A pesar de que ya se aprobó en comisiones, en el momento en que escribo estas líneas se ha pospuesto la discusión sobre la Ley General de Aguas. Tal propuesta fue llevada al Congreso de la Unión por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con la participación de diputados de otros partidos. Según su promotor, el diputado Kamel Athié Flores, esta ley permitiría la modernización del sector, vía el ingreso del sector privado en la construcción de infraestructura y la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, además de reconocer el derecho humano a este elemento. Sin embargo, muchos aspectos de la propuesta de ley los cuestionaron diversos sectores sociales; los más importantes fueron la participación privada en el sector, el establecimiento de un límite mínimo vital, así como la restricción en materia de análisis académico del agua.

El aplazamiento de la discusión de esta nueva ley se dio gracias a la intensa participación e grupos sociales y académicos. En un entorno de cara a un proceso electoral, se tomó la decisión de aplazar el dictamen correspondiente. Cabe señalar que la organización social se dio en varios frentes: protestas en la Cámara de Diputados, en espacios informativos y en redes sociales. Particularmente las redes sociales fueron un espacio donde se debatieron fuertemente las implicaciones de esta nueva regulación. Podríamos lanzar la hipótesis del nacimiento de una ciudadanía construida y soportada en redes sociales, la cual influye directamente en las tendencias electorales. Hasta junio no podremos saberlo, pero queda la inquietud. Precisamente el surgimiento de prácticas novedosas de ciudadanía (p. 11) nos lleva al texto que aquí se reseña.

No pudo haber llegado a mis manos en mejor momento el trabajo de Felipe de Alba y Lourdes Amaya, coordinadores y autores de dicho volumen, quienes presentan críticamente una visión de cómo se establece, en primer lugar, un uso del agua y, en segundo, cómo éste no está exento de intereses, conflicto y relaciones de poder, así como de la cooperación entre agentes. Leer hoy en día la situación del agua nos lleva necesariamente a entender la relación entre Estado, gobierno y sociedad, no sólo desde la visión de su disponibilidad, sino como un entramado complejo de relaciones que se construyen sobre diversos discursos, sean éstos técnicos o no.

Las ciudadanías o prácticas de ciudadanía del agua -acotan los coordinadores en la Introducción- van más allá de la dicotomía Estado/sociedad para insertarse en múltiples nociones que incluyen los derechos, pero también de administración, distribución, defensa y demanda del recurso (p. 13). Las ciudadanías del agua no se mueven a una sola escala, al contrario, son multiescala y se enclavan en la cooperación-conflicto. Así pues, se concebirían como un espacio amorfo, pero con una gran capacidad de organización, la cual suele adaptarse al espacio en el que se encuentran. Sin embargo, los autores no plantean un aspecto -que se retoma en el último capítulo del libro-: la intratabilidad del conflicto.

En este caso, Raúl Pacheco-Vega presenta un orden diferente de las cosas con la pervivencia del conflicto. De ahí que haya que tomar nota de lo planteado por Pacheco-Vega para tener una visión de más largo plazo, en la que los discursos y posiciones frente al problema (enmarcamiento lo llama este autor) cuasi irresoluble. Por ello -como señalaba al inicio- es más que pertinente este libro para entender cuál es la razón del por qué se ha detenido una discusión sobre una nueva ley en materia de agua. Además, como se señala en los diversos capítulos de este volumen, el agua ya no es únicamente competencia del Estado/gobierno, sino que se trata de un dominio/escenario político-técnico.

Diversos grupos sociales se han organizado para demandar el recurso o para defender los derechos sobre la tierra en lugares donde se plantea la construcción de infraestructura hidráulica, como los casos de la presa La Parota o el Acueducto Independencia. Empero, no se trata de una emergencia de un nuevo modelo de participación, más bien es la persistencia (o supervivencia) de viejas formas de acción gubernamental, por ejemplo, la regulación de la dotación de agua, dependiendo de los tiempos electorales (capítulo 1). En otras palabras, el tema del agua se conforma como un escenario político-técnico en el que los intereses, capacidades y poderes se redefinen en el proceso mismo de conflicto (capítulo 2).

