De lo extremo a lo imposible: los efectos de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 en los derechos a la salud, la vida y la integridad de las mujeres privadas de libertad en Santa Martha Acatitla, México

From the Extreme to the Impossible: Effects of the Pandemic Provoked by the Virus SARS-CoV-2 on the Rights to Health, Life, and Integrity of Incarcerated Women in Santa Martha Acatitla, Mexico

Introducción

Un año después de la aparición del virus SARS-CoV-2, muchas personas alrededor del mundo hemos perdido a seres queridos y experimentado la suspensión de las actividades económicas, mientras vemos de qué manera se transforma el modo de relacionamos. Como ocurre en cada país, en México la epidemia ha tenido sus propios efectos sociales. Con el propósito de contener la propagación del virus, el 24 de marzo de 2020 las autoridades sanitarias anunciaron el inicio de la denominada Jornada Nacional de Sana Distancia que, entre otras medidas, ordenaba la suspensión de clases presenciales, eventos masivos y otras actividades consideradas “no esenciales”. La indicación para la ciudadanía fue evitar los espacios públicos y las interacciones sociales; quienes tuvimos el privilegio nos resguardarnos en casa, mientras que otras personas —enfermeras, médicas, vigilantes, etc.— cuidaban de las y los enfermos, o bien otros oficios que obligan a salir a las calles para garantizar el sustento familiar. Desde los primeros meses fue evidente que las consecuencias directas e indirectas de la pandemia no eran uniformes. Para algunas personas la emergencia sanitaria ha representado una oportunidad para expandir los horizontes de convivencia, innovar en las estrategias de trabajo y reflexionar sobre lo frágiles que somos como especie. Pero otros sectores de la población solo han tenido tiempo para buscar cómo sobrevivir ante el deterioro de sus fuentes de ingreso, el incremento de la pobreza y los obstáculos para acceder a los servicios esenciales.

La pretensión de neutralidad con la que todavía algunos y algunas insisten en aproximarse a los fenómenos sociales es insostenible en un contexto de emergencia como el que vivimos en estos momentos, donde las desigualdades son más evidentes que nunca. Una de las herramientas que nos ayudan a identificar los efectos diferenciados de la pandemia es la perspectiva de género, con la cual observamos que las madres trabajadoras han visto duplicadas o triplicadas las jornadas de trabajo al asumir completamente el cuidado de sus hijos/as, las labores domésticas y el apoyo económico de la familia ampliada, mientras tratan de cumplir con sus responsabilidades laborales.[2] También en el contexto doméstico, las organizaciones de derechos humanos han advertido que las denuncias por violencia familiar y las solicitudes de medidas de protección para mujeres por actos de violencia se han incrementado desde que comenzó la Jornada de Sana Distancia[3] y los propios juzgadores de la Ciudad de México admiten que “es claro que las mujeres están más vulnerables al permanecer encerradas 24/7 con sus agresores”.[4] En el ámbito laboral los despidos provocados por la suspensión de las actividades económicas durante la pandemia también afectan de manera diferenciada a las mujeres, quienes en muchos casos son las principales responsables del sostén económico de sus familias y tienen a su cargo a niños y niñas menores de edad (Olivares Alonso, 2021).

Así, podemos recorrer cada espacio y grupo social, hasta llegar a las prisiones mexicanas, donde habitan más de 10.611 mujeres en condiciones de alta marginación y vulnerabilidad (INEGI, 2016). El presente artículo está dedicado a reflexionar sobre el impacto que ha tenido la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 en la vida y los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad en el Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla, ubicado al oriente de la Ciudad de México. Como se expondrá en el cuerpo del artículo, desde el inicio de la epidemia la cárcel ha pasado de ser un espacio extremo para alcanzar los límites de lo imposible; la escasa visita en los centros femeniles disminuyó radicalmente, la pobreza es más profunda, las actividades educativas y laborales se interrumpieron, la ayuda del exterior dejó de llegar, los procesos judiciales se paralizaron. Existe angustia por la falta de información sobre la evolución de la pandemia; el miedo al contagio es permanente y el encierro como tal se intensificó.

Para articular las experiencias indecibles que enfrentan las mujeres privadas de la libertad durante la pandemia y “contagiarnos” de sus estrategias de supervivencia (Colectivo Mujeres en Espiral, 2020), el estudio se desarrolla en tres apartados. Comenzamos con la descripción de la estrategia metodológica para acercarnos a las mujeres privadas de la libertad desde el confinamiento sanitario y las complicaciones que enfrentamos al tratar de acceder a la información por medios oficiales. Los resultados de la investigación se exponen en el segundo apartado, donde analizamos los efectos sobre la vida, salud e integridad personal de las mujeres encarceladas en Santa Martha Acatitla. Finalmente, el artículo concluye con un pronunciamiento sobre los fines del encarcelamiento y el uso de las medidas alternativas a la prisión en contextos de emergencia.

