La construcción de un sujeto político. Migrantes y lucha por la vivienda en Buenos Aires

The construction of a political subject. Migrants and struggle for housing in Buenos Aires

Este artículo se basa en los hallazgos de un estudio de caso desarrollado en el Playón de Chacarita¹, una villa o asentamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Surgido en la década de 1990 y consolidado en el contexto de la crisis de 2001², durante el último decenio ha experimentado un sostenido crecimiento poblacional y edilicio, que ha repercutido en graves niveles de hacinamiento y precariedad habitacional. La población incluye importantes sectores de migrantes, en su mayoría de origen peruano. Los habitantes se han venido movilizando por sus derechos habitacionales desde 2008, en un proceso que ha tenido a la judicialización entre sus principales estrategias y a un conjunto de migrantes como sus referentes políticos.

El tema se inserta en el campo de los estudios migratorios argentinos, abordando aristas escasamente analizadas. Por un lado, problematiza la significativa presencia de migrantes en diversas modalidades del hábitat popular. Por otro, indaga en su participación en procesos políticos inscriptos territorialmente y vinculados al acceso a la tierra y la vivienda. Se centra en la migración peruana, una de las más relevantes en la capital argentina. También contribuye con debates actuales sobre los efectos de la concentración de migrantes en villas y asentamientos, preguntándose especialmente por su incidencia en la politicidad de estos espacios. Por último, dialoga con trabajos sobre las expresiones políticas de los sectores populares urbanos, indagando en las relaciones entre fenómenos sociopolíticos y migratorios. Más específicamente, explora la participación de migrantes en las experiencias políticas que se desarrollaron en el contexto de la crisis de 2001 y en los procesos de judicialización de los reclamos por vivienda de la última década.

Reflexionar sobre los procesos mediante los cuales las personas migrantes se constituyen en sujetos políticos y sobre los modos en que estos colectivos reinventan las luchas por sus derechos, aparece como una tarea clave en la coyuntura actual argentina, marcada por un giro regresivo en la política migratoria³, en un contexto internacional de recrudecimiento de los discursos políticos xenófobos y discriminatorios respecto de las migraciones.

Las migraciones han constituido una preocupación constante para el Estado argentino desde fines del siglo XIX. Los flujos transatlánticos, decisivos en el poblamiento del país y en la producción de su identidad nacional, fueron perdiendo relevancia, primero frente a migraciones internas atraídas por la industrialización y luego ante aquellas de países limítrofes (y desde 1990 también de Perú), que fueron consolidando al país y a su capital como destinos privilegiados en la región. Estos cambios incidieron en la orientación de las políticas migratorias, que comenzaron a mostrarse cada vez más restrictivas⁴. También afectaron los modos de concebir a las migraciones, que hacia fines de la década de 1990 aparecían magnificadas por discursos que las responsabilizaban por diversos problemas sociales.

A comienzos del siglo XXI se produjeron importantes transformaciones normativas en materia migratoria, en un contexto de cambios políticos más amplios en Argentina y en la región. La sanción de la Ley de Migraciones (N° 25871/2003) fue el hito más destacado; su “retórica de la inclusión”⁵ representó un nuevo encuadre para el tratamiento de la cuestión migratoria, sostenido en dos ejes: la preocupación por los compromisos internacionales de derechos humanos, integración y movilidad de migrantes, y su inscripción en el contexto regional, con el reconocimiento de la migración de países vecinos⁶.

Entre los efectos más significativos de este “cambio de paradigma” en la vida de las personas migrantes se cuenta el mayor acceso a la regularización migratoria y a la documentación⁷, que ha repercutido en su relación con las instituciones públicas responsables de efectivizar derechos reconocidos, como la salud y la educación. Estas instituciones se han tornado espacios de disputas y tensiones, mostrando las sedimentaciones de los contenidos del enfoque anterior, así como sus porosidades⁸.

