El sujeto consciente de sí en la relación del deporte y la educación, con la seguridad y la pobreza. Traza de una lógica conservadora

The self-aware subject in the relationship between sport and education, security and poverty: Traces of a conservative logic

O sujeito consciente de si na relação entre esporte e educação, segurança e pobreza. Um traço de uma lógica conservadora

Liber Ismael Cardozo Giles Ismaelcardozo1985@gmail.com

Instituto Superior de Educación Física, Universidad de la República, Uruguay

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El tema de la inseguridad, la violencia y la criminalidad, ha sido un asunto recurrente en la agenda política uruguaya a partir de la finalización de la dictadura cívico militar en 1985, del mismo modo se ha constituido como una preocupación creciente de la sociedad.¹ El presente trabajo intenta reflexionar sobre cómo cierta matriz interpretativa acerca de la violencia y la criminalidad, trasciende las diferencias partidarias del universo político uruguayo amalgamándose con el sentido común de la sociedad. Ciertos discursos, aparentemente opuestos (el punitivo y el de carácter educativo) se despliegan sinérgicamente permitiendo materializar prácticas de gobierno focalizando las causas de la problemática de la violencia, la inseguridad y la criminalidad en ciertos sectores de la sociedad.² Nuestra perspectiva procurará abordar este punto partiendo de entender que un elemento común que se repite y le da continuidad a la base ideológica de los discursos que vincula seguridad y educación, es la noción del sujeto consciente de sí. Esta noción de sujeto es un adminículo esencial para concebir la propiedad privada del sistema capitalista como natural y sustancial para la vida social. Intentaremos poder dar cuenta de cómo ciertas prácticas de gobierno que toman al deporte como herramienta en la línea de la prevención de la violencia y la criminalidad, se apoyan en esta noción de sujeto y terminan constituyendo formas de gestión que son coherentes con la protección del bien más preciado de la sociedad moderna, la propiedad privada. El punta pie inicial que elegimos para abordar este problema, es la relación que el sujeto establece con aquello que se instaura en el imaginario, en el mundo de las representaciones como cuerpo. Lo que intentaremos mostrar, es que esta noción de sujeto ha trascendido las posiciones de los partidos políticos uruguayos más conservadores, constituyéndose como común denominador en el discurso y en algunas prácticas de gobierno una vez el Frente Amplio (partido político auto-identificado como de izquierda) logro gobernar entre el 2015 y el 2020 en Uruguay.

Creemos que hay ciertas condiciones que sin determinar aquello que es pasible de ser pensado al menos lo condicionan. De ahí es que tácitamente se instaura en el imaginario haciendo lazo, la representación de la violencia, la delincuencia y del mismo modo se representan causas y orígenes. Nuestro punto de análisis rondará sobre dos cuestiones, las interpelaciones a Eduardo Bonomi en el 2018 cuando era Ministro del Interior en Uruguay, y el análisis de los discursos que justifican al Programa Pelota al medio a la esperanza del Ministerio del Interior.³ Veremos aquí, que las argumentaciones del sujeto consciente de sus actos como simple interpretación de las causas de las cuestiones sociales, florece en mayor o menor medida en ambos espacios discursivos. Nuestra hipótesis es que esta cuestión ideológica tiene consecuencias de orden político, o mejor dicho augura un corrimiento de la política para dar paso a la economía y a la gestión.

Podemos decir que una vez culminó la dictadura cívico militar en Uruguay, ciertos elementos de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), van a nutrir un nuevo discurso sobre la seguridad que materializó la bipolarización entre dos grupos antagónicos, aquellos que representan los valores sociales y los otros que con su simple existencia parecen amenazarlos. Es así que se construye una nueva figura que suplanta la del subversivo del período dictatorial, siguiendo a Martinis:

Emerge un nuevo enemigo interno, el delincuente, asociado a todas las formas de agresión al orden establecido, básicamente aquellas que atentan contra la propiedad y la integridad física. A su vez, la delincuencia será explicada como estrechamente vinculada a los procesos de pobreza y marginalidad, por lo cual este nuevo enemigo interno será rápidamente asociado a la existencia de poblaciones viviendo en situación de exclusión social. (2013, p. 95)

En este punto consideramos importante realizar una aclaración de orden. Cuando nos referimos a pobreza, nos acoplamos a lo expuesto por Verónica Filardo y Denis Merklen (2019). Según la autora y el autor, la pobreza representa una clase social o una porción de ésta que se encuentra en disputas con otras clases. De esta manera nos alejamos de la perspectiva que considera que hay sectores y no clases sociales, como si la suerte de los ricos no estuviera atada indisociablemente a la de los pobres (Filardo y Merklen, 2019).

