1. Introducción

La comprensión histórica de la alimentación en Chile ha estado condicionada a la intervención estatal, al punto que estudios recientes han afirmado que gracias a la elaboración de políticas públicas para el rubro se logró la consolidación del Estado nacional a mediados del siglo pasado (Deichler 2018; Yáñez 2017). En ese esquema los empresarios y sus gremios aparecen ajenos al debate, con escasa capacidad de injerencia programática y únicamente concentrados en la mantención de sus prerrogativas sociales (Rubio y Salgado 2016; Correa Sutil 2011; Arriagada 2004 y 1970; Gómez 1982 y 1972).

La separación de actores, a la luz de investigaciones internacionales, parece artificial, ya que la promulgación de las medidas de fomento a la producción de alimentos, habitualmente fueron acompañadas de acuerdos políticos y económicos con los gremios (Bustelo 2016; Hora 2015 y 2009; Brennan y Rougier, 2013; Henriksen et. al. 2012; Guinnane y Martínez-Rodríguez 2011; Hermi 2007; Mateo 2002). Es más, algunas investigaciones recientes han dado cuenta de cómo los gremios chilenos negociaron con el Estado, colocando en duda la autonomía gubernamental en la promulgación de leyes asociadas a la industria en general (Fernández y Goldflam 2016; Robles 2009; Ibáñez 2003).

Nuestra propuesta busca insertarse en esta última línea, de estudio político de los gremios empresariales del rubro alimentario, particularmente examinando a la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno durante sus primeros 30 años de existencia, indicando su tránsito desde una agrupación que reunía a productores agrícolas, cárnicos y lecheros en pos de defender sus interés económicos a escala nacional, hasta una organización que penetró las estructuras administrativas del Estado y pudo cooptar importantes subsidios derivados de la implementación de políticas favorables al consumo lácteo.

El acomodo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno a las directrices gubernamentales conllevó fisuras internas dentro de la agrupación, tanto entre productores como a nivel generacional de las dirigencias. Estos quiebres tuvieron su correlato a nivel nacional ya que, debido a la crisis del Estado durante la década de 1930, sectores empresariales y profesionales buscaron ocupar puestos estratégicos dentro de la estructura administrativa para provocar cambios en la política pública que congeniara sus intereses particulares con su mirada política. Las alianzas formadas fracturaron muchas veces a las agrupaciones empresariales, que vieron cooptadas sus líneas de conducción, sin embargo, recibieron a cambio subsidios a la producción que actuaron como salvaguardas frente a los vaivenes económicos de la postguerra.

Para sostener el supuesto presentado, se utilizaron una serie de documentos emanados por las dirigencias de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (nos referimos a actas públicas, notas de prensa hechas especialmente para la “Sección Local” del periódico La Prensa de Osorno y artículos escritos para la revista Agricultura Austral), en ellos buscaremos los discursos y acciones que den cuenta de las fisuras generacionales como de los acuerdos en favor de la colaboración con el gobierno. Paralelamente se usaron fuentes secundarias, de época y contemporánea, para contextualizar y analizar sus acciones. Se espera que la exposición comparada de las fuentes permita comprender la construcción del diálogo entre las dirigencias empresariales y gubernamentales, más que la imposición programática de una sobre otro.

2. El crecimiento del mercado interno chileno y la emergencia de los productores trigueros y cárnicos de las provincias de Valdivia y Llanquihue (1879-1929)

Las provincias de Valdivia y Llanquihue, desde mediados del siglo XIX, habían construido una incipiente industrialización orientada a un mercado local concentrado en los consumos culturales de los emigrantes germanos de reciente arribo, que iban desde la cerveza a la mueblería hogareña (Almonacid 2013; Carreño 2002; Blancpain 1974). Esta industria vivió su expansión durante la Guerra del Pacífico, al punto que su industria del calzado ganó rápida reputación en los mercados nacionales como internacionales (Norambuena y Uliánova 2000).

Los diversos escritos históricos que rememoran este período suelen abocarse en la centralidad de las fábricas de calzado y cervecerías para ciudades como Valdivia y Osorno, junto con presentar a sus encargados como las figuras más visibles de la comunidad germana e, indirectamente, de toda la población local (Almonacid 2013; Bernedo 1999). No obstante, el arribo del ferrocarril, particularmente a la ciudad de Osorno a fines del siglo XIX, hizo que los productores locales se vieran afectados por las nuevas directrices económicas impulsadas por el Estado chileno, particularmente favorables a la constitución de un mercado nacional de productos cárnicos (Camus 1997).

