Los procesos de profesionalización en la policía de la provincia de Buenos Aires en épocas de cambio (fines del siglo XIX y principios del siglo XX)*

Processes of professionalization in the police of Buenos Aires province in times of change (late 19th and early 20th century)

Os processos de profissionalização na polícia da província de Buenos Aires em tempos de mudança (finais do século XIX e início do século XX)

“¿Cuál es la buena policía?”, se preguntaba el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires al presentar los datos de la repartición en el ejercicio de su memoria anual.¹ Sobre este interrogante las condiciones de ubicuidad, permanencia, instrucción y disciplina eran los atributos esperados en los posibles enrolados. Cómo lograrlos constituiría una preocupación neurálgica de jefes y comisarios, compartida, además, por las autoridades a cargo de la administración externa de la fuerza.² Así, este trabajo se interesa en las múltiples formas desplegadas por el cuerpo policial de la provincia de Buenos Aires que pretendían profesionalizar a sus integrantes -fundamentalmente al personal subalterno-. En pos de ello, se atiende a cambiantes criterios como a un vasto repertorio de requisitos, estrategias y prácticas que convergen y definen los procesos de profesionalización que singularizan a las policías modernas.³ Si bien en el marco de este proceso la policía de la provincia de Buenos Aires en su conformación como institución moderna transitó una acelerada y acentuada especialización y ampliación de sus funciones -entre ellas burocráticas y técnicas,⁴ sobre todo con la creación de la Oficina de Estadística e Identificación Antropométrica-,⁵ las preocupaciones por disciplinar tanto para capacitar como sostener a los hombres que se enrolaban en sus filas estuvieron dirigidas sobre todo en el servicio de seguridad.

Aunque estas dimensiones han sido abordadas en investigaciones sobre la ciudad de Buenos Aires y otros espacios, hasta ahora no fueron examinadas en forma conjunta para el contexto aquí considerado.⁶ En igual sentido, proponemos rescatar las especificidades de un periodo que ha sido escasamente transitado por los estudios policiales más recientes, en el marco de la revisión de los escenarios provinciales, como lo es el del cambio de siglo hasta los primeros años de la década de 1910. Así, resulta de interés recomponer una agenda de intereses particulares de los actores policiales que, si bien tuvo una gran correspondencia con los designios de distintos grupos políticos, posibilitó una visión particular acerca de las órdenes que se les impartían, así como definió actividades, problemas e ideas propios del derrotero de la institución.

En este marco, en primer lugar, daremos cuenta tanto del perfil de los hombres que la integraban como de los principales mecanismos y motivaciones de inserción y reclutamiento. Asimismo, consideraremos las estrategias desplegadas por la cúpula para efectivizar la conformación de planteles estables y disciplinados. Atendemos, fundamentalmente, al impacto del salario, junto a otras modalidades de enganche de carácter interrelacional, en la dinamización de los reclutamientos. Sobre esta experiencia, repondremos los principales rasgos de un conjunto de modelos, discursos, prácticas y textos que con una lógica programática y rutinaria o con un tono pedagógico orientaron la profesionalización. El análisis de estos sucesivos marcos generales de referencia es puesto en relación con el devenir de la propia experiencia del quehacer policial del periodo. Considerando este sustrato, abordaremos por último un conjunto de modelos, prácticas y publicaciones policiales que también fueron afines a la concreción de un proceso complejo signado por avances y retrocesos, así como tanto por la adopción de las innovaciones organizacionales como por la apelación a mecanismos de instrucción o aprendizaje configurados desde la propia experiencia.

De acuerdo con la propuesta de David Bayley, quienes conforman la policía no suelen pertenecer a las clases altas y cultas. En buena medida porque la actividad requiere elevados niveles de exposición física y se realiza en ámbitos estrechamente conectados a paisajes sociales conflictivos.⁷ Dichas razones la vuelven menos atractiva que otros trabajos. Ello se refleja, además, en distintas situaciones como la recurrencia a las bajas, los desplazamientos y las solicitudes de ingreso que han sido examinadas para las policías de la ciudad de Buenos Aires y de otros escenarios provinciales y latinoamericanos.⁸ Estas características pueden identificarse también en el contexto abordado. Al menos hasta el cambio de siglo, tanto en la literatura popular como en las crónicas dedicadas a la policía y en las producidas por esta, las imágenes se repiten. Así se suceden “el compadrito” o “el policiano”. Motes que, aunque peyorativos por exaltar atributos asociados a la brutalidad, no resultaban, sin embargo, lejanos del perfil social de los subalternos. Quienes elegían vestirse de uniforme provenían en efecto mayoritariamente de los sectores sociales más bajos, con una capacitación insuficiente para aspirar a otras labores que requiriesen de mayor especialización.