Maniobras metodológicas para acercarnos a las mujeres privadas de la libertad, desde el confinamiento y la sana distancia

En todo estudio que pretende analizar las condiciones en las que se encuentran las prisiones y las personas que habitan en ellas, el acceso a la información es siempre un reto. Con el argumento de garantizar la seguridad dentro y fuera de las prisiones, las autoridades suelen restringir el acceso a los centros de reclusión para la realización de estudios sistemáticos y los registros públicos por lo general son incompletos, contradictorios o poco confiables (Ramírez de Garay, 2017). Para acercarse a la realidad de las prisiones, la academia y las organizaciones de derechos humanos se han apoyado en encuestas (Azaola, 2007; Pérez Correa, 2015) y otras herramientas de análisis social, como la entrevista (Orozco Torres, 2014; Azaola y José, 1996), la etnografía (Salinas Boldo, 2019) y las historias de vida (Azaola, 1996; Giacomello, 2013). Por parte del Colectivo Mujeres en Espiral, la aproximación al encarcelamiento se ha logrado mediante el trabajo conjunto con las mujeres privadas de la libertad, implementando estrategias de investigación/acción que integran herramientas del arte, la pedagogía, la perspectiva de género y el litigio estratégico. La presencia del Colectivo Mujeres en Espiral en el CEFERESO Santa Martha Acatitla se mantuvo constante a lo largo de doce años; sin embargo, como señalamos anteriormente, la pandemia nos sacó de la cárcel. Las acciones implementadas por las autoridades mexicanas para contener los contagios del Covid-19 nos confinaron a nuestros hogares y restringieron el ingreso a los centros penitenciarios; en lugares como Santa Martha los familiares de las reclusas podían visitarlas siguiendo estrictos protocolos, pero el ingreso de colectivos y agrupaciones de la sociedad civil fue suspendido. Asimismo, los mecanismos de acceso a la información pública permanecieron cancelados hasta el primer semestre del 2021, de manera que no contábamos con canales oficiales para conocer cómo afectó la pandemia la vida en las prisiones y cuáles medidas tomaron las autoridades para proteger los derechos humanos de las personas que en ellas habitan.

Lo que sabíamos al inicio de la pandemia y hasta finales del 2021 es que las medidas sanitarias provocaron que, de un día para otro, las mujeres privadas de la libertad en cárceles como Santa Martha Acatitla se quedaran sin el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones religiosas y otros colectivos que acuden cotidianamente a las prisiones para impartir cursos y talleres. También se reforzaron las medidas de seguridad para el ingreso de las personas que acuden como visita, lo que generó que muchas mujeres perdieran el contacto con sus familias, quienes en cada encuentro transportan los alimentos, ropa, productos sanitarios y otros insumos esenciales que el sistema penitenciario omite proveer. Al mismo tiempo, las reglas de los centros penitenciarios impiden que las internas se comuniquen con el exterior a través de recursos electrónicos, como el correo electrónico y los teléfonos celulares, profundizando el aislamiento. Los teléfonos que funcionan con tarjetas son el único medio para saber cómo se encuentran sus familiares o consultar a los abogados sobre los avances sus procesos judiciales, pero si no tienen dinero para comprar las tarjetas se quedan completamente incomunicadas. La consecuencia inmediata es que durante la pandemia las mujeres privadas de la libertad en México en general y en Santa Martha Acatitla en particular están más aisladas que nunca y justo por eso es urgente discutir sobre los impactos diferenciados de la llegada del virus SARS-CoV-2.

Para obtener información sobre qué estaba ocurriendo al interior de Santa Martha, implementamos dos estrategias metodológicas con fines exploratorios.[5] Por una parte, recuperamos diez testimonios por medio de llamadas telefónicas sostenidas con algunas de las mujeres internas, quienes colaboran desde hace años con el proyecto universitario Mujeres en Espiral y que se mantienen contacto con las integrantes del equipo. También consultamos a tres compañeras que recuperaron su libertad hace pocos años y que conocen cómo se vive la prisión en tiempos de emergencia. Si bien dichos testimonios no pueden considerarse representativos de todas las experiencias que viven las mujeres privadas de la libertad, en los meses más crudos de la pandemia en México fueron la única fuente de información a la que se tenía acceso, pues para muchas de las compañeras encarceladas las llamadas telefónicas fueron el único medio de contacto con el exterior.

La investigación también incluyó una revisión de los informes, recomendaciones y boletines de prensa publicados por la CNDH sobre las condiciones penitenciarias entre 2020 y 2021, documentos oficiales de la Secretaría de Salud y otras dependencias públicas del gobierno federal y la Ciudad de México, las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),[6] las Oficinas en México de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos;[7] informes y pronunciamientos públicos de diversas organizaciones de la sociedad civil que se especializan en la protección de los derechos de las personas privadas de la libertad, notas de prensa publicadas en diferentes medios de comunicación, así como los acuerdos y circulares emitidos por los poderes judiciales entre el 18 de marzo de 2020 y el 15 de enero de 2021. En total, para la redacción de este artículo, se consultaron treinta documentos de diferentes fuentes nacionales e internacionales, veinte artículos y notas de prensa, cinco seminarios virtuales convocados por las organizaciones de la sociedad civil y tres foros de discusión donde participaron representantes de los poderes judiciales, los cuales fueron transmitidos en redes sociales.