La documentación aparece como un requisito excluyente para el acceso a la vivienda en el mercado formal⁹, lo cual fuerza a muchos migrantes en situación irregular a recurrir al mercado informal y especialmente a las villas¹⁰. Sin embargo, los amplios sectores de migrantes en situación regular que no logran acceder a la vivienda en el mercado formal señalan la incidencia de otros factores¹¹. La relación entre condición migratoria y pobreza que indica la presencia de migrantes en distintas modalidades del hábitat popular aparece como un límite a los impactos producidos por los cambios normativos y políticos. Asimismo, la intensificación de discursos xenófobos en el contexto de conflictos por tierra y vivienda¹² revela la vigencia de imaginarios sociales en los que se imbrican ciertos orígenes nacionales y modalidades del hábitat popular, con efectos estigmatizantes para estos grupos¹³.

La situación de los derechos políticos de los migrantes también cuestiona los alcances de estos cambios. El marco normativo establece una ciudadanía local amplia, pero limitada en niveles de organización político-territorial más elevados. La participación política de migrantes analizada se desarrolla en el sentido de una ciudadanía urbana¹⁴ habilitada por el marco normativo del derecho a la vivienda; su reciente re-interpretación por parte del Poder Judicial y otros actores involucrados en dicha movilización (y la política que instala) sugiere una cierta apertura a las personas migrantes por parte del escenario político local¹⁵. Si bien los cambios normativos y políticos no resultan suficientes para revertir estas desigualdades, resultan significativos desde el punto de vista simbólico: en la perspectiva de algunas personas migrantes, representan avances en el sentido de la inclusión.

Los migrantes peruanos, protagonistas de los procesos políticos analizados¹⁶, constituyen el tercer colectivo más importante en la CABA¹⁷. Se distinguen de los dos grupos principales -paraguayos y bolivianos- en varios aspectos: se trata de un flujo más reciente (década de 1990), feminizado en sus comienzos, de origen predominantemente urbano y con un mayor nivel educativo formal¹⁸. También comparten problemáticas sociales con los otros colectivos. Su homogeneización en el conjunto de las migraciones “limítrofes”, portadoras de rasgos corporales y culturales históricamente alterizados¹⁹, les ha generado dificultades de inclusión, que se expresan en el plano habitacional. La discriminación que enfrentan en la actualidad revela los efectos de las políticas migratorias y habitacionales, especialmente aquellas implementadas durante la década de 1990²⁰.

El espacio no constituye sólo el escenario de los fenómenos sociales; es también una de sus dimensiones. El espacio urbano es una construcción histórica y política²¹. También es diferencial: allí se producen y reproducen las diferencias sociales, y se dirimen los conflictos sociales²². Pero el espacio no sólo refleja las diferencias sociales, sino que contribuye a moldearlas; las formas espaciales son producidas por la acción humana, por lo que expresan e implementan los intereses de la clase dominante, al tiempo que se ven condicionadas por la resistencia de las clases explotadas. La ciudad aparece como un espacio privilegiado para comprender las estrategias de supervivencia que despliegan las familias migrantes en las sociedades contemporáneas²³.

La CABA se ha consolidado como polo de atracción de migración, al tiempo que se ha tornado cada vez más excluyente, generando dinámicas complejas que confluyen en la segregación residencial e incluso en la marginalidad urbana de importantes sectores de migrantes²⁴. El análisis de la distribución espacial de estos grupos en la ciudad revela formas diferenciales de localización, en el marco de procesos relacionados con desigualdades socioeconómicas y dificultades de acceso a la vivienda, en los que la condición étnico-nacional potencia las distancias socioterritoriales. Los migrantes tienen un elevado peso relativo en las urbanizaciones populares de origen informal, y particularmente en las villas; casi la mitad de la población censada en estos espacios en 2010 nació fuera de Argentina: 22,2% en Paraguay y 21,4% en Bolivia. Los migrantes tienen un peso algo menor en los asentamientos (37,2%), donde los peruanos cobran un mayor protagonismo (17,7%)²⁵.

Ante las políticas restrictivas y represivas implementadas durante la década de 1990 y la primera mitad de 2000, algunos sectores de migrantes peruanos optaron por acceder a la vivienda mediante modalidades informales, principalmente inquilinatos y “casas tomadas”²⁶. Si bien este grupo no constituía la mayor parte de la población de esos inmuebles, mediante un proceso de “invención de la etnicidad” se creó esa ficción, con un “efecto de realidad” difícil de refutar²⁷, y cuyos efectos en términos de estigmatización persisten hasta la actualidad.