De acuerdo a los mecanismos pautados por el reglamento general de 1881,⁹ el Poder Ejecutivo se reservaba la designación de oficiales y administrativos, pero los comisarios a cargo en la selección del personal de facción debían disponer mayoritariamente de aquellos que “se presentan solicitando sentar plaza, con una carta de recomendación cualquiera”.¹⁰ A su vez, las posibilidades de proyectar una carrera dentro del escalafón solo permitían alcanzar el grado de sargento.¹¹ Para fines del siglo XIX dada la laxitud de los controles, la ausencia de exámenes de admisión, la imposibilidad de acceder a los escaños superiores del escalafón y las constantes demandas para completar vacantes, la plaza de policía solía provocar numerosos desplazamientos y bajas.¹²

Así, para muchos hombres la policía implicó el acceso, fuera o no temporario, si deseaban permanecer en sus cargos, a recursos como el jornal, una vivienda o la vestimenta. Podían sustituir o complementar una situación de precariedad laboral a cambio de la estabilidad en una repartición pública, incluso, si se tenía en cuenta la exigüidad de los salarios, sobre la que nos detendremos más adelante. De igual manera, constituía un ámbito al que podían ingresar personas que hubieran cometido algún acto delictivo. La insuficiencia en los registros, principalmente en las zonas rurales, impedía en efecto disponer de datos sobre los antecedentes, lo cual facilitaba a los agentes obtener rápidamente el alta en caso de haber sido expulsados de otras jurisdicciones.

Con todo, solicitar el puesto de vigilante permitía también el empleo para quienes culminaban una amplia trayectoria miliciana, iniciada en las guardias nacionales y en el ejército de línea. En igual sentido, la experiencia en el servicio policial fronterizo era también altamente considerada al momento de la selección en el puesto. Fundamentalmente, porque la instrucción y la disciplina castrense fueron contempladas por la cúpula como una de las opciones más adecuadas para formar a la tropa y diseñar algunos cuerpos especializados. Es por lo que mediante esas incorporaciones se pretendía lograr que los agentes moldeados en la vida militar transmitieran a sus pares un abanico de conocimientos y comportamientos que se traducirían en el métier policial. Sobre este sustrato no era excluyente la inserción para aquellos que provenían de los “bajos fondos”, como lo era para migrantes provincianos y ultramarinos. El último conjunto, además de disponer de un empleo, encontraba la oportunidad de insertarse dentro del tejido social, principalmente, si carecían de otras redes de parentesco o paisanazgo que los contuviesen. Sin embargo, esto parece no haber sido un fenómeno tan extendido, como fue señalado para la policía metropolitana durante los mismos años.¹³

En definitiva, los planteles fueron mayoritariamente engrosados por criollos con arraigo en el espacio bonaerense. Se trataba de jornaleros, labradores o trabajadores estacionales que posiblemente no lograron articularse en forma exitosa al proceso de transformación socioeconómica, que por entonces encontraba en la inmigración masiva y en la reconfiguración productiva sus principales puntales.¹⁴ Combinado a ello, en las comisarías emplazadas en la frontera suroeste el reclutamiento alcanzaba también a indígenas, como sucedía en los cuerpos de las policías territorianas.¹⁵ En lo respectivo a los escaños superiores, en cambio, puede observarse una situación muy diferente, ya que la mayoría pertenecía a sectores sociales más acomodados. Asimismo, a la par que su designación obedeció principalmente a una trayectoria previa en distintas ramas del estado, la legitimidad y las redes que podían configurarse desde el tejido policial fueron fundamentales para efectivizar la participación en cargos políticos.¹⁶

Como anticipamos, para las cúpulas fue cardinal dar solución a la transitoriedad y falta de instrucción de la tropa. A tal fin, una de las cuestiones salientes fue el reclamo por el incremento de los jornales por considerarlo uno de los indicadores más importantes en la profesionalización de la fuerza. Un breve balance de su evolución en el periodo nos brinda otros elementos de interés para el análisis.

