Introducción

Desde el 11 de marzo de 2020, con la declaración oficial emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la covid-19 como pandemia, los gobiernos implementaron estrategias para la mitigación y prevención de la enfermedad, además de la ampliación del soporte económico al sistema de salud, buscando la disminución del número de fallecidos (OMS, 2020; Mahase, 2020).

Producto de esta declaratoria, en Colombia se destacó la emisión de normativas como la Resolución 385 (2020), que definió la emergencia sanitaria y permitió la adopción de medidas; el Decreto 417 (2020), mediante el cual se estableció el estado de emergencia económica, social y ecológica y el Decreto 457 (2020) impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus covid-19 y el mantenimiento del orden público¹.

Estas restricciones, sumadas a los toques de queda en cada municipio y el cierre de fronteras, ejercieron un impacto negativo y desproporcional para las personas migrantes y refugiadas venezolanas en el país. De acuerdo con Refugees International, vivir en condiciones de hacinamiento les imposibilitó su distanciamiento social. Además, el confinamiento debilitó la posibilidad de acceder a recursos económicos ya exiguos antes de la pandemia, puesto que “el 90% de los venezolanos en Colombia trabajan en la economía sumergida, y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir” (Refugees International, 2020).

Entre el 31 de marzo y el 8 de abril de 2020, el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) realizó una Evaluación Conjunta Rápida de Necesidades en 737 hogares venezolanos en Colombia, hallando que el 48% de los hogares manifestó no tener ninguna fuente de ingresos. A su vez, de las personas con ingresos, el 84% declaró que eran insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y únicamente el 20% de los hogares indicó que el trabajo remunerado era una de sus principales fuentes de ingresos, en comparación con el 91% antes del confinamiento.

El gobierno colombiano incluyó a las personas migrantes venezolanas en su respuesta a la crisis por la covid-19, por medio de un plan de acción para garantizar el manejo humanitario de las fronteras y ofrecer una ruta de atención en salud. Lo primero fue “el manejo responsable y humanitario de la frontera” (Presidencia de la República, 2020), cerrando los pasos con Venezuela el 14 de marzo. Esta medida, que fue publicitada en la página web de Migración Colombia, fue una primera señal para comprender cómo la pandemia se convertiría en una forma de profundización de la gubernamentalidad de la migración sustentada en el control y la securitización de las fronteras que desde hacía tiempo se estaba implementando a nivel global frente a los éxodos provenientes del sur (Dómenech, 2017).

Otras acciones fueron: 1. Garantía de acceso a la salud, pues la ruta de atención a los migrantes venezolanos con posible contagio o contagiados con la covid-19 fue exactamente la misma que la de cualquier ciudadano colombiano. 2. Adaptación de los programas de la cooperación para la atención a migrantes mediante el trabajo con las organizaciones internacionales humanitarias y de cooperación reunidas en el GIFMM (más de 65 organizaciones) y con las autoridades locales para ajustar las medidas existentes en cada región. 3. Atención a la población vulnerable migrante con la entrega de 200000 mercados en 40 municipios del país que llegaron a beneficiar a más de 800000 personas (un poco más que la población de Cúcuta). 4. Focalización de programas en puntos de alto impacto, por lo que se ampliaron las capacidades de los actores directamente involucrados en la atención a población vulnerable migrante en Villa del Rosario (AMC), Maicao (La Guajira) y Soacha (Cundinamarca, al sur de Bogotá). 5. Mayor coordinación e información con las autoridades regionales y locales para el diseño e implementación de medidas de atención a la población vulnerable migrante (Presidencia de la República, 2020). Pese a estas medidas, la realidad de la población venezolana viviendo en Colombia, así como la que estaba en tránsito hacia otros países suramericanos, desbordó la atención y la acción de los gobiernos nacional y locales, de tal modo que la responsabilidad por el cuidado y sostenimiento quedó en sus propias manos, por lo que ante el deterioro de sus condiciones, decidieron retornar a su país.

Además, también las medidas adoptadas en los países suramericanos impulsó este retorno. Después de Colombia, Perú es el segundo país suramericano con mayor número de migrantes venezolanos 768148; les siguen Chile con 288233 y Ecuador con 263000. Ante la llegada de la pandemia, Ecuador declaró el aislamiento preventivo el 12 de marzo, le siguió Perú el 15 y luego Chile el 20. La inmovilidad decretada con las medidas de confinamiento produjo, a su vez, una movilidad de retorno de la población migrante venezolana en los países andinos y generó presiones en los cruces de salida en la frontera colombo-venezolana. A su vez, esta movilidad fue limitada en dichos cruces cuando el gobierno venezolano decidió mantener la frontera cerrada y restringir el paso de sus connacionales a partir de un discurso que los caracterizaba como agentes contaminantes, que apelaba a la bioseguridad y la necesidad de actuar ante el inminente riesgo que ellos significaban para la salud pública nacional.

De esta manera, de acuerdo con cifras de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), alrededor de 72517 migrantes regresaron a su país entre abril y agosto de 2020 por vía terrestre, teniendo a Cúcuta y su área metropolitana como una de las principales rutas de salida hacia Venezuela.

Esta investigación determinó las dinámicas de (in)movilidad que se produjeron en el espacio fronterizo como producto de las decisiones gubernamentales tomadas a ambos lados de la frontera para atender el problema de salud pública generado por la covid-19. Con base en entrevistas semiestructuradas, efectuadas entre mayo y septiembre de 2020 a 18 personas venezolanas que esperaban en el Centro de Atención Sanitaria Transitorio (Cast), ubicado en Cúcuta y en La Parada (Villa del Rosario – AMC), la revisión hemerográfica y documental, se identificaron, además, las lógicas de atrapamiento y diferenciación en la acogida y atención en medio de la pandemia.

Procesos de (in)movilidad, lógicas de atrapamiento y la otredad como amenaza

Como lo señala Heyman (2012), las personas suelen estar más limitadas en su movimiento que las mercancías y los capitales de inversión con los que se establece una dinámica desigual en la dirección a quiénes o a qué se aplican las barreras de movilidad. Es así como el capitalismo moderno “consiste en diferenciar personas y crear diversas figuras sociales y poblaciones que gozan de privilegios y opulencia y por lo tanto, de movilidad” (p. 432), por sobre otras, convirtiéndose entonces la clase, la raza y la nacionalidad en marcadores de estas restricciones. Los procesos de inmovilización devienen en lógicas de atrapamiento que, como lo planean Cunningham y Heyman (2004), son definidas como las formas en que se dan procesos de inmovilidad de la población migrante por políticas restrictivas, persecutorias, problemas de transporte y otras cuestiones de índole gubernamental e individual que inmovilizan a la población.

Las experiencias de la gestión migratoria a nivel global antes de la pandemia muestran de qué manera estas lógicas de atrapamiento estaban escalando en el continente americano. La inminencia de las imposiciones de la policía y otras agencias estatales como parte del endurecimiento del régimen de control migratorio y la tecnificación e hipervigilancia fronteriza trajeron como consecuencia altos riesgos en la movilidad de las personas y familias que no cuentan con documentación, produciendo muchas de las veces atrapamientos temporales. De tal manera que, aunque las personas “no están totalmente inmóviles, sino que parcialmente y de manera muy compleja se ven afectadas por el sistema de control de la movilidad” (Núñez y Heyman, 2007, p. 105). Estos procesos resultan más severos para las mujeres y para los niños y niñas, obligándolos a tomar caminos que se convierten en potenciales escenarios de muerte y padecimiento de violencias como los cruces por medio de rutas clandestinas o trochas que se encuentran bajo la vigilancia y el control de grupos criminales.