Para combatir la discriminación y para evitar los desalojos²⁸, los habitantes de casas tomadas desplegaban estrategias orientadas a contener el “desborde” hacia el espacio público²⁹. También evitaban recurrir al Estado, desarrollando otro tipo de redes para la resolución de sus necesidades, en un proceso de “doble segregación”³⁰. Estas prácticas fueron reproducidas durante los comienzos de villas y asentamientos recientes, como el Playón de Chacarita. La experiencia de vivir en casas tomadas conllevó procesos formativos para los migrantes, quienes entraron en contacto con actores institucionales y políticos, procedimientos legales y administrativos, y alternativas disponibles en casos de desalojos; aprendizajes que se reactivaron en la lucha por la vivienda que se desarrolló en los años siguientes.

Frente al aumento de los desalojos en casas tomadas, hacia mediados de la década de 2000 algunos grupos de migrantes peruanos comenzaron a recurrir a villas y asentamientos, generalmente a espacios emergentes³¹. En el caso estudiado, la necesidad de evitar que el barrio se convirtiera en un espacio de estas características fue la que motivó la movilización política de sus habitantes -como se verá más adelante- bajo la consigna de la “urbanización”³².

El barrio aparece como un eje articulador de las identificaciones de sus habitantes, debido a las experiencias que articula³³. Los relatos permiten reconstruir pasados compartidos, con trayectorias residenciales comunes que en el caso de los migrantes aparecen moldeadas por la acción de las redes y el capital social³⁴. Estos recursos sociales les permitieron conocer estos lugares, acceder a información sobre terrenos y viviendas a la venta, reunir el dinero para concretar estas operaciones, construir sus viviendas, paliar la ausencia del Estado mediante la construcción colectiva de infraestructura, y asegurar otros aspectos de su reproducción social. También les proveen formas de inclusión que contribuyen a enfrentar la exclusión que enfrentan cotidianamente en el espacio público³⁵.

En el caso estudiado se observa que la residencia en el barrio ha comenzado a reemplazar a la nacionalidad en las identificaciones de muchos de sus habitantes: un desplazamiento que podría señalar una resignificación de este espacio, producto del reconocimiento estatal obtenido mediante la movilización política. Muchos habitantes ya no niegan su lugar de residencia -como en el pasado- sino que lo afirman, ante las conquistas logradas y las expectativas que genera la posible “urbanización”³⁶.

Los extranjeros históricamente han sido concebidos como figuras exteriores a la nación como comunidad imaginada³⁷, con la cual han establecido vínculos siempre marcados por una supuesta falta de naturalidad. En Argentina, la otredad atribuida a los migrantes ha justificado prácticas de control y vigilancia, graves desigualdades en sus derechos y una exclusión naturalizada (o legitimada) del ámbito público³⁸.

La movilización política analizada tiene al barrio como principal eje articulador. Se trata de otro ámbito posible para la política, en tanto contexto de interacciones sociales y de identificación social³⁹. La noción de territorialización de la política se extendió a partir de 2001, en el marco de un extendido acuerdo sobre la positividad relativa de los procesos de repolitización de los sectores populares en la década que siguió a la crisis. El concepto de inscripción territorial de las clases populares, por su parte, indica la inserción social y la estructuración de estos sectores a través del barrio, una forma de política popular y una vía de conexión con las instituciones, así como un punto de apoyo para la acción colectiva. Esta inscripción marca la politicidad de estos grupos: sus prácticas, socialización y culturas políticas⁴⁰.

Muchos de los migrantes que lideran esta movilización participaron de experiencias sociopolíticas durante el ciclo de protesta⁴¹ que se desarrolló en el contexto de la crisis de 2001, en un escenario que mostró una mayor flexibilidad para el ingreso de estos grupos a las organizaciones sociales y políticas⁴². La necesidad de vivienda fue el principal motivo del acercamiento de los migrantes a los distintos espacios políticos, en un período en el que el trabajo sintetizó las demandas de los sectores populares organizados⁴³. Los migrantes llegaron a ocupar puestos jerárquicos en estas organizaciones⁴⁴, en el marco de las cuales transitaron procesos de formación política. Esto se plasmó en la conformación de repertorios de acción colectiva⁴⁵ en los que se articulan elementos surgidos de distintos ciclos de movilización⁴⁶. No obstante, los migrantes enfrentaron discriminación y cuestionamientos a la legitimidad de su participación en la protesta social, ante lo cual optaron por invisibilizarse en estos contextos⁴⁷.

