1. Introducción

Entre mediados de los sesenta y principios de los noventa, Chile vivió uno de los períodos políticos y sociales más convulsos de su historia. En esos años, el ritmo de la sociedad se aceleró, luego pareció congelarse durante la dictadura, para acelerarse desde la transición. A eso se suman los múltiples y contradictorios sentidos históricos que distintos grupos, en diversos periodos, le otorgaron a esos cambios, aceleraciones y frenazos. La sociedad chilena tuvo que confrontarse con su historicidad y debió dotar de sentido al paso del tiempo para poder gestionar subjetiva y socialmente la novedad de esas experiencias. Ello no sería algo excepcional en la historia social, pues los sentidos temporales son una de las estructuras fundamentales de la vida común (Elias 1990) y las transformaciones aceleradas demandan su revisión y ajuste (Koselleck 2004). Es también un ámbito clave en la disputa ideológica, pues tanto la crítica como la justificación del orden político y de los modelos de desarrollo suponen definir diagnósticos sobre el pasado, el presente y proyecciones sobre el futuro, así como las relaciones entre ellos. A su vez, el predominio de una u otra organización de los sentidos temporales define las bases culturales del poder en la sociedad (Frosini 2018; Shapiro 2016; Lundborg 2012; Pierson 2004).

Para el análisis concreto de las formas de organización del tiempo --en un período o en un momento dado--, en este artículo nos apoyamos en el concepto de “régimen de historicidad” propuesto por Francois Hartog (2015, 2014). Tal noción refiere a las formas en que se articulan y priorizan los tiempos pasado, presente y futuro para hacer sentido de un evento personal o social. Por una parte, genera un posicionamiento de los eventos en una trayectoria que permite dotar a las experiencias de un origen y un sentido, aportándole historicidad. Por la otra, define un orden de predominancia en la fuente temporal del sentido, situándola ya en el pasado, en el presente o en el futuro. Así, por ejemplo, “revolución” es un término que suele proponer un régimen de historicidad específico, que apunta a una ruptura con el pasado y a la producción veloz de un orden enteramente nuevo (Kosseleck 2004). Ese fue precisamente el caso y los discursos producidos durante la “revolución en libertad” del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y la “revolución con empanadas y vino tinto” del socialista Salvador Allende (1970-1973). Por el contrario, “orden” fue la palabra predilecta de la dictadura militar de Pinochet (1973-1990). Un orden que apelaba a la inmovilidad de lo permanente y cuyo régimen de historicidad incluía --en los inicios-- aludir al pasado pre-revolucionario. Apelaba, también, al presentismo del miedo o del consumo cuando había que gestionar las crisis --políticas y/o económicas. Finalmente, apelaba a un futuro de transición donde el eterno pasado de la nación sería de nuevo un presente permanente. Por su parte, las fuerzas opositoras que buscaron derrotar a Pinochet y condujeron la transición se unieron y convocaron mayorías bajo el lema de “la alegría ya viene”, una promesa de futuro en el cual se superaría el miedo del periodo dictatorial. Y desde entonces está abierta la discusión acerca de si la transición de la dictadura a la democracia concluye o continúa abierta (Güell 2009).

De acuerdo a lo expuesto, la política chilena del último medio siglo ha sido, entre otras cosas, una lucha por la organización del tiempo y por dotar de sentido a su historicidad. A pesar de la importancia de las estructuras temporales en las disputas y órdenes políticos, las investigaciones sobre ella en Chile son escasas (con excepción de Güell 2009; Lechner 1989; Güell y Lechner 1999). El presente artículo pretende contribuir a la comprensión del rol de la organización de los sentidos temporales en los procesos de cambio, ocurridos entre la segunda mitad de los años sesenta e inicios de la transición. Para tal propósito, se concentra en el análisis de los discursos de una de las figuras centrales y más polémicas en ese proceso: el abogado y político conservador Jaime Guzmán Errázuriz (1946-1991), quien irrumpe en el debate público en la segunda mitad de los años sesenta y tuvo un rol clave en el proyecto, justificación y proyección del régimen político instaurado por la dictadura militar. El análisis se centra en las estructuras temporales que usó para fundamentar su defensa de la propiedad privada en los 60, el golpe militar del 73 y la transición política de los 80.

Hasta ahora, el pensamiento de Guzmán, profusamente revisado en otros aspectos, como su noción de Estado subsidiario (Castro 2016; San Francisco 1992), su idea de libertad (Moncada 2006; Cristi 2000) su pensamiento constitucional (Ruiz-Tagle 2014; Atria 2013) o sus actuaciones durante la transición (Mansuy 2016), no ha sido analizado en relación a sus concepciones de temporalidad e historia. Ello a pesar de que él insistió permanentemente que la justificación del régimen militar y la movilización de sus partidarios requería de un sentido histórico de largo plazo. Además, fue determinante en la definición de las ideas de equilibrio y de los mecanismos de cambio de la Constitución de 1980, así como en el itinerario y justificación del largo proceso de transición iniciado en esa década, hechos que adquieren su orientación gracias a la organización e imposición social de sentidos temporales particulares.

Guzmán no fue propiamente un intelectual dedicado a la elaboración sistemática de interpretaciones conceptuales del proceso político chileno, sino un político muy pragmático que usó las teorías y conceptos para orientar y justificar la toma de decisiones contingentes por parte de sus aliados (Ruiz-Tagle 2014; Cristi 2000). Por eso, sus escritos y opiniones deben leerse en el contexto de las necesidades políticas concretas en las coyunturas específicas. El análisis de las estructuras temporales que Guzmán elabora se realizará en relación a cuatro contextos, partiendo por una somera descripción del sentido de historicidad en la antropología religiosa de Guzmán, probablemente el elemento más estable de su pensamiento, que desarrolla para confrontar la antropología del catolicismo progresista de los sesenta. Primero, la defensa del “orden natural” frente a las ideas de cambio y revolución social en los años sesenta inicios de los setenta. Segundo, la propuesta de una justificación histórica para el golpe de 1973. Tercero, la idea de orden y equilibrio que impuso en la Constitución de 1980. Finalmente, la justificación del sentido cronológico y el horizonte de futuro de la transición a la democracia.

