Desde al menos dos décadas, la reflexión sobre las formas «alternativas» de turismo ha ganado una visibilidad importante en el ámbito de la investigación turística, conforme se ha venido consolidando la crítica del modelo turístico convencional. Una evolución similar se puede observar dentro de la propia industria turística con el interés creciente de los turistas en prácticas social y ecológicamente «responsables», dando lugar a una oferta bastante significativa en la actualidad. Tal evolución ha permeado también en las políticas públicas y el discurso de las organizaciones internacionales, empezando por la Organización Mundial del Turismo, que han multiplicado las declaraciones a favor de un turismo más «sustentable», en particular en los países del Sur, donde modalidades de turismo como el pro-poor tourism suelen considerarse como un instrumento de reducción de la pobreza (Hall 2007). En otros términos, parece que la necesidad de promover «otro turismo» -aunque los términos usados para calificarlo puedan variar- se ha convertido en una suerte de nuevo consenso (Bianchi 2019).

Los límites de una reflexión centrada exclusivamente en las formas alternativas de turismo se han vuelto un objeto de debates en los estudios críticos del turismo en los últimos años. No se puede negar que existen ejemplos de iniciativas exitosas que han mejorado la condición de comunidades anfitrionas y han permitido lógicas de empoderamiento a escala local. Sin embargo, estas alternativas siguen siendo claramente minoritarias y no han cambiado las lógicas estructurales que rigen a la industria turística, la cual permanece sometida a la dinámica del capitalismo neoliberal. Lejos de contrarrestar las tendencias criticadas, coincidimos con Ernest Cañada (2023) cuando observa que «con frecuencia, nos encontramos con experiencias que, más bien, son funcionales al desarrollo capitalista, concebidas como ofertas complementarias para nichos de mercado específicos en un marco productivo posfordista. O bien, aunque estén organizadas bajo otros objetivos, son demasiado pequeñas y sin suficiente articulación como para poder sostener una contrapropuesta a una escala significativa».

Estas limitaciones se reflejan en la vasta producción científica sobre los turismos «alternativos», y se traducen en una serie de sesgos teóricos y, en definitiva, políticos. El primer sesgo tiene que ver con la oposición que establecen de manera prácticamente sistemática los especialistas del turismo alternativo entre dichas formas de turismo y el turismo de masa, generalmente asimilado al turismo de tipo sol y playa. Para romper con el turismo convencional, el turismo alternativo tendría que privilegiar proyectos de baja escala, por lo general en contexto rural (Jouault, García de Fuentes y Rivera Núñez 2015; Theng, Qiong y Tatar 2015). Como lo ha señalado Raoul Bianchi, parece que para muchos autores los aspectos más criticables del turismo «podrían resolverse mediante un nuevo modelo de desarrollo turístico sostenible, de pequeña escala, de base local que estuviera en sintonía con las culturas y ecologías locales» (Bianchi 2019). No se trata de ironizar sobre el interés, real, que pueden tener este tipo de propuestas. Pero al centrar la reflexión en ellas queda excluida la mayor parte de la población de los destinos turísticos. Surge entonces una serie de interrogantes: ¿Qué hacemos para los destinos de masa? En un territorio como el de la península de Yucatán, ¿será posible lograr una transformación real del modelo turístico excluyendo a Cancún y la Riviera Maya? Mientras no enfrenten con seriedad este problema, lo más probable es que las propuestas alternativas se vean condenadas a ser, retomando la fórmula del sociólogo Bernard Duterme, «una microsolución para un macroproblema».⁴ Aunque este sesgo es manifiesto en gran parte de los estudios turísticos críticos, notamos que estudios recientes sobre experiencias latinoamericanas, como los centros vacacionales del Servicio Social de Comercio en Brasil (Cañada 2020) o las políticas del turismo social en Argentina (Schenkel 2017), reintroducen la idea de alternativas a gran escala, incluso en los espacios dedicados a prácticas turísticas más convencionales, ampliando el espectro de alternativas poscapitalistas en el sector turístico.

