Introducción

La pandemia de la covid-19 ha generado innumerables consecuencias humanas, económicas y sociales a nivel mundial, obligando a los gobiernos a implementar una serie de medidas sanitarias y administrativas, con el propósito de enfrentar de una mejor manera el impacto de la crisis sanitaria planetaria que ha dejado de manifiesto las importantes asimetrías de los sistemas laborales, sanitarios y económicos de los países a nivel global.

Uno de los aspectos que emergieron durante el apogeo de la pandemia fue la limitación de las libertades individuales, especialmente aquellas relacionadas con la movilidad y reunión de personas con el propósito de prevenir mayores contagios en la población mundial. En ese contexto, la mayoría de los países optaron por cerrar sus fronteras, impidiendo el ingreso a su territorio de compatriotas y migrantes.

Lo anterior, generó un escenario imprevisto por la mayoría de los gobiernos nacionales y regionales donde fueron cerradas las fronteras, provocando que miles de personas no pudieran retornar a sus países de origen o migrar hacia otros territorios, desarrollándose una crisis migratoria humanitaria que mantuvo en conflicto durante varias semanas a los gobiernos nacionales y a los ciudadanos que no podían regresar a sus países, sin disponer de los recursos económicos necesarios para subsistir, así como el acceso a sistemas sanitarios en los naciones en las que quedaron varados cuando se desata la pandemia, incluyendo a turistas y migrantes que deseaban retornar a sus respectivos países.

En el contexto expuesto, la pregunta de investigación que orienta nuestro estudio es: ¿cómo desarrollaron los gobiernos latinoamericanos los procesos de repatriación de sus conciudadanos varados en el extranjero durante la pandemia de la covid-19? Así, el presente artículo de investigación tiene el propósito de analizar las principales características de los procesos de repatriación acontecidos en los casos de Chile y El Salvador el 2020, como consecuencia de la pandemia, considerando un análisis de contenido de las noticias incluidas en la cobertura periodística de dos diarios latinoamericanos.

Para responder la pregunta de investigación, se desarrolla un estudio cualitativo mediante el análisis documental de las noticias publicadas por diarios latinoamericanos, pertenecientes al consorcio Grupo Diarios de América (GDA), para identificar las decisiones y acciones más importantes implementadas por los gobiernos de ambos países durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19.

En las conclusiones obtenidas con este estudio, se observa la relevancia que adquiere el eficiente funcionamiento de las misiones diplomáticas en el exterior para atender los requerimientos de los connacionales y residentes frente a un proceso de repatriación masivo, ocasionado por la medida gubernamental de cierre de las fronteras para intentar contener el avance de la pandemia en territorio nacional. Asimismo, los procesos de repatriación deben mantener un permanente e irrestricto respeto de los derechos humanos de quienes se ven afectados por este tipo de crisis humanitaria migratoria, obligando a los Estados a asumir un mayor compromiso y destinar los recursos necesarios para responder a las necesidades de quienes deben ser repatriados en contextos como los descritos en el artículo.

Revisión de la literatura

La repatriación de ciudadanos varados en diferentes países de Latinoamérica, durante la pandemia de la covid-19, acontecida de 2020 a la fecha, estuvo caracterizada por la relevancia de diferentes ámbitos relacionados con el campo de las relaciones internacionales, tales como la cooperación internacional, el cierre de fronteras, la diplomacia, la ayuda humanitaria y la repatriación, entre otras.

Sin embargo, en dicho periodo, la perspectiva predominante del proceso de repatriación, acontecido durante el 2020, fue el conflicto, acercamiento que es propio del paradigma realista de las relaciones internacionales, mediante el cual los Estados se preocupan más por la seguridad interna de su territorio, privilegiando el interés nacional por encima de las acciones que favorezcan la cooperación internacional y el libre tránsito por sus fronteras (Creus, 2013; Cvitanic, 2014; Márquez-Padilla, 2011; Ovando, Álvarez, González e Iturra, 2020).

Como señala Tah (2018), el realismo como perspectiva de análisis tradicional de la realidad internacional (Cvitanic, 2014), se concentra en una política exterior que fortalece la defensa nacional y la protección territorial, mientras que la perspectiva idealista o liberal privilegia la diplomacia para preservar la paz, requiriendo la existencia de un sistema de relaciones internacionales robusto para evitar los conflictos entre los Estados.

