1. Introducción

Diversos estudios históricos han señalado que la zona del carbón estuvo caracterizada por permanentes y agudos niveles de pobreza (Benedetti 2019; Videla, Venegas y Godoy 2016; Ortega 1992). Para el periodo en estudio (1960-1970), estas condiciones de vida derivaron en uno de los momentos más álgidos del movimiento obrero, conocido como “la huelga larga de 1960” (Benedetti 2020; Venegas 2011, 2012). Según Venegas, a mediados del siglo XX, la visión sobre la vida en los minerales era catastrófica:

No sólo se vivía mal en las habitaciones de las empresas, sino que, además, las condiciones estructurales de analfabetismo, desnutrición, mortalidad infantil o el alcoholismo pintaban un cuadro dramático de la situación local (Venegas 2012a: 484).

Esta situación contrastaba con la información proporcionada por las mismas empresas carboníferas, las que con frecuencia difundían sus aportes al bienestar social de las familias mineras. Desde su punto de vista, los trabajadores contaban con

todas las conquistas del progreso: cine, teatro, radio, vacaciones, plazas de juego, hermosos parques que invitan a la meditación y al ensueño, modernos hospitales y clínicas, piscinas, clubes, campos de deportes, mercados, restaurantes, salario justo y seguridad social del modelo (Astorquiza y Galleguillos 1952).

Sin embargo, las malas condiciones de vida, más los insuficientes salarios, la peligrosidad de las faenas y el deterioro de las prestaciones asistenciales empresariales y estatales, marcaron el camino hacia la huelga de 1960. La situación económica y social no mejoró con posterioridad. Tal como advirtieron Torcuato Di Tella y otros autores (1966), existían grandes diferencias entre las condiciones de vida y trabajo de los mineros de Lota y los trabajadores de la Siderúrgica de Huachipato, estos últimos más cercanos a la idea de una clase media (Di Tella et al. 1966). Hacia 1970, el documental Reportaje a Lota también visibilizó el ambiente de miseria e incertidumbre en el que vivían los trabajadores mineros y sus familias (Venegas 2012a)

En esta misma década, se hizo evidente la denominada “crisis del carbón”, cuya expresión más relevante fue el descenso del consumo, al tiempo que aumentaba el uso del petróleo y la energía hidroeléctrica (Yañez y Garrido 2015, 2017; Endlicher 1986). La inviabilidad de la industria se vio agravada, además, por los altos costos de producción –resultado de las mismas características del proceso extractivo–, la no modernización oportuna de las minas y los altos niveles de endeudamiento de las empresas carboníferas (Moyano 2013; Aburto y Gutiérrez 1999). Según Aguirre, la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota y la Compañía Carbonífera y de Fundiciones Schwager fueron dos de las empresas privadas que más se beneficiaron con los créditos externos contratados por la CORFO durante la industrialización sustitutiva de importaciones (Aguirre 2020). Sin embargo, ni los créditos ni la fusión de ambas empresas –concretada en 1964– permitieron superar la decadencia del sector. Para Moyano, la subvención estatal a esta industria se mantuvo, incluso durante la Dictadura Militar (1973-1989), por motivos sociales y energéticos más que económicos (Moyano 2013). Aunque se trataba de “una actividad económica que perdía fuertemente su posición estratégica en la economía nacional” (Moyano 2013: 100), muchas familias dependían de esta fuente de trabajo y el país necesitaba contar con recursos energéticos propios. Además, las relaciones laborales se sustentaban en diversas prácticas de paternalismo industrial, las que, aun en retirada, seguían dando forma a una cultura paternalista (Venegas 2012a).

En la historiografía predomina, por tanto, un enfoque cualitativo sobre la pobreza y la crisis del carbón de los años 60. Ambos fenómenos han sido estudiados de forma más sistemática y desde diversas disciplinas académicas durante el periodo de instalación del modelo económico neoliberal, es decir, cuando la industria del carbón experimentó uno de sus momentos más complejos (Gatica y Guerrero 2000; Rodríguez y Medina 2011; Venegas 2012a; Moyano y Viveros 2012-2013; Moyano 2013). Bajo este modelo, los despidos masivos, las elevadas cifras de cesantía, la precarización laboral y la contención del movimiento sindical agudizaron el empobrecimiento de la zona, así como otras problemáticas sociales asociadas: los conflictos matrimoniales, la violencia en el hogar, la desesperanza en la juventud y el desamparo de la vejez (Aravena y Betancur 1999; Alfaro 2012; Sanzana 2015). Antes del cierre definitivo de las minas, el Estado impulsó en el año 1992 un programa de Reconversión Productiva y Laboral (Leyes 19.129 y 19.173), cuyo objetivo era fomentar el desarrollo de actividades económicas diferentes a la minería del carbón. Adicionalmente, se buscaba

dotar de nuevos conocimientos y habilidades a los trabajadores que quedarían cesantes y posibilitar con ello la reinserción laboral en actividades productivas nuevas que deberían instalarse en la zona (Moyano y Viveros, 2012-2013: 284).