El énfasis puesto en comulgar acciones de tipo punitivo o represivo con otras de carácter educativo como forma de atacar la violencia o la criminalidad no es una novedad de la coyuntura actual. Para el Uruguay tiene un antecedente inmediato que puede rastrearse a partir del Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que fuera elevado por el poder Ejecutivo al Parlamento en abril de 1995. Este proyecto, luego de pasar por la discusión parlamentaria correspondiente, fue aprobado, y la Ley de Seguridad Ciudadana recibió el número 16.707, siendo promulgada por el poder ejecutivo el 12/071995. Pablo Martinis (2013) en su trabajo Educación, pobreza, y seguridad en el Uruguay de la década de los noventa, realiza un cuidadoso análisis de mencionado proyecto, poniendo en evidencia cómo ciertos elementos discursivos del proyecto y de las discusiones parlamentarias que lo siguieron, nutrieron de alguna manera la reforma educativa de 1995.⁴ A efectos de nuestro trabajo, lo que nos interesa poner de relieve del exhaustivo estudio de Martinis, es justamente cómo ésta ley y los discursos que la abonaron, lograron por un lado, constituir un nuevo enemigo interno, el pobre junto a la marginalidad como enfermedad social y por el otro instaurar dos lógicas para el tratamiento de mencionado “síndrome”, una de corte represivo y otras con características educativas. Estas últimas se explicitan bajo el rótulo de la prevención. Son justamente estas acciones, que ponen el foco en los jóvenes de las clases vulnerables, las que intentarán poseer la cualidad de detener la expansión del “síndrome”⁵ que la pobreza y la marginalidad conllevan, a saber la violencia y la delincuencia. En relación a las acciones de corte represivo se va a proponer la internación de mayores de dieciséis años en cárceles de adultos (Martinis, 2013). Para el caso de las medidas con características educativas el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana explicitaba:

Por otra parte, para el resto de los jóvenes, los no concebidos tan directamente como peligrosos, se propone la creación de una nueva figura radicada en el MI [Ministerio del Interior], la Brigada de Tutela Juvenil. Esta es quizás la innovación más reveladora de todo el proyecto de ley. Se introduce la noción que el MI asumirá funciones preventivas y educativas en relación con los jóvenes. Esto supone la superposición del MI con aquellas instituciones vinculadas a la educación, fundamentalmente la familia y la escuela. (Martinis, 2013, p. 129)

Indudablemente para el proyecto de ley y para las acciones concretas propuestas en él, ha sido sustancial la afirmación de un sentimiento de inseguridad creciente en la sociedad uruguaya que ha nutrido el consenso conservador al cual hacíamos referencia en líneas anteriores. Martinis nos muestra que este consenso se explicita en el Proyecto de Seguridad Ciudadana a partir de dos argumentos, por un lado se apela a mediciones objetivas de producción de delitos, por otro lado se apoya en construcciones ya aceptadas con anterioridad por buena parte de la opinión pública. (Martinis 2013). Esta lógica no es propiedad de posiciones políticas conservadoras, sino que con ciertos matices se constituye como hegemónica en el conjunto de los actores políticos de la época. El análisis que realiza Martinis de las discusiones parlamentarias de la comisión de la Cámara de Representantes que discutió el proyecto es elocuente en ese sentido. Se pueden rastrear en él posiciones dentro del Frente Amplio, que en ese entonces era oposición, que procuraban analizar la pobreza y la marginalidad desde cuestiones estructurales como la política económica llevada adelante por el gobierno. Pero estas posiciones fueron marginales logrando imponerse el nudo del problema en las características sociales y culturales de las poblaciones en riesgo de asumir conductas delictivas. Siguiendo a Martinis:

La problemática de la seguridad ciudadana, se construye discursivamente como un problema educativo y cultural ubicado específicamente en relación con ciertas poblaciones. Estas, identificadas por su vinculación con situaciones de pobreza y marginalidad, son percibidas como proclives a asumir conductas socialmente desviadas. (Martinins, 2013, p. 159)