Durante todo el siglo XIX la población chilena había aumentado lentamente su consumo de carne y luego de la Guerra del Pacífico aquella pasó a ser un alimento de consumo habitual (nunca diario, cabe decirlo) de sectores importantes de la población, empero aquel incremento se sostenía en la importación de animales en pie desde Argentina (Bandieri 2011; Carreño 2011). La importación era denunciada por los productores chilenos del centro del país, que solicitaban desde la Sociedad Nacional de Agricultura, un mayor compromiso por parte del gobierno con los productores locales y un aumento en las tasas de importación (Menadier 2012: 24). Sus opiniones comenzaron a ganar resonancia dentro de los sectores parlamentarios de las décadas finales del siglo, tanto por las relaciones familiares y personales de los congresistas y los productores ganaderos del Chile central como, también, por la agudización de los conflictos limítrofes con Argentina (Lacoste 2003).

Bajo ese contexto el gobierno aumentó las tasas aduaneras para la importación de ganado a través de los Andes y creó nuevas aduanas cordilleranas para reducir el contrabando de ganado. Las acciones emprendidas llevaron a que disminuyera el número de animales para el consumo cárnico, se incrementaran los precios y se sacrificarán animales de calidades inferiores (Bandieri 2001); gestándose un escenario que empujó a realizar políticas de incentivo para aumentar el hato vacuno en el país, que se expresó en la concesión de tierras públicas en las provincias de Valdivia y Llanquihue (desde 1902 en adelante) a productores locales y empresas de capitales extranjeros (primordialmente inglesas y alemanas) (Vial 1981: 399-404).

Aquel impulso estatal benefició directamente a la ciudad de Osorno, que en 1902 era punta de rieles del ferrocarril del sur, ya que se encontraba rodeada de importantes extensiones de praderas posibles de reconvertir desde la siembra de cereales al pastoreo animal (Orrego et al 1903: 55). Durante aquellos primeros años del siglo, los productores osorninos vieron con cautela el proceso de concesiones (Almonacid 2005), continuando con la siembra de cereales rotándolos con pasturas para ganado. Aquel crecimiento contrastaba con las capacidades instaladas en el sistema ferroviario para trasladarlo a los mercados del centro-norte del país, provocando la gestación de ferias de animales que se establecieron como punto de acopio e intermediación entre los productores locales, las autoridades de ferrocarriles y los compradores del centro-norte.

En 1905 se creó la Feria de Animales de Osorno, dirigida por la sociedad de Julio Buschmann y Alberto Fuchslocher, que fue acompañada, dos años después, por su homóloga Feria de Llanquihue, administrada por Germán Klagges y Julio Jordán (Jürgensen y López 2005: 39). La principal rentabilidad de las ferias reposaba en su intermediación dentro del mercado cárnico, situación que se veía medrada por las discrepancias con las autoridades de Ferrocarriles del Estado. La condicionante de ser una empresa estatal hacía que consideraran a sus recorridos como un medio de proselitismo gubernamental, impactando las expectativas comerciales de los intermediarios osorninos, que solicitaban continuamente un aumento de los vagones de carga para animales en relación a los de pasajeros (Jürgensen y López 2005: 45).

La venta intermediada de ganado se constituyó en el foco central de la economía urbana, dinamizando con sus exigencias otros rubros económicos. Para lograr una armonización comercial se reunieron empresarios molineros, comerciantes y productores agropecuarios de las ciudades de La Unión y Osorno en pos de crear una banca privada orientada en la entrega de financiamiento para la mejora de las semillas y ganados locales, estableciéndose en 1908 el Banco de Osorno y La Unión Sociedad Anónima (Boletín de las Leyes y Decretos del Gobierno 1908).

Al amparo de la banca local empresarios como Julio Buschmann adquirieron importancia económica junto con notoriedad política, situación que se volvió preeminencia cuando Buschmann adquirió la antigua Feria de Llanquihue (renombrada en su momento como Feria Regional de Osorno) en 1911 y, en paralelo, adquirió la concesión del matadero municipal (Jürgensen y López 2005: 39). El crecimiento del rubro cárnico en Osorno no cesó con el inicio de la primera guerra mundial, sino que, al igual que otros rubros nacionales, se fortaleció con el cierre de los mercados europeos (Díaz et. al. 2016: 114), así en 1913 se creaba la Feria de Purranque, perteneciente a la sociedad Winckler y Compañía; en 1914 la Feria de Río Negro, de propiedad de Julio Jordán, y, finalmente, en 1915 la sociedad Piel Hermanos abrió la Feria de Rahue. Todas ellas muestras que en torno a la ciudad de Osorno comenzaban a emerger nuevos productores de ganado vacuno y, con ellos, la necesidad de una intermediación y acompañamiento técnico en la compra, crianza y engorda de ganado vacuno de razas cárnicas —diferentes a las criollas de uso mixto, leche y carne (Sago 2017; Almonacid 2005: 101-102 y 124).

El crecimiento del mercado y las demandas en aumento de apoyo técnico hizo que los principales actores del rubro respondieran al llamado de Julio Buschmann, un 8 de enero de 1917 en el Club Alemán de Osorno, para la creación de una cooperativa orientada al apoyo técnico y defensa de los productores agropecuarios locales. En consideración que no existía una ley de Cooperativas, la propuesta fue más propia de una sociedad anónima, donde los principales accionistas tuvieran completo control de la mesa directiva. La reunión tuvo como resultado la adhesión de 30 accionistas, que eligieron 10 directores y un presidente (Julio Buschmann) para la Sociedad Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (Carreño 2008).

