Introducción

Estudios recientes sugieren que la globalización ejerce presión en los gobiernos para reducir el tamaño del gasto público; sin embargo, este fenómeno se presenta en determinados países, mientras en otro grupo de países la globalización tiene un efecto positivo sobre el incremento del gasto público. Se ha nombrado a tales efectos como la adopción de la hipótesis de eficiencia o hipótesis de compensación, donde los gobiernos nacionales deciden disminuir o aumentar el gasto dependiendo de las prioridades. Pero esta dicotomía de participación o no participación esconde más de lo que dice. Según estudios recientes, la participación de los gobiernos y los mercados más que contraponerse, se complementan y se vuelve necesario analizar sus montos, pues el mecanismo por el cual los gobiernos ejercen su participación es a través del gasto público. Intentar explicar la relación de ellos con el proceso globalizador en México es el motivo de este artículo, cuyo objetivo es analizar el vínculo entre las asignaciones de distintas ramas del gasto público en México y la globalización en el periodo de 1994 a 2015, a través un Mecanismo de Corrección del Error, el cual permite examinar directamente la cuestión longitudinal de si los cambios en dinámica de la globalización (medida a través del indicador de apertura) provocan cambios en las participaciones en el gasto; además, al correr otra serie de 1980 a 1993, se captura el impacto de los cambios en el nivel de globalización de la economía mexicana y los cambios en el gasto. Se utiliza el Índice de Vinculación Global de la Industria (IVGI) creado por Huerta (2016), el cual captura la globalización efectivamente utilizada por los países.

1. Globalización y gasto público

El debate entre la globalización y el gasto público ha estado presente por un largo periodo. Podemos asegurar con cierto grado de veracidad que el extenso proceso globalizador mundial ha ocasionado no solo una redefinición del Estado, sino también su funcionalidad para la sociedad y su pertinencia en el sistema internacional (Arxer, 2008). En este sentido, algunas voces insisten en que el papel idóneo a tomar por parte del gobierno es el de no intervenir, dejando únicamente en sus funciones activas el preparar el camino para el ingreso de las personas en el mercado global y local (Zagainov, 2005), dejando así a los otros actores las funciones redistributivas, asignativas y estabilizadoras o promotoras del crecimiento. Las discusiones han circundado ambas ideas intentando responder si el papel del Estado debe o no ser intervencionista.

“El tamaño del sector público está relacionado en cómo la relación entre mercados e instituciones ha evolucionado” (Di Matteo, 2013: 5), lo que entonces inevitablemente repercutirá en la creación o en la aparición de distintas lógicas para explicar el fenómeno dependiendo del paradigma actual, pues si bien existe una serie de puntos de vista opuestos sobre la opinión del papel del sector público, están limitados a dos polos, tal y como lo ha señalado Tanzi (2011) pueden ser descritas en funciones máximas o mínimas de gobierno. “Dada la complejidad económica del mundo moderno, la mayoría de los gobiernos caerán en algún punto entre estos polos” (Di Matteo, 2013: 5), y la dirección que tomen será “inevitablemente afectada por los vientos intelectuales prevalecientes” (Tanzi, 2011: 42) y por las características propias del paradigma en este momento: los procesos de globalización. En este sentido, los Estados deciden ceder soberanía a las instituciones supranacionales, organizaciones mundiales, a sus pares las naciones y los acuerdos y tratados, para poder construir el esqueleto que dará sustento al proceso de integración.

Las tendencias globalizadoras de la economía, presentes en la naturaleza misma del paradigma actual, no niegan sino suponen el papel del Estado y sus medios de acción a distintos niveles, desde el local hasta el global pasando por el nacional (Pérez, 2009: 7).

Las fuerzas de la globalización por si mismas dependen directamente del estado para tener la habilidad de funcionar. Los mercados, las ONG, los medios de comunicación y otras instituciones que impulsan la globalización necesitan tener algunas garantías […] el Estado sigue siendo la mejor organización para asegurar esto (Graeme, 2003: 247).

Si puntualizamos al Estado como el mejor orquestador de las instituciones que impulsan la globalización, la duda que recae y que se intentará responder es cuál debe ser el tamaño idóneo del Estado, en relación con el gasto público ejercido:

La intervención del Estado en la economía se manifiesta básicamente a través del ejercicio del gasto público, que corresponde al cumplimiento de los compromisos sociales y económicos, entre ellos la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social, la defensa nacional, el apoyo a las actividades económicas y el empleo, entre otros (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, 2003).

De acuerdo con Rodrik (2011), el Estado debe reconfigurarse sin caer en la falacia de la dicotomía entre Estado y Mercado. La expansión o crecimiento de la economía nacional se encuentra altamente correlacionada con el tamaño de la administración pública, tanto en el caso de los países ricos como de los países pobres y puesto que el Estado es necesario para preservar la legitimidad de los mercados, protegiendo a los ciudadanos de los riesgos e inseguridades de los propios mercados, se puede asegurar que los mercados y los Estados no se oponen, se complementan. En la actualidad, el Estado es la otra cara de una economía abierta y las economías de mercado que funcionan bien son una mezcla de Estado y mercado. Sin embargo, los mercados tienen prerrequisitos muy exigentes y el trilema fundamental de la economía mundial es no poder perseguir simultáneamente democracia, autodeterminación nacional y globalización económica, pues profundizar en la globalización se opone a la profundización de la democracia (Rodrik, 2011). Más, existe un problema intrínseco en esta confrontación de tripartita. La globalización, como se ha mencionado, conlleva al crecimiento de las economías y en teoría, tal como señala Rodrik, su profundización socaba la profundización de la democracia, pero a su vez “la democracia es más propicia para el crecimiento económico […] y […] hay muchas complementariedades entre las instituciones democráticas y las causas inmediatas de desarrollo económico” (Acemoglu et al., 2014 citado en Ruiz, 2015:54). A su vez, y en línea con lo mencionado, este aspecto también se encuentra bajo una perspectiva evolutiva, es decir, el proceso de democratización y de cambios no es estático, “implica la conformación de reflexiones colectivas a través de interacciones periódicas de acuerdo con el espacio definido por tiempos electorales” (Ruiz, 2015: 65), estos cambios han conllevado a cambios institucionales, estructurales y así:

Esta interacción institucional rebasa a los marcos constitucionales establecidos, así como las formas de gobiernos vigentes, las cuales se renuevan constantemente como resultado del ejercicio democrático. De esta manera la dinámica y fortaleza del sistema capitalista radica en la existencia de una interacción continua entre diversas formas de gobierno e instituciones que se transforman como producto de los procesos electorales y de los movimientos sociales, que tienden a ampliarse y generan una dinámica que se retroalimenta (Ruiz, 2015: 47).

Los “nuevos mecanismos translaciones pueden hacerse cargo de algunos asuntos, pero no son sustituto para una gobernanza real. Son insuficientes para apuntalar extensivamente la globalización económica” (Rodrik, 2011: 205). La contradicción clave se encuentra en el mecanismo por el cual se logre y los recursos para este apuntalamiento; no será el efecto de la globalización por si solo quien lleve al crecimiento del aparato del Estado, serán los ciudadanos quienes tras dado el proceso de desarrollo económico “[Llevarán] a la generación de demandas de redistribución, debido a los cambios estructurales y a la mayor educación de los ciudadanos” (Ruiz, 2015). Pues “[La globalización] no conduce mecánicamente a los sectores públicos más grandes, ya que los impuestos y gastos se establecen mediante un mecanismo político” (Ruiz, 2015); serán los ciudadanos, a través de los acuerdos con el régimen político, quienes llevarán a este crecimiento.