Tanto las condiciones económicas como las frecuentes confrontaciones políticas se conjugaron para que el nivel de los salarios no supliese las expectativas policiales, así como impactó decisivamente en la dinámica del servicio.¹⁷ Atendiendo a su evolución, observamos que entre 1881 y 1886 se advierte una tendencia a la baja, con excepción de los sargentos que cumplían funciones en las comisarías emplazadas en la capital provincial (La Plata). Sin embargo, dicha tendencia comenzó a revertirse entre 1886 y 1891, años en los que la expansión de la economía bonaerense estuvo acompañada por la estabilidad institucional, en tanto los recambios en la gestión gubernamental solo tuvieron lugar en la competencia al interior de las filas oficialistas.

En este marco, la preeminencia salarial de la capital se mantuvo no solo para los sargentos, sino también para los cabos y vigilantes que vieron incrementados sus estipendios, aunque en una proporción inferior de acuerdo con su rango. Por ejemplo, en 1891 un sargento que cumplía el servicio en La Plata cobraba $117 m.n. mensuales, mientras uno de la campaña recibía $45 m.n.; al tiempo que un vigilante de la capital percibía $50 m.n. a diferencia de uno de campaña con $40 m.n.¹⁸ Aunque con menor desplazamiento, pero sí en una situación de exposición para nada desdeñable, los salarios mensuales del personal subalterno del servicio de guardiacárceles eran inferiores a los correspondientes del personal de comisarías.¹⁹ Claro que, debido a la multiplicidad de funciones que debían cumplirse como a la extensión del territorio en el que se operaba -sobre todo en las zonas rurales-, esta remuneración era percibida por los policías como insuficiente. Ante el peso que suponían las tareas, resultaba más atractivo combinar el servicio con actividades más remunerativas como las rurales en los periodos de cosecha, con las cuales se provocaba un constante movimiento de bajas y reingresos. En igual sentido, debe considerarse que muchos percibían a la ciudad de Buenos Aires como un mejor escenario laboral, sea porque allí las remuneraciones eran más altas o por su menor rango territorial, que aligeraba las tareas.²⁰

Sin embargo, en el transcurso de la siguiente década los efectos de la crisis económica, aunados a la confrontación cada vez más abierta entre los grupos disidentes con fuerte gravitación en la legislatura y el poder ejecutivo, afectaron notablemente la gestión de las partidas presupuestarias destinadas a la repartición. Debido a las crecientes impugnaciones hacia las gestiones vinculadas al Partido Autonomista Nacional propiciadas por los levantamientos de la Unión Cívica y el radicalismo durante 1893, la policía se tornó en el epicentro de las críticas con base en sus posibles realineamientos con los gobernadores y con las autoridades comunales. Esta situación se agravaría, no obstante, a partir de la asunción del mandatario radical Bernardo de Irigoyen en 1898.

Toda su administración estuvo atravesada por una férrea oposición parlamentaria que se tradujo en el estancamiento del presupuesto provincial. Distintas áreas de la esfera pública experimentaron un notable descenso en la asignación de los recursos. Con escasos avances, la policía resultó mayormente afectada debido a que los legisladores para debilitar su intervención política desestimaron las solicitudes de aumento requeridas desde el ejecutivo, hasta el extremo de embargar los jornales en los momentos más álgidos de la confrontación electoral. En términos generales esto implicó que el monto salarial se estacionase en los niveles que se habían alcanzado para 1891. Solo en 1900 el creciente malestar de las jerarquías institucionales junto a las demandas sociales ante la proliferación del abigeato en la zona rural conllevó a un ajustado incremento para los cabos y vigilantes de la capital y los partidos, que se mantendría sin modificaciones hasta seis años después.