Para cerrar este apartado consideramos oportuno realizar una serie de puntualizaciones acerca de la relación que se establece entre los jóvenes pobres y la criminalidad para el caso uruguayo. En primer término, ya mencionamos anteriormente con Wacquant (2000), que los impulsos que adjudican la criminalidad como un asunto perteneciente a las clases pobres trascienden la realidad uruguaya. En segundo lugar, es necesario comprender estos procesos en el marco del neoliberalismo (Foucault, 2007) o la razón mundo (Laval y Dardort, 2013). En relación al primer asunto, si bien es cierto que adjudicarles a los jóvenes pobres el emergente de la criminalidad no es una particularidad de la coyuntura uruguaya, es necesario comprender sus particularidades. En el sentido anterior, Luis Eduardo Moras (2012) desde una perspectiva histórica pero sin desprender determinismos, realiza una reconstrucción genealógica de los discursos y las acciones estatales que se desplegaron sobre los jóvenes pobres de la sociedad uruguaya en el transcurso del siglo XX. Si bien ya se han registrado ciclos punitivos que desembocan en el afianzamiento de la violencia estatal (simbólica e instrumental) contra los jóvenes pobres, el “consenso coercitivo” que demanda más violencia contra aquellos que comenten delito ha llegado hoy a niveles inusitados (Morás, 2012). Esto último es lo que Agustín Cano (2014) identificó como un proceso de criminalización de los jóvenes en situación de pobreza. Este asunto enraba con el segundo punto al que nos interesa referirnos. Es menester comprender esta inflación punitiva en el marco del neoliberalismo. Michel Foucault (2007) explica como a fines del SXIX, el homo legalis, el homo penalis, constituido un siglo antes a partir de Beccaria y Bentham, es abordado por una antropología del crimen sustituyendo la económica y detallada mecánica de la ley por toda una inflación abrupta: inflación de saber, de conocimiento, de instancias e instituciones, dando paso a que la sentencia en nombre de la ley sea abarcada en su extensión por mediadas individualizadoras en términos de norma (Foucault, 2007). A modo de ejemplo, para el caso uruguayo podemos mencionar como a partir del 2010 el sistema penal juvenil uruguayo ingresa en un período de regulación y correcciones que contradice la Convención de los Derechos del Niño (CDN). Estos contrasentidos son expresados en aspectos sustanciales como la modificación del principio de excepcionalidad y mínima duración de la privación de libertad en el sistema jurídico nacional (Díaz, 2019).

Indudablemente la propiedad privada y el afán por defenderla se han hecho carne, o podríamos decir cuerpo en los modernos. Constituye un valor que la sociedad erige como preciado y el cual está defendido por prohibiciones estructurantes que el conjunto social asume como esenciales. La violencia y la delincuencia son la agresión a dichas prohibiciones fundantes de la sociedad (Tonkonoff, 2017).

Uno de los caminos posibles para acercarnos a la cuestión de la propiedad en la modernidad, es justamente la relación cuerpo-individuo. Como bien nos dice Cecilia Seré Quintero, al referirse a mencionado vínculo, uno de los rasgos que caracteriza a la modernidad es precisamente la relación predominante de propiedad que el individuo establece con el mundo de las cosas (Seré, 2017). Para este movimiento que tendrá múltiples consecuencias, la cuestión del cuerpo es de primer orden. Según Seré:

O corpo, esse objeto falante do ser falante, será a primeira propriedade daquele que se reconhece na primeira pessoa e diz "Eu tenho um corpo". A cisão frente tal afirmação é clara: "eu" e "corpo" não são o mesmo. Apenas asim será possível que se estableça uma relação de propriedade entre um e outro. (Seré, 2017, p. 27)

De lo explicitado por la autora, se deduce una constatación para nada menor. Para que pueda existir la propiedad privada se requiere la primacía del “yo” y de forma indefectible la cuestión del “yo” involucra al cuerpo. Justamente al decir “yo”, como nos recuerda Raumar Rodríguez Gimémez, se penetra en el tiempo, en la discontinuidad acaecida entre el lenguaje y el habla, luego, objetivarse a uno mismo y decir este es mi cuerpo (Rodríguez, 2011). De lo anterior se deduce que cuerpo y “yo” no son la misma cosa. Es aquí donde entra en escena la cuestión del sujeto, ya que esa escisión entre el “yo” y el cuerpo se da dentro de él y permite la representación de un propietario del cuerpo. La dicotomía cartesiana consolidó imaginariamente una “individualidad empírica” predominante sobre la dimensión orgánica (Seré, 2017). Como nos dice Cecilia Seré:

Essa dimensão egoica, que assegura a estabilidade do indivíduo, estrutura o que denominamos um ego proprietário, ou seja, aquele que se afirma sobre a capacidade de apropriação; aquele que, como sujeito egoico, tem consciência e se enuncia a se mesmo como proprietário. (Seré, 2017, p. 28)

