Relevancia del capital social frente al desempleo en universitarios generado por la pandemia por la covid-19*

Relevance of social capital in the face of unemployment in university students generated by the COVID-19 pandemic

Relevância do capital social diante do desemprego em universitários gerado pela pandemia da covid-19

Manuel Fernando Cabrera Jiménez** mcabreraj@ecci.edu.co

Universidad ECCI , Colombia

Claudia Paola García Castiblanco*** claudia.garcia@uniagustiniana.edu.co

Universitaria Uniagustiniana, Colombia

El surgimiento de la covid-19 ha impactado todos los estamentos sociales y productivos a nivel global, generando grandes afectaciones en los procesos de interacción social (Dang y Nguyen, 2020), transformando parte de las actividades cotidianas, las cuales hoy por hoy demandan para su desarrollo el conocimiento y uso de herramientas tecnológicas y mediaciones virtuales para garantizar y proteger la salud física de los sujetos en el actual escenario pandémico. Sin embargo, se afectan otros aspectos sociales y de salud mental (James et ál., 2021); realidad que, sin duda, ha cambiado la forma de interacción social así como la valoración de la relaciones interpersonales, afectando las dinámicas económicas, productivas y educativas, generando un escenario, en gran medida, previsto antes por Bauman (2010), quien abordó, bajo sus postulados, una evolución y transformación de la sociedad, pasando de un contexto sólido a un contexto líquido, teoría que se denomina “modernidad líquida”, la cual ha llevado a la humanidad a enfrentarse a situaciones que llevan a repensar los paradigmas tradicionales y la forma de integrarse socialmente en diferentes dimensiones. En este sentido, la pandemia aceleró un poco este proceso, obligando a millones de personas a replantear e interactuar de nuevas formas (Schettino, 2017).

La pandemia que afronta la humanidad actualmente ha llevado a favorecer la aceleración del paradigma de la modernidad líquida expresada en algunas dimensiones de la interacción social, esta evolución se ha potencializado a partir de adelantos tecnológicos y con la disponibilidad de recursos, los cuales se encuentran distribuidos de forma asimétrica en la sociedad global, siendo este un factor que sin duda será determinante en el futuro próximo en términos de contracción al desarrollo e incremento de la pobreza en grupos poblacionales con cierto grado de fragilidad e inestabilidad económica y social, se estima una disminución del 1.8% en el producto interno bruto, generando un incremento de condiciones de pobreza a 220 millones de personas en América Latina, según estudios realizados por la Cepal (2020): “La pérdida de ingresos afecta a estratos de población que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como a las personas que trabajan en actividades más expuestas a despidos y en general, en condiciones de precariedad laboral” (p. 1).

En este sentido, las consecuencias que ha generado la pandemia ha afectado notablemente la estabilidad económica y social actual de las personas en muchas regiones del mundo, generando posibles afectaciones de estabilidad a futuro en grupos poblacionales, como jóvenes, adultos mayores, mujeres con cierto nivel de vulnerabilidad, entre otros, mostrando el impacto en posibilidades de acceso a permanencia laboral, ingresos estables, estabilidad emocional y acceso a procesos educativos (OIT, 2020). Estos efectos tienden a complejizarse, aún más, si hablamos de poblaciones con ingresos medios o bajos pertenecientes a países en desarrollo.

Colombia no es ajena a este contexto y expide en marzo de 2020 el Decreto 380 y la Resolución 385, en los cuales aprueba medidas de aislamiento, restricción a la movilidad y control sanitario, declarando el estado de emergencia en todo el territorio nacional, situación que buscaba controlar la expansión de la covid-19. Así mismo, el Gobierno estableció unos programas de ayuda económica para población vulnerable, los cuales menguan el impacto negativo temporalmente en estos grupos, pero no minimiza las necesidades sociales de población en estratos con ingresos medios bajos y medios.

Según análisis del Banco de la República (2020), en Colombia, se prevé que la pandemia generará un grave impacto en la economía nacional, afectando diferentes dimensiones de la economía, como lo es el dinamismo en el sector agrícola, manufacturero y de servicios, perjudicando la oferta y demanda de bienes y sus cadenas de abastecimiento y comercialización asociadas. De igual forma, afectará los niveles de ingresos del país y aumentará el gasto público, lo que llevará a un riesgo mayor de endeudamiento y menor recolección de impuestos asociados a una disminución del índice de consumo interno, generado una reducción que oscila entre el 37% y el 49% para Colombia, lo que representa en costo económico de un 4.5% a un 6.1% del PIB del país.

