Introducción

Desde la década de 1970, en Costa Rica, se estaba dando una etapa de deterioro económico causado por la dependencia de las divisas que generaba el sector agropecuario (principalmente café, banano, azúcar y arroz), el aumento en los precios del petróleo y de las tasas de interés internacionales, el déficit en la balanza de pagos (Rovira, 1987, pp. 43-56), la baja internacional en los precios del café y la gran cantidad de empleados públicos (Vargas, 2002, p. 61).

Uno de los sectores que venía presentando deficiencias fue el industrial. En primer lugar, por su elevada dependencia de las importaciones de materia prima, bienes de capital y tecnología. Segundo, el tamaño del mercado demandante a finales de la década de 1970 ya no era suficiente para las exportaciones nacionales. Por otra parte, una importante proporción del sector industrial era extranjero, en especial multinacionales estadounidenses que extrajeron muchos beneficios del país, aprovechando la Ley de Desarrollo Industrial de 1959. Y, en cuarto lugar, el sector estaba compuesto por oligopolios cuyos productos eran de baja calidad y poco competitivos respecto a los extranjeros (Vargas, 2002, p. 62).

Además, había un sesgo antiexportador, pues la industria no buscó terceros mercados ni ser competitiva. No se podía lograr un modelo de sustitución de importaciones porque las materias primas extranjeras estaban libres de impuestos, con lo cual se desestimuló el uso de materias primas nacionales. Pareciera que el modelo de sustitución de importaciones traía la semilla de la crisis (Vargas, 2002, p. 80). Reinaldo Carcanholo, incluso, se refería a la industria costarricense como “parasitaria” dada su dependencia de las divisas del sector agroexportador y de los pequeños campesinos que sostenían la agricultura (Carcanholo, 1981, p. 72).

Sin embargo, Laura Blanco y Leonardo Garnier consideran que la causa de la crisis no fue el tan aducido “agotamiento” del modelo económico, pues este pudo haber continuado si las políticas económicas (en especial la fiscal) hubieran sido mejor ejecutadas. Para los autores la crisis tuvo dos explicaciones. La primera es que la estrategia de desarrollo fue desequilibrada, el Estado fomentó un amplio desarrollo social y para eso tuvo que invertir sumas considerables de dinero; empero, la productividad nacional no era suficiente para pagar los gastos. En segundo lugar y en consecuencia del anterior, para poder seguir financiando los programas sociales sin recargar a los ciudadanos, el Estado decidió endeudarse tanto interna como externamente. Hay que tomar en cuenta que en la década de 1970 había liquidez internacional, los créditos se conseguían de manera muy fácil, tanto Costa Rica como otros países de América Latina aprovecharon esa situación y se endeudaron (Blanco y Garnier, 2010, pp. 49-53).

No obstante, para finales de esa década las deudas eran tan elevadas que las financieras internacionales comenzaron a temer que no se les pagara, procedieron a cobrar y se dieron cuenta que sus miedos eran reales. Además, con la segunda crisis petrolera los intereses de esos préstamos crecieron y las deudas se volvieron exorbitantes. Aquí es cuando comienza la verdadera crisis para Costa Rica (Blanco y Garnier, 2010, pp. 49-53).

Un detalle interesante de mencionar es que se ha establecido la fecha de inicio de la crisis en el día 26 de setiembre de 1980. Pero ya quedo claro que la recesión inició en la década de 1970, entonces, ¿por qué se propuso esa fecha? Según Luis Hidalgo ese día es simbólico, dado que, aunque en el ámbito político y en el sector privado ya se sabía sobre la crisis, la devaluación fue el “aviso público” de que efectivamente se estaba viviendo en un periodo de recesión (Hidalgo, 2003, p. 74).

Expuesto este contexto, el objetivo de este artículo es presentar la postura del sector industrial frente a la crisis, tomando en consideración que fue uno de los grandes criticados de esa coyuntura. A continuación, se exponen los estudios que analizan directa o indirectamente la industria costarricense, para tener claro cuál es el conocimiento existente sobre el tema.

Fernando Herrero y Leonardo Garnier (1977) explican el proceso de desgaste de la producción industrial en la década de 1970 y la necesidad de buscar terceros mercados, a pesar de que se creía que la industria nacional no estaba en posición de competir. El Gobierno de José Figueres Ferrer tomó medidas para evitar ese decrecimiento, como la fundación de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA), que administraba empresas públicas. Empero, el Estado se fue convirtiendo en empresario bajo las mismas reglas que la industria privada: sistema de precios de los países centrales, dependencia tecnológica, dependencia crediticia, entre otros. Es por esta razón que Herrero y Garnier sostienen que CODESA estaba condenada al fracaso (pp. 71-73).

Carlos Izurieta (1982) brinda algunos detalles sobre la industria nacional. Indica que el periodo más propicio para la instalación de actividades extranjeras fue de 1965 a 1974, para 1980 un 79% de las empresas eran de capital extranjero y de ellas la mayoría subsidiarias. Estas se dedicaban principalmente a la producción de alimentos, bebidas y tabaco, y en menor medida a productos químicos. Al entrar el país al MCCA hubo un fenómeno de absorción de industrias nacionales por parte de estadounidenses (pp. 34-35).

Francisco Esquivel (1985) también estudió la composición del capital en la industria nacional. Su temporalidad finaliza en 1975, pero señala aspectos que son importantes para comprender el sector. Antes de 1963 en el país predominaron las actividades ligadas al sector agrícola, pero con la entrada del país al MCCA el capital industrial se fortaleció, así como la presencia extranjera, en especial la estadounidense (pp. 53-100).

Esquivel indica que hubo algunos factores clave que posibilitaron la industrialización, como las exportaciones agrícolas, el mantener fijo el tipo de cambio, la protección arancelaria y la exoneración de impuestos. Sin embargo, la industria desde sus inicios presentó una serie de debilidades, dependía de la importación de materia prima, tecnología y capital. No podían incursionar en la actividad “pesada” pues no era rentable en la región y segundo, era fácil de importar. De hecho, propone que no importaba cuanto creciera este sector y sus exportaciones, las importaciones siempre superarían su valor, generando desbalance comercial. Entonces ¿por qué se continuaron los esfuerzos para mantener el sector industrial? El autor argumenta que fue en gran medida por la influencia de intereses del capital estadounidense en el país (Esquivel, 1985, pp. 53-100).

Entre 1963 y 1975 fueron desapareciendo paulatinamente las empresas familiares y se consolidó la burguesía industrial (nacional y extranjera), el capital económico externo fue ganando lugar, con lo cual se dio una repartición de poder. Sin embargo, la presencia de capital extranjero tuvo sus consecuencias negativas para el país, pues el dinero que generaba no siempre se quedaba, podía fugarse mediante las remesas, el pago de intereses a bancos externos, la inversión en otros países, entre otros (Esquivel, 1985, pp. 53-100).

Se ha sostenido que la inserción al MCCA fue vital para la ampliación del mercado, razón que atrajo la inversión extranjera. Pero Esquivel advierte que no hay que subestimar la importancia de la demanda interna, ya que la mayor parte de la producción se quedaba en el país, de ahí surge la idea de que el modelo de sustitución de importaciones tenía un sesgo antiexportador. No obstante, el mercado aún era muy pequeño para aprovechar la capacidad instalada (tecnología, mano de obra, entre otros) por lo cual, según el autor, muchas actividades solo fueron rentables bajo la protección y los subsidios, de otra manera no hubieran podido permanecer en el país (Esquivel, 1985, pp. 53-100).

Mary A. Clark (1993) propone que la industrialización fue un proceso simultaneo a la entrada al MCCA, cuyo objetivo era ir remplazando el sistema tradicional de exportaciones agrícolas. En ese momento la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) presionó al gobierno para implementar una legislación que le permitiera competir con los demás centroamericanos, por lo cual se puede inferir que la Cámara fue la promotora (o al menos tuvo un buen peso) en el proceso legislativo de proteccionismo industrial (pp. 83-99).