Para analizar los escritos de Guzmán, se revisaron artículos y columnas publicadas en revistas de difusión, entrevistas concedidas a diferentes medios de prensa, documentos inéditos y archivos personales, correspondientes a dos períodos de su trayectoria política¹. El primero comprende desde mediados de los años sesenta hasta el momento mismo del golpe, en 1973. No se consideran los años de formación escolar ni los escritos en los cuales Guzmán hace referencia a la España franquista (Huneeus 2000; Castro 2016). En ese período el contenido de los escritos es una reacción a las transformaciones que impulsa el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), los cuales coinciden con sus primeros años universitarios y su participación posterior en la formación del Movimiento Gremial al interior de la Pontificia Universidad Católica. Los temas más importantes que Guzmán desarrolla tienen que ver con su defensa de la propiedad privada, la libertad individual y el análisis del fenómeno del miedo. Aquí elabora también una suerte de concepción religiosa de la historia y una interpretación acerca del tiempo presente, que mantiene en los años posteriores. El segundo período incluido en la muestra de textos se inicia tras el golpe de Estado de 1973, en donde destaca la colaboración de Guzmán con el régimen y su participación en la Comisión encargada de elaborar una nueva Constitución Política, plebiscitada en 1980, culminando con las intervenciones que realiza, en su condición de líder político, en el transcurso de esa década. En este segundo período, Guzmán desarrolla una concepción de democracia tutelada, así como una fundamentación del itinerario cronológico de la transición, que tiene una clara vinculación con el itinerario político definido por el régimen autoritario (González 2020; Mansuy 2016; Moncada 2006; Valdivia 2006; Huneeus 2000).

En este artículo se sostiene que la noción de historicidad de Guzmán exhibe gran continuidad entre los cuatro contextos de la historia política chilena descritos más arriba. El hilo de esa continuidad es el vínculo entre su antropología religiosa y su defensa del capitalismo y la propiedad privada (Cristi 2000). Asimismo, se afirma que junto a esta continuidad hay también importantes discontinuidades en las estructuras temporales que Guzmán usa para organizar y dar sentido a sus propuestas o justificaciones políticas. Esas diferencias dependen de las exigencias que le imponen las coyunturas y revelan el carácter pragmático de los ordenamientos temporales y los sentidos de temporalidad que emplea. Por último, las principales discontinuidades y cambios en la estructura temporal que emplea Guzmán son las siguientes: a) frente al denunciado estatismo de los gobiernos reformistas de los sesenta y principios de los setenta, Guzmán se apoyará en la idea del pasado permanente --o “pasado-presente”-- del derecho natural y diagnosticará al presente cronológico como decadencia y amenaza; b) después del golpe militar propondrá la construcción de un “presente futuro” que sirva retrospectivamente como evaluación del golpe definido como pasado; c) en los ochenta definirá la Constitución como un sistema de equilibrios forzados que impidan el cambio político, es decir como un eterno presente; y d) finalmente, definirá el presente permanente de la Constitución como un destino futuro y aún no logrado al que apunta la transición y le sirve de justificación.

2. El sentido religioso de la historia: la vocación espiritual del ser humano

En varios de sus escritos, Guzmán asume que la historia se expresa en tres planos desplegados de manera conjunta. El primero corresponde al de las instituciones económicas, políticas y jurídicas. El segundo es el de la historia del pueblo y la conformación de una suerte de ethos cultural. El tercero, que a juicio de Guzmán es el más importante, corresponde al individual, donde se lleva a cabo la búsqueda del perfeccionamiento “espiritual”. A diferencia de los otros dos planos, cuya definición exhibe importantes cambios a lo largo de su obra, el sentido espiritual de la vida individual tendrá una importante continuidad tanto en su prioridad como en sus contenidos. El sentido temporal del plano espiritual está definido por la expectativa de alcanzar una vida de plenitud eterna; es decir, es una historia que avanza hacia el fin de toda historia. La plenitud personal será consecuencia del afán que debe motivar a cada ser humano por alcanzar la vida eterna de acuerdo a la promesa cristiana.

La historia secular o historia humana, junto al orden social, se caracterizan por la falta de consistencia propia y están subordinados a la búsqueda individual de la vida eterna. Para Guzmán el individuo poseía una condición sustancial, pre-política y ahistórica - “por tener validez en todo tiempo”- lo que le daba una prioridad ontológica por sobre la sociedad y el Estado².

Este último, derivaría simplemente de la necesidad que tienen los individuos de establecer relaciones entre sí para satisfacer sus necesidades y alcanzar sus fines propios. Mientras el individuo trasciende, el Estado y la política son contingentes y limitados a la eficacia de su función en presente; por ello, es posible incluso pensar en su disolución (Cristi 2000). Esa concepción del destino individual es inseparable de la idea de pecado. La naturaleza humana arrastraría el peso de la “caída”, o del “pecado original”, que tendería a generar una inteligencia nublada y una voluntad debilitada. Esto implicaba tener que aceptar la precariedad de la vida presente y el dolor con resignación, como fuente de purificación. Además, obligaba al individuo a estar subordinado a la voluntad de Dios (Guzmán 2003 [1986]). De ahí su admiración a la figura de la Virgen María, en la que ve la capacidad de apartarse de la propia voluntad y al mismo tiempo someterse a Dios. Por ende, el hombre debe sujetarse a la voluntad de Dios en cada uno de los actos de su vida, seguro de que con ello estará avanzando de paso hacia su propia plenitud personal” (Guzmán 1972: 297).

Esta depreciación de la historia mundana y de la razón humana es uno de los fundamentos de la crítica de Guzmán a la idea moderna de progreso y de su concepción de la política. Considera que la cultura occidental avanza hacia el materialismo y la superficialidad, amenazando con ello los valores y su impronta moral³. Así, la libertad y la prosperidad pasan a ser insuficientes si se carece de “rectos valores morales que brinden sentido a la existencia humana” (Guzmán 2003 [1988]: 94). En esto, Guzmán es tributario del pensamiento del sacerdote Osvaldo Lira y del historiador Jaime Eyzaguirre, para quien la modernidad desmoronó el legado cultural y moral del mundo hispano-colonial. Según decía Eyzaguirre, la cultura moderna y la transformación política que trajo consigo hicieron del hombre un “enemigo de Dios”; a su vez, consideraba que en la época actual resultaba “imposible instaurar el Reino de Dios con los recursos mundanos, que implican necesariamente al pecado” (Cf. Ruiz 1992: 90).

A esa degradación valórica, Guzmán añade otras consecuencias de la modernidad, especialmente con el impacto de la Revolución francesa y los avances del liberalismo, que a su juicio pretendieron

“desvincular al hombre de sus entidades naturales para agruparlo en torno a partidos políticos permanentes y antagónicos, dando origen a un sufragio y a una sociedad inorgánica” (Guzmán 1965: 11)⁴.

En suma, se habría producido la disolución de las corporaciones, gremios y otras formas de asociación existentes en la fase premoderna. Esta será también una de las razones de su crítica al marxismo y a la posibilidad de una historia de progreso orientada por el Estado, así como especialmente del “progresismo católico” aparecido en los años cincuenta, el cual era expresión de “un claro menosprecio por la vida interior y una relegación a segundo plano de las inquietudes de la vida eterna” (Guzmán 1972: 300). Por eso insiste en lo riesgoso que puede ser entrar en diálogo con aquellas corrientes “progresistas” de la Iglesia, que respaldan a sectores que promueven la revolución y el cambio acelerado. Sostenía que, al colocarse en un diálogo al mismo nivel con los marxistas, se corría el peligro de desconocer la trascendencia de la Iglesia y la doctrina católica. En palabras de Guzmán:

“Esos peligros podrían resumirse en la incorporación de las tesis debatidas, al juego dialéctico, en que de la confrontación de una tesis con su antítesis, va surgiendo la síntesis ‘verdadera’ que siempre supera a las posiciones extremas. En evidente que tal concepto hegeliano del diálogo no es compatible con el carácter absoluto y permanente de la verdad católica” (Guzmán 1965:10. Las cursivas son nuestras).

