La indefensión y la inmotivación como causa de nulidad del laudo arbitral en el derecho venezolano

Introducción

Con las breves líneas que siguen reflexionaremos sobre la indefensión como causa de nulidad del laudo arbitral en el ordenamiento jurídico. Omitiremos pues al examen global de la nulidad del laudo arbitral.

Hemos dividido las siguientes líneas en tres ítems: el primero, a título introductorio, se refiere a la nulidad del laudo arbitral; el segundo desarrolla el punto central de nuestra reflexión, a saber, la indefensión como causa específica de nulidad del laudo arbitral; finalmente, el tercer y último aspecto, como derivado de lo anterior, hace una consideración sobre la necesidad de motivación del laudo arbitral, y de allí la referencia a la "inmotivación"¹, a la par de la indefensión que da título a este trabajo. Al efecto, hacemos uso de la doctrina venezolana especial y eventualmente extranjera sobre la materia, así como a alguna referencia jurisprudencial.

I. La nulidad del laudo arbitral²

A. Noción y fundamento del arbitraje

El arbitraje se presenta como un sistema o modo alternativo de solución de conflictos³ que surge del acuerdo de las partes, sistema que permite que estas diriman sus divergencias sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado. De allí que para algunos es una manifestación de la "justicia privada", pues se trata de una forma escogida autónomamente por las partes con el fin de resolver conflictos⁴. Mediante el arbitraje, las partes sustituyen la jurisdicción que tienen los tribunales de la República⁵. Tal escogencia puede tener lugar mediante cláusula compromisoria (establecida previamente en el contrato) o acuerdo arbitral (posterior al conflicto)⁶. Aunque se indica que tal distinción ha perdido relevancia dado el artículo 5 de la Ley de Arbitraje Comercial⁷. Cabe recordar que de conformidad con el artículo 6 eiusdem en los contratos de adhesión, dada su naturaleza, se precisa acuerdo arbitral por separado⁸.

Esta justicia alternativa por voluntad de las partes cuenta con una referencia expresa en el artículo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego de referirse a la justicia de paz: "... la ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos". Por lo que la figura del arbitraje en Venezuela encuentra proyección constitucional⁹.

B. Impugnación del laudo arbitral

La figura del arbitraje es pues producto de la autonomía de la voluntad de las partes que deciden someterse a este, pero como suele acontecer en derecho, tal autonomía no es absoluta, y de ahí que el proceso arbitral deba cumplir con las garantías típicas de la jurisdicción. De allí surge inicialmente la discusión -generalmente rechazada por la doctrina- respecto de que una vez pactado el arbitraje pueda operar una renuncia tácita de este cuando una de las partes demande ante la jurisdicción ordinaria y la otra no oponga tal jurisdicción¹⁰.

En cuanto a las opciones para impugnar el laudo arbitral, la "nulidad" constituye el recurso por antonomasia, dentro de las opciones tradicionales a nivel procesal que orientan la figura, ubicándose entre los recursos excepcionales que pueden intentarse contra el laudo arbitral. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha considerado excluida la posibilidad de casación¹¹, a diferencia de tiempos anteriores¹². Y como es natural, amén de esta también se excluye la apelación¹³ y la invalidación¹⁴. Se indica que debe evitarse la multiplicidad de recursos contra el laudo arbitral pues ello puede conducir a la "destrucción de hecho del arbitraje" Se¹⁵ admite sin embargo que la vía excepcional del amparo¹⁶ y la revisión constitucional¹⁷ siguen estando abiertas¹⁸, según indicó el Tribunal Supremo cuando se pronunció sobre la improcedencia de la casación¹⁹. Por lo anterior, la posibilidad de impugnación del laudo arbitral es "limitada" dada su naturaleza, siendo esta característica "un dato positivo, que refleja la confianza y el respecto que las autoridades judiciales mantienen por este mecanismo alternativo de resolución de conflictos"²⁰.

De allí que se califique la nulidad del laudo arbitral en esencia como "único recurso"²¹ ordinario y se afirme que "la única manera de cuestionar el resultado del arbitraje es través del recurso de nulidad contra el laudo"²². Y así puede afirmarse que la anulación es el recurso que se admite, en principio, a tenor del artículo 43 de la Ley de Arbitraje Comercial que indica expresamente: "Contra el laudo arbitral únicamente procede el recurso de nulidad". Se trata de un recurso "excepcional"²³, pues la ley trata de reducir a su mínima expresión la intervención judicial con relación al laudo arbitral²⁴, dado el carácter extraordinario del recurso de nulidad o anulación del equivalente a la sentencia²⁵, y la voluntad implícita de las partes de no someterse a los recursos que caracterizan la jurisdicción ordinaria. Se indica, sin embargo, que ello no ha dejado de generar descontento entre algunos abogados acostumbrados al catálogo de recursos judiciales, que se ven limitados por el proceso arbitral²⁶.