A pocos años del inicio del programa, diversos estudios dieron cuenta de su fracaso, específicamente, porque éste no incorporó criterios psicológicos y socioculturales que permitieran una reconversión más eficiente e integral (Olate 1995; Muñoz 1995). Las minas carboníferas de Lota y Coronel cerraron en 1994 y 1997, respectivamente, en el marco de una crítica generalizada de la clase política y empresarial al mantenimiento de empresas estatales o subvencionadas por el Estado, consideradas como poco competitivas (Moyano y Del Campo 2012; Moyano y Viveros 2012-2013).

Los objetivos principales de este artículo son dos. Primero, mostrar que la crisis de la industria del carbón no inicia con las denominadas transformaciones neoliberales, sino que se arrastra desde al menos la década de 1960. Esta crisis era el reflejo de una economía que crecía a un ritmo menor al que sus sectores productivos necesitaban. Segundo, proporcionar evidencia cuantitativa y cualitativa para el estudio de las políticas económicas y las condiciones sociales en el mundo del carbón en el periodo 1960-1970.

En la primera sección abordamos las fuentes y la metodología para el estudio de la pobreza y la estimación de los ingresos reales. Elaboramos un enfoque comparativo regional basado en la propuesta de la CEPAL para el estudio de la pobreza de ingresos. Luego, analizamos los problemas estructurales del sector, relacionados con la abrupta baja del consumo nacional de carbón, el reemplazo de nuevas fuentes de energía, el uso y abuso de la subvención estatal y el conflicto obrero. Finalmente, se estudia la mejora pasajera a consecuencia de la sequía de 1968 y el ambiente previo a la estatización definitiva. En las conclusiones proponemos una interpretación crítica que pone acento tanto en las condiciones locales como en la dimensión nacional de las políticas económicas.

2. La pobreza de ingresos en la zona del carbón

Como en esta investigación nuestro propósito es abordar el problema de la pobreza regional, y no solo los ingresos reales, hemos decidido no recurrir al procedimiento utilizado con frecuencia en la literatura económica: la estimación del ingreso real en base al contraste entre el IPC y el ingreso nominal (Díaz, Lüders y Wagner 2016; Reyes 2017). Tampoco hacemos uso del enfoque estándar de la historiografía económica reciente (Santilli y Gelman 2016), más centrado en los siglos XVIII y XIX (Llorca-Jaña y Navarrete-Montalvo 2015). Hemos decidido, en cambio, adoptar la propuesta de Altimir (2001) y la CEPAL (1990). Esta aproximación tiene la ventaja de haber sido elaborada originalmente para la realidad histórica latinoamericana. Al igual que en la literatura internacional (Allen et al. 2011; Broadberry y Gupta 2006), el procedimiento se basa en la elaboración de una canasta básica de consumo. La diferencia es que, en este caso, la estimación del costo mínimo de la vida no se basa solamente en el precio de esta canasta, sino también en la relación entre el gasto total y el gasto en alimentación (coeficiente Engel) de un grupo de referencia: la población con ingresos que alcanzan ajustadamente a costear la canasta básica de alimentación (CBA). Se asume que estas personas logran satisfacer el mínimo de las necesidades no alimenticias. Este multiplicador es utilizado para estimar la línea de la pobreza (LP). Por ejemplo, si en el grupo de referencia, el gasto en alimentación equivale al 40% del gasto total, la LP es igual al costo de la CBA multiplicado por 2.5 (100/40=2.5). Nuestro parámetro no es, por tanto, el precio de la subsistencia material-biológica, como en la propuesta inicial de Allen (2001). Esto significa que el valor del salario real puede ser menor a una canasta básica familiar (que incorpore bienes y servicios no-alimenticios), sin que (necesariamente) se deba inferir que el grupo familiar no era capaz de sustentar la subsistencia. En términos metodológicos, pobreza no es lo mismo que subsistencia. En Chile, por ejemplo, a fines de los 1980s, un 38% de los hogares vivía con ingresos menores a la línea familiar (per cápita) de la pobreza, lo que no significa que la subsistencia material biológica de los grupos familiares estuviese en riesgo. Lo que en realidad significa – siguiendo los parámetros de la CEPAL – es que los grupos familiares no eran capaces de mantener una vida digna. En el contexto de esta investigación, un salario de 0.7, por ejemplo, quiere decir que el ingreso era equivalente al 70% del costo de mantener una vida digna según los estándares del lugar y la época analizada.