Este cuadro, empero, comenzaría a modificarse en los años subsiguientes. Durante la etapa inaugurada por el gobernador Marcelino Ugarte, desde 1902, el ordenamiento de las finanzas provinciales acompañadas de un acuerdo electoral que le confirió legitimidad a su gestión posibilitaron que la dimensión salarial adquiriese un nuevo impulso, hasta alcanzar en 1911 su escala más alta durante el periodo. No obstante, en los siguientes años los mismos tendieron nuevamente a la baja, si bien se mantuvieron en un piso superior al de comienzos de siglo. Esto se explica en que la estabilidad económica provincial se vio amenazada por el impacto de la crisis de 1913.²¹

A estas fluctuaciones sobre los salarios debe añadirse que los mecanismos por los cuales se consumaba la remuneración de la tropa dificultaban su apercibimiento inmediato. El sistema de pago preveía que el oficial 1° tenía que convocar al personal a la oficina central los primeros días del mes, del mismo modo en que durante esa jornada debía desplazarse hacia los partidos más próximos para garantizar el cobro. En las localidades más distantes, en cambio, se realizaba el depósito en las sucursales del Banco de la Provincia. No obstante, debido a la insuficiencia de estas dependencias resultó más usual que el jefe acordara con los comerciantes el anticipo del estipendio a los empleados, cuyo servicio había sido previamente verificado por el juez de paz. Esos adelantos debían ser posteriormente corroborados por los funcionarios municipales y por el Departamento Central.²²

Más allá de satisfacer el propósito de celeridad y control proyectado por las autoridades bonaerenses, la lógica de este sistema fue consolidando una red de subvenciones y préstamos que distaba de la prescindencia de los poderes comunales. Al respecto, desde la prensa y las bancas legislativas como también en las más altas esferas del cuerpo policial eran recurrentes las denuncias que tomaban a caudillos e intendentes junto a comisarios como miembros de una trama cimentada en el intercambio de favores, ya que aquellos podían dinamizar, incrementar o reducir los pagos apelando a sus influencias. En igual sentido, estos engranajes favorecían prácticas informales que posicionaban a comerciantes e incluso a oficiales de mayor rango como prestamistas de los subalternos. Tales vínculos se intensificaban en aquellos contextos, como el de comienzos de siglo, donde la distribución del presupuesto quedaba plenamente estancada.

Por otra parte, las relaciones interpersonales tenían también un peso decisivo al momento de obtener un cargo dentro de la repartición. Del mismo modo en que lo ha demostrado Marcos Luiz Bretas para la conformación de la tropa imperial brasileña, resultaba frecuente que los aspirantes o algún familiar se sirviesen de sus contactos con autoridades políticas o policiales para peticionar una vacante.²³ Esta estrategia, asimismo, era empleada por quienes ya habían cumplido con el servicio y peticionaban su reincorporación, solicitaban la promoción o anhelaban el traspaso de su cargo al momento de efectuarse los reemplazos políticos o las bajas al interior del escalafón.

El costo de vida allí donde se cumplían las funciones, la lejanía de la familia, alguna enfermedad o las aspiraciones de ascenso, entre otras circunstancias o motivaciones, constituían razones de peso para concitar los favores de una extensa red de mediadores. Las posibilidades de éxito estaban determinadas por la intensidad de las relaciones con quienes ocupaban la Jefatura. Aunque, de acuerdo con las lógicas de la actividad pública, resultaba frecuente que esas demandas se canalizaran no solo a través de los mismos superiores, sino de otros funcionarios como intendentes y comisionados, letrados, militares o jefes del Registro Civil.

Debemos destacar que esta lógica imperaba también en situaciones de nombramientos o remociones de oficiales como de auxiliares. La particularidad del caso en lo concerniente a la designación de cargos jerárquicos es que ocasionalmente los actores comunales intervenían en esa decisión. El buen desempeño de sus funciones constituía el principal capital simbólico considerado a escala local para que un comisario o un subcomisario pudiesen permanecer o ser removidos de sus puestos.²⁴ Claro que esas atribuciones estaban también combinadas con su capacidad de intervención política. Sobre ello, cabe resaltar que en determinadas coyunturas -principalmente durante las administraciones de Luis María Doyhenard, en los periodos 1902-1906 y 1914-1916- la movilización como la desarticulación del electorado, de igual forma que la construcción de coaliciones y la detención de opositores, constituyeron elementos de peso para asegurar la designación en puestos neurálgicos dentro del tejido policial.