Las barreras de inmovilización se acompañan además de construcciones discursivas del otro que permiten, de manera simbólica y práctica, validar las lógicas de control. En las fronteras del continente americano, bajo el marco de la externalización de la frontera sur de Estados Unidos (Varela, 2019), las personas migrantes ya han sido marcados bajo una otredad que se convierte en fuente de extrañeza y peligrosidad. Son vistos como invasores, criminales, sucios, peligrosos y, en el caso de las mujeres, se les observa como reproductoras de la pobreza a partir de la concepción de familias con muchos hijos o vinculadas al mundo de la ilegalidad, desempeñándose como prostitutas (Espinel et ál., 2021). En general, se le plantea como un otro que constantemente amenaza con tambalear la vida al interior de los Estados-nación.

Además, la gestión gubernamental de la migración, que se encuentran en el orden del discurso de seguridad nacional, ha convertido a la frontera en un espacio cada vez más tecnificado para profundizar su grado de restrictividad y una presencia militarizada de ese Estado con el fin de imponer su soberanía. Estas posturas complejizan aún más el ya conflictivo contexto fronterizo, puesto que, además de los múltiples factores de inestabilidad con una población precarizada, se suman las “políticas que limitan sus espacios de libertad, discursos con figuras amenazantes, miedo, inseguridad y violencia sobre los migrantes pobres” (Valenzuela, 2012, p. 111).

Como se señala, el fortalecimiento de estas barreras de inmovilidad se ha visto reforzado por la construcción del sujeto peligroso, dinámica en la que la participación de los medios de comunicación ha sido fundamental. Antes de la pandemia, Ordóñez y Ramírez (2019) ya reflexionaban sobre la construcción mediática y política de la imagen del inmigrante venezolano como amenaza a la salud y seguridad pública en Colombia, señalando las contradicciones que hay entre ambos discursos. Es así como, la solidaridad, asumida como un acto excepcional por parte del Estado y la sociedad colombiana, se transformó en el lenguaje popular, “como una falla que amenaza el cuerpo político, y la compasión colombiana es retribuida con enfermedad, desarticulación social y con la amenaza del castrochavismo” (p. 64). Los migrantes son representados como materia fuera de su sitio, por lo tanto, el país no puede considerar a los venezolanos ni como hermanos, ni como parte del orden nacional.

A su vez, Ruiz y Arévalo (2019) analizaron discursos, narrativas e imaginarios producidos por la prensa en Boyacá (oriente de Colombia) sobre el flujo de personas con necesidad de protección internacional (PNPI) venezolanas hacia Colombia en el periodo 2016-2018, planteando que se construye una representación del sujeto migrante con necesidad de protección internacional, como zombi, pues la movilidad transfronteriza se narra como una invasión que amenaza y cacería sobre la población local, mostrando que los recién llegados en el pasado podrían haber sido personas exitosas, pero su actual estatus migratorio los convierte en peligrosos para el empleo y seguridad de la región. Estas formas de construcción de sentido común, alrededor de lo que significa el sujeto migrante, termina por afianzar la validación del régimen de control fronterizo bajo el lente de la racialización, clase y nacionalidad.

Ahora bien, la pandemia ha sido abordada con un lenguaje belicista que cataloga la covid-19 como “enemigo invisible” al que hay que eliminar, dado que pone en vilo la supervivencia de la humanidad². En esto, el lenguaje del gobernanza migratoria y la respuesta ante la enfermedad han resultado similares, puesto que, partiendo de una perspectiva de seguridad nacional, los sujetos migrantes y el virus han sido fusionados. Esta equiparación de migrantes y virus hace que el cuerpo migrante sea visto como un cuerpo peligroso al que es necesario contener y aislar para evitar sus impactos sobre la salud pública.

Esto es lo que aquí llamamos un continuumentre la seguridad fronteriza y la “sanitización” de la frontera. Bajo este continuum, en que se imbricó la movilidad del virus con la movilidad de las personas, las decisiones gubernamentales de afianzar los procesos de inmovilidad y castigar la movilidad de los cuerpos desde un poder disciplinario y bajo el dispositivo de la seguridad, produjo impactos importantes en la experiencia migratoria, configurando espacios de atrapamiento o de congelamiento, convirtiendo particularmente estas zonas en lugares de contención y de espera (Odgers-Ortíz y Campos-Delgado, 2014), refronterizando de nuevo a su población (De Génova, 2018) y profundizando a la frontera como herramienta de protección y blindaje ahora sanitaria. Una nueva —vieja— imagen del sujeto migrante como vector biológico fue recreada a su vez desechando su posición de mayor vulnerabilidad ante el contagio y el riesgo de muerte en un escenario de inmovilidad y, por ende, con mayor necesidad de ser atentido y protegido, convirtiendo a quienes están en riesgo en un riesgo (Mezzadra y Stierl, 2020).

En el caso venezolano, la inmovilidad generada a partir de los medidas sanitarias tomadas por los estados suramericanos plantearon una condición de mayor dramatismo que la propia movilidad que ya se encontraban experimentando. Como lo señalan Xian y Sorensen (2020), la movilidad de las personas migrantes no solo está referida a la movilidad per se de la que disponen en tanto migrantes, sino también de las distintas movilidades en las que se encuentran inmersos en relación con su propio repertorio de sobrevivencia. Es así como la inmovilidad provocada por las medidas sanitarias generó irrupciones en sus distintas movilidades, que hacen parte de este repertorio: tanto la ruta de caminantes a lo largo de los países andinos, así como el movimiento cotidiano en su dinámica informal de trabajo.

Esta inmovilidad pandémica llevó a la pérdida de empleos, sustento y posibilidades de mantener una vivienda, con lo que quienes ya se encontraban en medio de una dinámica de movilidad e inclusión en los espacios de destino fueron obligados a un nuevo movimiento de retorno como parte de una movilidad que mantiene la lucha por la supervivencia, aunque fuera de reversa. En este sentido, la movilidad y la inmovilidad durante la pandemia fueron experimentadas de manera desigual en las personas migrantes, incorporando las tensiones que de esta se derivan: inmovilizarse para evitar el riesgo de contagio y movilizarse para sobrevivir en espacios donde su presencia desde antes fue observada como amenazante y ahora como rotundamente peligrosa, quedando atrapados en la frontera en medio de las lógicas gubernamentales de gestión de la pandemia que enfatizó en la inmovilización de la ciudadanía y, por ende, también de la movilidad de las personas migrantes.

Breve contexto prepandémico del éxodo venezolano

Suramérica atraviesa, desde el 2015, un hecho sin precedentes: el cruce de miles de personas venezolanas que salen de su país para buscar mejores condiciones de vida, dado el deterioro económico, social y político que viven internamente (CIDH, 2018). Venezuela ha expulsado a 5.5 millones de personas fuera de sus fronteras (Acnur, 2020). De acuerdo con su reporte, ese país se ha convertido en el segundo con más desplazados en el mundo, de los cuales el 83% se encuentran ubicados en América Latina y el Caribe. Como consecuencia de este éxodo, en la región se han otorgado más de 2.5 millones de permisos de residencia, 800000 solicitudes de asilo y 100000 refugiados fueron reconocidos.

