La democracia como factor de desigualdad en América Latina y México

Democracy as a factor of inequality in Latin America and Mexico

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La región latinoamericana reviste las particularidades de una sociedad que reverdece con los recuentos de su historia. Las naciones cuentan anales de descolonización, independencia, emancipación, lucha e hitos interiorizados y próximos a contextos que se ajustan a situaciones concretas en lo económico, en lo social y en lo político.

El legado de cada país es un referente para fundamentar proyectos que reavivan los procesos de democratización, empero, orillan a la inmersión del pasado que, de acuerdo con los hechos, se alejan totalmente de una visión de futuro sostenible e igualitario. Las múltiples posturas gubernamentales y la intrusión internacional han sembrado divergencias que reproducen la violencia estructural del sistema y las desigualdades.

En América Latina la desigualdad se ha convertido en el sello de la región con gobiernos que no han estado a la altura de los desafíos y con falsas promesas de una democracia que ha pasado del gobierno del pueblo y las mayorías al gobierno de las élites, o sea, de unos cuantos que, con el apoyo de los diferentes gobiernos (sin importar color e ideología del partido), han sabido acomodarse para concentrar el poder, mantener sus privilegios y ampliar la brecha de desigualdad.

El potencial de la región es generoso, pero la desarticulación para el establecimiento de una agenda común y acciones concretas no se han logrado; muestra de ello es la agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que planteó una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Fue firmada por 193 Estados miembros con una visión hacia los próximos 15 años (2015-2030) y, a juzgar por los resultados obtenidos al día de hoy, se ha convertido en un documento de buenas intenciones sin avances o logros que permitan aproximarse a las metas.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe debido a que incluyen temas altamente prioritarios para la región como erradicación de la pobreza extrema, reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, crecimiento económico inclusivo, ciudades sostenibles y cambio climático, por mencionar algunos.

El conocimiento de los 17 ODS asociados con la Agenda 2030 ayuda a evaluar el punto de partida de los países del mundo y en especial de la región; asimismo, permite analizar y formular los protocolos necesarios para alcanzar la visión internacional de desarrollo sostenible (CEPAL, 2018a).

Más allá del discurso político de toda una región, las desventajas entre unos y otros se hacen cada vez más visibles y quedan de manifiesto en una realidad llena de contradicciones. Esto acrecienta el resentimiento en aquellos que por mucho tiempo han esperado el cumplimiento de la función “básica” del gobierno que es garantizar la protección y el bienestar de su población para mejorar sus condiciones de vida.

En cuanto al análisis fáctico, la democracia en México y AL está alejada de los ideales de justicia, participación, igualdad, equilibrio de poderes, transparencia y rendición de cuentas. Existe también una ruptura o una especie de disociación con los regímenes actuales, los cuales están apartados de la democracia surgida en la antigua Grecia que estipulaba como factor esencial la participación ciudadana para materializar los cambios de una sociedad justa y en armonía.

Datos del Banco Mundial (2022c) sostienen que América Latina encabezó la lista de desigualdad en todo el mundo. Se puede inferir que las formas consideradas para impulsar la igualdad, así como los métodos para hacer frente a las adversidades, no se han implementado adecuadamente ni adaptado al contexto de cada país, ya que la región latinoamericana es heterogénea en su composición demanda estrategias y políticas a la medida de sus necesidades y también recursos humanos, políticos y económicos.

Es necesario pasar de la teoría a la práctica, es decir, avanzar de investigaciones y diagnósticos laxos a aplicaciones contundentes, pues mientras los gobiernos no realicen acciones y/o estrategias para mejorar la distribución de ingresos, los ciudadanos seguirán inmersos en un esquema de reproducción de desigualdades.

Los principios que rigen la cultura democrática comprenden que la desigualdad queda al margen de un esquema político donde proliferan asimetrías en la distribución de riquezas, en el inequitativo reparto de bienes, en el irregular aprovechamiento de recueros naturales y en la escueta protección de derechos humanos (Díaz, 2015). Esto exhibe los grandes vacíos del régimen latinoamericano.

En resumen, la democracia en América Latina es débil por no saber cómo dejar atrás un pasado representado por la colonización y la subordinación; por no entender que, en términos políticos, se habla de una región conformada por países con características y rasgos culturales en común. No son iguales ni pueden ser estudiados y medidos bajo los mismos parámetros.

La fragilidad política se traduce en fallas estructurales donde la recaudación y la distribución de ingresos se dan de manera inequitativa. Los beneficios son para un puñado de familias y empresarios que generalmente son los mismos desde hace décadas. De este modo, la democracia se convierte en la sustitución de una élite por otra donde la atención a los problemas sociales ha pasado a segundo plano, y, una vez que se reconocen, cuando se hace, no se saben tratar.

A decir verdad, la constitución de Estados en América Latina apunta a procesos de revolución pasiva carentes de cambios radicales en la estructura de los países (esto desde una visión de transformación capitalista); no obstante, concede poder y privilegio a clases o grupos que históricamente han dominado a estas sociedades (Ansaldi, 2012).

La oligarquía como ejercicio de dominación política en el contexto latinoamericano no sólo ha perpetuado el tejido social existente, también ha mermado la credibilidad de los gobiernos frente a la opinión ciudadana. En este sentido, la desigualdad no debe ser normalizada, al contrario, debe erradicarse con la ayuda de polifonías narrativas con el fin de visibilizar a quienes han sido relegados por su condición económica, social, cultural, de género e incluso étnica. En otras palabras, el problema radica en la proliferación de niveles altos de tolerancia en actos o conductas reprobables. La cuestión ha cobrado fuerza a partir de una indiferencia social que crece al mismo ritmo que las asimetrías.

Desde este panorama, los estudios de la academia pueden abonar al desarrollo de políticas públicas y a alternativas de solución sobre problemas y conflictos que siguen aquejando a esta región. Paralelamente, desarrollar trabajos multidisciplinarios e intervenciones especializadas apoyaría a la reconstrucción diagnostica no sólo de los países a nivel macro, sino de pueblos, colectivos y sociedades excluidas.