La movilización política por vivienda desarrollada durante la última década ha recurrido a la judicialización, entre un amplio abanico de estrategias. Este término alude a procesos que implican a instancias del Poder Judicial en problemáticas que usualmente se dirimen en otros campos. Designa el proceso mediante el cual diferentes actores políticos y sociales recurren a la justicia para defender sus intereses⁴⁸. Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, a partir de la década de 1980 -contexto de la transición democrática⁴⁹- se observa un incremento en la participación de tribunales en la revisión de las políticas públicas, así como un uso creciente de recursos judiciales para demandar cuestiones sociales y políticas por parte de distintos actores sociales. Este último fenómeno ha sido denominado judicialización de la política. Su extensión se vincula con cambios normativos e institucionales más amplios, como los procesos de estandarización jurídica y de reformas constitucionales y judiciales en los países latinoamericanos⁵⁰. Las reformas inscriptas en el ciclo de la autonomización política de la ciudad de Buenos Aires resultan clave: en 1996 se le concedió estatuto autónomo y su Constitución incluyó el derecho a la vivienda digna y al hábitat adecuado, así como la definición de la radicación definitiva como política urbana hacia las villas.

En el transcurso de la última década un conjunto de acciones judiciales contra el gobierno de la CABA ha buscado garantizar el derecho a la vivienda y al hábitat de los habitantes de villas y asentamientos. Las sentencias surgidas de estas acciones le han impuesto al gobierno la ejecución de políticas y servicios con efectos significativos en las condiciones de vida de estas personas. Mediante acciones judiciales colectivas se ha logrado comprometer la entrega de viviendas, obtener el saneamiento ambiental de tierras destinadas a la urbanización, proteger judicialmente la toma de terrenos sobre los que existían acuerdos previos de urbanización, proveer agua potable de manera permanente y regularizar los procedimientos electorales en villas y asentamientos⁵¹.

En el Playón de Chacarita la movilización socio-legal comenzó en 2008. La primera acción judicial emprendida por los habitantes fue una demanda al gobierno de la CABA para que proveyera servicios en el barrio. La mayoría de las personas que participaron de esta iniciativa eran migrantes, razón por la cual inicialmente consideraban que sus reclamos eran ilegítimos. Los recursos sociales de los habitantes del barrio -sus redes y su capital social- tuvieron una importancia decisiva para la concreción de esta acción. La confianza en las referentes migrantes que promovían esta demanda fue clave para lograr la participación y el compromiso de los vecinos. Así empezó un período de auge de la movilización política del barrio, marcado por niveles inéditos de participación. Hasta ese momento, el barrio no había protagonizado reclamos por servicios públicos, ni a través de la vía judicial ante el Estado. En ese período también surgió la primera organización de habitantes, que contribuyó a instalar la consigna de la “urbanización” en los debates entre vecinos, activistas y actores institucionales.

En el marco de la causa judicial iniciada en 2008 -en la que se denunció al gobierno de la CABA por el incumplimiento de la ley de atención prioritaria a la problemática social y habitacional en las villas (N° 148/1998), exigiéndole que se dispongan los procesos participativos estipulados- en 2011 comenzó el proceso de “intervención judicial” en éste y otros barrios de la ciudad. El Poder Judicial local designó equipos para la realización de elecciones y para operar como intermediario entre el gobierno y los habitantes, a fin de canalizar, encauzar y responder a las necesidades de los barrios.

La experiencia de la judicialización trajo consigo cambios sustantivos en las prácticas y representaciones políticas de los migrantes. Contribuyó a afianzar los procesos de formación política que venían transitando desde los años de la crisis, redefiniendo algunas de sus concepciones sobre sus derechos y las formas de exigirlos. La extensión de herramientas como el lenguaje de derechos fortaleció sus praxis ciudadanas⁵². Este proceso significó el abandono y/o la relativización de visiones que naturalizan las desigualdades que afectan a los migrantes y que consideran ilegítimas sus demandas, por ejemplo, por el derecho a la vivienda. Aunque no participaron de esta experiencia en calidad de migrantes⁵³, tampoco buscaron invisibilizarse como tales ante las instituciones a las que interpelaban, ni ante la sociedad en su conjunto. En el marco de estos procesos muchos migrantes consolidaron su posición como representantes de estos barrios, como sus interlocutores legítimos ante el Estado. Si bien la representatividad y legitimidad de estos referentes exceden a la experiencia judicial, ésta la valida: no sólo ante los vecinos, sino también ante el Estado y el resto de actores políticos e institucionales.