Así, en el contexto de las relaciones internacionales latinoamericanas, durante la crisis sanitaria generada por la covid-19, las fronteras adquirieron una inusitada relevancia para enfrentar los desafíos emanados desde la pandemia de coronavirus (Gaete, 2021; Lara-Valencia y García-Pérez, 2021; Lois, 2020), recuperando, en algunos casos, su tradicional concepción realista de delimitación territorial de las naciones modernas (Alvites, 2019; Benedetti, 2018; Benítez, 2014; Bernal, 2018; Domenech, 2020; García, 2016; Infante, 2016).

Lo anterior, porque la mayoría de los gobiernos a nivel mundial decretó el cierre de fronteras como medida para controlar la movilidad de las personas y evitar el aumento de contagios por coronavirus (Domenech, 2020; Gaete, 2021; Lara- Valencia y García-Pérez, 2021; Lois, 2020; Romero, Alfaro, Hudson y Aguirre, 2021).

Desde la perspectiva realista, las fronteras se transforman en un escenario habitual de conflictos internacionales que tensionan las relaciones políticas entre los Estados a nivel mundial (Domenech, 2020; Farrés, 2012; Infante, 2016; Lara- Valencia y García-Pérez, 2021; Ovando, Álvarez, González e Iturra, 2020; Tapia, 2017). De acuerdo con Peña (2019), las fronteras como aspecto tradicional de las relaciones internacionales “son construcciones sociales basadas en las subjetividades de las personas, donde la política y las relaciones de poder son los escenarios para resolver las diferencias y poner en práctica las ideas” (p. 4), otorgando particularidades culturales e históricas a la manera en la cual se desarrolla este elemento en la sociedad.

Por ejemplo, Lara-Valencia y García-Pérez (2021) constatan en su estudio un aumento de cooperación transfronteriza en salud durante la pandemia en el caso de las ciudades de la frontera entre México y Estados Unidos, expresado en una gobernanza transfronteriza en materia sanitaria.

Sin embargo, en la pandemia, los países latinoamericanos, al igual que la mayoría de los países del orbe, optaron por cerrar sus fronteras como medida administrativa para protegerse de los contagios por la covid-19 (Lara-Valencia y García-Pérez, 2021), generando un drama humanitario para miles de ciudadanos, turistas y migrantes que intentaron infructuosamente retornar a sus países de origen, quedando varados en el extranjero sin recursos económicos o acceso a los sistemas sanitarios locales (Abuelafia, 2020, Castillo, 2020; Domenech, 2020; Gaete, 2021).

Además, Kickbusch, Kökény, Kazatchkine y Karaman (2021) afirman que el agravamiento de la pandemia provocó que “los países compitieron en lugar de cooperar, ya sea por no adherirse al Reglamento Sanitario Internacional (RSI) al cerrar sus fronteras o por intentar ganarse buena voluntad política durante un enfrentamiento geopolítico” (p. 188). Esto, incluso, se tradujo en acciones complejas, tales como bloqueos al comercio de productos sanitarios o alimentarios para asegurar el consumo interno de cada país o zona geográfica, contribuyendo a lo que Lois (2020) cataloga como la construcción social de la excepcionalidad, a partir de las decisiones políticas de decretar estados de alarma y emergencia para enfrentar la pandemia.

En virtud de lo anterior, la literatura reciente identifica al resurgimiento de la diplomacia en salud global como una de las consecuencias derivadas de la crisis sanitaria generada por la pandemia de la covid-19, planteando a los gobiernos nacionales a nivel mundial el desafío emergente de fortalecer la cooperación científica y sanitaria para avanzar más eficientemente en el combate de la pandemia del coronavirus (Kickbusch et ál., 2021; Vargas, 2020).

En dicho contexto de relaciones internacionales, Romero et ál. (2021) afirman que los consulados de cada país desempeñaron un papel fundamental durante la pandemia para “brindar servicios o asistencia a sus ciudadanos ubicados en el extranjero, especialmente ante coyunturas críticas. El instrumento consultar de repatriación se utiliza durante situaciones de crisis, tales como desastres naturales, conflictos armados o pandemias” (p. 2).