Como hemos anticipado, la pervivencia de estos mecanismos de reclutamiento lejos de poner en tensión la anhelada profesionalización de la fuerza, posibilitó que fuesen integrados debido a que resultaban los más eficaces al momento de sostener la estabilidad de los planteles.²⁵ Del mismo modo, en determinados contextos, eran dinamizados desde la Jefatura para configurar tramas de legitimidad en los escenarios locales. En este devenir, a la definición de las estrategias para ajustar la selección del personal y su permanencia se sumaron otras iniciativas. En efecto, la construcción de un cuerpo policial profesionalizado supuso un arduo proceso de experimentación y ensamblaje de múltiples modelos, experiencias e instancias académicas. Al igual que en otros casos de construcción de policías modernas, tal como observaremos a continuación, esto implicó la combinación de elementos propios de sistemas desarrollados en diversas latitudes con esquemas y saberes constituidos a partir del ejercicio cotidiano de la actividad.²⁶

Avanzar en la profesionalización implicó delimitar esferas y atribuciones tanto al interior del cuerpo como entre este y el cambiante tejido social, político y territorial. A tal fin, se conjugaron distintos conjuntos normativos nucleados en la intención de “civilizar” a quienes integraban la policía como también de ordenar su actividad. En relación con ello, Osvaldo Barreneche ha examinado la manera en que las rutinas cotidianas se fueron configurando desde los primeros días de la repartición por la remisión de las órdenes del día. Desde el Departamento Central periódicamente se enviaban a todas las comisarías de sección y de campaña un conjunto que incluía disposiciones y ordenanzas, solicitudes de capturas, guías de marcas, modificaciones legislativas, lista de padrones y de mesas electorales y notificaciones de ascensos o de exoneraciones.²⁷ A los que se añadían los edictos y las disposiciones municipales que estipulaban a nivel local las facultades contravencionales para el ordenamiento del ámbito público.

Ese conjunto normativo se integraba con otros textos, cuyo carácter era más prescriptivo. Al respecto, la confección del Reglamento General de Policía de 1881 sentó las bases organizativas de la institución, y respondió a su carácter centralizado. Redactado por su primer jefe, Julio Secundino Dantas, e inspirado en los reglamentos de la policía francesa de 1875 y 1877, ordenaba y homogeneizaba las jerarquías, funciones y atribuciones correspondientes a cada una de las secciones y su personal. De igual modo, definía los alcances de la intervención policial con respecto a otras esferas estatales, fundamentalmente con la justicia de paz. Para completar el carácter burocrático con disposiciones prácticas, se incorporó, asimismo, un manual de instrucción con arreglos al Manual de procedimientos que regía para el cuerpo de la ciudad de Buenos Aires desde 1880. Se pretendía con ello clarificar las intervenciones del personal en las instancias correccionales en las que había ido ganando mayor participación con el propósito de impedirle “la arbitraria interpretación de las ordenanzas no copiladas y no comentadas”,²⁸ y mitigar así el carácter “inquisitivo” asumido en los procesos de indagatoria.

La noción de “civilizar” a comisarios y agentes, en un contexto en el que la fuerza policial iba adquiriendo mayor protagonismo en los procedimientos penales ante las reformas propiciadas sobre la justicia lega,²⁹ se cristalizaría con mayor énfasis en el nuevo Reglamento General de Policía. Para 1888, ante el crecimiento de la repartición, la especialización y la creación de nuevas áreas -como la Comisaría de Pesquisa-,³⁰ junto a la ampliación de funciones, el entonces gobernador Máximo Paz nombró una comisión encargada de su redacción. Tomando como referencia el reglamento vigente, se introdujeron algunas modificaciones que posibilitaban a oficiales, sargentos y cabos actuar de oficio o mediante denuncias en el esclarecimiento de homicidios, robos, atentados contra la propiedad, aborto e infanticidio y actos que pusieran en cuestionamiento al orden social, como levantamientos o sediciones.³¹ Se continuaban delineando así las esferas de intervención y la unificación de las funciones para todo el escalafón.

De igual manera, se insistiría ante las deficiencias de este sistema en la importancia de las formas de instrucción más de una década después de sancionado el reglamento. En 1904 se elaboró el “Programa para la Instrucción de Sargentos, Cabos y Vigilantes” que fue distribuido en todas las comisarías. Este constituía un compilado de “ejemplos prácticos” y preguntas breves que pudieran uniformar y agilizar el proceder de la tropa. Por su parte, el complemento con los “ejemplos prácticos” reforzaba el carácter didáctico del texto. Así, entre otras cuestiones se indicaba como inadecuada la conducta del agente que “en vez de proceder contra los contraventores se muestra tolerante y hace caso omiso de la contravención” y de las leyes municipales.³²

La codificación plasmada en las órdenes del día, reglamentos y manuales de procedimiento, junto a las disposiciones de las distintas municipalidades, implicaron entonces una suerte de guía ecléctica para la definición de lo que era esperable y permisible en oficiales, administrativos y vigilantes. Este proyecto se expandiría y complejizaría con la formalización de canales de instrucción, cuyos alcances eran mucho más masivos.