En virtud de lo anterior, los planes gubernamentales deben ir más allá de los idealismos profesados por servidores públicos, instituciones o elencos partidistas; se precisan metodologías sensibles y empáticas para aportar a la reconstrucción de realidades que se debaten entre la lucha, la invisibilidad y el abuso de poder.

Adicionalmente, se debe reconocer que América Latina como paradigma o fenómeno de estudio sigue y seguirá siendo un contexto impredecible a consecuencia del dinamismo, de la heterogeneidad y de la complejidad de sus problemas. Tendrá que trabajarse paralelamente entre el sector público, social y privado para consolidar estrategias equitativas e igualitarias apegadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible que plantea la Agenda 2030 de la ONU.

América Latina se ha consolidado históricamente como una región pluricultural, rica en recursos y desigual en su nomenclatura. De acuerdo con Gootenberg (2004) Latinoamérica, lejos de ser la región más pobre o la más dividida del mundo, es la que presenta mayores índices de desigualdad.

OXFAM¹define a la desigualdad como “una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respeto al resto de los miembros del entorno al que pertenecen”; de igual forma, sostiene que “los modelos económicos actuales han fallado al mundo. Se trata de sistemas viciados y sexistas que han concentrado el poder en manos de una minoría, a costa de las personas más pobres y marginadas del planeta” (2023a).

Las diferencias económicas (riquezas), sociales (oportunidades) y políticas (Estado-Nación) desencadenan impactos y efectos múltiples sobre la vida de los ciudadanos. Toda divergencia genera desigualdad, ello incluye sistemas políticos, normatividades, marcos jurídicos, modelos socioeconómicos e, incluso, usos y costumbres.

Para referenciar y definir las tipologías de la desigualdad, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en español) reconoce las siguientes variantes:

Diagrama 1
La desigualdad y sus tipologías
Elaboración propia con base en la Agencia de la ONU para los Refugiados (2018).

De acuerdo con el diagrama, la desigualdad social se relaciona con el trato diferenciado a las personas por su posición, condición económica, creencias, color de piel y situaciones que pueden ser ajenas al propio sujeto. La desigualdad de género se presenta en la falta de acceso a oportunidades de diversa índole por el simple hecho de estigmatizar y lapidar a los actores por su sexo o identidad de género.

Por su parte, la desigualdad económica apunta a la distribución asimétrica de la riqueza o a la concentración del ingreso en grupos minoritarios. La desigualdad legal se hace visible en la aplicación de leyes de manera diferenciada; se beneficia a unos en perjuicio de otros sin mayor justificación. Finalmente, la desigualdad educativa es relativa a la falta de oportunidades para acceder a una formación académica o profesional.

De esta forma es como se pueden conocer los diferentes rostros de la desigualdad y la discordancia con una democracia que sostiene como postulados la libertad, la igualdad, y un Estado de Derecho reflejado. Esto resulta en una apatía ciudadana que, de acuerdo con Muñoz (2018), es una “desigualdad percibida por los ciudadanos sobre la manera inequitativa en la que se distribuyen los bienes económicos, políticos y sociales, se correlaciona con la desconfianza hacia las instituciones y los actores políticos” (p. 150). Ello ayuda a comprender el desencanto de los ciudadanos para participar de la política por no sentir representados sus intereses tanto individuales como colectivos.

Se puede argumentar clara y abiertamente que la fractura del tejido social a nivel latinoamericano está relacionada con la desigualdad. Fenómenos como violencia, discriminación, pobreza y exclusión forman parte de una realidad heterogénea y hegemónica donde se privilegia a quienes poseen, acumulan y maximizan el capital, y dejan de lado aquellos sectores que día con día luchan para subsistir y sobrevivir a la vorágine del mundo global. Al respecto, Insulza (2011) sostiene que

el tema de la desigualdad ya no es latinoamericano sino hemisférico, por cuanto los países más desarrollados de la región también se enfrentan a condiciones crecientes de desigualdad y acumulación de la riqueza en manos de pocos hogares, al tiempo que excluyen a importantes sectores de su sociedad (p.14).

Si bien entender esta condición conlleva a materializar las desventajas de las personas con respecto a su posición social y a su poder adquisitivo, la desigualdad no se limita a reconocer las disparidades entre colectivos, grupos, instituciones o sistemas, sino que se convierte en un factor contundente para visibilizar el aislamiento y la marginación ante la falta de oportunidades y el respeto a derechos fundamentales.

La Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 y la Carta de Derechos Humanos de 1948, procuran en su génesis la protección de hombres y mujeres por preservar su condición humana en ambientes donde la armonía y la justicia social deberían prevalecer. Ante la existencia de documentos y decretos internacionales, los marcos legales exhiben su deficiencia conceptual y aplicativa a través de índices que segundo a segundo miden y diagnostican diferentes problemas que, a final, no llegan a nada, son parte de estadísticos que no logran trascender ni ser tomados en cuenta para la toma de decisiones.

Regiones como Latinoamérica sufren el problema de la desigualdad desde distintos ángulos. Son realidades únicas y contrastantes a las que se suman asimetrías de poder, democratización e impartición de justicia. De acuerdo con esto, la conformación y el afianzamiento de centros neurálgicos son esenciales para contrarrestar los efectos de un sistema sociopolítico fracturado por la corrupción, la avaricia y la negligencia.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018b) expone que la igualdad es un valor fundamental para el desarrollo y un principio ético irreductible; por ende, las bases democráticas de los sistemas políticos requieren implementar protocolos donde se privilegie la innovación, el aprendizaje y el humanismo sin transgredir el respeto a los derechos humanos. De forma complementaria, Piketty (citado en Díaz, 2015) señala:

La historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello (p. 62).

Identificar la desigualdad en sus múltiples formas y dimensiones alude una compleja forma de diferenciar sobre lo social, lo económico, lo educativo, lo legal y las situaciones de género. En lo político se hace presente en el abuso de poder, en la formulación y/o aplicación de políticas públicas y apoyos sociales, y en los procesos de democratización.

