Malnutrición infantil e inseguridad alimentaria como expresión de las condiciones socio-económicas familiares en Villaguay, Argentina (2010-2012). Un enfoque biocultural⁽¹⁾

Children malnutrition and food insecurity as expression of socio-economic conditions of families from Villaguay, Argentina (2010-2012). A biocultural approach

De acuerdo con (García Canclini, 1995), las clases y grupos sociales se diferencian por su desigual apropiación de los bienes materiales y simbólicos en la producción y consumo, base sobre la que se funda el concepto de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria se construye en oposición al concepto de seguridad alimentaria, la cual fue definida durante la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 como: “existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y sus preferencias alimentarias a fin de llevar una vida activa y sana” (Food and Agriculture Organization [ FAO ] , 1996, párr. 1). Así, el acceso a una alimentación “aceptable, suficiente y adecuada”, que depende de los ingresos y del costo de los alimentos, resulta restringida para amplios sectores de la población que padecen de inseguridad alimentaria (Aguirre, 2005).

En Argentina, la seguridad alimentaria se cumple en casi todos sus requisitos: hay suficiencia de alimentos, estabilidad en la producción, sustentabilidad -aunque cuestionada- y autonomía en relación al suministro externo. Lo que no está garantizada es la equidad, es decir, “que todas las personas en especial los más pobres, tengan acceso a una alimentación culturalmente aceptada, nutricionalmente adecuada, variada y suficiente para desarrollar su vida” (Aguirre, 2005, p. 30). Dicha inequidad compromete la salud de amplios sectores, siendo la población infantil la más vulnerable (Ministerio de Salud de la Nación, 2007; Piaggio, Concilio, Rolón, Macedra y Dupraz, 2011). En este sentido, diversos estudios realizados en Argentina dieron cuenta de que si bien en los últimos años se ha registrado que la desnutrición global (bajo peso para la edad) disminuyó considerablemente; en algunas regiones el porcentaje de niños con desnutrición crónica (baja talla para la edad) es aún elevado (del orden del 10%) (Ministerio de Salud de la Nación, 2007). Por otra parte, también confirmaron la tendencia observada en otros países de América Latina en relación a la disminución de la desnutrición conjuntamente con un aumento del sobrepeso y la obesidad (Amigo, 2003; Dahinten, Castro, Zavatti, Forte y Oyhenart, 2011; Oyhenart et al., 2008; World Health Organization [ WHO ] , 2008).

Desde el enfoque biocultural, los procesos de nutrición-alimentación y -ligados a ellos- los de salud-enfermedad se enmarcan en la perspectiva antropofísica que, partiendo de métodos y técnicas de obtención de datos cuantificables -como la antropometría aplicada a la nutrición-, apuntan a un conocimiento más profundo que identifica la expresión del cuerpo como resultado de la interacción de codeterminantes socio- culturales (Peña Sánchez, 2012). Reconociendo que el acceso a una adecuada alimentación depende en gran medida del lugar que los grupos ocupan en la estructura social, la variabilidad observada en el crecimiento infantil puede ser atribuida principalmente a diferencias en el nivel socio-económico y en las condiciones de vida en general (Ortale, 2002). De este modo, la alimentación es un indicador elocuente de las condiciones de vida de las familias y, particularmente, del crecimiento y del estado nutricional infantil, referentes empíricos de las mismas (Bergel Sanchís, 2014).

Por otra parte, la antropología reconoce que, dentro del conjunto de símbolos de una sociedad, la alimentación ocupa un estatus determinado, hecho que la convierte en objeto de análisis de prácticas, discursos e imaginarios sociales. Asimismo, el conocimiento que guía nuestras prácticas habituales es socialmente elaborado y compartido. Así, entre el campo de las situaciones objetivas y el de su representación se constituyen los sujetos, definidos por su inserción en la estructura social y su percepción de la situación y el lugar que en ellos ocupan. De esta manera, las regularidades que se observan en las prácticas y representaciones de los actores suponen el reconocimiento de semejanzas entre individuos que comparten o han compartido, historias, ambientes y condiciones de vida similares, lo que permite explicar las regularidades que también se observan en el comportamiento de las familias de una misma clase social (Aguirre, 2005).