Los informes realizados por distintas organizaciones humanitarias en la frontera colombo-venezolana (Servicio Jesuita a Refugiados, 2018, 2019; Human Rights Watch [HRW], 2018; Acnur, 2019) señalan que la población que ha salido de Venezuela es bastante heterogénea. Si bien, las decisiones políticas del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías propiciaron una partida de familias con importantes recursos económicos y, luego, la migración de profesionales, particularmente, del sector petrolero; la crisis social, económica y política desatada en el 2015 terminó por expulsar a personas provenientes de los estratos medios y bajos. Debido a las dinámicas propias de la expulsión, la migración venezolana es considera como forzada (Vargas, 2018; Márquez y Delgado, 2014; Delgado, 2014), con causas como el hambre y la desnutrición; crisis y ceguera política; violencia y pérdida del valor del dinero y del ingreso (Aliaga, 2021; Herrera, 2021). En este sentido, la escasez de alimentos, medicamentos y los altos costos de la canasta familiar, así como la coacción y las amenazas a la vida, las altas tasa de criminalidad e hiperinflación no resultan viables para la superviviencia y las personas venezolanas han visto en la movilidad hacia otros países una estrategia para subsistir.

Por medio de la ruta de caminantes, que ha atravesado la frontera colombo- venezolana hacia el interior de Colombia y desde ahí a toda Suramérica y las experiencias que en ella se suceden, evidencia que su dinámica se distancia de la tradicional forma de observar la migración como un proceso lineal de salida y destino e incorpora la complejidad de lo que la prolongación de su tránsito implica (Herrera, 2021). Esta prolongación se convierte en un elemento referente que, por un lado, nos habla de la gubernamentalidad migratoria que muestra el proceso de cierre y control de los países llamados de acogida, los procesos burocráticos que obligan a prolongadas esperas para la atención en servicios básicos, la ayuda humanitaria, sus rutas de regularización e integración social y, por el otro, desde el sujeto migrante denota su constante reacción ante la precarización de sus vidas y su lucha movilizadora constante por la supervivencia.

En todo este tiempo, como lo muestra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2021), la población venezolana ha tenido que vérselas con la llegada a territorios que han sido fuertemente golpeados por la desaceleración económica producida en la región a partir de la crisis económica del 2008. Esta desacelaración debilita las condiciones sociales y hace de estos territorios economías débiles que además profundizan las expresiones de racismo y xenofobia. En países como Colombia, la población migrante se encuentra en condiciones mucho más precarias y de pobreza en comparación con la población general. Por supuesto, este hecho tiene repercusiones claras en los modos de vida de la población venezolana en Colombia, quienes han tenido que incorporarse en el mercado de la economía informal particularmente en las fronteras (Cepal, 2021).

En el marco del monitoreo de protección del Acnur (2019), que realizó en los países latinoamericanos como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y República Dominicana, identificó que la mitad de las personas venezolanas, entrevistadas en estos países, tienen a un miembro de la familia en riesgo, entendiendo por ello que debieron recurrir a mecanismos graves de supervivencia como el sexo transaccional, la mendicidad o trabajo de niños y niñas menores de 15 años.

Asimismo, además de las dificultades económicas, el hambre y los servicios médicos, el 28% de las personas que fueron entrevistadas por Acnur (2019) manifestaron haber sufrido incidentes de protección tales como el asalto, agresiones físicas, intimidación y amenaza tanto en sus lugares de origen, con un 46% de los incidentes, como en los países de tránsito y destino: 15% en Colombia, 14% en Ecuador, 10% en Perú y 5% en Argentina. Es decir, las condiciones de vida de las personas migrantes venezolanas se han encontrado en situaciones de precariedad que además se convierte en factor de riesgo para ser víctimas de violencia y explotación.

Precariedad y presión social en la frontera colombo- venezolana

Cúcuta y su área metropolitana (AMC), ubicada en el nororiente del país en la frontera con Venezuela, es la segunda comunidad receptora de migrantes, después de Bogotá. A 2020, se contabilizaban 148639 del total de 206000 que residen en el departamento de Norte de Santander, límite con el estado Táchira (Venezuela). Esta área fronteriza, con 2219 kilómetros es la frontera más extensa que el país tiene con cualquier otra nación del subcontinente y la más dinámica en términos económicos. Para el año 2000, mediante las vías terrestres entre Norte de Santander (Colombia) y el Táchira (Venezuela), se movía más del 80% del volumen comercial que se realizaba entre los dos países, lo que constituía un espacio único para el tránsito de mercancías que fluían entre Venezuela y los demás miembros de la Comunidad Andina (Valero, 2000).

Pese a este dinamismo histórico, el Banco Mundial (2018) señaló que en Colombia las zonas fronterizas han estado rezagadas en comparación con al resto del país. Los municipios registran importantes brechas en cuanto a desarrollo económico y acceso a servicios básicos y son áreas donde la pobreza se reduce lentamente, pese a los esfuerzos gubernamentales en el fortalecimiento de la institucionalidad y el aumento de inversiones. Por ejemplo, a mayo de 2020, la tasa de ocupación en Cúcuta llegó al 38.8%, en contraste con el 43.4% a nivel nacional. En cuanto al tipo de empleo, el 61.2% de los ocupados devengaron sus ingresos como independientes, seguido de un 28.6% que se desempeñaban como empleados (Departamento Nacional de Estadística [Dane], 2020).

El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014), explicaba que la tasa de desempleo en los departamentos fronterizos está cinco puntos porcentuales por encima de la media nacional; además, la informalidad es del 80%, es decir, 20% más que el promedio del país. El Dane (2005, citado en DNP, 2014) encontró que los municipios fronterizos tienen un índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) promedio, es decir, de 52.81%, en tanto que los departamentos fronterizos registran uno de 47.75%, lo que los pone en desigualdad frente al promedio nacional, que es del 27.78%. Dicho indicador alcanza valores superiores al 80% en departamentos fronterizos como La Guajira, Guainía, Vaupés y Vichada (p. 20).

Sumado a estas desigualdades preexistentes, la llegada de migrantes obligó a las autoridades locales a responder a las necesidades de las nuevas familias, sumado a las presiones previas para reducir las brechas de provisión y calidad de los servicios (Banco Mundial, 2018), especialmente, los de salud. Por ejemplo, Norte de Santander, cuya capital es Cúcuta, cuenta con el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) de cuarto nivel de complejidad (alta) y otras quince empresas sociales del Estado (centros hospitalarios públicos) de menor nivel, por lo tanto, sobre este recayó la atención de colombianos y venezolanos afectados por la covid-19 entre marzo y agosto de 2020, meses que duró el confinamiento obligatorio en Colombia. Solo en enero de 2020, la capacidad de urgencias en el HUEM ya había superado el 300%. Tras el cierre de frontera en el 2015 y hasta el 2019, el hospital había atendido a más de 33000 migrantes venezolanos, de los cuales el 52% acudió en 2019 (La Opinión, 2020).

Asimismo, los ámbitos de la economía informal, el sector económico que más caracteriza a este territorio fronterizo (Ayala-García y Rodríguez-Angatira, 2014; Ayala y Hernández, 2017) ha visto un crecimiento importante debido a la llegada de personas migrantes que se insertan en esta economía para poder solventar sus gastos diarios. También se ha visto cómo, a partir de este éxodo, el sector de La Parada, la zona fronteriza de mayor movimiento migratorio, ha tenido un amplio crecimiento del sector económico en el mercado informal que incorpora la renta de casas estipuladas y bodegas donde pueden llegar a vivir entre 40 y 50 personas en condiciones de hacinamiento (Ordoñez et ál., 2020).

Bajo estas circunstancias, y a pesar de que Colombia y Venezuela tienen una historia de relaciones que se remontan a la independencia y que han permitido construir la idea de naciones hermanas (Mojica et ál., 2020), en la práctica, esta historia, si bien es reactualizada de manera permanente en campañas de acogida para evitar las dinámicas de xenofobia y discriminación, particularmente en la zona fronteriza, se ve rebasada por una realidad crítica del territorio de acogida, así como de las personas y familias que llegan en las condiciones más precarizadas.