En escritos posteriores Guzmán desarrollará las implicancias de su pensamiento religioso para su concepción de la política. Siguiendo la doctrina católica dirá que “la historia humana se mueve por dos fuerzas: la Providencia de Dios y la libertad del hombre” (Guzmán 2003 [1989]: 23). Si bien Dios había dejado buena parte del curso de la historia al arbitrio humano, son sus designios e intervenciones los que predominan y debieran servir de orientación normativa para el ejercicio de la libertad individual. En base a esta premisa, Guzmán consideraba que el propósito del orden social, constituido por aquellas normas que derivan de la naturaleza humana, era crear las condiciones que permitieran el desarrollo espiritual. Este es el fundamento de la persistente afirmación de Guzmán de que la condición sustancial del individuo era anterior al Estado y a la sociedad. Lo que es propio entonces del orden social y político es reducir las penurias propias de la frágil vida humana, crear las condiciones para la vida interior y combatir las fuerzas del mal, como aquellas ideologías materialistas --liberales o marxistas-- que niegan el carácter trascendente del individuo. De aquí, Guzmán desprende un sentido épico de la historia, la que está estrechamente relacionada con la lucha contra el comunismo. Este representa para él una triple amenaza: deriva en totalitarismo, se inspira en el materialismo y es ateo. Combatirlo era una tarea trascendental que daba sentido a los cristianos dedicados a la política.

3. El pasado permanente del orden tradicional y la amenaza del Estado

Los primeros escritos de Guzmán, publicados en la revista Fiducia, están escritos al calor de la ola reformista que se inaugura con el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) y de la amenaza que, según Guzmán, se cierne sobre Chile con el triunfo de Salvador Allende en las elecciones presidenciales de 1970. En ese contexto, su tema principal será la defensa de la propiedad privada y la crítica al movimiento estudiantil de reforma universitaria. Parte importante de estos escritos constituyen la base de lo que será su concepción de Estado subsidiario, de libertad individual y de democracia protegida.

La férrea defensa que Guzmán hace del derecho de propiedad es, en gran medida, una respuesta a las demandas sociales por redistribución y, específicamente, a la implementación de una reforma agraria basada en una modificación constitucional que profundizaba la “función social” de la propiedad. Ella hacía hincapié en la noción de bien común y en las exigencias del proceso de desarrollo del país, por sobre el interés individual. Guzmán rechazó la propuesta de reforma y sus fundamentos jurídicos, dándole sustento a las críticas que los gremios de derecha venían expresando⁵. En un artículo de la época (Guzmán 1964/1965) afirmaba que la propiedad era una condición para la defensa de la democracia y de la libertad. Apoyándose en la doctrina social de la Iglesia, desarrollada en la Encíclica Mater et Magistra del papa Juan XXIII, Guzmán señalaba que el derecho de propiedad tenía fundamentos en el derecho natural (Cristi 2000). Con ello estaba señalando que la propiedad no era una condición contingente o subordinada a otros fines sociales, sino una condición inherente a cada individuo que, mediante la apropiación del fruto de su trabajo, le permitía alcanzar su destino trascendente y realizarse como ser humano. Es por eso que, para Guzmán, los regímenes políticos que no respetaban el derecho de propiedad de los bienes en general, incluyendo los productivos, terminarían oprimiendo y sofocando “las expresiones fundamentales de la libertad…” (Guzmán 1964/1965: 9).

Esta noción de la propiedad privada, que le sirve de base para hacer un juicio político sobre las consecuencias de su abolición, descanba sobre una estructura temporal específica, que es la que dominara en este periodo: la intemporalidad o eterno presente del origen metafísico del derecho natural.

“El derecho de propiedad privada de los bienes, aun de los productivos, tiene valor permanente, precisamente porque es derecho natural fundado sobre la prioridad ontológica y de finalidad, de los seres humanos particulares, respecto a la sociedad” (Guzmán 1964/1965: 9. Las cursivas son nuestras).

Lo anterior se reafirma en la crítica a la idea de “función social de la propiedad”, contenida en la Constitución de 1925, y que se intentaba revalidar por medio de una nueva reforma constitucional. Según él, el proyecto de reforma al artículo 10 de la Constitución de 1925 vulneraba aspectos sustantivos del derecho de propiedad, debido a que:

“… no puede entenderse la función social de la propiedad sin considerar su efectiva difusión en todos los estratos de la sociedad y no puede realizarse dicha difusión sin tener en cuenta que no es lícito violar el derecho de los legítimos propietarios (no olvidemos que el fin no justifica los medios) y que tampoco se puede establecer un ordenamiento jurídico que entregue al Estado el control absoluto de un derecho que ‘por tener validez en todo tiempo, en cuanto se funda en la naturaleza de las cosas’, es anterior y superior al Estado” (Guzmán 1964/1965: 9. Las cursivas son nuestras).

Guzmán no se basaba en una idea de futuro, o en una concepción acerca de los objetivos históricos que se podrían conseguir con la mantención de la propiedad privada para fundamentar sus juicios, lo cual era el modo usual de razonamiento en una época donde predominaba la idea de “desarrollo”, sino que se afirma en un origen intemporal. Desde ahí el futuro solo puede aparecer como decadencia. Esta estructura temporal condiciona también su juicio sobre el carácter de la política. En opinión de Guzmán, con el proyecto de reforma agraria y de reforma constitucional enviado por el gobierno de Frei Montalva, se corría un serio peligro de vulnerar dicha condición transcendental, dado que dejaba en manos del Estado y de los poderes públicos el destino y uso de la propiedad. Con ello se debilitaba la legitimidad del sistema político de la época, juicio que en Guzmán se extiende al conjunto del orden liberal, reafirmando la idea de que la historia de la política moderna es más bien de decadencia.

Para Guzmán, el orden político que mejor respondería a la noción eterna de derecho natural sería una institucionalidad basada en los cuerpos intermedios, o corporativismo, el cual deriva de la forma natural de asociación humana. Pese a ello, su defensa de la propiedad también se nutre de un individualismo radical, más cercana a la postura del “individualista posesivo” de Hobbes y de Locke, que a la “sociabilidad natural humana de Aristóteles y Santo Tomás” (Cristi 2000: 63). Dicha ambivalencia no altera la idea de que el fundamento se halla en el pasado atemporal, pues el individualismo posesivo también descansa en una antropología esencialista (Tully 2006; Macpherson 1970).