La globalización es el mecanismo mediante el cual los países en desarrollo pueden aspirar una mayor prosperidad en general y no se trata del enemigo a considerar, por ello se deben mantener los mecanismos para profundizarla aún más. La globalización acelera el crecimiento de las economías, reduce los costos, reduce la pobreza, pero para que todos sus beneficios decanten a la sociedad se debe superar el problema del diseño institucional débil de los países y las políticas incorrectas para lograr así promover la agenda social (Bhagwati, 2007). En el sentido de Rodrik (2011), se debe buscar una globalización inteligente antes que una globalización máxima. El actuar del Estado debe ir encaminado a promover ayudar al país y sus ciudadanos a adaptarse exitosamente al impacto de la globalización y lograr así promover una globalización inteligente, “Esta dicotomía entre mercados y Estados — entre comercio y gobierno— es falsa y oculta más de lo que revela. El intercambio comercial, y especialmente el comercio a larga distancia, no puede existir sin reglas impuestas desde alguna parte” (Rodrik, 2011: 31), por lo tanto es función de los Estados:

• Quitar obstáculos que impidan a la economía funcionar exitosamente.

• Introducir políticas capaces de lidiar con las formas perjudiciales de fracaso del mercado.

• Ayudar a los grandes perdedores producto de la apertura (Tanzi, 2004).

En otras palabras, el Estado aún posee las funciones redistributivas, asignativa y complementaria al proceso de crecimiento, esta última en conjunto con el libre mercado. Se sostiene incluso que la mencionada dicotomía entre Estado y libre mercado o laisse faire no responde a la realidad.

Dicho de otra manera, las funciones del gobierno deben recaer en el uso de los mecanismos propios del Estado para promover la infraestructura física —caminos, puertos, aeropuertos y demás obras necesarias para facilitar el movimiento de individuos y mercancías—, la asignación de recursos a la protección social (Rodrik, 2011), la fortaleza institucional y reforma a políticas que promuevan y sustenten el correcto funcionamiento del mercado, sus actores y la protección de los ciudadanos (Tanzi, 2004).

2. Proceso globalizador en México

Los actores pasivos y activos que vivieron el periodo de los ochenta como principios de los noventa fueron testigos de los vastos procesos de ajuste macroeconómico así como de los cambios radicales en la estrategia de desarrollo y política económica de México, todo esto ocasionado, entre otras razones, por los tremendos choques a las finanzas mexicanas y así mismo, por la tendencia globalizadora de los años noventa; los organismos financieros internacionales y los tratados y acuerdos binacionales y multilaterales se convirtieron, si no en los principales delineadores, sí en papel fundamental en cuanto a la guía con respecto a la política comercial y económica global.

En la penúltima década del siglo XX, la economía mexicana

había cerrado tanto la brecha externa como la fiscal que la crisis de la deuda y el choque petrolero habían abierto […] el legado de estos choques exógenos y de las políticas adoptadas para enfrentarlos fue ríspido y provocó la interrupción de proceso de crecimiento económico y una baja en los niveles de vida de la población (Moreno-Brid y Ros, 2014: 216).

Las perspectivas de crecimiento eran bajas en comparación con los niveles esperados antes de que las crisis dieran inicio, a su vez aun cuando se lograron solventar los problemas provocados, las causas de estos se atribuían como “una consecuencia ineludible de los años de proteccionismo comercial y de pesada intervención del Estado que marcó el desarrollo de México” (Moreno-Brid y Ros, 2014: 217). Con esa idea en mente, el cambio de modelo se comenzó a gestar en línea con las ideologías preponderantes en los organismos internacionales y en los otros gobiernos del mundo. Los desórdenes económicos de esos años fueron interpretados como fallas atribuibles a la interferencia del Estado, y tras una desconexión con la lógica Keynesiana, los nuevos organismos, acuerdos y tratados, se inclinaron ante la desregularización, el libre mercado y el cede de soberanía.

La búsqueda de un modelo económico abierto, estable y liberalizado se cristalizó con la formulación del Consenso de Washington (CW) en 1989, cuyas reformas de política económica estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y disciplina macroeconómica (Martínez y Reyes, 2012: 34).

“Aplicados a la vez, todos estos argumentos lograrían desplazar al keynesianismo, expulsándolo del mundo desarrollado y permitiendo que retornaran los argumentos favorables a la austeridad al calor de la última crisis” (Blyth, 2014: 339). El Consenso de Washington desarrollado bajo la línea de pensamiento neoliberal del FMI, el BM y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, encuentra su razón en la finalidad de promover el crecimiento de las exportaciones, la liberalización de las economías y el desmantelamiento del enorme corporativo que era el Estado. Esta serie de puntos a acatar buscaban proporcionar una línea cuyo logró se alcanzaría al lograr el traspaso del tutelaje del sector público al libre mercado de guiar la promoción y provisión de servicios públicos básicos, complemento de la función de marco para la actividad económica (Williamson, 2003). El consenso “alcanzado en 1989, consistía básicamente en una lista compuesta por diez medidas políticoeconómicas que era «imperiosamente necesario» llevar a la práctica” (Blyth, 2014: 341). La estrategia orientada al mercado, promovida desde finales de la década de los setenta por el FMI, la OCDE y el BM, se perfilaba obviamente en línea con la ideología que acompaña a la globalización: la apertura comercial, la privatización y liquidación de empresas estatales, incluso la mayor flexibilidad en los salarios, así como mayores estímulos a la inversión extranjera. En la búsqueda de todos estos objetivos se han firmado acuerdos para ratificar y promover esta nueva política de desarrollo –a la fecha, según datos de la Secretaría de Economía, se han firmado 12 Tratados de Libre Comercio (TLC) con 46 países–, se han privatizado y liquidado empresas estatales, incluso para fines de 1993 el sector público ya solo comprendía ciertas actividades en el ámbito de petróleo y gas, generación y distribución de energía eléctrica, energía nuclear, organismos de investigación y de fomento del sector agropecuario, la minería y otras actividades productivas, participación parcial en el abasto y comercio exterior de productos básicos; emisión de moneda, banca central y banca de desarrollo; sistemas de seguridad social y educación; y combate de la pobreza extrema.

La globalización es un fenómeno multidimensional y la exposición de la economía mexicana a ella fue en la misma línea: la firma de tratados, el levantamiento de aranceles, el acercamiento con los organismos internacionales, el recibimiento de la inversión extrajera. Todas esas cuestiones, entre otras, guían y guiaron el proceso globalizador mexicano y del resto de las economías. Por tal motivo, considerando ese carácter multifacético de la globalización, se vuelve necesario prestar atención al Índice KOF¹ de Dreher para ver las variaciones de las cuatro facetas de la globalización en México.