Aunque las expectativas eran significativas, el inicio de la Sociedad fue lento y únicamente en 1920 fue conformada legalmente y aprobados sus estatutos. En sus primeros articulados emergen dos vocaciones centrales, primero el rol de intermediario entre los productores locales y los mercados del centro-norte del país y, segundo, el acompañamiento técnico y educacional a productores y comerciantes locales, junto con declarar abiertamente su compromiso con la expansión de su modelo de gestión a organizaciones similares en otras partes de la región¹. Su rearticulación fue acompañada del abandono de la apelación al cooperativismo y quedó como Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno (SAGO, acrónimo que usaremos en adelante), factor que podría deberse a los matices que iba tomando la discusión de la ley de cooperativas.

Desde 1918 se discutía en el Congreso la necesidad de emanar una ley que reglamentara las formas de las cooperativas ya existentes y normara las futuras, imponiéndose la idea que las cooperativas debían actuar como un elemento que morigerara los vaivenes económicos, con un sesgo positivo hacia pequeños productores y trabajadores. En un contexto en que el Estado realizaba escasas intervenciones en la economía y casi no existía la protección social, se pensaba en el Congreso que una ley de cooperativas debería ir en ayuda de los grupos de trabajadores de escasos ingresos y reducidas capacidades de inversión y ahorro, proveyéndoles de ayudas y subvenciones directas que, además, pudieran abrir una puerta para la tuición estatal sobre tales grupos y sus áreas de desenvolvimiento (Román 1990: 29-49). Aquellos cambios en la legislación habrían sido rechazados por la SAGO², reafirmando los parabienes de una autonomía directiva y estructura jerárquica (Buschmann 1930: s/n).

Los lentos avances de las propuestas favorables a un Estado interventor se encontraron con el abierto rechazo de organizaciones como la SAGO, las que creían ver en ello un posible peligro si es que asumiera un gobierno autoritario. La posición del directorio fue asumida como máxima política de su presidente, Julio Buschmann, que, con apoyo del Partido Radical, compitió y obtuvo una senaduría en 1924 (Ramón 1999: 208). Su arribo al Senado coincidió con las turbulencias políticas derivadas de la entrada en política de sectores militares que, con posterioridad a la renuncia del presidente Arturo Alessandri, cimentaron la presidencia del Coronel Carlos Ibáñez del Campo. Los sectores militares se vieron como los renovadores de la política y buscaron trasladar el orden castrense al Estado, derogando los gobiernos comunales (creados luego de la guerra civil de 1891) en favor de un gobierno nacional y centralizado, junto con asumir políticas económicas orientadas a la intervención —como la creación de un Banco Central, Contraloría General de la República, retorno del patrón oro, Caja de Crédito Agrario, entre otras— (Ibáñez 2003: 68-69).

Bajo esta nueva estructura, iniciada en 1924 pero que se consolidó con la presidencia de Ibáñez desde 1927, el Congreso pasó a ser un espacio de discusión infecunda y de escaso impacto en las decisiones gubernamentales (Arias 2012), por tanto, las organizaciones empresariales debieron cambiar su enfoque político, abandonando la mediación de partidos políticos o representaciones parlamentarias en pos de diálogos directos con funcionarios gubernamentales. Sobre este punto la presidencia de Ibáñez reveló claros avances hacia un modelo de Estado interventor en la producción alimentaria, que se expresó en la creación de la Caja de Crédito Agrario —y sus políticas de apoyo a los productores cárnicos (Bernedo 1989: 66-67)—, la creación del Ministerio de Fomento, que vino a reemplazar al de Agricultura, Industria y Colonización y, finalmente, la Junta de Exportación Agrícola que reunía a la Sociedad Nacional de Agricultura, la SAGO y la Sociedad Agrícola de Temuco en una mesa técnica junto a representantes del Estado (Ibáñez 1994: 190 y 205). Las instancias y organizaciones descritas se presentaban como organismos técnicos de apoyo a las decisiones políticas, que pretendían, en acuerdo con el gobierno, lograr mecanismos más eficientes de establecer flujos constantes de abastecimiento de alimentos a las grandes ciudades del país. Un objetivo que comenzó a fracturarse con la crisis de 1929.

La crisis de 1929 encontró a la presidencia de Ibáñez en un momento de debilidad política, ya que la disminución de los ingresos generales del país —debido a la crisis y el fin del ciclo económico salitrero— hizo que su presidencia dependiera de gestar acuerdos con los gremios empresariales que significaran un aumento de la producción, tanto para consumo interno como exportaciones. Una de las organizaciones que se integró a los acuerdos con el gobierno fue la SAGO³, que, al igual que otras organizaciones, solicitó a cambio un estatuto de excepcionalidad frente las leyes laborales. Aquel se estableció en abril de 1930 cuando se reconoció a todos los trabajadores agrícolas como empleados particulares, bloqueando así la posibilidad de supervisión de las faenas y contratos por la Dirección del Trabajo junto con imposibilitar su sindicalización, votar huelgas legales o acceder a la mediación estatal en caso de despido (Sección Local 1930).