El segundo sesgo, a mi parecer, radica en la visión sectorial adoptada en la mayoría de las propuestas de turismo alternativo. La reflexión suele limitarse a imaginar lo que podría ser un turismo deseable, perdiendo de vista que el turismo no es más que un prisma de observación de la sociedad en la cual se desarrolla (Raymond 2004). La transformación del turismo no puede pensarse, en efecto, de manera aislada y desconectada de la cuestión del cambio social en su globalidad y de la lucha contra el capitalismo en particular, sea este turístico o no. Este aspecto tiene una relevancia especial en el ámbito de las políticas públicas, cuando decisiones que no se limitan al turismo, o incluso no son pensadas específicamente para el turismo, se vuelven determinantes para el sector. Temas como las leyes laborales, los sistemas fiscales y la lucha contra la evasión fiscal, las políticas monetarias, los tratados de libre comercio, la regulación del mercado inmobiliario o las políticas de vivienda, tendrán efectos de mayor alcance en el turismo que cualquier política enfocada de manera específica en el turismo alternativo.

En fin, el tercer sesgo tiene que ver con la presencia, muchas veces inconsciente, de un juicio moral en la producción académica sobre el turismo alternativo. Al sugerir que «está mal» el turismo de sol y playa y que existen maneras más virtuosas de ocupar su tiempo libre, los promotores del turismo alternativo hacen recaer, en última instancia, la responsabilidad de la transformación del turismo en el consumidor. Tal postura desconoce, o al menos minimiza, el peso del determinismo social en las prácticas y aspiraciones del turista (Guibert 2023). Como lo ha mostrado de manera brillante el antropólogo Jean-Didier Urbain (2002) en su libro El idiota que viaja, la valorización de lo que podría considerarse como practicas turísticas deseables suele acompañarse de un desprecio hacia las prácticas de ocio y el turismo de las masas. Además de que las prácticas «alternativas» difícilmente podrán extenderse más allá de los segmentos privilegiados y mejor dotados con capital económico y cultural, el turismo alternativo, en caso de convertirse en la única opción política, reproduce los errores estratégicos de la «política de la virtud» analizada por el sociólogo Frank Poupeau (2012), los cuales han sido también analizados por Fredéric Lordon (2013):

[…] las experiencias locales de formas de vida alternativa son por supuesto una cosa excelente […]. Pero podemos interrogarnos sobre su alcance político real […] más allá de los círculos compuestos por individuos sociológicamente determinados para participar en ellas. Para volverse políticamente eficientes, los movimientos individuales deben, por un lado, juntarse de manera bastante numerosa, pero también llegar al nivel macroeconómico para transformar las estructuras (287).⁵

Al apostar más en la actitud virtuosa del consumidor que en la lucha social y política a gran escala, el enfoque teórico adoptado parece haberse alejado de otras propuestas emancipadoras, de dimensión macro-social, cayendo en lo que Poupeau ha analizado como las «travesuras de la crítica». (Poupeau 2012).

La necesidad de superar este triple sesgo -escalar, sectorial y moral- en la hora de imaginar propuestas poscapitalistas para el turismo requiere un cambio de perspectiva teórica y una mayor articulación con el campo de la economía política (Bianchi 2009, 2019). De manera más específica, la idea que buscaré defender a continuación es que tal propósito implica prestar una atención especial a las luchas por controlar los mecanismos de mercado que rigen a la industria turística. Es aquí donde es preciso rescatar el pensamiento de un autor como Karl Polanyi.