En las últimas décadas, América Latina se ha enfrentado a grandes retos; entre ellos destaca la desaceleración económica como resultado de la implementación de un modelo económico que llevó a la concentración de la riqueza en pocas personas y la crisis de salud que se vivió a nivel mundial y de la cual ha sido difícil la recuperación.

Dicha situación eleva la incertidumbre sobre el panorama político electoral en diferentes países del continente. Esto, ante la ineficiencia de los Estados para atender el problema de la pandemia, lleva a los ciudadanos a expresar su rechazo e inconformidad en las urnas. Adicionalmente, la inversión extranjera y las políticas proteccionistas se han visto afectadas por la desconfianza que se tiene sobre los procesos y mecanismos para alcanzar el bienestar social y la competencia económica.

Otros ejemplos sobre malas prácticas hacen referencia a sistemas gubernamentales que potencializan las brechas entre las oportunidades y los derechos. Las ineficientes prácticas de administración de recursos y gasto público quebrantan la credibilidad de autoridades e instituciones. En otras palabras, se ha peculado el sistema latinoamericano para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres; por lo tanto, los sistemas democráticos se han encontrado con categorías que coadyuvan a homogeneizar de forma estructural el problema de la desigualdad en la región y en el mundo entero.

En el contexto latinoamericano, la brecha de desigualdad se ha impulsado por factores más allá de los económicos; es decir, aspectos raciales, de género y culturales forman parte de una realidad que se transforma de manera abismal, lo cual ha dejado en estado de vulnerabilidad a quienes, históricamente, han sido dominados por otras potencias y que hoy dependen de éstas.

El Banco Mundial (2022b) ha reconocido en múltiples ocasiones el esfuerzo y el trabajo emprendido en los países de la región latinoamericana; sin embargo, resolver los problemas de una condición observable y palpable en este contexto se convierte en una prioridad que día con día se invisibiliza ante sistemas socioeconómicos y sociopolíticos quebrantados por la avaricia y la deshumanización.

Analizar los datos desde el punto de vista social resulta desalentador al contrastar con las realidades y/o con las carencias entre naciones; con base en esto, acotar la brecha de pobreza se ha convertido en el insumo por excelencia dentro del discurso político. Pese a esto, las cifras apuntalan un sistema colapsado por prácticas antidemocráticas, de abuso de poder y de explotación de sectores que históricamente han sido vulnerados.

Se encontró que entre 2002 y 2009 existió un incremento de ingresos en los hogares latinoamericanos, tendencia que se repite en el 2014; por consiguiente, se deduce que entre 2002 y 2014 el aumento en el poder adquisitivo de las personas fue del 30.5%. En el resto de las periodicidades las estadísticas pierden fuerza, en particular cuando se revisan aspectos referentes a la línea de la pobreza (Amarante y Colacce, 2018).

Aunque el aumento no fue homogéneo, esta tendencia se acentuó entre los actores con menores recursos, reflejando un pequeño, pero afortunado indicio de que la disminución de la desigualdad es posible con sistemas políticos sólidos, eficaces y democráticos que entienden cuál es su papel y asumen su responsabilidad.

De acuerdo con Ayuda en Acción² (2022), algunas causas de la pobreza están relacionadas con el cambio climático (afectación de la agricultura, la ganadería y la pesca), modelos comerciales (abaratamiento de la mano de obra y la migración) y conflictos armados (guerras que desencadenan crisis económicas) en conjunto con los procesos antidemocráticos (corrupción y malos manejos de recursos) que se han apoderado de los sistemas políticos.

En síntesis, las expectativas giran en torno a la erradicación de limitantes de cobertura social. La agenda prioriza temas de salud, pobreza, empleo, alimentación, urbanización y suministro de energía eléctrica. Estas acciones son concebidas como protocolos para elevar la calidad de vida de la población y para instaurar principios de igualdad y democratización en los sistemas políticos latinoamericanos.

Por su parte, la CEPAL (2017) deja entrever que entre 2008 y 2015 la desigualdad en la región disminuyó; entre 2012 y 2015 las cifras dejaron de apreciarse como en años anteriores. Los países latinoamericanos no alcanzaron índices capaces de catalogarlos bajo un escenario de sostenibilidad. Esta situación hace evidente que las metas no pueden definirse como asequibles.

En 2017 el número de personas pobres en AL ascendió a 186 millones, equivalente al 30.7% de la población mundial. 61 millones presentan condición de pobreza extrema, cantidad representativa de al menos el 10% (Guerrero, 2018). Hasta 2021, la ONU (2022b) estimó que el número de personas en situación de pobreza ascendió a 201 millones. Colombia, Argentina y Perú se convirtieron en las naciones con mayor incremento de la región, mientras que Brasil fue el único que logró reducir estos índices.

En suma, los flujos inestables de recursos y las condiciones políticas de países como Venezuela, Nicaragua, México y Honduras tuvieron serios problemas en cuanto a temas de desigualdad y pobreza. Los sistemas políticos tardaron en visibilizar cómo la pandemia por COVID-19 podría complicar y comprometer la estabilidad de familias que pasaron de tener un estatus “estable”, a uno que lapidó por completo la dignidad humana, la inclusión y la igualdad. Frente al panorama sanitario y la crisis mundial por coronavirus, Martí y Alcántara (2021) aseguran que

las respuestas de los gobiernos y de los actores políticos y sociales de cada uno de los países han sido de una gran variabilidad. Las respuestas han sido dispares en función de los tempos, las decisiones estratégicas, los relatos elaborados, la capacidad y la voluntad de impulsar políticas públicas y de los objetivos de cada gobierno (págs. 15-16).