A nivel interno la crisis también llevó a una reformulación de las orientaciones estratégicas de la SAGO, siendo la más importante el giro hacia la producción láctea, proponiéndose en 1929 al Departamento de Cooperativas del Ministerio de Fomento y la creación de la Cooperativa Lechera de Osorno (posteriormente, Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno, CALO). Una postura que era recelada por parte de la antigua dirigencia de la SAGO, que aún consideraba que la producción de cereales era competitiva, sin embargo, tales postulados perdían apoyo en los cuerpos directivos. La expresión más patente se dio en el discurso inaugural de la décima versión de la exposición agroganadera de la SAGO (1930), dado por su vicepresidente y alcalde de Osorno, Arturo Bertín, donde se afirmó que la agricultura tradicional (de cereales y tubérculos) estaba muerta como giro económico y que los productores locales debían abocarse a ampliar la base ganadera regional.

3. El recambio generacional en la dirección de la SAGO y la consolidación del desarrollo lácteo durante la década de 1930

Las repercusiones de la crisis financiera de 1929 podrían agruparse en dos grupos: las primeras, de orden económicas, que impactaron a los sectores alimentarios tradicionales, ya que debieron disminuir el precio de sus productos y asumir pérdidas por la quiebra de diversas empresas comerciales que habían adquirido sus productos; y, las segundas, de orden político por el cambio en las dirigencias y orientaciones de conducción estatal.

En lo relativo a la economía, a nivel local, el impacto más evidente fue la interrupción del crédito a los productores locales (Brahms 2015: 149), que se agudizó con la decisión de las principales empresas captadoras de granos de cesar el pago a sus proveedores⁴. En tanto, a nivel político, la crisis debilitó al gobierno de Ibáñez y aceleró su dimisión, que fue seguida de una inestabilidad política que se detuvo, en parte, con la reelección de Arturo Alessandri como presidente, en 1932 (Correa 1979). Tales turbulencias se plasmaron a escala local en la desaparición de los liderazgos político-partidistas y la emergencia de otros provenientes del mundo empresarial, que adquirieron relevancia al asumir acciones de protección social durante la crisis.

Los vaivenes económicos desprendidos de la crisis de 1929 significaron en Osorno que pequeños productores se vieran en la obligación de liquidar sus bienes y migrar a la ciudad. Aquel flujo comenzó a demandar apoyo público, no obstante, por la situación política del momento la posibilidad de respuesta fue limitada. Bajo tales circunstancias, se potenciaron las redes asistenciales del mundo privado, conducidas por mujeres provenientes de las principales familias de la ciudad, junto a la creación de comedores populares (Osses 2016). La incidencia de tales comedores no puede ser despreciada, ya que en un lapso de dos meses (noviembre a diciembre de 1931) aquellos pasaron de entregar 400 almuerzos a 1.400 raciones diarias; un número significativo si consideramos que la población urbana de la ciudad ascendía aproximadamente a 16.000 personas (Sección Local 1931; Comité Pro-Cesantes 1932; Dirección General de Estadística 1931: 46). La coyuntura situó a los representantes de la SAGO como los benefactores y protectores de la ciudad, en los años posteriores tal imagen facilitó que la sociedad osornina validara los diagnósticos de la SAGO relativos a los peligros de la injerencia gubernamentales en ámbitos de propiedad y trabajo rural (Redacción 1936: 292-293).

Aquel año de 1931 la SAGO se consolidó como una organización dialogante con el gobierno y con pleno respaldo de la sociedad local. Restaba únicamente un espacio de convergencia y, aparentemente era el más débil, la relación personal de los integrantes de la SAGO con los partidos políticos. Desde fines del siglo XIX los empresarios agrícolas de Osorno habían adherido a los partidos políticos tradicionales, como el Liberal, Conservador y Radical, siendo aquel último el que concentraba la mayor representación de osorninos en su dirigencia. Aún cuando aquel año en la convención nacional del Partido Radical se firmó una declaración relativa a que frente a la inminente crisis del capitalismo era necesario implementar un régimen solidario a nivel estatal y la colectivización de los medios de producción (Correa 1979: 419). La declaración fue unánimemente rechazada por las dirigencias partidarias que representaban a las provincias del sur del país (donde se incluía Llanquihue y Valdivia), generándose facciones dentro del partido, por un lado, la dirigencia local veía como necesario su acercamiento a políticas reformistas con miras a contener el crecimiento de los partidos políticos más extremos (como el socialista, comunista y nacista) y mostrarse como alternativa para encarar una futura elección presidencial; en tanto la otra facción (de los representantes del sur) afirmaba que el crecimiento del país y las personas ocurre cuando se incrementa la producción nacional, situación que nunca acontece en un contexto de redistribución de la propiedad, ya que se debilita la economía y decrecen los ingresos de las personas (Jobet 1971: 51).