Al efecto, ha indicado la Sala Constitucional: "la pretensión de nulidad de un laudo arbitral se trata de una acción excepcional que solo puede proceder en los supuestos contenidos en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, orientada a enervar la validez del mismo, ya que su procedencia solo es posible por motivos taxativos, lo que comporta la imposibilidad de afirmar que tal recurso se constituya en una "apelación" sobre el mérito del fondo"²⁷.

Pero en todo caso, se admite que la nulidad del laudo arbitral constituye una manifestación del control judicial propiamente dicho de las decisiones arbitrales. La pretensión de anulación es diseñada por el legislador para que forme parte del conjunto de instrumentos que evitan la total emancipación del sistema arbitral respecto de la jurisdicción, impidiendo con ello que las partes en conflicto puedan verse, una vez aceptada la solución arbitral, definitivamente despojadas de su derecho de acceso a los tribunales. De esta forma, la propia acción se convierte en garante del derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos²⁸. Las partes acuden al arbitraje gracias a un ejercicio de libertad, pero la misma se garantiza mediante el control judicial del proceso arbitral, por vía del recurso de nulidad²⁹.

Entre las características de la nulidad del laudo arbitral se incluye que se trata de un recurso extraordinario, que solo procede por las causales taxativas de ley y que no se puede revisar el aspecto sustancial o de fondo³⁰ del litigio porque no se trata de una segunda instancia³¹; solo procede por errores in procedendo y no por errores in iudicando; no puede haber debate probatorio o de interpretación del fondo, y está sujeto a las formalidades legales³². No se debe perseguir la corrección de las posibles deficiencias en que pueda incurrir la decisión de los árbitros, ni interferir en el proceso de elaboración de esta última, creando con ello dificultades al móvil de paz que preside la institución arbitral y despojándolo de sus características esenciales de sencillez y confianza en el mismo, pues de esa forma se pretendería un total examen del fondo del asunto que la naturaleza del recurso no consiente³³.

La Ley de Arbitraje Comercial³⁴ venezolana consagra en el Capítulo VII "De la Anulabilidad del Laudo" en sus artículos 43³⁵ a 47. La doctrina refiere que dicha ley no aplica a los arbitrajes "ordinarios" no comerciales³⁶. Las causales de nulidad del laudo arbitral como recurso excepcional están previstas en el artículo 44 ibídem que dispone:

La nulidad del laudo dictado por el tribunal arbitral se podrá declarar:

• Cuando la parte contra la cual se invoca demuestre que una de las partes estaba afectada por alguna incapacidad al momento de celebrarse el acuerdo de arbitraje;

• Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos;

• Cuando la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta Ley;

• Cuando el laudo se refiera a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje, o contiene decisiones que exceden del acuerdo mismo;

• Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo demuestre que el mismo no es aún vinculante para las partes o ha sido anulado o suspendido con anterioridad, de acuerdo a lo convenido por las partes para el proceso arbitral;

• Cuando el tribunal ante el cual se plantea la nulidad del laudo compruebe que según la Ley, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje o que la materia sobre la cual versa es contraria al orden público.

La referencia a las citadas causales, que han sido consideradas como taxativas dado el carácter excepcional de la nulidad del laudo arbitral³⁷, no exime de los problemas de interpretación relativos a cuáles aspectos o vicios procesales podrían subsumirse en las referidas causales del citado artículo 44. Mal podría pretenderse una enumeración a su vez taxativa de supuestos que por su naturaleza será producto de la interpretación³⁸. La taxatividad de las causales no elimina pues la amplitud de los supuestos que en ellas se incluyen o subsumen.