La principales consecuencias generadas en Colombia en términos sociales, como la plantea Núñez (2020), se reflejarán una drástica contracción de la economía, ampliación de los niveles de desigualdad, pérdidas de empleo, incremento de pobreza, llegando a cifras, al finalizar el primer semestre de 2020, de una contracción del 19% en el empleo, mientras que el ingreso de los hogares cayó en un 57%.

Panorama que no mejoró mucho al finalizar el año, ya que se dio una pérdida de empleo del 16% en términos generales, donde lamentablemente los jóvenes entre 14 y 28 años llegaban en diciembre a una tasa de desempleo del 27% (González, 2021). Esta realidad se agrava debido a que este grupo poblacional por carecer de experiencia laboral son menos atractivos para la contratación de empresas principalmente para aquellos que no cuentan con un nivel de educación superior o son carentes de competencias de desempeño operativas o técnicas. El Gobierno nacional, frente a esta problemática, ha planteado una serie de incentivos para la contratación de jóvenes, como lo es el programa “sacúdete”, bajo el Decreto 688 de 2021, orientado a la reactivación del empleo juvenil de la mano con el sector empresarial; este programa subsidia un 25% del salario mínimo de las nuevas contrataciones, buscando beneficiar a 500000 jóvenes en los próximos meses.

En este contexto, el presente artículo identifica como pregunta central de investigación: ¿cómo el capital social incide en la capacidad de resiliencia de los jóvenes universitarios para recuperar su estabilidad social y laboral? Frente a este interrogante, se proponen como hipótesis que el capital social tiene relevancia, ya que crea redes perdurables entre distintos actores, identificando que la ayuda de recursos económicos, por medio de redes formales, sí generan una mejora en la calidad de vida del ciudadano, igualmente, el acceso a estas redes está condicionado por el estrato socioeconómico, hipótesis que se pretende validar con el desarrollo de la investigación.

En un escenario complejo como el que atraviesa el país, partiendo de una hipótesis centrada en reconocer que el capital social es un factor altamente incidente en la reconstrucción de tejido social (Borgonovi et ál., 2021), pero a la vez reconociendo el bajo nivel de construcción de capital social que acumula la sociedad colombiana en su última medición 2017, la cual muestra que la caída de la solidaridad general es de un 38% expresada en menor apoyo a las fundaciones y ONG orientadas al apoyo de población vulnerable, y una atomización de la sociedad que llegó a un 32% debido a la falta de formalización laboral o pertenecía a redes institucionalizadas, en términos positivos, se observa un mayor desarrollo de relaciones horizontales informales y mayor valoración frente al trabajo comunitario entre otras (Sudarsky y García, 2018).

A nivel metodológico, se trabaja bajo un enfoque de investigación descriptivo, proponiendo un análisis cuantitativo por medio del uso de software que facilita el análisis estadístico a partir de la recolección de datos que se realizó bajo una encuesta estructurada a 392 universitarios de estrato de ingreso bajo y medio, habitantes de Bogotá.

El capital social surge de forma implícita al ejercicio político en virtud del fortalecimiento de las organizaciones sociales conformadas por sujetos, fortaleciendo, así, el modelo político democrático norteamericano del siglo XIX en una sociedad constituida por emigrantes europeos y originarios del territorio (Tocqueville, 2019). Posteriormente, con el desarrollo de la sociología y los postulados de Durkheim se potencializa un concepto clave en términos de solidaridad social que se subdivide en solidaridad mecánica, la cual se desarrolla entre personas que comparten afinidades e intereses en un grupo y se comparten conocimientos e intereses tradicionales y, en segundo lugar, la solidaridad orgánica que parte de reconocer la individualidad del sujeto, quien posee recursos y saberes que permiten la intersubjetividad en el desarrollo de un espectro colectivo (Schettino, 2017).

En la década de los años veinte del siglo XX, se adelantaron estudios sobre la vida cívica y cómo estos afectaron el desarrollo social y económico de la sociedad norteamericana (Hanifan, 1916), reconociendo así la relevancia de la asociatividad y su impacto en la gobernanza y estabilidad social, asumiéndose como un recurso inmaterial reconocido como capital social en términos de Lu y Peng (2019).