Método

Esta es una investigación cualitativa con diseño narrativo (Bolívar, 2012). Se utilizó como método para la recolección de información la revisión documental de los informes realizados por las diferentes agencias y organismos de cooperación internacional, así como por la información publicada por el Gobierno Nacional, Migración Colombia y la Gobernación de Norte de Santander. También se hizo una recuperación hemerográfica de la información publicada en medios virtuales y plataformas periodísticas de Colombia, Venezuela y Perú, como La Opinión (diario regional de Norte de Santander); El País (diario regional en el Valle del Cauca); GlobalízateRadio.com (medio virtual de Perú) y Último Minuto (medio virtual venezolano).

Además, se efectuaron dieciocho entrevistas semiestructuradas, seis hombres y doce mujeres, migrantes venezolanas que esperaban el retorno a su país durante los meses de mayo, junio y septiembre y estaban en La Parada (apostados a lado y lado de la autopista internacional que une Colombia con Venezuela) y el Cast de Tienditas, en Cúcuta, territorio fronterizo que han afrontado el fenómeno migratorio de huida y retorno. La primera ronda de entrevistas, seis en total (cuatro mujeres y dos hombres), se realizó en La Parada (municipio de Villa del Rosario que hace parte del AMC) durante mayo y junio; la segunda ronda (ocho mujeres y cuatro hombres) en el sector fronterizo de Tienditas, lugar de instalación de carpas humanitarias para albergar a la población retornada entre julio y septiembre.

Procedimiento para la recolección de información

El Cast es administrado por la Gobernación de Norte de Santander. Para acceder se tramitaron permisos exponiendo los objetivos de la visita. En medio de las restricciones de las medidas del “pico y cédula”, implementadas en Cúcuta y el Área Metropolitana y que limitaban la movilidad de las personas con base en el último dígito de su número de cédula a un día de la semana entre lunes y viernes, fue dispendioso hacer coincidir la fecha de posible acceso a estos centros con la disponibilidad de sus encargados y el día permitido para salir de las investigadoras. Tras varias visitas suspendidas, finalmente se logró ingresar al centro de atención sanitaria.

Una vez dentro, se procedió con el rapport, identificando a las personas que mostraran menor resistencia a ofrecer las entrevistas. En este sentido, la participación fue voluntaria y espontánea, aclarando a los y las participantes los fines académicos. Las personas migrantes venezolanas solicitaron cambiar sus nombres y mantener el criterio de confidencialidad, evitando descripciones tipo retrato.

Además, se tuvieron en cuenta todos los protocolos de distanciamiento social y bioseguridad, tanto para el ingreso al Cast como durante la realización de las entrevistas sobre la autopista internacional, donde permanecían las personas migrantes venezolanas, esperando que se les permitiera ingresar a su país o lograr un cupo en el Cast. Para la identificación del material hemerográfico se utilizaron motores de búsqueda con las entradas: “caravanas”, “venezolanos”, “retorno” y “frontera”.

Análisis de la información

Para analizar la información, se utilizó el proceso de inducción propuesto por Bartolomé (1990). Las categorías definidas previamente son: movilidad/inmovilidad, experiencia de tránsito, atrapamiento y retorno. Dado que el diseño es narrativo, se procedió a relatar la información hallada con miras a develar y evaluar los acontecimientos que vivieron las personas migrantes venezolanas en su retorno por cuenta de la covid-19.

Resultados y discusión

Pandemia, caravanas y el corredor humanitario

La primera medida tomada por el Gobierno Nacional de Colombia fue cerrar la frontera con Venezuela. Migración Colombia informó que, a partir del 14 de marzo, se daría el cierre de los pasos fronterizos del país y tan solo dos días después se impediría la llegada vía aérea de extranjeros de Asia y Europa. La decisión fue argumentada como parte de las medidas para contrarrestar el contagio por la covid-19^[3] y dejó en el limbo a un número importante de migrantes pendulares que cruzaban con el fin de abastecerse de productos de la canasta básica, medicamentos y servicios médicos (Mojica et ál., 2020), así como también a aquellos que se encontraban en tránsito por el país.

Las primeras caravanas de venezolanos retornados llegaron a Cúcuta hacia el 4 de abril del 2020, según reportó el diario regional La Opinión. Fueron 900 personas que regresaban desde otras ciudades colombianas y de Ecuador. A su vez, el portal venezolano Últimas Noticias informó que Fredy Bernal, protector del Táchira (figura creada por el gobierno de ese país), advirtió en esa misma fecha el arribo de sus connacionales y las medidas estrictas que tomarían para evitar los contagios por la covid-19.

Viene avanzando una especie de marcha desde el Ecuador que ya atravesó Colombia con miles de personas que se dirigen hacia Venezuela, se calcula que vienen entre 3500 a 5000 personas y que van a llegar entre tres o cuatros días a nuestra Patria. ( Últimas Noticias, 2020)

Este es el caso de Marcos y Eulalia⁴ (hombre y mujer, viajando en pareja y con hijos), que no aguantaron la asfixia económica causada por la pandemia en Perú y salieron de allí el 27 de abril junto a sus tres hijos. Aunque conscientes de las medidas de la cuarentena y las consecuentes restricciones de movilidad, también tenían clara su necesidad de llegar a un resguardo seguro que no veían en otro lugar sino en Venezuela. Su retorno estuvo plagado de caminatas extenuantes y uno que otro aventón, dado que las posibilidades de conseguir pasaje en autobuses estaban restringidas solo para los nacionales, así fue como se pudieron mover por las carreteras de Perú, Ecuador y Colombia, incluyendo los pasos ilegales.

Marcos nos dice: “en Perú fluyó todo, las trochas fueron un poco más fáciles. Los mismos policías de Perú y Ecuador nos decían ‘si quiere pasar pa’ su país, la opción es trocha’. Con respecto a los riesgos naturales del recorrido Eulalia manifestó que “pasaban hasta tres días y a nosotros nos tocaba así, me daba miedo que hubiese culebras o algún animal en el agua, pero mi esposo se metía primero, y luego los niños y yo lo seguíamos”.

El recorrido, mencionan, fue acompañado por el desprecio de la gente y también de gestos solidarios. Hubo personas que buscaron aprovecharse de su necesidad para avanzar en el camino, como el caso de los camioneros en su ruta dentro de Colombia, que les cobraban por permitirles subirse a sus vehículos de carga en condiciones inadecuadas y peligrosas y coaccionándolos para que cuando hubiera alguna inspección de la autoridad policial no dijeran que les estaban cobrando.

Uno de los viajes lo hicimos en un contenedor, de esos que vienen como cerrados, cada tanto el chofer se paraba para que respiráramos y orináramos. Eso me dio mucho miedo, pero me quedé dormida. La respiración se nos iba, de suerte que íbamos pasando por un lugar frío, éramos muchos, pero el camión se paraba, nos bajaban y nos volvían a subir. Fueron como 10 horas. Pagamos 78 mil pesos por los cinco. (Eulalia, comunicación personal, 3 de junio de 2020)

Mientras tanto, Mario y Esperanza (hombre y mujer viajando en pareja) señalan que, durante su salida del Chocó, la gente los ayudó. No hay duda de que en medio de su experiencia han tenido solidaridad, pero también rechazo, “porque hay personas que sienten miedo por el virus, y nos trataban de lejos por eso”, señala.