Por lo expresado, en el presente trabajo se propuso indagar: a) si existen diferencias en las condiciones de vida estimadas a partir de variables socio-económicas, entre familias con niños de 3 a 6 años de edad, residentes en zonas urbana, periurbana y rural del departamento de Villaguay, Entre Rios, Argentina; y, b) en caso de haberlas, si esas diferencias se expresan en el estado nutricional infantil y en la percepción de inseguridad alimentaria en los hogares en lo que respecta al acceso a los alimentos.

Es conocido que la alimentación no sólo es imprescindible para el mantenimiento de la vida, sino también para la reproducción social de los grupos humanos. Ya tempranamente la alimentación fue definida por (Marcel Mauss, 1971) como un “hecho social total”, porque en ella se conjugan múltiples aspectos tales como los fisiológicos, psicológicos, sociales y culturales. Es un hecho complejo, ya que no es exclusivamente biológico ni tampoco totalmente social, sino que ambas esferas están unidas de manera indisoluble (Aguirre, 2005 y 2010). Sin embargo, si bien la alimentación se presenta como una necesidad universal, las formas de satisfacerla han sido y son ampliamente diversas (Piaggio y Solans, 2014). La variabilidad de las elecciones alimentarias se relaciona con la variabilidad de los sistemas culturales, existiendo así diferencias considerables entre clases, grupos o entre las categorías que estos contienen (Aguirre, 2005). Así las cosas, desde un enfoque socio-cultural, la alimentación es entendida como un proceso social que está sujeto a dimensiones estructurales que determinan la producción, la distribución y el consumo de los productos alimentarios (Garrote, 1997). De esta manera, el contexto social ofrece alternativas a los distintos sectores sociales en términos de ocupación, niveles educativos y salariales, acceso al consumo, constitución de la familia, etc. y condiciones diferenciales de vida que se expresan en el estado nutricional infantil (Hintze, 1989).

El estado nutricional, definido como la condición dada por la relación entre la ingesta de nutrientes y el gasto energético de un individuo, es la resultante de al menos tres factores concurrentes: a) los biológicos, correspondientes a los requerimientos específicos de cada una de las etapas del ciclo de vida, b) los socio-ambientales, que involucran elementos estructurales y se vinculan con la disponibilidad y el acceso a los alimentos y c) los culturales, referidos a las prácticas y representaciones que se expresan en los hábitos o patrones alimentarios (Bergel Sanchís, 2014; Oyhenart et al., 2008). Cuando ocurre un desbalance entre la ganancia y la pérdida calórica se habla de malnutrición; este término que comprende a la malnutrición por defecto (desnutrición) y por exceso (sobrepeso y obesidad). Ambos tipos tienen consecuencias directas sobre la salud de los individuos, pudiendo ser irreversibles cuando ocurren durante las etapas de crecimiento (Black et al., 2008; Varela-Silva et al., 2007; WHO, 2008).

Según (Ortale, 2002) la desnutrición se define como una “enfermedad de la pobreza”, vinculada -en términos de causalidad estructural y de prevención- a procesos económicos, políticos y culturales. Las familias pobres suelen tener una alimentación monótona; por lo tanto, si algún nutriente o micronutriente es deficitario y la deprivación se mantiene en el tiempo, puede conducir a desnutrición.

