1. Introducción

Las nuevas corrientes historiográficas basadas en la monarquía de los Habsburgo plantean nuevas perspectivas que se distancian del tradicional paradigma de enfoque nacional que, en el caso americano, se plasma en la distinción metrópolis – colonia (Gloël 2020). El conocimiento de las instituciones de indias se basa principalmente en lo jurídico, mientras que la política del funcionamiento de estas instituciones, en la práctica, es un saber incipiente y poco explorado. Este vacío se pretende llenar a partir del estudio de la gobernación en Chile a partir de un barrido a lo que fue la política reinal, comprendiendo que las gobernaciones-reinos han sido unidades político-territoriales poco estudiadas.

Hace algunos años, Alejandro Cañeque (2013) señalaba que la historia política e institucional del Imperio español se encontraba menos desarrollada en ciertos aspectos, tales como la historia social. La revalorización de los estudios sobre virreyes y representantes de la Corona en territorios europeos y americanos es más bien reciente (Cardim y Palos 2012; Rivero Rodríguez 2011; Cantú 2008; Barrios 2004). Ejemplo de esto son las aportaciones sobre los virreyes de Nueva España (Capitani 2014; Cañeque 2004), y Perú (Torres Arancivia 2006; Merluzzi 2003) que consisten en valiosos estudios pormenorizados. En cambio, distinta es la situación de las gobernaciones situadas en el mismo espacio temporal y geográfico. En este sentido, existen algunos estudios de tipo apologético hispanista que no hacen justicia a este cargo tan importante (Campos Harriet 1969).

Los estudios que han abordado a los gobernadores de la Corona Española se basan en enfoques más bien rígidos y limitados a lo jurídico, lo cual contrasta con la vasta evidencia empírica heredada de la época que, sin duda, puede brindar nuevos hallazgos y perspectivas. Un factor que refuerza este estado del arte es la imagen que se ha construido del príncipe, como rector absoluto de las que se han entendido como colonias bajo su dominio. Así, las colonias han sido relegadas a ser comprendidas desde una historia que se escribe desde el centro de la metrópoli. Este panorama, hace difusa la tarea de capturar la complejidad de estos territorios desde sus propias características y a partir de su propia narrativa, perdiéndose la riqueza histórica de casos como el reino de Chile (Ramón 2015; Sagredo 2014; Villalobos et al. 2012). Planteada la problemática, este trabajo estudia a la gobernación en Chile durante el siglo XVI, abarcando 14 administraciones políticas de gobernadores, con la finalidad de sentar un precedente a nivel teórico de la etapa primigenia de la institucionalidad en Chile. Este período de la historia de Chile guarda gran riqueza explicativa por su naturaleza sui generis, a saber: un territorio habitado por población indígena reticente a la dominación hispana (Concha 2016; Rosales 1877), y de características geográficas extremadamente desafiantes para asentar un gobierno en él (Concha 2016; Onetto 2017). Por otra parte, el siglo XVI merece un tratamiento focalizado, debido a sucesos de importancia crítica que marcarán el devenir del territorio. Aquí encontramos la derrota hispana de Curalaba en 1598, suceso que desencadena el repliegue español de los establecimientos ocupados (Concha 2016; Cebrián 2008), creando un estado de alarma que conlleva a la creación de un ejército permanente que reemplaza a la hueste medieval, en el marco de una medida calificada como excepcional (Concha 2016; Casanueva Valencia 2017) Asimismo, de forma paralela se crea la Real Audiencia con sede en Santiago (Barrientos Grandón 2000; Valenzuela 1998). Estos eventos revelan la importancia causal de conocer su pasado inmediato.

De esta manera, se caracterizará la gobernación en Chile, para lo cual examinaremos: quiénes ostentaron el cargo, a través de qué facultades se ejerció este poder y sobre cuáles actores relevantes del reino, qué intereses mediaron la política e interacción entre estos actores y el gobernador, cómo interactuó el gobernador frente a actores superiores e inferiores a nivel jerárquico y cómo estas relaciones políticas impactan en las variaciones de poder del gobernador. Así, se pretende reconstruir la política de la gobernación en el siglo XVI. El argumento de este estudio se basa en que la realidad política del período se visualizaría como un esquema mucho más complejo, cuyo punto de partida estaría en la gobernación y la comprensión contextualizada del que fue el cargo de mayor importancia del territorio chileno desde la llegada hispana.

La gobernación chilena presenta un enorme potencial de caso de estudio generador (Landman 2014; Mahoney y Villegas 2009; Gerring 2007; King, Keohane y Verba 2000), desde el cual podemos replantearnos teóricamente el modelo colonial y su visión estática para abordar a las instituciones coloniales. La minuciosa documentación histórica funciona como evidencia empírica para sustentar inferencias causales sólidas que nazcan desde el examen de la praxis política y transiten a explicaciones generalizadas y comparables (Hall 2016; Thelen 2013 cit. en Mahoney y Villegas 2009)). En suma, se requiere de estudios sistemáticos de un período de tal importancia histórica, pero poco abordado por la literatura especializada (Latasa 2004).

Tabla 1.

Gobernadores de Chile (1541-1600)

Fuente: Elaboración propia, a partir de Barros Arana (2000a, b y c [1884]; Concha 2016 y Gay (1845, 1846).

Este estudio de la gobernación cubre el período 1541-1600 durante el cual se emplazan los primeros 60 años de organización política del Chile hispano, los cuales arrojarán luz sobre el origen de la institucionalidad en el territorio. Para esto, proponemos una explicación de cómo se trazaron las relaciones de poder entre la institución de la gobernación y otros actores relevantes, desde el monarca hasta los vecinos conquistadores, luego de ser identificados y caracterizados. Estas interacciones reflejan en gran medida la política de la época: qué intereses movilizaron a los actores y cómo la influencia de estos ayudó a transformar a la institución de la gobernación a lo largo del período de estudio.

2. La teoría: un cambio de paradigma hacia un modelo policéntrico del poder

La perspectiva del modelo colonialista del poder presenta a la Corona Española como una metrópoli hegemónica con incuestionable estatus de superioridad, en asimetría con sus territorios y unida a ellos en una relación de dominio y subyugación, lo cual dio pie a la dialéctica metrópoli-colonias.