La judicialización también representó un proceso de aprendizaje político para los migrantes. El conocimiento de la institucionalidad local abocada a la problemática habitacional se cuenta entre las herramientas adquiridas e incorporadas a sus repertorios de acción colectiva⁵⁴. No obstante, el relacionamiento con las instituciones evidencia la vigencia de miradas que alterizan y discriminan a los migrantes, especialmente cuando esta condición se entrelaza con la de habitante de una villa o asentamiento. Estas asimetrías son reproducidas en estos ámbitos, pero también son disputadas en las luchas de los migrantes por sus derechos.

Otro aspecto a destacar es que, en el marco de estos procesos, las mujeres se afianzaron como referentes barriales. El estudio de la participación política de las mujeres migrantes es incipiente en Argentina. Los hallazgos de esta investigación confirman la centralidad del papel desempeñado por las mujeres peruanas en los contextos locales⁵⁵. En los discursos de las madres migrantes, el bienestar de sus hijos aparece como otro motivo que justifica la movilización política, una argumentación que se ve fortalecida por la nacionalidad argentina de esos hijos.

Por último, los recursos sociales de los migrantes que participaron en estos procesos se robustecieron con el contacto con un amplio arco de actores políticos. Los principales referentes del barrio exhiben un amplio caudal de relaciones sociales, que refuerza su centralidad posicional en tanto mediadores⁵⁶. La legitimación de su posición por parte del Poder Judicial potenció sus recursos sociales⁵⁷, entre los cuales las experiencias migratorias y habitacionales resultan determinantes.

La experiencia de la judicialización del derecho a la vivienda generó transformaciones en la relación entre los migrantes y el Estado. La reducción de la distancia institucional adquirió un sentido especial para los migrantes, sujetos tradicionalmente excluidos del ámbito público en la CABA. La “presencia en el barrio” del Estado, a través de distintas instituciones, resultó significativa para la población. Si bien el reconocimiento es uno de los principales motivos de la movilización política de los pobres urbanos⁵⁸, en el caso de los migrantes implica tanto a la legitimidad del barrio (surgido de necesidades habitacionales) como de sus habitantes (cuya representación es refrendada por el Poder Judicial). Más allá de su condición migratoria, estas personas comienzan a considerarse ciudadanas, con derechos que el Estado debe respetar. Si bien estos procesos no han revertido la exclusión naturalizada de los extranjeros del ámbito público, es posible argumentar que dan cuenta de una mayor porosidad en esta frontera.

Los procesos analizados responden a un conjunto de oportunidades políticas⁵⁹. Por un lado, los cambios en la política migratoria nacional han promovido procesos de resignificación que paulatinamente se han reflejado en las actitudes de las personas migrantes. Su participación en la movilización política por vivienda constituye un ejemplo en este sentido. Por otro lado, ante la crisis habitacional que vive la CABA, la vivienda ha vuelto a posicionarse entre las principales reivindicaciones de los sectores populares. Esto ha activado procesos políticos en villas y asentamientos, que han habilitado la participación de migrantes, actores con fuerte presencia y recursos sociales en estos espacios. Asimismo, la acción política analizada se inscribe en dos grandes ciclos: la autonomía de la CABA de inicios de la década de 1990, que deja como legado un conjunto de leyes progresistas y mecanismos participativos que son recuperados a mediados de la década de 2000, y el ciclo de protesta que se registra a nivel nacional a fines de la misma década, que consolida un repertorio de acción colectiva que, si bien se ha actualizado, continúa vigente.