En la historiografía económica internacional, se suele recurrir a una canasta que incluye productos de alimentación y productos no-alimenticios, como energía, alquiler y vestimenta. El problema es que esta aproximación obscurece las tremendas diferencias globales en el estándar mínimo no-alimenticio y los cambios que este estándar puede experimentar con el transcurso del tiempo. Para el sostenimiento biológico mínimo de una persona contamos con indicadores absolutos, como los de la FAO (2000 kilocalorías diarias por persona, por ejemplo). Pero no sucede lo mismo con el tema de la vivienda y/o la vestimenta ¿Cuál es el valor mínimo suficiente de la vestimenta? ¿Qué es una vivienda digna? ¿Cómo analizar necesidades mínimas no alimenticias a través del tiempo? Estas interrogantes no se pueden resolver utilizando un parámetro único que no considere los cambios históricos en la estructura del gasto de los hogares. Es necesario un enfoque abierto que se haga cargo de esta dificultad.

El procedimiento que utilizamos consiste en los siguientes pasos. Primero, fijar el costo de la CBA para un año base (1960) con precios de Concepción. Para esto recurrimos al estudio de Casanova (2023). Luego proyectamos el cambio en el costo de esta canasta en función de tres indicadores: el IPC nacional de alimentación del Banco Central (2001), el IPC nacional de La República en cifras (2016) y el IPC de alimentación para la ciudad de Concepción, elaborado específicamente para esta investigación (ver Anexos Tabla A1). Este último IPC se basa en los precios regionales al por menor publicados en el Anuario de Comercio y Transporte del INE (85 ítems en total, 50 del rubro alimentación y 35 del rubro no-alimentación). El resultado son líneas de la pobreza que no difieren significativamente. De hecho, el valor que hemos estimado para la LP en 1970 en Concepción (E°8,2) es similar al propuesto por Altimir (E°8,1) para el área metropolitana de Chile en los primeros estudios sobre la pobreza en América Latina. En segundo lugar, hemos seguido la recomendación de Altimir (2001) y fijado el cociente entre el gasto total y el gasto en alimentación del grupo de referencia en 2.0, lo que significa que el valor de la LP corresponde al doble del valor de la CBA para cada año.

En posesión de un valor estimado probable del costo de la LP con los precios al por menor de Concepción, el paso siguiente es obtener los salarios nominales. Para esto recurrimos al Anuario de la Minería de Chile publicado por el Servicio de Minas del Estado de Chile. Esta fuente nos indica la cantidad de trabajadores por año y el gasto en remuneraciones de las empresas carboníferas de la zona. Con esta información es posible obtener el salario medio.

Tabla 1.

Salario nominal medio en la industria del carbón 1960-1970

Fuente: Ministerio de Minería, Servicio de Minas del Estado de Chile, Anuario de la Minería de Chile

Finalmente, contrastamos el salario nominal medio con el costo de la LP. En este punto es importante remarcar que utilizamos el costo de una LP familiar (LPF) conformada por dos adultos y tres menores¹, y no una LP individual. Para obtener el valor familiar de la LP hemos utilizado la escala de equivalencia OCDE-OXFORD (Mancero 2001), en la que se asume que el gasto en cada persona es menor en la medida en que aumenta el tamaño del grupo familiar (método Engel). Si el gasto de un adulto es igual a 1.0, cada adulto (mayor de 14 años) adicional añade un 0.7 al gasto familiar. Los niños (menores de 14 años) añaden un 0.5. Por tanto, para obtener el valor de la LPF, hemos multiplicado el costo individual de la LP por 3.2. Esta escala de equivalencia tradicional fue diseñada inicialmente para países que, como Chile en el periodo que abarca esta investigación, no habían establecido su propia escala. Si bien los parámetros actuales son diferentes, consideramos que esta escala es la más apropiada para el contexto histórico que intentamos analizar.