Si bien la doctrina se ha planteado la posibilidad de renuncia anticipada a la acción de anulación³⁹, creemos que la autonomía de la voluntad no puede suprimir el único medio jurisdiccional de control del laudo⁴⁰. De allí su carácter irrenunciable⁴¹, pues el derecho de recurrir no entra en el patrimonio de la parte litigante sino una vez dictado el laudo⁴². De tal suerte que así como no se puede renunciar anticipadamente a la prescripción, sino cuando está consumada⁴³, acontece lo mismo respecto del recurso de nulidad del laudo. La acción de nulidad del laudo arbitral es parte de la tutela judicial efectiva, y por ende de orden público. Por lo que mal puede ser renunciable ab initio el único medio procesal ordinario que consagra la ley respecto de la decisión arbitral que sustituye la sentencia.

En efecto, la autonomía de la voluntad tiene límites en el diseño del proceso arbitral que vienen dados por aquellos requisitos que son inherentes a la función jurisdiccional del estado y que por ende aseguran el derecho a la defensa de las partes y aseguran la verificación del debido proceso⁴⁴.

II. La indefensión como causa de nulidad del laudo arbitral

A. Necesidad de preservar el derecho de defensa en el proceso arbitral

Si bien el arbitraje es un medio alternativo de administración de justicia, más precisamente de justicia privada, el mismo debe derivarse de la voluntad de las partes por ser producto de la clara autonomía de la voluntad de quienes deciden someterse a su ámbito, porque el propio ordenamiento jurídico así lo permite. Igualmente, no obstante la flexibilidad que se predica respecto del procedimiento arbitral, el mismo debe contar con las garantías procesales necesarias para garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso de quienes deciden acudir a tal figura sustitutiva de la jurisdicción ordinaria, por expreso mandato constitucional aplicable incluso al arbitraje dado que se trata de una cláusula intrínseca a todo Estado de derecho. Por lo que los principios procesales de orden público no ceden ante el proceso arbitral⁴⁵. De allí que el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial consagra las causales por las cuales el laudo arbitral puede excepcionalmente ser objeto de nulidad.

"El arbitraje como cualquier otro medio alternativo para la solución de conflictos, debe ceñirse al respeto de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 26 y 49 del Texto Constitucional"⁴⁶. La institución arbitral se ha mostrado siempre como una alternativa a la jurisdicción, más rápida y menos costosa, para dar solución a los diferentes conflictos de intereses suscitados entre los ciudadanos⁴⁷. Sin embargo, se admite que efectivamente los árbitros ejercen función jurisdiccional⁴⁸, por lo que su actividad no escapa de la observancia al derecho a la defensa y debido proceso consagrado en el artículo 49 constitucional⁴⁹. Los instrumentos internacionales también, como es natural, consagran la máxima garantía procesal, a saber, el derecho a la defensa. El apego a la Constitución por parte del laudo arbitral es consecuencia necesaria del respeto al orden jurídico, en el que la Constitución es norma rectora de toda actuación e interpretación. La Constitución se convierte en fuente de normas en materia de arbitraje, que si bien no solucionan de manera directa los problemas arbitrales son portadores de los valores que inspiran⁵⁰. Toda disposición normativa en materia de arbitraje ha de ser interpretada conforme a la Constitución^51. Así, se ha sostenido inclusive, muy fundadamente, que existe competencia arbitral para resolver una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad⁵².

Los árbitros han de tener como norte de su función la norma del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil venezolano, en cuanto deben garantizar el derecho de defensa y mantener a las partes en sus derechos y facultades comunes y en las privativas de cada una, sin que puedan permitirse ni permitir extralimitaciones de ningún género. Pero con independencia de toda permisión o restricción legal⁵³, una vez planteada la contienda arbitral, "habrá sustanciación de la misma en pos de la salvaguarda del derecho de defensa"⁵⁴.

B. La indefensión y la nulidad del laudo arbitral

El recurso de nulidad está limitado a las causales de ley⁵⁵. La doctrina, a propósito de la nulidad del laudo arbitral, aclara que este no ha de tener un sentido semejante a la apelación y recomienda que los jueces que conocen de la nulidad del laudo arbitral "sean moderados, condescendientes y jurídicamente corteses con el criterio y discernimiento de los laudos arbitrales"⁵⁶. Pero ello ciertamente ha de tener lugar en el contexto de las causales de ley.

Las causales de nulidad del laudo arbitral, a pesar de ser taxativas, son lo suficientemente amplias para que en ellas se pueda subsumir cualquier eventual violación de derechos o garantías fundamentales^57.