Desde la mirada de Bourdieu (2000), el capital social tiene un sentido instrumental propio del entorno económico, ya que este también beneficia los beneficios económicos particulares. Coleman (1990) plantea que las personas actúan por intereses propios desde su racionalidad individual, lo que permite la generación de reciprocidades en una esfera de mutuo entendimiento, posibilitando así la creación de capital social que beneficia al sujeto y también a la red que crea que sea formal o informal. En esta misma perspectiva, en términos de Edwards (2018), el capital social se basa en redes de relaciones institucionalizadas que se admiten desde el entorno particular hasta la esfera colectiva del capital social, que propicia beneficio a nivel sociedad.

Putnam (2011) reconoce en los postulados de Coleman una característica propia del capital social desde la decisión racional, la cual genera actuaciones individuales que promueven la interacción de los sujetos en ambientes políticos y cívicos colectivos; de esta forma, centra sus planteamientos a partir del uso y acumulación de capital social, de incidentes en la gestión pública, su alcance y aceptación, así como la confianza en la gobernabilidad de los estamentos públicos locales que potencializa la consolidación de unidad de cohesión democrática.

Becker, citado en Kilpatrick et ál. (2013), propone que el capital social se asume como un campo de conocimiento desarrollado en las ciencias sociales que se expresa en dimensiones de la ciencia política, la economía y las relaciones sociales expresadas en la asociatividad comunitaria que, desde la mirada de Nicholas et ál. (2019), intervienen en la interacción de las personas con instituciones; estas relaciones afectan a diversos actores de la sociedad de forma recíproca a partir del uso y reconocimiento de capital cultural y económico anteponiéndose a las diferencias culturales. Así mismo, la formalización de las normas requiere del reconocimiento de valores como la confianza, identificado por Fukuyama (1996) como valor colectivo que favorece la interacción vertical entre agentes institucionalizados y la ciudadanía, que hace parte de una dimensión cognitiva que se expresa desde el comportamiento individual que favorece el institucionalismo y el trabajo colaborativo en términos de Kenneth (1997).

En perspectiva comunitaria, Atria et ál. (2003) articulan el capital social al progreso local, lo que fomenta el desarrollo económico y democrático de las comunidades en el territorio, fortaleciendo la concepción de ciudadanía. Desde la misma perspectiva, Durston (2002) plantea que el capital social se fundamenta en el consenso social entre agentes propios de la estructura. Adler y Kwon (2002) reconocen la posibilidad de una sociedad en su capacidad para generar redes e incrementar la competitividad y, en términos de Bliuc et ál. (2017), en la dimensión económica, el capital social aumenta en las organizaciones las capacidades de acceso a recursos, que incrementan e incrementan la asociatividad, promoviendo la creación de beneficiosas. North (2016) esboza que la notabilidad del capital social se centra en su capacidad para robustecer las instituciones, estableciendo lazos entre sociedad civil entes gubernamentales, generando así un orden que aprueba el desarrollo económico y social de una comunidad con base en el reconocimiento de las instituciones.

Bajo este panorama, el capital social promueve un conjunto de vínculos que articula capitales disponibles como lo propone Halpern (2005), quien reconoce la existencia de otros capitales y su correlación con el bienestar colectivo como base para el desarrollo social. los valores y las normas son componentes fundamentales del capital social que, desde su naturaleza, potencializan la esfera individual y colectiva, generando redes en virtud del beneficio de comunidades (Harrison et ál., 2019).

El discurso del desarrollo liberal, basado en la integración de las sociedades productivas y expresado en el acceso al pleno empleo, siendo este el medio para el desarrollo económico y social de los habitantes de un territorio, genera vínculos sociales y psicológicos que se expresan en un estar bien dentro de una grupo familiar y social, garantizando cubrir las necesidades de subsistencia y, a la vez, de reconocimiento de las capacidades individuales por otros sujetos sociales, aumentando la valoración de la autoestima. En este sentido, el empleo se puede considerar como un factor relevante en el desarrollo del ser humano y su entorno (Casal Bataller, 1996).