La crítica del devenir político no tenía en Guzmán una finalidad académica; él era, antes que nada, un político, aunque pensara su actividad política como una misión pastoral. Por eso mismo buscará hacerse cargo del estado de ánimo que producen en la derecha católica chilena la decadencia y las amenazas del totalitarismo estatal. Ese estado de ánimo es el miedo y la sensación de invasión que asumían los sectores tradicionales (Guzmán 1969). Hacia fines de la década de los sesenta, Guzmán asume que el miedo ha pasado a ser un fenómeno generalizado en la sociedad chilena, derivado del exceso de atribuciones y del tipo de iniciativas impulsadas desde el Estado. Según apuntaba en un difundido artículo que aparece en 1969:

“El hombre medio teme --hoy en día-- que su nombre figure en una organización o bajo una opinión que pueda despertar recelos graves en las esferas gubernativas. Teme atacar, con vehemencia y decisión, bajo su firma responsable. Teme, cada vez con mayor intensidad, a la persecución y a la represalia” (Guzmán 1969: 5. Las cursivas son nuestras).

El miedo será un tema permanente en los diagnósticos de Guzmán, cualquiera sea el período. Aparece en la época de convulsión y de cambio que va desde mediados de los años sesenta hasta el momento del golpe, en 1973, luego al comienzo de la dictadura y reaparece al inicio de la la transición (Lechner 1995 [1988]). Este miedo permanente frente a las características que adopta el proceso político puede interpretarse como efecto de la mirada teológica conservadora que prima en Guzmán. Ella que hace que la lucha entre individuo y Estado interventor --que califica de totalitario-- no sea simplemente una contingencia política. Por el contrario, estaría en juego el destino trascendental del individuo. Para él no es el optimismo del progreso el que marca la ruta de los tiempos, sino el miedo que provoca la amenaza de perder el pasado eterno de la trascendencia individual.

Es desde la reflexión sobre el miedo al Estado que Guzmán propone la idea de un “subsidiarismo estatal”. Para él, revertir la historia trágica del totalitarismo requería algo más que cambiar el gobierno, pues “el miedo colectivo -acaso todavía peor- seguirá latente” (Guzmán 1969: 14). Se debía abandonar el camino estatista, sin sacrificar la idea de libertad⁶. Como la realización de la persona humana era “el centro y el fin de toda la sociedad” (Guzmán 1965: 11), las asociaciones en que se agrupara tendrían por finalidad permitir alcanzar aquello que por sí solo no podría. La principal función del Estado sería entonces la “de suplencia”, la que debía ser complementada “con el deber de armonizar y coordinar a todas las entidades naturales y a los diversos intereses que coexisten en la vida social”⁷. Tal como escribía en 1965, en su artículo de 1969 la idea de “subsidiariedad” es extraída de lo que Guzmán denomina la “postura católica” sobre el Estado. Postura que representaba, según él, una alternativa a la concepción liberal y a la socialista del Estado (Guzmán 1969).

El temor al estatismo, que Guzmán había manifestado desde 1965 a 1969, se fue exacerbando con las medidas de la Unidad Popular (1970-1973). En esos años, no sólo expresará su temor frente al estatismo sino hacia la propia democracia (Moncada 2006). Ella, tal como se ha ido configurando en Chile a partir de 1925, termina siendo una amenaza para el derecho de propiedad y la libre empresa. Así, poner fin al estatismo era, en definitiva, acabar con el régimen político fundado en la soberanía popular (Ruiz-Tagle 2014). Esta tarea, de la cual él será el principal articulador intelectual, suponía elaborar una nueva estructura temporal que sustentará la argumentación: es aquí donde se hace presente una idea de futuro en los escritos de Guzmán.

4. Del Golpe a Chacarillas: justificar el pasado por el futuro

Con el golpe de 1973, Guzmán vio concretado su deseo de restringir el régimen democrático. Por su rol previo como ideólogo de la resistencia al marxismo, Guzmán fue llamado a colaborar con la Junta de Gobierno desde el primer momento, llegando a ejercer una gran influencia hasta el fin de la dictadura. Colaboró a través de la Dirección de Asuntos Públicos de la Secretaría General de Gobierno, organismo clave para la definición del proyecto político y la nueva configuración institucional. Allí estuvo a cargo de organizar la propaganda, el apoyo femenino y juvenil, así como la redacción de discursos, memorandas y la revisión de las nuevas políticas (González 2020; Moncada 2006; Valdivia 2006). En esas funciones, una de sus preocupaciones principales fue precisamente dotar a la dictadura de una justificación y de una proyección histórica. Jaime Guzmán le dio a la imagen de la dictadura una estructura temporal, la que variará de acuerdo a las necesidades ideológicas y políticas de cada período.

Guzmán le asignó al golpe y a la instalación del régimen militar un sentido no solo refundacional, sino profundamente histórico, pues permitían superar las causas de la decadencia del espíritu republicano y la negación estatista de la trascendencia individual. Para él existía una suerte de conexión entre el proyecto refundacional de la dictadura y la idea de “Estado en forma” u “orden portaliano” del siglo XIX. Tras celebrarse un mes del golpe, en octubre de 1973, la Junta de Gobierno realizó un acto solemne. En una carta dirigida a su madre, Guzmán relató el evento de la siguiente forma:

“La majestuosa solemnidad del acto nos hizo vivir experimentalmente ese Chile que nos enseñara a amar y admirar don Jaime Eyzaguirre, lleno de reservas morales, de sentido de autoridad y dignidad (…) Cuando Pinochet se refirió al ‘espíritu portaliano que hoy alumbra esta sala’, sentimos que aludía a una realidad viva y verdadera, y cuando juró ante la misma bandera en que O’Higgins había sellado la independencia, percibimos que Chile había reencontrado su verdadero destino” (Guzmán 2008 [1973]: 90).

Si gracias al golpe “Chile había reencontrado su verdadero destino”, entonces el presente implicaría la recuperación de cierto pasado. Comparado con otros representantes de la derecha, fue una de las pocas alusiones que Guzmán hizo a esa etapa de la historia de Chile (Cuadra 1992; Pollack 1999; Herrera 2014; Siavelis 2014; Fernández y Rumié 2020). Pasada la euforia casi litúrgica que Guzmán experimenta con el golpe, crece en él la conciencia de que el régimen militar requiere frente a la sociedad y al resto del mundo de una justificación histórica del golpe y de una definición de su proyección futura. Es por eso que, desde este período y hasta el acto de Chacarillas, Guzmán elabora un relato histórico con el fin de justificar la dictadura basado en sus eventuales logros futuros, junto con precisar el itinerario que permitiría dar inicio a la transición hacia la democracia. En ambos casos, la operación se basaba en poner al tiempo futuro, al presente como pasado de ese futuro, como eje del discurso.