Finalmente, las reflexiones del presente artículo se nutren de la información contenida en una serie de documentales, fanzines y murales realizados en los doce años de trayectoria del proyecto Mujeres en Espiral; en particular, retomamos las evidencias reunidas para la elaboración del fanzine Cuerpos y anticuerpos: maniobras y otros contagios en tiempos de pandemia, publicado a mediados del 2020 con el apoyo del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Impactos de la pandemia en los derechos a la salud, la vida y la integridad de las mujeres privadas de la libertad en Santa Martha Acatitla

De todos los sectores de la población que se han visto afectados por la emergencia sanitaria y social provocada por el virus SARS-CoV-2, las personas privadas de libertad se encuentran en una situación alarmante que demanda la intervención inmediata de las autoridades. Desde los primeros meses del 2020, cuando los casos de Covid-19 aún eran escasos, instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),[8] la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)[9] se manifestaron para la despresurización de los centros de reclusión y la adopción de medidas sanitarias excepcionales. En respuesta, las autoridades mexicanas anunciaron una estrategia de liberación anticipada con la aprobación de la Ley de Amnistía[10] y cada centro penitenciario adoptó las medidas que consideró apropiadas para contener los contagios, en el marco del Protocolo de Actuación para la Atención de Covid-19 en al interior de Centros Federales de Reinserción Social, elaborado por la Secretaría de Salud y otras áreas del Estado.[11]

Sin embargo, como señalamos, hasta ahora la información oficial sobre las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios es limitada. No tenemos certeza sobre cuándo ocurrieron los primeros brotes de contagio, cuántas personas privadas de la libertad han sido liberadas, cuántas se han infectado con el virus, quiénes han fallecido y en general cuáles han sido los resultados de las medidas sanitarias para contener la propagación del Covid-19.[12] Ante la falta de certeza, las organizaciones de la sociedad civil y algunos/as periodistas se han dado a la tarea de recabar testimonios y otros datos relevantes para la documentación de potenciales casos de responsabilidad estatal. Con este artículo nos sumamos a los esfuerzos para comprender cuáles han sido los costos de la epidemia en los centros de reclusión, sobre todo en el caso de las mujeres privadas de la libertad en el CEFERESO Santa Martha Acatitla.

Según registros oficiales, a inicios del 2021 las prisiones de Ciudad de México —Santa Martha Acatitla y Tepepan— albergaban 1.379 mujeres. Si bien ellas representan solo el 6% del total de la población penitenciaria,[13] las desigualdades de género ocasionan que resientan con mayor intensidad los impactos del asilamiento sanitario. En México y en muchas regiones de Latinoamérica los servicios penitenciarios para las mujeres privadas de la libertad son más precarios en comparación con los varones (Pérez Correa, 2015; Rodríguez Blanco, 2015); ellas también enfrentan al abandono de sus familias (Azaola, 2007), una visión estereotipada de los programas de reinserción social (Romero García, 2020; Ramos Rodríguez, 2003) y el ejercicio de la maternidad en condiciones de vulnerabilidad (Giacomello, 2018). En tiempos de emergencia estos problemas se profundizaron, haciendo de la cárcel un lugar imposible.

Para acercarnos a lo que está ocurriendo al interior de Santa Martha Acatitla, en los siguientes párrafos analizaremos el impacto de la pandemia, partiendo del hecho que la pena privativa de la libertad no anula los Derechos Humanos de la población penitenciaria. Al respecto, la Constitución Mexicana y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos establecen claramente que las autoridades estatales tienen la obligación de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad; sobre todo, el acceso a la salud, la vida y la integridad personal.[14] Tales derechos son categorizados como intangibles, porque la sanción penal no puede suspenderlos ni limitarlos y el Estado adquiere una responsabilidad reforzada para asegurar que las personas encarceladas vivan en condiciones dignas (Urpimny Yepes y Guzmán, 2010).