Por otra parte, Alvites (2019) reconoce la relevancia del estudio de la relación entre migraciones internacionales, fronteras y Estados como un campo disciplinar de importancia, en el que la categoría “frontera” adquirió una relevancia fundamental debido a que “es analíticamente polisémica y es usada en el campo académico de modos diversos, de allí que pueda referirse a fronteras culturales, simbólicas, sociales, raciales, entre otros, y, en muchos de estos casos, excede la relación entre Estados y migraciones” (p. 127).

Lo anterior, basado en lo que Bernal (2018) reconoce como un creciente regionalismo transfronterizo, que rompa con el paradigma tradicional del concepto de fronteras, avanzando hacia procesos de integración y cooperación subregional, favorecerá, entre otras manifestaciones dentro de las relaciones internacionales, a los flujos migratorios transfronterizos (Domenech, 2020; Tapia, 2017).

También, Ortiz, Trujillo y Guzmán (2011) señalan que las buenas relaciones internacionales transfronterizas entre los países latinoamericanos incluso han contribuido al logro de diferentes metas sanitarias globales, especialmente, respecto de cuatro grandes dimensiones: diplomacia sanitaria mundial, política sanitaria común, cooperación internacional y negociación en salud.

En este contexto, adquiere especial relevancia para las relaciones internacionales el desarrollo de acciones que garanticen el respeto de los derechos humanos (Anaya, 2019), especialmente en el caso de los flujos migratorios a nivel global (Abuelafia, 2020; Castillo, 2020; Gómez-Johnson, 2015). Así, Anaya (2017) describe el concepto de “regímenes internacionales de derechos humanos” para reconocer la existencia de una serie de “normas, reglas y procedimientos de toma de decisiones, establecido por los Estados para regular o moldear sus interacciones alrededor de un área temática específica de la esfera internacional” (p. 160). Esto ha permitido, en los últimos años, la configuración del derecho internacional de los derechos humanos (Mejía, 2017).

Sin embargo, la pandemia de la covid-19 puso en evidencia la fragilidad del sistema internacional para garantizar el acceso a la salud como uno de los derechos humanos fundamentales, principalmente para los migrantes (Manchola, Garrafa, Cunha y Hellmann, 2017). Así, los ciudadanos migrantes o turistas que quedaron varados en diferentes países de la región a la espera de ser repatriados, en muchos casos, no contaban con la cobertura estatal necesaria para enfrentar los efectos de la crisis sanitaria global (Abuelafia, 2020; Gaete, 2021).

A partir de lo expuesto, la migración forzada (MF) se transforma en otro concepto importante para el desarrollo de nuestro estudio, como una de las formas de expresión relevante en los movimientos migratorios actuales que analizan la perspectiva del retorno de los migrantes mediante los procesos de repatriación (Abuelafia, 2020; Castillo, 2020; Cepal, 2020; Márquez y Delgado, 2011). En el caso de la MF ocasionada por la covid-19, se registran varias de las principales características que se relacionan con las causas de dicho flujo migratorio: desempleo, agotamiento de medios de subsistencia, desplazamientos masivos, vulneración de derechos humanos, entre otros aspectos.

Según López de Lera (2010), entre las principales situaciones que provocan la MF son razones políticas o raciales, desempleo, políticas estatales que incentivan la repatriación, entre otras. Sin embargo, la crisis sanitaria global, generada a partir de la pandemia de la covid-19, se transforma en una nueva causa que genera este tipo de flujos migratorios de retorno forzado hacia el lugar de origen de los migrantes (Abuelafia, 2020; Cepal, 2020; Cristaldo et ál., 2020; Gaete, 2021).

En el contexto pandémico mundial, los procedimientos de repatriación establecidos por los países latinoamericanos adquirieron una especial relevancia para gestionar la crisis humanitaria que se desarrolló en la región (Cepal, 2020), debido a la inmovilidad de los flujos migratorios generada por el cierre de las fronteras para contener los contagios de la covid-19, contraviniendo las libertades y derechos consagrados en el derecho internacional y la legislación de cada país (Domenech, 2020; Gaete, 2021; Romero et ál., 2021).