Una primera muestra de esos propósitos se logra plasmar en la Declaración de Principios del Gobierno de Chile, dada a conocer en 1974, cuya redacción estuvo a cargo del propio Guzmán (Moncada 2006; Cristi 2000)⁸. El futuro al que apunta el gobierno militar es la superación de un pasado político agotado y evitar su retorno mediante la creación de un nuevo orden social y político. Tal futuro no es propuesto como utopía, dado que sería contradictorio con la idea de que ni el Estado ni la política reemplazan los fines espirituales del ser humano:

“Pretender la plenitud en tal esfuerzo sería aspirar a una utopía histórica contraria a las posibilidades reales de la naturaleza humana. Por eso no cabe plantearlo como ‘modelo’ que pueda lograrse a través de una receta ideológica, sino como una meta hacia la cual debemos tender en un camino colectivo que procure acercarse hacia aquélla gradualmente y en la mayor medida posible” (Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, Chile, 1974).

El futuro al que apunta la obra militar es simplemente la mejoría de las condiciones sociales en las cuales los individuos pueden realizar su destino espiritual.

“En la tarea de convertir a Chile en una gran nación, el Estado deberá ir diseñando un ‘Proyecto Nacional’, entendido como una imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales” (Declaración de Principios de la Junta de Gobierno, Chile, 1974).

Fue en el acto realizado en el Cerro Chacarillas, en julio de 1977, donde el general Pinochet estableció concretamente el itinerario de ese “Proyecto Nacional” y sobre el cual descansaba el sentido histórico de su obra (González 2020; Muñoz 2016; Rubio 2013; Moncada 2006; Valdivia 2006; Huneeus 2000). El acto, dirigido principalmente hacia la juventud, fue organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional, liderado e integrado mayoritariamente por dirigentes gremialistas (Valdivia 2006; González 2020). En el discurso, Pinochet sostuvo que, tras haberse establecido el plan económico, definidas las medidas de carácter social y asegurada la tranquilidad y el orden interno, se hacía indispensable definir el “futuro jurídico-institucional”. Ahí se reafirma el sentido histórico de largo plazo de la dictadura:

“No se trata pues de una tarea de mera restauración, sino de una obra eminentemente creadora, sin prejuicio de que esa obra para ser fecunda debe enraizarse en los signos profundos de nuestra auténtica y mejor tradición nacional” (Discurso en Cerro Chacarillas, 9 de julio de 1977).

Un sentido de largo plazo que en términos prácticos se traduce en la instalación de un nuevo entramado institucional. De manera que el futuro de la dictadura, y en eso el discurso de Chacarillas refleja bien el pensamiento de Guzmán, no es utópico sino político-administrativo.

“El proceso concebido en forma gradual conrtempla tres etapas: la de recuperación, la de transición y la de normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden, por un lado, y a la civilidad, por el otro. Asimismo se distinguen por los instrumentos jurídico-institucionales que en cada una de ellas debe crearse o emplearse” (Discurso en Cerro Chacarillas, 9 de julio de 1977).

En términos de plazos, la etapa de recuperación debía finalizar con la promulgación de una nueva Constitución, junto con algunas reformas en seguridad, trabajo, previsión y educación. La puesta en vigencia de la nueva Constitución no debía sobrepasar la fecha del 31 de diciembre de 1980, momento en el que comenzaría la fase de transición. En esta fase el poder político debía ser compartido con la civilidad y avanzar hacia un traspaso hacia esta última. Finalmente, en la de normalidad o consolidación el poder sería ejercido por la civilidad, reservando a las Fuerzas Armadas y de Orden el cautelar las bases de la institucionalidad, así como la seguridad nacional.

Ese futuro no era utópico, pero era fundamental como perspectiva desde la cual se juzgaría el pasado. Darle legitimidad al golpe de Estado y a la suspensión de la vigencia de los Derechos Humanos era algo que preocupaba a Guzmán. Por ende, no podía ser una mera recuperación del pasado, pues el pasado que estaba en la memoria colectiva eran los “150 años de democracia ininterrumpida” (Guzmán 1979b: 19), con el cual no se podía justificar un golpe de Estado y la permanencia prolongada de los militares en el poder. Era fundamental que el régimen autoritario construyera una imagen de los logros obtenidos para presentarla retrospectivamente como el futuro que orientaba y justificaba las acciones del pasado. Cómo dijo Guzmán un par de años más tarde: “Tampoco está de más señalar que una obra como esta solo puede ser adecuadamente juzgada o evaluada al concluirse y no en medio de su desarrollo” (Guzmán 1979b: 19).

5. El eterno presente de la Constitución de 1980

La Constitución debía definir el orden institucional que regulara el periodo de plena normalidad. La dictadura esperaba legar un orden político-económico sin cambios de fondo ni tensiones fundamentales pendientes de resolver. Es decir, un mundo sin posibilidad de retornar a las formas políticas del pasado y con un futuro limitado a los ajustes y renovaciones de lo mismo; en el fondo, un mundo sin historia. Es un anticipo de lo que Fukuyama (1992) afirmaría una década después cuando tras la caída del muro, con el capitalismo triunfante y sin alternativas, acaeciera el “fin de la historia” (Fukuyama 1992).

La colaboración de Guzmán con el régimen incluyó la participación en la llamada Comisión Ortúzar, encargada de elaborar la nueva Constitución Política que debía reemplazar a la Carta Fundamental de 1925. Por cierto, la nueva Constitución fue el resultado de un trabajo colectivo que llevaron a cabo un conjunto de expertos constitucionalistas convocados por la Junta de Gobierno (Gamboa 2006; Moncada 2006; Huneeus 2000; San Francisco 1992). Pese a ello, existe plena coincidencia entre los estudiosos de la elaboración de la Constitución que en ella se vio reflejado parte importante del ideario y del pensamiento político de Guzmán. Ruiz-Tagle añade que el poder y la “seducción” lograda por Guzmán, en el momento de la redacción de la Constitución, fueron consecuencia de lo efectiva que había resultado la retórica del miedo que venía cultivando desde mediados de los años sesenta (Ruiz-Tagle 2014)⁹.

La temporalidad de la Constitución de 1980 es la de un eterno presente, la cual deriva de la eliminación de las contradicciones sociales mediante un sistema de equilibrios forzados que se reproduce a sí mismo e impide el surgimiento de expectativas y demandas de cambio. Ello ocurre mediante tres mecanismos. Primero, la propia Constitución no puede ser cambiada debido a los quórums supramayoritarios que se requerirían para su modificación (Heiss y Szmulewicz 2018; Atria 2013; Fuentes 2012). Segundo, el sistema electoral binominal neutraliza el efecto institucional que podrían tener los cambios en las preferencias sociales respecto del orden político (Gamboa 2006; Pastor 2004). Tercero, la inflación de las expectativas y demandas sociales serían neutralizadas gracias a su traducción como demandas individuales en un mercado autorregulado.