Pero la distancia entre los estándares normativos y la realidad de las prisiones es profunda (Noel Rodríguez, 2004)­. En México los organismos de Derechos Humanos (CNDH, 2020) han reconocido que las condiciones penitenciarias distan mucho de cumplir con los estándares nacionales e internacionales, principalmente para las mujeres, quienes cumplen su condena en instituciones organizadas desde una perspectiva patriarcal y diseñadas para atender las necesidades primarias de los hombres (Van Wormer, 2010; Covington y Bloom, 2003). En el caso del Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (CNDH, 2019) reportó avances en la higiene y la infraestructura de las estancias en comparación con años anteriores, pero también reveló serias deficiencias en las condiciones materiales e higiene en el área médica, los talleres y las áreas deportivas, así como en la calidad de la alimentación de las internas. Por su parte, el Relator Especial de Naciones Unidas para la tortura reportó que en su visita a Santa Martha Acatitla

las internas, incluyendo las madres, viven en condiciones de hacinamiento, comparten colchones y viven con escasez de agua y alimentación adecuada […] observó la falta de atención médica ginecológica y psicológica especializada, así como falta de atención a las necesidades higiénicas y biológicas femeninas” (ONU, 2014: 16).

Otro de los problemas identificados en el sistema penitenciario mexicano es la falta de acceso a la salud. En una encuesta realizada en 2006 en la Ciudad de México, el 35% de las y los internos afirmaron que no recibían atención médica cuando la requerían (Azaola, 2007) y en Santa Martha las internas nos han compartido que muchas veces los servicios de salud se reducen al suministro de analgésicos; básicamente, “para todo te dan paracetamol”.[15] Cuando las circunstancias lo ameritan, las autoridades penitenciarias autorizan trasladados al Centro de Reinserción Social Tepepan, donde existen mejores condiciones para atender las enfermedades, sobre todo en el área de psiquiatría. En otros casos, las internas deben ser trasladadas periódicamente a un hospital público para recibir la atención que necesitan; por ejemplo, Berenice, quien colabora desde hace años con Mujeres en Espiral, padece una cardiopatía y acude al menos una vez al mes su cita médica, lo que le toma todo el día, viaja esposada y bajo la vigilancia de dos custodias.

Dentro del mismo rubro, el acceso a medicamentos para atender enfermedades severas representa un problema en el contexto penitenciario. En la encuesta realizada hace algunos años por Elena Azaola (2007), más de la mitad de los internos señaló que sus familiares se encargaban de llevarles las medicinas y los alimentos necesarios para controlar enfermedades crónico degenerativas, como la diabetes, el cáncer o el VIH-SIDA. Por estas razones, aún antes de la llegada del virus SARS-CoV-2, enfermarse en la cárcel implicaba riesgos para la vida de las mujeres privadas de la libertad.

Sumado a lo anterior, la vida en prisión está vinculada a varios factores de riesgo relacionados con el hacinamiento, la falta de servicios sanitarios, acceso al agua, una alimentación inadecuada, el consumo de drogas y prácticas sexuales sin protección. Sobre esto, la OMS ha enfatiza que las personas privadas de la libertad son susceptibles al contagio del VIH/SIDA, la hepatitis C y otras enfermedades de transmisión sexual. En el caso de Santa Martha Acatitla los testimonios reunidos previo a la pandemia por el equipo de Mujeres en Espiral y los diagnósticos anuales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2020) revelan que las mujeres encarceladas sufren infecciones por la falta de acceso a productos de higiene durante los periodos menstruales,[16] la mala calidad del agua que les provoca enfermedades de la piel y problemas gástricos relacionados con los alimentos de baja calidad, sin dejar de lado las afectaciones psicológicas que, en las situaciones más extremas, han terminado en suicidios.

Ahora bien, desde que comenzó la pandemia todos los problemas que se registran en el entorno carcelario se recrudecieron. Una de las medidas sanitarias que es imposible cumplir cuando te encuentras en una prisión es el distanciamiento social. En este país y en muchas otras partes del mundo, el principal problema de las cárceles es el manejo del espacio; de hecho, un porcentaje significativo de las personas privadas de la libertad viven en condición de hacinamiento. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (INEGI, 2016) revelaron que el 45.6% de las personas encarceladas en México compartió su estancia con más de cinco personas, el 21.4% con hasta diez personas y el 12.9% con más de quince personas. Además, en ese mismo año el 12.5% de las y los encuestados señalaron que debían compartir su cama con otras personas. Si bien las prisiones femeninas suelen tener menores índices de sobrepoblación en comparación con los reclusorios varoniles,[17] es poco factible que las autoridades logren limitar la convivencia entre las internas. A inicios del 2021 la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México reportó que el CEFERESO Santa Martha Acatitla se encontraba al 90.77% de su capacidad, pero aún así las mujeres privadas de libertad deben vivir en un espacio reducido que comparten con otra interna, donde cocinan, descansan, duermen y conviven con sus hijos e hijas.

Uno de los factores más preocupantes es que durante la última década se ha registrado un incremento acelerado de la población penitenciaria en México (Azaola y Bergman, 2017; Giacomello, 2013), tendencia que se mantiene durante la emergencia sanitaria. Como se señaló, al inicio de la pandemia diversos organismos internacionales recomendaron a los Estados implementar estrategias para despresurizar las prisiones (Vivanco, 2020), pero en el caso mexicano las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2020 la tasa de encarcelamiento aumentó cerca de un 6% y en el caso específico de las mujeres alcanzó el 12%.[18] La tendencia se mantuvo en 2021, registrando un incremento del 7% de la población penitenciaria en el fuero federal.[19] En contraste, el número de libertades concedidas en el marco de la emergencia sanitaria es mínimo; hasta el 24 de marzo de 2021 la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos AC. (ASILEGAL) contabilizó 3.972 liberaciones, que representan el 1.84% de la población penitenciaria existente a finales del 2020.