Hasta hace poco tiempo, debido al deterioro socio-económico experimentado en Argentina, los problemas de desnutrición ocuparon un lugar predominante en la agenda de las políticas públicas. Sin embargo, el rápido aumento de niños y adultos con exceso de peso ha llevado a considerarlo un problema emergente de salud pública (Bejarano Dipierri, Alfaro, Quispe y Cabrera, 2005; Bolzán et al., 2005; Cesani et al., 2010; Bergel Sanchís, Quintero, Oyhenart y Cesani, 2012). La obesidad como epidemia encuentra sus causas principalmente en el reemplazo de las dietas tradicionales (basadas en productos amiláceos, ricas en fibra y pobres en grasa) por aquellas ricas en grasa, azúcar y alimentos industrializados (Laurentin, Schnell, Trovar, Domínguez, Pérez y López Blanco, 2007; Popkin, 2009). A ello se asocia el avance de la tecnología y el desarrollo de las ciudades modernas, que delinean el “ambiente obesogénico” en el cual los nuevos patrones de trabajo, transporte y recreación, hacen que las personas lleven una vida más sedentaria. Esta tendencia es reconocida como “transición nutricional”, proceso característico de países en vías de desarrollo, vinculado principalmente a modificaciones en los hábitos alimentarios y de actividad física (Popkin, 2009 y 2011).

Como expresan (Conzuelo-González y Vizcarra-Bordi, 2009): “el desbalance energético no se trata de un simple cambio alimentario sino de la modificación de los procesos multifactoriales que a menudo están interconectados y reflejan cambios socioculturales, económicos y de comportamiento individual y estilos de vida” (p. 3). Así, el proceso de nutrición-alimentación funge como determinante y, a la vez, como expresión de las condiciones y calidad de vida que se vinculan con el proceso de salud-enfermedad en determinado contexto y situación (Peña Sánchez, 2012). En este sentido, mientras que algunos autores definen a la desnutrición como una “enfermedad de la pobreza”, otros vinculan al exceso de peso con el mayor bienestar socio-económico (McLaren, 2007). Sin embargo, esta relación ha sido cuestionada al observar que no sólo los “ricos” presentan sobrepeso y obesidad, sino también los “pobres” (Peña y Bacallao, 2000; Aguirre, 2005; Figueroa Pedraza, 2005; Cesani et al., 2010). De acuerdo con (Aguirre, 2000), las dificultades para acceder a una alimentación adecuada determinan que las poblaciones con bajo nivel socio-económico presenten sobrepeso y obesidad porque se alimentan inadecuadamente, con un considerable desequilibrio energético. Esta situación, suele dar como resultado: niños con exceso de peso, pero con déficit de tejido muscular, tal como fuera observado en poblaciones que viven en situación de pobreza e indigencia, cuyas dietas se caracterizan por ser ricas en hidratos de carbono y deficientes en proteínas (Oyhenart et al., 2007; Cesani et al., 2013).

En este contexto, el concepto de seguridad alimentaria cobra gran importancia. Dicho concepto fue establecido por la FAO en 1974 bajo el supuesto de que la alimentación es un derecho que todo individuo tiene y que el Estado debe garantizar; sin embargo, en la década de los años 80 y en el contexto de una economía neoliberal, la seguridad alimentaria se transformó en una capacidad, trasladando la responsabilidad de la alimentación al individuo (Carballo, 2014). Posteriormente, (Sen, 1981) planteó que la seguridad alimentaria no dependía de la producción agroalimentaria (que ya era suficiente) y que las capacidades individuales debían enmarcarse dentro de la estructura de derechos de la sociedad. Dicho trabajo incidió para que en la década de los años 90 la FAO redefina a la seguridad alimentaria como acceso y en 2002 retornara al concepto de derecho, el cual, en contexto de una economía de mercado, operará a través del ingreso real (Aguirre, 2004).

En estrecha relación surge también el concepto de soberanía alimentaria propuesto por La Vía Campesina (organización internacional que lucha por los derechos de los campesinos) en La Cumbre de los Pueblos de 1996. Dicho concepto surge promulgado por aquellos sectores sociales que, frente al “modelo agrícola moderno”, sintieron el deterioro de la calidad de vida en los pueblos rurales y en las economías regionales (pequeños y medianos productores, agricultores familiares, pueblos originarios, pequeñas cooperativas regionales, comercios e industrias locales vinculadas con el sector, etc.); y establecieron que la Soberanía Alimentaria es “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos garantizando el derecho a la alimentación de toda la población” (Carballo, 2014, p. 19). Sin duda, este concepto representa el nuevo paradigma y resulta ampliamente superador. Sin embargo, en el presente estudio se privilegiará el empleo del concepto de seguridad alimentaria, ya que nos limitaremos a indagar acerca de la percepción de las personas en relación al acceso a los alimentos, siendo este concepto el más apropiado para ello.