De alguna manera, la Constitución de 1980 reproduce la arraigada noción de temporalidad que deriva del iusnaturalismo de Guzmán, según la cual el núcleo del orden político descansa en el pasado permanente de la ley natural que define la esencia humana. Dicha noción se ve reflejada en la relativización que se hace de la democracia durante este período.

“La soberanía no puede reducirse al mero sufragio universal, porque la vida del pueblo se expresa en forma incomparablemente más rica, variada y orgánica (…) la democracia como forma de gobierno no es un fin en sí misma. Es solo un medio para alcanzar la libertad, la seguridad y el progreso, de modo armonioso y simultáneo. (…) La forma democrática de gobierno no necesariamente conduce a la libertad como forma de vida. Mucho menos aún, a la seguridad y al progreso” (Guzmán 1979a: 38-39. Cursivas del original).

El rasgo más sobresaliente de la Constitución radica en la imposibilidad de modificar los aspectos sustantivos de la sociedad neoliberal y de una democracia limitada (Heiss y Szmulewicz 2018; Atria 2013; Fuentes 2012). En tal sentido, la Constitución de 1980 logró permear aquella obsesión manifestada por el general Pinochet y por el propio Guzmán de asegurar una institucionalidad que impidiera replicar las experiencias traumáticas del pasado¹⁰. Ese pasado no es reemplazado por un futuro con sentido político, sino por la eliminación de la historicidad y el sentido utópico de futuro que subyacen a la inflación de demandas y expectativas políticas, precisamente aquello que Guzmán, y toda una generación política, veían como una de las causas de la crisis política chilena de los años sesenta y setenta (Alenda, Le Foulon y Suarez-Cao 2020; Fernández y Rumié 2020; Avendaño, 2010). En ese sentido la Constitución aparece como naturalización de la institucionalidad. Por lo mismo sus mecanismos tienden a escamotear la posibilidad de que ella sea modificada intencionalmente en función de una idea utópica de orden o de intereses parciales del momento (Atria 2013). Al respecto, decía Guzmán:

“en vez de gobernar para hacer, en mayor o menor medida, lo que los adversarios quieren, resulta preferible contribuir a crear una realidad que reclame de todo quien gobierne una sujeción a las exigencias propias de ésta. Es decir, que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque --valga la metáfora-- el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” (Guzmán 1979b: 19).

Aun cuando no fue explicitado en el articulado original de la Constitución de 1980, sino en las leyes orgánicas posteriores, el sistema electoral binominal es parte esencial de la naturalización del orden político que aquella pretendía, y en su elaboración jugó un rol importante Jaime Guzmán (Pastor 2004). Él pretendía básicamente asegurar el equilibrio permanente del orden institucional mediante un sistema electoral que producía un efecto “centrípeto” y de igualación sobre las fuerzas políticas. Por ende, consideraba contraproducente un sistema de tipo proporcional que reprodujera el sistema de partidos vigente hasta 1973 (Gamboa 2006). Ya en mayo de 1983, sostenía a este respecto:

“Tiendo a inclinarme por un sistema que favorezca el bipartidismo y la formación de mayorías estables de gobierno. El bipartidismo, o al menos que evite el multipartidismo. Pero sobre todo que tienda a conformar mayorías estables” (Guzmán 2014 [1983]: 112).

Así como el sistema electoral binominal trasladó la lógica de los equilibrios al plano político, la Constitución de 1980 le otorgó al mercado la labor de producir equilibrios en el plano de las demandas sociales. Aparte de las consideraciones filosóficas señaladas más arriba, esta es una de las razones políticas detrás de la exagerada acentuación de la propiedad privada en la Constitución de 1980. Se trataba de producir individuos cuyo vinculo social se fundará en el trabajo y el intercambio económico. De este modo, se aseguraba que el contenido de sus demandas fuera despolitizadas y racionalizadas en términos económicos. Guzmán es claro al respecto, quien tiene bienes económicos que perder no se arriesga en aventuras políticas:

“La existencia de amplios sectores sociales que nada tenían que perder --y todo que esperar-- de cualquier aventura o cambio político por demagógico que fuese, constituía una bomba de tiempo colocada en el corazón mismo de nuestra democracia, durante las últimas décadas previas a ese año (…) el ejercicio por varios años de aquellos espacios de creciente libertad que el actual gobierno ha generado (en) todas las actividades económicas o empresariales, resulta imprescindible para que ellas se hagan carne en todos los chilenos, de modo que resulte muy difícil revertirnos hacia esquemas estatistas que supongan cercenar libertades que ya se habrán apreciado e incorporado a su vida por cada persona” (Guzmán, 1982a: 13).

Sin duda, la Constitución de 1980 será uno de legados más importantes del régimen autoritario y de la contribución que realiza Guzmán a la materialización de su proyecto político. Varios de los contenidos de la Constitución, que se mantienen en la actualidad, reflejan la influencia de un conjunto de ideas que Guzmán venía desarrollando a partir de la segunda mitad de los años sesenta y que profundiza con posterioridad al golpe de 1973. La supremacía que la Constitución le asigna al derecho de propiedad, por sobre los derechos fundamentales, el carácter subsidiario del Estado y un presidencialismo fuerte, son algunos de los contenidos sustantivos que se han logrado proyectar hasta la actualidad.

6. El sentido de la transición

Existe una abundante literatura sobre los procesos de transición, llevados a cabo en América Latina y en otros continentes (Morlino 2009; Morlino 1998; O’Donnell 1997; Linz y Stepan 1996; Garretón 1995). Parte importante de esa literatura ha hecho hincapié en el comportamiento de los actores y en las dificultades para el arraigo y proyección de la nueva institucionalidad política. A pesar de lo evidente que resulta el hecho de que ellas son formas de organización del tiempo y requieren elaborar sentidos de temporalidad, su dimensión temporal ha sido escasamente estudiada (Güell 2009; Santiso 2001; Güell y Lechner 1999; Santiso 1997). Con el fin de aportar en el estudio de esa dimensión, se presentan algunas constataciones sobre las estructuras temporales en las que se basa Jaime Guzmán para justificar su idea de transición a la democracia.

En los textos de Guzmán se observa una doble estructura temporal de la transición. Por una parte, durante la crisis de 1982, frente a las dudas de los adherentes y a la impaciencia de los opositores, se hace necesario reafirmar el itinerario de la transición. A diferencia del discurso de Chacarillas, nuestro autor no fijará etapas, sino condiciones. Con ello define una historia futura que no dependería de la voluntad política de Pinochet, sino de la evolución de una realidad social, económica y moral de la cual son todos responsables. Esas condiciones permitirían precisamente impedir la repetición del pasado de la crisis de la democracia. Por la otra, la transición es pensada como una historia orientada al futuro, pero en el cual la vigencia plena de la constitución conduciría al presente permanente del equilibrio político y de la coordinación social por el mercado

Para Guzmán, el proceso de transición representaba uno de los mayores desafíos que el país haya tenido que afrontar en toda su historia. Según indicaba, la transición requería de tres grandes propósitos: i) proyectar la meta constitucional, hacia su oportuna culminación; ii) mostrar los desafíos que el proceso implicaba para el conjunto de los chilenos; y iii) una nueva mística, similar a la que se vivió en la fase inmediatamente posterior a 1973 (Guzmán 1982a). Para lograr estos propósitos había que mantener la amplia base cívica que ya había respaldado importantes iniciativas del régimen, partiendo por la nueva Constitución. A esa misma base cívica le correspondía asumir un desafío que sintiera “propio y con sentido de futuro” (Guzmán 1982a: 12).