Esta visión ha sido contestada por estudiosos que, a partir de sus aportaciones, entregan nuevas conceptualizaciones de la Corona. Así encontramos a las Monarquías de Cortes, Monarquías Compuestas o Monarquías Policéntricas, conceptos que tienen en común el objetivo de reconstruir la realidad desde su contexto temporal (Gloël 2014; Cardim et al. 2012; Martínez Milán 2006; Russell y Gallego 1996; Elliott 1992). Esta literatura establece que estos territorios conocidos como reinos habrían tenido características y condiciones propias, bajo las cuales se conformarían como comunidades políticas con elementos identitarios cuya impronta se expresaría, por ejemplo, en su forma de gobernar (Gloël 2014; Bravo Lira 2013, 1986; Levene 1973 [1940]; García Gallo 1972; Capdequi 1941). En efecto, la política reinal tendría como fundamento una lógica casuística y particularista desde adentro.

Desde esta aproximación, la Corona Española podría asimilarse más como una administración de orden federal, en lugar de la de un Estado unitario y centralizado (Vives 1940). Esto no solo plantea una distinción de los reinos respecto de la metrópoli, sino que además diferencia a cada uno de los reinos por sí solos, sin perjuicio de tener como punto de partida un legado institucional común. La trayectoria del legado institucional, una vez trasplantado en los territorios, se configura en un particularismo indiano en el que se entrelazan la jurisdicción y el territorio, como explica Bravo Lira (1986, 2013). Por lo tanto, la fórmula “a problemas particulares, soluciones focalizadas” (Bravo Lira 2013: 202) ejemplifica muy bien cómo se transitó en esta dirección. Siguiendo a Francis Goicovich (2019), podemos entender esta dinámica como la proliferación de formas autónomas de poder.

La expansión territorial de la Corona Española fue uno de los símbolos del poder y aparataje que ostentó este imperio. Sin embargo, una vez que se lograba la “conquista” de los territorios, inmediatamente se enfrentaba el desafío de establecer administraciones para estos reinos. El siguiente paso era construir el brazo territorial de la Corona, empresa que, de otro modo, habría convertido la organización reinal en un objetivo inviable en términos económicos y logísticos (Alemparte 1941). Algunas de las soluciones ensayadas fueron, en primer lugar, la concesión de la empresa de conquista, mediante la cual la Corona redujo de forma considerable los costos de su expansión territorial (Concha 2016; Góngora 1951; Meza Villalobos 1946; Capdequi 1941; Amunátegui 1885). De la misma manera, soluciones políticas fueron: la instauración de virreyes que cumplieron la función de alter ego del rey y el nombramiento de gobernadores presentes en cada uno de los reinos (Bella 1989: 209; Gloël 2014). Así, la Corona se zanjó las cuestiones de viabilidad de la empresa, y representación en los nuevos territorios.

Mirar a los territorios desde la política de estos actores permite poner el énfasis en el ejercicio del poder in situ (Brakensiek 1999; Bredow y Näther 2014; Duve 2014) o, en palabras de Romina Zamora (2017: 498): “entender el espacio local es clave para construir la administración política y jurídica”.

Volviendo a los gobernadores, el conocimiento que tenemos de estos actores es más bien descriptivo y general, lo que se replica para el contexto chileno. A esta figura política se le ha descrito como un funcionario encargado de llevar orden a los “nuevos” territorios, para lo cual debían asumir una serie de atribuciones de tipo civil, militar, e incluso de ciudadano conquistador, por lo que se les puede considerar líderes multifacéticos (Concha 2016; Bravo Lira 2013, 1986; Bella 1989; Góngora 1951; Meza Villalobos 1946; Capdequi 1941). Con esta descripción podemos advertir, a priori, un solapamiento y concentración de funciones. Un ejemplo concreto es el nombramiento real de Valdivia en calidad de presidente, gobernador y capitán general (Rosales 1877: 389).

La literatura nos entrega alguna idea de lo que habría sido el ejercicio del cargo en la práctica. Autores han argumentado que el gobernador dista bastante de la imagen de un funcionario vasallo limitado a acatar ordenes, es más, estos habrían sido una suerte de monarcas en cada una de sus jurisdicciones, en parte ayudados por la lejanía en que se ubicaban estas, escapando del control inmediato (Goicovich 2019; Bella 1989). En este sentido, el caso chileno es ilustrativo, dada su localización geográfica apartada que escapa de los contrapesos provenientes de Perú donde se encontraban el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima (Bella 1989; Góngora 1951). Surge entonces la interrogante de ¿Qué tan poderoso fue el gobernador?

Para una aproximación teórica del poder nos basamos, por una parte, en la teoría del juego de escala (Levi 2003; Lepetit 1996). Esta teoría permite ver lo que sucede a nivel de la corte real ubicada en España, en la corte virreinal de Lima y, finalmente, a nivel local en Chile y cómo se relacionan y dialogan estos distintos centros y niveles de poder de la monarquía hispánica. Por otra parte, nuestro trabajo se sustenta en la teoría de la formación de los estados europeos de Charles Tilly (1992) la cual posiciona a la guerra como el motor explicativo de cómo funcionan las dinámicas de poder en torno al contexto bélico, por ejemplo, obteniendo los recursos necesarios para hacer la guerra y garantizar la sobrevivencia de los estados. Este mecanismo causal bien puede transportarse al contexto chileno, debido a las implicancias de la guerra de Arauco y el rol que esta trastienda bélica jugó en la creación de lo que sería el Estado de Chile.

2.1. La Gobernación, el caso de Chile

El discurso de mala fama representó uno de los aspectos del imaginario del Chile del siglo XVI. Este ilustraba las contrariedades a las que se tuvo que enfrentar el gobernador y los habitantes del reino (Onetto 2017; Concha 2016; Invernizzi 1984; Amunátegui 1885). La guerra contra los naturales, especialmente resilientes en Chile, así como la dificultad geográfica de sus accidentados parajes, evidencian que Chile -en primera instancia- fue un destino deseado solo de forma transitoria para muchos conquistadores y que, además, despertó el rechazo de muchos de los soldados de la hueste. En segundo lugar, el constante estado de conmoción y contrariedades que se vivían en Chile producto de la guerra y de la pobreza, demandaban una toma de decisiones inmediata (Goicovich 2019; Concha 2016).