Así, por ejemplo, es posible observar que países como Argentina y Colombia establecieron rápidamente un marco regulatorio para repatriar a sus ciudadanos, por medio de la Resolución n.º 62/2020 y la Resolución 1032/2020, respectivamente, con un programa y protocolo para materializar el retorno de sus connacionales varados en el extranjero producto del cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres, que impedía el libre tránsito de las personas para evitar la transmisión del coronavirus. Además, en ambas resoluciones, se establecen los apoyos, condiciones y procedimientos para ser repatriados, especialmente lo relacionado con los costos del viaje y de las cuarentenas obligatorias que se debían cumplir al ingresar en el territorio nacional.

También, Romero et ál. (2021) señalan que durante la pandemia los consulados aumentaron su relevancia para los procesos de repatriación: 1) anticipando y proponiendo respuestas a situaciones críticas; 2) facilitando el diálogo y las respuestas a las solicitudes de ayuda, apoyándose en la tecnología y redes sociales. Lo anterior, derivó en la mayor preponderancia de lo que la literatura identifica como la “diplomacia pública digital” (Figueroa, 2019-2020; Romero et ál., 2021), con el propósito de apoyar, de manera más rápida y efectiva, los requerimientos masivos de miles de conciudadanos y residentes que quedaron varados en otros países por el cierre de fronteras establecido durante la crisis sanitaria generada por la covid-19.

Metodología

El estudio considera un enfoque cualitativo y al método de estudio de casos para responder la pregunta de investigación que orienta la indagación sobre las acciones relacionadas con los procesos de repatriación de ciudadanos chilenos y salvadoreños durante la pandemia de la covid-19, que muestran características diferentes para desarrollar los procesos de repatriación ilustrando adecuadamente algunas de las dimensiones de dicho proceso migratorio forzado.

Para el análisis de los procesos de repatriación implementados por los países latinoamericanos estudiados en la investigación, se examinan las noticias publicadas durante el 2020 por los diarios El Mercurio de Chile y La Prensa Gráfica de El Salvador, considerando como criterios de inclusión en la muestra: 1) pertenecer al grupo Diarios de América (GDA); 2) tener acceso gratuito y en español al contenido noticioso y 3) disponer de un motor de búsqueda en el sitio web del periódico.

Así, se elabora un análisis de contenido de tipo cualitativo de las noticias relacionadas con la repatriación de ciudadanos chilenos y salvadoreños, siguiendo el procedimiento propuesto por Piñuel (2002) para examinar las informaciones publicadas por los diarios incluidos en la muestra del estudio, según lo expuesto en la figura 1.

Figura 1
Procedimiento análisis de contenido aplicado en el estudio
Fuente: elaboración propia con base en Piñuel (2002).

De acuerdo con el procedimiento descrito en la figura 1, se analizan las noticias publicadas en los sitios web de los diarios latinoamericanos incluidos en la muestra, que sean obtenidas con los motores de búsqueda de cada página web, introduciendo el término: “repatriación”. Se analizan las noticias publicadas durante el 2020 en cada periódico, que estén relacionadas con la pregunta de investigación de nuestro estudio.

El procedimiento de análisis de la información considera la identificación de incidentes relevantes en cada noticia, relacionados con los procesos de repatriación de ciudadanos chilenos y salvadoreños durante la pandemia de coronavirus.

Los incidentes registrados en las noticias publicadas por cada diario, incluido en la muestra, serán triangulados con la literatura relacionada con cada aspecto del proceso de repatriación identificado, con el propósito de relacionar los acontecimientos noticiosos incluidos en la cobertura de los medios de comunicación con el marco teórico relacionado con la problemática estudiada.

Resultados

El caso salvadoreño

El Salvador es un país que posee un flujo migratorio importante a nivel mundial, especialmente hacia los Estados Unidos y México, y que ha sido estudiado por los especialistas durante las últimas décadas por tratarse de un fenómeno fuertemente asociado a la migración forzada por conflictos bélicos, desastres naturales o vulnerabilidad social (Gómez-Johnson, 2015; Machuca, 2011; Olesén, 2014; Ramos, 2019; Serrano-Sánchez, 2019).