Al respecto, la creación de escuelas destinadas al personal subalterno se había planificado durante la etapa inicial de la repartición. Una primera experiencia se llevó a cabo en 1887. Si bien la Jefatura consideró la obligatoriedad de asistencia a todos los aspirantes, debido a los bajos salarios la cantidad del personal ingresado en la repartición resultó insuficiente para completar los cursos. Por lo tanto, solo se estipuló la concurrencia de sargentos enviados desde todas las comisarías a la escuela instalada en el Departamento Central. La dinámica fue establecer una cadena de transferencia de los saberes allí aprendidos, que denota una visión policial orgánica y corporativa; ya que al culminar esa etapa los graduados debían transmitir a sus subordinados la enseñanza recibida.³³

Recién dos décadas después este proyecto se potenciaría cuando se logró instituir escuelas para la formación y capacitación del personal raso.³⁴ Los niveles de especialización, junto al incremento de las partidas presupuestarias, dieron lugar a la creación en las dependencias contiguas a la Jefatura de una escuela para aspirantes y otra para vigilantes en 1912. Su particularidad fue que definieron requisitos específicos de incorporación y de promoción. Así, en el caso de los vigilantes era “condición indispensable para ingresar […] ser ciudadano natural ó legal, gozar de buena salud, no tener más de cuarenta años y medir 1.70 de talla como mínimum”.³⁵ Mientras que solo en caso de aprobación de los exámenes se los proponía, de acuerdo a sus calificaciones, para escribientes o bien para cabos o sargentos de segunda y primera categoría.³⁶ De igual forma, se pautaba el quehacer policial en diversas fases. En el primer tiempo no se “recomendaba salir a la calle”, ya que se entendía que era mejor la lectura reiterada del reglamento y la explicación “concisa y clara” de sus deberes. Luego, con la finalidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos, se les hacía prestar servicio tanto en las dependencias del Departamento como en otros destinos en los que pudieran cumplir una misión específica, como en los ámbitos de ocio veraniego.

Se esperaba que en el cumplimiento de estas rutinas como en su desempeño futuro a lo largo de todo el territorio pudieran efectivizar el amplio repertorio en el que eran instruidos. En efecto, se enfatizaba que el “buen policía” debía poseer conocimientos sobre toda la campaña de la provincia, sus centros de población, red de ferrocarriles, líneas telegráficas y su topografía.³⁷ De igual manera, la dimensión profesional suponía, junto al estricto dominio del reglamento, la adquisición de determinadas destrezas acordes al perfil técnico que la policía asumiría en su proceso de modernización, entre otras: dactiloscopia, telegrafía, aritmética, nociones de anatomía y fisiología. La instrucción militar y la esgrima, junto a la práctica sumarial, constituían por su parte las principales materias por las que se acentuaba la relación de la policía con la justicia y la adopción de la formación militar. Finalmente, los programas contemplaban las disposiciones acordes a la intervención pública: definiciones y tipificaciones de los delitos, régimen de contravenciones, legislación nacional y provincial e instrucción cívica.³⁸ Esto último era fundamental en un contexto en el que la policía estaba atravesada por fuertes procesos de reforma política tras los cambios en materia electoral que había introducido la sanción de la Ley “Sáenz Peña” en 1912.

Para el cambio de siglo, ante los efectos indeseados por los procesos de politización que habían permeado a los actores policiales en las décadas precedentes, tanto las cúpulas como algunos expertos establecieron un significativo debate respecto a la reestructuración de los modelos de acción policial.³⁹ Si bien el fortalecimiento de las áreas técnicas dentro del tejido institucional, además de los desafíos que imponían las crecientes conexiones espaciales por fuera del ámbito bonaerense,⁴⁰ implicaban mayores exigencias en la capacitación, la mayor parte de los esfuerzos estuvieron dirigidos al mejoramiento de las policías que suplían funciones de seguridad.