Por otra parte, Tilman Altenburg (1995) señala que, en el contexto de restructuración económica iniciado en la década de 1980, muchos incentivos fueron retirados a la producción industrial, para que la economía pudiera ser liberalizada. Sin embargo, el autor sostiene que la apertura fue gradual, lo cual permitió al sector adaptarse a la nueva realidad (pp. 41-49).

En el momento en que los liberales ganaron el debate sobre qué modelo debía seguir el país, vinieron dos cambios que afectaron directamente a la industria: la desgravación arancelaria y la devaluación. Esta última aconteció primero, a partir de setiembre de 1980. Altenburg afirma que los industriales apoyaron las primeras reformas económicas de corte liberal, pero cuando llegó la desgravación (1986), empezó la resistencia. Pero, el autor concluye que pocas industrias dejaron de producir y todas las ramas mostraron un crecimiento más o menos uniforme. Para Altemburg, la entrada de la industria costarricense a la competencia internacional fue incluso “exitosa” (Altenburg, 1995, pp. 41-49).

Para Jorge León, Nelson Arroyo y Andrea Montero (2016), la única explicación de que la industria haya sobrevivido en el periodo benefactor, fue la existencia de políticas estatales que la fomentaron y protegieron. De hecho, a inicios de la década de los sesenta existía un miedo general de entrar al MCCA por la competencia que suponían especialmente Guatemala y El Salvador. Entre los principales incentivos señalan la seguridad jurídica, ambiente social estable, buen nivel educativo de la mano de obra, infraestructura apropiada y el fomento desde el sector público a empresas privadas. No obstante, se demuestra que la creación de ese ambiente de confort más bien provocó un sesgo antiexportador (más allá del MCCA) y una mentalidad poco proclive a la competencia. En un principio, la industrialización fue pensada para abastecer el mercado nacional, pero las empresas crecieron, entonces se tuvo que enviar ese excedente a la región. Para 1975 un 77% de la producción industrial era consumida en Costa Rica, un 12% iba al MCCA y solo un 10% era exportada al resto del mundo. Aquí se ve el sesgo antiexportador, aunado a que había un exceso de tramitología para comerciar en el exterior (la cual era casi inexistente para importar) y el servicio de trasporte marítimo era bastante problemático (pp. 184-231).

Un aspecto relevante de la industria en esta época es que, como el mercado era limitado, no había muchas empresas que dieran el mismo servicio, lo cual provocó la aparición de oligopolios y, aunque los monopolios eran escasos, León, Arroyo y Montero indican que esta situación oligopólica afectó la competitividad. A partir de 1973 se desaceleró el crecimiento industrial, en 1979 se redujo considerablemente la demanda de productos exportables, que ya era baja, y en el periodo de 1980-1985 el sector entró en una severa crisis. A partir de 1980 hubo otros factores que agudizaron la recesión, como lo fueron la contracción de la demanda mundial de productos agropecuarios tradicionales, la falta de crédito externo, el incremento en los precios de los insumos y los conflictos centroamericanos que deterioraron las actividades comerciales del MCCA. De hecho, León, Arroyo y Montero sostienen que la crisis de la década de 1980 fue la peor del siglo (León et al., 2016, pp. 184-231).

Los trabajos expuestos trazan el contexto económico y político de las décadas de 1970 y 1980, y además, hacen una crítica –fundamentada- del papel de la industria nacional. Sus fuentes primarias se consideran cuantitativas, entre ellas están los datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Oficina de Planificación (Ministerio de Planificación a partir de 1982) (OFIPLAN/MIDEPLAN), el Proyecto de Historia Económica de Costa Rica en el siglo XX (PHECR), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Estado de la Nación, la Dirección General de Estadística y Censos (INEC), memorias institucionales, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE), el Banco Mundial (BM) y algunos periódicos, entre otros.

Solo se identificó una investigación cuya base es cualitativa, la de Altenburg. Pero este estudio difiere del presente en dos aspectos. En primer lugar, su temporalidad es posterior y su objetivo es conocer cómo enfrentaron los empresarios el proceso de liberalización económica, o sea, a partir de 1985. En segundo lugar, Altenburg trabajó con entrevistas. Indica que entrevistó a 97 empresarios industriales en Honduras y Costa Rica, aunque no queda claro si esa cantidad es por país o si en cada uno fue la misma muestra. Empero, tomando en cuenta que según datos del Ministerio de Industria, Energía y Minas para el año de 1984 había aproximadamente 17000 industrias (Importancia de la pequeña industria en la economía nacional, 1984, pp. 8-9), la muestra de Altenburg sería menor al 1%, lo cual nos parece muy limitada. Aquí se estudian siete años y medio de declaraciones de la CICR, lo cual se detalla a continuación.

Entonces, queda claro que en la historiografía costarricense no hay estudios que se hayan interesado por estudiar la otra cara de la moneda, o sea, la postura industrial. Se ha demostrado en numerosas fuentes la debilidad de ese sector, pero no se conoce cómo tomaron ellos dichas críticas, ni cómo se defendieron. Se considera que este es un vacío que es necesario llenar. En momentos críticos, si se presenta una parte, hay que ver también la contraparte. Para esta tarea se analizaron tres grupos de fuentes. La primera, y la base del estudio es El Industrial, que fue un suplemento financiado por la CICR, lo cual significa que su contenido estuvo dirigido por la opinión de la Cámara que ha sido la representante del sector industrial y empresarial nacional desde 1943.

Las otras fuentes son: los Documentos de Trabajo del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas (IICE) y publicaciones del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). En este sentido, la metodología fue el análisis de discurso, triangulado con los datos cuantitativos.

El análisis de discurso es el acto mediante el cual se presentan, perciben, construyen y se valoran las experiencias colectivas, las identidades o las relaciones de poder. Según esta metodología, el discurso es una interpretación de la realidad, no existe la imparcialidad. Se argumenta que el discurso es una manifestación del pensamiento, este conecta todas las variables externas y les da un sentido; a su vez, el pensamiento conduce al concepto de ideología, que es lo que se considera cultural o socialmente como verdadero. En otras palabras, el estudio del discurso permite identificar procesos ideológicos y como se desarrollan los juegos de poder para dominar la ideología. El poder no es exclusivo del Estado, también hay otros actores que intentan manipular el lenguaje para causar un efecto en la sociedad, en este caso es el sector industrial privado (Salgado, 2019, pp. 14-15).

A su vez, de estos discursos de poder que establecen la “verdad social”, surge el tema de la identidad. En este sentido, ¿cuál era la identidad del sector industrial empresarial?, ¿quiénes creían ser? Este es un ejemplo de que el discurso no se aplica de forma homogénea en todos los niveles sociales, cada uno trata de proteger su propia identidad colectiva y marcar la frontera entre “nosotros y los otros”, para ello se usan estrategias discursivas (Salgado, 2019, pp. 19-28). El suplemento El Industrial es la fuente que permitirá identificar los discursos industriales.

Según Salgado, los documentos de investigación histórica pueden ser mejor interpretados si se recurre al análisis del discurso. Más allá de la construcción cronológica del pasado, el discurso permite descifrar símbolos y conocer detalles cualitativos de la sociedad (Salgado, 2019, p. 66). Por otra parte, gracias a la información cuantitativa del IICE y el MEIC, quedó evidenciado que algunas de las afirmaciones de la Cámara no estaban acorde a la realidad nacional. Esto demuestra la importancia de comparar la información cualitativa con la cuantitativa, para poder trazar conclusiones más integrales y reconstruir mejor el pasado.