En general, en la literatura se argumenta que el ámbito urbano posee mejores condiciones ambientales y sanitarias que el rural (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [ CEPAL ] , 2008; Smith, Ruel y Ndiaye, 2005). Sin embargo, estos planteos desestiman las grandes disparidades internas que pueden existir dentro de las ciudades, debidas principalmente a la desigual distribución de variables socio- económicas influyentes (CEPAL, 2008). Al respecto, cuando se analizó la zona urbana de la ciudad de Villaguay se registró que el nivel educativo, tanto del padre como de la madre, era más alto respecto al registrado en las otras zonas, además de presentar mayor cantidad de empleados, cobertura de salud y acceso a bienes materiales y de consumo, dando cuenta de un nivel adquisitivo más elevado.

En el otro extremo, la población periurbana de la ciudad de Villaguay se caracterizó por presentar condiciones más desfavorables: la mayoría de los padres y las madres no había alcanzado el nivel de educación secundaria y mientras que un cuarto de los padres tenían trabajos intermitentes, las madres eran principalmente amas de casa o desempleadas. Por otro lado, cuatro de cada diez familias recibían ayuda monetaria y tres de cada diez, alimentaria. Por último, otros indicadores, como el hacinamiento crítico y el limitado acceso a bienes materiales y de consumo, completaron el cuadro de una población más vulnerada. Estos resultados pueden vincularse con el hecho de que, si bien no hay consenso en cuanto a la definición de “periurbano” -incluso algunos autores la definen por su indefinición: no es campo, ni es ciudad (Barsky, 2005)- en general, se entiende como una extensión continua de la ciudad y la absorción paulatina de los espacios rurales que le rodean. Uno de los elementos que caracterizan a la periurbanización es la movilidad poblacional, siendo la pérdida progresiva de empleos en el sector rural, uno de los factores claves en este proceso.

En efecto, como resultado del proceso de modernización del campo, ocurrido en Argentina en general y en Villaguay en particular, en las últimas décadas se produjo un gran éxodo desde el campo a la ciudad en búsqueda de trabajo y mejores condiciones de vida. Así, miles de personas, se han ido instalando en las periferias de los conglomerados urbanos, dando lugar a la creación de nuevos territorios caracterizados por la falta de servicios públicos y por la precariedad en la infraestructura de las viviendas (Arnaldo y Salvarredy, 2014). Incluso (Allen, 2003), basándose en la emergencia de nuevos modos de habitar, definió el periurbano como una periferia socio-económica caracterizada por las “desventajas y carencias que padecen sus habitantes, que suelen dedicarse a actividades informales y agrícolas en la periferia de la economía y de la sociedad urbana” (párr. 13). Esta situación se profundizó aún más como producto de la transformación que el campo argentino viene experimentando desde la década de los años 90. Dicho proceso es resultando del cambio hacia un tipo de agricultura extensiva que busca maximizar la productividad especialmente en aquellos productos “de exportación”: granos para alimentar animales y elaborar aceites y biocombustibles (Aguirre, Díaz Córdova y Polischer 2015; Barruti, 2013). La plantación indiscriminada del monocultivo de soja y en especial de soja transgénica RR (variedad resistente al herbicida glifosato), tuvo un impacto negativo y directo sobre los pequeños y medianos productores que, sujetos además a los vaivenes de los precios del mercado mundial, a la poca capacidad de acceder a créditos y a otros condicionamientos, terminaron siendo expulsados. Tanto es así que este sector productivo fue caracterizado como una “agricultura sin agricultores” (Teubal, 2006). Cabe destacar que más del 66% de las tierras de la provincia de Entre Ríos, están ocupadas por plantaciones de soja (Engler, Rodríguez, Cancio, Handloser y Vera, 2008).