El resultado de contrastar el salario medio con la LPF se expone en el Gráfico 1. En la Estimación A se ha usado el IPC del rubro alimentación con precios de Concepción². En la Estimación B se ha recurrido al IPC nacional del rubro alimentación publicado por el Banco Central (2001). En la Estimación C se ha utilizado el IPC nacional general (sin distinguir alimentación y no-alimentación) de Díaz, Lüders y Wagner (2016). Los resultados no son tan diferentes. En los tres casos observamos un salario real cercano al 60% del valor de la LPF en 1960, un ciclo descendente hasta mediados de la década, y luego una recuperación parcial. Lo que nos indica la información del gráfico es que el salario real no aumenta a lo largo de la década (en 1960 era mayor, comparativamente, que en 1970) y que estamos en presencia de ingresos inferiores a la LPF en todo el periodo, en valores que bordean el 45% del costo de la LPF (Estimación A).

Gráfico 1.

Salarios reales en la industria del carbón 1960-1970 (LPF =1.0)

Fuente: Elaboración propia a partir de Casanova, (2023) y Dirección General de Estadística (1960-1970)³

Como el gráfico fue elaborado con el ingreso medio, es razonable inferir que los trabajadores con menores ingresos no pudiesen sustentar, con el salario, el nivel mínimo de subsistencia. Como no tenemos información del ingreso de cada trabajador, es lógico deducir que, en los grupos de menores ingresos, el salario fuese complementado con fuentes externas, como arriendo de piezas, horas extra, trabajo fuera de la industria carbonífera, bonos de la misma empresa carbonífera, trabajo infantil, entre otros. Si bien el salario medio no permite visualizar con claridad la situación de estos sectores, igualmente nos da un panorama general de la evolución de la industria del carbón. Si comparamos nuestros resultados con las estimaciones generales a nivel nacional realizadas por Matus y Reyes (2021), podemos constatar que la industria del carbón sigue un recorrido no tan distinto al del salario real nacional: una disminución en los primeros años de la década de 1960, seguido por un aumento en el periodo de las grandes reformas (1964-1971). No obstante, en el caso del carbón, la pérdida del valor real del salario en los primeros años es más marcada, por lo que la década finaliza con valores similares a los del comienzo. Fue, en términos de salarios, una década perdida.

Si se compara el desenvolvimiento del sector carbonífero con el resto de los sectores a nivel nacional, el panorama también es negativo. Para la comparación del Gráfico 2 hemos utilizado los ingresos nominales del Banco Central (2001) y Reyes (2017) y estimado el costo de la LPF con el IPC nacional de alimentación del Banco Central (2001). Pudimos constatar que el ingreso del carbón era cercano al promedio de la industria nacional en 1960 (ítem obreros), pero que la diferencia crece en el transcurso de los años. El salario del sector industrial alcanza el valor de la LPF en 1970, mientras que el del sector carbonífero se mantiene con valores cercanos al 45%. Incluso los ingresos de la Caja de Seguro Obrero (CSO) y el Servicio de Seguridad Social (SSS) eran mayores a los del carbón en la segunda parte de la década. Es importante destacar que en los registros de estas instituciones (CSO y SSS) se incluyen trabajadores agrícolas. Finalmente, podemos observar que el ingreso de empleados y miembros de las fuerzas armadas era equivalente a cuatro veces el salario medio del carbón en 1960, y cinco veces en 1970. Es decir, que el sector carbonífero, al menos en lo que respecta a la pobreza de ingresos, se queda atrás.

Gráfico 2.

Salarios reales en Chile 1960-1970 (LPF =1.0)

Fuente: Elaboración propia a partir de Casanova, (2023) y Dirección General de Estadística (1960-1970)⁴

Si observamos el desenvolvimiento del sector en perspectiva histórica, desde la Gran Depresión (1932) hasta los inicios de la Unidad Popular (1970), es posible tener una mirada más certera sobre la gravedad de la crisis carbonífera de los sesenta. Para la elaboración del Gráfico 3, hemos utilizado el costo de la CBA en Concepción en 1932 y el IPC de alimentación para Concepción publicado por la Dirección General de Estadística en el Anuario de Comercio y Transporte. En la primera estimación (Orshansky 2.0) hemos mantenido constante la relación entre gastos alimenticios y no alimenticios. En la segunda (Orshansky 1948=100), hemos fijado un año base y proyectado la diferencia en función del IPC de alimentación. El costo de la LP no difiere significativamente. Lo importante es que el ingreso real aumenta desde inicios de los treinta, hasta alcanzar su punto más alto en 1953. Luego, en la antesala de huelga de 1960, los ingresos bajan hasta alcanzar un nivel comparativamente similar al de fines de los cuarenta. Este descenso se mantiene constante durante el periodo que analiza este artículo, con cualquiera de los parámetros propuestos. A comienzos de los sesenta, se “intensificó la imagen y la sensación de la región del carbón como una zona sometida a la marginación, de la cual la pobreza era su signo más evidente” (Venegas 2011: 123)

Gráfico 3.