En este marco, la adopción de un esquema militar comenzó a ser apreciado como la mejor forma de disciplinar y reestructurar el cuerpo. Es por esto que las transformaciones que habían comenzado a realizarse dentro de las fuerzas armadas con la aprobación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio de 1901 fueron de especial utilidad. La experiencia de las armas había ganado un peso social significativo, al tiempo que el proceso de imposición del servicio militar había erosionado las lógicas de autonomía y de reciprocidad que caracterizaron a la movilización miliciana durante gran parte del siglo XIX.⁴¹

Tales aspectos fueron considerados de interés por quienes estaban a cargo de la conducción policial. En efecto, vigorizaron la idea de recuperar un esquema de formación fundamentado en la disciplina y la obediencia. Ello matiza el cuadro brindado por Bayley respecto de la especificidad de las funciones policiales, ya que aquí la apropiación del rol y el carácter militar no parece haber redundado en lo que este autor denomina “especialización imperfecta”, sino que fue parte central de su modernización.⁴²

Como expresaron algunos comisarios, la educación militarizada supliría las deficientes e infructuosas prácticas de instrucción ensayadas desde el periodo organizativo con la incorporación de los soldados retirados de otras guarniciones como el ejército y las guardias nacionales. Se pensaba que estos defectos podían corregirse mediante el desarrollo de un programa de extensa duración que garantizaría la obediencia a la superioridad y la buena educación de la tropa, al mismo tiempo que propendería a la exaltación de las buenas costumbres, el compañerismo y la caballerosidad. Asimismo, la férrea disciplina era indispensable para asegurar la prescindencia policial de las contiendas políticas, lo que afianzaría su carácter jerárquico y centralizado.

Desde 1902, con el impulso del jefe Luis Doyhenard, los proyectos para adoptar el régimen militar se concretarían. En su concepción, esta vía era la más acorde para conciliar las demandas de la administración política y de las élites intelectuales frente al peligro que suscitaban el perfeccionamiento del delito y la creciente “ola roja”.⁴³ Además, la policía se promocionaría como uno de los principales mecanismos de modernización social. Los cimientos quedaron establecidos en el proyecto para instruir al personal de las comisarías de campaña en las prácticas castrenses. A tal fin se estipuló que los oficiales seleccionasen “uno á uno” a los agentes para ser remitidos al cuerpo de bomberos de la ciudad de La Plata -capital de la provincia y sede de la Jefatura-, donde recibirían entrenamiento durante 40 días. Esta instancia, integrada al conjunto de experiencias pedagógicas al que hemos referido más arriba, perseguía la transformación del “antiguo vigilante-paisanote de nuestra campaña en un gendarme marcial con educación y espíritu militar, que lo hace doblemente apto para el servicio á que se le destina ordinariamente”.⁴⁴

Aunque el esquema militar proyectado para el personal de seguridad solo pervivió en las instancias de instrucción, se cristalizaría en cambio con mayor éxito mediante la creación de cuerpos especializados como el Escuadrón de Seguridad y la Gendarmería Volante. Para la organización de ambas reparticiones, compuestas por unidades de infantería y caballería -ya que las rondas a caballo parecían las más apropiadas para ejercer soberanía en caminos y en territorios extensos-, se combinó un diseño de operación y territorialidad desarrollado al promediar el decenio de 1870 para la custodia de las zonas rurales,⁴⁵ con sistemas policiales europeos de acentuada impronta militar. Esta transposición se enmarca en las articulaciones que Doyhenard logró configurar sobre las tramas de circulaciones de sistemas policiales dinamizado a escala global hacia fines del siglo XIX.⁴⁶

Sin embargo, el interés en adscribir a los proyectos de raigambre castrense no tuvo a Italia, España y Francia como los únicos centros de referencia. Por el contrario, el informe encomendado por Doyhenard al diputado Alberto Cortina, en cuanto antecedente del congreso policial que se realizaría en Río de Janeiro en 1906,⁴⁷ puso en cuestión la eficacia de esos modelos y desplazó el ángulo hacia otros espacios nacionales. A partir de un minucioso estudio de la organización y equipamientos de las distintas policías iberoamericanas, Cortina relativizaba la preeminencia europea dado que: “Nos hemos apartado también de la costumbre general, de estudiar en fuentes […] agenas á las nuestras, en el sueño irrealizable de hacer policías que no son para nosotros y que nuestros pueblos las rechazan enteramente. […] no se espere nunca, fundadamente, que pueda erijirse una policía parisién ó londinense para que el pueblo se adapte, á la fuerza, á un cúmulo de exigencias inadecuadas”.⁴⁸