Dicha modernización técnica resulta del pasaje de una explotación tradicional a una economía de gestión, mercantilizada, en términos de (Ávila Sánchez, 2009). Para el citado autor

el espacio rural tradicional no es más el mundo homogéneo cuya identidad giraba en torno a la actividad agrícola. Ahora, hay que distinguir varios tipos de espacios rurales ligados en grado diverso a la dinámica de los polos urbanos y en los que se enfrentan dos lógicas distintas: las funciones productivas clásicas del ámbito agrícola y ganadero y las nuevas actividades (terciarias, de ocio o de industrialización rural). (p. 101)

Por las cuestiones antes señaladas, las familias residentes en las localidades rurales mostraron una complejidad socio-económica propia. Esto se manifestó en los valores intermedios, entre lo urbano y lo periurbano, que presentaron algunas de las variables socio-económicas, en el bajo porcentaje de familias que recibían ayuda monetaria o alimentaria estatal y principalmente en la actividad hortícola y cría de animales para consumo. Según (Aguirre, 2005), estas prácticas sociales de autoabastecimiento como estrategia para diversificar las fuentes de obtención de alimentos logran independizarlos -al menos parcialmente- del mercado de los alimentos.

Resultó, además, que fue en la zona periurbana de la ciudad de Villaguay donde se encontraron los mayores porcentajes de desnutrición, duplicando prácticamente a los registrados en la zona urbana. De acuerdo a lo expresado por (Balandier, 1975), una sociedad no puede presentarse como un conjunto homogéneo, indiferenciado. Más bien presenta un orden que resulta de jerarquías complejas y superpuestas, hecho que asegura un reparto desigual de los bienes, del poder y de los signos que expresan el estatus. Es por esto que el análisis debe ser entendido desde la perspectiva de la desigualdad: desigual acceso a los recursos, servicios, bienes y valores compartidos o a la falta de participación en la distribución de los mismos (Ortale, 2002). En este sentido, (Paraje, 2009) propuso dos tipos de patrones de la distribución de la desnutrición en países latinoamericanos: 1) Patrón de exclusión social, para poblaciones con niveles relativamente bajos de desnutrición, pero concentrados fuertemente en los estratos socio-económicos más bajos y 2) Patrón de privación masiva, para poblaciones con niveles relativamente altos de desnutrición y baja desigualdad relativa en su distribución socio-económica. Si bien la situación en países en desarrollo es variada, pudiendo encontrarse incluso poblaciones dentro de ambos grupos (CEPAL, 2008), el departamento de Villaguay estaría dentro del primer patrón ya que, si bien las zonas urbana y rural evidenciaron casos de desnutrición, las prevalencias fueron claramente mayores en el periurbano.

Los niños del periurbano también presentaron exceso de peso (23%), aunque menor que los de zona urbana (30%) y mayor que los rurales (16%). El sobrepeso fue más evidente en las zonas urbanas y periurbana, con prevalencias similares (15%), la obesidad en cambio, lo fue en la zona urbana (14%). Según (Aguirre, 2010), en la actualidad, el sobrepeso se encuentra presente en los grupos con menor nivel socio- económico y fuertemente asociado a ingresos bajos. Allí donde antes prevalecía la desnutrición, hoy coexisten ambos tipos de malnutrición que, lejos de ser antagónicos, son dos caras de una misma moneda. En este sentido, se considera que el mercado ha encontrado en las poblaciones más empobrecidas un nicho de consumo específico al que se le ofrece alimentos baratos, con alta densidad calórica, pero nutricionalmente deficientes. El consumo de estos alimentos conlleva a un mayor riesgo en la aparición de carencias específicas de micronutrientes (Del Castillo, 2012).