Se hace evidente la correlación directa entre acceso al empleo y desarrollo humano, ya que la posibilidad de mejora de una sociedad se fundamenta en un constructo colectivo, donde los sujetos que conforman dicho conglomerado en un territorio productivo tributan a su bienestar individual y colectivo fundamentado en un orden social prestablecido disminuyendo así, el riesgo de desempleo a partir de la educación como eje trasformador de la sociedad presente.

Lamentablemente, no todos los países y sociedades cuentan con herramientas que le permitan garantizar este derecho al empleo, propio del ser humano, observándose cómo, por medio de la historia, se evidencia una búsqueda que permita mejores condicione laborales y más oportunidades para las clases obreras que beneficien el fortalecimiento del desarrollo humano en condiciones dignas, reconociendo que el empleo es inherente a la consolidación de una sociedad y el desarrollo humano, como bien lo plantean Jahan y ONU (2015): “es esencial para que la vida humana sea productiva, útil y significativa. Permite a las personas ganarse la vida, es un canal de participación en la sociedad, proporciona seguridad y confiere un sentido de dignidad” (p. 3).

El fenómeno del desempleo en jóvenes obedece a varias causas que se pueden considerar provienen de la articulación de las estructuras sociales, así como de la inexistencia de políticas públicas, comprendidas estas como el medio para una construcción social en el que el Gobierno orienta la interacción colectiva a partir de aglomerar y coordinar diversos actores (Torres-Melo y Santander, 2013).

En países en desarrollo, se espera que las políticas públicas puedan garantizar un equilibrio entre educación con calidad, mercado laboral y competitividad empresarial, observándose en Colombia inconsistencias y vacíos que afectan la relación educación empresa, en la que esta relación no evidencia capacidad de abordar el número de profesionales egresados anualmente que llegan al mercado laboral, llegando a 2.9 millones de jóvenes que no cuentan con un nivel de formación apto para vinculación laboral formal a inicios del siglo XXI (Fernández, 2006).

En segundo lugar, la formación en competencias blandas y conocimientos de vanguardia que demandan las empresas no se ajustan a la realidad del perfil del egresado, en algunos casos, principalmente, en aquellos jóvenes de bajos recursos en países como Colombia, los cuales no siempre reciben la mejor calidad en sus procesos de formación, así mismo factores de género y estrato inciden directamente en la exclusión laboral, observándose cómo, en 2018 periodo prepandemia, la tasa de desempleo de jóvenes hombres era de 14.5%, mientras que las mujeres jóvenes tenían un desempleo del 23.5% a nivel nacional (Fedesarrollo y Núñez, 2020).

La actual pandemia, además de los rezagos generados en la economía que ya se conocen, ha visibilizado otras problemáticas de orden socioeconómico relacionadas, como el desempleo, la subcontratación, la vinculación informal, los bajos nivel de remuneración, desigualdad de acceso a empleo entre géneros, destacándose, de igual forma, los jóvenes que ni estudian ni trabajan y son un factor altamente preocupante. Estas realidades impactan el desarrollo laboral y social, afectando el futuro productivo en el país, problema que viene de años anteriores a la pandemia, observándose que, como en 2018, la tasa nacional de desempleo, en este grupo poblacional, estaba en un 18%, incrementándose a mediados de 2021 a un 23.3% a nivel nacional, según datos del Dane (2021), lo que representa un millón seiscientos mil desempleados en jóvenes en relación con el censo actual (Semana, 2021).

El fenómeno de los jóvenes que no estudian ni trabajan en Colombia, se convierte en un punto álgido para el desarrollo económico del país, ya que es una muestra de las incapacidades de gestión de actores gubernamentales sociales, productivos y educativos frente el fenómeno que, al 2021, en términos de Sánchez-Torres (2021), “los grandes desequilibrios del mercado laboral, caracterizado por una abundante fuerza de trabajo y una débil demanda de trabajadores, implican grandes barreras en la inserción laboral de diferentes grupos poblacionales, donde los jóvenes por factores microeconómicos son particularmente vulnerables” (p. 6). Este fenómeno, se estima que llega a 2.7 millones de jóvenes entre 14 y 28 años, sin ningún tipo de actividad educativa o productiva. Según datos del Dane (2021):