También arrojan luz sobre la construcción de procesos enmarcadores⁶⁰ que, aunque remiten a los fenómenos mencionados, muestran elementos singulares. La movilización política por vivienda instala la idea de una situación problemática (la crisis habitacional) que afecta a un conjunto de sectores (incluyendo a los migrantes) y que legitima sus reclamos, una entidad principal a ser interpelada (el Estado local) y una vía privilegiada aunque no única (la vía judicial). La acción colectiva que promueven estos procesos encuentra su legitimación en la vulneración de derechos, que son interpretados también como derechos de los migrantes. Estos aspectos se remontan al proceso de la autonomía de la ciudad: encuentran su anclaje en normativas sancionadas en ese contexto, se viabilizan a través de mecanismos de acceso a la Justicia constitucionalizados en ese escenario y se expresan en el lenguaje de derechos, consolidado en esos años pero deudor de la transición democrática. Esta movilización también apela a elementos del repertorio que se configura durante el último ciclo de protesta -ocupaciones de tierras e inmuebles, cortes de calles, etc.- y de las visiones que respaldaron dichas protestas, como la independencia de la política partidaria y la autogestión.

Estos desplazamientos son resultado de la acción colectiva analizada, que es, a su vez, producto de un proceso de construcción social⁶¹. Los actores que participan de este proceso, incluyendo a los migrantes, definen y significan colectivamente las oportunidades y los límites de dicha acción, al tiempo que se definen a sí mismos y al entorno. La construcción de un “nosotros” que realizan es consecuencia de las interacciones, negociaciones y conflictos reseñados. Incluye la definición de los fines de la acción colectiva, que aunque se sintetizan en la idea de la “urbanización” de villas y asentamientos, abarcan elementos simbólicos, de resistencia a la desafiliación⁶². En el caso de los migrantes, esta desafiliación involucra aspectos específicos: discriminaciones concretas que sobredeterminan la experiencia de la exclusión que significa vivir en una villa. También implica la determinación de los medios a ser utilizados, que consisten en una combinación contingente de elementos provenientes de distintas trayectorias y ciclos de movilización política, y que conforman un particular repertorio de acción colectiva. Los migrantes aprenden y reinterpretan este repertorio en el marco de sus propias experiencias, que incluyen aquellas vinculadas a la migración: entre éstas, se destaca la estigmatización sufrida en distintos ámbitos de su vida que, en determinados contextos, conduce a intentos por desmarcarse. La construcción de este “nosotros” delimita el ámbito en el cual se desarrolla la acción colectiva, la CABA, y más específicamente, sus juzgados, su Legislatura, sus oficinas públicas y sus calles: espacios antes negados a los migrantes.

El corolario de este proceso de construcción social es una identidad colectiva: una definición interactiva y compartida que articula distintas dimensiones⁶³. Por un lado, formula marcos cognitivos respecto de los fines, medios y ámbito de la acción, ya descriptos. También activa relaciones y negociaciones entre distintos actores (referentes barriales, activistas, políticos, funcionarios públicos, etc.). Implica inversiones emocionales que, en el caso de la movilización analizada, se relacionan con la inscripción territorial de sus protagonistas (la experiencia compartida de vivir en una villa y de luchar por mejorar este espacio) y, en el caso de los migrantes, con el peso de los recursos sociales en su vida cotidiana (la experiencia compartida de ser migrantes pobres y discriminados, y de luchar por cambiar estas circunstancias). Estos procesos confluyen en una identidad colectiva que reúne los siguientes elementos: un origen nacional extranjero; rasgos corporales etnicizados; un estrato socioeconómico bajo; una inserción laboral en condiciones de informalidad; trayectorias residenciales precarias, informales, inseguras e inestables; experiencias políticas durante el ciclo de protesta y el proceso de judicialización del derecho a la vivienda; conocimiento de estos repertorios de acción colectiva; e identificación de un nivel estatal a ser interpelado (el local).

Estos aspectos convergen en los desplazamientos mencionados, que se expresan en una participación diferencial de los migrantes, anclada en una mayor consciencia de sus derechos, que condensa los procesos descriptos. Si bien no es posible sostener que todos los migrantes peruanos en la CABA exhiban esta articulación discursiva, los protagonistas de los procesos analizados sí se expresan en estos términos. Esto reafirma la pertinencia de la reflexión sobre sus procesos de construcción de subjetividad política que, en el caso analizado, se ubica en la intersección de un conjunto de procesos, entre los cuales las experiencias políticas tienen una importancia central. La articulación de estas experiencias con otras de naturaleza migratoria y habitacional produce efectos transformadores en las identificaciones de los migrantes.