Sin embargo, como Huerta (2016) sugiere, el índice de globalización de Dreher refleja la globalización instalada por los países, no la efectivamente utilizada; la gráfica 1 muestra la evolución del IVGI de 1995 a 2011, comparado con el KOF y un indicador por internacionalización de la producción. También se muestra la evolución del PIB nacional en dicho periodo. Los movimientos del PIB en ese periodo parecen tener mayor sincronía con el índice IVGI que con los otros dos indicadores. A su vez, el indicador de internacionalización expone cómo el comercio internacional tuvo un incremento sostenido desde 1995 hasta 2009, donde víctima de la crisis presentó decrementos que recuperaron su nivel normal y tendencia al año siguiente. Por otro lado, el índice KOF muestra variaciones a lo largo del periodo con puntos álgidos en 1995, 2000, 2005, los cuales concuerdan con distintas ampliaciones de la apertura mexicana; en 1995 se firmaron tres TLC (uno con Bolivia, otro con Costa Rica y un tercero con Colombia y Venezuela), además en ese mismo año la OMC entra en vigor, organismo del cual México formó parte desde sus inicios. El índice KOF de globalización mide tres dimensiones distintas, por lo tanto los cambios políticos y sociales en relación con la política exterior mexicana modifican el indicador.

Gráfico 1
Evolución de indicadores seleccionados de globalización de México y el PIB
Elaboración propia con datos de Dreher (2015): www.kof.ethz.ch/globalization; Banco Mundial (2016): https://data.worldbank.org/country/mexico; Huerta (2016).

En 1995 además de la firma de los tres tratados mencionados también se aprobaron reformas para la inversión privada en telecomunicaciones –la dimensión social del índice KOF considera que el incremento en las telecomunicaciones implican mayor globalización–, se concretaron acercamientos con distintas naciones extranjeras; se establecieron convenios para evitar la doble tributación con Noruega; acuerdos para la apertura de rutas turísticas y vuelo entre Austria y México; con la Republica Checa se firma un tratado de cooperación Científica, Técnica y Tecnológica, así como acuerdos mutuos de procesamiento penal con diversos países de la Unión Europea, entre otros; estos acuerdos, convenios y acercamientos explican el crecimiento del KOF en 1995. En los otros dos periodos donde se presentan picos de crecimiento (2000 y 2005), las características fueron parecidas; ambos años se caracterizaron por el incremento de convenios, el acercamiento a través de acuerdos mutuos de cooperación, la instalación de embajadas e incluso en el 2000 México se abre al mercado Europeo con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, además de Paraguay e Israel. Por último, en 2005, se firmó el Tratado de Libre Comercio con Japón, a la fecha el comercio mexicano en Asia se encuentra principalmente focalizado en Japón, convirtiéndose en el principal socio comercial en dicho continente; para Japón, México es el país más importante con respecto a relaciones internacionales en América Latina (SRE, 2016)². Todas estas cuestiones con respecto a tratados, cambios en las políticas de inversión, acuerdos bilaterales en distintas materias, modificaron la disposición de México al mercado global y, por ende, la percepción que el extranjero tenía de la política mexicana; el mensaje era claro, el país estaba dispuesto a buscar los mecanismos para aumentar su participación en el mundo globalizado; a través de estos mecanismos, el país instala más globalización disponible, sin embargo no necesariamente se utiliza efectivamente.

La globalización tuvo efectos en la política económica que de una u otra manera influyó en las formas de la economía mexicana.

Si antes de inicios de la década de los ochenta, el sector público participaba activamente como potenciador del desarrollo, la serie de crisis macroeconómicas ocasionadas por las variaciones de los precios del petróleo y la sustancial depedencia petrolera del presupuesto público, las tasas de interés elevadas, la baja capacidad recaudatoria, dieron como resultado la necesidad de los 10 puntos enlistados, así, el objetivo recaía en la búsqueda de la estabilidad en el largo plazo. Disminuir el tamaño del sector público y su participación, así como el resto de medidas que tendían a dar seguridad a los mercados, mandaban una clara señal al extranjero: el país cambiaba su política de desarrollo; con estos cambios en el sector público, una crisis como la que había golpeado en esa década no volvería a suceder, pues el presupuesto sería austero siguiendo una línea de disciplina fiscal, a su vez —privatizando, desregularizando y liberalizando— el sector público pasaba el mando al sector privado para la promoción del comercio y crecimiento. “En este sentido, las viejas ideas fallidas que asumían que el Estado debía desempeñar un papel positivo en el desarrollo económico comenzaron a cotejarse con las nuevas convicciones neoliberales y antiestatalistas del ya exitoso y desarrollado hemisferio norte” (Blyth, 2014: 342).

“El tema [del proceso de apertura] ha estado en el discurso de la agenda mexicana de manera más señalada después de la crisis de 1982” (Puchet, Moreno-Brid, y Ruiz, 2011: 6). Si bien encuentra su raíz en el periodo del presidente De la Madrid (1982-1988), es en el sexenio siguiente (con Salinas de Gortari) que se convierte en eje central, principalmente a razón de la renegociación de la deuda externa donde entre el corolario aceptado, se acordaba “un calendario regular de compromisos financieros factibles con renovado acceso a capitales frescos del resto del mundo” (Puchet, Moreno-Brid, y Ruiz, 2011: 6), así el gobierno mexicano incluyó en su agenda permanente la realización de acuerdos y tratados de libre comercio. En esta línea y “con la idea de mandar señales claras sobre la permanencia de la apertura, México se adhiere al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) en 1986” (Gómez Chiñas, 2011: 381), esto conforma un mensaje claro para los inversionistas y el mundo entero: México cambiaba su modelo de crecimiento hacia adentro, por uno hacia afuera. La adhesión al GAAT significaba, a su vez, el mensaje del abandono al modelo de desarrollo de cuatro décadas en las cuales la intervención estatal había sido piedra angular para el crecimiento; con la firma del Acuerdo General, “se comprometió a continuar sustituyendo sus controles a la importación por aranceles” (Moreno-Brid y Ros, 2014: 218), así como su eventual reducción y la puesta en práctica de mecanismos antidumping³. No obstante, este acuerdo y el mensaje que significaba la adhesión de México, la característica más importante para la apertura Mexicana y su proceso propio de globalización, se encuentra en la creación y firma del TLCAN.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se promovió para generar crecimiento, distribución del ingreso y recuperar el poder adquisitivo que la sociedad mexicana perdió desde los años setenta. Esos objetivos se esgrimieron también para promover otros tratados económicos (Cabrera, 2015: 77).

A lo largo de las décadas, desde el inicio del proceso globalizador, la política comercial jugó un papel importante; primero con la racionalización de la protección a partir de 1984 para la eventual facilitación del acceso a los insumos extranjeros por parte de los exportadores nacionales, “de esta manera aumentarían la competitividad de las exportaciones no petroleras, principalmente de manufacturas, uno de los objetivos fundamentales de la estrategia de apertura” (Gómez Chiñas, 2011: 381) mexicana y de la adición al TLCAN. Como resultado, el sector público mexicano abandona su función de productor, cediendo al sector manufacturero privado, de motor de la industrialización orientada a las exportaciones, y de la misma manera, a la inversión extranjera como la principal fuente de financiamiento para el modelo liberalizador mexicano. “La fase culminante de la reforma comercial de México”(Moreno-Brid y Ros, 2014: 220) fue con la firma del TLCAN, la cual era la promesa del aumento del nivel de vida de la sociedad mexicana.