El quiebre entre los partidos nacionales y la dirigencia de la SAGO puede verse reflejado en la figura de Buschmann. En 1933 diversas agrupaciones agrícolas emanaron un manifiesto solicitando la intervención activa del gobierno en la instalación de subsidios y barreras arancelarias para restringir las importaciones y, a cambio, se presentaban dispuestas a apoyar todas las políticas pro-fomento que presentase la presidencia (Ibáñez 1994: 207). Una propuesta dialogante contraria a la denuncia emanada por la directiva del Partido Radical contra el gobierno de Alessandri por su uso de facultades extraordinarias para la relegación y acallamiento de opositores, afirmando que no apoyaría por más tiempo al gobierno en sus políticas. La posición de Buschmann en medio de ambas posturas quedó al descubierto cuando Alessandri le ofreció el puesto de Ministro de Agricultura, al que debió declinar por las presiones de los diputados radicales que consideraron su nombramiento como una estrategia para quebrar el partido (Donoso 1954: 172-173; Palma 1967: 205).

La fallida llegada de Buschmann al Ministerio de Agricultura probablemente también debilitó su posición dentro de la SAGO, mermando sus capacidades de representación y dando espacio para la aparición de nuevos liderazgos, que representaban a productores de un cuño diferente a los primeros fundadores de la Sociedad y con una mirada distinta sobre cómo se debían relacionarse con el mundo político y gubernamental.

3.1. El uso de la producción láctea como medio de consolidación del recambio generacional en las dirigencias de la SAGO

Tal cual ha sido presentado por otros investigadores (Carreño 2008; Santana 2006; Almonacid 2005), dentro de la SAGO convivían productores agrícolas, cárnicos y lecheros, aunque, estos últimos aparecían en desventaja a sus pares por las dificultades del traslado de la leche fresca y se abocaban a transformar su producción en mantequilla. De igual forma, a escala internacional, el ámbito lácteo estaba sufriendo transformaciones con la introducción de nuevas tecnologías y una mejora en los procesos de ordeña y procesamiento de la leche, bajo aquel influjo los productores lácteos locales asumieron la conducción de los procesos de aumento tecnológico en las faenas y comenzaron a presionar desde dentro de la SAGO para impulsar un giro desde las faenas tradicionales (de procesamiento de granos y venta de ganado en pie) hacia métodos más industrializados y con mayor ganancia final para los productores.

La primera gran acción en tal sentido fue el apoyo de la Sociedad a la fundación de la Escuela Superior de Agricultura de Osorno por el agrónomo Adolfo Matthei, en 1932, que se dispuso a ser una contraparte a su similar de la Universidad de Chile y que en sus mallas propuso la formación de nuevas áreas para la agroganadería osornina; la más destacada era la empresa láctea y sus derivados (Gallardo 2010: 121-123). En una corriente similar, se gestó la negociación entre la CALO y la empresa suiza Nestlé que finalizó con la instalación de la primera planta nacional de acopio y producción de leche condensada en Osorno (Sección Local 1935; Goldsmith 2017: 89).

El crecimiento de los intereses lácteos se reflejó en la elección de Max Nusser, dueño de una empresa productora de mantequilla, como presidente de la SAGO en reemplazo de Julio Buschmann. La salida de Buschmann de la SAGO más que leerse como un quiebre interno o una fractura por facciones, bien puede comprenderse como un reemplazo generacional dentro de la estructura de la organización. Las estructuras y procesos económicos bajo los cuales nació la SAGO habían quedado atrás, como también su relación con la política a través de las representaciones parlamentarias, proponiéndose un trato directo con el gobierno desde asesorías técnicas.

La presidencia de Nusser se inauguró con dos acciones, primero se modificó la organización del directorio de la SAGO, ampliándose el número de directores, de 10 a 15, y se creó la figura del socio accionista, que podía optar al apoyo técnico, pero no podía votar. Segundo, revivió la revista Agricultura Austral, de corta vida previa (entre 1928 y 1931), y la transformó en el principal medio de difusión del nuevo ideario técnico, pro tecnológico y favorable al reemplazo de los productos tradicionales por el desarrollo lácteo; así en el primer número de su recirculación aparecía una carta firmada por el Instituto de Ingenieros Agrónomos de Chile, donde se afirmaba que el futuro del país estaba en el fomento lácteo (Instituto de Ingenieros Agrónomos 1936: 3-4).