No obstante, a pesar de las proyecciones de construir un sistema policial común a partir de las necesidades sudamericanas, mediante la articulación de las policías de Buenos Aires, Brasil y Uruguay, las experiencias japonesas,⁴⁹ rusa, pero sobre todo la estadounidense,⁵⁰ fueron contempladas como otras referencias posibles, fundamentalmente por sus rasgos militaristas. El interés en estos modelos estaba lejos de una adscripción completa, ya que “ningún sistema es bueno, cuando no encarna la tradición de un pueblo, sus costumbres y sus ideas”. Cortina subrayó así el peso del desarrollo militar en la transformación de Estados Unidos como centro de primacía global en el cambio de siglo. Lo que le resultaba modélico de la dirección que debía proseguir la policía bonaerense.

La transposición de elementos de estas experiencias se inscribe entonces dentro del proyecto modernizador impulsado por las jerarquías policiales. Con su aplicación se pretendía, por un lado, concretar la inserción de la policía local en el concierto global; y, por otro lado, se buscaba dinamizar una serie de transformaciones que mejorarían la calidad y la especialización del servicio. En cierta medida, esta experiencia desarrollada en los albores del siglo se sostenía en los aunados esfuerzos de sucesivas jefaturas por concretar una vieja aspiración que buscaba moldear al criollo vigilante o pesquisa en un deseado agente moderno y cosmopolita.

A la par del ensayo de alternativas de diseño institucional y de articulación territorial, la definición de los mecanismos de inserción, permanencia y movilidad, como de adquisición de una expertisse acorde a las demandas de un escenario cambiante, las cúpulas a cargo de la policía de la provincia de Buenos Aires aplicaron una multiplicidad de estrategias en pos de modernizar y profesionalizar a sus agentes, lo que hacía necesario realizar una mirada en conjunto. De esta manera, pusimos de relieve las formas en que la policía provincial en su tránsito hacia el siglo XX fue construyendo a sus agentes a partir de diversos criterios, y sobre un amplio abanico de requisitos, estrategias y prácticas. Además de heterogéneos, estos fueron cuestionados o simplemente redefinidos al calor de diversas ideas como de la propia experiencia institucional.

Si por momentos el modelo centralizado o la adopción del adoctrinamiento militar integraron un zócalo de ideas que confluirían en mejorar el reconocimiento social policial y el perfeccionamiento de su desempeño, esto no fue en desmedro de la integración de los saberes construidos a partir de la propia experiencia del patrullaje y la antigüedad en el ejercicio del cargo. Las prácticas de reclutamiento no se tensionaron al encontrarse con una población étnica y culturalmente criolla, forjada en la rutina miliciana al mismo tiempo que conocedora del territorio y adyacente de los sujetos y prácticas objetos de su control.

Observamos así el perfil de los hombres que integraron la policía y, en complemento, revelamos los principales mecanismos y motivaciones de su inserción y reclutamiento. Entre ellos, identificamos al salario en el marco de un tejido relacional y de variantes presupuestarias que incidieron en la profesionalización.

Por otra parte, consideramos en nuestro análisis a las principales instancias de instrucción y diferentes textos que con una lógica programática y rutinaria o con un tono pedagógico modelaron el quehacer policial. Su implementación estuvo, asimismo, signada por un permanente reajuste que las cúpulas realizaron a algunos textos normativos con el objetivo de alcanzar la esfera de atribuciones y el perfil deseado para el escalafón policial, como los manuales de procedimiento y los reglamentos generales de policía.

Este marco programático se articularía fundamentalmente con la trasposición de esquemas transoceánicos de organización policial en un contexto de acentuada y dinámica conexión global. El impulso modernizador alcanzado por el cuerpo policial a partir de 1902, sobre todo debido al proyecto encabezado por Luis María Doyhenard, hizo posible el establecimiento de cuerpos especializados como el Escuadrón de Seguridad y la Gendarmería Volante, sobre la base de un esquema de instrucción militar que con escasas excepciones trazaría a los esquemas de organización e instrucción que se prolongaron durante gran parte del siglo XX.