Anteponiendo lo dicho, BBVA (2022) ratifica que los esfuerzos para reducir la pobreza estuvieron afectados por el coronavirus, pues cerca de 28 millones de personas entraron en esta condición debido a que la pandemia no sólo afecto las formas de socialización, sino la actividad económica a nivel internacional. Adicionalmente, el Banco Mundial (2022a) señaló que hogares y empresas cargaban con deudas insostenibles previas a la crisis sanitaria, empero, aseguró que la disminución abrupta de los ingresos impacto drásticamente en la pobreza y en la desigualdad en todo el mundo.

La ex secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, hizo un llamado a enfrentar las asimetrías de los países desarrollados y en desarrollo a partir de la reestructura tributaria y la inversión de sectores estratégicos como: medio ambiente, tecnología, transporte y cuidado;³ de esta manera impulsó el empleo y la igualdad de género en la región latinoamericana (CEPAL, 2022).

En este tenor, la crisis sanitaria y social generada por el virus SARS-COV-2 aumentó la tasa de pobreza extrema en América Latina, acontecimiento traducido en un retroceso de 27 años de acuerdo con el informe “Panorama Social de América Latina 2021” debido a que de 2020 a 2021 se pasó de 13.1% a 13.8% respectivamente.

La ex secretaria de la CEPAL sostuvo que la desigualdad es un fenómeno que conspira contra la recuperación y el bienestar. También ratificó que el papel del Estado es esencial para implementar políticas fiscales, monetarias, sociales y ambientales; motivo por el cual, la pandemia se convierte en una oportunidad histórica para brindar protección, certidumbre y confianza ante los colectivos.

En este sentido, los diez países a nivel mundial con mayor nivel de desigualdad, tomando en consideración el “coeficiente de Gini”, dejan entrever que ocho de las diez naciones son latinoamericanas; se suman Ruanda y Sudáfrica, respectivamente (British Broadcasting Corporation, 2022). Por consiguiente, el Banco Mundial (2022a) posicionó a América Latina como la región más desigual del mundo, seguida de África Subsahariana.

La tabla 1 desglosa la realidad de los países latinoamericanos en cuanto a concentración salarial y/o desigualdad de ingresos entre personas (factor medido por el coeficiente de Gini), o sea, las variables fueron analizadas con datos de 2020, ello incluye lo rural, lo urbano y lo nacional (véase la siguiente tabla):

Tabla 1
La desigualdad en términos latinoamericanos

Elaboración propia con base en CEPALSTAT (2023). (*) No se encontró información al respecto.

Cabe resaltar que de los 21 países que integran América Latina, no se encontró información de Guyana Francesa y Haití. Por otro lado, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela tienen una desactualización de información ante la CEPAL; situación que impidió contemplarlos en la obtención regional del índice de concentración de Gini.

Los datos de la tabla 1 fueron interpretados con la curva de Lorenz, esto es, si la curva (coeficiente de Gini) se acerca a la línea de 45°, la distribución es cada vez más equitativa, de lo contrario, el nivel de desigualdad es mayor.

Diagrama 2
Curva de Lorentz
Elaboración propia con base en Chaves (2009).

En retrospectiva, el promedio del coeficiente de Gini en América Latina ascendió a 0.456 nacional,⁴ 0.451 urbano⁵ y 0.423 rural;⁶ cifras que exponen que la región está cada vez más cerca de la desigualdad. Además, representa foco rojo donde se expone que las personas no sólo carecen de oportunidades, sino que, en algunos casos, no tendrán acceso a ellas. Esto ayuda a entender que, en el caso de México, de acuerdo con el estudio del Centro de Estudios Espinoza Yglesias (2019) sobre movilidad social, 74 de cada 100 mexicanos que nacen pobres no logran superar esa condición a lo largo de su vida.

Por su parte, Guerrero (2018) refiere que la igualdad, la democracia y la economía son recursos complementarios y esenciales para cualquier sistema político; asimismo, reconoce que la consolidación de instituciones igualitarias disminuye la segregación, la discriminación y las diferencias económicas.

A pesar de esto, en el tema de las instituciones tampoco se han logrado cambios significativos. Al no contar con instituciones necesarias para la rendición de cuentas alejadas de las tentaciones del poder, se ha propiciado un alejamiento de los ciudadanos y, en consecuencia, mecanismos endebles a través de los cuales resulta imposible dar seguimiento a las acciones realizadas por los gobiernos ni corroborar si realmente se está cumpliendo con sus planes de desarrollo o si tienen contempladas estrategias para dar respuesta a las necesidades más apremiantes para reducir los índices de desigualdad.

Condenar a la población a vivir situaciones de pobreza, carencia y marginación ante los desequilibrios económicos exhibe la precarización de las clases y lo ineficiente que puede llegar a ser un Estado. En la actualidad, hay un número importante de personas con carencias básicas para la subsistencia; también hay dificultades para acceder a los apoyos gubernamentales, subsidios o alicientes que les permitan mejorar sus condiciones de vida e impulsar un Estado de bienestar con ayuda de los sistemas políticos-democráticos.

De manera complementaria, el estudio Latinobarómetro⁷ (2022) recuperó información sobre la percepción de los latinoamericanos sobre sus gobiernos. Los resultados arrojaron que 73% piensa que se gobierna solo para personas poderosas, visión no generalizada pero contrastante, pues 17 de los 18 países contemplados en el estudio registraron que el 50% de los participantes coinciden con este discernimiento.

La crisis de no representación expone cómo la desigualdad ha llegado a cargos de elección popular debido al favoritismo hacia ciertas clases o sectores sociales. Esto ha reducido e imposibilitado postulaciones que fomenten la sana competencia y las prácticas democráticas entre ciudadanos.

El análisis de los resultados muestra que los Estados no cumplen con principios democráticos en lo estructural ni en lo empírico; por consiguiente, representar los intereses de votantes en todos sus estratos es imprescindible para reparar tanto la relación gobierno–ciudadanía como la democracia-política.

Bonometti y Ruiz (2010) han hecho ver que la democracia en América Latina presenta elementos de debilidad relacionados a la incapacidad del Estado de extender los derechos humanos, fundamentales para la población y para ejercer la ciudadanía. Asimismo, ha sido incapaz de garantizar la cohesión social y la participación y el sentido de pertenencia de los habitantes hacia sus instituciones políticas.