A veces, deseaba que mientras caminábamos alguien se parara, pero muy pocos lo hacían, y eso es porque los multan, pero hay gente tan buena, que se arriesgó para ayudarnos, nos decían que nos bajáramos un poco antes de los puestos de control y las pasáramos caminando. Otros incluso nos preguntaban que para dónde íbamos, y así ellos no fueran al mismo lugar, se desviaban para llevarnos, y hasta agua nos brindaban. (Esperanza, comunicación personal, 2 de junio de 2020)

Sobre el viaje y su estancia en La Parada, Edgar expone:

El viaje de retorno es algo que no se olvida. Cosas buenas y cosas malas. Lo más difícil fue dormir en la calle. Desde que salí de Quito fue enfocado en llegar a mi país, ni porque me humillen ni nada. En realidad, todo esto es insoportable. A nadie le gusta estar aquí. (Edgar, hombre viajando solo, comunicación personal, 2 de junio de 2020)

El 17 de abril, el diario El País, de Cali, Colombia, reportó el arribo a esa ciudad de 400 venezolanos procedentes de Ecuador. Los veinte buses continuaron su ruta en el corredor humanitario hacia Cúcuta. A su vez, el proyecto periodístico Migración Venezuela, de la revista Semana, relató los riesgos que corrían los retornados frente a las empresas ilegales de transporte que los movilizaban por el país. En este informe, Gaby Arellano, una exiliada venezolana en Colombia, declaró:

En este momento le pedimos que nos ayude porque queremos hacer un llamado a las autoridades colombianas, porque la Policía Nacional de Colombia está cometiendo un error al dejar pasar los buses [...] Se estima un ingreso de 25000 migrantes, y si por evitar cuarentena, unos 600 venezolanos entran por trocha, estaríamos hablando de un contagio masivo a gran escala. (Palomares, 2020)

El 13 de mayo, la Alcaldía de Cali advirtió que, gracias al trabajo coordinado con Migración Colombia, había partido de esa ciudad la última caravana de buses con venezolanos rumbo a la frontera: 290 fueron enviados a Arauca y 216 a Cúcuta (Blu Radio, 2020). Ante este movimiento de retorno, la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue permitir el ingreso por los pasos fronterizos oficiales de 700 de sus connacionales diariamente. Posteriormente, desde el 3 de junio se redujo la cuota de acceso a 300, lo que provocó el represamiento de retornados en La Parada, Villa del Rosario (municipio del AMC), lugar del Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a Colombia con Venezuela.

La reducción en el número de personas autorizadas a ingresar a Venezuela siguió disminuyendo, hasta a las 80 personas y, por tal motivo, el 10 de junio, el Gobierno colombiano, por medio de Migración Colombia, anunció la suspensión del corredor humanitario, lo que generó represamientos en el Puente Internacional Simón Bolívar que comunica a ambos países, decisión que dejó nuevamente inmóvil a la población migrante. La agencia, asimismo, invitó a los ciudadanos venezolanos a evitar el retorno si no era necesario: “Este no es un momento de movilidad en el país […] la situación en Venezuela no ha mejorado, ni sigue igual [...] se puede afirmar que está peor. El mensaje a la población migrante es a esperar” (Prieto, 2020).

A medida que crecía la afluencia de retornados, el gobierno departamental de Norte de Santander instaló a las personas venezolanas en hoteles y hospedajes de La Parada, mientras podían acceder a su país. El 21 de agosto, se encontraban en Cúcuta y su AMC, 2462 retornados venezolanos distribuidos así: La Parada, 1987; Cast, 475. En promedio, 70 caminantes llegaban diariamente a Cúcuta, pero esta vez para regresar a su país. Posteriormente, el 20 de agosto, el gobierno venezolano anunció la restricción del tránsito, pero en la práctica esto no se dio. De manera articulada, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo previó instalar, por seis meses, dos alojamientos temporales en Pamplona y Villa del Rosario (Norte de Santander) con el fin de regular la atención.

Tabla 1

Número de retornados que podían ingresar a Venezuela marzo- agosto

Fuente: elaboración propia con datos de la Gobernación de Santander.

La tabla 1 muestra las dinámicas de retorno que se posibilitaron en la frontera. Mientras en un inicio se permitía el paso de 700 personas, este número se ha visto drásticamente disminuido, en términos de la demanda de 72000 personas que llegaron a la frontera para retornar a su país.

En este sentido, mientras las decisiones gubernamentales inmovilizaban a la población en los territorios, la población migrante se veía forzada a movilizarse para garantizar su supervivencia en medio de la pandemia y, por esto, emprendieron el retorno forzado, utilizando la ruta de los caminantes como su modo de circulación y encontrándose durante el camino en experiencias de explotación, pero también de solidaridad.

(In)movilidad en la frontera colombo-venezolana

A nivel discursivo y práctico, el gobierno nacional colombiano tomó protagonismo para regular, controlar y atender la emergencia y el cierre de fronteras se celebró como una forma de garantizar, en el marco de un aislamiento nacional, la expansión del virus y, al mismo tiempo, como una afirmación de su soberanía. Sin embargo, es posible afirmar también que, en el marco de las preocupaciones pandémicas, las medidas de confinamiento y cierre también permitieron el resurgimiento de la idea del otro foráneo como invasor, fuente de contagio y enfermedad para lo cual se requiere de su inmunización (Butler, 2015).

Los estudios de Arévalo y Ruiz (2020) y Ordóñez y Ramírez (2019) dieron cuenta de esa forma de asumir a las personas migrantes venezolanas en Colombia antes del covid-19 con base en las narrativas de los medios y de los imaginarios de las comunidades receptoras, pero, durante la pandemia, las políticas fronterizas reforzaron esa percepción. Es claro entonces que la acelerada imposición del cierre de fronteras no es parte de una actuación excepcional, sino de una continuidad de cierres a partir del endurecimiento de políticas migratorias y securitización nacional que ya se venían efectuando (Feldman et ál., 2020) y, como lo plantea Mezzadra y Stierl (2020), con riesgo de que estas medidas, bajo la justificación de la pandemia, se perpetúen en las lógicas de control ya antes instauradas.

Afirmamos que el continuum va de la securitización a la sanitización de las fronteras, donde las actuaciones, en materia de sanidad pública, impulsan así con mayor vigor y profundizan la perspectiva de securitización nacional, ahora, por medio de una lógica aséptica para la cual el temor ante el virus y la amenaza de muerte propician una menor resistencia por parte de la ciudadanía a esta política. Con mayor fuerza, también se retoman las palabras de orden, control y seguridad de la migración en la apuesta por la bioseguridad fronteriza que busca evitar, detectar, inspeccionar como acciones relevantes para su higiene y siendo, ahora más que nunca, los cuerpos de los migrantes venezolanos como objetos específicos de vigilancia y control. Una muestra de esto es la estrategia de seguimiento biométrico a la población migrante venezolana que Migración Colombia ha querido lanzar como pionera en el mundo, lo que profundiza la lógica del atrapamiento.

Para el 17 de julio, y ante la extensión de la cuarentena en Colombia, que inicialmente había sido contemplada durante un mes, el alcalde del municipio de Villa del Rosario anunciaba el cierre total del sector de La Parada, debido a que, según las autoridades, estaba creciendo el contagio en este sector. Sin embargo, en este lugar habitaban alrededor de 11000 personas venezolanas que se habían mantenido allí en condiciones precarias y de hacinamiento, aunque este lugar fuera inicialmente considerado de paso (Ordoñez et ál., 2020). En este sentido, más que el movimiento, eran las condiciones de hacinamiento y estancia previas a la pandemia, que se convirtieron en factor de riesgo para el contagio.