Más allá de estos cambios, la relación entre los migrantes y el Estado continúa marcada por diversas tensiones. Uno de los aspectos más relevantes es que los procesos de movilización política por el derecho a la vivienda tienen como principal interlocutor al Estado local, una decisión que, además de una economía de recursos, muestra dos procesos contrapuestos. En primer lugar, señala la vigencia de la construcción histórica de la exterioridad de los extranjeros respecto de la comunidad nacional, y las desigualdades -en términos de derechos- que se desprenden de esa falta de membresía. Pero también -y quizás más importantemente- revela la complicidad de los propios migrantes con esta construcción: la eficacia de la violencia simbólica⁶⁴. Los migrantes que actualmente exhiben discursos politizados y consciencia respecto de sus derechos, en el pasado consideraban que su condición de extranjeros deslegitimaba su interpelación al Estado. En segundo lugar, y como resultado de la articulación de experiencias migratorias, habitacionales y políticas, los migrantes construyen una acción y una identidad colectivas que repercuten en una interpelación más directa al Estado, aunque principalmente en el ámbito local.

Como consecuencia de todo lo anterior, la situación de los migrantes y su relación con el Estado se modifican en dos sentidos. Por un lado, los procesos de movilización política analizados cuestionan la imposición del arbitrio cultural de acuerdo al cual los migrantes no poseen la legitimidad necesaria para realizar reclamos por derechos al Estado y, menos aún, cuando estos reclamos giran en torno a la vivienda. Aunque este derecho se encuentra consagrado formalmente, su histórica mercantilización (acentuada durante el neoliberalismo) lo torna especialmente controvertido, no sólo en relación con los migrantes sino con los sectores populares en general. Esta violencia simbólica va perdiendo paulatinamente la complicidad de los protagonistas de estos procesos: los migrantes que viven en villas y que se movilizan para mejorar las condiciones de vida en estos espacios. Mediante sus praxis ciudadanas, estos migrantes emprenden procesos de deconstrucción simbólica que, si bien son incipientes, ya permiten vislumbrar formas de desnaturalización de desigualdades históricas. Esta deconstrucción simbólica se apoya en un conjunto de mecanismos, entre los cuales se destaca especialmente el derecho y su potencial transformador de las relaciones sociales⁶⁵. Por otro lado, si bien los procesos de estigmatización revelan su vigencia, la movilización política analizada opera también sobre ellos. Los discursos de los migrantes que viven en villas y asentamientos muestran la incidencia de imágenes hegemónicas negativas sobre ellos mismos, así como la extensión de estrategias para hacerles frente, como el vínculo (a veces, casi exclusivo) con “iguales” y los intentos por desmarcarse. La movilización política también representa un intento de resistencia a esta estigmatización, una batalla simbólica que apela al derecho y a su potencial como herramienta de lucha ideológica. Amparándose en los contenidos de leyes -no migratorias, por cierto- los migrantes postulan, en un afianzado lenguaje de derechos, sus derechos como habitantes de la ciudad.

Este artículo analizó un caso de construcción de subjetividad política por parte de personas migrantes, ubicado en la intersección de un conjunto de procesos y localizado en un contexto espacial y temporal determinado. Los hallazgos de esta investigación permiten reflexionar sobre fenómenos sociales más amplios. En primer lugar, revelan que las prácticas y los discursos discriminatorios hacia las personas migrantes conviven con intersticios para su inclusión en espacios anteriormente vedados, como la política. En segundo lugar, indican que si bien se profundizan las lógicas urbanas excluyentes, también se desarrollan procesos que resignifican algunos territorios relegados, mejorando relativamente las condiciones de vida de estos sectores y ampliando sus horizontes de integración. Por último, muestran que más allá de las diversas barreras, muchas de las personas que viven en Argentina -incluyendo a aquellas que, sin haber nacido en el país, lo eligen como su hogar- recurren a la política para transformar su realidad. El escenario adverso al avance de los derechos de las personas migrantes que se ha venido configurando a nivel nacional e internacional durante los últimos años sin duda reafirma la importancia de acompañar el desarrollo de estos procesos.