La calidad democrática en América Latina está marcada por luces y sombras. Esta forma de gobierno sufre una crisis de representación asociada a repúblicas truncas. Los déficits adjudicados a la ciudadanía civil y social son notorios, por tanto, la democracia involucra más que la elección libre y transparente de los gobernantes. Se apunta entonces a una democracia ciudadana en la que los actores “vivan” sus derechos políticos, civiles y sociales donde la reducción de los “déficits democráticos” deben convertirse en una prioridad política (Caputo, 2011).

De este modo, la democracia como forma de vida, que conlleva a consolidar un Estado de bienestar, se disuelve. El vínculo entre la sociedad y sus instituciones es endeble y cada vez más distante. La desconfianza se apodera de esa relación que debería estar basada en la cooperación mutua para la obtención de resultados benéficos a fin de transitar a una democracia de mayor calidad bajo principios de igualdad, libertad y justicia.

La decadencia en América Latina no es cuestión de percepción; al contrario, forma parte de realidades tangibles donde las acciones antidemocráticas se presentan ante la violación de derechos humanos, en el abuso de garantías individuales y en la manipulación de procesos y protocolos que ponen en riesgo no solo la integridad humana, sino la credibilidad de todo un sistema.

En suma, los resultados coinciden en que los altos índices de desigualdad han provocado que la población no encuentre beneficios en la vida democrática. Como consecuencia deslegitiman y cuestionan de manera más aguda no sólo al sistema, sino a la capacidad de gobernabilidad de las administraciones en turno. La falta de fe y credibilidad en los gobiernos se convierte en un estigma que descalifica el régimen democrático en los países de la región, pues la mayor institucionalización alcanzada es la de las desigualdades.

La desigualdad no es un factor aislado, tiene relación directa con la democracia y con los niveles de desarrollo. Adicionalmente, es importante reconocer que los sistemas políticos fallidos y/o corrompidos por la anti-democratización han agudizado los problemas de equidad y justicia en América Latina; asimismo, han generado consecuencias transgeneracionales que van desde lo económico hasta lo sociocultural.

Para que exista un clima armónico e ideal donde se promueva la equidad, la igualdad y la justicia se debe lograr la consolidación de instituciones, y añadir la participación de otros actores influyentes como medios de comunicación, esto aunado a las autoridades de gobierno y a la sociedad civil. Cada actor tiene un papel preponderante y contribuye a mejorar el sistema político de su nación y a robustecer la cultura política democrática.

Por lo tanto, siempre se debe tener presente que las instituciones son el mecanismo de comunicación entre la sociedad y el Estado. El vínculo es indisoluble, por ello su actuar debe mantenerse bajo una lógica de colaboración y no de subordinación. Es importante guardar la distancia necesaria de los gobiernos en turno, ya que las instituciones fueron pensadas como estructuras cercanas a los ciudadanos donde el proceder se focaliza en demandas colectivas.

La negligencia de los gobiernos para garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos ha comprometido la credibilidad de los Estados-Nación de América Latina. Esta situación no sólo ha sacado a la luz la ineficiencia para resolver el problema de la desigualdad en la región, sino que expone el colapso de un sistema político carente de procesos democráticos efectivos; por consiguiente, la democracia se ha convertido en un sistema electoral con reglas claras, pero con resultados dudosos.

Siguiendo la hipótesis de Marx (2000), la desigualdad resulta inevitable debido a la interacción de los mercados económicos, a la acumulación de riquezas y a la estratificación de clases sociales. En este sentido, la explotación y la resistencia a condiciones socioeconómicas recae en la precarización del proletariado y en la pobreza que acrecienta el modelo capitalista.

Las instituciones que regulan la democracia figuran únicamente como mediadores del conflicto, y dejan entrever que los intentos por implementar políticas de redistribución y reasignación de riquezas provocan que las reformas vigentes solo funcionen como protocolos paliativos ante el inminente declive de la democracia en el contexto latinoamericano.

Garantizar un sistema equitativo e igualitario en el territorio es tarea de los gobiernos; no obstante, organizaciones e instituciones internacionales marcan las directrices del bienestar y la dignificación de la vida sin tomar en cuenta las particularidades. La distribución heterogénea de la riqueza no solo ha acrecentado las desigualdades, sino que ha marcado la jerarquización de clases con base en el factor socioeconómico.

Históricamente, las conductas discriminatorias se han apoderado de los procesos de impartición de justicia debido al influjo del dinero. Por ello, los sistemas políticos en AL deben rediseñarse tomando en consideración necesidades y prioridades concretas además de instaurar la democracia como principio universal en el tejido social e institucional. Hacerlo bajo principios idóneos permitiría reducir los índices de desigualdad en el mundo y contribuiría a que la idea de desarrollo sustentable sea sostenible más allá del discurso.

Por tal motivo, erradicar los privilegios de la clase dominante garantiza la puesta en marcha de un sistema político más justo y de uno donde impere la igualdad de oportunidades y la accesibilidad ecuánime a servicios de salud, educación, seguridad social y alimentaria. Empero, dicho fortalecimiento dependerá del trabajo estructural (generación de valores) y operativo (ejecución de acciones) de autoridades y sociedad civil.

Mejorar la calidad de vida de las familias latinoamericanas no debería ser un tema a discutir. Vivir dignamente es lo mínimo que espera cualquier persona con el apoyo de aquellos a quienes mediante el voto se les brinda la confianza para tomar las riendas de un país, para construir un mejor presente y un futuro próspero donde se coloque en el centro de la discusión el bien común, el pleno ejercicio de derechos y, en concordancia, el cumplimiento de obligaciones por parte de los gobernados.