Frente al retorno de la población venezolana, que llegaba de países suramericanos y del interior de Colombia, el sector de La Parada se convirtió en un lugar de atrapamiento e (in)movilidad de la población, dado que las medidas tomadas por el gobierno de Nicolás Maduro, de cerrar frontera y medir a cuenta gotas el paso de sus connacionales de vuelta a Venezuela como control para evitar la propagación del virus, inmovilizó a toda la población migrante retornada que se quedó replegada en territorio colombiano. Las personas venezolanas que se movilizaban fueron vistas en la frontera como un peligro para la salud pública y estas terminaron atrapadas en la dinámica que, por el lado colombiano, buscaba que cruzaran pronto hacia su país y desde el lado venezolano, se les obligaba a la espera hasta asegurarse de que estuvieran libres del virus. En este sentido, las personas migrantes venezolanas estaban viviendo un continuo de movilidad restringida/inmovilidad propiciada por las lógicas de ambos gobiernos.

El sujeto migrante como peligro biológico: elementos para la restricción

A su vez, referido a la construcción de la otredad como amenazante y peligrosa, en el territorio fronterizo antes de la pandemia ya se había constituido una fuerte imagen de la persona migrante venezolana como un vector biológico, dado el aumento de enfermedades transmisibles que se consideraban prácticamente erradicadas en Colombia. La preocupación en la frontera fue creciendo en la medida en que los medios de comunicación locales y nacionales reportaban la alerta del Ministerio de Salud colombiano sobre la posibilidad de un brote de malaria, dengue, tuberculosis, leishmaniasis y sarampión debido al conocimiento del aumento de casos en los estados fronterizos venezolanos. Esto implicó jornadas de vacunación en la zona fronteriza y, por supuesto, en la calle, la mirada del venezolano como el transmisor de la “plaga”⁵. Desde luego, la encarnación de la movilidad de las infecciones con la movilidad de las personas migrantes, construye narrativas que abren la discusión sobre la salud pública como un asunto de seguridad nacional que termina validando las medidas que buscaban inmovilizar a la población migrante venezolana.

Según lo narrado por Marcos y Esperanza, ellos lograron llegar a la frontera el 30 de mayo con sus tres hijos. El 2 de junio, intentaron realizar el cruce en La Parada, junto a centenares de migrantes, esperando en fila para poder subirse a un camión que los llevaría hasta el puente Simón Bolívar. En esos momentos hubo desorden y forcejeo, lo que impidió que pudieran cruzar y, además, les dejó una hija golpeada. Durante este tiempo de inmovilidad en la frontera tuvieron que vivir en medio de la presencia de un número importante de niños y niñas, que entraban en llanto, hombres y mujeres desesperados con la larga espera y el confinamiento en este sector. Muchos intentaron desbordar los controles de la policía con el ánimo de subirse a los camiones que los llevarían hacia el cruce, corriendo el riesgo de ser sancionados por subvertir el orden. Esta situación revela las contradicciones a las que se exponen las personas migrantes cuando son sujetos a la lógica de atrapamiento, pues deben decidir entre situaciones que complejizan su seguridad (Núñez y Heyman, 2007). Así, a pocos pasos de estar en su país permanecieron en medio de una larga y extenuante espera, arrinconados y con el miedo del contagio con el que tenían que lidiar debido a la cantidad de gente que se encontraba allí sin posibilidad de tomar medidas de distanciamiento físico.

Debido a las restricciones, intentaron pasar de nuevo por las trochas en el marco del retorno, buscando llegar más rápido al vecino país en un espacio fronterizo donde el negocio en el sector se mantenía: el costo de la entrada al baño, la compra de las pocas pertenencias que traían los migrantes a partir del remate, la venta del cabello por parte de las mujeres, entre otras actividades, en un área controlada por grupos armados ilegales (Ávila et ál., 2012; Pares, 2020).

Al respeto, Francisco relató:

A nosotros nos dijo el que nos trajo que si queríamos pasar por la trocha, pero yo le dije que no. Mi mujer trae su ropita y le tocaría botarla, porque no los dejan pasar con nada. Además, nos estaban cobrando 300000 pesos y de dónde yo iba a sacar eso. Nos sentimos tranquilos cuando llegamos, porque vamos guiados de la mano de Jesucristo. No sentimos riesgo acá (Tienditas). Es mejor estar acá que en la calle, porque de solo imaginarse pasar la noche en la calle, sin tener un techo, sin aseo personal, uno está en peligro de cualquier cosa. (Francisco, hombre viajando acompañado con su pareja mujer, comunicación personal, 10 de agosto de 2020)

Sobre el riego, Luz narró:

Lo que escucho sobre la gente de la frontera, cualquier cantidad de cosas buenas y malas […] vivo esta espera ansiosa, pero tranquila porque ya estamos acá. Me siento segura acá (Cast de Tienditas), en La Parada no. Tengo un trauma psicológico porque perdí mi cabello, no lo supero (Luz, mujer viajando sola, comunicación personal, 10 de agosto de 2020).

Aunque se logró un trabajo coordinado de los dos Estados binacionales a través de la Mesa Covid-19, con la participación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), buscando coordinar el retorno, se evidencia el desbalance que existió entre ambos países, dado que mientras en la frontera colombiana se vivía un nivel de desbordamiento con más de mil personas viviendo en la calle, del lado venezolano las personas eran recibidas en albergues con controles estrictos que buscaron no desbordar su capacidad (Víctor Bautista, secretario de Fronteras del Norte de Santander, comunicación personal, 6 de junio, 2020).

Al respecto, Teresa manifestó:

Lo que yo más quisiera es, si se me diera la oportunidad, que me llevaran a un refugio [del lado venezolano], soy feliz, no importa cuántos días pase ahí, pero yo sé que ya estando ahí, ya yo voy para mi país, pero mientras que siga aquí, se me bajan las esperanzas, pero le sigo pidiendo a mi Dios paciencia. (Teresa, mujer viajando con dos niños, comunicación personal, 3 de junio de 2020)

En sus relatos, los 18 entrevistados señalaron que sus paisanos pasan entre 9 y 14 días en albergues del lado venezolano para hacerles las pruebas respectivas antes de seguir su camino. Además, el retorno de las personas migrantes venezolanas como un ejercicio de movilidad y resistencia ante la precariedad vivida y profundizada por la pandemia en sus lugares de destino y la puesta en marcha de autobuses financiados por el gobierno colombiano para posibilitar su llegada a la frontera fue tomado por el gobierno venezolano como una estrategia colombiana para “contaminar el país”. Sobre esto en particular, el presidente de Venezuela señaló:

Estamos dando una inmensa batalla por la salud del pueblo, contra el coronavirus. Hay que dar la batalla, incrementada, ministro Reverol, contra los trocheros y las trocheras, contra los delincuentes que organizan las redes de trocheros para traer a trocheros que contaminen nuestro país. (Manetto, 2020)

De tal manera que la imposición de controles para el paso de sus connacionales, que restringen su movilidad, también devino en un trabajo discursivo que enfatizó en la idea del foráneo, la constitución como objeto de sospecha y bioterroristas dentro de su propio país. En la medida que se realizaba esta construcción de la figura del migrante que retornaba, como un agente contaminante y peligroso, también fue aprovechado para mantener y avivar la disputa política en las ya tensas relaciones bilaterales y profundizar a los migrantes como el “chivo expiatorio” de estas relaciones.

Del regreso a Colombia y la movilidad por la supervivencia en pandemia

Entre septiembre-octubre de 2020, Colombia levantó la cuarentena obligatoria en diversos sectores bajo la presión de la reactivación económica en el país, situación que propició un nuevo movimiento de personas que venían desde Venezuela hacia Colombia, bien porque habían decidido volver a salir o porque se movían por primera vez ante la profundización de la crisis durante la pandemia en Venezuela. Ante este inmenso movimiento, las ciudades fronterizas de San Antonio y Ureña del lado venezolano fueron los lugares de atrapamiento de esta población, en la medida que las autoridades de Norte de Santander expresaron enfáticamente el mantenimiento del cierre de fronteras y la no autorización del paso de migrantes.