El giro propuesto hacia la producción láctea fue cimentado con la nueva versión de la revista Agricultura Austral —que se distribuía gratuitamente a todos los socios, con o sin voto—, ya que en ella se publicaban artículos técnicos sobre las ventajas comparativas de la producción láctea por sobre los cultivos tradicionales y la engorda de ganado con fines cárnicos, junto con informes que daban cuenta del potencial que podría jugar la leche en la superación de la desnutrición a nivel nacional. Aunando argumentos de una ética cívica que debían tener los productores con factores técnicos. Sin embargo, continuaban siendo los elementos económicos los primordiales para generar el cambio entre los productores. Por ejemplo, en 1936 una editorial interpelaba al productor cárnico a hacer un estimado del comportamiento de 80 vacas lecheras en la Provincia de Llanquihue, sin la inclusión de procesos tecnológicos, a las que idealmente se les podrían extraer diariamente 640 litros (8 litros por animal) con una temporalidad de seis meses al año. Obteniendo ganancias el productor por la venta de la leche junto con la extracción de materia grasa para mantequilla y el uso de la leche resultante (leche descremada) para la alimentación de los cerdos (Cuerpo editorial 1936: 53-54). La editorial estimaba la ganancia neta por vaca lechera, que ascendía a 26 pesos diarios por animal (poco menos que un dólar de la época y 3.133 pesos chilenos de 2009, según Díaz et. al. 2016: 383-384).

Para hacer más efectiva aquella propaganda, nuevamente se intervino en la organización directiva de la SAGO, al instaurarse la creación de Comités Locales, imaginados como espacios de instrucción, asesoramiento técnico y tecnológico a los productores interesados en el desarrollo lácteo. Para 1936 tales comités se habían formado en espacios distantes de Osorno como: Río Bueno y Lago Ranco en la Provincia de Valdivia y El Volcán, Puerto Fonck, Río Blanco y Puerto Klocker en torno al lago Llanquihue. Provocándose un entramado político que, implícitamente, le otorgaba un importante grado de representatividad a la SAGO frente al Estado (Redacción 1936: 434).

3.1.1. La convergencia entre los objetivos de las dirigencias de la SAGO y las necesidades de los gobiernos de la década de 1940

La expansión del cooperativismo lácteo en Osorno, en conjunción con el establecimiento de la planta Nestlé, iban en directa relación con el aumento de la preocupación política sobre el consumo de leche y sus derivados. La designación del dr. Eduardo Cruz-Coke como ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social marcó una acción más comprometida para atacar la desnutrición vía el consumo de leche, que se plasmó definitivamente en la Ley Madre-Hijo que aseguró la entrega de leche tipo NIDO a la madre (Deichler 2016: 51; Huneeus y Lanas 2002). La leche NIDO era una leche condensada (posteriormente, deshidratada) que se producía en la planta Nestlé de Osorno, dejando en favorable posición a los productores locales en comparación con sus pares de la zona central (que aún combatían contra la venta de leche sin pasteurización).

Esta política de fomento lácteo no varió con la elección de la coalición política denominada Frente Popular (formada por los partidos Radical, Socialista y Comunista, entre otros) en 1938. Una de las propuestas centrales del nuevo gobierno dirigido por el radical Pedro Aguirre Cerda era hacer del Estado un agente activo del desarrollo industrial y comercial del país, en tanto se impulsaban políticas sociales como los bares lácteos que tenían como objetivo retrasar el consumo de alcohol entre la población más joven (Deichler 2016: 98). Aunque aparecía como una política esperanzadora para los productores, la dirigencia de la SAGO desconfiaba de los objetivos del gobierno frenteamplista, ya que, aunque llamaba a aumentar la instalación de ganado vacuno igualmente abogaba por la redistribución de tierras en las provincias del sur.

El ministro de Agricultura, el socialista Alberto Martínez, propuso modificaciones legales para reducir al mínimo la gran propiedad en las provincias del sur, afirmando que era anacrónica a los tiempos actuales y a las necesidades del desarrollo de una agricultura intensiva (Martínez 1939: 48). La SAGO discutió el fondo de los argumentos del Ministro, afirmando que las propiedades de las provincias del sur eran de extensión menor que las del Chile central y que el nivel de inversión por hectáreas era mayor, en gran medida, por el giro hacia la complementariedad entre cosechas agrícolas y praderas para la engorda de ganado vacuno. La respuesta al Ministerio era complementada, a escala local, con llamados a sus asociados a sustituir sus cultivos por lecherías, reemplazar mano de obra por maquinarías y a confiar en las capacidades de gestión de la SAGO para entregar asesorías técnicas tanto a nivel productivo como para captar los subsidios gubernamentales para adquisición de maquinaria (Editorial 1939).

En 1939 se produjo la elección de un nuevo presidente en la SAGO, Reinaldo Fuchslocher Thater, y bajo su dirección se gestó una nueva modificación del Directorio: bajaron de 15 a 13 directores, no obstante, se integraron los 6 presidentes de los Comités Locales de la SAGO (de Valdivia, La Unión, Río Bueno, Puerto Octay-Frutillar, Llanquihue y Fresia). Además, negoció con la recientemente creada Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) el otorgamiento de créditos para la construcción de establos y la adquisición de ganado para fines cárnicos y lácteos, en tanto los productores fueran visados por la SAGO (SAGO 1941: 3048). La intermediación de la SAGO frente al gobierno se consolidará al punto que los productores locales no asociados a ella no podrán acceder a subsidios públicos y deberán optar por créditos bancarios para financiar sus faenas (Kay 1982: 1305).