La ausencia de una estrategia eficaz para disminuir la población penitenciaria y, en consecuencia, los contagios por Covid-19, se inscribe en las políticas punitivas que consideran al encarcelamiento como la única medida para combatir a la delincuencia y el uso indiscriminado de la prisión preventiva (Guillén López, 2014; Holst, 2019). De hecho, para inicios del 2021 el Subsistema Penitenciario de la Ciudad de México informó que el 32% de las personas privadas de libertad no habían recibido sentencia. Aunque la Secretaría de Gobernación encabeza una estrategia para identificar a las personas que podrían ser candidatas a un beneficio de preliberación, acelerar el trámite de las solicitudes y reducir la ocupación de las prisiones, tanto a nivel federal como estatal,[20] los mecanismos contemplados por la Ley de Ejecución Penal no han sido implementados en su máximo potencial. Por su parte, la Ley de Amnistía publicada el 22 de abril de 2020 prometía conceder la libertad a cerca de diez mil personas, entre presos políticos, mujeres encarceladas en el marco de la guerra contra las drogas e indígenas víctimas de violaciones procesales. No obstante, la Comisión de Amnistía experimentó demoras al tramitar las 800 solicitudes recibidas a finales del 2020 y hasta septiembre del 2021 únicamente 39 personas habían recuperado su libertad mediante este mecanismo. Además, son pocos los Estados de la República que han aprobado leyes aplicables a los delitos del fuero común. Por ejemplo, la Ciudad de México no cuenta aún con una Ley de Amnistía, lo que impide que las mujeres sancionadas en la jurisdicción local puedan acceder a la amnistía prevista a nivel nacional.

Además de que las altas tasas de población encarcelada propician la transmisión del virus, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) ha subrayado que el hacinamiento en las prisiones favorece los actos de violencia entre los internos, que pueden terminar en lesiones graves y fallecimientos. La situación se agrava cuando la población penitenciaria se enfrenta al temor y la angustia por la presencia de una enfermedad que puede ser mortal. De acuerdo con CONNECTAS, desde que comenzó la pandemia estos sucesos han provocado la muerte de 91 presos en cinco países de Latinoamérica, y tres de las cuales se registraron en prisiones mexicanas. Asimismo, de acuerdo con los datos de ASILEGAL AC., entre abril de 2020 y el 17 de febrero de 2021 se suscitaron veinte incidentes de violencia relacionados con las medidas sanitarias, entre los cuales destaca el motín ocurrido el 29 octubre de 2020 en el penal de Chiconautla, en el Estado de México (La Jornada, 2020).[21] Hasta ahora no hemos tenido noticias de algún episodio similar en Santa Martha Acatitla, pero la amenaza se mantiene latente ante la acumulación de la incertidumbre y la angustia entre las internas.

En gran parte el descontento de las personas privadas de la libertad en México radica en que las autoridades penitenciarias no les proporcionan los insumos de primera necesidad. Aunque hemos advertido que durante la pandemia las autoridades de Santa Martha Acatitla han procurado proveer a las internas con cubre bocas, agua, cloro y jabón, en general el sistema penitenciario no cumple con sus obligaciones de suministrar a las personas privadas de la libertad los alimentos, agua potable, vestido, productos de limpieza y otros insumos de primera necesidad.[22] En consecuencia, tanto las mujeres y los hombres en condición de cárcel dependen de sus familias y redes de apoyo, así como de su propia fuerza de trabajo para allegarse de los recursos que requieren para sobrevivir (Pérez Correa, 2015). Las omisiones del Estado en su deber de garantizar una vida digna a las personas encarceladas contribuyen sustancialmente al empobrecimiento de sus familias (Azaola y Bergman, 2017), cuyos efectos se agudizan en momentos de emergencia.

A los costos de la defensa legal, el cuidado de los hijos e hijas de las personas privadas de la libertad y la manutención de las personas encarceladas, se suman los gastos de traslado a los centros penitenciarios, que generalmente se encuentran en lugares aislados,[23] junto a una serie de pagos informales que se requieren para ingresar a las prisiones. Por experiencia propia sabemos que realizar una visita a Santa Martha Acatitla cuesta al menos $300.00 pesos mexicanos. Desde que llegas al penal comienzas a comprar insumos para las mujeres que visitas —tarjetas telefónicas, cigarros, tortillas, etc.—, y también necesitas dinero para rentar ropa si la que vistes tiene alguno de los colores no autorizados —blanco, azul, beige, negro, verde militar y similares a juicio de las y los custodios—, para pagar el resguardo —“depósito”— de los teléfonos celulares y otros objetos que no pueden ser introducidos al reclusorio. Una vez que se cruzan los filtros de seguridad —“la aduana”— se le paga a una interna para que llamen a la persona que visitas y, si tienes suficientes recursos, también puedes pagarle a una “charolera”[24] para que te ayude a cargar las bolsas, rentar una mesa con sillas en la sala grande, comprar alimentos y papel higiénico para ir al baño.