Pues entonces la propiedad privada, característica esencial de la sociedad moderna capitalista. Para el tema que nos preocupa en este trabajo este aspecto es sumamente relevante. Si acordamos con Sergio Tonkonoff (2017), que la cuestión de la violencia es el otro nombre de la cuestión criminal, si se constituye como el ataque a los valores preciados que un conjunto social instituye como propios y que son salvaguardados por prohibiciones que tienen una función de protección fundamental, la violencia y la criminalidad son tales en la medida que amenazan de alguna manera la posibilidad de la propiedad privada. Lo que intentaremos hacer notar, es cómo los discursos de los integrantes de los partidos políticos tradicionales uruguayos tanto como algunos dentro del Frente Amplio, no pueden correrse de esa lógica

Intentaremos evidenciar que lo que hay atrás de este sustento y común denominador, es la noción de sujeto consciente de sí dándose una doble operación. Por un lado la posibilidad de un ego propietario que hace posible el imaginario de la propiedad privada, por otra parte, permite establecer la voluntad individual como la principal causa del ataque a las “prohibiciones estructurantes”. El resultado de esta doble operación culmina, como nos recuerda Foucault al referirse al sistema penal, estableciendo una oposición al interior de la masa popular. Una opugnación entre la masa proletaria y la no proletaria. O mejor dicho, la criminalización de esta última (Foucault, 1992). Esto no parece algo sencillo de entender y menos de explicar, sobre todo cuando la injusticia, que es la moneda corriente de la coyuntura actual se reproduce con muy poco, o casi ningún cuestionamiento. En todo esto la categoría de sujeto consciente de sí ha de tener algo que ver, según Louis Althusser:

En la categoría de sujeto consciente de sí la ideología burguesa representa a los individuos lo que estos deben ser para aceptar su propia sumisión a la ideología burguesa, los representa como dotados de la unidad y de la conciencia (esta misma unidad) que deben de tener para unificar sus diferentes prácticas y sus diferentes actos bajo la unidad de la clase dominante. (Althusser, 1976, p. 122)

Este individuo cuya consciencia es transparente a sí mismo, se contrapone a la noción de sujeto que de forma conflictual instaura el descubrimiento del inconsciente freudiano (Althusser, 1976). Como nos señala Cecilia Seré, con Lacan toma forma de sujeto barrado mediado por el lenguaje y por ende imposibilitado de establecerse como propietario de sí. O mejor dicho, es propietario de sí como representación imaginaria. El problema es que esa representación siempre es precaria (Seré 2017). Al respecto Lacan nos dice:

El inconsciente escapa por completo al círculo de certidumbres mediante las cuales el hombre se reconoce como yo. Es fuera de este campo donde existe algo que posee todo el derecho a expresarse por yo (je) (…) (Lacan, 1999, p. 18)

Esta noción de sujeto unitario⁶, permite naturalizar el imaginario orgánico del cuerpo y el “ego propietario”⁷, podríamos inferir también que contribuye de alguna manera a naturalizar la relación de propiedad que los hombres establecen con las cosas. De hecho la propiedad privada es un valor, en términos morales, tan sagrado para la sociedad moderna que se configura como un elemento incuestionable.

Ahora si nos corremos de la transparencia del sujeto unitario al velo del inconsciente, no solo se pone en cuestión la consciencia de sí mismo, sino también lo hace la posibilidad del “ego propietario”. Para nosotros esto es importante, porque como veremos más adelante las prohibiciones fundamentales que protegen los valores sagrados de la sociedad y contra los cuales actúa la violencia, se erigen en paralelo a la conformación de un “sistema penal” que lleva encarnada cierta selectividad social (Zaffaroni, 2005). No podemos dejar de preguntarnos, ¿los bienes jurídicos de quién y contra quién se defienden?⁸

En este aparatado nos proponemos analizar ciertas adhesiones que pueden ser identificadas entre los discursos de los representantes de los partidos políticos tradicionales uruguayos y algunos elementos de ciertas prácticas que fueron promovidas por los gobiernos del Frente Amplio en los últimos 15 años. Nos interesa particularmente la noción de sujeto que está implícita en los discursos de las discusiones parlamentarias, así como la que se evidencia en el discurso de actores claves en la puesta en práctica de las políticas públicas impulsadas por los gobiernos del Frente Amplio en los últimos años, especialmente las del programa Pelota al medio a la esperanza del Ministerio del Interior.