Es cierto que el juez que conoce de la nulidad del laudo arbitral no ha de entrar a conocer si este es justo o no, si acontecieron errores in iudicando o si hubo infracción en la valoración de las pruebas⁵⁸. No obstante, se admite que con base en la causal segunda del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, relativa a la imposibilidad de la parte que recurre contra el laudo de hacer valer sus derechos, se incluyen dentro de los supuestos de nulidad aquellas infracciones que se han producido en violación al debido proceso o en menoscabo del derecho a la defensa⁵⁹. Por lo que las transgresiones que parecieran dar lugar a la nulidad del laudo arbitral son aquellas asociadas a los "errores in procedendo"⁶⁰ o de procedimiento en materia de casación. La autonomía del arbitraje no es absoluta. Las cortes judiciales pueden determinar si el procedimiento se ha desarrollado de manera regular o irregular. La revisión judicial de los laudos arbitrales, así entendida, no está llamada a corregir los errores de fondo en que haya incurrido el tribunal arbitral, sino, únicamente, los errores de procedimiento asociados a las garantías procesales fundamentales de las partes⁶¹.

Señala la doctrina que dicha causal relativa a la imposibilidad de hacer valer los derechos tiene que ver con infracciones del proceso arbitral, y es de tal amplitud que ciertamente no se trata de situaciones de negligencia de las partes, sino de indefensión dentro del proceso civil que procede cuando el juez impide, cercena o menoscaba el derecho a la defensa de una de las partes. Ello ocurriría cuando esto lo hubiere realizado cualquiera de los árbitros⁶².

Por lo anterior suelen constituir causas de nulidad del laudo arbitral las deficiencias que puedan haber impactado en el ejercicio del derecho a la defensa de alguna de las partes o que hayan roto el equilibrio que debe mantenerse entre las partes en conflicto⁶³. De allí que entre los motivos de anulación del laudo se ubique como es natural a las violaciones asociadas al derecho a la defensa⁶⁴.

En tal sentido indicó el Tribunal Supremo, en decisión 462 del 20 de mayo de 2010, en Sala Constitucional, que desde el punto de vista sustantivo el contenido y la extensión de los supuestos regulados en el artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial permiten ventilar en el correspondiente juicio de nulidad denuncias vinculadas con la violación del derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva⁶⁵, bien sea por contravención al procedimiento legalmente establecido o bien porque el laudo es contrario a normas de orden público, ya que "los medios alternativos de resolución de conflictos al constituirse en parte del sistema de justicia, no pueden desconocer disposiciones sustantivas especiales de orden público, al igual que no podrían quebrantarse por parte del Poder Judicial" o que,

... en caso que la decisión del correspondiente órgano [arbitral] contraríe el sistema jurídico constitucional interno, la misma sería inejecutable en la República, circunstancia que no debería producirse en la medida que la misma esté fundamentada correctamente en el marco jurídico aplicable para la resolución del correspondiente conflicto, como serían tratados internacionales, leyes o disposiciones contractuales, los cuales en todo caso deberán necesariamente atender a las normas de orden público de cada Estado en los cuales se pretenda ejecutar la decisión (Cfr. Sentencia de esta Sala n.° 1.541/08)⁶⁶.

En efecto, la Ley de Arbitraje Comercial, entre las referidas causales de su artículo 44, incluye en la letra b) que reza: "Cuando la parte contra la cual se invoca el laudo no hubiere sido debidamente notificada de la designación de un árbitro de las actuaciones arbitrales que así lo ameriten, o no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos" (resaltado nuestro). En tal supuesto se ha de incluir toda circunstancia que de alguna manera produzca indefensión dentro del proceso arbitral, pues mal podría vulnerarse el derecho a la defensa de quienes acuden a este medio sustitutivo de justicia.

Así resalta la doctrina que el dispositivo de esta causal está obviamente dirigido a tutelar "uno de los patrimonios más valiosos de la actividad jurisdiccional como lo es el derecho a la defensa"^67. No es sostenible el criterio de que la nulidad del laudo arbitral procede solo ante la existencia de un "error inexcusable", pues ello sería reducir sobremanera el sentido ya taxativo y limitado del excepcional recurso de nulidad del laudo arbitral, y las garantías procesales deben ser respetadas también en el procedimiento arbitral, visto que se trata de premisas básicas de todo Estado de derecho y, por tanto, de toda forma de administración de justicia⁶⁸. La celeridad del arbitraje no puede mermar las garantías del debido proceso⁶⁹.