Durante la pandemia, la situación migratoria de El Salvador se encuentra relacionada con la Resolución del amparo 167/2020, que establece la obligatoriedad del Gobierno de El Salvador de desarrollar un plan de repatriación de connacionales que quedaron varados en el extranjero, en condiciones vulnerables, debido al cierre de fronteras como medida para prevenir el contagio masivo de la covid-19 (Lara-Valencia y García-Pérez, 2021).

Según lo expuesto por el Tribunal, la repatriación debía ser gradual y priorizada para aquellos salvadoreños que posean un boleto aéreo comprado con anticipación al cierre del aeropuerto. Además, las autoridades deberán proporcionar condiciones dignas y adecuadas para realizar cuarentena en territorio nacional.

Así, la presentación del recurso judicial relacionado con el amparo 167-2020, que obliga al Gobierno de El Salvador a presentar un plan de repatriación en un brevísimo plazo de tiempo:

Los compatriotas varados en diversos países tienen su confianza puesta en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ayer, al final de tarde, la Sala declaró improcedentes 17 demandas de hábeas corpus “pero las reconduce a amparo por alegarse conculcada la libertad de circulación de los salvadoreños en el extranjero”. (Pacheco, 8 de abril de 2020, párrafo 9)

El pasado miércoles, la Sala de lo Constitucional ordenó al Gobierno de El Salvador que en un plazo de seis días debe “elaborar con la debida urgencia un plan para la repatriación gradual de los salvadoreños que, a la fecha, aún se encuentren en el exterior y que por motivo de las medidas de prevención de la propagación del Covid-19 se les ha imposibilitado el regreso al país teniendo un boleto de avión comprado con anticipación al cierre del aeropuerto”. (Campos, 11 de abril de 2020, párrafo 2)

Sin embargo, la implementación del plan de repatriación de salvadoreños no estuvo exenta de algunas dificultades operativas que impidieron avanzar rápidamente en lo estipulado judicialmente:

Hill Tinoco dijo que son más de 4,000 salvadoreños los que hemos categorizado y a quienes se repatriará por fases, dado que “no es factible” repatriarlos a todos al mismo tiempo y además expresó que hacerlo así “echaría a perder todo lo que se ha hecho hasta hoy en materia de prevención. Colapsaría el sistema de salud” (Campos, 1 de mayo de 2020, párrafo 7)

Pretendemos iniciar el retorno a partir del 1 de mayo, todavía estamos definiendo algunos detalles con las aerolíneas. La clasificación para el retorno dependerá mucho de la vulnerabilidad de las personas, aseguró Castro en conferencia de prensa, en la que dijo que la prioridad la tendrán las mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con capacidades especiales y con enfermedades que requieran atención médica, tal como lo dictaminó la Sala de lo Constitucional en la resolución dada a conocer el pasado 8 de abril. (Campos, 23 de abril de 2020, párrafo 3)

La lentitud en la elaboración del plan de repatriación, a pesar del breve plazo establecido por el fallo judicial, acrecentó el drama humanitario de cientos de salvadoreños que debieron esperar durante semanas para que se materializara el tan anhelado retorno a casa, producto de las trabas burocráticas y políticas relacionadas con la migración salvadoreña (Arévalo, 2021; Domenech, 2020; Serrano-Sánchez, 2019).

Pero la judicialización del caso salvadoreño no finalizó con la decisión de la Corte con lo señalado en el amparo 167/2020. Posteriormente, dicho organismo judicial exigió al Gobierno reducir los plazos de repatriación drásticamente:

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó el plazo de 14 semanas que propuso el Gobierno para terminar de repatriar a los salvadoreños que están varados en el extranjero desde marzo, sin posibilidad de regresar al país por el cierre del aeropuerto internacional a raíz de la pandemia del nuevo coronavirus. (Hernández, 26 de mayo de 2020, párrafo 1)

En las semanas siguientes, el plan de repatriación de El Salvador mostró un lento cumplimiento de su ejecución según las informaciones de la prensa, ya que hasta junio de 2020 solo el 15% de los salvadoreños varados en el extranjero había podido retornar:

Son 604, de los 4000 salvadoreños varados en el exterior, que han retornados al país entre el 21 de marzo al 2 de junio pasado, según las cifras dadas por Cancillería de la República a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en cumplimiento del amparo 167-2020. En ese amparo, los magistrados demandaron a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill Tinoco, rendir un informe semanal de los salvadoreños repatriados hasta que ningún varado, debido al covid-19. (Arévalo, 11 de junio de 2020, párrafo 1)