Entre las desventajas de las fuentes se puede mencionar que El Industrial fue un suplemento semanal, que circuló principalmente en el periódico La República, o sea, estaba disponible solo para lectores de ese medio. Por otra parte, la CICR estaba conformada por un grupo de grandes y, en menor medida, medianos industriales, por lo que su postura representaba la voluntad de una muestra, además se invisibilizó totalmente a la pequeña industria y a la artesanía. En el caso del IICE, sus análisis estuvieron basados en entrevistas realizadas a una muestra del sector, por lo cual no se pueden generalizar sus conclusiones. Además, esas entrevistas fueron destruidas, solo se conservaron los resultados ya procesados.

Por último, a pesar de que los estudios del MEIC permitieron visibilizar a la pequeña industria, su principal desventaja es que son ejercicios meramente teóricos, como institución, se evidencia su conocimiento sobre ese subsector, pero no se logra conocer en detalle la opinión empresarial acerca de su entorno ni de las políticas industriales.

Causas de la crisis desde la óptica industrial

La crisis económica fue un suceso traumático para la industria nacional, al menos a la luz de las declaraciones de El Industrial. La retrataban como la peor crisis de la historia de la República, la peor desde la industrialización y/o la peor del siglo. Incluso, la CICR en uno de sus editoriales de enero de 1981 se expresó sobre la crisis de una manera casi filosófica, se mostró vulnerable:

Y no solo es horizontalmente extensa la crisis presente, sino que, verticalmente, en profundidad ha llegado a socavar las raíces culturales, el sistema de creencias sobre el que se basa la vida. Se ha derrumbado el sistema de valores sin sustituirlo por nada. Hoy se vive en la intemperie. Hoy se vive, fundamentalmente, en la angustia. La vida, en alguna medida, para muchos carece de sentido o tiene un sentido precario […] En las soluciones viejas hay una inadecuación sustancial. Encierran más un deseo que el ánimo decidido de resolver los problemas. (Debemos encarar la crisis ¡sin demora!, 16 de enero de 1981, p. 2).

Para el sector industrial, la reestructuración fue un proceso de mucha confusión: el Gobierno del Partido Coalición Unidad (PCU) se distanció de la industria, el diálogo entre sectores era mínimo, las reglas del juego (políticas económicas) pasaban en constante cambio, no se sabía qué iba a pasar con los incentivos industriales de cara al neoliberalismo, el Mercado Común Centroamericano se estaba cayendo. Fue uno de los peores momentos para el empresario privado. Incluso, para disminuir la incertidumbre, la CICR formó un Departamento de Estudios Económicos que tenía como objetivo atender las consultas de sus asociados respecto a la situación macroeconómica del país y las políticas que estaba implementando la administración Carazo (Departamento de estudios, 3 de octubre de 1980, p. 3).

Pero, contrario a los argumentos expuestos por los académicos como causantes de la crisis, para el sector había un único culpable: el Gobierno. En octubre de 1980 en una entrevista se le preguntó a Walter Kissling, ex presidente de la CICR, “¿cuál es el principal factor de la crisis que padecemos?” a lo que respondió: “el gasto excesivo del Gobierno, no hay duda. Si el Gobierno mantiene en ascenso sus gastos y los financia con emisiones inorgánicas, la espiral inflacionaria continuará” (Industria genera empleo y fija estabilidad del país, 10 de octubre de 1980, p. 3). Para la industria, no había duda de que las decisiones de los gobiernos habían llevado al país a la ruina. Sus principales críticas fueron hacia el tamaño de la burocracia, el endeudamiento (interno y externo) y la emisión inorgánica. Los gráficos 1 y 2 revelan que el sector público empleaba mucha más población que la industria y pagaba mejores salarios:

Estos datos demuestran la cantidad de recursos que invertía el Estado en su aparato burocrático, situación que se mantiene hasta el presente y que absorbe buena parte del presupuesto nacional. Por otra parte, los industriales aseguraban que no estaban en contra de una reestructuración a priori de la economía, lo que no aceptaban era el neoliberalismo. Conocían los estragos que esa estrategia de desarrollo había provocado en otros países, conocían las consecuencias que había traído para las industrias, en especial, la desprotección arancelaria. Incluso argumentaban que se basaba en la persecución del sector industrial (Industriales frente a decisiones oficiales, 10 de abril de 1981, p. 2.). Ellos abogaban por un modelo más apegado a las posibilidades nacionales, más acorde a las “reglas del juego” a las que estaban acostumbrados, o de cambiarlas, pedían que se hiciera de forma paulatina, no en un “shock liberal” que no les daría oportunidad de adaptarse a una nueva realidad. Así lo expuso un editorial de El Industrial:

Se ha querido trasladar a Costa Rica una edición de las teorías de la llamada ‘Escuela de Chicago’, cuyo fracaso es muy sonado en Argentina y se acusa en Chile, pese a disponer de regímenes militares estrictos […] En Costa Rica necesitamos escarmentar en cabeza ajena, evitando que los errores de los demás se proyecten en nuestro pequeño territorio donde solo se cobijan dos millones de habitantes. No podemos vivir a ritmo de champán si apenas producimos para agua dulce. (Inaceptable respuesta del B. Central, 3 de abril de 1981, p. 2).

Expuestas las causas trazadas por la industria y su reacción ante la posibilidad del nuevo modelo de desarrollo defendido por altos funcionarios del gobierno, se procede a presentar la defensa que adoptó la CICR.

Postura del sector industrial privado sobre su papel en la economía

Ante este panorama de restructuración económica, los tecnócratas liberales, encabezados por Thelmo Vargas (director del BCCR) y Hernán Sáenz (Ministro de Hacienda), inspirados en la Escuela de Chicago, defendían la premisa de que el país debía dejar atrás la estrategia benefactora y seguir el curso neoliberalista que ya había iniciado en América Latina. Ellos querían que la industria nacional pasara por un proceso de depuración bajo los parámetros del libre mercado, donde solo las realmente eficientes pudieran permanecer en el juego económico.

Frente a la amenaza implícita por cambiar de modelo económico o cambiar “las reglas del juego” como prefería denominarlo la Cámara, el sector adoptó la estrategia de publicar artículos en El Industrial, cuyo contenido exponía los beneficios de la industria y los peligros que traería privarla de sus incentivos.

Generación de empleo

La CICR se refirió a la alta capacidad del sector por generar empleo. Para el empresario Miguel Barzuna, el empleo industrial era el responsable de la paz que gozaba el país, pero se quejaba de que era duramente criticado, especialmente, por algunos altos funcionarios (Empleo industrial es la razón de la paz que disfrutamos, 1 de junio de 1979, p. 4). Incluso, ante el problema de la migración rural-urbana, Manuel M. Madrigal (arquitecto y asesor privado) sostuvo que la industria garantizaba un trabajo continuo y mejoramiento de las condiciones de vida, y que las personas apostarían por esa opción a pesar de que las condiciones en la ciudad se podían tornar difíciles (A propósito de la migración rural urbana, 26 de abril de 1978, p. 6). El problema fue que la industria se concentró geográficamente en el valle central, el 90% de su producción salía de allí. Los incentivos al sector se habían otorgado de forma geográficamente homogénea, por lo cual, para los empresarios no había razón para invertir en las periferias (Ley de fomento a la industria rural, 6 de diciembre de 1978, p. 15).