La obra teórica de Polanyi aporta herramientas conceptuales, altamente valiosas para la economía política del turismo, para la comprensión de los problemas económicos y sociales subyacentes al desarrollo turístico y para elaborar alternativas poscapitalistas. A primera vista, el trabajo del economista húngaro tiene poco que ver con la cuestión turística. Cuando Polanyi escribe La gran transformación, su obra maestra publicada en 1944, su objetivo principal se centra en la comprensión de los mecanismos económicos que condujeron a las sociedades occidentales al abismo de la Gran Depresión en 1930 y desembocaron, unos años después, en el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Según Polanyi, la adhesión generada por el fascismo en amplios sectores de las naciones europeas tiene raíces económicas y representa una respuesta posible -diría Polanyi que una actitud de autodefensa- ante al sufrimiento y desamparo causados por el desarrollo del capitalismo liberal. Esta idea fue resumida por el economista bajo la expresión según la cual «para entender el fascismo alemán, debemos de volver a la Inglaterra de Ricardo» (Polanyi 1944, 71), precisando que entre las otras respuestas posibles se encontraban el New Deal y el socialismo. En efecto, la «gran transformación» descrita por Polanyi es el mecanismo por el cual, en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, la sociedad europea en su conjunto se ve progresivamente subordinada a las fuerzas del mercado. Se trata, según Polanyi, de un proceso inédito en la historia humana, ya que, si bien la existencia del mercado es anterior al capitalismo y se observa en muchas civilizaciones antiguas, durante la mayor parte de la historia humana el mercado permaneció sometido a otras necesidades e instituciones que aseguraban la estabilidad social. En la Europa del siglo XIX y hasta las primeras décadas del siglo XX, por primera vez se impone la creencia según la cual las leyes del mercado deben de funcionar como principio organizador de la sociedad. Dicho proceso implica la desaparición progresiva de los mecanismos de protección social presentes en las sociedades precapitalistas que, por más precarios que fueran, no dejaban al individuo totalmente indefenso frente a la brutalidad del sistema económico. En particular, Polanyi insiste en el riesgo de socavar el equilibrio de la sociedad, y hasta llevarla a un punto de colapso, cuando elementos fundamentales para la vida humana se convierten en mercancías. Entre las «mercancías ficticias» identificadas por Polanyi, o sea, realidades que a toda costa deben de permanecer fuera de la lógica del mercado, figuran de manera más específica tres cosas: el trabajo, la tierra y la moneda.

Ochenta años después de la primera publicación de La gran transformación, no deja de llamar la atención la visión optimista de la Historia formulada por Polanyi en la conclusión del libro. Según él, los horrores de la guerra y de la Gran Depresión pueden considerarse como el precio altísimo que la humanidad debía de pagar para aprender de sus errores. La lección sería aprendida, y de ahora en adelante se iba a domesticar al mercado, sometiéndolo a las necesidades de la vida y no el contrario. La intuición de Polanyi a principios de la década de 1940 coincide con el auge del capitalismo keynesiano-fordista, un capitalismo regulado en el cual la violencia social de la lógica del mercado sería atenuada con la implementación de sistemas de protección social y Estados de bienestar en la mayoría de los países del Norte, pero también, aunque de manera parcial e inacabada, en un número nada negligible de países del sur global.⁶ En México, dicha etapa corresponde al México posrevolucionario: el de Lázaro Cárdenas y de las grandes nacionalizaciones, de la reforma agraria y de las políticas de industrialización por sustitución de importaciones. Fallecido en 1964, Polanyi no alcanzó a ver la crisis del fordismo y el auge de la sociedad neoliberal en las décadas siguientes.

El desarrollo del turismo en el sureste mexicano está estrechamente vinculado con la «gran transformación» experimentada por la sociedad mexicana a partir de la década de 1970, y con mayor claridad a partir de la década de 1980. Este contexto es el de la entrada en crisis del modelo posrevolucionario implementado en las décadas anteriores. Si bien la época del «milagro mexicano» se caracterizaba por una tendencia general hacia la «desmercantilización» de la sociedad y un fuerte control estatal de la economía (Cuadra 2015, 150), la volatilidad de los precios del petróleo y sus efectos en la balanza de pagos provocaron un cambio de orientación en la estrategia implementada por las autoridades mexicanas a partir de la década de 1970. En este contexto, la investigadora Linda M. Ambrosie ha mostrado cómo la creación de Cancún obedece a una estrategia pensada desde el Banco Central mexicano para captar divisas extranjeras (Ambrosie 2015b, 68). La filosofía del proyecto deja entrever las grandes orientaciones que marcaron la evolución del modelo de desarrollo mexicano en años posteriores, y en el cual el turismo sería una pieza clave. El fenómeno ya había sido advertido en la década de 1970 por figuras emblemáticas de la teoría de la dependencia (Cardoso y Faletto 1973), pero se observaría aún más claramente tras la crisis de 1982 y la aplicación de las políticas de ajuste estructural. Durante prácticamente cuatro décadas, el «nuevo» modelo mexicano daría prioridad al mercado exterior y a una competitividad basada en salarios bajos, políticas monetarias restrictivas y reducción del gasto público, privatizaciones de empresas públicas, liberalización de la propiedad del suelo, tratados de libre comercio, etcétera (Cordera 2015). En términos más generales, tales medidas forman parte del proceso de «remercantilización» descrito por Héctor Cuadra (2015), el cual constituye un rasgo estructural de la actividad turística en el Caribe mexicano. A continuación, se ilustrará cómo este proceso se manifiesta con ejemplos concretos observados en Quintana Roo, haciendo hincapié en cómo afecta, en particular, a las «mercancías ficticias» identificadas por Polanyi.