En el artículo “El sentido de la transición” (1982), Guzmán se hace cargo del alicaído estado de ánimo de los partidarios del régimen autoritario. En todo el país se han dejado sentir los efectos de la recesión, que puso término a un período de crecimiento y “boom económico” que abarcó de 1976 a 1981 (Ffrench-Davis 2008; Martínez y Díaz 1994; Vergara 1985). A juicio de Guzmán, con el inicio de la recesión se vio afectada la evaluación sobre la gestión de gobierno de los últimos ocho años y desdibujado el propio “sentido de la transición”. Es por eso que consideraba primordial dirigir la mirada

“hacia la reafirmación o el esclarecimiento de las metas y los caminos globales que Chile se trazó al aprobar la Carta Fundamental vigente, el 11 de septiembre de 1980, concretando y proyectando así los altos ideales que inspiraron el pronunciamiento militar de aquel otro 11 de septiembre de 1973” (Guzmán 1982a: 9).

Guzmán se propone mitigar el escepticismo que genera el presente a través del enunciado de un proyecto de futuro, que reafirma una verdad ya revelada en dos momentos previos: en el refundacional, que subyace al golpe y en la definición del itinenario en la Constitución de 1980¹¹.

La idea de transición de Guzmán no es nostálgica del orden autoritario del pasado. Si bien valora el carácter estable y fecundo que tuvo la democracia chilena en el período en el que se mantuvo vigente la participación restringida y el voto censitario, cree necesario tomar en cuenta las nuevas circunstancias y las enseñanzas de la historia¹². Reconoce que la democracia censitaria fue superada con el advenimiento de la sociedad de masas y la incorporación a la vida cívica de vastos sectores que habían estado excluidos. No obstante, persistieron el atraso económico e importantes niveles de pobreza, lo que finalmente provocó el quiebre de 1973. A juicio de Guzmán, la sobreideologización y el estatismo eran respuestas equívocas a tales limitaciones. Este desacople entre evolución política y progreso socioeconómico era el que se debía evitar con la propuesta que él hace de ponerle condiciones objetivas a la marcha de la transición.

La ausencia de nostalgia por el período en que primó la participación restringida y censitaria, ya se podía reconocer en un artículo que Guzmán publica previo a la aprobación y promulgación de la Constitución de 1980. En el se manifestaba partidario del sufragio universal. ¿Pero, de qué manera lograba compatibilizar la opinión favorable al sufragio universal, si tanto Guzmán como el general Pinochet, en el discurso de Chacarillas, eran reacios a la democracia liberal? La instalación del sufragio universal tendría que ser el resultado de un proceso gradual, que implicara, por un lado, establecer las condiciones institucionales y límites y, por otro, afianzar las bases del nuevo régimen político, económico y social. En otras palabras, el establecimiento del sufragio universal debía representar la culminación del proceso de instalación (gradual) de la nueva institucionalidad y no su punto de partida.

Asumiendo los aprendizajes de la historia reciente, Guzmán afirmaba que si el país fuera precipitado al establecimiento de una democracia plena, sin antes conseguir el objetivo de avanzar en el desarrollo y atenuar la pobreza extrema, el ejercicio de aquella sería precario (Guzmán 1982a). De ahí que, en su opinión, una vez superada la recesión que afectaba al país en aquel entonces, año 1982, era necesario recuperar los niveles de crecimiento económico alcanzados en el período comprendido entre 1976 y 1981. Según Guzmán, del proceso de transición, concebido no solo en términos políticos sino también económicos, sociales y morales, derivaría una democracia “auténticamente libertaria”. En ella primaría la libertad individual, por sobre el estatismo y cualquier fórmula de tipo socializante. Asimismo, la libertad económico-social debía estar identificada con los derechos cotidianos que determinan las decisiones que adoptan las personas para definir su propio destino¹³. La modernización impulsada por el régimen autoritario había permitido alcanzar una creciente libertad en el ámbito educacional, de salud, en el trabajo, en lo previsional y en todo tipo de actividades económicas y empresariales, logros que no podrían sintonizar en el marco de un esquema de intervención estatal.

Alcanzar la democracia, planteaba Guzmán, requería de consensos mínimos. En primer lugar, la promoción y la preservación de

“una escala de valores espirituales y morales que exprese las raíces del ser nacional [En segundo lugar,] manteniendo una actitud vigilante hacia las formas más graves de amenazas a dicho consenso [, dentro de las cuales figuran] los totalitarismos, el terrorismo, la demagogia y estatismo socializante” (Guzmán 1982a: 12).

Es por eso que, de acuerdo a Guzmán, la Constitución de 1980 representaba un gran avance, al establecer garantías para la libertad, promover los derechos individuales y definir límites al pluralismo ideológico y político. Es decir, la garantía institucional del eterno presente de los valores patrios y el derecho natural. Por último, y tal como se mencionaba en el discurso de Chacarillas, el proceso de transición implicaba un oportuno traspaso del poder de las Fuerzas Armadas y de Orden a la civilidad. Para ello era necesario que las instituciones castrenses, y de seguridad, pudieran mantener incólumes su prestigio ciudadano y su cohesión jerárquica. De lo contrario, se generarían alzamientos similares a los de 1931 y 1932, con Fuerzas Armadas politizadas o deliberantes propensas a intervenir en la política nacional.

Más allá de enunciar las condiciones que la transición debía cumplir gradualmente para llegar al futuro de plena vigencia de la carta fundamental, y para señalar que esa marcha debía y podía partir ya, Guzmán define un conjunto de metas a alcanzar en el más breve plazo (Guzmán 1982a, 1982b). Algunas de estas metas eran económicas, como sortear la recesión sin abandonar el libre mercado: reducir el tamaño del Estado, incentivar el ahorro interno, erradicar la pobreza y completar el proceso de modernización iniciado en la década anterior. También señalaba condiciones de tipo político, como incentivar la participación ciudadana, a través de las instituciones intermedias. Guzmán planteaba que la legalización de los partidos políticos debía quedar reservada para el final, en el mismo momento que correspondiera establecer el sufragio universal. Más importante era interpretar a las nuevas generaciones juveniles, especialmente aquellos segmentos que no tenía experiencia de la crisis política del pasado (Muñoz 2016).