Respecto a las tasas de ocupación y desempleo de hombres y mujeres jóvenes, se destaca que en el trimestre móvil diciembre 2020-febrero 2021, la tasa de ocupación (TO) de los hombres (52.7%) fue mayor que la TO de las mujeres (32.5%) en 20.2 puntos porcentuales. Comparado con el trimestre móvil diciembre 2019-febrero 2020 esta diferencia disminuyó 0,1 puntos porcentuales. Entre tanto, la tasa de desempleo (TD) de los hombres (17.5%) fue menor que la TD de las mujeres (31.6%) en 14.1 puntos porcentuales. Esta diferencia aumentó 3.2 puntos porcentuales frente al trimestre móvil diciembre 2019- febrero 2020. (p. 6)

Esta realidad demuestra un alto nivel de desigualdad entre el acceso y estabilidad laboral, y entre géneros en Colombia, situación que se complejiza por problemas de pobreza donde, en buena parte de hogares de ingresos medios y bajos, las mujeres tienen mayor responsabilidad al interior de los núcleos familiares en el cuidado del hogar y de los hijos, obstaculizándose aún más su posibilidad laboral.

En Colombia, en los últimos años, como lo plantea Martínez-Porras, (2018), se han adelantado algunos estudios con modelos probabilísticos para identificar y analizar los factores que inciden en el comportamiento del desempleo en el grupo poblacional de personas entre 14-28 años. El último, se desarrolló en 2018, se basó en los datos obtenidos en la Encuesta Integrada de Hogares, observándose que la educación y años de escolaridad, la experiencia y la edad son factores incidentes, así como el rol del joven en su núcleo familiar, el estrato socioeconómico al que pertenece, así como la disponibilidad de redes con que cuenta.

Uno de los principales retos de los jóvenes de estratos bajos en Colombia es que se enfrentan a la necesidad de articular actividades educativas con vinculación laboral, lo que, en términos de Barreto-Osma et ál. (2019), exige un mayor grado de responsabilidad en un contexto donde las condiciones laborales son inestables y, en muchos casos, desarticuladas de su proceso de formación. Sin embargo, esta realidad puede potencializar sus habilidades en conocimientos transversales, así como generar capacidad de apoyo económico en sus hogares y aumentar su experiencia laboral, factor relevante para la ubicación y empleabilidad en Colombia que, en muchos casos, se desarrolla fuera del campo de prácticas laborales en el contexto del proceso de formación universitario y desarticulado de la profesión en que se está formando el estudiante.

Las prácticas o pasantías en el proceso de formación, sin duda, incrementan la generación y apropiación de conocimientos técnicos y disciplinares expresado en competencias de desempeño, así como potencializan la capacidad de trabajo en equipo en contextos cotidianos reales, que llevan a fortalecer el sentido de responsabilidad y ética de los estudiantes, beneficiando su acceso de forma más competitiva al mercado laboral (Arias-Marín et ál., 2019).

Para Serna-Goméz et ál., (2019), la problemática de acceso al mercado laboral está condicionado a los factores ya identificados, resaltando que la políticas públicas del Gobierno deben orientarse a aumentar los niveles de empleabilidad en jóvenes, esto se está trabajando a partir de la normatividad dictada por el Ministerio del Trabajo para normalizar el programa Muévete de la Presidencia de la República, que señala que:

Artículo 2.2.6.1.10.3. Cuantía del apoyo para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete. La cuantía del apoyo que recibirán los beneficiarios para la generación de empleo para jóvenes dentro de la Estrategia Sacúdete, corresponderá al veinticinco por Ciento (25%) de un (1) salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV), por trabajadores adicionales entre los 18 y 28 años, dentro de la temporalidad del apoyo señalada en el artículo 2.2.6.1.10.7 de la presente Sección. (Decreto 688, 2021, p. 5)

Esta medida puede ayudar de forma inmediata a la reactivación del empleo; sin embargo, en términos de calidad de vida y estabilidad social, las políticas deben orientarse a favorecer los niveles de empleabilidad por medio del incremento del acceso a educación de forma amplia y generalizada. Así mismo, fomentar el emprendimiento juvenil por medio de programas que fomenten la consecución de una independencia laboral y la generación de capacidad para crear nuevos empleos, fortaleciendo el tejido social (Weller, 2007).