A nivel mundial, es más que conocido el fenómeno de precariedad laboral característico del sector turístico y se puede considerar que, como lo ha indicado Ernest Cañada, «el proletariado turístico podría entenderse como una de las máximas expresiones del capitalismo neoliberal» (Cañada 2019, 272). Esta afirmación cobra más sentido todavía en México después de cuatro décadas de políticas neoliberales, siendo este el país de la OCDE donde más se trabajaba y con menos vacaciones pagadas hasta fechas recientes.⁷ Si bien el tema laboral fue descuidado durante mucho tiempo en los estudios turísticos (Bianchi 2009; Cañada 2019), ha sido objeto de indagaciones detalladas en el contexto quintanarroense (Ambrosie 2015a; Rubí González y Palafox Muñoz 2017; Córdoba Azcarate 2020). Quienes hemos vivido un tiempo o realizado trabajo de campo en Cancún o en la Riviera Maya nos hemos enfrentado con cantidades de testimonios de trabajadoras y trabajadores cuyas experiencias de precariedad laboral contribuyeron a moldear el lenguaje común, como cuando suele llamarse irónicamente «septihambre» al mes de septiembre por ser temporada baja, durante la cual los trabajadores sufren una reducción brutal de sus ingresos. O cuando empleados de hoteles o restaurantes se ven obligados a tomar «descansos solidarios», es decir vacaciones sin sueldo, porque las empresas reducen su plantilla durante las temporadas bajas. No deja de sorprender, por cierto, la ironía de tal concepción del concepto de solidaridad según la cual no es la empresa la que se «solidariza» con sus empleados, sino el trabajador quien tiene que mostrarse solidario con su empresa al ser despedido cuando esta no lo necesita. En Quintana Roo, el fenómeno se ha vuelto parte de la «nueva cultura laboral» (Rubí González y Palafox Muñoz 2017), y tiene consecuencias importantes en la vida de los trabajadores del turismo, quienes deben de enfrentar periodos sin ingresos y, a veces, sin otra opción que volver a su región de origen al no poder pagar un alquiler en temporada baja.

A diferencia de otros países donde las variaciones generadas por la estacionalidad de la actividad turística son atenuadas por mecanismos de protección social, el sistema laboral mexicano se ha caracterizado en las últimas décadas por una flexibilidad extrema, la cual representó un factor de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como lo han mostrado Rubí González y Palafox Muñoz (2017), el fenómeno fue acentuado por la reforma laboral aprobada en 2012, la cual autorizó nuevas formas de contratación flexible bajo el esquema del outsourcing (subcontratación). En poco tiempo, se generalizó este tipo de contratos atípicos y Quintana Roo se convirtió en el estado con mayor tasa de subcontratación a nivel nacional, al representar esta forma de contratación 33 % del personal contratado formalmente en el estado en 2020.⁸ Como consecuencia de la reforma, florecieron las empresas subcontratistas también conocidas como pagadoras, que contrataban oficialmente al personal de las empresas turísticas por periodos cortos. Tan solo en la ciudad de Cancún, la investigadora Linda Ambrosie (2015a, 190) estimaba entre 100 y 150 el número de pagadoras oficialmente registradas en 2012. Este esquema de contratación permitía a las empresas no solamente ajustar su plantilla a sus necesidades, sino también no pagar por las prestaciones sociales que les incumbirían si los empleados hubieran estado en su nómina. El uso sistemático del outsourcing hacía, por ejemplo, que los trabajadores nunca pudieran adquirir antigüedad ni tampoco beneficiarse de las ventajas que esta supone, también permitía que las empresas evadieran obligaciones sociales como el reparto de utilidades entre sus empleados previsto por la Ley Federal del Trabajo,⁹ ocultando parte de sus ganancias. El fenómeno implica una pérdida directa de ingresos para los trabajadores, y tiene también efectos dramáticos en términos de recaudación fiscal y de financiamiento de servicios públicos como la salud o la educación (Ambrosie 2015a).