Por otra parte, aunque los ataques a la integridad física son más comunes en los reclusorios varoniles (Giacomello, 2013), las familias o las propias internas también realizan pagos al personal penitenciario para que les asignen una mejor estancia, les autoricen la introducción de aparatos electrónicos o incluso las protejan de las agresiones de otras reclusas, como advierte el informe del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su misión a México.[25]

Al igual que en otras esferas de la vida pública y privada, el cuidado de las personas privadas de la libertad y —en su caso— de sus hijos e hijas, suele recaer en las mujeres. De acuerdo con Pérez Correa (2015), en 2013 el 75% de la visita a los reclusorios varoniles fueron mujeres,[26] mientras que en caso de los reclusorios femeniles representaron el 55%. Estos datos advierten que, si bien la población penitenciaria se integra en su mayoría por hombres, el encarcelamiento tiene efectos directos sobre la población femenina debido a los roles de género que prevalecen en nuestras sociedades. La frecuencia y el número de las visitas que se registran en los centros penitenciarios también está marcada por el género. Cuando acudes al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en los días de visita te encuentras con largas filas integradas por madres, esposas, abuelas, hijas y hermanas con bolsas llenas de insumos. Por el contrario, al llegar a Santa Martha Acatitla es claro que la visita es más escasa; las mujeres con quienes hemos trabajado nos han compartido que no reciben visitas porque carecen de familia o redes de apoyo; en otros casos sus familias decidieron abandonarlas porque consideran que se hayan involucrado en la comisión de un delito, y otras prefieren que no las visiten para evitar que incurran en gastos[27] y prefieren que esos recursos sean usados en la manutención de sus hijos e hijas.

Más allá de los impactos sociales y emocionales que provoca la falta de contacto con sus seres queridos, el no contar con la añorada visita impide a las mujeres privadas de la libertad tener acceso a productos esenciales y las obliga a comprarlos dentro de la prisión a un costo tres veces mayor que en exterior. Como señaló Nancy en los talleres organizados por el proyecto universitario Mujeres en Espiral, “sobrevivir es la palabra correcta para aquellas mujeres que no cuentan con visita, sin ningún tipo de apoyo familiar o legal; el entrar a un mundo completamente desconocido, donde predomina la ley del más fuerte”.[28] De acuerdo con otros testimonios de las mujeres recluidas en Santa Martha Acatitla reunidos previo a la pandemia, las toallas sanitarias son objetos de lujo que en el mercado informal cuestan al menos $45.00 pesos, el champú se vende a $160.00 pesos, mientras que una lata de atún alcanza los $29.00 pesos (Colectivo Mujeres en Espiral, 2018). El acceso a la alimentación y al agua potable es un problema particularmente grave (Azaola y Bergman, 2017). El “rancho”, como se conoce a la comida provista por la institución penitenciaria,[29] es un verdadero atentado contra la salud y muchas de las internas prefieren preparar sus propios alimentos (Colectivo Mujeres en Espiral y Colectivo Hermanas en la Sombra, 2019).

Para solventar los costos indirectos de la prisión y considerando que las oportunidades laborales que ofrece la institución son limitadas,[30] las mujeres privadas de la libertad recurren a diferentes estrategias. Algunas actividades productivas rozan los límites de la legalidad o las colocan en situaciones de riesgo, como la venta de drogas y el ejercicio de la prostitución. Muchas otras realizan trabajos informales con salarios precarios o dependen de sus familiares para obtener los insumos necesarios para armar un negocio al interior de la prisión. En el segundo volumen del fanzine LEELATU sobre trabajo penitenciario, las integrantes de Colectivo Mujeres en Espiral (2018) —internas y académicas— documentaron que en Santa Martha Acatitla existe una diversidad de actividades productivas (Tabla 1):

Tabla 1.

Actividades productivas en Santa Martha Acatitla Table1. Productive activities in Santa Martha Acatitla

Fuente: elaboración propia en base a Colectivo Mujeres en Espiral, 2018. Source: own elaboration based on Colectivo Mujeres en Espiral, 2018.