Según la Cámara, la industria pasó de ocupar a 43.125 personas en 1963 a 110.000 en 1980 (Sector industrial el más dinámico de la economía, 1 de febrero de 1980, p. 4). El conteo propuesto inicia en un momento clave: la entrada al Mercado Común Centroamericano (MCCA). Esto puede deberse a que antes de ingresar a dicho bloque económico el empleo industrial no era significativo. Segundo, del año inicial al año final (1963-1980) hubo un aumento de 155%, o sea, un crecimiento de casi el 10% por año en 17 años (Salario industrial es el más atractivo para los costarricenses, 1 de febrero de 1980, p. 8). Se podría pensar que ese porcentaje fue importante; sin embargo, el sector agropecuario seguía a la cabeza como el principal empleador nacional. El siguiente gráfico muestra lo mencionado anteriormente, se incluyó otros sectores de la economía para conocer, comparativamente, cuál era el papel de la industria como empleadora:

De la información expuesta se pueden sacar varias conclusiones. En primer lugar, si bien la industria era una fuente de generación de empleo, no se podría decir que fuera el sector estrella en ese sentido, ya vemos que la agricultura empleaba muchísima mano de obra; empero, su caída (sector agrícola) en medio de la crisis si fue más preocupante, contrario a lo que pasó con los otros sectores, cuya disminución de planilla no fue tan radical. Por otra parte, llama la atención la participación en el empleo que tuvieron los sectores de servicios y comercio, parece ser que incluso no se vieron tan afectados por la crisis. En tercer lugar, el empleo industrial se mantuvo constante en este periodo de 9 años, su participación porcentual osciló entre los 15 y 16 puntos (en comparación con el empleo total nacional) y la cantidad de ocupados máxima estimada fue de 131000 personas en 1985. En este sentido, parece ser que ni la entrada en operación de las maquilas supuso un aumento importante en la demanda de mano de obra manufacturera.

A pesar de que la Encuesta de Coyuntura Industrial recalca la importancia del empleo industrial, concluye que este no suponía un medio estable para la población. Para los primeros dos trimestres de 1980, casi un 43% de los industriales indicó que su personal ocupado no varió, o sea, menos de la mitad de las empresas pudieron mantener su planilla estable. Además, en el primer trimestre de ese año, un 35% de las empresas indicó que su planilla había aumentado, mientras que las empresas restantes tuvieron que recortarlo. En el segundo trimestre, los datos de aumento y disminución del personal se invirtieron. Esto demuestra que la industria no era capaz de garantizar fuentes de trabajo estables, contrario a lo expuesto por Madrigal (Izurieta et al., 1980, p. 11).

En el caso de la pequeña industria, para 1984, los aproximadamente 15000 talleres existentes (al lado de alrededor de 3000 grandes industrias), empleaban un 54% de la mano de obra industrial (Importancia de la pequeña industria en la economía nacional, 1984, pp. 8-9). Esto evidencia la importancia de ese subsector que fue invisibilizado por el vocero de la CICR, lo cual deja inferir que esa entidad representaba principalmente a un grupo de grandes empresarios y en menor medida a medianos industriales.

A finales de 1983, la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) presentó un documento en el cual el sector privado se comprometía a recoger alrededor de 6000 trabajadores públicos, con el objetivo de aliviar el presupuesto nacional, disminuir el gasto público y aumentar la productividad privada (6 mil empleados recibirá sector privado del estado, 3 de noviembre de 1983, p. 17). No obstante, no se detalla el plan para absorber esa mano de obra; cuando la tendencia había sido, en los últimos dos años, la reducción del personal. Incluso, en agosto de 1984, se publicó una nota que hablaba sobre la gravedad de la situación económica, se afirmó: “el proceso de normalización de la economía sigue en veremos; no hay nuevas inversiones y se alejan las posibilidades de generar nuevos empleos” (El SEL no debe aprobarse, 7 de agosto de 1984, p. 2). Si el sector no podía mantener una planilla estable o aumentar sus actividades ¿cómo iban a absorber mano de obra del sector público? Que, como se mostró anteriormente, hasta tenía mejores salarios.

Salario industrial

La Cámara defendía que sus salarios eran altos y que varios miembros de una misma familia podían laborar en ese sector, esto les permitía tener varios ingresos, aumentar su nivel social y su nivel de consumo, lo cual consideraban un motor de la economía nacional. Sin embargo, la brecha de género en este ámbito fue una realidad, el siguiente gráfico lo demuestra:

Entonces, de los asalariados industriales solo un tercio eran mujeres, y aún en esta circunstancia, había una brecha salarial:

En 1979 la diferencia entre ambos salarios era de unos 650 colones, lo cual ya era significativo. Pero es alarmante que, a partir de 1983, la diferencia alcanzó casi los 2000 colones y continuó con esa tendencia. En ese sentido, no se puede decir que el sector industrial contribuyera a alcanzar una realidad laboral donde se fuera equilibrando la igualdad de género. Si es cierto que empleaba mujeres, pero eso no es suficiente para insinuar que era un sector inclusivo.

Por otra parte, la CICR argumentaba que tener un mejor salario y una mejor calidad de vida fomentaba el pacifismo, esto lo explicitó el 18 de julio de 1980 en un editorial:

Los hombres hambrientos no son libres, ni tampoco las comunidades hambrientas. En un sentido muy real, la libertad que hemos alcanzado está [ligada] a nuestro sentido de producción de riqueza […] La acumulación de diferentes entradas asegura el mantenimiento de un status social que es clave en la proyección pacífica del país. (Hablando se entiende la gente, 18 de julio de 1980, p. 2).

Hidalgo argumenta que el sector industrial junto con el sector servicios contaban con los mejores salarios, lo cual -como se mencionó anteriormente- incluso causó migraciones de las zonas rurales a las urbanas, situación que nutrió a la industria de la mano de obra que necesitaba (Hidalgo, 2003, p. 46). Por su lado, Carlos Izurieta argumenta que esa política estaba orientada a retener al personal calificado y a lograr una mejor colaboración del personal (1983, p. 104). Empero, en un análisis sobre la pequeña industria, Ulrich Hoffman aclara que en ellas los salarios eran bajos, razón por la cual esos trabajadores rara vez recibían capacitaciones (Hoffman, 1983, p. 55).

En los datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) se evidencia que los salarios industriales si eran mejores que los agrícolas, pero eran superados por otros sectores, especialmente el de los servicios. En otras palabras, y trayendo en consideración los datos sobre empleo, se infiere que el sector industrial no era ni el principal empleador ni pagaba los mejores salarios del país. En el discurso del suplemento que estudiamos, se tiende a la idea de que el país es una dicotomía agricultura/industria, y se cae en el error de invisibilizar la presencia de los otros sectores.

No se sabe si estos datos de la ENAHO son un promedio del salario de los hombres y las mujeres, si no lo fuera, y tomando en consideración lo anterior sobre la brecha de género, las mujeres habrían estado recibiendo un sueldo como si trabajaran en la agricultura. Lo cual desmiente aún más el sueño de la Cámara de ser el sector con los mejores pagos a sus trabajadores.

Labor capacitadora del sector industrial

La Cámara también indicó que la industria había tenido que capacitar a sus empleados a través del trabajo y mediante programas de adiestramiento, pues criticaba que aún faltaba una preparación adecuada por parte de instituciones públicas como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) (creado en 1965 para que se desempeñaran correctamente las labores propias de la industria) (Sector industrial el más dinámico de la economía, 1 de febrero de 1980, p. 4). En la Encuesta de Coyuntura Industrial, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) encontró que poco más de la mitad de los entrevistados tenía problemas de capacitación del personal. La forma más habitual en que lo solucionaron fue mediante la capacitación en la propia empresa. Incluso algunos prefirieron enviar al personal fuera del país en lugar de crear programas con el INA u otra institución pública. En la misma encuesta se preguntó a los industriales su opinión sobre los cursos de capacitación nacional, aunque gran parte no contestó (38,5%), un 22% manifestó tener una buena opinión sobre estos, mientras que un 15,4% indicó que les parecían insuficientes (Pacheco, 1981, pp. 45-46).

Un análisis conjunto entre CINDE y la CICR señalaba que solo el INA tenía programas especializados para capacitar operarios, supervisores y mecánicos, en especial para la maquila de ropa; pero los empresarios se quejaban de que estos programas ofrecían una preparación poco práctica. Además, en ese momento el INA solo podía capacitar a unos 250 operarios por año, insuficiente para los proyectos de expansión industrial (Ruiz et al., 1983, pp. 34-35).