Con el objetivo de materializar lo anterior, hacen falta políticas públicas que apuesten por la generación de programas y/o protocolos que saquen de la pobreza a toda una región y no sólo a unas cuantas partes. No se puede argumentar que el trabajo que se requiere es sencillo, sin embargo, el futuro de la humanidad solo puede encontrar sentido en valores como la ética, la resiliencia, el respeto y la justicia social.

Teóricos como Marshall (1992) sostienen que la calidad ciudadana encuentra fundamento en el goce de derechos y en el cumplimiento de obligaciones; reconocen la igualdad entre actores sin que los resultados se vean perjudicados por razones económicas, raciales o ideológicas, pues da cuenta de la calidad humana y la reitera mediante la reproducción de garantías individuales y colectivas.

Las deficiencias de los sistemas políticos tienden a potencializar la segregación, la discriminación y la exclusión; de esta forma se eclipsa la oportunidad de salir adelante, de encontrar un mejor trabajo, de elevar la calidad de vida y, por ende, de generar un estado de bienestar para la comunidad latinoamericana.

Impulsar el desarrollo no es una acción estrictamente económica, al contrario, precisa de un cambio ideológico, de una revolución de consciencias que asuma que es insostenible seguir viviendo así y de una ruptura paradigmática sobre lo que históricamente ha mermado el funcionamiento gubernamental, el cual encuentra sentido en concepciones de lo que es bueno y malo y de lo que funciona para la mayoría y no para unos cuantos.

La necesidad de crear instituciones incluyentes cobra importancia en el ejercicio democrático y en el respeto a los derechos humanos. En este sentido, la consolidación del régimen latinoamericano implicaría:

• Dignificar el trato ciudadano: brindar una atención basada en la empatía y el respeto íntegro a los derechos humanos para entender las problemáticas ciudadanas.

• Analizar realidades concretas: entender y respetar la multiplicidad de contextos sociales, políticos, económicos y culturales para ofrecer alternativas de solución acordes al tipo de población y espacio.

• Diagnosticar oportunamente cada uno de los casos: el Estado debe actuar antes de que el problema emerja (de manera preventiva) y no cuando los problemas son evidentes e incontenibles.

• Diseñar políticas con base en requerimientos y/o prioridades nacionales: las estrategias para hacer frente a temas preponderantes requieren una mirada global, pero actuando desde local. Los esfuerzos gubernamentales deben ser parte de un proyecto nacional sin olvidar respetar e incluir las particularidades geográficas y regionales.

• Capacitar actores e instituciones en el sistema democrático: el “buen trato” bajo una lógica de respeto a los derechos humanos debe convertirse en la regla y no es la excepción contar con servidores públicos a la altura de la responsabilidad que tienen; de otra manera, los objetivos y las metas a alcanzar para lograr la maximización de beneficios sociales (bien común) no podrá concretarse.

• Apegarse a directrices internacionales de organismos e instituciones: si se tiene en consideración que estos organismos cuentan con equipos multidisciplinarios y que tienen entre sus propósitos el apoyo a países en materia económica, política, social, ambiental etc., es pertinente incorporar políticas, planes de acción y estrategias para avanzar en temas globales desde una perspectiva holística.

• Seguimiento oportuno a propuestas de intervención: una vez que se ejecuta una acción encaminada al mejoramiento y/o a la atención de la sociedad, es responsabilidad de las autoridades dar seguimiento y realizar una evaluación para conocer los resultados y, de requerirse, aplicar los cambios correspondientes.

• Evaluación de proyectos y protocolos de manera paulatina: las necesidades de una sociedad cambian de manera constante, por ende, la forma de atenderlas debe diversificarse; ello requiere una revisión permanente de la forma en que se actúa ante ciertos casos. La intención es maximizar beneficios y evitar situaciones de riesgo.

• Reducir efectos y/o impactos en el sistema político: la idea es mantener, cuidar y fortalecer la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los cuales están obligados a cumplir sus funciones bajo una misma directriz (el bien común de las mayorías).

• Realizar proyecciones a futuro con ayuda de la innovación: invertir en ciencia y tecnología es de gran ayuda para toda sociedad, pues la toma de decisiones puede emprenderse en tiempo récord sin comprometer su precisión y contundencia.

• Reparar los errores del sistema para garantizar el bienestar de los actores: el análisis introspectivo permite reconocer fortalezas e identificar áreas de mejora para la realización de ajustes, lo que en gran medida permite el equilibrio de todo sistema.

La consolidación del régimen democrático en la región latinoamericana ha sido una de los más costosas y sangrientas en la historia; la lucha ha cobrado la vida de personas, la invisibilidad de actores y la transgresión de derechos. Ante este panorama, el establecimiento de procesos socioeconómicos y sociopolíticos no se ha logrado estabilizar como resultado de incisivas dictaduras, mandos que privilegian el estatus y el poder, pero que a su vez reproducen prácticas dominantes y hegemónicas antes que democráticas.

Tras décadas de trabajo, los avances para la construcción del sistema democrático latinoamericano han sido nulos si se considera la riqueza de la región, los índices demográficos y el capital humano que representa. En este sentido, fenómenos como la inflación han dado pauta para que el rezago social siga en aumento; empero, los padecimientos de la desigualdad resuenan mayormente entre mujeres, personas de escasos recursos y grupos indígenas (Colegio de México, 2018).

La disparidad existente en los sistemas democráticos de América Latina deja en descubierto los climas de inseguridad, corrupción y violencia que aquejan a la sociedad; a pesar de esto, la CEPAL (2018b) manifiesta que la disminución de desigualdades está asociada con la emisión de políticas públicas en favor de grupos vulnerables.

La dificultad para tener acceso a educación, empleo, alimentos y servicios de salud son menores para estos sectores de la población debido a que han sido condenados o relegados a la marginación. En virtud de esto, las oportunidades no implican una mejora sustancial en su calidad de vida y mucho menos en proyectos esperanzadores a futuro.

Como ejemplo se puede retomar el caso de las mujeres, quienes siguen atadas a prejuicios y discriminación en todo el mundo. El contexto latinoamericano expone la porosidad de un sistema sociopolítico que las condena a seguir ejecutando labores domésticas y de crianza; ello impide el desarrollo personal y profesional además de minimizar socialmente cualquier logro obtenido.