Las graves problemáticas laborales enfrentadas por el primer destino turístico mexicano no se limitan a la cuestión del outsourcing y se traducen, de manera más general, en empleos precarios y malas condiciones de trabajo. El tema se ha impuesto en los últimos años como un símbolo de los abusos laborales en el sector turístico, y como un elemento importante del debate público en Quintana Roo, y en México de manera amplia. Piedra angular del modelo laboral en el periodo neoliberal, no es casual que la prohibición del outsourcing¹⁰ se haya vuelto una prioridad gubernamental en el marco de la Cuarta Transformación. Para promover la reforma, las autoridades federales tomaron el caso de un hotel de Cancún para ilustrar dicha problemática durante una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la presentación realizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como resultado de un operativo gubernamental, se tomó el ejemplo de un hotel que empleaba un total de 802 empleados de los cuales 800 eran contratados a través de un entramado de 14 empresas pagadoras, y solamente dos eran contratados directamente por el establecimiento (véase Fig. 1).

Figura 1:

Este ejemplo ilustra de manera extrema el principio de «acumulación flexible» (Harvey 2010) característico del régimen de acumulación del capital turístico en Quintana Roo, y de manera más general en México durante el periodo neoliberal. Frente a la ausencia de regulación estatal -mejor dicho, se trata de una regulación a favor del capital turístico- la precariedad del trabajo turístico difícilmente puede ser compensada por la multiplicación de las certificaciones en Responsabilidad Social Empresarial (RSE) reivindicadas por un número creciente de empresas, las cuales constituyen la «cara humana» del sector, pero dejan intocadas las lógicas estructurales de explotación.¹¹ En el contexto de reactivación turística pospandemia, la conflictividad social en torno al modelo laboral parece haberse intensificado y durante el verano de 2023 se observaron paros puntuales o amenazas de huelga en hoteles de Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y Tulum.¹² En el centro de la disputa se encuentra la obligación por parte de las empresas de repartir el 10 % de sus ganancias anuales entre su personal conforme al mecanismo de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) previsto por la legislación laboral mexicana, una obligación con la cual los empleadores deben de cumplir antes de que termine el mes de mayo (concretamente significa que el reparto de utilidades para el año fiscal 2022 debe de realizarse antes del 30 de mayo de 2023).¹³ Tal reivindicación alcanzó una nueva magnitud a raíz de la reforma del outsourcing, la cual hizo que 2.9 millones de personas migraran de un sistema de subcontratación a un esquema de contratación directa, a nivel nacional, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).¹⁴ En Quintana Roo, este cambio legal puso un freno al fenómeno de simulación laboral y ocultación de ganancias permitido por el modelo laboral anterior, generalizado en el sector hotelero. El tema tuvo un eco aún mayor, ya que la adopción de la reforma coincidió con la reactivación del turismo tras la pandemia de COVID-19. Mientras tanto actores del turismo como autoridades pregonaban por la rápida recuperación de la actividad turística, la cual alcanzó en 2022 niveles superiores a las estadísticas prepandemia en términos de derrama económica,¹⁵ los trabajadores expresaron su inconformidad por la tardanza de las empresas en hacer efectivo el pago de utilidades o por los montos recibidos (no más de 50 pesos en algunos casos, menos de tres euros), en claro contraste con la situación de bonanza económica que conocía la industria turística quintanarroense. Tales luchas tienen una visibilidad especial en Quintana Roo por las especificidades de un mercado laboral especializado en el sector turístico. Estos movimientos podrían reflejar, de manera más general, una intensificación más amplia de las disputas por el modelo laboral si se juzga por las estadísticas oficiales, las cuales revelan que el número de asesorías solicitadas ante la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajador (PROFEDET) fue duplicado entre 2022 y 2023 a nivel nacional. La lucha por el modelo laboral en el sector turístico no se limita a la cuestión del outsourcing, y en los últimos años el gobierno mexicano ha impulsado una serie de reformas sociales que representan avances significativos en términos de regulación de la actividad. Entre estas medidas, encontramos el aumento histórico al sueldo mínimo y al número de días de vacaciones pagadas, efectivo desde 2023, mientras un proyecto de reducción de la jornada laboral está en discusión en el momento de finalizar el presente texto. Solo con tiempo se podrán medir precisamente los efectos reales de estas reformas, y el estudio de los efectos de estas políticas laborales es fundamental para entender la evolución del modelo turístico en México y la posible transición del modelo social mexicano hacia un régimen posneoliberal.