Nos interesa decir una cosa más acerca de lo anterior, para poder problematizar la racionalidad de las prácticas de gobierno como Pelota al medio a la esperanza. Se desarrollan como políticas focalizadas desde la lógica de la prevención contribuyendo a caracterizar a las poblaciones en las cuales se despliegan. Siguiendo a Martinis:

(…) es posible apreciar que las poblaciones que viven en contextos de pobreza son construidas desde una doble caracterización: son, a la vez, poblaciones en riesgo y poblaciones peligrosas (…) El fracaso de la educación en su esfuerzo compensatorio y de desarrollo de proceso de equidad social permite que el tránsito – naturalizado – entre pobreza y delincuencia se produzca. Así el sujeto carente muta en sujeto peligroso. La compasión que a la escuela y a la sociedad generan los niños pobres desaparece, surgiendo un nuevo cuerpo, adolescente, juvenil, marcado por la peligrosidad de sus potenciales acciones (2013, p. 199).

Como dijimos anteriormente la década del 90 marcó una impronta en la relación educación seguridad, asignándole a la primera una empresa preventiva. Esta comunión aparentemente tan dispar entre políticas con características represivas y otras educativas vuelve a hacerse presente, esta vez en los gobiernos del Frente Amplio. De hecho el programa Pelota al medio a la esperanza del Ministerio del Interior, actúa en los territorios donde opera el PADO.⁹

Nos gustaría hacer un paréntesis a modo de salvedad para dejar explicito un asunto en este punto. No dejamos de reconocer lo que parece obvio, ni dejamos sin importancia la cuestión de la existencia objetiva del delito, sino que nos preocupamos en poder analizar lo que se dice en relación al mismo. Nos importa investigar cómo se construye una posible interpretación de las causas y las consecuencias que esto tiene en la construcción subjetiva y objetiva del entramado social. Por eso, entendemos que la noción de sujeto consciente de sí permite poner el foco de atención en el acto mismo, colocando las causas de la violencia y la delincuencia en falencias de orden social y cultural del joven pobre. Esto desplaza la posibilidad de análisis de cuestiones de orden estructural que pondrían lo común en el centro de la discusión y lo universal en la construcción de la cuestión social.

La interpelación al entonces Ministro del Interior Eduardo Bonomi a la cual nos vamos a referir, fue llevada adelante el 18 de Abril del 2018 en la Cámara de Senadores de la República Oriental del Uruguay. El llamado a sala en régimen de interpelación del mencionado Ministro, fue votado por las bancadas del Partido Nacional, el Parido Independiente, y el Parido Colorado. El miembro interpelante fue el entonces Senador de la República por el Partido Colorado, Sr Pedro Bordaberry. El motivo del llamado a sala tiene que ver con un supuesto deterioro de la seguridad que el Uruguay estaba experimentando producto de la mala gestión de gobierno. En palabras del Senador Pedro Bordaberry en su primera intervención:

¡Esta es mi demanda, la demanda de todos los ciudadanos honestos que quieren verse protegidos; la demanda de los uruguayos que queremos volver a vivir en paz; la demanda de los que no quieren que los delincuentes los desalojen de sus casas y sus barrios; la demanda de los que no quieren vivir más entre rejas, mientras que los que deberían estar entre rejas dominan territorios; la demanda de un cambio, de una esperanza, y no la resignación de soportar, cada día, estar un poco peor (Versión taquigráfica de la sesión Nº 7, p. 463)

En los discursos de los principales actores de la oposición aparecen algunos elementos interesantes para resaltar. El primero, es la explicitación exacerbada de una bipolarización de la sociedad. Por un lado están los “ciudadanos”, aquellos que representan los valores sociales hegemónicos que viven en una especie de tormento producto del acoso constante de “chorros y delincuentes” como se expresa el Senador interpelante (Versión taquigráfica de la sesión Nº7, 2018). Por el otro lado, se delimita un sector de la población que está por fuera del conjunto social y que atenta contra el equilibrio de la vida pacífica de la sociedad uruguaya. Este es un elemento importante a resaltar ya que parece haber para el Senador interpelante, un conjunto de la población que no son considerados ciudadanos. A modo de ejemplo citamos algunas frases del ex Senador de la República Pedro Bordaberry, con las cuales se identifican a los otros, aquellos que están por fuera de la sociedad:

Recuerdo que un día se enojaron conmigo porque hable de los <> (…) Pero si violan la ley penal, ¡son delincuentes! Si violan la ley penal, ¡cometen delitos! Entonces, no es llamándolos de otra forma que vamos a ocultar las cosas.”(Versión taquigráfica de la sesión nº 7, p. 9)¹⁰

Más adelante el Senador interpelante continúa: ¡Vamos! ¿A quién quieren confundir? O sea que ¿la culpa no la tienen los chorros? ¿La culpa no la tienen los delincuentes que roban, matan, hacen volar cajeros? (Sesión nº 7, p. 9)

Indudablemente en este tipo de argumentaciones está implícita una noción de sociedad la cual es partida en dos, como dijimos con anterioridad. La existencia de un otro denotado a partir de calificaciones tan lapidarias, deja poco espacio para analizar el emergente de la violencia y la delincuencia desde una perspectiva que interprete la sociedad desde una lógica universal.

