia del programa Mi Pieza, en donde la validación identitaria, la inscripción de cuentas bancarias, el giro de dinero y la rendición de gastos demostró la posibilidad de una “trazabilidad absoluta”. Otra medida cuestionada por movimientos sociales y organizaciones comunitarias fue el pedido de información bancaria sobre los beneficiarios del Potenciar Trabajo, para avanzar en la revisión que llevaba adelante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y que tenía como objetivo entrecruzar datos personales que detectaran incompatibilidades con el programa Potenciar Trabajo, como tener bienes registrables, haber comprado dólares, entre otras.

Las medidas contaron con la oposición de organizaciones sociales de izquierda quienes llevaron adelante una serie de protestas sobre la avenida 9 de Julio, frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social, que incluyeron cortes y acampes. Justamente, la movilización de organizaciones piqueteras y movimientos sociales de la economía popular entre 2022 y 2023 cobraron un ritmo álgido, produciendo las condiciones para demandar, a la vez que estabilizar, vínculos con el Estado por parte de las redes comunitarias.

En un contexto nacional de 40% de la población en situación de pobreza y 2,4 millones de personas en condiciones de indigencia, la trabajadora de la economía popular y diputada del Frente Patria Grande,

Natalia Zaracho presenta en mayo de 2023 el proyecto de Ley para el Reconocimiento Salarial de las Cocineras Comunitarias. El mismo busca reconocer a las cocineras comunitarias otorgándoles el derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, además de vacaciones, obra social o cobertura médica, ART, licencia por enfermedad y/o accidente, aguinaldo, licencia por maternidad y paternidad, jubilación y licencias especiales.

Las movilizaciones apuntaladas por la UTEP y otros movimientos sociales colocaron como consigna el carácter esencial de las cocineras comunitarias en la alimentación de más de 10 millones de personas, y se derivaron de tales demandas actos posteriores como los desplegados por los sacerdotes de barrios populares y villas descritos en la introducción. Tales iniciativas, a su vez, se remontan a los reclamos energizados durante 2020 por las redes comunitarias. Concretamente, las denuncias de trabajadoras de comedores y merenderos comunitarios ante las condiciones precarias en las que debían sostener los espacios de provisión de alimentos durante los primeros meses de pandemia (en las que trabajaban en situaciones de hacinamiento, con falta de agua potable y un aumento considerable en la cantidad de raciones), y tras los fallecimientos por COVID 19 de tres coordinadoras y cocineras de villas de la ciudad de Buenos Aires, entre ellas Ramona Medina de la Villa 31. En esa oportunidad, diputados del Frente de Todos y del Movimiento Evita presentaron en mayo de 2020 un proyecto de ley para que quienes trabajan en espacios comunitarios reciban un bono de cinco mil pesos durante los meses que durase la emergencia sanitaria. A pesar que el proyecto “Ley Ramona” no prosperó inicialmente, luego de las demandas de las organizaciones sociales, en diciembre de 2020, el poder ejecutivo promulga la entrega de un bono $5000 para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, a través de su integración al Salario Social Complementario, en términos de “tareas de cuidado y servicios sociocomunitarios”, y extendiéndose por el plazo de un año.

Las tramas colectivas y comunitarias que se han creado y recreado a lo largo de los últimos años muestran su potencia creativa que permite entretejer la vida en común. Es preciso también advertir que varias líneas de ese entretejido se organizan a partir de la controversia y la negociación con el poder gubernamental. El panorama es aún más complejo si consideramos que integrantes de movimientos sociales se incorporaron a diversas instituciones estatales como funcionarios públicos u ocuparon cargos electivos en tanto integraron frentes electorales asociados con el peronismo y sus variantes kirchneristas, al menos entre los años 2004 y 2015 y durante el período que va del año 2019 a 2023. En términos conceptuales, es posible advertir cómo las contiendas se han venido dirimiendo históricamente dentro los parámetros impuestos por las relaciones de dominación, orientadas fundamentalmente a la expansión de derechos o al control colectivo sobre dimensiones del poder estatal (Hale, 2014). En un marco temporal que se inicia con las protestas del movimiento de desocupados a mediados de la década de 1990, se observa una creciente rutinización en el vínculo entre los movimientos sociales populares con el Estado, rastreable en la reiteración de un conjunto limitado de formatos de protesta así como en la estabilización de un espacio de demandas posibles que se ciñen a obtener cierto control en la gestión de recursos vitales para los sectores populares que se dispensan a través de programas sociales. Además, tiempo antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, tal como muestran las situaciones reconstruidas en este apartado, se registran ciertos cambios en la intervención estatal sobre el mundo popular como la creciente digitalización de las interacciones con las dependencias gubernamentales, la generalización de la crítica al lugar de mediación que asumieron históricamente las organizaciones y los movimientos sociales, y nuevas formas de control a través de auditorías y procesos judiciales.

6. A modo de cierre

En este artículo partimos de un estudio sobre el papel de las organizaciones comunitarias frente a eventos críticos como la pandemia por Covid-19. La reconstrucción de un arco temporal que recupera la historicidad de las experiencias populares de autoorganización y de vinculación con el Estado y las proyecta hacia el presente, nos ha permitido dar cuenta del proceso de entretejido de la vida comunitaria en barrios populares del Gran Buenos Aires en un escenario cambiante de relaciones de fuerzas. Coincidimos con el resultado de otros estudios en ciencias sociales sobre este tema que indica la vitalización de redes comunitarias en el momento crítico de la pandemia y su contribución decisiva para el sostenimiento de la vida en barrios populares; sin embargo, nuestro registro etnográfico pone de relieve una serie de procesos de diferenciación social que fragilizan los espacios colectivos en función de las estrategias tendientes a asegurar la reproducción social, las distinciones religiosas y cierta rutinización y estabilización de los vínculos entre sectores populares y Estado en los últimos veinte años.