De igual manera, siguiendo a García-García (2015), se debe facilitar el proceso de ubicación de trabajo para jóvenes, de tal manera que la conexión entre empresas y empleados sea más efectiva, flexibilizando la exigencia de experiencia y favoreciendo la capacitación en manejo de tecnologías, competencias blandas, entre otras, con el fin de aumentar la mejor cualificación del vinculado.

En términos generales, se observa que el desempleo juvenil es un fenómeno que afecta en diferentes grados de interacción de la sociedad global, condicionado por la capacidad económica y la gestión en políticas públicas de los diferentes gobiernos. En el caso de Colombia, la problemática viene siendo condicionada por diversos factores desde hace años, agravándose con la pandemia actual generada por la covid-19, dificultando así el acceso de millones de jóvenes al sistema productivo (OIT, 2020).

Este fenómeno coyuntural se ha analizado en otros escenarios, Chen y Zheng (2017) plantean la necesidad de proponer una estrategia que posibilite identificar un punto de inflexión entre educación, mercado laboral y empresa que favorezcan el desarrollo humano y la productividad en cualquier territorio, posibilitándose así una alternativa para cualificar la competitividad de cada territorio, concientizando a la población que la educación es una inversión a largo plazo que potencializa mejores salarios y posibilidades de desarrollo, demostrando mayor desarrollo económico y estabilidad a largo plazo (Becker, 2009).

Bajo estos elementos, el problema del desempleo en Colombia en jóvenes se debería abordar desde una perspectiva estructural, en la que las políticas públicas potencialicen la interacción social entre agentes estatales y privados que, aunados a la decisión y compromiso de los universitarios y sus núcleos familiares, le apuesten a la educación y al emprendimiento como una opción para transformar la realidad, en una sociedad donde la desigualdad y falta de oportunidades para población vulnerable cada vez se arraiga más.

La presente investigación se desarrolla bajo un tipo de investigación descriptivo con un enfoque de análisis primordialmente cuantitativo, que surge de la revisión documental realizada a partir de la identificación de la problemática relacionada con el impacto de la pandemia actual en el entorno socioeconómico de estudiantes universitario, en el contexto de la Universidad ECCI, en virtud del capital social y el desempleo en universitarios. Esta investigación fue realizada en la ciudad de Bogotá, asumido este como un estudio de caso que puede reflejar una tendencia en este grupo poblacional, condicionado por variables socioeconómicas, como el ingreso, el estrato, además de la disponibilidad y uso de redes asociativas formales e informales en virtud de la generación y uso de capital social.

Para tal fin, se diseñó un instrumento de recolección de datos, teniendo en cuenta como modelos, la Encuesta Nacional de Hogares realizada por el Dane, y el cuestionario empleado por el Banco Mundial para la medición de capital social denominado Social Capital Integrated Questionnaire (SC-IQ). Como muestra poblacional, se determinó una población de 392 estudiantes de diferentes semestres y facultades de la universidad ECCI, matriculados en el II PL 2020, muestra válida frente a un universo de 13000 estudiantes vinculados a la institución con un error muestral de 0.5.

La recolección de datos involucra cuatro dimensiones, además de la caracterización del estudiante, que son: D. E.: dimensión económica, D. A.: dimensión asociativa y capital social, D. E.: dimisión emocional y de percepción social. Para efectos de este artículo, solo se analizarán las dimensiones económicas y la de asociatividad-capital social. Los hallazgos que se generan del análisis de los datos recolectados se procesan bajo el uso del software SPSS, con la finalidad de generar tabla de frecuencias en las dos dimensiones analizadas, posteriormente, se realiza prueba de confiabilidad del instrumento bajo la técnica Alfa de Cronbach. Con la finalidad de validar las hipótesis propuestas en la introducción del escrito, se realiza la prueba de Chi cuadrado, seguidamente se realiza el cálculo de un índice de capital social asumido como variable independiente para poder ser cruzada con la variable dependiente de la dimensión económica empleo que permita correr un análisis de regresión lineal para verificar si existe o no relación entre las dos variables, validada por la prueba ANOVA.