En México despuntan bajas cifras de participación femenina en el campo laboral, situación que lleva a las mujeres a depender de un tercero (no de manera generalizada). Adicionalmente, es culturalmente aceptable que el sexo femenino asuma un rol secundario en lo social; sin embargo, la trasmutación del pensamiento no depende exclusivamente de los sistemas democráticos, sino de una ciudadanía incluyente, respetuosa, igualitaria y equitativa.

En cuanto a temas laborales, al menos desde hace dos décadas las oportunidades de acceso a empleos dignos y de calidad han disminuido en el contexto mexicano debido a que los trabajos precarios han aumentado hasta en un 50%. Esto ha imposibilitado el acceso a seguridad social, prestaciones de ley y a tratos que dignifiquen al ser humano en las empresas e instituciones donde laboran (Colegio de México, 2018). Lo anterior, aun con formación académica, se presenta en el caso de médicos y profesores que han evidenciado las condiciones en las cuales ejercen su profesión; ello sumado a sueldos por debajo de lo esperado de acuerdo al nivel de especialización.

Dubet (2015) asegura que “la fragmentación de la estructura social sitúa a los individuos en diversos registros de recursos, culturas y desigualdades que no son necesariamente congruentes” (p.75). En el imaginario colectivo prevalece la idea de que a mayor preparación mejores condiciones laborales, pero hoy se sabe que no necesariamente es así. Los grados académicos, cada vez en menor medida, aseguran un mejor presente y futuro para la clase trabajadora.

Evidenciar la falta de protección a los derechos de los trabajadores es una tarea incesante en los países latinoamericanos; no obstante, se sobreprotege a aquellos que explotan y marginan a las clases trabajadoras. Por consiguiente, fomentar la formalidad y el respeto a las leyes debe cimentarse bajo una perspectiva democrática y de derechos humanos.

Por este motivo, los niveles de desigualdad son parte de una realidad mezquina donde prevalece el abuso y el privilegio que ostentan las clases dominantes. Quienes ejercen poder político y económico anteponen sus necesidades y exigencias quebrantando así el tejido social (situación que puede llegar a niveles de hostilidad); además, esto aviva la desconfianza en los gobiernos, en las autoridades y en al funcionamiento del sistema democrático.

La suma de los esfuerzos debe concentrarse en erradicar la cultura del privilegio para dar paso a la cultura de la igualdad (CEPAL, 2016). No se puede pretender un panorama equitativo cuando existen privilegios y tratos exclusivos o preferenciales. En este sentido, para instaurar la equidad en los sistemas democráticos se precisa de igualdad de condiciones, trato y oportunidades.

Contrario a lo que se podría pensar, las formas de gobierno que se suponen más desarrolladas y que han alcanzado niveles aceptables de equidad entre su población deben su éxito a la participación democrática y al respeto a los derechos de los ciudadanos (Oxhorn, 2001). La inestabilidad política agudiza o incentiva una crisis de gobernabilidad y legitimación en Latinoamérica. La carencia de sistemas y modelos democráticos no sólo perjudica la integridad de su población, sino que violenta decretos y acuerdos internacionales.

Los sistemas democráticos son por añadidura (idealmente) quienes tienen mayor consideración, respeto y apego a los derechos humanos; por otro lado, regímenes totalitarios o dictatoriales limitan y violentan las garantías de los ciudadanos suprimiendo cualquier tipo de derecho que garantice el bienestar de los actores y de los colectivos.

En virtud de lo planteado, una democracia integral se reconoce como la cualidad de poder incluir grupos sociales diversos (Bonometti y Ruiz, 2010); un clima donde se garanticen las libertades y los derechos posibilita la participación en procesos políticos democráticos, equitativos, igualitarios y justos; modelo que América Latina necesita para erradicar aquellos problemas que hacen frente a una historia de abusos, saqueos y violencias.

El panorama latinoamericano está en un momento coyuntural. Se encuentra en un contexto histórico que lo obliga a hacer cambios, pues no todo está perdido o es del todo negativo. Existe evidencia de que se trabaja incesantemente por alcanzar sistemas justos, igualitarios y sostenibles, acontecimientos esperanzados en una reestructuración política donde prevalecen principios democráticos tanto de instituciones como de los actores que las integran.

Los patrones de acrecentamiento de desigualdades evidencian que las asimetrías socioeconómicas se propagan en múltiples direcciones en los territorios latinoamericanos. Realidades de carencia, injusticia y abuso no son casos exclusivos de países como Haití, Chile, Venezuela, Perú o México, al contrario, son perceptibles incluso en África, Europa y Asia.

La mayoría de los casos apunta a que los principales problemas de los países de América Latina concentran temas como corrupción, violencia, inseguridad, crisis económicas, pobreza, hambruna, falta de educación y discriminación sin considerar que éstas se derivan de un problema medular mucho mayor: la desigualdad.

Para que la región crezca con un mejor y mayor nivel de igualdad, se requiere que las personas de la región latinoamericana tengan oportunidad de acceder a tecnologías de la información que se presume como un derecho, pues existe la necesidad de insertarse en la cuarta revolución industrial tal como lo menciona la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2022a). En este tenor, la capacidad de interactuar con el mundo global es factible sólo si se utiliza este recurso para reducir el analfabetismo y la pobreza.

Los ingresos en América Latina están condicionados por los escuetos aumentos salariales que no incrementan a la par de la inflación que, dicho sea de paso, se encuentra en niveles históricos a nivel mundial. Ésto avizora más pobreza y, por ende, mayor desigualdad, lo cual devela un posible estancamiento que impide salir del “bache” en el que se encuentra inmersa la región.