El contexto de conformación política en medio de un escenario bélico, sin duda marcó la forma en que se tomaron las decisiones. El nombramiento de los gobernadores no fue una excepción, pues una condición necesaria y crucial para el nombramiento de un gobernador idóneo era contar con trayectoria y experiencia militar, tanto para dirigir el reino como para comandar las expediciones militares. El liderazgo de tipo militar y político eran requisitos inseparables, a diferencia de lo que sucedía con el nombramiento de los virreyes donde la nobleza por sí sola era condición sine qua non. Los gobernadores participaron de 21 combates de los 77 registrados durante el período, dos de ellos con resultados fatales: Pedro de Valdivia y Óñez de Loyola perecieron a manos de los naturales (Concha 2016).

Al igual que otros funcionarios de la Corona, los gobernadores eran nombrados por el gobierno superior, es decir, por orden del rey o del virrey, claro que la voluntad del virrey estaba sujeta a ratificación del monarca. Aunque esta era la norma, factores como la ubicación geográfica de Chile y las contrariedades derivadas de la guerra propiciaron algunas gobernaciones de origen interino, con nombramientos dirigidos por los cabildos o por los gobernadores previo a su deceso en un testamento (Rosales 1877). Estas excepciones eran de carácter estrictamente temporal, teniendo como fin último el orden provisional y en ningún caso representaron intentos de autodeterminación o autogobierno (Levillier, 1921)¹. Pedro de Valdivia fue nombrado gobernador por primera vez en nombre de los vecinos y cabildos de Chile cuando aún ostentaba el cargo de teniente de gobernador del Perú. Valdivia, en ese entonces consciente de la seria irregularidad que representaba el aceptar el cargo, solicitó en reiteradas oportunidades su ratificación en nombre del gobierno superior, aunque -en la práctica- era el gobernante indiscutido del reino.

Las gobernaciones interinas también podían ser sumamente problemáticas. Los interinos Pedro de Villagra y Pedro de Vizcarra se enfrentaron a un complejo escenario de recelo y desconfianza en el reino y fuera de él, a raíz de la cuestionable legitimidad de su ascenso al cargo. La gobernación interina de Villagra terminó en una destitución con uso de la fuerza comandada desde el Perú (Barros Arana 2000b [1884]; Medina 1902²).

Los gobernadores, por lo tanto, debían obediencia al gobierno superior: tal como este les encomendaba el cargo, podía separarlos de él. La finalización del cargo no tiene una connotación intrínsecamente negativa, pero si esta tenía relación con sospechas de irregularidades en la gestión los gobernadores arriesgaban un juicio de residencia o la apertura de una causa, que en muchos casos era de carácter rutinario. No obstante, en el caso de evidenciar faltas, el castigo podría ser cumplir condena en prisión y, en consecuencia, significaba el fin de su carrera política (Hahn & Miranda 2001).

3. Discusión: dimensiones del poder en la gobernación

Para comprender el poder del gobernador, describiremos las principales atribuciones en que se materializó este y que devienen del estudio de las 14 gobernaciones durante el siglo XVI. A partir de esta reconstrucción de su poder, se establece un marco de referencia para comprender la interacción del gobernador con otros actores, así como también identificar si existen variaciones en el tiempo en cuanto a las facultades que los gobernadores ostentaron entre las distintas administraciones. El proceso de reconstrucción de las atribuciones deviene del estudio de material histórico de cada administración, así como de las descripciones formales del poder del gobernador. Se contrastan así los poderes formales y escritos del gobernador y las atribuciones que ejerció en la práctica. A continuación, describimos las principales formas de ejercicio del poder.

Repartimientos

La importancia de la guerra no solo radica en la ocupación del territorio, sino también en el deseo de someter a la población indígena y hacer uso de ellos como mano de obra (Contreras 2017; Casanueva Valencia 1998; Núñez de Pineda 1863). Tal fue la importancia de la posesión de indígenas, que la mano de obra era indispensable para todo aquel que quisiera acceder a riquezas derivadas de la extracción de metales preciosos. Es en la institución de la encomienda donde encontramos una manifestación de la dinámica señorial de la corte española (Latasa 2004). La entrega de indígenas era una institución social de premiación a fieles y cercanos: los gobernantes entregaban porciones de indígenas o repartimientos de indios a sus subalternos, asegurándose la legitimidad y simpatía de sus gobernados (Contreras 2017; Latasa 2004; Rosales 1877). Siguiendo esta lógica, los repartimientos también podían transformarse en un mecanismo de coerción, despojando de sus posesiones a subalternos como forma de castigo.

Entendiendo el fin utilitario con el que se trató a la población indígena, cobra sentido la incesante ambición hispana de ocupar mayores porciones de territorio. Se desvela así una lógica circular: el territorio provee de más indígenas para repartir, los indígenas dominados aumentan la mano de obra extractora de metales, aumentando las riquezas y reproduciéndose así el ciclo (Rosales 1877).

Si la capacidad de hacer repartimientos empoderaba al gobernador, la ausencia de estas posesiones posicionaba a los gobernantes en una desagradable situación de desprestigio frente a los vecinos conquistadores, que esperaban acceder a repartimientos como recompensa. Una forma de juzgar la labor del gobernador era su capacidad de proveer de indígenas a su población (Goicovich 2019; Concha 2016; Barros Arana 2000a [1884]: 220). Una evaluación desfavorable del gobernador lo arriesgaba a ser objeto de acusaciones ante las instituciones de la Corona, responsable de su nombramiento (Levillier 1921a³; Medina 1897⁴).

Dirección de la guerra

La particularidad de la guerra en Chile llevó a Turner Bushnell (2002) a definir esta gobernación como frontera estratégica de gran importancia. La amenaza latente de conflicto establecía la necesidad imperante de tener gobernantes capacitados en la guerra, así como de vecinos dispuestos a librarla y prestar auxilio económico de forma constante. Combatir y defender cuando fuera necesario era la única manera de asegurarse un territorio cuya apropiación definitiva siempre fue incierta.

La guerra mantuvo a los gobernadores ocupados en sus funciones militares: la preparación y dirección de las huestes, la solicitud de apoyo económico o de tropas a los vecinos, así como las peticiones de socorros al Perú y a la Metrópoli para cubrir los gastos emanados de la incesante guerra.

Al igual que con los repartimientos, la guerra funcionaba como otro parámetro de evaluación del desempeño de los gobernadores. La guerra consistía en mantener a raya a los naturales en el territorio ocupado, así como garantizar la mantención de establecimientos. En la medida que estos aumentaban, también lo hacían los repartimientos de indígenas y, en consecuencia, la mano de obra necesaria para la extracción de minerales y el trabajo de las tierras (Rosales 1877). Considerando estos factores, el retroceso en la guerra implicaba para los vecinos incurrir en onerosos gastos (derramas), así como también arriesgar su propia integridad para formar parte de la guerra.