Lo anterior pone en evidencia la importancia de la cuestión laboral y la necesidad de integrar la regulación del trabajo turístico entre las prioridades estratégicas en el momento de pensar alternativas poscapitalistas. Pero el ejemplo del sureste mexicano pone en evidencia la importancia crucial de recuperar otra de las «mercancías ficticias» identificadas por Polanyi: la tierra. Aunque se trata de una tendencia histórica del capitalismo, la combinación entre mecanismos de explotación laboral, por un lado, y expropiación de la naturaleza por otro lado (Fraser 2016) adquiere una importancia específica en contextos turísticos. Trabajos recientes han mostrado el peso del fenómeno de acaparamiento de tierras vinculado con el desarrollo del turismo a nivel mundial (Neef 2021), así como el rol creciente del turismo en los procesos de gentrificación (Gravari Barbas y Guinand 2017) y, de una manera más global, el papel que ambas lógicas ocupan en lo que podría identificarse con un tipo específico de capitalismo rentista basado en el turismo (Wijburg et al. 2023).

En prácticamente toda la península de Yucatán, las lógicas de acumulación por desposesión vinculadas con el turismo se manifiestan de múltiples maneras cuya complejidad sería imposible detallar en el presente texto y fue analizada en una gran cantidad de trabajos académicos (Marín Guardado 2015; Deniau et al. 2020; Marie dit Chirot 2021; Colorado Giraldo 2022).¹⁶ Como lo ha expresado muy justamente el antropólogo Gustavo Marín Guardado en el título del libro colectivo Sin tierras no hay paraíso, el suelo representa uno de los principales activos para la industria turística y se convierte en uno de los principales objetos de conflicto en los cuales participa una gran diversidad de actores. Una de las tendencias más documentadas ha sido el ataque a la propiedad social mediante el parcelamiento y la privatización de las tierras ejidales (Torres Mazuera 2021), materializado por un número creciente de conflictos socioterritoriales (Jouault, Almeida Poot y Montañez Giustinianovic 2023). Aunque el tema de la propiedad social es clave en la península yucateca, donde el régimen ejidal representa 60 % del territorio regional (Torres Mazuera et al. 2021), el problema del acceso al suelo no se limita a las comunidades agrarias y afecta también a las poblaciones establecidas más recientemente en ciudades turísticas, en particular en el norte del estado de Quintana Roo, donde el crecimiento demográfico generado por el desarrollo turístico ocasiona una presión extrema en el suelo urbano y la demanda de vivienda (Marie dit Chirot 2015, 2021). En este contexto, la función residencial tiende a ser desplazada por otras actividades vinculadas al consumo turístico (hospedaje, comercios, parques temáticos, casas de segunda residencia, etcétera) y tanto los sectores populares como las clases medias compiten con actores de alto poder económico -sean personas físicas o empresas, nacionales o extranjeras- para poder habitar el espacio urbano-turístico. En varias ciudades costeras de Quintana Roo, el acceso a la vivienda se ve también amenazado por las prácticas especulativas de los mismos ejidatarios, quienes se dedican al jugoso negocio de la venta de tierras y se convirtieron en actores centrales del sector inmobiliario, muy lejos de la representación dominante, a veces algo romantizada, de la propiedad ejidal como «bien común».