El 15 de octubre de 2020, se anunció la presencia de más de 500 personas migrantes venezolanas en la ciudad de Pamplona⁶, quienes cruzando por pasos clandestinos en la frontera colombo-venezolana volvieron a caminar para internarse en Colombia nuevamente y llegar a sus lugares de destino:

Anoche más de 500 venezolanos estaban en las calles de Pamplona, 260 mujeres con niños durmieron a la intemperie. Muchos pequeños no superaban los 6 años de edad, a todos no les quedó más opción que pasar la noche en los andenes sobre los cartones. (Peláez, citado en Palomares, 2020)

Al cierre de la recolección de información para esta investigación (septiembre de 2020), las alertas en los medios de comunicación y las autoridades fronterizas se habían activado, puesto que, por medio de las redes sociales, se mencionaba el movimiento de un contingente mayor que se acercaba a los estados fronterizos venezolanos, cuya intención era cruzar de nuevo hacia Colombia, sin importar los controles y acciones para la detención de su movimiento porque su deseo era retornar en búsqueda del acceso económico que perdieron durante los meses de confinamiento obligatorio en Colombia en el marco de una pandemia que no cesaba y las condiciones en Venezuela seguían bastante precarias y que, de un lado o del otro de la frontera, ellos se han visto abocados a tener que desarrollar estrategias para el sostenimiento de sus vidas en medio de la crisis pandémica.

Conclusiones

Se puede mencionar que si bien Cúcuta y su área metropolitana como espacio fronterizo contaba con una historia como espacio de movilidad, tanto de bienes como de personas, que la convirtió en la frontera más dinámica de Suramérica y que este movimiento fue acentuado a raíz del éxodo venezolano en ascenso durante los últimos 5 años. Sin embargo, con la pandemia también se ha considerado a Cúcuta como un lugar de encierro y de atrapamiento que paraliza a las personas migrantes, convirtiéndose entonces en un espacio (in)movilizador como nunca antes visto.

Bajo esta dinámica (in)movilizadora se han posibilitado discursos de solidaridad y humanidad y también reavivado el discurso de nación, fragmentación y diferencia, así como el refuerzo de la frontera como herramienta de protección para la seguridad y ahora la sanidad nacional. Esto, a su vez, ha propiciado el reforzamiento de los actores ilegales que se han favorecido en momentos de restricción anteriores y durante la pandemia. La reapertura clandestina del cruce y, por ende, la continuidad de su movilidad en momentos de inmovilización, que tiene altos costos para las personas migrantes con escasos recursos, muestra una desigualdad incluso en el marco de esta movilidad clandestina en las que unos pueden pagar su tránsito y otros tienen que despojarse hasta de su cabello para lograrlo.

Las respuestas de ambos gobiernos, a lado y lado, ante la pandemia han demostrado de qué manera la frontera resulta constitutiva de procesos de diferenciación entre ciudadanos y migrantes, incluso al interior del propio territorio nacional venezolano, estos son catalogados como bioterroristas y se han convertido, al igual que en otros lugares de destino, en sujetos sospechosos, fuentes de contagio y portadores de enfermedad, despertando en los connacionales un rechazo que unifica la disputa ideológica y política con la disputa sanitaria en el cuerpo de la persona migrante.

Tanto la migración reciente como las dinámicas de movilidad restringida e inmovilidad propias de las acciones gubernamentales en ambos lados de la frontera, en el contexto del covid-19, las reacciones de la ciudadanía de acogida, así como el propio movimiento de población venezolana, nos permitieron observar la gestación de una frontera más restrictiva e inmovilizadora, allí donde antes se mostraba un territorio de intercambio permanente y las personas migrantes se han convertido en sujetos de disputa en las tensas relaciones internacionales entre el gobierno venezolano y los países del continente americano.

Referencias

Aliaga, F. A. (2021). Causas de la migración forzada de Venezuela a Colombia. AULA Revista De Humanidades y Ciencias Sociales, 67(2), 67-77. https://doi.org/10.33413/aulahcs.2021.67i2.180

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2019, enero-junio). Aspectos claves del monitoreo de protección. Situación Venezuela. https://www.acnur.org/5d321d124.pdf

Arévalo, G. A. y Ruiz, A. L. (2019). Revictimización de la movilidad humana en la prensa boyacense. Diálogos de Saberes, (51), 153-174. https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.51.2019.5877

Ávila, A. F., León, S., Niño, E., Amargo, E., Cañizares, W. y Guerra, C. R. (2012). La frontera caliente entre Colombia y Venezuela. Debate.

Ayala, E. T. y Hernández, C. A. (2017). Encuentros, desencuentros, usos y apropiaciones en el espacio urbano fronterizo colombo-venezolano. Encuentros, 15(2), 115-126, https://doi.org/10.15665/re.v15i2.848

Ayala-García, E. T. y Rodríguez-Angarita, R. D. (2014). Aproximación al análisis del espacio fronterizo colombo-venezolano. La Parada como caso de estudio. Bitácora Urbano Territorial, 24(2), 31-41.

Banco Mundial. (2018). Migración desde Venezuela a Colombia. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.

Bartolomé, M. (1990). La investigación cooperativa. En M. Bartolomé, M. Anguera y M. Andreu (coord.), La investigación cooperativa una vía para la innovación en la Universidad. PPU.

Blu Radio. (2020, 13 de mayo). Envían la última caravana de migrantes venezolanos desde Cali hacia la frontera. https://www.bluradio.com/nacion/envian-la-ultima-caravana-de-migrantes-venezolanos-desde-cali-hacia-la-frontera

Bolívar, A. (2012). Metodología de la investigación biográfico-narrativa: recogida y análisis de datos. En M. C. Passeggi y M. H. Abrahao. Dimensões epistemológicas e metodológicas da investigação (auto) biográfica. Tomo II. (pp. 79-109). Editorial da PUCRS.

Butler, J. (2015). Foreword. En I. Lorey. State of insecurity. Government of the precarious. Verso.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2021). Informe sobre la situación de los migrantes venezolanos en América Latina. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46353/S2000618_es.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Cunningham, H. y Heyman, J. (2004). Introduction: Mobilities and Enclosures at Borders. Identities: Global Studies in Culture and Power, 11(3), 289-302. https://doi.org/10.1080/10702890490493509

Delgado, R. (2014). Globalización neoliberal y migración forzada: una mirada desde el sur. En C. Blanco (ed.), Movilidad humana y diversidad social en un contexto de crisis económica internacional (pp. 31- 50). Trotta.

De Génova, N. (2018). Re-Bordering ‘the People’: Notes on Theorizing Populism. South Atlantic Quarterly, 117(2), 357-74. https://doi.org/10.1215/00382876-4374878

Departamento Nacional de Planeación [DNP]. (2014). Documento Conpes 3805. Prosperidad para las fronteras de Colombia. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3805.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane]. (2020). Información julio 2020. Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) Mercado laboral. Informe agosto 2020. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo

Domenech, E. E. (2017). Las políticas de migración en Sudamérica: elementos para el análisis crítico del control migratorio y fronterizo. Terceiro Milênio: Revista Crítica de Sociologia e Política, 8(1), 19-48.

Espinel, G., Mojica-Acevedo, E. y Niño-Vega, N. (2021). Narrativas sobre mujeres migrantes venezolanas en un diario en línea de la frontera colombiana. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 27(1), 95-109. https://doi.org/10.5209/esmp.71471

Feldman-Bianco, B., Doménech, E. y Sanjurjo, L. (2020) Desplazamientos, desposesión y violencias. Historia y Sociedad, 39, 7-23. https://doi.org/10.15446/hys.n39.88602

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos. (2018). Reporte Situacional: octubre de 2018. https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66967

Herrera, G. (2021). Migraciones en pandemia: nuevas y viejas formas de desigualdad. Nueva Sociedad, (293), 106-116.