Afirma la doctrina:

Por lo tanto se cree prudente, que dentro de estas modalidades de arbitraje contempladas en la Ley de Arbitraje Comercial, se debe reflexionar con mucha precisión sobre el resguardo de las garantías básicas constitucionales en materia de los procesos, es decir, el debido proceso, la igualdad procesal, el derecho a la defensa, derecho a pruebas, entre otros, sin los cuales se puede considerar, que ellos serían procesos totalmente inexistentes a la luz del ordenamiento constitucional, dando lugar así a la impugnación de esos procesos arbitrales, por vía de algunas de las causales de nulidad establecidas por la legislación arbitral, especialmente las contenidas en el Artículo 44 literales b y c⁷⁰.

Y se agrega que la expresión "no ha podido por cualquier razón hacer valer sus derechos" es tan amplia que se traduce en "indefensión" en el proceso civil⁷¹.

La indefensión, como causa de nulidad del procedimiento arbitral, es admitida, no obstante la tendencia restrictiva de las causales de nulidad del laudo. Se afirma que se vincula con los derechos esenciales relativos al debido proceso, manifestado especialmente a través del derecho a la defensa. Por lo que se admite la revisión del laudo basada en irregularidades procesales en la mayoría de los regímenes de derecho⁷².

Y así se ha indicado respecto del derecho español que contiene una causal redactada en términos semejantes a la del derecho venezolano: "que la designación de un árbitro no haya sido debidamente notificada a la parte, o que no hayan sido debidamente notificadas a esta las actuaciones arbitrales o que aquella no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos". Si bien se mira, dos son en realidad los submotivos que contiene este motivo anulatorio, y ambos tienen como común denominador sancionar la indefensión que se haya podido causar a quien lo alega. El segundo submotivo, de configuración más abierta o indefinida que el primero, permite que se alegue cualquier actuación que haya impedido el ejercicio de los derechos que las partes tengan en el proceso arbitral"⁷³. En el mismo sentido vale citar el derecho ecuatoriano⁷⁴ y el derecho peruano⁷⁵. Pues se afirma acertadamente que "el convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial"⁷⁶.

Así pues, "[s]e incurre en indefensión cuando por un acto imputable al Juez se priva o limita indebidamente a una de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos o se le conceden derechos o facultades no previstas en la ley"⁷⁷. De allí que, no obstante la dificultad o la inconsistencia en la determinación de las violaciones del derecho a la defensa⁷⁸, debe admitirse que se trata de una noción vital en el ejercicio de la jurisdicción pública o de la alternativa privada, como es el arbitraje.

Vale indicar que no cabe pretender una prescindencia total del procedimiento arbitral para considerar una violación del derecho a la defensa, pues, amén de que ello constituye una causal diferente que bien pudiera estar conectada, a saber, no seguir el procedimiento arbitral, se trata de precisar todos aquellos supuestos determinantes en la defensa de los justiciables, cuya violación pudo configurar un resultado distinto del laudo arbitral. No existirá entonces una lista precisa o taxativa como las causales de la nulidad, sino que a su vez la indefensión o la violación del debido proceso vendría dada por la interpretación del lesionado o del juzgador en el caso concreto⁷⁹. Lo anterior, si el supuesto cabe dentro de lo que se ha entendido por "indefensión"⁸⁰, causal que se ha considerado extensible al arbitraje de equidad⁸¹. Por lo que la pretendida tesis de la interpretación restrictiva⁸² de las causales no puede ser alegada para evitar la subsunción, objetivo natural del proceso de interpretación. A lo que cabría responder que las normas de excepción se interpretan como toda norma y lo que está vedado es la "analogía", mas no la "interpretación extensiva"⁸³. Lo cual ha sido aceptado por la jurisprudencia peruana en materia de causales de nulidad taxativas del laudo⁸⁴, en especial por el Tribunal Constitucional⁸⁵.

Se insiste que mal podría mediar una enumeración en algo que por su naturaleza habrá de ser producto de las circunstancias. Será el juez quien sea capaz de visualizar o proyectar si la violación acontecida en el proceso fue o pudo ser determinante en la dispositiva del laudo. Y así por ejemplo la inadmisión injustificada de pruebas, la incorrecta distribución de la carga de la prueba o la inadmisión injustificada de la oposición a las pruebas ciertamente constituyen ejemplos de violación del derecho a la defensa⁸⁶, toda vez que es bien sabida la trascendencia que la prueba ejerce en el dispositivo del fallo⁸⁷, de lo que no escapa el proceso arbitral⁸⁸. Pero ello es extensible a cualquier acto de este que se traduzca en una violación determinante de la defensa como derecho constitucional.