La dirección de la guerra encabezada por los gobernadores era otra de las formas de ejercer su autoridad mediante los nombramientos. El nombramiento de sus subalternos en cargos como maestre de campo o teniente de gobernador recaía sobre sus funcionarios de confianza, quienes eran promovidos en su carrera política y dotados de algunos privilegios como mercedes de tierra y repartimientos (Rosales 1877). No es casualidad que quienes ostentaron estos cargos de confianza más tarde se convertirían en gobernadores (Rosales 1877).

Administración de la justicia

La justicia durante la Corona Española se manifestó en forma de coerción y vigilancia hacia los vasallos del rey. La justicia upervisaba el ejercicio de la representación y la obediencia hacia los mandatos del monarca y de la fe cristiana (Barrientos Grandón 2010). A lo largo de las gobernaciones del período, esta función sufre una serie de variaciones en términos de quién asumía tal potestad y qué facultades se concentraban bajo este poder. Esta atribución fue una de las principales preocupaciones de los gobernadores, puesto que la administración de la justicia era lo más cercano a un contrapeso institucional en el territorio y muchas veces fue utilizada como medio para manifestar las ambiciones de poder de quienes anhelaban la gobernación.

En un principio, durante el gobierno de Valdivia, la administración de la justicia no se diferenciaba de quien ejercía la gobernación y, en consecuencia, el gobernante tenía un mayor margen de acción y discrecionalidad. A partir de la gobernación de García Hurtado de Mendoza, esta atribución pasa a distinguirse formalmente del gobernador y es encomendada al teniente de gobernador. De esta manera, aumenta el número de jugadores con poder de veto en el reino (Barros Arana 2000a [1884]; 2000b [1884]; Levillier 1921⁵; Medina 1901a⁶, 1898⁷, 1897⁸, 1896⁹; Gay 1845).

Finalmente, la administración de la justicia pasa a ser jurisdicción de la Real Audiencia, como consecuencia de la acumulación de irregularidades y acusaciones de abuso de poder. La Real Audiencia era una solución a este problema

3.1. Identificación de actores relevantes en el reino y sus repertorios de acción

Identificar las atribuciones del gobernador comprende el primer paso en el objetivo de desentrañar las dinámicas de poder en la gobernación. Esto no es suficiente si ignoramos respecto a quiénes se ejerció ese poder y bajo que contextos, así se evita caer en explicaciones de carácter unidimensional y poco realistas.

La progresiva evolución y complejización del entramado institucional en el reino tiene como consecuencia lógica el aumento de actores con poder de veto y, por tanto, de intereses en pugna que, como veremos, responderían en gran parte al propio contexto en el que se posicionan estos actores. Para esto, definiremos los principales repertorios de acción, con el objetivo de identificar a actores y sus respectivos incentivos.

Entenderemos por repertorios de intervención de los actores las siguientes acciones: primero, el intercambio epistolar, principal medio de comunicación a partir del cual los habitantes del reino podían no solo informar del estado del reino, sino también emitir acusaciones o denuncias en contra de los gobernantes con el objetivo deseado (o no) de suscitar respuestas en la toma de decisiones desde los órganos del gobierno superior. Estas decisiones podían abarcar: la destitución del gobernador, modificaciones en la distribución del poder en el reino, reformas al sistema de repartimientos, envío de socorros al reino, entre otras. Las reacciones de la Corona al intercambio epistolar podían ser muy variadas, de ahí se desprende la importancia de este medio que ha sido destacado por autores como Pilar Latasa (2004).

Un episodio ilustrativo es la creación formal de la Real Audiencia de Chile en 1565 por orden de Felipe II, a raíz de una serie de denuncias sobre las incesantes luchas por el poder en el reino. Con la Audiencia, se esperaba la instauración definitiva de un gobierno imparcial (Barrientos Grandón 2010; Barros Arana 2000b [1884]; Rosales 1877; Núñez de Pineda 1863; Gay 1846). Asimismo, durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza, el gobernador era consciente de las acusaciones de las que era objeto, por lo cual agotó todas las instancias para impedir la salida de cartas del reino (Barros Arana 2000b [1884]; Medina 1901a¹⁰).

En segundo lugar, definimos al segundo repertorio como acción directa, vale decir, los habitantes del reino ya no actúan como intermediarios, sino que responden explícitamente a las decisiones y políticas emanadas del gobierno en Chile. Ejemplos de acción directa son protestas y bloqueos hacia los llamados de guerra negándose a aportar con los medios necesarios para la realización de campañas y expediciones, así como también lo son acciones directas, declaraciones de los cabildos de las ciudades en nombre de los intereses de los vecinos ante circunstancias que les afectaban directamente, como ocurría con la amenaza de los establecimientos hispanos producto de la guerra. Por último, otra forma de contestación directa, pero más radical fueron los intentos de hacerse con el poder del gobernador motivados por la ambición de otros conquistadores (Barros Arana 2000b [1884]).

Quienes ejercían la acción directa no sólo eran habitantes del reino. Una particularidad de este repertorio es que, por definición, concierne al gobierno superior y las políticas emanadas hacia el reino. Aquí podemos encontrar: instrucciones de relevancia menor, así como decisiones de gran complejidad que impactarían en la institucionalidad del reino y la división de poder al interior de este. La creación de la Real Audiencia, la instauración del cargo de teniente de gobernador, el nombramiento y destitución de gobernadores, así como la creación del ejército en el reino de Chile son ejemplos de estas decisiones provenientes desde afuera.

El gobierno superior

Esta institución que encabezaba la Corona Española estaba compuesta por actores como el monarca, el virrey como representante del monarca en el Perú y la Real Audiencia de Lima. Durante el período, se puede extrapolar a partir de las peticiones de la Corona, la orden de finalizar la guerra contra los indígenas por medio de la ocupación definitiva de los territorios y la conversión de los nativos a la fe cristiana, a través de la benevolencia. Sin embargo, es posible que el mandato más importante para la Corona fuera el engrosamiento de las arcas fiscales del imperio mediante el envío constante de remesas de oro y plata a la metrópoli (Casanueva Valencia 1998; Rosales 1877). El mandato real de envío de riquezas se contrapone a la compleja situación al interior de Chile a causa de la guerra, por lo cual, las incesantes solicitudes de auxilios y socorros significaban una gran contrariedad y forjaban una desfavorable reputación del gobernador a ojos de la Corona (Núñez de Pineda 1863).