Tabla 1
Perfil socioeconómico de los encuestados

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

El perfil del encuestado de la muestra de 392 jóvenes universitarios evidencia un equilibrio entre géneros, así como que el rango de edad más significativo es de personas entre 20 y 25 años, en los que se destaca la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas; igualmente, se puede observar que el grueso de los encuestados se ubica en la mitad de su proceso de formación y, en términos de estrato, priman los ingresos medios-bajos en la población universitaria de la universidad ECCI. Estas características además muestran que un porcentaje relevante de la muestra 41.7% manifiesta no contar con vinculación laboral, situación que en contexto socioeconómico de nuestros estudiantes afecta en muchos casos la posibilidad de continuar sus estudios.

Tabla 2
Resultados frecuencias

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

Tabla 3
Prueba Alfa de Cronbach

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

A partir del uso de la prueba Alfa de Cronbach, aplicado al instrumento, en términos de Fontaine (2020), se demuestra un nivel válido de confiabilidad en el instrumento, en términos de correlación entre los ítems que conforman la dimensión económica (D.E.) y la dimensión de capital social denominad asociatividad (D.A.), demostrándose, un Alfa Cronbach de .776, resultado por encima de .700, estimado válido para expresar un grado de articulación frente a la homogeneidad de los reactivos en las dos dimensiones analizadas y plasmadas en el instrumento.

Tabla 4
Cruce de información entre D. E. Disminución en ingresos para educación y D. A. Uso de redes formales (gobierno nacional o local)

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

En la presente investigación, se ha determinado un coeficiente de confianza del 95%, lo que lleva a un nivel de significancia del 5% (0.05); como se evidencia la significancia asintótica (bilateral) es de 0.003 < 0.05, entonces se puede validar y aceptar la hipótesis que plantea que sí existe relación entre las dos variables “Disminución en presupuesto educación” y “Uso de redes formales del gobierno nacional o local”.

Tabla 5
Cruce de información entre D. E. Estrato y D. A. Uso de redes amigos

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

A partir de identificar un coeficiente de confianza del 95%, lo que lleva a un nivel de significancia del 5% equivalente (0.05); observándose que la significancia asintótica (bilateral) obtenida es 0.018 < 0.05 entonces sí se acepta la hipótesis que existe relación entre ambas variables: “estratos bajos” y “uso de redes de amigos”, lo que significa que los lazos de cercanía son duraderos y solidarios.

Para deducir el índice aditivo asociatividad-capital social, inicialmente se calcula el índice adictivo de la dimensión asociatividad-capital social, seleccionando las variables más destacadas. Para el índice se tuvieron en cuenta: las políticas sociales con jóvenes, el uso de redes familiares, uso de redes con amigos, uso de redes formales). Este índice necesario para el análisis de regresión lineal propuesto a continuación.

Tabla 6
Índice capital social-asociatividad

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

Este es un modelo matemático utilizado cuando se requiere analizar la relación entre dos variables cuantitativas como objetos prioritarios de este análisis, son, por una parte, determinar si estas variables están asociadas y analizar en qué sentido se genera esta asociación (Fontaine, 2020). Para lograr este análisis se utiliza la correlación de Pearson Spearman porque las variables tienen características escalares. Se plantea un “índice de asociatividad-capital” calculado con redes y reconocimiento de políticas a jóvenes; así mismo, se asume como variable independiente y, por otra parte, la variable “disminución en ingreso para educación” es asumida como variable dependiente.

Tabla 7
Regresión lineal

Fuente: elaboración propia con base en datos recolectados.

En el resumen del modelo se puede observar una relación discreta, la cual para que sea significante va entre 0 y 1, en este caso se observa un R = 241 y un R cuadrado de 058, lo que significa que sí hay correlación. La prueba ANOVA permite realizar la prueba para determinar si el R obtenido es significativo o no, en este caso, se observa una significancia de .000, es decir, que el coeficiente sí es válido. El coeficiente constante en beta sub-cero en este caso 2.4 es el punto cuando X = 0 y el beta sub-uno equivale al coeficiente de la ecuación como tal. Esto se puede visibilizar en la figura 1, generándose la ecuación de (y = 2.46 +0.01 * x) para el modelo de regresión lineal. Observándose que, aunque la pendiente no es muy marcada, sí existe correlación entre las dos variables, demostrando que el capital social sí incide frente a la disponibilidad de recursos para educación.

Figura 1
Dispersión simple de disminución de ingreso para educación con índice de capital social
Fuente: elaboración propia con base en análisis estadístico SPSS.