Por otra parte, la atracción de personal extranjero calificado estaba obstaculizada por los requisitos legales del Código de Trabajo y la tramitología de inmigración. Este tipo de trabajadores se consideraban necesarios especialmente cuando no había mano de obra calificada nacional para actividades específicas o para el inicio de operaciones de ciertas industrias. No obstante, un aspecto muy interesante que se resalta en dicho estudio, es la inconformidad de los patronos con la falta de eficiencia de sus empleados: “esto, que parece un mal ya muy generalizado en la personalidad del costarricense, debería ser atacado con especial interés por las instituciones capacitadoras […] Si el tico no sale de su mediocridad laboral, jamás lograremos competir con otros mercados” (Ruiz et al., 1983, pp. 34-35).

Esto contradice lo expuesto en el libro de León et al. (2016) donde se indica que uno de los incentivos industriales fue el buen nivel educativo de la mano de obra nacional. La opinión de los industriales fue otra, parece que las iniciativas públicas de capacitación no llenaron las necesidades del sector.

Crecimiento industrial

Se afirmaba que el sector había crecido aceleradamente en comparación con el resto de la economía. Para la Cámara esto tenía dos explicaciones, la primera fue en definitiva el conjunto de incentivos que había estado recibiendo de las diferentes administraciones (Sector industrial el más dinámico de la economía, 1 de febrero de 1980, p. 4), León sostiene que sin ellos el sector no hubiera crecido de la manera en que lo hizo (2016). La segunda razón fue el tipo de productos que ofrecía al mercado, especialmente al nacional que era el mayor demandante. Dichos productos, según la fuente, no eran de primera necesidad, pero los industriales afirmaban que su consumo reflejaba que la población tenía un alto nivel de vida gracias en parte, como ya se mencionó, a los salarios industriales (Sector industrial el más dinámico de la economía, 1 de febrero de 1980, p. 4). Según los datos recopilados por León et al. se puede comprobar que el sector efectivamente se mantuvo en crecimiento (de acuerdo con su participación en el PIB) hasta 1979, a partir de 1980 se produjo una leve caída en puntos porcentuales y después de ese año se fue recuperando. El autor indica que fue el sector que mayor crecimiento presentó desde 1960 hasta 1979, seguido por el transportista (2016).

Según los entrevistados por el IICE, ya para 1979 la producción industrial mostraba contracciones, pues creció solo un 3,2% a diferencia de 1978 que lo hizo en un 9,6%. Además, en 1980 se predecían que para el año siguiente su crecimiento disminuiría respecto al año anterior (Izurieta et al., 1980, pp. 1, 12). Sin embargo, los datos presentados en los gráficos 7 y 8 muestran otra realidad. En primer lugar, desde 1976 se nota un decrecimiento en la participación industrial del PIB, o sea, la crisis establecida en 1980 no empeoró dichas cifras, sino que la economía ya venía deteriorándose desde antes. En segundo lugar, esta participación en el ámbito porcentual fue mucho más estable que la de la agricultura y el comercio, los cuales sufrieron altibajos importantes en el periodo. En tercer lugar, la CICR se refería al sector como el gran productor del país, pero ya se ve que la agricultura, e incluso el sector comercio, superaron a la industria varios años, no se puede subestimar su papel.

Este gráfico evidencia dos aspectos, el primero que, al menos a partir de 1976, el monto de la producción de estos sectores fue muy similar. El volumen de la producción agrícola era mayor, pero sus precios eran bajos, porque tenían poco valor agregado. En segundo lugar, que a partir de 1982 estos tres sectores aumentaron su participación de forma bastante importante, lo cual puede deberse a las políticas económicas implementadas por el gobierno de Luis Alberto Monge.

Cabe recalcar que no todas las actividades industriales se comportaron de la misma manera, en 1980 la contracción en el crecimiento se debió principalmente al deterioro en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, la metalmecánica, madera y papel. Pero en las ramas de textiles y minerales no metálicos, más bien se esperaba un incremento en la producción (Izurieta et al., 1980, p. 12).

El rubro de crecimiento tuvo sus críticas, que fueron hechas en un documento elaborado para el Plan Nacional del Desarrollo donde se manifestó que anteriormente, cuando la economía estaba en recesión, los bienes suntuarios simplemente se podían dejar de importar, pero ahora esos productos eran vitales para la supervivencia de la industria nacional (porque era lo que producían). Empero, según los datos brindados por León la rama industrial más importante para 1980 fue la de alimentos, bebidas y tabaco; su proporción de exportación en ese año fue de uno de los más bajos, por lo que se infiere que casi la totalidad se quedaba en el país. La segunda en importancia fue la de sustancias químicas, derivados del petróleo y del carbón, el caucho y los plásticos; la tercera los productos metálicos y maquinaria. Esto significa que la afirmación de que la industria nacional producía bienes suntuarios no era del todo cierta, por el gran peso que tenían los alimentos y las bebidas en el mercado nacional. Además, la industria textil fue la segunda en importancia hasta 1972, momento en que empezó a bajar peldaños, en 1980 estaba en cuarto lugar y constituye un bien de consumo básico. Entonces, una parte de las industrias podían haber sido dependientes de un mercado que consumiera productos suntuarios, pero eso no aplicaba para todo el sector (León et al., 2016).

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo señalaba que, a pesar del crecimiento de la actividad industrial, ésta ya estaba mostrando síntomas de agotamiento, para el periodo de 1966 a 1976 la producción industrial creció anualmente un 9,6%, mientras que para el periodo de 1970 a 1976 bajó a un 7,8%. Esto quiere decir que el mayor crecimiento industrial se dio antes de la década de 1970, posterior a esta empezó su deterioro (Incentivos a la producción analiza Plan de Desarrollo, 1 de febrero de 1980, p. 6). Eso puede explicarse por la entrada de CODESA al juego económico en el año 1972, la cual según Mary Clark usó una “extraordinaria” proporción de crédito disponible para el sector público en actividades poco fructíferas, recortando a su vez el crédito a la industria privada (Clark, 1993).

Entre las causas del agotamiento industrial que propuso el Plan, estaban la gran dependencia de insumos importados para la producción final, nunca se fomentó la producción total con materias primas nacionales (Rodríguez y Ulate, 1982, p. 35). Rigoberto Navarro Meléndez enfatizó que el desarrollo industrial en el país había sido más voluntad de la clase empresarial que producto de una planificación estatal. Nunca se priorizó las industrias básicas, el crédito y los incentivos fiscales se dieron casi sin discriminación, “se prefirió el camino fácil de la sustitución generalizada de importaciones” (Problemas del proceso de industrialización, 18 de enero de 1978, p. 14).

También estaba la baja utilización de la capacidad instalada, muchas plantas fueron desarrolladas con métodos que satisfacían a grandes mercados. Ennio Rodríguez y Anabelle Ulate concluyen en su estudio que la utilización de la capacidad instalada por parte de los empresarios entrevistados era baja, apenas un 40%. No obstante, según el criterio de esos empresarios, la industria utilizaba un 66%. La razón de esta diferencia es que ambos divergen en el número ideal de turnos por día (1982, p. 35). Según Navarro Meléndez, en 1978, un 68% de las industrias solo trabajaban un turno (Problemas del proceso de industrialización, 18 de enero de 1978, p. 14).

Sin embargo, se propone que, aunque el mercado hubiera sido grande, el ingreso de la población estaba muy concentrado, especialmente en los otros países del MCCA (Rovira, 1987, p. 50). Por otro lado, el crecimiento industrial tenía una fuerte relación al crecimiento del sector agropecuario, el cual se estaba deteriorando pues la mayoría de los beneficios los estaba absorbiendo la industria (Hidalgo, 2003, p. 46). El Plan concluyó que los incentivos a la industria pueden haber sido más negativos que positivos (Incentivos a la producción analiza Plan de Desarrollo, 1 de febrero de 1980, p. 6). Empero, Max Koberg Van Patten, ex presidente de la Cámara de Industrias, no estaba de acuerdo con lo anterior y lo expresó el 14 de marzo de 1980 en El Industrial:

La actividad industrial nunca se ha beneficiado a costa del sacrificio de otros sectores […] Con el propósito de justificar la eliminación a los beneficios que protegen a la industria algunos funcionarios gubernamentales solo cosas negativas le han achacado, sin detenerse a pensar en los enormes beneficios que esta actividad trae a la economía del país, y los serios problemas que se presentarían si los empresarios, por falta de estímulos, dejan de invertir. (Medidas a muy corto plazo piden comercio e industria, 14 de marzo de 1980, p. 4).

