La crítica situación financiera de las universidades públicas del país, resultado de casi 26 años de estar recibiendo aportes inferiores a sus requerimientos por parte del Estado, ha sido analizada de manera juiciosa y extensa por numerosos actores que incluyen profesores, estudiantes y periodistas, entre otros. Sin embargo, no se ha hecho un análisis de algunas conductas cuestionables que se presentan al interior de la universidad y que tienen efectos directos sobre sus finanzas.

Algunos de los aspectos que merecen tal análisis crítico y ojalá revisión son los siguientes:

• Profesores especializados en el "puntímetro" que devengan salarios mensuales de 40 millones o más. La nómina mensual de estos 53 profesores le cuesta a la universidad más de $2.000 millones de pesos y anualmente más de $30.000 millones.

• Más de $4.200.000 millones de pesos gastados en "movilidades" de docentes y estudiantes en el trienio 2016-2018. ¿Si estamos tan mal de recursos no deberíamos ahorrarnos estos gastos?

• Profesores que no se involucran en actividades de extensión a menos que de por medio existan los famosos "SAR" (Servicios Académicos Remunerados). ¿Acaso no está dentro de nuestras funciones misionales la docencia, la investigación y la extensión? ¿Vamos a pedir un sobresueldo por hacer docencia e investigación también? La totalidad de los recursos generados por extensión debería llegar a la Universidad.

• Profesores a quienes se otorgan de manera reiterada comisiones regulares para desplazamiento al exterior, aunque hayan excedido de manera considerable los 30 días al año contemplados en el Artículo 2 del Acuerdo 132 de 2013 del Consejo Superior Universitario.

• Profesores a quienes se les acepta un "informe de pasantía" como producto de un año sabático. El artículo 29 del Estatuto de Personal Académico exige que el docente presente un producto académico y un "informe de pasantía" no cumple con este requisito. Antes de aprobar un año sabático en estas condiciones los directores de departamento y Consejos de Facultad deberían preguntar al Comité de Puntaje que se considera un producto académico y que no.

• Asignación de cursos de inglés en el exterior a profesores que claramente no los necesitan y que de manera descarada abusan de las convocatorias de mejoramiento de idioma para irse a pasear con recursos públicos.

• Renovación de contrato a docentes a quienes no amerita renovárselo, o por lo menos no bajo las mismas condiciones (por ejemplo, renovar en dedicación exclusiva a docentes que no investigan ni tienen estudiantes de postgrado, no hacen extensión y dejan muchas dudas en su actividad docente).

• Nombramiento de profesores auxiliares para cubrir las obligaciones docentes de profesores que no quieren dictar clase, a pesar de que la docencia es su única actividad en su jornada de trabajo.

• Profesores en edad de jubilación a quienes se otorga comisión de estudios para realizar un doctorado. ¿De que manera se beneficia la institución cuando un profesor realiza un doctorado para empalmarlo con su jubilación?

Muchas de estas situaciones se presentan debido a la falta de autoridad que hasta hace unos años ejercían los directores de departamento y decanos y que lleva a tomar decisiones favorables a individuos pero desfavorables para la institución. Hoy en día la mera posibilidad de una demanda por acoso laboral (que en todo caso no tendría porque progresar) ha causado que cuerpos colegiados aprueben conductas reprochables por temor a verse envueltos en este tipo de situaciones. Esta actitud cobarde y poco comprometida con la institución debe revisarse.

Estos son solamente algunos ejemplos de situaciones que deberían ser evaluadas de manera crítica al interior de la Universidad. Debería crearse un comité que se encargue de evaluar estas y otras situaciones que merecen revisión con el fin de buscar mecanismos apropiados de control.