Como era de esperarse, la situación precaria en la que se encuentran la mayoría de las mujeres encarceladas empeoró significativamente con la llegada del virus SARS-CoV2. Si en condiciones normales los insumos de limpieza que ingresan a las prisiones a través de la visita o de las tiendas autorizadas se venden a tres veces su precio original, durante la pandemia los costos se han quintuplicado.[31] Para colmo de males, las escasas visitas se han reducido considerablemente como resultado de las medidas de seguridad penitenciaria y la pérdida de empleos en el país.[32] Además, el trabajo penitenciario —formal e informal— se encuentra paralizado, para evitar que las internas se reúnan, dejándolas sin los ingresos esenciales para sobrevivir el encarcelamiento.

La suma de las condiciones penitenciarias que hemos narrado en los párrafos anteriores y los efectos de la pandemia provocada por el SARS-CoV2 han convertido a las prisiones en un espacio de alto riesgo para la vida y la salud de las personas privadas de la libertad. Hasta ahora no contamos con información certera sobre cómo ha evolucionado la pandemia en los centros de reclusión, pero de acuerdo con las cifras recuperadas por ASILEGAL AC.,[33] hasta el 17 de febrero de 2021 se habían registrado 4.119 contagios —3.611 internas/os y 478 custodios/as y/o personal penitenciario. Estos contagios provocaron la muerte de 349 personas, de las cuales el 80% se concentra en la población carcelaria. Por supuesto, a las cifras deben sumarse los casos que se mantienen fuera del ojo público o que bien no han sido identificados por las autoridades penitenciarias. Además, en el 2020 la CNDH reportó un incremento del 717% en el número de quejas relacionadas con violaciones los Derechos Humanos en los centros de reclusión, lo que alerta sobre la existencia de situaciones que están poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas privadas de la libertad.

Conclusiones: los fines del encarcelamiento y las medidas alternativas a la prisión en contextos de emergencia sanitaria

La información reunida en nuestra investigación exploratoria nos lleva a concluir que la respuesta del Estado mexicano ante de la llegada del Covid-19 a los centros penitenciarios presenta claroscuros. Por una parte, es positivo que en Santa Martha Acatitla no se hayan tomado medidas drásticas, como cancelar completamente las vistas, que son el medio por el cual las personas privadas de libertad pueden acceder a los insumos de primera necesidad y mantienen los lazos familiares. Sin embargo, analizadas de manera conjunta, las acciones estatales han resultado insuficientes para proteger la salud y otros derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en nuestro país (CNDH, 2020); en particular para las mujeres que se encuentran una situación de particular vulnerabilidad. Como señaló Hilda Téllez, responsable de la tercera visitaduría de la CNDH, “la pandemia nos hizo observar muchísimo más cómo estas situaciones de desventaja a quienes más afecta, quienes resultan más agraviadas, [son] las mujeres. Si las mujeres en prisión de por sí viven un abandono histórico, social y familiar, en [el marco] de una pandemia es mayor”.[34]

Uno de los problemas más evidentes que identificamos a lo largo de la investigación es que no existen protocolos homologados en México para enfrentar la epidemia en el sistema penitenciario mexicano. Básicamente, cada prisión “le hizo como pudo”.[35] A partir de los testimonios de las internas sabemos que en el CEFERESO Santa Martha Acatitla las autoridades han procurado proveerla con productos sanitarios y ellas mismas son responsables de la limpieza constante de sus estancias y los espacios comunes. En cuanto a la atención que han recibido las personas que se contagiaron con el virus, las internas nos hicieron saber que los primeros casos de Covid-19 se reportaron a finales del mes de mayo de 2020 y las autoridades procedieron al aislamiento de las contagiadas, sin informar a las familias sobre su evolución médica. Durante la redacción de este artículo nos fue imposible conocer la cifra de decesos a causa de la pandemia, cuántas personas se han recuperado o el tipo de tratamiento que recibieron, lo que despierta inquietudes sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres contagiadas. Como advierte la Corte Interamericana, la ausencia de mecanismos para monitorear el desempeño de las autoridades penitenciarias incrementa los riesgos sobre la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.

Por otra parte, en el curso de la investigación no se identificaron estrategias institucionales para lograr la despresurización de las prisiones en el ámbito estatal; de hecho, como se señaló en el cuerpo del artículo, la población penitenciaria creció durante la pandemia, al punto que en diciembre de 2020 el 40% de los reclusorios registraron problemas de hacinamiento (Ángel, 2020). Si bien tenemos noticias —a través de las entrevistas telefónicas— de que en Santa Martha Acatitla se han concedido al menos quince libertades, se trata de cifra minúscula considerando que este reclusorio alberga a más de 1.300 mujeres y la información disponible apunta a que las medidas adoptadas por el Subsistema Penitenciario de la Ciudad de México para conceder libertades anticipadas no integran la perspectiva de género.