Durante los noventa, el TLCAN representó la promesa generacional de un futuro donde la apertura comercial con el principal mercado del mundo significaría un mayor crecimiento, productividad y generación de empleos. En tan solo 25 años la producción mexicana y su participación en el comercio mundial ha incrementado, según datos del Banco Mundial (2016); desde 1994 el comercio mexicano, únicamente con Estados Unidos, ha aumentado en 8.8% promedio anual y hasta 2015 el comercio bilateral ha aumentado en 4.8 veces, a su vez México es el tercer socio comercial de los Estados Unidos de América, solamente durante el 2015, el comercio entre ambos países ascendió a casi los 533,876 millones de dólares, cifra equivalente a casi un millón de dólares por minuto. Sin embargo, pese al crecimiento del comercio de la zona, la brecha entre Estados Unidos y México en términos de PIB per cápita (PIBpc) entre 1994 y 2016 aumentó de 2.9 a 3 veces, es decir, 6 %, en productividad aumentó 26 %.

El TLCAN firmado en 1994 se considera como un parteaguas en el desempeño de la economía mexicana, si bien es el punto álgido de una política de apertura iniciada en los ochenta, no es hasta que los caminos de la integración entre Estados Unidos, Canadá y México se formalizan con el tratado cuando se produce un verdadero desprendimiento de las políticas anteriormente aplicadas para ceder paso a la globalización neoliberal.

3. Estudios previos

Comúnmente, los estudios sobre el efecto de la globalización en el gasto público han sido discutidos bajo dos enfoques: a) Hipótesis de eficiencia y b) Hipótesis de compensación.

Ambas hipótesis encaminadas a explicar cómo responden los países a los desafíos de la globalización y cómo sus economías se desenvolverán en el nuevo entorno del orden mundial. Por un lado, la hipótesis de eficiencia es la respuesta de los gobiernos al aumento de las presiones presupuestarias que, como consecuencia, acarrea la reducción del Estado de bienestar visto a menudo como un lastre para la competitividad internacional (Dreher, Sturm, y Ursprung, 2008). Busemeyer (2009: 456) considera:

El argumento de eficiencia postula que la globalización aumenta la presión sobre los gobiernos para reducir los impuestos a fin de evitar el éxodo de móvil capital. Puesto que la integración internacional de los mercados financieros también castiga el déficit del gasto siendo así los gobiernos presionados para reducirlo.

La lógica de eficiencia favorece al gasto privado a tomar el cargo en sectores normalmente públicos como la educación, la formación, investigación y desarrollo e infraestructura, favoreciendo así y logrando mediante la reducción de la presión fiscal que la región sea competitiva para atraer flujos de capital e inversión (Tanzi, 2002).

La hipótesis de compensación, por el contrario, ejerce una presión al alza sobre el lado de la demanda del presupuesto del gobierno. En otras palabras, se produce cuando aumenta la demanda de los ciudadanos hacia el gobierno para la protección social con la finalidad de intentar mitigar la exposición a riesgos externos de la globalización. Tal como Rodrik lo menciona (2011), la gente —o las sociedades— de los países expuestos a los mercados internacionales exigen a los gobiernos compensación frente al riesgo y los gobiernos nacionales responden creando redes de seguridad más amplias; esto fija un planteamiento de cualquier análisis: si un país quiere que sus mercados se expandan, es necesario que el sector púbico haga lo mismo.

4. El actuar del Estado a través del gasto en el entorno globalizado

Dando por sentado que el objetivo del gasto en el entorno globalizado es buscar la convergencia entre el proceso de adaptación a la economía global y el crecimiento económico, hay ciertas ramas con mayor influencia en esto y debe prestárseles especial atención;

El sector público tiene una función clave en la búsqueda de la convergencia entre la adaptación a la economía global y el crecimiento. los mecanismos por los cuales los países puedan organizarse exitosamente y afrontar el impacto de la globalización deben establecerse desde los temas fundamentales de política fiscal relacionados con reformas orientadas a que una nación se adapte a los cambios de la relación global (Tanzi, 2004). Existen ciertas ramas, como la inversión, para lograr que una economía funcione en un proceso de integración (inversión en infraestructura física de conectividad, puertos y carreteras), así como la asignación de recursos de protección social para enfatizar el tránsito de los enfoques conservadores —de control de precios, conservación del empleo, planes de vivienda, sistemas de salud o salarios mínimos— a enfoques más modernos, de seguros de desempleo, capacitación, pensiones mínimas y subsidios familiares. "El gasto público puede y debe ser un poderoso instrumento de desarrollo y equidad, si se utiliza bien. En el caso contrario, se traduce en un costo alto para quienes sí pagan impuestos y en un obstáculo para el desarrollo" (Mayer-Serra, Carlos, 2013: 6).

Por lo tanto, para evaluar la asignación del gasto público es necesario analizar los resultados del Estado en: 1) gasto social y 2) gasto en infraestructura. Se considera por asignación óptima del gasto público a todos aquellos recursos que el gobierno oriente a generar un país con menos rezagos sociales y, a su vez, todos aquellos encaminados a robustecer y complementar el capital productivo. Sin embargo, ¿qué partidas son estas?, ¿cuáles ramos del gasto del sector público pueden ayudar a cumplir con ambos objetivos?

Para responder a estas preguntas se retoma la propuesta de MayerSerra (2013) quien divide el gasto productivo en dos ramas: infraestructura suave e infraestructura física. La primera de ambas engloba partidas del gasto corriente que pueden (y deben) considerarse como productivas; las partidas señaladas como infraestructura física engloban todas aquellas partidas que en la clasificación económica del gasto se encontrarían catalogadas como gasto de capital o gasto productivo.

Tabla 1

Clasificación del gasto público por tipos de inversión: física o suave

elaboración con datos de Mayer-Serra (2013).

Los gastos en los sectores arriba mencionados contribuirán a la búsqueda, a través de la inversión del sector público, de un mayor ritmo de crecimiento, así como también la generación de más y mejores empleos en la economía. Con la inversión pública impulsando sectores clave de la economía se podría cumplir con el objetivo de dinamizar las cadenas productivas y lograr así incrementar el valor agregado por insumo producido, así como un mercado interno más robusto y dinámico (Mayer-Serra, 2013). Sin embargo, por motivos didácticos y dado que la clasificación funcional permite identificar el propósito de los recursos públicos, se reportan las variaciones de acuerdo con la clasificación funcional. En la gráfica 2 se observan las variaciones de las ramas seleccionadas dentro del total de gasto público ejercido; también cómo el ramo 20 de desarrollo social es el principal componente del gasto total en las ramas seleccionadas, mientras que el gasto en infraestructura e infraestructura carretera se encuentran en los de menor participación junto con educación, ciencia y tecnología, y salud.

Gráfico 2
Evolución de la participación de las partidas seleccionadas dentro del total del gasto público, 1994-2015
Elaboración propia con datos de Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas de la SHCP.