La asistencia alimentaria en comedores comunitarios es un sitio clave para entender cómo se gestan compromisos vinculantes que no solo proveen de alimentos sino que crean oportunidades de trabajo en barrios populares, instituyen gestos éticos hacia ciertas categorías de la población en base al reconocimiento de su creciente vulnerabilidad, generan marcos de contención afectiva y producen conocimiento en un marco reflexivo de protección y disputa. En suma, la reconstrucción del funcionamiento de ollas populares y comedores muestra el contorno de los compromisos vinculantes y los entramados de reciprocidad que traman el entretejido de “ser juntos”. A la vez, en esos mismos espacios se expresan las contradicciones y tensiones derivadas de los procesos de diferenciación en el mundo popular que se manifiestan en compromisos más transitorios y espasmódicos con las reglas y obligaciones que imponen las tramas colectivas para su funcionamiento en el tiempo. En tal sentido, referentes comunitarios cuyas biografías políticas se remontan a la década de 1980 vuelven legible estas situaciones para tramitarlas como un problema de orden intergeneracional y habilitan preguntas acerca de cómo traspasar sus conocimientos acerca de las luchas urbanas y social hacía nuevas generaciones, teniendo en cuenta sus propias dolencias corporales, desgastes o incluso la muerte de muchos de ellos por la propia pandemia de COVID 19.

Como mostramos en el cuerpo del trabajo, en el contexto de la pandemia, integrantes de organizaciones comunitarias y movimientos sociales, fundamentalmente mujeres, revitalizaron comedores comunitarios y puntos de distribución de alimentos, enfrentando riesgos de contagio del virus que les ocasionaran problemas de salud y en algunos casos la pérdida de sus propias vidas. Ese momento también asentó una plataforma para discutir la esencialidad de algunas tareas, como la del cuidado, y disputar derechos para una nueva categoría social como son las “cocineras comunitarias”. Comenzamos este artículo, con el relato de un conflicto en torno a la distribución de alimentos en el marco del cual los distintos actores en disputa se preguntan cómo ha sido posible que quienes integran comedores comunitarios hayan sido reconocidos por su tarea vital pocos años atrás, pero estén siendo actualmente humillados públicamente y en ciertos casos criminalizados. En tal sentido, es posible afirmar que las autoridades gubernamentales que asumen en diciembre de 2023 como parte del partido La Libertad Avanza, y en sintonía con sensibilidades sociales que exaltan la valía de los sujetos que ganan su vida en el mercado, procuran deliberadamente quebrar marcos materiales y significativos, dentro de los cuales se habían establecido los términos centrales y el terreno donde podía ocurrir la lucha, la impugnación y la demanda. Se trata de un marco histórico configurado durante cuatro décadas de gobiernos democráticos en nuestro país, que establecía la legitimidad de ciertos reclamos y de las respuestas estatales ante los mismos, por ejemplo la demanda de alimentos y la asistencia alimentaria. La ruptura de ese marco de relaciones de hegemonía pone al descubierto el componente represivo de las relaciones de poder que se expresa en el creciente uso de la fuerza física, el encarcelamiento de quienes protestan en prisiones federales y la profundización del proceso de estigmatización sobre movimientos sociales populares, equiparando a este tipo de organizaciones con asociaciones ilícitas (CELS, 2024). De tal manera, el campo de disputa en torno a los alimentos del cual participan diversos actores sociales puede ser leído como un intento de rearticular posiciones comunes a través de los fragmentos disponibles que quedan de esos marcos comunes quebrados en un nuevo contexto de políticas de una derecha popular y radicalizada.

Finalmente, este trabajo se presenta también como una contribución a un corpus de estudios socioantropológicos en nuestro país que se interrogó por las transformaciones recientes en el vínculo entre el mundo popular y la política y que ha intentado dejar planteada una agenda temática futura. El pertinente manuscrito de Manzano, Ferraudi Curto y D’Amico (2023) establece algunos mojones sobre los cuales situar un abordaje actual de los sectores populares en sus relacionamientos con las dinámicas políticas. Primero, al atender a las reconfiguraciones recientes de las clases sociales y sus implicancias para la conformación de identidades y prácticas políticas, las cuales se caracterizan no solo por la pluralización de la política popular o los cambios generacionales, sino también por la fragmentación de las experiencias de clase social y el desplazamiento de las identificaciones sociopolíticas debido a las mutaciones en el lazo laboral y en los vínculos con el Estado. Segundo, al prestar atención a los dislocamientos en los modos de estatalidad, los cuales son múltiples y heterogéneos, invocan a la combinación y disputa con otros agentes reguladores que constituyen procesos de redefinición de los márgenes estatales -en ocasiones asumiendo formatos violentos-, a la vez que impactan de manera duradera en las formas de subjetivación, la organización cotidiana y la proyección de la vida entre las clases populares. Por último, al destacar las transformaciones en las modalidades de movilización popular, las cuales viraron del carácter antagónico a la rutinización y desactivación, en parte debido a la incorporación de referentes en los ámbitos oficiales de la política; asimismo, el cambio en las relaciones de fuerza -en la pospandemia y con la asunción de un gobierno ultraliberal en Argentina- significó la fragmentación de las organizaciones y el desgaste de ciertas formas de sociabilidad y militancia que alteraron las tramas históricas de acción colectiva y los horizontes de expectativas entre los sectores populares.

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Notas