Otro de los aspectos por los que vela la Corona es respecto del nombramiento de gobernantes cuyo perfil se acercara tanto como fuera posible al ideal de representante probo e impoluto, cuyos intereses fueran -ante todo- la Corona y la fe cristiana (Levillier 1921a¹¹; Medina 1901a¹²).

La postura de la Corona de privilegiar -ante todo- la benevolencia en la guerra se explica, en parte, por el desconocimiento del acontecer en el reino y de la rudeza y estragos que causaba, la miseria en la que se encontraban sumidos los habitantes y la pobreza de los efectivos de las huestes, a quienes les faltaban recursos para pelear, comer y vestir (Goicovich 2019; Núñez de Pineda 1863). Todo el saber del acontecer del reino al que podía acceder el rey era aquel que estaba contenido en las cartas y relaciones, así como por medio de los testimonios de vasallos que regresaban a la metrópoli.

Este escenario motivó que las decisiones emanadas de la Corona se basaran únicamente en base a lo relatado en las cartas. De esta manera, las decisiones tuvieron una fuerte impronta particularista influida por las realidades descritas que se traducirían en instrucciones y cédulas reales (Goicovich 2019).

Esta forma de formular e implementar las políticas por parte de la Corona refuta la idea de que los territorios se gobernaron bajo lineamientos rígidos y generales, a la vez que explica por qué las instituciones políticas, económicas y sociales del reino presentan importantes variaciones durante el período, tal como se observa en la creación y supresión de organismos, juicios de residencia, instrucciones reales, cambios en la política de trato a los indígenas etc., que simbolizan el paralelismo de un gobierno superior que aprende sobre la marcha acerca de los territorios que gobierna (Concha 2016; Goicovich 2019; Hahn & Miranda 2001; Levillier 1921¹³; Medina 1901a¹⁴, 1899¹⁵).

Ante esta realidad, no es casualidad que durante el período hayan existido: un periodo de gobierno acéfalo encargado a los cabildos, una real audiencia que más tarde se disuelve, e incluso un gobierno con independencia del Perú, como lo fue el de Alonso de Sotomayor (Barros Arana 2000 a, b [1884], 1873; Medina 1901a¹⁶, 1897¹⁷; Gay 1845).

La Iglesia

Conforme la Iglesia se va consolidando, se observan divisiones internas sobre la política hacia los indígenas. Parte de esta institución aboga de forma sostenida por el buen trato a los naturales y defiende que el único método de persuasión de estos fuera mediante su conversión a la fe cristiana. Este posicionamiento fue el de algunos obispos, órdenes religiosas y clérigos que suscitaron una preocupación adicional para los gobernadores, quienes estaban bajo constante vigilancia respecto de sus acciones en la guerra, mientras que los gobernadores solo buscaban concluirla tan pronto como fuera posible, haciendo uso del terror y cruentos castigos (Núñez de Pineda 1863).

Durante el gobierno de García Hurtado de Mendoza se advierte este conflicto, pues los clérigos de confianza del gobernador deciden supervisar presencialmente la forma en que se llevaban las expediciones, limitando considerablemente el margen de acción de los hispanos. El sistema de repartimientos y de encomiendas, por otra parte, también suscita una serie de conflictos en el reino, pues miembros de la Iglesia impulsaron que desde la Corona se implementaran reformas más benevolentes (Barros Arana 2000b [1884]). Esta materia generó disputas entre la Iglesia y el gobierno respecto de la jurisdicción de las encomiendas (Gay 1846).

Representantes de la justicia

El teniente de gobernador y los jueces de la Real Audiencia fueron, en distintas etapas, los responsables de la administración de la justicia en el reino. Una de las principales funciones de los representantes de la justicia era fiscalizar el cumplimiento de una correcta gestión del gobierno. Esta competencia, por cierto, podía utilizarse instrumentalmente en función de la codicia por el poder, algo recurrente en los tenientes de gobernador, quienes muchas veces buscaron sustituir al gobernador.

Durante el siglo XVI se presentan numerosos sucesos que enfrentan al gobernador y teniente de gobernador. Uno de los elementos que reforzó este antagonismo fue la legitimidad con la que ambos personeros llegaron al cargo. Con el gobierno de García Hurtado de Mendoza, tanto el gobernador como el teniente de gobernador eran nombrados desde el exterior. Lope de Azócar es un buen ejemplo, que describe cómo un teniente de gobernador intentó remover del poder al primer mandatario del reino cuando este era Alonso de Sotomayor (Barrientos Grandón 2010; Barros Arana 2000b [1884]; Gay 1846). Los tenientes de gobernador podían utilizar su influencia para acusar al gobernador, o desprestigiarlo, exponiendo sus fallas frente al reino. Distinta fue la situación de la Real Audiencia que, en general, se enfrentó en términos de disputas por jurisdicción, debido a la poca claridad de las competencias y atribuciones de cada cargo.

Habitantes del reino (cabildo, vecinos y encomenderos)

Los habitantes del reino se agruparon en cabildos levantados en cada una de las ciudades. Estos representaban la unidad básica de representación territorial y tenían como principal objetivo defender los intereses de los vecinos, principalmente intereses materiales, como asegurarse los bienes para subsistir, o bien obtener riquezas que, en el caso de los vecinos encomenderos, era tener posesión de indígenas de encomienda (Barros Arana 2000a [1884]; Rosales 1877). Francis Goicovich (2019) define a los encomenderos como uno de los grupos con mayor poder en el reino.

Para los vecinos, el cabildo fue el canal institucional mediante el cual se expresaban sus principales inquietudes y se las hacían llegar al gobernador, más aún, los cabildos fueron el núcleo a partir del cual se vincula el elemento de representación y el territorio. Esto se puede apreciar en las demandas de los vecinos que, además de ser materiales, también llegaron a incluir demandas políticas de participación, como la petición de mayor rotación en los cargos del cabildo al gobernador Pedro de Valdivia (Gay 1846).