Así, el recurso de amparo interpuesto en contra del gobierno salvadoreño también tuvo repercusiones internacionales, agregando los requerimientos de diferentes organizaciones relacionadas con la protección y defensa de los derechos humanos a nivel internacional:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita al Gobierno salvadoreño medidas que estén tomando las autoridades competentes a fin de proteger los derechos de las personas propuestas como beneficiarias, medidas que el Estado habría tomado para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la fecha 8 de abril del 2020 y cualquier información adicional que considere pertinente a la luz del artículo 25 del Reglamento de la CIDH. (La Prensa Gráfica, 27 de julio de 2020, párrafo 4)

Desde que el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre del aeropuerto, organismos nacionales e internacionales han señalado que prohibir el ingreso a los ciudadanos viola derechos fundamentales. Ayer, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), criticó la falta de plan para retornar a los varados. (Hernández, 26 de mayo de 2020, párrafo 12)

De esta manera, la fuerte pugna entre los intereses generales propios de la salud pública versus el control social que se desarrolló en El Salvador durante la pandemia de la covid-19, se transformaron en uno de los aspectos negativos del caso salvadoreño, lo que, según Arévalo (2021), se debe a “las medidas draconianas de las que echó mano El Salvador no detuvieron la transmisión de una infección, pero promovieron laceraciones del sistema democrático que colocan nuevamente en riesgo significativo la cohesión social del país” (p. 210).

Así, el cierre de fronteras total o parcial implementado por la mayoría de los países ocasionó importantes consecuencias sociales, políticas y económicas (Domenech, 2020; Lara-Valencia y García-Pérez, 2021; Romero et ál., 2021), lo que puso a los Estados nacionales en entredicho con la mayoría de los sistemas internacionales propios de una sociedad globalizada.

Lo anterior, se relaciona especialmente con la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos repatriados acontecida en el país centroamericano durante la pandemia del coronavirus, al impedir a sus connacionales retornar al territorio nacional ejerciendo su derecho de libre circulación (Gaete, 2021; García, 2016; Naciones Unidades, s. f.). Esto, además, de basarse en los propios aspectos coyunturales emanados de la pandemia, también se relacionan directa e indirectamente con las condiciones estructurales preexistentes propias del flujo migratorio salvadoreño más histórico (Gómez-Johnson, 2015; Serrano-Sánchez, 2019).

El caso chileno

Uno de los aspectos distintivos del caso chileno sobre la repatriación de sus connacionales varados en el extranjero durante la pandemia, se relaciona con el activo rol desempeñado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, mediante la asistencia consular:

Les brindaremos de acuerdo a la Convención de Viena sobre atenciones consulares toda la ayuda correspondiente en materia de información, auxilio y asesoría, pero operaciones como esta requieren que líneas aéreas que están enraizadas en el país tengan la capacidad de vuelo que se da solamente en el marco más circundante de nuestra América Latina. (Vargas, 18 de marzo de 2020)

No olvidamos a chilenos que están en Tailandia, Indonesia e India, a quienes no hemos podido traer. Les pedimos que se contacten con los consulados generales, que han recibido instrucciones para que les podamos entregar alojamiento, alimentación y asistencia médica mientras surgen oportunidades de retorno. (Berndt, 9 de abril de 2020)

La función de las misiones diplomáticas durante la pandemia adquirió una trascendencia fundamental para los miles de ciudadanos varados en otros países (Gaete, 2021), lo que, según Romero et ál. (2021), fortaleció especialmente el concepto de “diplomacia pública digital” en el contexto de los procesos de comunicación dirigidos tanto hacia los connacionales como a las comunidades migrantes que intentaban retornar hacia sus lugares de residencia.