Como menciona Moreno Brid (2016), el cambio en la agenda de desarrollo repercutió en la trayectoria de la inversión pública; la evolución del cociente de inversión (% PIB) presenta tres, quizás cuatro, fases marcadas por cambios en las pautas de sus componentes privada y pública. La primera fase se caracteriza por un incremento persistente del mismo; tan solo en comparación con el periodo estudiado, de 1960 pasó de 15.6% a 23% en 1981, paralelamente la inversión pública aumentó casi cinco puntos como porcentaje del PIB, pasando de 5.3% a 10.2% contribuyendo con ese incremento al dinamismo del cociente de inversión; en ese mismo periodo la inversión privada aumentó poco más de dos puntos y se ubicó en 12.8 del PIB para 1981. Por otro lado, en 1995 se estrena el nuevo tratado de libre comercio acompañado de una crisis que desaceleró la economía haciendo caer al PIB a 5.7%, de igual manera el total de recursos ejercidos como gasto de capital vieron una reducción de 0.7% con respecto al ejercicio anterior. Si bien para 1996 la inversión de capital se recuperó, jamás volvió a los niveles previos a la crisis del 94 La tercera fase presenta un mejor desempeño del cociente de inversión, corre de 1988 a 2008, en esos años recuperó más de nueve puntos, elevándose a 23.1% del PIB, similar al máximo previo, alcanzado en 1981. Sin embargo, la composición es distinta: con un incremento del cociente de inversión de 1.7 puntos, la inversión pública se posicionó en 24%, mientras que la inversión privada complementó el 76% restante con un cociente de inversión en aumento de casi 8 puntos del PIB. La crisis del 2009 abre una nueva fase a la baja del cociente de inversión; en 2010 cae drásticamente la inversión en capital después de haber presentado un nivel de inversión constante desde 2006. Le tomará tres años volver a crecer y tan solo uno volver a reducir. En 2015 el cociente de inversión se situó en 21,7% del PIB; su caída es atribuible al recorte de la inversión pública en términos reales, la cual tuvo su registro más bajo en toda la década situándose en 3.7% del PIB.

Después de observar incrementos exponenciales de los precios internacionales de las materias primas y en particular del petróleo de 2009 a 2013, el sector energético tuvo un desplome a partir de 2014, iniciando un prolongado proceso que culminó con la pérdida de casi 80% del valor de venta del combustible fósil. México, en una posición adversa frente a la volatilidad de los precios a causa de la dependencia del sector público con respecto a los ingresos petroleros, tuvo que ajustar las políticas para hacer frente al problema recaudatorio; tomando una postura restrictiva enfocada primordialmente en el aumento de los impuestos y la disminución del gasto público en ciertos rubros. Tres factores claves conformaron la Reforma Hacendaria de 2014: aumento de IEPS, de ISR e IVA para productos específicos, dando como resultado un incremento de recaudación de 0.6 a 2.0 con respecto del PIB y de 5.6 a 6.7 % respectivamente. El IVA se mantuvo sin variaciones (SHCP, 2016).

Por otro lado, el ajuste del gasto redujo primordialmente el gasto tanto en energía, como el gasto destinado a infraestructura, que desde 2009 ya venían sufriendo recortes en sus presupuestos. En este contexto es importante mencionar que la política mexicana ha sido de corte procíclica, con tendencias regularmente crecientes del gasto total en periodos de crecimiento económico y reduciendo el gasto en periodos de desaceleración, y de posible recesión, esto ayuda a la postura mencionada de austeridad fiscal tendiente a contribuir en el largo plazo a alcanzar los objetivos de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas equilibradas. Esta postura de austeridad tiene carácter selectivo en las finanzas públicas mexicanas.

Existen partidas que año con año presentan crecimiento sostenido, otras únicamente muestran ligeras modificaciones con respecto a su año anterior. El gasto de infraestructura dura ha sido de los más castigados presupuestalmente con incrementos pequeños y reducciones más drásticas cuando el desempeño de la economía nacional y la falta de recursos públicos lo requieren, por otro lado los gastos en educación, salud y desarrollo social han visto aumentos en su participación como porcentaje del PIB. La austeridad del sector público presupuestario ha tendido a castigar el gasto productivo y beneficiar el corriente.

La consolidación del mercado globalizado ha supuesto […] en la mayor parte de los países desarrollados la crisis de las políticas públicas de desmercantilización y el desarrollo de un proceso de privatizaciones […] Nos encontramos en una etapa de remercantilización social, que ha originado lo que se ha denominado el ‘declive de lo público’, y que ha supuesto la desmantelación del estado de bienestar, o al menos, del modelo existente en los años sesenta (Pérez, 2009).

5. Análisis empírico

5.1 Un primer punto a considerar

Un hecho importante en aquellos trabajos que estudian la dinámica del gasto público y la globalización es que las observaciones utilizadas inician a mediados de la década de 1990, esto captura el efecto iniciado por el proceso globalizador, se olvida del punto de quiebre y lo anterior a este, en ese sentido, aunque se puede comparar resultados transversalmente al analizar los datos de distintos países, no se logran apreciar los cambios pre y post globalización. Por otro lado, la mayoría de los estudios se enfocan en estudiar los niveles de globalización y gasto. Sin embargo, si la dinámica de la globalización de verdad influye sobre la estructura del gasto público, se debe considerar un modelo que permita capturar y asociar el efecto de los cambios en apertura y gasto (Busemeyer, 2009).

Retomando el primer punto, es necesario extender el tiempo de análisis a más allá de 1994, porque ese año es parteaguas en la estructura de la dinámica de la economía mexicana, pero no permite divisar el cambio producido por el cambio estructural. Si el interés es identificar los vínculos entre la apertura mexicana a la economía global y el gasto público, se vuelve necesario tomar periodos más largos para reflejar el paradigma de dos lógicas económicas distintas. A partir de la década de los noventa, la carrera mexicana hacia la apertura al mercado global se agiliza, la firma del TLCAN, la ratificación de convenios multilaterales y bilaterales, la inscripción de México al club de la OCDE, sin embargo, en la década de los ochenta es cuando se produce el cambio estructural para iniciar el camino de la economía mexicana hacia la apertura.

5.2 Datos y método

Puesto que el objetivo fundamental es analizar al gasto total en todas aquellas ramas que propician la convergencia entre la apertura a la economía global y el crecimiento, este análisis emplea diferentes variables dependientes para capturar el efecto de la internacionalización económica en cada una de esas ramas del gasto público. Para este objetivo se utilizan datos del gasto neto del sector público total, infraestructura, inversión carretera, inversión pública, educación, energía, salud, ramo 20, ramo 28, servicios personales y ciencia y tecnología,⁴ con esto se busca encontrar si el efecto de la internacionalización presentó variaciones entre distintos tipos de gasto. Todas las series, salvo el gasto en ciencia y tecnología, abarcan un periodo de 1980 a 2015. Por motivos de cambios en los registros de las partidas de los distintos fondos de ciencia y tecnología, así como falta de registros de los mismos,⁵ se vuelve incompatible la serie de 1994 a 2015 con los datos de años anteriores. La separación de ambos periodos para su análisis se debe al cambio de política económica iniciado en los ochenta que vio su punto álgido en la firma del TLCAN, así como la utilidad de un punto de comparación en el tiempo de una serie con respecto a otra; si bien podríamos considerarlo como un proceso sostenido desde dicha década, el TLCAN implica la profundización y la clara señal a los mercados internacionales que el país cambiaba su modelo de desarrollo. Por otro lado, la selección de las ramas mencionadas se debe a que en un entorno globalizado los esfuerzos para la adaptación de la economía global deben ir encaminados en la complementación del libre mercado a través de la inversión pública en infraestructura y en gastos para complementar y adaptar las condiciones a la economía global. De igual manera, ante la apertura al mercado global, el gasto en desarrollo social (expresado en los montos del ramo 20, educación y salud) vea modificaciones en los montos asignados ante la necesidad de compensar en un sentido de ciclo virtuoso y fungir de esa manera como equilibrador del deterioro que el impacto económico de la apertura y los riesgos externos puedan ocasionar o ante la necesidad de eficientar al sector público, es decir, reducir el tamaño de ciertas partidas y la intervención del Estado en el sentido de la carrera hacia al fondo. La incorporación del ramo de servicios personales se explica a razón de medir el tamaño del Estado mexicano a través de los sueldos y salarios que paga.