Heyman, J. (2012). Construcción y uso de tipologías: movilidad geográfica desigual en la frontera Estados Unidos-México. En M. Ariza y L. Velasco, Métodos cualitativos y su aplicación empírica: por los caminos de la investigación sobre la migración internacional (pp. 419- 454). Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México y El Colegio de la Frontera Norte.

Human Rights Watch (2018, 3 de septiembre). El éxodo venezolano. Urge una respuesta regional ante una crisis migratoria sin precedentes. Estados Unidos. https://www.hrw.org/es/report/2018/09/03/el-exodo-venezolano/urge-una-respuesta-regional-ante-una-crisis-migratoria-sin

La Opinión. (2018, 21 de marzo). Sarampión: Urge mayor control. La Opinión https://www2.laopinion.com.co/cucuta/sarampion-urge-mayor-control-151257

La Opinión. (2018, 22 de marzo). Dura ofensiva contra el sarampión en los puentes fronterizos. La Opinión. https://www2.laopinion.com.co/frontera/dura-ofensiva-contra-el-sarampion-en-los-puentes-fronterizos-151327

La Opinión. (2020, 25 de enero). Colapsada área de urgencias de Hospital de Cúcuta. La Opinión https://www.laopinion.com.co/cucuta/colapsada-area-de-urgencias-del-hospital-de-cucuta-190819

La Opinión. (2020, 4 de abril). Más de 900 venezolanos retornan a su país por La Parada. La Opinión https://www.laopinion.com.co/frontera/mas-de-900-venezolanos-retornan-su-pais-por-la-parada

Mahase, E. (2020). China coronavirus: WHO declares international emergency as death toll exceeds 200. BMJ, 368. https://doi.org/10.1136/bmj.m408

Manetto, F. (2020). Maduro redobla la ofensiva contra los migrantes que retornan por pasos ilegales en medio de la pandemia. El País. https://elpais.com/internacional/2020-07-17/maduro-redobla-la-ofensiva-contra-los-migrantes-que-retornan-por-pasos-ilegales-en-medio-de-la-pandemia.html

Márquez, H. y Delgado, R. (2014). Migración forzada y desarrollo alternativo. IAEN.

Mezzadra, S. y Stierl, M. (2020, 24 de marzo). What happens to freedom of movement during a pandemic? https://www.opendemocracy.net/en/can-europe-make-it/what-happens-freedom-movement-during-pandemic/

Ministerio de Salud y Protección Social. (2020, 12 de marzo). Resolución 385 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%200385%20de%202020.pdf

Ministerio del Interior de Colombia. (2020, 22 de marzo). Decreto 457 de 2020. Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20457%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Mojica, E. C., Espinel, G. A., Herrera, M. L. y Camargo, A. C. (2020). Dimensiones de la migración pendular colombo-venezolana. Caso Cúcuta- San Antonio del Táchira. En F. A. Aliaga, y A. Flórez, Dimensiones de la migración en Colombia (pp. 305-323). Ediciones USTA.

Núñez, G. G. y Heyman J. M. (2007). Entrapment process an immigrant communities in a time of heightened border vigilance. Human Organization, 66 (4), 354-365. https://doi.org/10.17730/humo.66.4.v32mp32167k8l705

Odgers-Ortíz, O. y Campos-Delgado, A. E. (2014). Figés dans le mouvement : périodes et espaces d’attente des migrants mexicains expulsés des États-Unis. Revue Européenne des Migrations Internationales, 30(2), 113-135. https://doi.org/10.4000/remi.6922

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2020, 19 de febrero). Alocución de apertura del director general de la OMS en rueda de prensa para las misiones diplomáticas sobre la covid-19. OMS. https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-missionbriefing-on-covid-19

Ordóñez, J., Ramírez, H., Cifuentes, J. y Mendoza A., (2020). Primera caracterización de La Parada, Norte de Santander: cabezas de familia en la frontera antes de la pandemia 2020. Documentos de trabajo sobre migraciones y fronteras, (3), 1-60. http://doi.org/10.12804/issne_2711-0141_10336.21058_dtsmf

Ordóñez, J. T. y Ramírez, H. E. (2019). (Des)orden nacional: la construcción de la migración venezolana como una amenaza de salud y seguridad pública en Colombia. Rev. Cienc. Salud, 17 (Esp), 48-68. https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.8119

Palomares, M. (2020, 10 de abril). El rebusque de transportar migrantes a la frontera en plena pandemia. Proyectos Migración Venezuela. https://migravenezuela.com/web/articulo/el-rebusque-de-transportar-migrantes-a-la-frontera-en-plena-pandemia/1818

Palomares, M. (2020, 5 de octubre). Fuerte llamado de auxilio por migrantes en Pamplona. Proyectos Migración Venezuela. https://migravenezuela.com/web/articulo/fuerte-llamado-de-auxilio-por-migrantes-en-pamplona/2222

Pares. (2020, 10 de febrero). Sin dios ni ley. Un análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana. https://pares.com.co/2020/02/10/sin-dios-ni-ley-un-informe-de-la-violencia-en-la-frontera/

Presidencia de la República de Colombia. (2020, 17 de marzo). Decreto 417 de 2020. Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf

Presidencia de la República de Colombia. (2020, 16 de abril) Balance general: Epidemia de covid-19. Colombia incluye a los migrantes en su respuesta frente al covid-19 pero necesita más apoyo internacional. https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://secureservercdn.net/50.62.172.113/86s.69c.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-06-Balance-General-Covid19-y-migrantes-Venezolanos.pdf&hl=es

Prieto, N. (2020, 10 de junio 10). Suspenden corredores humanitarios para el retorno de venezolanos. Proyectos Migración Venezuela. https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-colombia-suspende-corredores-humanitarios-para-el-retorno-de-venezolanos/1951

Refugees International. (2020, 9 de junio). En busca de un hogar: cómo la covid-19 hace peligrar los avances en materia de integración de los venezolanos en Colombia. https://www.refugeesinternational.org/reports/2020/6/5/en-busca-de-un-hogar-cmo-la-covid-19-hace-peligrar-los-avances-en-materia-de-integracin-de-los-venezolanos-en-colombia

Ruiz, A. L. y Arévalo, G. A. (2019). Revictimización de la movilidad humana en la prensa boyacense. Diálogos de Saberes, (51), 153-174. https://doi.org/10.18041/0124-0021/dialogos.51.2019.5877

Últimas Noticias. (2020, 4 de abril). Bernal: caravana de venezolanos vienen desde Ecuador. https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/politica/bernal-resguardara-la-frontera-ante-llegada-de-caravana-desde-ecuador/

Valero, M. (2000). Fronteras, espacios por la innovación y el cambio social: apreciaciones a partir de la experiencia venezolana. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, 69(52).

Valenzuela, J. M. (2012). Sed de mal. Feminicidio, jóvenes y exclusión social. Colegio de la Frontera Norte.

Varela, A. (2019). México de “frontera vertical” a “país tapón”. Migrantes, deportados, retornados, desplazados internos y solicitantes de asilo en México. Iberoforum. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana, 14(27), 49-56.

Vargas, C. (2018). La migración en Venezuela como dimensión de la crisis. Pensamiento Propio, 23(47), 91-128.

Xiang, B. y Sorensen, N. N. (2020, agosto). Shock mobilities. Long term impacts of the Covid-19 pandemic and lock down. DIIS Policy Brief. https://www.diis.dk/en/research/shock-mobility

Notas

Autor notes

^anohora.nino@flacso.edu.mx