Otras de las gestiones desarrolladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fue exigir a las líneas aéreas el cumplimiento de los contratos de viaje suscritos con miles de residentes en el país que no pudieron viajar debido al paulatino cierre de fronteras aéreas:

Estamos conscientes de que si bien hemos logrado que más de 10000 chilenos retornen al país, hay muchas personas en lugares muy distantes que aún tienen dificultades para encontrar un avión que los pueda traer de vuelta. No nos hemos olvidado de ustedes y procuraremos hacer las gestiones necesarias para que las compañías aéreas respondan, para que los gobiernos los dejen circular por sus países, en definitiva, para acercarse más a Chile. (Solís, 22 de marzo de 2020)

El canciller manifestó que “exigimos a Aeroméxico, Copa y Avianca que den solución a los chilenos que les confiaron su viaje: los cielos de nuestro país están abiertos para sus aviones y, por lo tanto, si no quieren volar, por ética y por humanidad, deben devolver el dinero a nuestros connacionales”. (Vargas, 24 de marzo de 2020)

También, se debieron implementar los denominados “vuelos humanitarios” organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y apoyado por el financiamiento del sector privado chileno, para poder repatriar a los chilenos varados en el extranjero:

El ministro de RR.EE., Teodoro Ribera, aseguró este miércoles que no se descarta el uso de aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) para traer de vuelta a chilenos varados en el mundo a causa de la crisis del coronavirus, pero advirtió que la mejor solución sigue siendo el plan implementado hasta ahora en conjunto con Latam y Sky. Al respecto, el secretario de Estado manifestó que “hay personas que han planteado la idea de utilizar aviones FACH para traer a los chilenos de vuelta: Queremos decirles que no descartamos ninguna idea. Sin embargo, un avión hace 150 o 200 personas como pasajeros y solamente en pocos días hemos traído 11 mil pasajeros”. (Vargas, 25 de marzo de 2020)

El ministro de RR.EE, Teodoro Ribera, detalló este miércoles el operativo que desarrollará su cartera en conjunto con actores privados para repatriar a los chilenos que aún permanecen varados en India y Asia Pacífico debido al cierre de fronteras provocado por el coronavirus […] Asimismo, y tras agradecer también a Latam y la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Ribera informó que “la primera etapa está cumplida y hemos obtenido las autorizaciones para poder aterrizar en Singapur con un avión que viene con insumos médicos”. (García, 29 de abril de 2020)

El caso de repatriación de los chilenos varados en el extranjero está fuertemente relacionado con la realización de vuelos humanitarios y la coordinación con las aerolíneas para efectuar los vuelos que fueron postergados por el cierre de fronteras y que en varios países incluyó el cierre de los aeropuertos internacionales (Gaete, 2021).

Otra de las acciones estratégicas desarrolladas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, se implementó mediante la diplomacia y los buenos oficios, permitiendo alcanzar acuerdos de colaboración con diferentes países para mantener aeropuertos y rutas abiertas durante la pandemia para repatriar a los chilenos varados en el extranjero:

El ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, informó esta tarde que se llegó a un acuerdo con la Cancillería de Perú para abrir por unas horas la frontera terrestre, lo que permitirá que los chilenos que están varados a raíz de la restricción por el coronavirus, puedan regresar al país. (Osses, 17 de marzo de 2020)

Hemos llegado a un acuerdo y estamos ahora intercambiando las notas en forma virtual con ese país, para que en definitiva, el aeropuerto de [Nueva Zelanda] sea un lugar de acogida y de tránsito a los chilenos que están en el sudeste asiático, y también para los extranjeros radicados en Chile que quieran retornar a Chile. (Toro, 5 de abril de 2020)

En el contexto anterior, también es posible destacar a la reciprocidad diplomática para lograr la repatriación de chilenos varados en el extranjero y de extranjeros en territorio chileno, buscando soluciones conjuntas para el drama humanitario generado por la pandemia:

“Hemos tomado contacto con los cancilleres de otros países para pedirles que por favor faciliten el retorno de sus nacionales, los países tienen la obligación o de asistir a sus nacionales en el extranjero o aceptar el retorno de los mismos a sus países” […] Hay muchas personas acampando y hoy hemos logrado que vayan a albergues facilitados por el Gobierno o las municipalidades, sin embargo, el albergue también es transitorio, las personas tienen derecho a volver a sus países. (Osses, 01 de junio de 2020)

