En la primera década del siglo XXI, distintas producciones (López, 2007;Suasnábar, 2017) han advertido la conformación de una nueva generación de políticas educativas en América Latina, cuyos textos recogerían un concepto estelar: el derecho a la educación. En este sentido, los autores observan un renovado impulso proveniente de los organismos supranacionales e identifican un hito principal en el Programa Educación para Todos, sancionado en la ciudad de Dakar en el año 2000. A partir de estas líneas directrices, en la región comienzan a producirse nuevos programas de política educativa como el Proyecto Regional de Educación para América Latina de Unesco, los cuales traerían remozados enfoques sobre la importancia del rol de la planificación del sistema educativo.

En el contexto de bonanza económica que caracterizó la primera década del S. XXI, principalmente vinculado a los extraordinarios precios internacionales de los commodities, y en línea con los nuevos enfoques y temáticas de los organismos internacionales anteriormente mencionados, los países de la región se embarcarían en la sanción de nuevos planes y leyes educativas que revalorizarían el rol y la responsabilidad de los Estados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y, de forma concomitante, reivindicarían el lugar central de la planificación en los sistemas educativos nacionales.

El inicio del siglo en Argentina encuentra al país en un profundo hundimiento del marco económico que hasta ese momento había regido los destinos nacionales. Los sucesivos ajustes económicos, la renuncia del presidente Fernando de la Rúa y la sucesión de cuatro presidentes provisionales daban cuenta del alcance institucional de la crisis y mostraban que el sistema institucional había tocado fondo (Quiroga, 2005). En términos socioeducativos, el futuro de la educación argentina estaba fuertemente condicionado por un presente en el que se habían acentuado las desigualdades del sistema, probablemente en proporción menor al agravamiento de las condiciones socioeconómicas en que vivía la población en edad escolar, pero ciertamente en una escala que comprometía los procesos educativos. En esta línea, Terigi (2012) señala que el sistema mostraba considerables niveles de desarticulación e importantes inequidades en cuanto a las oportunidades de escolarización y de aprendizajes reales.

En el año 2003 se inicia un fuerte proceso de recuperación económica, ligado a la exportación de soja y sus derivados que comenzarían a revertir las graves situaciones que se vivían en los primeros dos años del siglo. En el marco del crecimiento económico anteriormente descripto, el Estado argentino, inició un proceso de reforma educativa resultado de la convergencia de diferentes (y a veces contradictorias) políticas educativas nacionales (Suasnábar, 2017). Terigi sostiene que el gobierno del Frente Para La Victoria comenzó un proceso de reordenamiento del marco normativo que incluiría importantes iniciativas legislativas, entre las cuales es dable destacar la Ley de Educación Técnico Profesional, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Sexual Integral y la Ley de Educación Nacional (LEN). En este sentido, esta batería de leyes contribuyó a instalar una mirada pública sobre la educación como derecho y sobre la responsabilidad principal del Estado en su desarrollo que debe ser reconocida como un aporte significativo a la mejora de la situación educativa. Complementariamente a estas iniciativas, en el 2009 se produce una de las medidas sociales más significativas del período: el lanzamiento de la Asignación Universal por Hijo, la cual amplía a través de financiamiento estatal el beneficio del subsidio por hijo a la población que se encuentra fuera del circuito formal de empleo y que exige como una contraprestación la asistencia a la escuela.

Todas estas iniciativas trajeron aparejadas un significativo crecimiento de la población infantil en el nivel inicial y mejoras exponenciales en la población adolescente y joven en la educación secundaria. Otros progresos se dieron en la expansión institucional y matricular que operaron en el nivel superior y particularmente en la educación superior no universitaria. Asimismo, destaca el incremento del salario real de los docentes, los progresos en infraestructura escolar, equipamiento informático y en educación técnica.

Sin embargo, estos avances y progresos traerán aparejados nuevos desafíos y debates que Terigi (2016) sintetiza en cuatro tópicos fundamentales para pensar el futuro del sistema educativo: el gobierno de la educación y la persistencia del centralismo sin interacciones instituidas entre lo nacional y lo local; las políticas hacia el sector docente y la pendiente actualización de su desarrollo profesional; la educación secundaria y la falta de un abordaje integral sobre su modelo organizacional; y, por último, los aprendizajes que son posibles en las escuelas.