La importancia del cabildo se constata con mayor fuerza a partir de la muerte de Pedro de Valdivia, cuando, por orden del Virrey, el Cabildo pasa a dirigir el reino provisionalmente tras la disolución real del gobierno unitario, haciéndose patente su liderazgo por sobre las pugnas entre los distintos bandos del reino (Barros Arana 2000b [1884]; Medina 1898¹⁸, 1897¹⁹, 1896²⁰; Rosales 1877; Gay 1845).

Pese a que los vecinos carecían del mismo peso político y simbólico de la Iglesia y las instituciones de la justicia, tenían el poder de generar un daño considerable a la gestión del gobernador, en especial cuando los vecinos protestaban y se oponían a colaborar con derramas para la guerra (Goicovich 2019; Contreras 2017; Barros Arana 2000b [1884]; Núñez de Pineda 1863). Es por esto que una de las obligaciones para quien ocupara la gobernación era ganarse la gracia de los vecinos, por medio de la entrega de repartimientos, garantizando de esa manera la continuidad de la guerra. Finalmente, eran estos quienes movilizaban las campañas, ya que los auxilios desde el exterior eran escasos y tardíos. En conclusión, la relación entre los vecinos y el gobernador era de mutua dependencia.

3.2. Dinámicas del poder y sus determinantes

¿Qué factores moldearon las dinámicas de poder en la gobernación?, ¿Cómo se explican los intercambios de intereses entre los distintos actores en competencia? Proponemos una aproximación a estas respuestas desde el contexto del reino de Chile. En este sentido, las relaciones de poder se habrían configurado a partir de la interacción entre los intereses de los actores y ciertos patrones dados por el contexto espacial y temporal. Procedemos a explicar en qué consiste esta explicación.

3.2.1. Una coyuntura crítica

La gobernación, durante el siglo XVI, es una etapa originaria de la organización del territorio que conoceremos como Chile, por lo que el período puede considerarse sin duda alguna una coyuntura crítica, es decir, una etapa que será crucial para definir el devenir de la política. El gobierno de Pedro de Valdivia ejemplifica cómo la gobernación se fue construyendo de forma paulatina con el quehacer que reportaba lo cotidiano, sin contar con una hoja de ruta, y donde una característica fundamental para el éxito era ser un gobernante multifacético: el gobernador labraba la tierra, hacía la guerra y estaba a la cabeza del reino (Barros Arana 2000a [1884]; Concha 2016). A su vez, esto se explica por la propia empresa de conquista, por la forma en cómo se incorporaron estos territorios a la Corona y cómo se instalaron los gobiernos una vez “descubiertas” las colonias. En la práctica, esto demandaba una empresa extremadamente compleja. La Corona debía autorizar las expediciones, nombrar a los gobernantes y ordenar lineamientos según cada caso. Todo, con un océano de por medio. El ejército de Chile solo se crea tras sesenta años de contrariedades y pesares de la guerra (Casanueva Valencia 2017; Concha 2016).

Considerando las transformaciones institucionales bajo las cuales mutó la política en el reino de Chile, no deja de ser llamativo cómo el gobierno unipersonal termina imponiéndose como forma de hacer gobierno, es decir, cómo el gobernador se mantiene como líder indiscutido del reino. Esto nos demuestra cómo la historia institucional funciona bajo la lógica de sendero dependencia. Desde un principio, el reino se gobierna bajo un líder, condición que se refuerza con las circunstancias y que, finalmente permanece, incluso tras la creación de la Real Audiencia y los sucesivos intentos de concentración y desconcentración del poder.

3.2.2. El contexto bélico

El escenario en el que se sitúa la gobernación moldea las expectativas de los actores insertos en él, así como los intereses que movilizarán su accionar, definiéndose así la política. Los gobernadores y habitantes del reino de Chile se enfrentaron al dilema constante de vivir y gobernar en un territorio sobre el cual no tenían certidumbre, ante la constante amenaza de ser recuperado por los indígenas.

La guerra se mantiene constante durante sesenta años de enfrentamientos de distinta complejidad y magnitud: desde las correrías y pillajes, hasta grandes batallas de campo abierto. Todas estas ofensivas y contraofensivas nunca tuvieron resultados decisivos (Concha 2016). La guerra obliga a pensar que toda acción en el reino se puede entender como reactiva, frente a lo que deparaba el conflicto bélico, sin que se pudieran establecer preocupaciones de otra naturaleza. Los habitantes del reino vivían para hacer la guerra: si esta se mantenía exitosa, es decir, en constante avance, el gobernador se encontraba en un contexto favorable, gozaba de mayor aprobación y de un vecindario mucho más cooperador. En caso contrario, el gobernador era el único señalado como responsable de toda derrota y estado de miseria a causa de la guerra. Este contexto desfavorable era propicio para la aparición de actores que buscaban disputar el poder y capitalizar el descontento de los pobladores en el impulso de su carrera política (Gay 1846). Lo cierto es que, a través de la guerra, siendo exitosos o no, se evidencia el peso que tenían los gobernadores como líderes indiscutidos.

Durante la gobernación de Francisco de Villagra, se produce un repliegue del avance hispano en la guerra que obliga la suspensión temporal del funcionamiento de los lavaderos de oro. Esta situación ocasiona que Villagra sea acusado de ineptitud como gobernante. La percepción hostil hacia la gobernación de Villagra empeora aún más debido a la llegada de la viruela a Chile, enfermedad que cobra numerosas bajas en el reino y, en especial, entre las huestes y los indígenas (Barrientos Grandón 2010; Levillier 1921²¹; Medina 1901b²²).

Un ambiente similar se produce durante la gobernación de Martín Ruíz de Gamboa, gobernador que promulga la infame tasa de gamboa, política que implementa cambios drásticos a la política de la encomienda, profundizando algunas de las restricciones que la tasa de Santillán había impuesto hacia los encomenderos. La medida provoca la indignación de dos grupos que se enfrentan entre sí: la Iglesia, calificando de severas las condiciones a las que se exponía a los indígenas, y, por otro lado, los encomenderos viendo seriamente amenazados sus intereses económicos (Goicovich 2019). La impopularidad de Ruíz de Gamboa conduce a su salida del gobierno y a la obligación de someterse a un juicio de residencia, en el que es declarado culpable y condenado a prisión (Barros Arana 2000b [1884]; Gay 1846).