La doctrina venezolana, al comentar la causal indicada, señala que la expresión relativa a la imposibilidad de hacer valer sus derechos, efectivamente se refiere a razones incontrolables, o no imputables o ajenas a la persona⁸⁹. Pues se ha dicho que es el juzgador, en este caso el árbitro, quien cercena o menoscaba el ejercicio del derecho a la defensa de una de las partes. Se agrega que la referida causal en general pretende anular todo laudo que haya sido dictado en violación del debido proceso^90. Otros refieren que no toda violación al debido proceso supone una violación del derecho a la defensa⁹¹. Pero en todo caso, pudiera concluirse que las violaciones al debido proceso (no seguir el proceso arbitral también es causa autónoma de nulidad, letra c, art. 44 LAC) pueden configurar adicionalmente una violación del derecho a la defensa porque ciertamente le impiden al justiciable hacer valer sus derechos.

III. La motivación como proyección del derecho de la defensa en la decisión arbitral

A. Necesidad de motivación del laudo arbitral

Un aspecto propio o relativo al derecho a la defensa, del debido proceso e inclusive de la tutela judicial efectiva, es la motivación del laudo arbitral, el cual deberá ofrecer las razones que justifican una dispositiva.

Si bien el deber de motivar el laudo no pareciera universal dada la pretendida celeridad que se le adjudica⁹², con proyección en los costos⁹³, existe consenso desde el punto de vista de la racionalidad, en que toda decisión en sede de administración de justicia y que se manifiesta en una sentencia debe estar debidamente justificada; ello quiere decir, motivada. Esto también alcanza al ámbito del arbitraje, pues se trata de un mecanismo de solución de controversias dentro de la administración de justicia. Ello considerando que la instancia arbitral tiene carácter de jurisdicción, partiendo del concepto de su naturaleza reconocida como tal en la Constitución^94.

Algunas leyes imponen la motivación de los laudos de manera obligatoria. Es el caso, por ejemplo, de la ley italiana, belga, holandesa, peruana, brasileña o colombiana. Pero la mayoría admiten la posibilidad de un acuerdo contrario de las partes, empezando por la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, mejor conocida por sus siglas en inglés, UNCITRAL, art. 30.2)⁹⁵.

El artículo 30 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana dispone: "El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, a menos que las partes hayan convenido lo contrario, y constará en él la fecha en que haya sido dictado y el lugar del arbitraje". De lo que cabe concluir que la motivación forma parte esencial del laudo. Aunque la disposición deja a salvo que las partes hayan pactado lo contrario; previsión que para algunos es perfectamente compatible con la libertad que caracteriza la naturaliza del arbitraje⁹⁶.

Pero la posibilidad excepcional de que las partes releven de la motivación a los árbitros ha sido acertadamente criticada porque impide controlar que la decisión sea ajustada a derecho⁹⁷. Por lo que cabe dudar de la posibilidad de que la autonomía de la voluntad se revierta en perjuicio del derecho a la defensa dado su carácter irrenunciable, amén de la posibilidad de que el laudo no sea reconocido en países donde la exigencia es radical⁹⁸. Criterio lógico, pues si se admite que la motivación es expresión del derecho a la defensa que tiene carácter constitucional, bien podría concluirse que la norma que releva de motivación al laudo por voluntad de las partes presenta vicios de inconstitucionalidad, toda vez que se trata de un derecho irrenunciable que excede la simple voluntad de los justiciables. Se trata de un requisito procesal esencial de orden público que tiende a garantizar la paz social.