El gobierno radical que siguió al Frente Popular (de Juan Antonio Ríos) impulsó el diálogo entre las políticas públicas y los objetivos empresariales, sin embargo las agrupaciones de productores del sur continuaban considerándose abandonadas por el Estado; al punto de reunirse, en 1941, en un Consorcio Agrícola del Sur (CAS), con representación desde Temuco a Aysén y que presionó al gobierno para desistir de sus impulsos redistribuidores de la propiedad y de sindicalización campesina (CAS 1944).

La emergencia del CAS ocurría en los momentos álgidos de la segunda guerra mundial, cuando Chile comenzaba a vivir una serie de restricciones en el acceso a combustibles, que se expresaban en el alza del precio de los productos alimenticios. La situación aumentó los niveles de descontento social en las principales ciudades, por lo que los representantes socialistas y comunistas buscaron que el gobierno suscribiera un acuerdo con los productores asegurando el abastecimiento y la protección de los precios; en respuesta, los productores habrían solicitado que las políticas de sindicalización no incluyeran a los trabajadores agrícolas (Loveman 1976; Baraona et. al. 1961: 237-240).

El abandono de las políticas de redistribución de la tierra y la sindicalización agraria, allanó el camino para la creación del Plan Agrario (en 1944) que contó con mesas resolutivas en cada provincia (con actores públicos y privados), denominadas Comisiones de Agricultura de Postguerra y Racionalización (Millar y Fernández 2008: 432-433). El centro del plan era aumentar la producción nacional de bienes alimentarios, mejorando sus procesos tecnológicos y racionalizando sus redes de distribución. Parte de las mesas resolutivas fueron integradas por representantes de la SAGO que, en diversos números de la revista Agricultura Austral, dieron cuenta de sus postulados: en favor de la leche como el mejor medio para reducir los niveles de desnutrición y mortalidad infantil (Silva 1944: 4794-4797); la incidencia de los procesos artesanales de ordeña y manejo del ganado en la baja producción de leche per capita (50 litros de leche por habitante en 1935), no obstante tener una masa bovina cercana a Suiza, país que superaba en once veces la producción chilena —llegando a producir 711 litros de leche por habitantes en 1935— (Meyer 1944: 4821); que sin establos de cemento, con limpieza constante, era imposible erradicar la fiebre aftosa (Ramírez 1944: 4896); acciones todas que tenían directo impacto en la productividad láctea, al punto que Greve (1944: 5168), usando la comparación con EEUU, afirmaba que los establos de cemento llevarían a crecer de 50 a 73 los litros producidos por persona en Chile.

A nivel nacional la producción láctea de las provincias de Valdivia y Osorno alcanzaba cerca del veinte por ciento, en gran medida por la ordeña estacional y el uso variable, según el precio de mercado, de vacunos para carne como para fines lecheros (Santana 2006: 78-79). La SAGO, debido a los acuerdos asumidos con gobierno para incrementar la entrega de leche a la planta Nestlé (y así producir la leche NIDO requerida en los programas sociales), publicó informaciones que buscaron especializar a los productores de leche e impedir que frente a una baja de precio sacrificarán su ganado para ser vendido como carne. Quedando plasmado en la decisora frase de una editorial de la revista Agricultura Austral: “No se deje sugestionar por la buena presentación del toro que llega a la exposición con especial preparación para ser exhibido: compre leche y no carne” (Editorial 1944: 5074).

El rol de conducción de los dirigentes de la SAGO en los distintos escenarios de diálogo con el gobierno y los productores locales hizo que adquirieran notoriedad a nivel nacional junto con la vocería en otros movimientos afines. Como ejemplo, en enero de 1945 la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno (CALO) convocó un plenario de las 20 cooperativas lecheras de las provincias del sur, que tuvo como resultado una carta formal al presidente Juan Antonio Ríos solicitando que las cuotas de producción y precio final del trigo dejara de depender del Instituto de Economía Agrícola (INECORA) y volviera a manos de la cooperativas, junto con solicitar la asignación de mayores cuotas de combustible para asegurar la cosecha de cereales. Una solicitud que da cuenta de la representatividad ganada como de la permanencia de la utilización de los espacios de pastoreo como barbecho de sembradíos de cereales (Sección Local 1945).