De acuerdo con el informe “La ley del más rico. Gravar la riqueza extrema para acabar con la desigualdad” (Oxfam, 2023b) la riqueza de los mil millonarios se ha duplicado en los últimos diez años. De cada 100 dólares de la riqueza generada en este período 40 dólares han ido a parar a manos del 1% más rico de la población, mientras que el 50 % más pobre sólo ha percibido 0.70 dólares.

Es irrefutable que la estructura social, tal y como está planteada, está generando beneficios para muy pocos. Es necesario pensar en una dinámica social y económica diferente, poner en marcha nuevos pactos sociales basados en pactos fiscales y que los que perciben mayores ingresos sean los que paguen más impuestos, pues la recaudación de éstos implica la inversión en servicios básicos en beneficio de los más vulnerados.

La asignación de los recursos para combatir problemas a través de proyectos, programas sociales, políticas de salud y de mejora de la calidad de vida se realiza con base en la toma de decisiones que dependen de la objetividad de las administraciones federales (Díaz, 2015), pero si no hay recursos que invertir o si resultan insuficientes difícilmente se podrán atender las necesidades de la población.

Por su parte, si las instituciones democráticas se ven corrompidas y alteran su funcionamiento original, es probable que se desvirtúen sus funciones principales, que se desvíe la atención de las necesidades de la ciudadanía y que se prive el desinterés por resolver problemas de índole público.

En el contexto latinoamericano el problema es claro, se alude a una crisis de gobernabilidad y se reclama por un sistema que ha acrecentado la desigualdad y reproducido la pobreza, lo cual violenta las garantías y los derechos de toda una región. Ante esto, el secuestro del sistema gubernamental no permite generar visiones objetivas sobre cómo dar solución a problemas y temas sociales de manera inmediata.

En el caso de América Latina las desigualdades comienzan en tres vertientes comunes: educación, empleo y nivel de ingresos; particularmente, la educación juega un papel fundamental en la generación de desigualdades, pues la información y la tecnología se han convertido en elementos imprescindibles para el apto desarrollo de las capacidades de las personas, lo cual se traduce en acceso a mejores oportunidades laborales.

A lo anterior se suman guerras y conflictos armados que también agudizan el problema de la desigualdad en la región porque se despliegan en espacios comunes entre grupos rivales. Esto deriva en formas de dominación por razones de credo, ideología, cultura, política, condición racial, recursos, etc.

En un sistema político secuestrado por poderes fácticos la apropiación y la distribución de recursos no puede considerarse como democrático debido a que su esencia radica en la representación del pueblo, de no ser así se estarían quebrantando los principios que le dan sentido.

Al respecto, las oportunidades de crecimiento socioeconómico son piedra angular para subsanar el problema de la inequidad y la desigualdad en América Latina. La necesidad de fortalecer el sistema de producción, de diversificar productos y servicios, y de brindar oportunidades de inserción para el sector privado forman parte de los objetivos de la Agenda 2030.

Los gobiernos democráticos se ven afectados por problemas de tráfico de influencias, financiamiento a partidos políticos, corrupción, sobrevaloración de obras públicas, clientelismo político, entre otros; por consiguiente, la percepción ciudadana de la región latinoamericana deslegitimaba los sistemas democráticos existentes.

El problema de credibilidad no recae completamente en el Estado y en los actores que las dirigen, sino en las acciones que han dado pauta a la propagación de desigualdades e injusticias. Adicional a esto, la ciudadanía cuestiona constantemente la capacidad de los gobiernos para trabajar en apego a lineamientos que promueven la dignificación de la vida.

El clima democrático en América Latina se ha afianzado como un proceso parsimonioso en su consolidación; empero, más allá de enaltecer esos preceptos revolucionarios de lucha social se nota el estancamiento de los gobiernos. Si bien son claras las exigencias en la región, no ha sido posible lograr el aumento del gasto público ni el equilibrio de la balanza comercial; por lo tanto, la evaluación del desempeño del sistema para intervenir en la resolución de los problemas en turno es nula y limitada.

Para resolver el tema de las desigualdades en cualquier parte del mundo se requiere del diseño y aplicación de políticas sociales verdaderamente eficientes y pensadas con un interés genuino de resolver las dificultades de la gente, además de políticas sostenidas sobre principios de institucionalidad y, sobre todo, encausadas en proteger los intereses colectivos con reglas claras, transparentes y al alcance de todos.

Se precisan actores políticos e instituciones democráticas comprometidos con las causas sociales, preocupados y ocupados del verdadero sentido de desarrollo y del progreso, interesados por ejercer la representación a la cual se adhirieron durante los procesos políticos electorales; que cumplan sus funciones apegados al principio democrático, que tengan una escala de valores objetiva y clara de las necesidades de quienes representan, y que en su representación prevalezca la justicia y el respeto a los derechos humanos.

Las recomendaciones de la CEPAL para mejorar la política democrática y alcanzar mejores condiciones de igualdad giran en torno a crear más políticas de desarrollo económico y ambiental y en diseñar políticas sociales a pegadas al contexto donde se pretenden implantar. Es importante encausar estas acciones de forma universal, de lo contrario se rompería con el esquema y con la propuesta sobre superar los problemas de desigualdad y convertiría al rezago en un problema más agudo de lo que ya representa a nivel latinoamericano.

Es imperante contar con registros estadísticos que permitan medir los avances de los Gobiernos en esta materia. Este elemento resulta de suma importancia, pues conocer los avances depende en gran medida de las métricas que puedan generarse con ayuda de investigaciones especializadas. No se trata sólo de un asunto de acumulación de la información, se requiere de un sistema de monitoreo capaz de dar seguimiento al problema específicamente para la toma de decisiones.

Los regímenes democráticos deben recuperar los ideales por los que se han pronunciado: libertad, igualdad y representación ciudadana. Es inútil un gobierno democrático que base sus fundamentos únicamente en el ejercicio del poder; al contrario, deben forjarse gobiernos que funden su funcionamiento en intereses y necesidades de quienes eligen y dan voz al sistema. Una democracia ficticia o con reglas a modo no será precisamente la que sacará adelante a una América Latina tan golpeada y desigual.