La más importante variable independiente es, por supuesto, la globalización. Primeramente se intenta comprobar su efecto sobre el gasto público utilizando el índice KOF, pero el resultado obtenido no fue significativo en todos los casos, aun considerando individualmente las tres modalidades de la globalización que el índice reporta, por ello se tuvo que sustituir este índice por un indicador de apertura, el cual refleja la participación de las exportaciones e importaciones en el PIB; los datos fueron obtenidos de la base de datos del Banco Mundial.

Se tomó como referencia principal para la construcción del modelo a Busemeyer (2009), quien analiza los cambios en el total del gasto público, subsidio y gasto corriente a partir de la globalización utilizando un modelo MCE; también se revisó a Rickard (2012), quien analiza el mismo fenómeno a través de MCE enfocado en los gastos en subsidios y transferencias; con base en ambos artículos se incluyen variables demográficas como desempleo, radio de la dependencia y producto interno bruto per cápita. Además, por el supuesto de que aquellos países con gobiernos democráticamente electos pueden tender a incrementar sus niveles de gasto en bienestar social dada la exigencia del electorado a través de las urnas de una compensación ante las fallas del libre mercado para decantar los beneficios a todas los niveles de la distribución poblacional (Ruiz, 2015), se agrega una variable de democracia, medida con del índice PolityIV el cual se reporta anualmente y oscila entre los valores del 0 a 10, donde 10 son aquellos países con mayores índices de democracia. Por último se agrega la variable inversión privada. Todos los datos fueron deflactados con el deflactor del PIB a base 2008 y convertidos en logaritmos.⁶

Los datos son analizados utilizando un Modelo de Corrección del Error (MCE), de acuerdo con Rickard (2012), al usar este método es posible examinar directamente la cuestión longitudinal de si los cambios en dinámica de la globalización (medida a través del indicador de apertura) provocan cambios en las participaciones en el gasto. Al correr el MCE obtenemos las elasticidades de los gastos públicos a largo plazo con respecto a la globalización. De acuerdo con Rickard (2012), el MCE es particularmente útil para este tipo de análisis porque estiman las cantidades de interés que elucidan tiempo de los efectos del comercio internacional sobre el gasto interno. Además el modelo de corrección de errores se basa en la idea de que las tendencias a largo plazo de las variables independientes están causalmente relacionadas con las tendencias a largo plazo en los grupos dependientes, pero hay efectos transitorios a corto plazo.

Sin embargo, dado que la estimación de la elasticidad del gasto público puede generar relaciones espurias mediante la herramienta tradicional de regresión por mínimos cuadrados (MC) en series de tiempo, se debe antes comprobar que las mismas series cumplan con la condición de estacionaridad y cointegración para poder utilizarlas. En ese sentido, se prueba primero, a través del método de Dickey-Fuller Aumentado (DFA) y de la prueba de Phillips-Perron (PP), que no exista presencia de raíz unitaria, es decir, las series deben seguir un proceso estacionario. En el cuadro 4.2 se muestran los resultados del test de raíz unitaria por ambos métodos, así como el orden de integración de las series, en todos los resultados reportados las series tienen un orden de integración de (1), por lo tanto son integradas de orden uno; en niveles las series —o la mayoría de ellas— siguen un proceso no estacionario, sin embargo al hacer las pruebas con las primeras diferencias se vuelven estacionarias.

Tabla 2

Resultados de prueba de raíz unitaria⁷

elaboración propia con datos de la Presidencia de la Republica, BM, INEGI y SHCP.

Tabla 2 (continuación)

Resultados de prueba de raíz unitaria

Aun cuando las series cumplen con el primer requisito para utilizar MCE, es decir, son series estacionarias, es necesario saber si las mismas cointegran. En la tabla 3 se reportan las respectivas pruebas de cointegración de las series. Todas las series, salvo comunicaciones y transportes, pasaron el test de cointegración con una probabilidad de 0.05. La serie mencionada no cointegra, por eso será excluida del análisis.

Con el objetivo de capturar el impacto de los cambios en el nivel de globalización de la economía mexicana y las dinámicas (cambios) del gasto público, se corren dos series de tiempo con distintas variables dependientes, una primera de 1980 a 1993 y otra de 1994 a 2015.

5. Resultados

Con la finalidad de capturar el efecto de la globalización efectivamente utilizada en el país por cada año, se utiliza el IVGI de Huerta (2016), quien divide la globalización en dos tipos: globalización instalada y globalización efectivamente utilizada, la cual supone el acaparamiento de la globalización instalada utilizada por complejo industrial. El gasto público en alguna rama específica puede tener mayor efecto si se relaciona con la globalización efectivamente utilizada, y no con toda la instalada. El indicador comprende los cambios de acaparamiento anuales de 1995 a 2011, por lo tanto su lectura debe ser con relación de corto plazo (anual), sin embargo permite de la misma manera explicar los cambios sutiles en la globalización efectivamente utilizada de año con respecto a otro.

Para empezar, lo más relevante al utilizar esta otra medida de globalización es que todas las ramas de gasto catalogadas como infraestructura dura salen significativas, la mayoría de ellas conserva la relación negativa salvo el gasto carretero, esto se podría explicar con base en que los cambios de la globalización utilizada efectivamente tienen una relación positiva con el incremento del gasto en carretera, es decir, aunque al capturar el efecto de la globalización en el largo plazo (con el indicador de internacionalización) la relación que mantiene gasto en carretera y globalización instalada es negativo, si se considera la globalización efectivamente utilizada presenta una relación positiva, pues los cambios sutiles de un año sí lleva a que se realicen inversiones estatales en gasto carretero que se enfoquen en el uso para esa globalización utilizada. En otras palabras, la parte del gasto total que acapara la globalización utilizada sí es positivo y significativo, en tanto la globalización instalada como un todo pierde relación positiva por la característica ociosa de esta.

Tabla 4

Regresión por el Mecanismo de Corrección de Errores con IVGI

Estimaciones propias.

Por otro lado, con el indicador IVGI, todos aquellos gastos sociales o de infraestrucutura suave pierden significancia e incluso al considerar la variable trend se encuentra que anualmente se presentan ajustes a la baja entre IVGI y las ramas del gasto analizadas, esto es, en el corto plazo los cambios de globalización utilizada no tienen relación alguna con los gastos sociales. Lo que se puede interpretar como la desconexión del carácter social con la globalización.