Nos interesa llamar la atención acerca de cómo el Estado, a partir de sus prácticas, contribuye a amalgamar sentidos que en última instancia constituyen a un sector de la sociedad como “enemigo interno”, cuando en realidad son parte de su responsabilidad (Martinis, 2013)

Más adelante, en la exposición del Senador Pedro Bordaberry florece el sujeto consciente de sus actos, aquel que posee la cualidad y la oportunidad de elegir entre trabajar, robar o hacer explotar cajeros. En palabras de Bordaberry:

¿Qué pensaron que iba a pasar cuando sacaran el dinero de la calle? Que, entonces, los delincuentes iba a decir: <<Muchachos, ya no hay plata en la calle, se acabó el negocio de delinquir, arrancamos para las ocho horas>> ¡No! ¡No sean ingenuos! ¡Si no pueden hacerse de la plata, se van a hacer de otra cosa! ¡Si no, te van a secuestrar, o van a hacer explotar los cajeros, que es donde está el dinero! ¡Es tan claro cómo eso! (Sesión nº 7, p. 14)

La cita anterior es muy elocuente, el delincuente consciente de sus actos tiene opción de elegir entre un número de posibilidades de cómo desarrollar su vida en la sociedad, pero por características que le son inmanentes siempre va a optar por robar, secuestrar o explotar cajeros.

Esta primera intervención del Senador Pedro Bordaberry subrayó un supuesto aumento de los homicidios. En el discurso del senador interpelante estos homicidios tenían que ver con la actividad de los delincuentes dirigida contra el sector de la sociedad en el que se encuentran los “ciudadanos”. De hecho, la referencia va del homicidio al delito y viceversa amalgamando los conceptos indistintamente en el accionar de los “delincuentes”. Haciendo referencia a una supuesta declaración del Ministro del Interior acerca del aumento de los homicidios durante el 2017, el senador Bordaberry refiere a que el Ministro Bonomi adjudicaba este aumento a la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. En relación a los delincuentes, Bordaberry decía lo siguiente: “Resulta que los delincuentes estaban esperando; <Che, avísenme cuando entra a regir el Código del Proceso Penal que voy a matar a más gente>. ¡Vamos! (Sesión Nº 7, p. 458)

En respuesta a esta primera intervención de Pedro Bordaberry, el Ministro del Interior Eduardo Bonomi va a referirse entre otras cosas a las estadísticas en relación a los homicidios pero de forma detallada y diferenciada. En este sentido, el Ministro del Interior mostraba que el mayor número de homicidios en el 2018 correspondía a conflictos entre criminales, seguidos por aquellos que se debían a la violencia intrafamiliar, posteriormente los que se relacionan con problemas de convivencia y en último lugar aquellos asociados a las rapiñas. (Sesión Nº 7, 2018). Pero lo que nos interesa poner de relieve aquí, es la forma en que es considerado y expresado discursivamente el problema de los homicidios asociado a la delincuencia por parte del Ministro. En este sentido Eduardo Bonomi manifestaba lo siguiente:

Hemos señalado con insistencia que la explicación central del aumento de los homicidios se relaciona con el conflicto entre criminales, cosa que demostraremos con datos y evidencias, que es la forma en que se deben discutir políticas públicas, lejos del circuito mediático y del fomento del antagonismo, y más cerca de la comprensión del problema que tenemos (Sesión Nº 7, p. 473)

Lo que parece oportuno resaltar de lo pronunciado por el Ministro del Interior, es que al remitirse al análisis de un emergente social se posiciona trascendiendo el antagonismo entre un grupo de la sociedad y otro, entre ciudadanos y delincuentes. El problema lo tenemos todos y no un sector de la sociedad determinado.