Para algunos la posibilidad de inmotivación sólo sería procedente en caso de arbitraje de equidad⁹⁹, toda vez que el artículo 8¹⁰⁰ de la Ley de Arbitraje Comercial alude a que en el arbitraje de derecho se deben observar las "disposiciones de derecho en la fundamentación de los laudos", en tanto que en el arbitraje de equidad rige la libertad. Pero a ello acertadamente se objeta que al laudo de equidad también se extiende el deber de motivar¹⁰¹, pues es imperativo justificar que no se decide por mera intuición sino con base en un razonamiento concretto¹⁰² no obstante la "libertad". Con lo que no habría que confundir la motivación de derecho con la motivación en general que también debe mediar en un arbitraje de equidad, y que no se mide propiamente por la extensión de las palabras¹⁰³. Esto sobre la base de que ningún órgano jurisdiccional está exonerado del deber de motivar sus decisiones¹⁰⁴. Por lo que no pareciera que el artículo 8 de la Ley de Arbitraje Comercial releve de motivación al laudo de equidad, sino de "fundamentos de derecho". Decidir conforme a la equidad no exime de ofrecer una fundación con base en tal valor¹⁰⁵. Con lo cual sería enteramente recomendable que en todo caso, al margen del tipo de arbitraje y de lo que dispongan las partes, aunque sea someramente, siempre se motive el respectivo laudo arbitral a los fines de garantizar el derecho a la defensa, que presenta carácter irrenunciable y constitucional.

B. La inmotivación como causa de nulidad del laudo arbitral

Es requisito fundamental -del que no escapa un laudo arbitral- la motivación de la decisión. Esto por cuanto "el laudo es al proceso arbitral, lo que la sentencia al proceso ordinario"¹⁰⁶. La decisión de los árbitros ha sido denominada "sentencia arbitral", y se ha señalado que la decisión que recae en el arbitraje es una decisión formalmente idéntica a la sentencia¹⁰⁷. Y la sentencia ha de estar motivada a tenor del artículo 243, ordinal 4 del Código de Procedimiento Civil venezolano¹⁰⁸. Es elemental que quien decide, explique las razones de hecho y de derecho en que fundamenta su decisión. Entre los requisitos de una decisión jurisdiccional por imperativo constitucional se ubica la motivación a fin de evitar la arbitrariedad¹⁰⁹. Y recordemos que el arbitraje constituye función jurisdiccional. Por lo que es imperativo de justicia que se indiquen los parámetros o elementos que sirvieron de base para la motivación del laudo arbitral. De hecho, pensamos que la inmotivación no solo sería subsumible en el citado literal c del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial, a saber, que el procedimiento no se ha ajustado a la ley, sino que adicionalmente se traduce en "indefensión"¹¹⁰ dado el carácter definitivo o de cosa juzgada del laudo arbitral. De allí que sostener que la inmotivación no constituye causa de nulidad del laudo arbitral es desconocer que la taxatividad de las causales de nulidad (numerus clausus) no exime que las obvias violaciones procesales sean subsumidas en las taxativas causales de ley por vía de sana interpretación.

El laudo no puede prescindir de una mínima motivación jurídica para evitar una "incongruencia omisiva de tal calibre" que determine una vulneración evidente del derecho a la defensa, lo que refuerza aún más la argumentación tendente a decretar la nulidad del laudo. La ausencia de motivación puede suponer una violación de los principios rectores del procedimiento arbitral, en concreto, del derecho de defensa¹¹¹.

Y así, también en el derecho español constituye causa de nulidad del laudo arbitral: "Que el laudo sea contrario al orden público". Y se afirma, sin ánimo de exhaustividad, que contrarían el orden público: (i) la vulneración de los principios de audiencia, contradicción o igualdad; (ii) la ausencia de litisconsorcio pasivo cuando este fuere necesario, o (iii) "cuando el laudo carezca de motivación adecuada y suficiente"¹¹². Siendo esta última -para Bermejo Reales-, al igual que la indefensión, apreciable de oficio por el tribunal¹¹³, aunque se indica que el recurso de nulidad solo puede resolverse por un motivo alegado por las partes¹¹⁴, no obstante que el recurso de "revisión" eventualmente ha mediado de oficio en Venezuela. En todo caso, debería regir la prudencia en este sentido, y en todo evento medir la gravedad del asunto¹¹⁵. Recordemos pues que lo que descarta la doctrina venezolana a los efectos de nulidad del laudo arbitral son los errores in iudicando¹¹⁶. Siendo que la inmotivación se ubica en los errores in procedendo.

Ante la hipótesis de que se considere que la causal prevista en el literal f del artículo 44 de la Ley de Arbitraje Comercial no incluye los errores in procedendo, como la inmotivación, sino las materias excluidas del arbitraje, en todo caso la motivación forma parte necesaria del procedimiento arbitral de conformidad con el artículo 30 de dicha ley especial, por lo que su infracción ciertamente es subsumible en el literal c del artículo 44, a saber, que "el procedimiento arbitral no se ha ajustado a esta ley". Adicionalmente, la inmotivación también produce indefensión, pues mal puede pretenderse que una sentencia inmotivada no susceptible de apelación o casación quede definitivamente firme sin perjuicio del referido derecho a la defensa.