Sin embargo, la obesidad en el departamento de Villaguay se concentró en la población con condiciones socio-económicas más favorables, pudiendo relacionar estos resultados con el concepto brindado por (Aguirre, 2005, 2010) que refiere a los “gordos de la opulencia” como aquellos que, con ingresos suficientes, serían los principales consumidores de comida industrializada, golosinas, gaseosas, jugos azucarados, “snacks”, etc. En tanto que los “gordos de la escasez”, al tener restricción en las opciones de compra, tendrían una alimentación más monótona, basada principalmente, en hidratos de carbono de alta densidad energética. Por lo tanto, tanto las situaciones como sus consecuencias en los “gordos por opulencia” y los “gordos por escasez” deben entenderse (y atenderse) de manera diferente (Bergel Sanchís, 2014).

Sumado a lo expuesto, los resultados de percepción de inseguridad alimentaria de los hogares en lo que respecta al acceso -o dicho en otros términos, las representaciones e ideas subyacentes que acompañan las limitaciones que las familias encuentran a la hora de obtener sus alimentos- reafirman lo expresado por los otros indicadores analizados. Así, el periurbano fue la zona con mayor cantidad de familias que experimentó algún grado de inseguridad alimentaria (>50%), con mayores prevalencias para los niveles moderado (14%) y grave (27%). Sin embargo, aproximadamente un tercio de las familias urbanas y rurales también experimentaban cierto nivel de inseguridad alimentaria, indicando que el acceso a una alimentación en cantidad y calidad suficiente sería una preocupación presente en gran parte de la población.

En efecto, si se observan los resultados generales, el 42% de las familias analizadas percibió algún nivel de inseguridad alimentaria, proporción similar a la de hogares que percibían seguridad alimentaria (44%). Estudios realizados en distintos países muestran cierta variabilidad en las prevalencias de inseguridad alimentaria, las cuales fluctúan entre 7.7% en hogares de Canadá y 44.3% de México (Health Canada, 2012; Cuellar, 2011). En nuestra región, el trabajo de Vargas Puello, Alvarado Orellana y Atalah Samuer (2013) documentó para Chile que el 40.4% de la población presentaba algún nivel de inseguridad alimentaria, siendo 23.5% leve, 13.4% moderada y 3.5% grave.

Específicamente, en nuestro país, un estudio realizado en 17 aglomerados urbanos a partir de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del Bicentenario 2010-2016 (EDSA- Bicentenario) del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) informó que el 11.2% del total de hogares experimentó algún grado de inseguridad alimentaria, siendo más grave en los hogares con niños y niñas (15.9%) que en aquellos en que no los había (6.8%). Estos resultados permitieron concluir que dichas familias presentaban una situación de mayor vulnerabilidad ante el derecho a la alimentación (Salvia, Tuñón y Musante 2012). Comparativamente, las familias del departamento de Villaguay se encontrarían en similar situación.

Por último, el análisis de los dominios indicó que el 42.0% de las familias manifestó ansiedad o incertidumbre respecto a la posibilidad de acceder a la canasta deseada, el 47.6% se preocupó por la insuficiente calidad y el 33.5% por la insuficiente cantidad de los alimentos a los que podían acceder. Los tres dominios fueron más frecuentes en el periurbano, en donde más de la mitad de la población indicó estar preocupada por los dos primeros y más del 60% por el tercero. Este análisis es particularmente interesante para un país como Argentina, que cuenta con una producción excedente de alimentos y es uno de los mayores exportadores de cereales y oleaginosas. Que haya preocupación por la calidad no es de sorprender, dado que, como ya se ha mencionado, el mercado ofrece productos baratos y de baja calidad nutricional que resultan accesibles para la mayoría de las familias. Sin embargo, que más de un tercio de la población, y específicamente más del 60% de los residentes del periurbano percibiera acceso insuficiente en la cantidad de alimentos, refleja una situación aún más grave.