Es menester aclarar que el Frente Amplio como partido de gobierno siempre le asignó un papel importante a las cuestiones estructurales y procuró desplegar políticas públicas que atendieran la distribución desigual. En este sentido corresponde hacer referencia a una intervención del Senador del partido de gobierno, Rafael Paternain, en la interpelación a Eduardo Bonomi del 18/04/2018:

Asumo los riesgos de poder estar diciendo algo inexacto, porque, en realidad, hay que estudiarlo, hay que investigarlo. Desde hace bastante tiempo en el Uruguay – no me animaría a decir desde cuándo, pero tal vez más de un año – la tasa de adolescentes con penas privativas a la libertad viene bajando de manera sostenida y la cantidad de adolescentes, aún con medidas socioeducativas, también. ¿A qué responde eso? ¿A caso no tenemos derecho a pensar, por ejemplo, que el delito adolescente retrocede porque, en buena medida, los dispositivos de las políticas sociales de contención de infancia y adolescencia están dando resultados que no vemos? (Sesión nº 7, p. 69)

Ahora bien, a los efectos de nuestro análisis también debemos decir que la racionalidad¹¹ que en la década del 90 asoció a la educación en una relación con la seguridad y le impuso la lógica de la prevención (Martinis, 2013), se manifestó en los discursos de los protagonistas políticos de los gobiernos frenteamplistas, así como en aquellos que llevaron adelante las políticas públicas como Pelota al medio a la esperanza. En relación a estos últimos es pertinente señalar además, a los efectos de lo que nos interesa en este trabajo, que la noción del sujeto consciente de sí sostiene y subyacen los argumentos manifestados. En relación a lo primero simplemente haremos referencia a una declaración del entonces Ministro del Interior Eduardo Bonomi, que evidencia aquella lógica de la década del 90 que anudaba políticas represivas con políticas educativas de prevención del delito. Eduardo Bonomi al responder una alusión a la contratación de los deportistas Déborah Rodríguez y Andrés Silva por parte del Ministerio del Interior, en su interpelación en el Senado del 18/04/18 decía lo siguiente:

Ambos participan activamente del Programa Pelota al medio a la esperanza que, mediante el trabajo con escolares y liceales, trata de llevar a zonas conflictivas, políticas de convivencia (Sesión nº 7, p. 24).

Como se puede apreciar en paralelo al PADO se despliegan en los barrios pobres, políticas de corte educativo asociadas a la prevención de la violencia. Se puede desprender que justamente las manifestaciones de violencia y criminalidad se deben a características sociales y culturales que deben de ser atendidas por políticas educativas focalizadas en los territorios catalogados como conflictivos.

En relación a los discursos de los protagonistas que ponen en marcha Pelota al medio a la esperanza, haremos dos breves referencias obtenidas de una entrevista a un informante clave ya que forma parte del equipo coordinador que diagrama, organiza y pone en práctica al programa. La primera nos servirá por un lado, para analizar la noción de educación implícita en el discurso, al mismo tiempo que se pueden deducir en dónde se alojan y a qué se deben las causas de la violencia y la criminalidad. En este sentido el entrevistado nos comenta:

La teoría es que sí el alumno está institucionalizado dentro de un centro educativo, con un proceso educativo formal, anual, donde vamos, con devoluciones, está encaminado, está yendo en camino. ¿Por qué? Principalmente porque concurre al liceo, porque está todos los días ahí, porque vos sabes que el entorno es complicado. (…) Y eso obviamente termina paralelamente siendo un agente que colabora con la construcción de convivencia, porque ese alumno no está en el barrio, en la esquina, ese alumno está dentro de un centro educativo, que lo que se le enseña son valores y son valores que lamentablemente, muchas veces, contradicen con el del hogar, ¿se entiende? (Entrevista realizada el 11/07/2018)

De la cita en cuestión se pueden desprender dos elementos importantes. El primero es cierta línea de continuidad con la reforma educativa de los 90, en lo que tiene que ver con el tiempo que los niños y jóvenes son extraídos de su entorno. Este tipo de argumentación es análoga a la que se utilizó en la reforma para defender la proliferación de escuelas de tiempo completo (Martinis 2013). El tipo de justificación a la que hacemos referencia puede ser rastreada en las propias expresiones del entonces Presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP, Germán Rama (Mandressi, 2004), como en ciertos documentos producidos por la gestión educativa del momento (Martinis, 2013). Básicamente lo que está serie de elaboraciones discursivas plantean, es el condicionamiento al que se ven sometidos los niños y niñas pobres por pertenecer a contextos socioculturalmente desfavorables para poder realizar aprendizajes. En ese sentido la escuela en las clases medias de la sociedad tendría la tarea de continuar lo que sucede en el hogar, sin embargo en las clases pobres a la escuela le compete “una verdadera transformación en los niños”. El segundo elemento se relaciona íntimamente con el primero, y es justamente que se considera que las causas de la violencia y la criminalidad se deben a elementos sociales y culturales de las clases pobres, extraer el mayor tiempo posible a los niños y adolescentes de su entorno para convertirlos culturalmente. Por otro lado, al igual que en la década de los 90 la educación asume una tarea preventiva en relación a la seguridad ciudadana.