Aunado a lo anterior, Enrique Chacón, ex presidente de la Cámara de Industrias de Heredia sostenía que la única manera de que Costa Rica pudiera salir del subdesarrollo era aumentando la producción y para eso era necesario estimular al empresario, con créditos bancarios más favorables, por ejemplo (Créditos bancarios favorables son único motor para avance industrial, 22 de febrero de 1980, p. 3). En este sentido Blanco y Garnier estaban de acuerdo, para ellos la única forma de equilibrar el modelo era aumentando la productividad, mediante reformas coherentes a la realidad nacional y acorde al contexto global. Aunque en ningún momento indican que la industria fuera superior a los demás sectores, sino que debía haber un equilibrio en el ámbito productivo (Blanco y Garnier, 2010, p. 75).

Pero, para la Cámara la industrialización sí era la única forma de alcanzar el desarrollo e incluso creían que cuando ese sector se consolidara podría equilibrar los demás sectores económicos nacionales. Más aún, defendían la premisa de que gracias a la industria el país había dejado de depender tanto de las exportaciones tradicionales, tal y como afirmó la CICR en un editorial del 14 de marzo de 1980 ante las críticas del Ministro de Hacienda del momento, Hernán Sáenz:

El proceso de industrialización en Costa Rica, basado en la política de sustitución de las importaciones, ha logrado alcanzar uno de sus principales objetivos cual es el de haber diversificado la producción nacional y reducir la dependencia sobre la exportación de productos tradicionales a base de un esfuerzo permanente del empresario por mejorar su eficiencia productiva. (Industria refuta al Ministro de Hacienda, 14 de marzo de 1980, p. 2).

La Cámara aseguraba que si Costa Rica no aumentaba su producción industrial las consecuencias a futuro serían graves (Paquete tributario se abate en contra del sector productivo, 27 de junio de 1980, p. 8). Revisando el texto de León se encontró que, del porcentaje total de exportaciones en 1980, las industriales fueron un 36,5%, lo cual sí representa una cantidad significativa (2016). No obstante, el sector agropecuario seguía siendo el más importante para la estabilidad económica, tal y como indicó Jorge Rovira, el desarrollo mismo de la industria se basó en las divisas provenientes de la agroexportación y, por otro lado, la caída de los precios del café precipitó la crisis (1987, pp. 49-50). Sí se logró sustituir muchas importaciones de productos finales, pero en su lugar se importaban materias primas, entonces se puede decir que lo que hubo fue un reemplazo de importaciones basadas en la riqueza del modelo primario-exportador. Por ende, lo que se ve es una defensa incondicional de la producción industrial.

Iniciada la administración del Partido Liberación Nacional (PLN), el presidente Luis Alberto Monge resaltó la importancia de la industria. Sostuvo que, si la producción nacional disminuía, simplemente sobrevendrían acontecimientos poco fortuitos para la sociedad: el aumento del desempleo, el aumento en los precios, la caída vertiginosa del poder adquisitivo de la clase trabajadora, y en consecuencia se pondría en peligro la paz social. Por esta razón, indicó que el reto más importante del país era la producción y la exportación, reto que la Cámara aceptó en el título de su editorial del 6 de mayo: “el sector productivo acepta reto de Monge” (6 de mayo de 1982, p. 14).

Pero el aumento de la producción era una meta complicada, 1981 fue el peor año para la industria desde su existencia. En 1982 el decrecimiento en la producción continuó, los datos se pueden verificar en este gráfico que muestra la tasa de crecimiento anual promedio, sobre la línea del “0” hay un crecimiento positivo, mientras que cuando los datos están debajo esa línea, significa que la producción industrial estuvo en disminución:

Además, el aumento de producción industrial solo era posible, en ese momento, si se mantenían los estímulos industriales. Pero, del modo en que iban enrumbadas las políticas económicas, los industriales afirmaron que la producción se contraería (Izurieta et al., 1981, p. 18). Para ellos, seguía siendo evidente que la exportación de productos no tradicionales era la única vía para salir de la crisis:

[…] algunos sectores fácilmente le atribuyen todos los males de la nación a la política de protección industrial. En este sentido, si repasamos la historia reciente, debería aceptarse que, el proceso de industrialización […] [f]omentó la capacitación de importantes sectores de la población, tanto en el campo de la producción como en el administrativo. Se desarrollaron muchas empresas en el campo de los servicios como la publicidad, los transportes, hotelería, etc. Se multiplicaron las carreras profesionales […] Si somos justos, estos ejemplos de desarrollo, tienen como sustento, la industrialización iniciada en los años sesenta. También tiene mérito, haber contribuido a la diversificación de nuestras exportaciones (ya no somos monocultivadores) y a la penetración de nuevos mercados (ya no tenemos todos los huevos en una misma canasta). En definitiva, […] no es destruyendo esta actividad que podrá salirse de la crisis actual. (Proteger industria: política necesaria, 5 de agosto de 1982, p. 13).

A pesar del cambio de administración, para la CICR las políticas económicas implementadas por el PCU y el PLN tenían algo en común: el deterioro del sector industrial. Esto no quiere decir que fueron pensadas intencionalmente para perjudicar el sector, pero su contenido si lo hizo, en vista que eran bastantes contrastantes a la tendencia de protección mantenida antes de la crisis.

Pequeña industria

En un estudio elaborado por el Comité de Coordinación Interinstitucional de la Pequeña Industria y Artesanía (CIPIA), se encontró una serie de ventajas que tenía para el país el fomento de la pequeña industria y la producción artesanal. Se aseveraba que, en primer lugar, era una fuente de trabajo permanente, que beneficiaba especialmente a las zonas rurales y a los lugares con bajo empleo (Informe sobre los problemas de planificación del sector pequeña industria y artesanía, 1980, p. 6), hasta las mujeres y sus hijos formaban parte del proceso productivo (Importancia de la pequeña industria en la economía nacional, 1984, pp. 8-9), en consecuencia, promovía una mejor distribución de los ingresos.

En segundo lugar, tenía el potencial de aumentar y diversificar la producción de bienes esenciales. Podía desarrollar tecnología nacional y aprovechar los recursos internos. Dada su naturaleza, tenía la capacidad de preservar y desarrollar las tradiciones culturales y artesanales. Incluso se mencionó que podía ayudar a mejorar la balanza de pagos (Informe sobre los problemas de planificación del sector pequeña industria y artesanía, 1980, p. 6). Podían operar con un bajo nivel tecnológico y poco capital. Utilizaban mucha más materia prima nacional y su mercado era el interno. El Ministerio de Industria, Energía y Minas sugirió que la pequeña industria sí era un ejemplo de lo que debió ser la sustitución de importaciones (La política industrial hacia la pequeña industria y artesanía, 1979, pp. 3, 10, 18).

Según el CIPIA, estas ventajas debían ser impulsadas con apoyo gubernamental, aunque aclaraban que ese apoyo tenía que ser enfocado en fábricas y talleres con “posibilidades reales” de expandirse, o sea, que busquen aumentar su producción, su planilla y el uso de recursos naturales (¿qué buscaran dejar de ser pequeñas para convertirse en medianas o grandes industrias?). El CIPIA recomendaba impulsar la creación de pequeñas industrias en zonas rurales y urbano marginales, para reactivar allí el empleo (Informe sobre los problemas de planificación del sector pequeña industria y artesanía, 1980, p. 6). A pesar de las ventajas de la pequeña industria, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio reconoció que las medidas tradicionales de fomento (incentivos fiscales, crédito, formación de profesionales, investigación, asistencia, entre otros) habían dejado al margen a ese subsector: las exoneraciones a la “pequeña industria no representan ni un medio por ciento de lo que se exonera a la gran industria” (La política industrial hacia la pequeña industria y artesanía, 1979, pp. 1, 9-10).