Estas dinámicas constituyen otra faceta del proceso de remercantilización consubstancial a la «gran transformación» mexicana. Si bien la existencia de conflictos por el suelo turístico es anterior al periodo neoliberal, como en el caso de centros turísticos desarrollados en la década de 1970 y cuya creación implicó la expropiación de tierras costeras en varias regiones costeras del país, el fenómeno adquirió otra magnitud con la liberalización de la propiedad social de la tierra.¹⁷ Esto se traduce en situaciones de despojos en ciertas comunidades agrarias, cuando en otros casos los ejidos han tenido un rol activo en el fenómeno de especulación inmobiliaria en detrimento de las poblaciones asentadas más recientemente. Como en otros países, el giro neoliberal en México fue también acompañado por políticas descentralizadoras que hacen aún más complejo regular los mecanismos de mercado al transferir importantes poderes a los gobiernos municipales en términos de planeación urbana. En un contexto de fuerte competencia entre los destinos para atraer a turistas y inversiones, los planes de desarrollo urbano (PDU) municipales suelen centrarse más en la creación de oportunidades de negocios que en frenar el fenómeno de especulación inmobiliaria.

Ante un escenario tan complejo, uno de los retos que enfrentan las alternativas poscapitalistas para el turismo radica en su capacidad de incidir en las políticas públicas desde los diferentes niveles de gobierno. El reto es inmenso, pero la magnitud de los problemas actuales hace que los movimientos progresistas no puedan darse el lujo de descartarlo. Dicha estrategia implica, en efecto, un enfoque multiescalar y recordamos aquí una entrevista realizada hace unos años con un miembro del ayuntamiento del municipio quintanarroense de Puerto Morelos. Durante aquella conversación, el funcionario relató discusiones internas del gabinete en torno a la elaboración del PDU, y la necesidad de limitar el desarrollo de hoteles tipo all inclusive para privilegiar pequeños establecimientos, los cuales generarían, según el entrevistado, mayor derrama y efectos multiplicadores en la economía local.¹⁸

Este entramado de poderes incluye a las autoridades estatales y federales. En 2024, después de tres décadas de batalla legal y social, llegó a su término la lucha por la propiedad del suelo en una de las últimas colonias populares del Caribe mexicano con vista al mar, la colonia Luis Donaldo Colosio, situada en Playa del Carmen. Durante treinta años, los colonos de la «Colosio» han disputado la propiedad de sus terrenos a una sociedad inmobiliaria, la Desarrolladora de la Riviera Maya, en un contexto de incertidumbre legal y fuerte especulación inmobiliaria (Marie dit Chirot 2015, 2021). La victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) generó esperanza entre los habitantes, abriendo la perspectiva de una resolución legal del conflicto en defensa del derecho a la vivienda. Sin embargo, en 2022 la empresa pública-privada cuyo socio mayoritario era el gobierno de Quintana Roo se amparó contra un decreto presidencial que pretendía regularizar la propiedad de poco más de 5000 terrenos en esta colonia popular. Tal decisión puede sorprender, ya que el gobierno estatal es afiliado al partido presidencial y refleja la existencia de tendencias e intereses contrarios dentro de la Cuarta Transformación y la dificultad de regular el mercado del suelo en un espacio como la Riviera Maya. Durante los primeros meses de 2024, en el contexto de la campaña para la elección presidencial y cuando el sexenio de AMLO estaba por concluir, se endureció el conflicto y las autoridades federales ordenaron la disolución de la empresa y la detención de dos de sus principales accionistas.¹⁹ En septiembre de 2024, en un acto público en el cual participaron AMLO y Claudia Sheinbaum, se inició la entrega de miles de títulos de propiedad a los habitantes de la colonia, marcando el fin de una intensa lucha social empezada treinta años atrás.