En la siguiente entrevista a un Coordinador y Profesor del programa podemos deducir la noción de sujeto que está implícita en los discursos. Hablamos del sujeto consciente de sí, en el cual la consciencia es transparente a sí misma y el niño o adolescente evidencia comportamientos, conductas, trayectos académicos por propia elección.

El entrevistado nos dice lo siguiente al referirse a la cuestión de la violencia y el delito:

Ya si después lo pensás, lo sabés y lo hacés va más allá de un comportamiento violento, va de algo, una forma de vida. Que hoy pasa en la seguridad, hay una cultura del delito que genera que la gente sabe lo que hace, sabe lo que está haciendo, sabe que robar está mal, pero lo hace porque es la cultura que lleva adelante. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la gente que no sabe cómo está reaccionando, que no sabe cuál es el comportamiento que no está tan bueno, ponerlo en pienso, ponerlo en discusión. ¿Cómo te querés comportar vos? ¿Cómo querés que se comporten contigo? (Entrevista realizada el 30/07/19).

En la cita anterior podemos evidenciar cierta línea de continuidad con los discursos de la década del 90 que colocaban las causas de la violencia y la criminalidad en aspectos culturales. Pero además, se observa que hay una idea de otro no tan peligroso, sobre el que se pueden desplegar políticas educativas. Esa gente que todavía “no sabe cómo está reaccionando”, podrían representar a los jóvenes “no tan peligrosos” que iban a quedar bajo la acción de la Brigada de tutela juvenil, que aparecía en el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana de 1995.

También acontece la cuestión del delito como una elección consciente del individuo, como ya mencionamos esto imposibilita el análisis de este emergente social desde aspectos más estructurales. Por otro lado, en las entrevistas se manifiesta que no podrán participar de ciertas actividades del programa, como las selecciones que representan a la institución educativa en campeonatos deportivos, quienes tengan problemas de conducta y bajos rendimientos académicos.

Indudablemente está noción no es patrimonio del programa en cuestión. Si nos ponemos a analizar las teorías del aprendizaje que subyacen los currículums del sistema educativo en general, veremos que indefectiblemente se sostienen en teorías conductistas o constructivistas, apoyadas en la psicología del aprendizaje y en general amparadas en la concepción del sujeto unitario.¹² Si el programa se apoya en los logros académicos de un sistema que se sostiene en estas teorías del aprendizaje, de modo inevitable y silencioso el sujeto consciente de sí sostiene todo el argumento. Pero además se deposita los logros académicos o las actitudes del o la adolescente, en relación a elecciones conscientes que estos realizan. Por eso se los debe premiar o castigar.

En el presente trabajo nos propusimos analizar la relación que se establece entre políticas educativas y políticas de seguridad. Además nos interesó mostrar que la categoría de sujeto consciente de sí está presente en dicho vínculo y que aparece ligada de alguna manera a la propiedad privada como bien preciado de la sociedad actual. Para tal fin partimos del estudio de las interpelaciones a Eduardo Bonomi en el 2018, cuando fuera Ministro del Interior y del programa Pelota al medio a la esperanza de su Ministerio. Vimos desde una perspectiva histórica, que ésta relación tiene antecedentes para la realidad uruguaya. Lejos de marcar determinismos pudimos ver que hay ciertos elementos discursivos de la década del 90 que marcaron sentidos que aún pueden visualizarse en las políticas contemporáneas.

Nos interesó particularmente detenernos en la noción del sujeto consciente de sí como posibilidad (o en relación dialéctica) con la propiedad privada del sistema capitalista. Pudimos ver que esta noción de sujeto es un común denominador que subyace los discursos políticos y educativos de la realidad uruguaya. El análisis de este vínculo nos llevó a proponer algunas líneas para poder pensar como se construye el concepto de violencia y criminalidad en el marco de un sistema penal que parece tener cierta selectividad social como nos señala Eugenio Raúl Zaffaroni (Zaffaroni, 2005). Quedará para un trabajo posterior, cómo lo desarrollado en este artículo se vincula con determinadas prácticas de gobierno (gobierno de la pobreza) que se proponen intervenir en un sector determinado de la población a partir de su caracterización. Es interesante hacer notar que estas construcciones discursivas y estás prácticas de gobierno, se inscriben en esta forma contemporánea que parecen tomar los Estados, que lejos de retraerse marcan una presencia diferente. Podría significarse como el gobierno de los otros, a partir del gobierno de sí.