A diferencia de otros procesos de transición, donde se produjo una situación de “ruptura” con la fase autoritaria, el carácter pactado y negociado que tuvo la experiencia chilena aseguró mayor continuidad y proyección del legado dictatorial (Morlino 2009; Fuentes 2012; O’Donnell 1997; Linz y Stepan 1996; Garretón 1995). En las transiciones pactadas y negociadas, se produjo con anterioridad una fase de “apertura” en la cual los regímenes autoritarios adoptaban una posición de mayor flexibilidad, de reconocimiento y diálogo con los sectores de la oposición. Guzmán, por su parte, no consideraba que fuera necesaria una fase de “apertura”. Incluso, justificaba el endurecimiento de la postura del gobierno, en contra de la oposición, en los momentos en que aparecerieron obstáculos que frenaron el ritmo de la transición. Cuestionaba lo que denominaba la “postura rupturista” de la Alianza Democrática, el principal conglomerado opositor, al mismo tiempo que afirmaba que los civiles debían “contribuir con una conducta sensata a que nunca el Gobierno pudiera mirar el endurecimiento cerrado como única opción de subsistencia” (Guzmán 1984: 10).

Hacia mediados de los años ochenta, Guzmán se había convertido en el líder de un nuevo referente: la Unión Democrata Indpendiente (UDI), movimiento que según él ya era valorado como una alternativa política hacia el futuro (Cf. Muñoz 2016; Siavelis 2014; Avendaño, 2010; Garretón 2000; Pollack 1999). Desde esa condición, descartaba cualquier tipo de entendimiento con los sectores de oposición, a los que calificaba de “rupturistas” por pretender solicitar que se levantara el Estado de Sitio (Guzmán 1985). Agregaba además que al régimen le correspondía asumir que el proceso de transición no iba a contar con el consentimiento del conjunto de la oposición. Para suplir la falta de colaboración de la oposición, Guzmán planteaba que se debía apostar a lograr la adhesión de la mayoría ciudadana del país. Precisamente, porque no había una “ruptura” que obligara al dictador a negociar los términos de su salida, Guzmán definía la transición como la ruta gradual y condicionada para la instauración plena de la Constitución de 1980; es decir, un camino al futuro donde el orden social sería un eterno presente.

7. Conclusiones

Como se ha expuesto, en el pensamiento de Guzmán se aprecia una estructura temporal que es transversal a los cuatro contextos históricos mencionados, debido al peso que posee la antropología religiosa que fue adoptando en el transcurso de la segunda mitad de los años sesenta. Dicha estructural temporal se fundamenta en el sentido de la trascendencia que a nivel individual se logra a través de una intensa vida espiritual. De ahí el énfasis en valores y una moral opuesta al materialismo promovido desde el advenimiento de la modernidad. A su vez, eso mismo explica su anhelo por establecer un orden que haga posible el desarrollo espiritual. De manera que subyace en Guzmán una concepción del tiempo y de la historia relativamente coherente. Aún cuando en los años sesenta y setenta pondrá énfasis en el presente y en la necesidad de definir condiciones capaces de asegurar la certeza de ese presente, en los ochenta acentuará la lógica de la marcha del país al futuro, su noción de temporalidad y el sentido que atribuye a la historia. Se trata de una doble historicidad, la del desarrollo espiritual del individuo y la del desarrollo político y económico de la nación. Ambas están intrínsecamente vinculadas: la segunda, puramente instrumental, se subordina al carácter transcendente de la primera.

A raíz de lo anterior se observa, en la primera etapa, la promoción de una idea de orden basado en los principios del derecho natural. Desde la dimensión temporal, los aspectos sustantivos de ese derecho eran considerados permanentes y eternos, además de anteceder al origen del Estado. La defensa de la propiedad privada y de la libertad individual, así como su crítica a las fórmulas socializantes y al exceso de atribuciones del Estado, son algunas de las expresiones que se desprenden de la adopción de tales principios. En definitiva, en esta primera etapa, se observa en Guzmán un presentismo permanente al mismo tiempo que se manifiesta escéptico respecto al futuro.

Guzmán sospecha de la democracia porque en ella aparecen todo tipo de amenazas generadas por el estatismo. Por ende, saluda con éxito el golpe por parte de los militares --con lo cual se da inicio a la segunda etapa-- y la posibilidad de refundar el orden social y político. Considera fundamental en esta nueva etapa asegurar su proyección futura. Esto implica superar el pasado previo a 1973, a través de un proyecto refundacional descartando toda posibilidad de recuperación. Definir el futuro, además, tenía otra finalidad asociado al régimen autoritario, dado que desde ahí se juzgaría tanto su instalación como su obra.

La tercera etapa correspondía al sentido de temporalidad que establecía la Constitución de 1980. Es a través de la Constitución que se diseña el marco institucional que diera por superadas aquellas experiencias traumáticas de los años sesenta y setenta, junto con plasmar una serie de principios basados en el derecho natural y en el sentido de la permanencia. La cuarta y última etapa corresponde a la fase en que entra en vigencia la Constitución y se definen los términos de la transición. La transición está orientada hacia el futuro, dado que no sólo se trata de proyectar la nueva institucionalidad sino además otro tipo de sociedad organizada a través del mercado.

El análisis de los textos de Guzmán muestra que el discurso y la comunicación política se sirven de la manipulación de las estructuras temporales para darle coherencia y sentido a sus propuestas. Esto ha sido observado en otros estudios (Cohen 2018; Tregenza 2011; Moshe 2009, Moshe 2009; Pierson 2004; Miller 1993). Sin embargo, esos análisis definen de manera difusa la operación de construcción de estructuras temporales y su relación con los contextos políticos. Esta área de estudios podría verse beneficiada de la elaboración realizada por Flaherty (2013, 2003), sobre la composición de estructuras temporales ad hoc que realizan los individuos, para construir relatos biográficos que les den un sentido de identidad y agencia. Falherty ha decantado sus hallazgos en el concepto de “time work”. Tal vez podría explorarse la noción de un “political time work”, basado en las categorías que propone Flaherty, para poder especificar y observar empírica y comparativamente las formas en que los actores políticos usan las estructuras temporales en sus discursos y comunicaciones.

Agradecimientos

Artículo elaborado en el marco de los proyectos Fondecyt regular 1180887 y 1191490.

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Revistas y medios de prensa

Cosas. 1978-1990

Fiducia. Tradición Familia y Propiedad. 1964-1973

Ercilla. 1980-1990

Portada. 1969-1973

Qué Pasa. 1971-1990

Realidad. 1979-1984

Archivos y documentos de Jaime Guzmán

Centro de Investigación y Documentación (CIDOC) de la Universidad Finis Terrae.

Archivo de la Fundación Jaime Guzmán Errázuriz (AFJGE).

Otros documentos

Declaración de Principios de la Junta de Gobierno. Chile. Santiago, 1974.

Discurso en Cerro Chacarillas. Santiago, 9 de julio de 1977.

Notas