En el primer capítulo, Felipe de Alba, Carlos Cruz y Óscar A. Castillo presentan una idea de como se "abren y cierran" las llaves del agua que surten a uno de los bastiones más importantes del voto perredista en la capital del país. Lo que los autores denominan como "exclusión estratégica", que puede ser resultado de decisiones políticas, fallas técnicas no fácilmente solucionables, o por cuestiones de legitimidad del asentamiento. Ante esta problemática, emergen dos formas de solución temporal: el tandeo y las pipas.

En ambos casos, las estrategias de los actores se identifican claramente: una cultura de permanencia de la cooptación política a través del corporativismo y el clientelismo. En años electorales, que coinciden con la baja disponibilidad de agua, estas estrategias son más evidentes. En todo caso, las formas de provisión de agua son una cuestión central, pues no se trata de un discurso y una acción técnica las que permean, sino una suerte de híbrido que recusa la utilización del agua como un bien político y politizable. Por otra parte, Karina Beatriz Kloster presenta una visión histórica de la construcción de ciudadanía y los derechos al agua. Para Kloster, este proceso está aparejado con el conflicto y la forma que adquieren tanto la filosofía como la ejecución de un proyecto político específico. En este sentido, afirma que los derechos por el agua derivan de la lucha de la población por obtener este recurso. Sin embargo, no se trata únicamente de la satisfacción de una necesidad, sino de un proceso político que se ejecuta en términos de una determinada visión de ciudadanía.

En el caso mexicano -señala Kloster- el proyecto nacional excluyó a gran parte de la población del goce de una ciudadanía plena. El corporativismo y clientelismo fueron dos grandes lastres para pensar en una ciudadanía capaz de reconocer su derecho al acceso al recurso líquido. La visión técnica del manejo, es decir, "un tema de ingenieros", generó una falta de conciencia sobre lo que debería ser la toma de decisiones en este sector. La academia ha sido un actor importante en términos del análisis de la gestión del agua, aun así, se ha estudiado muy poco su papel como actor de las propuestas. En un primer intento de hacer esto, Itzkuauhtli Zamora y Arsenio González exponen el estudio solicitado por el Gobierno del Distrito Federal a la Universidad Nacional Autónoma de México para la recuperación del río Magdalena. Cabe subrayar que ambos autores fueron parte del proyecto, por lo que tienen información de primerísima mano. Además del actor científico -como ellos denominan a la academia-, rescatan la percepción del territorio de cinco actores más: rural, urbano, burocráticopolítico, civil organizado y planificador. En este tipo de análisis se advierte claramente cómo se construyen los discursos de los actores y cómo cada cual corresponde a una lógica particular. Esos mismos discur-sos serán llevados a la escena política como argumentaciones para ejecutar ciertas acciones.

En otro orden, María Concepción Martínez Omaña continúa en la línea de la percepción social y plantea la creación de una comunidad hídrica imaginada, la cual es importante rescatar en tanto que permite tener una visión sobre cómo los actores perciben, imaginan, crean y, sobre todo, recuerdan la relación entre agua y territorio. Mediante una serie de entrevistas con pobladores de pueblos, barrios y colonias de la ciudad de México, Martínez Omaña plantea cómo el vínculo agua-territorio se ha modificado debido al proceso de urbanización y a la intervención estatal. En cuanto al primer aspecto, se lee como la principal transformación evidenciada la que deriva de la "asfaltación" de algunos de los ríos, así como de algunas lagunas que existían en la ciudad. Junto con este proceso, es más evidente que la intervención gubernamental modificó esta relación con su intervención, ya sea con la construcción de infraestructura o con la pavimentación. Los relatos magnifican un pasado ligado al recurso hídrico -de corte prácticamente idílico- y en el que la convivencia entre sociedad y agua parecía libre de conflictos.

En contraste, Daniel Tagle y Alex Ricardo Caldera ponen de manifiesto la conflictividad derivada de la gestión del agua. La ciudad de León, con una fuerte tradición industrial, particularmente la peletería, enfrenta grandes retos en cómo se gestiona este recurso, en términos de dotación y disposición. Aquí conviene subrayar la función que desempeñan las administraciones locales, ya sea como un "colchón" que impide una conflictividad mayor, o como los mismos generadores del conflicto al prestar mayor atención a determinados sectores y desatendiendo a otros.