Sin embargo, el efecto de la globalización, así como su influencia en el gasto público, debe considerarse como un fenómeno acumulativo, el cual en el largo plazo contribuirá para la adaptación a la economía global y reflejarse en beneficios. Para poder refutar o ceder esta aseveración se utiliza un indicador de internacionalización para capturar el efecto en el largo plazo y cómo se ha modificado. De esta manera encontramos que antes de 1994, cuatro de las nueve ramas analizadas —sin contar gasto público total, ni ciencia y tecnología— presentaban una relación positiva con la apertura. El camino de la economía mexicana a la apertura global se encontraba complementado con el gasto en infraestructura, inversión carretera, inversión pública y el ramo 20 que engloba todos aquellos gastos dirigidos a desarrollo social. Después de 1994 la relación de estos gastos se vuelve inversa, en otras palabras, por cada punto porcentual que aumentó el índice de apertura, los gastos se redujeron en distinto porcentaje para cada rama. Sin duda alguno esto va en línea con la lógica neoliberal de la apertura, sin embargo, si el Estado es el mejor orquestador y complementador de las fallas del libre mercado y para que todos los beneficios de la globalización decanten en la sociedad se necesita de su participación como complementador, esta ha sido ineficaz y ha desempeñado un papel contrario al que debería. La única rama que presenta una relación positiva entre el incremento de la apertura y el incremento del gasto es aquella dirigida a ciencia y tecnología, aunque la participación de esta rama como porcentaje del gasto total solamente ha incrementado en .08% desde 1994, pareciera que este incremento sí se encuentra en relación con el incremento de la apertura. Esto sin duda alguna va en línea con lo esperado; uno de los beneficios de la globalización es detonar la inversión en ciencia y tecnología. De acuerdo con Pérez (2009), nos encontramos en el intervalo de reacomodo donde la acción estatal reactivadora y reguladora contribuye a construir las condiciones favorables para el periodo de despliegue, sin embargo por ese mismo motivo no podríamos decir con toda certeza que sea voluntad política lo que guie la decisión del gasto en ciencia y tecnología, sino las mismas fuerzas globalizadoras que, como en ocasiones anteriores de las fases del desarrollo de la sociedad siguen sus propios ciclos arrastrando el desarrollo en ciencia y tecnología como generador de fuerza cíclica. Hay cuestiones como desarrollo social e infraestructura que no siguen esta lógica; el impulso para ellas poco tiene que ver con la globalización —al menos en México— y más tiene que ver con la voluntad política, aun cuando como reiteradamente se ha dicho, la inversión en estas dos ramas complementa el actuar del libre mercado.

La tabla 5 sirve para catalogar de manera didáctica el efecto en la dinámica del gasto público en relación con la globalización. El gasto debe contribuir a converger entre la adaptación a la economía global y el crecimiento, pero esto ha variado en la política fiscal mexicana pre y post globalización y podemos divisarlo fácilmente con los resultados encontrados de tal manera que en la mayoría de las ramas sí existía, antes de 1994, una contribución en busca de esta convergencia, ella se deslinda del objetivo e incluso podríamos decir que actúa contra él. Los movimientos de otras ramas —salud, educación y ramo 28 de transferencias a estados y municipios—, presentados en los montos asignados, parecen no ser significativos, pese a los incrementos no se encuentra una relación positiva o negativa. El efecto anotado en la última columna de la tabla refleja el cambio con respecto al periodo anterior (19801993), con tal podemos sugerir que el incremento en el nivel de apertura no fue complementado con gasto en las ramas esperadas.

Los cambios en el grado de apertura del país han provocado diversos efectos en la distribución del gasto público, pese a que año con año el gasto ha aumentado e incluso hay ramas que han visto incrementos del 150%, en el sentido de la idoneidad de las funciones del gasto en el entorno globalizado el ciclo no se ha concluido. Existe una desconexión entre el incremento del gasto y su significancia cuando se habla de su utilidad en el camino de la globalización. Si retomamos el trilema de la globalización, donde democracia, mercado y Estado se complementan más que contraponerse para contribuir al crecimiento de las economías en la era de la globalización, la lógica que ha seguido México en su camino a la economía global, falta de —mínimamente con lo que podemos comprobar con este trabajo— uno de estos tres pilares. Desde que el país inició su proceso de apertura ha sido acompañado con políticas de austeridad en materia de inversión que han constreñido a tal grado la participación del Estado en la economía, que el proceso globalizador no se ha visto complementado ni siquiera en las ramas más básicas para su mayor beneficio.

Conclusiones

El análisis nos permite identificar los cambios en el gasto en dos periodos distintos con lógicas económicas distintas, de tal manera que el cambio estructural de la economía mexicana se refleja en esos años analizados. Se inicia con una primera observación en un periodo de 1994 a 2015 y un sesgo a favor de la teoría de la compensación del gasto. Al extender el periodo a 1980-1993 es posible formar una imagen más completa de los cambios a largo plazo producido por el incremento de la globalización; esta extensión de las observaciones es más que una decisión técnica, es esperado que los complejos cambios en la política económica tomen tiempo en reflejarse.

Como mencionamos anteriormente, el efecto del gasto es distinto dependiendo de la medida de globalización utilizada; esto responde a la cualidad multidimensional de la globalización y la utilidad del gasto en cada una de estas cualidades, motivo por el cual la significancia o relación que tienen entre ellas las variables, varían dependiendo del indicador.

Al dividir la globalización en flujos comerciales, globalización instalada y efectivamente utilizada, nos permite concluir que si bien el gasto puede modificar los flujos comerciales, este efecto no se presenta cuando consideramos globalización instalada, lo que se puede entender como la adaptación de la lógica de la carrera hacia el fondo, es decir, mayor gasto a través de la recaudación puede reducir la instalación de la globalización, dado que los países pierden competitividad al aumentar los impuestos que pueden aumentar el gasto. Por otro lado, la globalización instalada si posee relación con el gasto y ha sido esta globalización la que ha mostrado tener relación con el crecimiento de las economías (Huerta, 2016), el gasto público en relación con la profundización de la globalización efectivamente utilizada puede conservar su carácter virtuoso y complementador de la adaptación a la economía global.

Antes de 1993 existía una relación positiva entre el gasto publico ejercido y la globalización del país, lo que se puede entender como la preparación a través de los mecanismos del Estado para la adaptación a la economía global, después de 1994 esta relación cambia, la adscripción del país a los distintos organismos internacionales y la adaptación del modelo neoliberal contribuyeron a su cambio siguiendo la retórica para la adopción de la globalización neoliberal, sin embargo en términos absolutos el gasto ha aumentado, aun cuando mayor cantidad de gasto no ha implicado mejor adaptación. Por otro lado, se concluye que con la globalización no se ha potenciado el gasto productivo —como Kneller et al. (1999) encuentra en algunos países de la OCDE, o Choifor (2010) en los países escandinavos—, así como tampoco ha implicado el mejoramiento de la política social. Las medidas analizadas conforman, en forma conjunta, una definición de globalización instalada y efectivamente utilizada; pero, el objetivo de separarlas para poder analizar su efecto en el gasto o viceversa nos brinda un panorama para comprender como los gobiernos interactúan con ambas a través del gasto. La política económica mexicana ha condicionado la adaptación a la globalización, debido a que la política de austeridad implementada gobierno tras gobierno no ha ayudado a complementar el proceso globalizador ni en su fase de instalación, ni utilización.

Bibliografía

Alberro, I. (2010), “Impacto de la economía política en la administración pública: liberalismo económico y democracia”, en J. L. Méndez, Los grandes problemas de México, Editores e Impresores Profesionales, EDIMPRO, México, pp. 85-104. http://2010.colmex.mx/16tomos/XIII.pdf [20 de enero de 2016].