Es precisamente en estos pliegues de la realidad educativa donde podemos ubicar los aportes y las líneas de indagación que propone Derecho a la educación y pedagogías. Desde una perspectiva que evita las respuestas acabadas y los balances definitivos, la compilación avanza en una mirada retrospectiva que permita relevar cuáles han sido las tendencias de largo plazo y los aprendizajes incorporados en un análisis con intenciones de comprender y profundizar en las deudas pendientes del sistema educativo argentino.

El trabajo aquí reseñado parte de un enfoque de derechos, donde el Estado es el responsable y el garante para brindar oportunidades educativas al conjunto de la población, pero avanzará en una interesante dirección que no se encuentra lo suficientemente explorada: la intersección entre el derecho a la educación y el pensamiento pedagógico. En este sentido, las contribuciones que componen el volumen reconocen el importante avance en términos normativos y prescriptivos, pero construyen e indagan en renovados marcos analíticos e interpretativos que buscan desentrañar los nuevos escenarios educativos inaugurados en esta centuria.

El libro inicia con el trabajo de Gagliano, quien desde un enfoque histórico-prospectivo indaga y problematiza la formación docente de los últimos ciento cincuenta años. En este sentido, el autor abordará las distintas etapas históricas desde una perspectiva que intenta captar las dinámicas de funcionamiento del pensamiento pedagógico, los cambios propuestos, así como los ideales de inclusión y reflexión entre pares.

Los aportes de Birgin, se enfocarán en la reconfiguración del subsistema formador de docentes haciendo especial énfasis en ciertos rasgos de las trayectorias formativas de quienes estudian ciencias exactas y naturales. En este sentido, el estudio reconocerá como una conquista la expansión de la matrícula y la ampliación de derechos operada en el último decenio, pero su recorrido penetrará en las deudas y desafíos que estas exigentes metas han planteado para la formación docente, señalando los vacíos que existen todavía en el panorama investigativo.

Misirlis realiza una esclarecedora lectura sobre el marco normativo sancionado para efectivizar el cumplimiento de la obligatoriedad en el nivel secundario. Sus preguntas e indagaciones no estarán dirigidas hacia los aspectos formales de las leyes y resoluciones, sino en los sentidos que ha adquirido la inclusión educativa y cómo las líneas directrices de las políticas educativas nos invitan a pensar desde una pedagogía que historice y pueda reconocer a los nuevos alumnos.

Krichesky muestra las tensiones producidas en el nivel secundario como consecuencia de la universalización del nivel y las discusiones en torno a la igualdad, la equidad, la inclusión y la justicia educativa, y sus respectivas implicancias para la reflexión pedagógica presente y futura. En esta línea, analizará las experiencias de jóvenes que reingresan al sistema educativo provenientes de sectores vulnerables en instituciones que alteran el formato escolar tradicional.

Southwell discurre sobre dos acuciantes temáticas: los vínculos intergeneracionales y los conceptos de justicia que se dan al interior de las escuelas. Principalmente la autora constata la necesidad de desarrollar una pedagogía que permita asumir los desafíos de garantizar el derecho a la educación y que promuevan diálogos productivos a los fines de evitar la corrosión de los consensos entre generaciones y la confianza en el futuro y en la relevancia de los conocimientos

El último texto de la compilación contiene una producción de Finnegan que aporta claves interpretativas para pensar la participación de las organizaciones sociales desde los diseños de las políticas de Educación de Jóvenes y Adultos prevista en la LEN y señala los peligros de reproducir tendencias segregadoras y la conformación de circuitos segmentados.

Consideramos que Derecho a la educación y pedagogías: aportes para un pensamiento pedagógico del siglo XXI es un texto penetrante que puede contribuir críticamente para pensar enfoques novedosos sobre el largo camino todavía por recorrer hasta alcanzar las ambiciosas metas fijadas en la LEN. Al respecto, cada una de las perspectivas analizadas, están íntimamente unidas en el desafío de trascender las distintas coyunturas, procurando avanzar en consensos que miren el largo plazo y establezcan nuevas pistas que orienten los debates hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Bibliografía

López, N. (2007) Las nuevas leyes de educación en América Latina: una lectura a la luz del panorama social de la región. Buenos Aires: IIPE UNESCO.

Quiroga, H. (2005) La Argentina en emergencia permanente. Buenos Aires: Edhasa

Suasnábar, C.; Rovelli, L. y Di Piero, E. (eds.) (2017). Análisis de Política Educativa Teorías, enfoques y tendencias recientes en la Argentina. La Plata: Edulp editorial.

Terigi, F. (2016) “Políticas públicas en educación tras doce años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández”, Análisis N° 16, pp. 1-42.