En este caso -señalan Tagle y Caldera-, se ha privilegiado el crecimiento económico antes que la dotación a una población creciente, principalmente en la periferia. En este sentido, otros actores (como aparece en el primer capítulo del libro de marras) aparecen para ofertar un servicio que deberían proveer las entidades gubernamentales. Este es el caso de los carros-tanque (llamadas pipas), los cuales son los que realmente han ganado en términos económicos, pues compran el agua a precios muy bajos (si es que lo hacen), obteniendo una ganancia alta. Por otro lado, llama la atención un aspecto poco tratado en la literatura sobre el agua: los desechos. Como es de esperarse, en esta ciudad (y así ocurre en muchas otras), éstos son un problema dada, la cantidad de materiales (peligrosos o no) que llevan las aguas vertidas por la industria.

La privatización del servicio de provisión de agua ha sido un tema recurrente en la agenda política y en los ámbitos académicos. Los promotores y los detractores han dado argumentos sobre la incapacidad de los gobiernos locales para enfrentar los retos que significa la gestión del vital recurso. Sin embargo, ambas corrientes se diferencian en cómo salir de este atolladero. Para los primeros, la participación del sector privado es una necesidad, en tanto el gobierno no sea capaz de contar con recursos suficientes para dotar de agua. Y, por su parte, los detractores han puesto atención en cómo las experiencias de privatización del servicio no siempre se ha traducido en una mejoría en la dotación y, por ende, en la calidad de vida de la población.

Aunado a lo anterior, en el capítulo a cargo de Lourdes Amaya, se plantean dos aspectos interesantes: el contexto local de la privatización y la interacción entre mecanismos legales y politización del servicio. En su estudio sobre las ciudades de Buenos Aires, Argentina, y Aguascalientes, México, plantea que la privatización del servicio es mayormente politizable a nivel local que nacional. Una posible explicación es que la población identifica a las autoridades municipales como las que deberían proveer el servicio; que por ello es más sencillo que sea en este nivel donde se expresen con mayor intensidad los conflictos. El segundo elemento es aún más interesante. Los discursos para la privatización se refieren a una suerte de híbrido técnicopolítico. Las justificaciones para la toma de decisiones tienen una base técnica, pero que posteriormente se reconstruye para utilizarla con fines políticos. La gran diferencia de los casos analizados acota Amaya, son los desenlaces de cada uno de aquéllos. Mientras que en Buenos Aires, gracias a un discurso de incumplimiento con las expectativas en la provisión del servicio, el contrato se canceló; en México, el servicio lo sigue brindando una empresa privada, aun cuando hay muestras de la poca capacidad en la gestión del recurso por parte de ésta.

En tal situación, los discursos técnicos los esgrimieron nuevas administraciones locales, pero no fueron capaces de llevarlos hasta sus últimas consecuencias y cancelar el contrato. Para finalizar, Edith Kauffer Michel presenta el caso de la gestión de cuencas transfronterizas, particularmente lo que sucede entre México, Guatemala y Belice. Ella plantea, con justa razón, que la política exterior de los tres países no ha visto el uso cotidiano de la cuenca como un asunto que le atañe a los tres de manera coordinada. En su lugar, cada país reclama para sí el uso en su territorio y ha soslayado la gestión integral de las cuencas. Esto tendría que contrarrestarse con una legislación que permita la gestión conjunta de las cuencas en la que lo más relevante sea la salud de dicha gestión.

Como se señaló al principio, este libro llega en un momento propicio, justo cuando la discusión sobre la gestión del agua es más evidente. Como todos y cada uno de los autores plantean, de una u otra manera: es necesaria una discusión técnica del asunto, pero sobre todo una política que aluda a los poderes que determinan qué hacer con este recurso. Los movimientos sociales tienen mucho que ofrecer, pues son un contrapeso a las decisiones jerarquizadas y lineales. Como una invitación, esperamos un segundo volumen, con más estudios de caso y con ciudadanías del agua que se mueven en otras esferas, particularmente el caso de las tecnologías de la información y la comunicación.