Defensa ante la crítica de los tecnócratas liberales

La Cámara argumentó reiteradamente y a lo largo de todo el periodo de estudio, que el sector no fue el culpable del déficit y que la única posibilidad real de generar ingresos fiscales era que aumentara la producción, que consideraban la fuente primaria de ingresos nacionales (Solución integral del problema económico en crisis de C. Rica, 20 de junio de 1980, p. 3). De hecho, la CICR publicó el día 20 de junio de 1980 que:

Es bien conocida en Costa Rica la importancia que ha tenido la participación de la industria en el aumento de las exportaciones en los últimos 20 años. Esa participación, además, le ha dado a la balanza de pagos costarricense una estabilidad que sin ella no tendría […] Hay que subrayar que los incentivos tributarios no significan un subsidio gratuito del erario público. En el caso de la industria, los incentivos constituyen la contraprestación necesaria por beneficios externos que crea la inversión y que el inversionista no capta, sino que se trasfieren a la comunidad y/o el Estado. (Un diálogo sobre la política arancelaria, 20 de junio de 1980, p. 2).

Lo extraño de ese argumento es que autores como Rovira, León, Hidalgo, Blanco, Garnier y Fernando Herrero, en sus análisis concluyen que las voluminosas importaciones de materia prima para la industria fueron uno de los factores de peso del desequilibrio en la balanza de pagos. En palabras de Hidalgo, desde 1948:

Surgió […] el modelo histórico estructural primario-exportador doméstico-industrial, basado en la producción de bienes destinados al mercado interno o al Mercado Común Centroamericano, y en el desarrollo del sector exportador de productos primarios que permitía financiar las importaciones de bienes de capital e intermedios necesarios para la producción de bienes de consumo. (Hidalgo, 2003)

Aunque en un punto la CICR si tenía razón, los incentivos industriales no fueron los únicos causantes del déficit, las diferentes Administraciones no manejaron los recursos de manera adecuada, gastando mucho más de lo que ingresaba y no trazaron planes para aminorar la dependencia de las importaciones. Sin embargo, la industria vivía en un momento de jaque, donde adoptó cualesquiera estrategias para poder justificar su importancia. Es cierto que la producción industrial genera más divisas que los productos tradicionales, por su valor agregado, pero la mayor parte de la mercadería se quedaba en el país o en el MCCA y los incentivos contrarrestaban esas ganancias.

Soluciones para superar la crisis

Para los tecnócratas liberales, una de las principales soluciones para salir de la crisis era quitar los incentivos de protección al sector industrial e insertar al país en la dinámica del libre mercado, la libre competencia. Pero la industria que estaba en clara desventaja ante sus homologas latinoamericanas, y más aún, ante los tigres asiáticos (expertos en la manufactura masiva) expuso su propia propuesta para el desarrollo. Fiel a su actividad proponía que la única manera era mediante el fomento de la industria, produciendo y exportando más. Sostenía que el crecimiento de las empresas conllevaba al crecimiento de la economía (Estado, sindicatos y empresa privada, 26 de junio de 1981, p. 2) y que las exportaciones eran equivalentes a la entrada de divisas, en particular las de productos industriales, dado que por su valor agregado eran mejor pagadas y eso daba la posibilidad de fortalecer la balanza de pagos en el corto plazo (Cámara de Industrias reclama más claridad a Banco Central, 12 de setiembre de 1980, p. 3).

Para aumentar la producción y las exportaciones, según la CICR, era necesario un trabajo conjunto con el sector público, acceso a crédito favorable y la posibilidad de llegar a terceros mercados. Este último haría posible que el país pudiera producir para un mercado más amplio, pues el regional ya no estaba dando a basto, aunque el MCCA seguía siendo visto como el cliente más seguro. En segundo lugar, estaba el tema de los créditos, la CICR indicaba que, si el sector no contaba con créditos a tasas de interés bajas, simplemente no podría auto superarse (BANEX: confianza en el futuro de Costa Rica, 23 de enero de 1981, p. 3).

El Gobierno también consideraba que la producción era una de las soluciones de la crisis, pero la descoordinación política confundía a los empresarios e industriales, sabían que tenían el mismo objetivo, pero no podían prever el comportamiento político. Un editorial de octubre de 1980 lo indica así: “producir más, exportar más, es tarea que conoce el sector productivo. Pero; [¿]pensará mañana el Gobierno, igual que afirma hoy, ese mismo principio?” (BANEX: confianza en el futuro de Costa Rica, 23 de enero de 1981, p. 3). Por otra parte, el IICE afirmó que el crédito a la industria y la producción eran dos factores que estaban directamente relacionados, una relación “tan íntima que podría afirmarse que si no hay crédito no hay producción” (Villasuso, 1982, p. 4).

En cuanto al problema del gasto público, la CICR sostenía que tenía que reducirse drásticamente, limitar el financiamiento interno del Gobierno, limitar el crecimiento descontrolado del endeudamiento externo y restablecer la autonomía del Banco Central para que el Poder Ejecutivo dejara de absorber sus recursos de forma indiscriminada. En una entrevista de inicios de julio de 1981, Koberg insistió en que había que “… impedir [el crecimiento de la burocracia]. Precisamente ese detalle se encontraba dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No se puede eliminarla, entonces hay que frenarla, controlarla y hacerla más eficiente” (Medidas cambiarias: descontento incertidumbre para la industria, 3 de julio de 1981, p. 4).

Durante todo 1982, la CICR lanzó críticas contra quienes afirmaban que a la industria debía reducírsele los beneficios, sin conocer o haber estudiado el sector para saber la situación real por la cual estaba pasando. Casi finalizando el año, los industriales se resignaron a que no habría mejora económica, esto se encuentra en un editorial del 2 de setiembre de 1982:

En una conflagración bélica se unen todas las fuerzas y recursos de un país para un solo objetivo: trabajo de guerra, espíritu de guerra, industria de guerra… No se guerrea por capricho, algo superior lo respalda. Costa Rica atraviesa una crisis de supervivencia y muchos costarricenses no están enterados todavía de la dramática coyuntura, aunque la padecen por la tremenda ola inflacionaria que nos desborda. Estamos pues en guerra, en guerra económica de vida o muerte […] El presidente Monge lanzó un grito […] en su campaña política: ´Más producción y más exportación´. Pero a esta altura del año y empantanados en un túnel, sin luz [y] sin amanecer por delante, ‘exportar o morir’ se torna realista y urgente. Se levanta como voz de batalla. Como rayo en la lejanía que ilumina cual chispazo en una noche negra, de tormenta […] O generamos exportaciones o pereceremos. (Exportar o morir, 2 de setiembre de 1982, p. 14).

En respuesta a los ataques contra el sector, se formó un comité para el fomento industrial, integrado por un grupo de empresarios asociados a la Cámara de Industrias, a la Cámara Costarricense -norteamericana- de Comercio y por el CINDE. Juntos crearon una campaña publicitaria en favor de la empresa privada bajo el lema de “la empresa privada produce libertad”. Tras una serie de encuestas, se encontró que el público en general la desconocía, “por lo tanto, en la campaña publicitaria se adoptó la estrategia de darle a la empresa privada, por así decirlo, una presencia de carne y hueso, con base en anuncios de televisión en los que se presenta a personajes concretos en su función de empresarios, al tiempo que consigna los beneficios que la empresa privada aporta al país” (La empresa privada produce libertad, 30 de octubre de 1984, p. 5).