El posicionamiento de los intereses del sector lácteo en la SAGO vio finalmente sus frutos cuando en 1948 el gobierno del presidente radical Gabriel González Videla decidió establecer un Plan de Fomento Lechero, que propuso subvencionar el aumento de la producción (tal cual lo recomendaba la SAGO) y no la ampliación de la masa de productores (Goldsmith 2017: 86). Un sesgo que puede observarse en la entrega de diez millones de pesos en créditos de la Caja Agraria a los productores de leche ya inscritos en las nóminas nacionales, y que tuvo como principal objetivo la compra de ganado fino productor de leche. El crédito se anunció en la 30ª Exposición de la SAGO de 1949, en Osorno, y es significativo considerando que exclusivamente la SAGO contaba con criaderos de ganado fino en el país —exactamente 106 criaderos en cuatro provincias⁵.

Igualmente, aquel año se creó la Sociedad de Productores de Leche Sociedad Anónima (SOPROLE) e instaló el segundo de sus centros de acopios en Osorno, junto al nacimiento de la Cooperativa Agrícola y Lechera de La Unión (COLUN), dependiente de la SAGO y sus asociados (Pinto y Órdenes 2012: 130).

4. Conclusiones

El trabajo presentado pretendió dar cuenta de dos elementos: primero, que las organizaciones empresariales de las provincias de Valdivia y Llanquihue hacia fines de la década de 1930, cambiaron su política de independencia de los gobiernos nacionales y construyeron alianzas en favor de asegurar cuotas de producción de ciertos productos a cambio del freno a toda política de intervención laboral en las faenas agrícolas; y, segundo, que tales alianzas permitieron que los gobiernos aminoraran el impacto de la segunda guerra mundial en la economía nacional, manteniendo ciclos de producción alimenticia constante para las grandes ciudades y centros industriales.

Las conclusiones aquí esbozadas pretender ser un marco general para poder ahondar en una posible comprensión del apoyo de ciertos gremios empresariales a las reformas al Estado, ocurridas durante las décadas de 1930 y 1940. El primer hecho que destacamos es que la construcción de una agenda política para la reforma y modernización del Estado en Chile se gestó en los acuerdos público-privados iniciados durante la segunda presidencia de Alessandri. En este punto, consideramos, que no estamos únicamente frente a un apoyo particular de los empresarios según sus adhesiones políticas o intereses económicos sino por la convicción en la necesidad de generar marcos para la normalización de la administración del Estado, con posterioridad a los sucesivos golpes cívico-militares de la década de 1920 e inicios de la siguiente.

La fragilidad del sistema político y económico durante las décadas posteriores a la primera guerra mundial era observada por los empresarios del rubro agrícola y ganadero como una muestra de la debilidad de la conducción de los partidos políticos tradicionales, representada en la emergencia de grupos que apoyaban los intereses de sectores de trabajadores y desposeídos y que propugnaban modelos de estado con sesgos de clase y sin estructuras partidarias con representación parlamentaria. Avanzando más allá del diagnóstico, parte del mundo empresarial optó por participar de la administración del gobierno desde órganos técnicos, buscando fortalecer la posición del Estado como el principal proveedor de protección y seguridad a los sectores de trabajadores, en tanto se mantuviera el modelo parlamentario y que toda decisión que involucrara variaciones en la política económica y laboral debería contar con el apoyo directo de los representantes de los principales gremios empresariales del país.

En relación a este esquema, el estudio de los productores lácteos permite observar cómo debieron ocurrir cambios significativos dentro de las agrupaciones empresariales antes de iniciarse el diálogo y las políticas conjuntas con el Estado. Siendo el más visible el recambio generacional de sus dirigencias, que asumieron un diálogo directo con los organismos técnicos del Estado (sin la mediación de las representaciones partidarias) y negociaron ajustes a su producción según las directrices de la política pública, en tanto la misma les asegurara cierto control de la mano de obra y cuotas protegidas de producción para los grandes productores del rubro (que se correspondían con los principales accionistas de agrupaciones como la SAGO).⁶

Finalmente, consideramos que este estudio permite observar cómo grupos empresariales de rubros no mineros y asentados en provincias alejadas del centro del país pudieron intervenir activamente en la gestación e implementación de la política pública durante las décadas de 1930 y 1940, no observándose el ostracismo (Arriagada 2004: 101-111) o irrelevancia política (Correa 2011: 100) que autores les han otorgado a tales agrupaciones. Más bien vemos una conducción política plástica que supo adaptarse a los vaivenes del período, asegurando nuevos puestos de influencia dentro del Estado y permitió la continuidad y expansión de su rubro durante las crisis de postguerra. Los acuerdos suscritos consolidaron la estructura parlamentaria e interventora del Estado, siendo posible observar un desgaste de este modelo de acuerdos público-privados hacia fines de la década de 1950 (que además coincidió con un momento de recambio generacional de las dirigencias empresariales) que conllevó un nuevo ciclo de tensiones políticas, que fue acompañado por el descrédito transversal de la democracia representativa como modelo de organización estatal.

Agradecimientos

Este artículo se enmarca en el Proyecto Núcleo DIULA 12/16 “Acceso restringido: paisaje poder y política en los Andes norpatagónicos”, 2016-2017.

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Notas