Llegamos a un acuerdo con el Gobierno de Colombia, y especialmente con la canciller Blum, para que podamos utilizar aviones que están destinados a buscar a nuestros nacionales y traerlos a Chile para que en el viaje de ida puedan llevar una cantidad aproximada de 200 colombianos que hoy día están inscritos en el consulado a la espera de una oportunidad. (Varas, 4 de junio de 2020)

El secretario de Estado explicó que “el objetivo es facilitar, por una parte, que los extranjeros que están varados en Chile pueden volver a sus países y, por otra parte, que los chilenos que están varados en dichos países pueden regresar a Chile”. El canciller hizo el anuncio tras despedir un vuelo que llevó a 147 ciudadanos de República Dominicana de regreso a su patria y que regresará mañana a nuestro país trayendo a 107 personas, entre chilenos y extranjeros residentes. (Vargas, 13 de julio de 2020)

Es importante recordar que durante el 2020, incluso aun hasta la fecha, la mayoría de los países optaron por cerrar total o parcialmente sus fronteras, lo que trajo consigo una serie de consecuencias económicas, sociales y políticas para las personas y los territorios donde se aplicaron este tipo de medidas, con el propósito de contener el contagio de la covid-19, pero que produjo diferentes externalidades en la sociedad global (Gaete, 2021; Lara-Valencia y García-Pérez, 2021; Silva- Sobrinho et ál., 2021).

Conclusiones

La singularidad de ambos casos analizados, nos permite identificar algunas enseñanzas que pueden resultar relevantes para gestionar de mejor manera situaciones similares que puedan presentarse en el corto plazo, como consecuencia del cierre de fronteras a nivel mundial producto de la pandemia de la covid-19, que sigue vigente actualmente y que refleja claramente una perspectiva realista de las relaciones internacionales, que hace énfasis en los intereses nacionales, especialmente en lo relativo a la gestión de las fronteras.

El primer y quizá más importante aprendizaje que se obtiene de ambas experiencias es la relación con la preeminencia que deben tener los derechos humanos de quienes deben ser repatriados forzosamente por cuestiones sanitarias, con independencia del estatus migratorio de cada individuo, sea este turista, residente, refugiado o exiliado en un determinado territorio, lo que en ningún caso debe vulnerar el derecho humano de la libre movilidad que corresponde a cada persona, especialmente cuando solicita retornar a su lugar de origen.

Lo anterior, se visualiza claramente en el caso salvadoreño, donde dicho derecho humano fue negado por el gobierno del país centroamericano, al decretar el cierre total de sus fronteras para proteger la salud pública del territorio nacional, situación que posteriormente fue revocada judicialmente a partir del pronunciamiento expuesto en la Resolución 167/2020, ratificado además por la opinión de diferentes organismos internacionales que exigieron a las autoridades políticas salvadoreñas una pronta reacción plasmada en el plan de repatriación.

En el caso chileno, a pesar de que también se establece un cierre de fronteras más bien parcial, predomina la perspectiva liberal de las relaciones internacionales debido a que en ningún momento las autoridades gubernamentales chilenas dejaron de realizar gestiones y esfuerzos para repatriar a sus connacionales varados en el extranjero, desplegando diferentes estrategias diplomáticas para conseguir dicho propósito, que incluyen los convenios de colaboración, reciprocidad, coordinación fronteriza, entre otros mecanismos desplegados, en especial, con un intenso trabajo consular mediante la denominada diplomacia pública digital.

Otro aspecto que resulta importante de reconocer, a partir de las experiencias analizadas, se relaciona con el mejor aprovechamiento de las capacidades instaladas de cada país y las economías a escala para realizar las repatriaciones, que pueden surgir desde la cooperación internacional entre los países latinoamericanos mediante la diplomacia y los buenos oficios, con el propósito de desarrollar procesos de repatriación más eficientes y oportunos frente a las emergencias o catástrofes. Lo anterior queda de manifiesto en la realización de “vuelos humanitarios” que requirieron de la colaboración y apoyo aeroportuario de varios países, de manera coordinada, pero también de los buenos oficios y negociación consular para poder obtener los permisos o autorizaciones administrativas y sanitarias para operar los viajes aéreos que permitieran repatriar a los ciudadanos latinoamericanos varados en el extranjero.

Referencias

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Notas

Autor notes

ricardo.gaete@uantof.cl