El último editorial de 1982 (9 de diciembre) recoge la opinión de la CICR en retrospectiva sobre lo acontecido en dicho año y sus expectativas para el siguiente:

Termina 1982 con una ansiedad muy clara en el sector productivo: pelear dentro y fuera de las fronteras patrias para seguir cosechando un fruto provechoso que beneficie al país, en el marco de un entendimiento razonable y justo con las tendencias localistas de entorpecer el desarrollo productivo nacional y frente a la fuerte competencia de mercados nuevos. (Un año en el esfuerzo industrial, 9 de diciembre de 1982, p. 16).

Inclusive, en un estudio de finales de ese año, el IICE afirmó que la crisis del sector industrial había superado por mucho las expectativas desfavorables de los empresarios, fue peor de lo que imaginaron.

Conclusión

Ya quedo claro que el proceso de reestructuración económica de inicios de la década de 1980 fue muy confuso para el sector industrial, no había claridad en las “reglas del juego” e incluso durante la administración Carazo, La Nación nombró esta dinámica como la política del “hacer y el deshacer” (Rivera, 1982, pp. 81-82), puesto que se tomaban decisiones respecto a las políticas económicas, luego Rodrigo Carazo las anulaba, luego la Asamblea se pronunciaba de otra manera, lo mismo los ministerios y así sucesivamente. Además, la comunicación entre el sector público y privado se deterioró después de la devaluación.

Para la Cámara de Industrias era evidente que las políticas seguidas por los sucesivos gobiernos habían sido las causantes de la crisis: el gasto excesivo, el endeudamiento, el crecimiento del aparato burocrático, el financiamiento del gobierno del PCU con emisiones inorgánicas, entre otros. Este tema, de hecho, llama a la reflexión acerca del contexto actual nacional, pues parece que se están cometiendo los mismos errores. Por ejemplo, el porcentaje del PIB para pagar la deuda aumentó, los salarios y la gran cantidad de funcionarios son una carga para el presupuesto, así también las pensiones de lujo. Se supone que una de las funciones de la historia es evitar los errores del pasado, pero la realidad nacional parece un déjà vu infinito, la rueda del Samsara lanza las mismas lecciones y siempre se reprueban. El dragón costarricense no deja de morderse la cola.

Por otra parte, se encontró que la CICR no estaba en desacuerdo con cambiar o variar la estrategia de desarrollo. Lo que si rechazó radicalmente fue la implementación del famoso neoliberalismo, por dos razones principales: era un modelo foráneo inaplicable a la realidad nacional y que ya había fracasado en otros países, por otro lado, el neoliberalismo significaba desprotección industrial y el sector no creía estar preparado para eso. A pesar de ello, Tilman Altenburg asegura que la apertura y desregulación en Costa Rica sucedieron de manera gradual y que la apertura económica no fue un golpe mortal para las empresas, pocas dejaron de producir y todas las ramas mostraron un crecimiento más o menos uniforme. El autor incluso considera que el ingreso de la industria al libre mercado fue exitoso, contrario a lo que sus detractores -y la misma Cámara- pensaban. Altenburg también afirmó que, en un principio, los industriales apoyaron las primeras reformas liberales, hasta que llegó la desgravación arancelaria (1995, pp. 41-49); no obstante, durante esta investigación se encontró que el sector se opuso al cambio desde el principio, no se identificó el más mínimo apoyo a la liberalización, al menos desde El Industrial.

Ante los ataques de los teóricos liberales, la CICR expuso cuatro características que hacían al sector “irremplazable”: su capacidad para generar empleo, sus altos salarios, su labor capacitadora y su crecimiento productivo. Gracias a las fuentes cuantitativas, se encontró que la industria no era ni la gran empleadora ni pagaba los mejores salarios del país; además, la brecha de genero era una realidad en ambos rubros. Tampoco podía garantizar empleos estables. En el caso de la capacitación, parece ser que el sector si tuvo un papel importante, dadas las deficiencias de los institutos públicos de aprendizaje y la dificultad de traer mano de obra extranjera capacitada.

Ya que se mencionó la brecha de género, es importante recalcar que El Industrial es una fuente es meramente masculina. No hubo artículos escritos por mujeres y no se identificaron empresarias (gerentes o fundadoras de alguna industria). Es evidente que, en las décadas de 1970 y 1980, la industria era manejada por hombres. En las fotografías de congresos industriales tampoco se ven mujeres con un papel de liderazgo.

En lo que concierne al crecimiento industrial, es cierto que fue el sector con mayor aumento en el periodo benefactor, pero esto sucedió porque, como indicó León, cuando empezó a estimulársele estaba apenas iniciando, entonces su despegue fue más significativo que el de la agricultura que ya tenía mucha historia recorrida. Además, los estímulos fiscales que recibió fueron determinantes, así como su entrada al MCCA. En periodo de crisis sí pasó por una importante contracción, relacionada efectivamente a la perdida de sus incentivos. Sin embargo, la Cámara insistió en que la actividad que representaba nunca se había beneficiado a costa de la agricultura, incluso afirmó que gracias a la industrialización el país había dejado de depender de las exportaciones de productos tradicionales, lo cual está demostrado que no es cierto. Rovira, León, Hidalgo, Blanco, Garnier y Fernando Herrero, en sus análisis concluyen que las voluminosas importaciones de materia prima para la industria fueron uno de los factores de peso del desequilibrio en la balanza de pagos.

Uno de los grandes hallazgos de esta investigación fue el papel de la pequeña industria. Lograron sobrevivir muchos años al margen del proteccionismo, sin incentivos, sin créditos, sin tecnología especializada y sin estudios para conocer mejor el mercado. El pequeño empresario se involucraba en todas las actividades de su taller, desde labores administrativas como técnicas; no tenía el capital para contratar consultores y administradores. A pesar de ello, las pequeñas industrias eran grandes generadoras de empleo, aprovechaban la materia prima nacional, aunque se concentraban en la GAM podían adaptarse a zonas periféricas, su producción era alrededor del 40% de la producción industrial, reciclaban tecnología, conservaban las tradiciones culturales, podían operar con poco capital, no provocan tanta fuga de capital y su morosidad era muy baja en comparación a la gran industria.

La Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Economía, Industria y Comercio (SEPSEIC) afirmó que aportaba más a la sociedad que lo que recibían en servicios del Gobierno. El Ministerio de Industria, Energía y Minas aseguró que esta sí fue un buen ejemplo de lo que se buscaba como objetivo de la sustitución de importaciones. Consideramos que este subsector debería recibir una mejor atención por parte de los gobiernos, debería de haber programas de información más completos y accesibles para quienes desean emprender y capacitaciones que minimicen el rango de fracaso. La pequeña industria podría ser una gran aliada para reactivar la economía.

La Cámara si tenía razón en lo siguiente: las malas administraciones tuvieron buena cuota de responsabilidad respecto a la crisis, los industriales no fueron los únicos causantes del déficit. Para la industria era más que obvio que la solución era el fomento de su actividad, en un contexto en que más bien se estaba buscando disminuir sus incentivos.

En este estudio no se mencionó, pero también hubo quienes criticaron la incapacidad del gobierno para recaudar tributos, evidenciado en la evasión y la elusión. A finales de setiembre del 2022, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se refirió sobre el gasto nacional de la siguiente manera: “el país ha centrado históricamente su monitoreo de las empresas de las que dispone en relación con ‘el logro de objetivos sociales, sin ningún control de la salud financiera’, y eso tiene implicaciones negativas en términos de precios y riesgos en términos de la estabilidad del Estado como un todo” (¿Rentables o no? Esta es la realidad de las empresas estatales de Costa Rica, 22 de setiembre del 2022).

Entonces, este trabajo también es un recordatorio de que los vicios del pasado se mantienen presentes, es necesario adoptar medidas concienzudas que realmente permitan primero, equilibrar la balanza de pagos nacional y, posteriormente, sacar el verdadero potencial de Costa Rica.

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