Otro tema que ha provocado severas críticas entre las organizaciones de Derechos Humanos en México es que la Ley de Amnistía no ha logrado convertirse en un mecanismo efectivo para reducir la población penitenciaria, como prometieron las autoridades nacionales; a nivel federal la Comisión demoró ocho meses en sesionar y casi un año después de la publicación de la ley la gran mayoría de los Estados no cuenta con el ensamblaje normativo para aplicar el procedimiento de amnistía en la jurisdicción local,[36] descubriendo lo poco relevantes que son las personas privadas de la libertad en la agenda legislativa. Asimismo, los procedimientos de libertad anticipada y suspensión condicional de la pena contemplados en la Ley Nacional de Ejecución Penal no han sido implementados en su total dimensión, a pesar de que la Secretaría de Gobernación impulsó la identificación de casos potenciales con la Guía de pre liberaciones por Covid-19, la cual se envió a los 273 centros penitenciarios existentes en el país (Hernández, 2021). Basándonos en la experiencia previa, relacionamos la falta de efectividad en la operación de la Ley de Ejecución durante la pandemia con los obstáculos estructurales para acceder a una defensa adecuada.

Por supuesto, es fundamental que las estrategias para despresurizar las cárceles se acompañen con acciones destinadas a la protección de las personas que se quedan. Las condiciones en las que se encuentra la población penitenciaria durante la pandemia son particularmente preocupantes, sobre todo si tenemos en cuenta que las visitas se han reducido considerablemente y las actividades laborales se encuentran suspendidas, dejando a las reclusas sin acceso a productos de primera necesidad y más aisladas que nunca. Mientras más pasa el tiempo, las necesidades de las reclusas se profundizan y es más probable que se involucren en actividades ilegales para obtener los recursos que requieren para comprar alimentos, productos sanitarios, medicamentos y vestimenta.

Finalmente, al redactar este artículo nos enfrentamos a una escasez de información oficial sobre lo que está ocurriendo en los centros penitenciarios durante la pandemia, particularmente en las cárceles femeninas. Desde siempre las mujeres privadas de la libertad han sido tratadas como sujetos “invisibles” (Belknap, 2001), condenadas al olvido de la sociedad y el Estado (Azaola, 2007)[37] pero ahora, con los canales institucionales paralizados y las visitas restringidas, sabemos incluso menos. De esta manera, aunque esta investigación representa tan solo una primera aproximación a la compleja realidad que se vive en espacios como Santa Martha Acatitla durante la pandemia, consideramos que la información reunida permite plantear la necesidad de que las autoridades penitenciarias comiencen a generar reportes periódicos sobre la evolución de la epidemia en los centros de reclusión, como parte de sus obligaciones en términos de transparencia y rendición de cuentas. Acciones como estas darán tranquilidad a las familias de las mujeres privadas de la libertad, sin comprometer la efectividad de las medidas adoptadas para mitigar la propagación de la epidemia.

Hasta la publicación de este artículo, la información más actualizada sobre la situación en que se encuentra la población penitenciaria en México y las medidas implementadas por los centros penitenciarios federales y estatales para atender la emergencia sanitaria es el informe de seguimiento que se incluye en Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2020, publicado a mediados de 2021 por la CNDH. Allí destaca el reporte de personas fallecidas y contagiadas. Sobre esto, al 4 de enero de 2021 los centros penitenciarios estatales habían reportado un total de 2.669 casos positivos y 163 defunciones por causa del virus, mientras que en los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) se registraron 318 casos positivos y 13 defunciones (CNDH, 2020).

Otro aspecto que despierta preocupación entre las personas que trabajamos en el contexto penitenciario son los avances de la vacunación para la población privada de la libertad. En diciembre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México emitió un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades administrativas a garantizar la vacunación contra la Covid-19 entre las 26.192 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios ubicados en la capital mexicana. En el marco de la discusión del punto de acuerdo se planteó que, hasta el 30 de noviembre de 2021, se habían aplicado 25.509 vacunas de primera dosis y 16.187 de segunda dosis,[38] lo que representa un avance significativo. Las inquietudes respecto al acceso a las vacunas no disminuyen ante la necesidad de dosis de refuerzo, pero sin duda es positivo que las y los legisladores estén atentos a la situación de particularidad vulnerabilidad en la que viven las personas privadas de la libertad.

Por otra parte, en el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria la CNDH destaca la importancia de establecer ajustes razonables a las medidas de seguridad en los centros de reclusión para garantizar el acceso a las visitas a través de llamadas telefónicas extraordinarias o la instalación de medios electrónicos para que las personas privadas de la libertad puedan realizar video llamadas. Durante las revisiones de este artículo también se tuvo noticia de que el gobierno de la Ciudad de México está revisando las condiciones para permitir el acceso a los centros penitenciarios a las organizaciones y universidades en los primeros meses de 2022. Ante la posibilidad de ingresar a Santa Martha Acatitla y reencontrarnos pronto con las mujeres privadas de la libertad, nos preguntamos ¿cuál será la situación en que las encontraremos? ¿Cómo reconstruir el vínculo interrumpido por dos años de ausencia? ¿Qué nuevas necesidades habrán surgido en este tiempo?

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Notas