3.2.3. El efecto del contexto sobre las gobernaciones: casos cruciales

Los elementos ya esbozados se entrelazan a partir del estudio de casos. Las gobernaciones estudiadas evidencian cómo el contexto y los sucesos acontecidos en el reino tienen influencia sobre las políticas dictadas para el territorio y, en específico, cómo estas transforman las atribuciones de cada uno de los gobernadores. De las 14 administraciones que componen el período, cinco de ellas describen con claridad cómo opera este mecanismo.

La evidencia resulta enriquecedora, pues posiciona a la realidad chilena como ejemplo paradigmático de la importancia de estudiar la política desde cada uno de los territorios y cómo construir relatos que diferencien a su historia de la metrópoli y del virreinato del Perú. A su vez, el particularismo bélico del contexto chileno es de relevancia causal, ya que permite establecer premisas contrafactuales como preguntarnos qué habría sucedido en situaciones similares sin la presencia de la guerra, siendo esta un punto de referencia útil para la comparación.

La gobernación de Valdivia, que marca la creación del gobierno en Chile, muestra a un gobernador altamente poderoso, en términos de concentración de facultades y fortalecido por la poca diferenciación y desconcentración institucional en ausencia de contrapesos formales. De esta manera, Valdivia ejerce su poder con gran margen de discrecionalidad, especialmente durante los primeros años de gobierno, previo a su nombramiento oficial como gobernador (Barros Arana 2000a [1884]; Medina 1896²³).

Tabla 2.

variaciones de atribuciones en casos críticos de gobernaciones

Fuente: Elaboración propia en base a Goicovich (2019); Barros Arana (2000 a, b y c [1884]); Medina (1898, 1897, 1896); Gay (1846, 1845).

Una vez ratificado por el gobierno superior, Pedro de Valdivia comienza a ser fiscalizado por parte del Perú. Tras ocho años de mandato es sometido a un proceso judicial como consecuencia de las acusaciones en su contra originadas por sus enemigos en el reino (Barros Arana 2000a [1884], 1873; Medina 1896²⁴; Rosales 1877; Gay 1846). Entre las acusaciones que se le imputan figuran la usurpación de metales preciosos y el uso violencia desmedida hacia los habitantes del reino.

No obstante, y como fue una tónica durante el período, desde el Perú se le perdonan estas faltas debido al prestigio que se hizo mitigando la revolución liderada por Francisco Pizarro, así como a causa de las remesas de oro que Valdivia entregó a la Corona (Medina 1897²⁵, 1896²⁶; Rosales 1877).

En 1555, transcurrida la crisis política del llamado “gobierno acéfalo” (Barros Arana 2000b [1884]), llega la gobernación de García Hurtado de Mendoza, gobernador de origen noble e hijo del entonces virrey del Perú. Esta administración marca un punto de inflexión en la distribución formal del poder político, al separar la facultad de administración de la justicia de las atribuciones del gobernador y traspasar esta función al teniente de gobernador (Barros Arana 2000b [1884]; Levillier 1921²⁷). No obstante, este presunto contrapeso no se llega a evidenciar en la práctica, debido a la relación padre-hijo del gobernador con el Virrey del Perú y debido al peso de la nobleza por sobre el rigor y vigilancia de del poder de la Corona (Medina 1901a²⁸; Gay 1845).

El gobierno de García Hurtado de Mendoza se vio empañado por denuncias de agravios que lo apuntaban como responsable de excesos de violencia y usurpaciones de repartimientos (Medina 1901a²⁹). En efecto, la llegada de García al reino se produce a punta de armas y con el encarcelamiento de Francisco de Villagra y Francisco de Aguirre, ambos quienes se disputaron la gobernación, evitando así toda amenaza a su poder (Barros Arana 2000a [1884]; Levillier 1921³⁰). A pesar de la fama de autoritario que se hizo el gobernador, una vez que abandona el reino, es recordado con gran estima debido a la excelente reputación que se formó a partir del avance en la ocupación de territorios (Barros Arana 2000a [1884]; Medina 1901a³¹).

El estudio de la administración de García Hurtado de Mendoza debe tener en consideración ciertos elementos antes de elaborar conclusiones. En primer lugar, durante este gobierno se introduce la figura de teniente de gobernador con atribuciones de justicia mayor, pero esta solo tiene implicancias formales, puesto que en la práctica estaba supeditado al gobernador. En segundo lugar, García contaba con la protección de su padre, el virrey del Perú, quien al momento de nombrarlo le asigna privilegios sin precedentes entregados a un gobernador en el reino. Así, García en su llegada cuenta con una corte de consejeros, un salario dos veces superior al de Valdivia, entre otras comodidades.

Sin embargo, estas circunstancias no logran evitar que Hurtado de Mendoza sea sometido a un juicio de residencia. Posiblemente esta determinación deviene del uso indebido que este gobernador hace de las arcas fiscales, siendo la economía la preocupación primordial de la Corona (Barros Arana 2000b [1884]; Levillier 1921³²; Medina 1901a³³).

Pasando a 1568, la administración de Bravo de Saravia llega tras el intento falido de instaurar una Real Audiencia en Chile, reconcentrándose nuevamente el poder en manos del gobernador. Pese a esto, mientras el tribunal abandonaba sus funciones, los oidores y el gobernador cohabitan en la organización del reino, desencadenándose conflictos principalmente a causa del carácter difuso de los límites de jurisdicción de cada una de las partes, lo que sucede especialmente con los repartimientos. Esta rivalidad produce un tenso clima político, que colisiona con el estado de repliegue de la guerra. Como resultado, las atribuciones de Bravo de Saravia son limitadas drásticamente, ordenándosele hacerse cargo solo del mando de la guerra (Barrientos Grandón 2010; Barros Arana 2000b [1884; Gay 1846). Nuevamente el peso del contexto tiene repercusiones en la organización política del reino y su distribución del poder.

Alonso de Sotomayor encabezó una de las gobernaciones más poderosas del período, cuyas atribuciones son conferidas formalmente por la Corona, a diferencia de lo sucedido durante la también poderosa administración de Valdivia. Felipe II confiere a la gobernación de Chile el estatus de independiente del Perú, con una mayor autonomía en la toma de decisiones, sin embargo, esta independencia no solo era política, sino también económica, lo que obligaba a Sotomayor a prescindir de los auxilios del Perú justo en el momento en que la intensidad de la guerra obligaba a replegar el avance hispano. Alonso de Sotomayor no debía sortear únicamente la guerra contra los indígenas, ya que el territorio chileno también estaba siendo amenazado desde el frente marítimo de la mano de las expediciones corsarias de Cavendish y Merrick que causaron un estado de fuerte conmoción en la Corona y el Perú (Barros Arana 2000c [1884]).