Arxer, S. L. (2008), “Adressing postmodern concerns on the border: globalization, the nation-state, hybrity, and social change”, Tamara Journal, vol. 7.2, núm. 183. http://alk.nazwa.pl/tamarajournal.com/index.php/tamara/article/view/77/68 [19 de febrero de 2016].

BM (Banco Mundial) (2016), World Development Indicators. http://data.world-bank.org/data-catalog/world-development-indicators [20 de agosto de 2016].

Bhagwati, J. (2007), In Defence of Globalization: With a New Afterword, Oxford University Press, Nueva York.

Blyth, M. (2014), Austeridad: historia de una idea peligrosa, Crítica, México.

Busemeyer, M. R. (2009), “From Myth to Reality: Globalization and Public Spending in OECD countries revisited”, European Journal of Political Research, vol. 48, pp. 455-482. http://www.mpifg.de/pu/mpifg_ja/EJPR_48_2009_Busemeyer.pdf [11 de octubre de 2015].

Cabrera, S. (2015), “Las reformas en México y el tlcan”, en Problemas del Desarrollo, pp. 77-102. http://www.probdes.iiec.unam.mx/numeroenpdf/180_v46/04art_Cabrera.pdf [10 de abril de 2016].

CEFP (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas) (2012), Dependencia petrolera de las Finanzas Públicas de México, LXI Legislatura Cámara de Diputados, México. http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2012/julio/notacefp0462012.pdf [19 de abril de 2016].

Choifor, I. (2010), The relationship between globalization and public spending: empirical evidence from the nordic countries, Lund University, Lund, Suecia. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1545840&fileOId=1647189 [3 de septiembre de 2015].

Di Matteo, L. (2013), Measuring Government in the Twenty-first Century, Fraser Institute, Canada. https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/measuring-government-in-the-21st-century.pdf [10 de noviembre de 2015].

Dreher, A., Sturm, J.-E., & H. W. Ursprung (2008), “The Impact of Globalization on the Composition of Goverment Expenditures: Evidence from Panel Data”, Public Choice, vol. 134, núms. 3/4, pp. 263-292. http://www.jstor.org/stable/27698227 .

Gómez Chiñas, C. (2011), “El TLCAN, un modelo agotado: opciones de política económica”, en R. M. Buzo, & V. M. Cuevas, La integración económica: balance de un proceso inconcluso, EON, México, pp. 381-400.

Graeme, G. (2003), The Nature and Development of The Modern State, Palgrave Macmillan, Nueva York.

Huerta, C. (2016), El ascenso industrial en las cadenas globales de suministros y el vínculo con el crecimiento económico de la economía mexicana, 1994-2012, tesis de Maestría. Hermosillo, Sonora, México. http://www.integracioneconomica.uson.mx/wp-content/uploads/2016/05/CarlosHuerta-Version.-El-ascenso-industrial-en-las-cadenas-globales-de-suminitros-y-el-vinculo-con-el-crecimiento-de-la-economica-mexic-ana-1994--2012.pdf [15 de junio de 2016].

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2014), Estadísticas históricas de México 2014, INEGI, México.

Kneller, R., Bleaney, M., & N. Gemmell (1999), “Fiscal policy and growth: evidence from OECD countries”, Journal of Public Economics, pp. 171-190. http://www.mathematik.uni-ulm.de/wipo/lehre/ws200708/public_economics/Kneller_Bleaney_Gemmell [20 de octubre de 2016].

Martínez Rangel, R., & E. S. Reyes Garmendia (2012), “El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en América Latina”, Política y Cultura, pp. 35-64. http://www.scielo.org.mx/pdf/polcul/n37/n37a3.pdf [3 de abril de 2016].

Mayer-Serra, Carlos (2013), ¿Como gastar mejor para crecer?, IMCO, México. http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2013/09/C%C3%B3mo_Gastar_mejor_para_crecer.pdf .

Moreno-Brid, J., & J. Ros (2014), Desarrollo y Crecimiento en la Economía Mexicana, Fondo de Cultura Económica, México.

Pérez, C. (2009), “La otra globalización: los retos del colapso financiero”, Problemas del Desarrollo, pp. 11-37. http://www.carlotaperez.org/down-loads/pubs/CPLaOtraGlobalizacion.pdf .

Presidencia de la República (1989), Anexo Estadístico del Primer Informe de Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, Presidencia de la República, México. http://lanic.utexas.edu/larrp/pm/sample2/mexican/gortari/1/8900069x.html [10 de abril de 2017].

Presidencia de la República (1998), Anexo Estadístico del Tercer Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidencia de la República, México. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/anexo-ig97.html [28 de marzo de 2017].

Presidencia de la República (2011), Anexo Estadístico del Quinto Informe de Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Presidencia de la República, México. http://calderon.presidencia.gob.mx/informe/quinto/anexo-estadistico/ [28 de marzo de 2017].

Presidencia de la República (2016), Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto, Presidencia de la República, México. https://framework-gb.cdn.gob.mx/cuartoinforme/4IG_Anexo_Estadistico_TGM_26_08_16_COMPLETO.pdf [1 de abril de 2017].

Puchet, M., J. C. Moreno-Brid & P. Ruiz (2011), “La integración regional de México: condicionantes y oportunidades por su doble pertenencia a América del Norte y Latinoamérica”, Journal of Economic Literature, pp. 3-36. http://www.economia.unam.mx/publicaciones/nueva/econunam/23/01morenobrid.pdf [10 de abril de 2016].

Rickard, S. (2012), “Welfare versus Subsidies: Governmental Spending Decisions in an Era of Globalization”, The Journal of Politics, pp. 1171-1183. http://personal.lse.ac.uk/RICKARD/jop.pdf [23 de octubre de 2015].

Rodrik, D. (2011), The globalization paradox: Democracy and the Future of the World Economy, W. W. Norton & Co., Nueva York.

Ruiz, C. (2015), “Estructuras e instituciones del capitalismo”, en C. Ruiz Duran, Crisis y rediseño del capitalismo en el siglo XXI, Porrua, México, pp. 47-72.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2006), Apartados presupuesto. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2006/temas/expo_motivos/em02.pdf

Secretaría de Relaciones Exteriores (2016), Historia de la relación bilateral. https://embamex.sre.gob.mx/japon/index.php/es/embajada/relacion-politica/historia-de-la-relacion-bilateral [13 de abril].

Tanzi, V. (2002), “Globalization and Future of Social Protection”, Scottish journal of Political, pp. 116-122. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-9485.00224/epdf .

Tanzi, V. (2004), “La globalización y la necesidad de una reforma fiscal en los países en desarrollo”, Iniciativa especial de comercio e integración, pp. 7-10. Obtenido de http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/35309698.pdf

Tanzi, V. (2011), Government Versus Markets: The Changing Economic. http://www.ifhc.org.br/div/government_versus_markets_vito_tanzi.pdf [12 de noviembre de 2015].

Williamson, J. (2003),” Our Agenda and the Washington Consensus”, Peterson Institute for International Economics, pp. 323-313. http://www.piie.com/publications/chapters_preview/350/appiie3470.pdf [22 de marzo de 2016].

Zagainov, Y. (2005), “A ‘fair globalization’: International Law aspects”, International Affairs, núm. 37.

Notas