Para finalizar, y siguiendo a (Orair y Alonso, 2007), es importante destacar que en la mayoría de los países de América Latina:

aun cuando no existen problemas de producción agrícola y observándose modelos agro exportadores que lideran sus mercados, la insuficiencia de ingresos de gran parte de la población -generada por la mala distribución del ingreso- y en algunos casos, la regresión a la producción de materias primas, transforman el problema del acceso a los alimentos en un punto central de seguridad alimentaria y de combate a la pobreza. (p. 48)

El presente trabajo permitió caracterizar y establecer relaciones entre las condiciones de vida, el estado nutricional infantil y la percepción de inseguridad alimentaria en los hogares de la población urbana, periurbana y rural del departamento de Villaguay.

La población estudiada manifestó claras diferencias internas respecto al nivel socio- económico, a la distribución de la malnutrición infantil y a la percepción de inseguridad alimentaria en los hogares, en lo que respecta al acceso. En términos generales, se observa que las condiciones de vida diferenciales se expresarían en el estado nutricional de los niños, así también como en la percepción de las limitaciones al acceso a una buena alimentación, tanto en cantidad como en calidad. De este modo, cuanto más alto es el nivel socio-económico en el que las familias viven, mayor es la seguridad alimentaria respecto al acceso. Sin embargo, también resulta ser un ambiente claramente obesogénico, que se traduce en mayores prevalencias de sobrepeso y obesidad infantil. Esta situación se enmarca en el contexto global de la pandemia de la obesidad, cuyas causas principales son el mercado de comidas industrializadas de alto contenido energético y el sedentarismo propio de la “urbanidad”. A la hora de pensar políticas públicas que se esfuercen por mitigar el exceso de peso y sus co-morbilidades resulta imprescindible para esta población pensar en campañas que difundan los riesgos que implican para la salud una mala alimentación y la falta de actividad física y promuevan la incorporación de hábitos de consumo saludable desde edades tempranas.

Por otra parte, cuando los ingresos dependen de empleos informales y/o planes sociales, el nivel de instrucción de los padres es bajo o nulo, existe escasa cobertura de salud y las familias son numerosas y viven con alto nivel de hacinamiento, se observa mayor probabilidad de inseguridad alimentaria en el hogar. La preocupación en lo que respecta al acceso, tanto en cantidad como en calidad de los alimentos, da cuenta de que se trata de una situación de vulnerabilidad estructural. Es en este contexto de pobreza donde se presentan las prevalencias más altas de desnutrición y de sobrepeso. Como expresan (Conzuelo-González y Vizcarra-Bordi, 2009):

en efecto uno de los fenómenos que más determina esta coexistencia es la pobreza, factor fundamental en las distintas formas de alimentación de las personas. Bajo esta óptica, la desnutrición y la obesidad no sólo deben apreciarse como un problema biológico (nutricional y epidemiológico), pues también tiene una dimensión social y humanística. (p. 13)

En este caso, resulta entonces necesaria la implementación de políticas públicas que acorten la brecha de la desigualdad, aumenten el empleo estable e intervengan sobre los precios de los alimentos de calidad, para que sean accesibles a toda la población. Por último, entre el ambiente obesogénico urbano y el periurbano empobrecido, se presenta el rural, con características propias que lo definirían como el ámbito más protector para un crecimiento infantil saludable, dada la baja malnutrición general registrada y los niveles de percepción de seguridad alimentaria similares a los pobladores urbanos. Sin embargo, es de mencionar que uno de cada diez niños presentaron obesidad y que, posiblemente, este porcentaje pueda aumentar en la medida en que se siga incorporando y reemplazando en la dieta alimentos industrializados y procesados por aquellos más tradicionales.

Los autores agradecen especialmente a las autoridades escolares, maestros, padres y alumnos del departamento de Villaguay, por su desinteresada participación y enorme colaboración. A Lucía Featherston y a María Cristina Muñe (CONICET) por la cuidadosa lectura, revisión y corrección del manuscrito.