De tal suerte que pretender que la motivación no constituye requisito del laudo arbitral, especialmente cuando ni siquiera se exija una motivación exigua -lo cual también es objeto de discusión¹¹⁷, sino que se pretenda omitir enteramente dar al justiciable los parámetros que permiten a los árbitros configurar su decisión, constituye una franca violación de la tutela judicial efectiva, del debido proceso y del derecho a la defensa. La inmotivación (y la arbitrariedad e ilegalidad que en ella subyace) no se compadece con las formalidades procesales que el procedimiento arbitral reclama. Acudir a un medio alternativo de justicia no puede suponer el sacrificio de formalidades esenciales comunes a todo proceso. Por lo que se trata de un vicio que afecta de nulidad el laudo arbitral, más allá inclusive de tales literales por tratarse de una formalidad esencial e imperativa.

Y es que "el arbitraje como medio alternativo de justicia no es contrario al principio-garantía constitucional del debido proceso"¹¹⁸. Dentro de las garantías constitucionales cabe destacar el derecho a la defensa, el derecho de acceso a las pruebas¹¹⁹, así como formalidades obligatorias, por ejemplo, la "motivación"¹²⁰.

Se ha señalado acertadamente que "el origen y la legitimidad del arbitraje, se encuentra en la autonomía de la voluntad, la misma que está limitada y se ejerce conforme a la Constitución y a los derechos fundamentales"¹²¹. Entre los que cabe referir aquellos que constituyen el núcleo del debido proceso arbitral (sin los cuales no existiría debido proceso de ninguna naturaleza): - el derecho de defensa, que se manifiesta en la contradicción y audiencia; - el derecho a un juez (o árbitro) imparcial; - el derecho a la prueba (que comprende el derecho al ofrecimiento, admisión y valoración de medios de prueba); - el derecho a una debida motivación de las decisiones; - el derecho a la igualdad de trato¹²².

Por lo que la motivación es requisito esencial del laudo para fines de su conformidad con el derecho -según indicamos, inclusive irrenunciable no obstante el artículo 30 LAC-. Deben los árbitros dar las razones jurídicas que fundamentan su decisión. En tal sentido, ha referido la jurisprudencia, por ejemplo, que la motivación del daño moral en cuanto a la indicación de los parámetros que permiten estimarlo constituye parte de la tutela judicial efectiva consagrada en la Carta Política, pues lo contrario configura inmotivación123. De tal suerte que también con tales parámetros de motivación deberá cumplir el laudo arbitral, pues lo contrario sería una forma de evadir las debidas garantías procesales mediante la vía del arbitraje. Siendo esto ajeno enteramente al sentido que pretende el orden jurídico con dicho medio alternativo de resolución de controversias.

Ciertamente, además de la inmotivación, diversas podrán ser las violaciones a la defensa que eventualmente pudieran presentarse en un juicio arbitral. No es nuestro objetivo enumerarlas porque ellas quedarán a la apreciación del juzgador a la luz del caso concreto. Pero lo que hemos querido significar con estas breves notas es que mal puede el justiciable acudir al procedimiento arbitral para verse disminuido en las garantías procesales que son imperativas en cualquier modalidad del sistema de justicia. El ciudadano no puede ver limitados sus derechos procesales constitucionales ante la justicia privada porque esta perdería el sentido que el constituyente pretendió concederle en el artículo 258 de la Carta Política.

De allí que acertadamente se afirme: "No se trata de enfrentar arbitraje y Constitución, sino de defender ambos. Y es así, porque sólo salvaguardada la Constitución puede salvaguardarse el régimen de libertades en el que entronca el arbitraje"¹²⁴.

A manera de conclusión

El procedimiento arbitral como mecanismo de justicia alternativo debe respetar las garantías jurisdiccionales, entre las que cabe considerar el derecho a la defensa. En la generalidad de las legislaciones, incluyendo la venezolana, se consagra la indefensión como causa de nulidad del laudo arbitral. La necesidad de motivación del laudo arbitral como proyección de lo anterior es extensible inclusive al arbitraje de equidad. Por lo que cabe concluir que no cabe indefensión en el procedimiento arbitral, so pena de verse el respectivo laudo viciado de nulidad. El arbitraje mal puede traducirse en una reducción de los derechos procesales del justiciable.

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Notas