Este alarmante contexto es aprovechado por el teniente de gobernador Lope de Azócar, quien intenta desplazar a Sotomayor del poder, aunque sin éxito. Las amenazas demandaban con urgencia e inmediatez la asistencia de la Corona y del Perú. Así, Felipe II revierte su decisión y Chile vuelve a estar bajo tutela del Perú, determinando, además, que Sotomayor sea separado del cargo y residenciado (Barros Arana 2000c [1884]; Gay 1846).

Llegando al final del período, la gobernación de Óñez de Loyola es una de las administraciones más críticas, debido al imparable avance de la guerra. El estado de miseria en que se encontraban los habitantes y la ausencia de recursos para apoyar las campañas, ocasionan que los vecinos den la espalda al gobernador y desistan de proveerle apoyo económico y contingente para la guerra (Casanueva Valencia 2017). Este bloqueo es sostenido por gran parte de los establecimientos del reino y, más tarde, es legitimado por el virreinato del Perú, que respalda la decisión de los cabildos, prohibiendo que el gobernador decrete derramas sobre los empobrecidos vecinos. La situación de imposibilidad de hacer la guerra y, por ende, de mantener la sobrevivencia del reino se veía agravada por el bloqueo político hacia la gestión del gobernador y toda posibilidad de retomar las campañas se desvanece.

El respaldo que entrega el Perú a la posición de los vecinos de Chile y la precariedad de las huestes, en su mayoría, sostenidas por los aportes de los vecinos a través de las derramas, transforman la visión que se tenía de la situación de Chile desde la metrópoli. Al tomar conocimiento, el gobierno superior atribuye la extensión de la guerra a la ineptitud de los gobernadores y culpa a los conquistadores de extender la guerra a causa ambición por conseguir ayudas económicas. En efecto, la hipótesis de la ambición se ha planteado en la literatura (Casanueva Valencia 1998; Concha 2016), aunque siempre contrastando este factor con el temple y resistencia de los indígenas en Chile, quienes impresionaron a los capitanes hispanos, de notable trayectoria militar, pero ajenos a las tácticas de los naturales.

La incapacidad de la Corona para dimensionar la gravedad de los hechos en Chile toma otro rumbo a partir la muerte de Óñez de Loyola, durante la derrota de Curalaba en 1598, suceso traumático que causa gran conmoción en los habitantes del reino (Barros Arana 2000c [1884]). Se estaba en presencia de lo temido, la permanencia de los establecimientos y la continuidad del proyecto de conquista en Chile estaban bajo seria amenaza. El peligro no solo radicaba en la contraofensiva indígena hacia los establecimientos, sino también en la importancia estratégica de Chile, territorio abastecedor de materias primas del Perú, pero más aún, debido a su localización como puerta de entrada al Virreinato (Concha 2016; Casanueva Valencia 1998).

4. Conclusiones

El paradigma colonial y su óptica de la organización y el ejercicio del gobierno en la Corona española debe ser revisitado. El escaso tratamiento que se ha dado a la construcción de una sistematización de la estructura de poder durante el siglo XVI tiene repercusiones en la recreación de estas dinámicas para cada uno de los territorios, más allá de la metrópoli y del Virreinato. Las particularidades propias de Chile desafían a la teoría e invitan a repensar la teorización del poder.

Entre los hallazgos que aporta el caso chileno, se evidencia que los gobernadores habrían ejercido un poder disímil a cualquier lineamiento general y ostentarían, en ocasiones, mucho más poder del que la teoría permite capturar. Más aún, las pautas trazadas muestran a la gobernación como una institución conformada desde su propio escenario, en una lógica de poder más bien de tipo concéntrica, en lugar de periférica respecto de la metrópoli. El reino, como comunidad política, configura desde su realidad los intereses de los distintos actores y, en consecuencia, condiciona el juego político producto de estas interacciones. La territorialidad en este sentido es un claro ejemplo de cómo se forjan instituciones desde la práctica in situ, como se observó con los cabildos, que se presentan como un fenómeno propio de la política indiana.

De la misma manera, el período revisado vislumbra la importancia de dimensionar a estas etapas de la historia como coyunturas críticas con su respectiva relevancia causal en el largo plazo. Es decir, desde la construcción de lo que más tarde sería el sistema político chileno y la conformación de las instituciones en Chile. El período merece mayor atención de carácter sistemático, después de todo, la gobernación como gobierno unipersonal marca un legado de sendero dependencia en la distribución del poder en Chile.

A partir de lo estudiado, no se encuentran patrones lógicos ascendentes o decrecientes en cuanto al poder del gobernador, más bien, el contexto de institucionalidad naciente, en conjunto con la trastienda bélica motivan una constante construcción y reconstrucción del cargo de gobernador, plasmada en iteraciones de mayor y menor concentración de atribuciones para cada una de las gobernaciones revisadas.

Finalmente, factores coyunturales como la guerra civil en el Perú, los demás desafíos bélicos de la monarquía hispana y las expediciones corsarias, refuerzan la particularidad con la que se va desarrollando la política y, por tanto, estos influyen, creando contextos en que la Corona interviene o decide no hacerlo, condicionan bajo qué lineamientos es más probable que el gobernador se enfrente a un mayor contrapeso o vigilancia de sus funciones y desencadenan contextos a través de los cuales podemos observar una variación de estas atribuciones formales o en la práctica. Así, el contexto bélico y el tratamiento antagonista que se le da al conflicto por el territorio en contra de los indígenas funciona como motor para definir los intereses de cada uno de los actores en el juego político y las interacciones que estos construyen.

Sin duda, el complejo escenario que caracterizó a la construcción de la gobernación en Chile deja en evidencia la necesidad de generar explicaciones más profundas, enfocadas en los casos y con un tratamiento sistemático, que permita evaluar posibles senderos de dependencia y pensar en contrafactuales: ¿qué habría sido de la política de Chile con una política de guerra diferente?; ¿por qué es importante diferenciar casos como el chileno del peruano?; ¿fue la guerra un factor crítico y estructural que definió a Chile desde su comienzo y, más aún, que marcó a la política de Chile hasta nuestros días?

Agradecimientos

El presente artículo es resultado de un trabajo de tesis de pregrado en el marco del proyecto de investigación Fondecyt de Iniciación 11190354.

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Notas