El fenómeno del desempleo en los jóvenes sin duda afecta a la sociedad en términos económicos y sociales, generando mayor desigualdad y pobreza, este fenómeno tiene sus causas en problemáticas estructurales a nivel gubernamental e institucional desde el rol que desempeñan las universidades, así como la postura de los jóvenes. En este sentido, el capital social potencializa la posibilidad de acceso a redes para la generación de vínculos entre los diferentes actores en virtud de plantear una solución conjunta al problema. En Colombia han incidido como consecuencia de la evolución del conflicto armado, los bajos niveles de confianza y el privilegio al interés individual, en una baja en la generación de capital social en nuestra sociedad, sobreponiendo el interés particular y desarticulando la gestión pública de los intereses ciudadanos. Esto propicia la atomización en grupos sociales que velan por sus intereses particulares en lugar de generar soluciones articuladas en perspectiva comunitaria, articuladas con una red o sistema.

Dicho escenario condiciona y retrasa las posibilidades de crecimiento profesional de los jóvenes universitarios en el actual entorno de la pandemia generado por la covid-19, incrementando una mayor desigualdad entre ricos y pobres, excluyendo en una proporción significativa a aquellos que no cuentan con redes de apoyo para poder vincularse laboralmente. Se evidencia en la presente investigación que solo el 23.0% hacen uso de redes formales para tal fin, privilegiando el uso de las redes de amigos en un 54.3%. Otro aspecto que se vislumbra es la baja disponibilidad de universitarios para el desarrollo de prácticas en población con ingresos medio-bajos, debido a que cuentan con vinculación laboral, pero no necesariamente en su campo de formación, observándose que solo el 38.5% se ubican en nivel alto y muy alto en esta relación, y únicamente el 19.4% las catalogan como importante o muy importante, afectando así la posibilidad de acenso y movilidad social por medio de la experiencia solicitada para aplicar a un empleo para jóvenes en estrato medio-bajo.

Otro aspecto a destacar es que se muestra que solo el 8.7% de los padres de los jóvenes universitarios tienen alto o muy alto nivel de escolaridad, lo que permite restringir el apoyo económico condicionado por su ingreso, situación que lleva a que los jóvenes no puedan perder la vinculación laboral en la que se desempeñan, pues el 68.8% aportan significativamente recursos económicos al hogar. Finalmente, se observó que el capital social, aunque es escaso en nuestra sociedad, sí incide de forma discreta como se comprobó en el modelo de regresión lineal propuesto, en la posibilidad de generar beneficios económicos a quien busque cómo hacer uso de este por medio de redes formales o informales y, a la vez, fortalezca sus competencias blandas solicitadas en el sector empresarial. De esta forma, el capital social puede transformar realidades colectivas y posibilitar un mejor futuro para las nuevas generaciones, fortaleciendo el sentir cívico y asociativo en las nuevas generaciones al superar la actual pandemia.

Manuel Fernando Cabrera Jiménez. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad Externando de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales. Lidera la línea de investigación de Productividad y Desarrollo en la Universidad ECCI, bajo el rol de líder y docente investigador, vinculado al grupo GICEA actual categoría A (Minciencias). Sus principales investigaciones se concentran en el estudio y análisis del núcleo del capital social, abordado desde la dimensión económica política y del territorio. Ha publicado “Relevancia de las competencias ciudadanas en construcción de civilidad en educación superior” (2020), “Modelo para analizar la incidencia del capital social en el desarrollo humano en Bogotá, D.C.” (2018), “Capital social y población vulnerable, un análisis desde entidades gubernamentales locales” (2021), entre otras publicaciones en revistas de alto impacto.

Claudia Paola García Castiblanco. Magíster en Asuntos Internacionales por la Universidad Externado de Colombia. Profesional en Relaciones Internacionales. Miembro del grupo de investigación GIINI del programa de Negocios Internacionales de la Universitaria Agustiniana. Sus principales investigaciones se concentran en las áreas de los negocios verdes y el capital social. Ha publicado artículos como “Programas gubernamentales para la internacionalización de las empresas: una reflexión desde el caso del sector de cosméticos y productos de aseo en Bogotá” (2019), “Capital social y población vulnerable, un análisis desde entidades gubernamentales locales” (2021), “Uso de los programas de apoyo a la exportación por parte de los negocios verdes de Bogotá-Región” (2020), entre otros.