Salarios reales en la industria del carbón 1932-1970 (LPF =1.0)

Fuente: Elaboración propia a partir de Casanova, (2023) y Dirección General de Estadística (1960-1970)⁵

Las interrogantes que nos planteamos en esta investigación tienen relación con las razones de esta divergencia negativa ¿Qué pasaba en el sector del carbón? ¿Cuál es la relación entre el fenómeno detallado anteriormente y los conflictos político-sociales de la zona? ¿Cómo conectar esta crisis con el desenvolvimiento del sector energético nacional? ¿Por qué en una época de importantes victorias para obreros industriales y trabajadores agrícolas, el sector del carbón se queda atrás? ¿Podemos observar aquí una dificultad estructural en el frustrado proceso de industrialización nacional?

3. Los problemas estructurales del sector (1960-1968)

La década de 1960 inicia con una larga huelga en el sector carbonífero (Benedetti 2020; Stillerman 2003; Venegas 2012b). La crisis, que se venía arrastrando desde mediados de la década anterior (Venegas 1998), fue interpretada de tres maneras diferentes. Por parte de los trabajadores, los ingresos no aumentaban en concordancia con el costo de la vida. Si bien se habían obtenido mejoras importantes luego de las agudas movilizaciones de fines de los cuarenta (Lazo 2018; Lira y Loveman 2014; Venegas 2011), en 1960 el ingreso medio era comparativamente similar (con relación al costo de la LPF) al de 1949 (Casanova 2023). En ausencia de una ley de ajuste automático de los salarios con cobertura nacional, la negociación colectiva periódica era fundamental para garantizar al menos el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. En 1960, el gobierno propuso un reajuste del 10%, bastante menor al 50% solicitado por las organizaciones de obreros y empleados:

los representantes de las empresas de Lota, Coronel y Arauco no aceptan un aumento mayor de salarios que el que propicia el Gobierno, de un 10 por ciento. Por su parte, los trabajadores piden un reajuste de un 50 por ciento y para los obreros un salario mínimo de dos mil pesos diarios, y una asignación familiar igual a la de los empleados particulares⁶.

Según las estimaciones expuestas en el apartado anterior, el costo de la LPF en 1961 (precios al por menor de Concepción) fue de $2017,73 diarios, por lo que la petición de los trabajadores ($2000 diarios) no parece ser insensata.

Para los empresarios, el aumento de las remuneraciones, considerado como excesivo, atentaba en contra de la viabilidad económica de las compañías. En el Anuario de la Minería de Chile pudimos constatar la gravedad de la situación. Como es posible apreciar en la Tabla 2, en 1960, 1961, 1962 y 1965, el valor de las remuneraciones fue el mismo que el valor de la producción. En 1964, el pago en remuneraciones fue mayor. A pesar de que el valor real de la producción aumentó en los periodos 1960-1963 y 1966-1970, seguían existiendo problemas graves para la sostenibilidad económica de la industria carbonífera.

En tercer lugar, estaba la posición de las autoridades. El carbón era un elemento vital tanto para el funcionamiento de la industria nacional (Yáñez y Garrido-Lepe 2015) como para el sostenimiento de Ferrocarriles del Estado (FF.EE) (Guajardo Soto 2007), por lo que la paralización de las faenas tenía un efecto en el desenvolvimiento de toda la economía nacional. Además, la crítica situación social en la zona hacía necesaria la intervención sanitaria de expertos y autoridades. En 1960, por ejemplo, en el contexto de la huelga, que se extiende por 96 días, desde mediados de marzo hasta fines de junio, se llevó a cabo “la evacuación de niños para los pueblos de la provincia y hasta para Santiago, con el fin de librarlos de enfermedades, epidemias y para que tengan una mejor alimentación”⁷. Según la secretaria del Sindicato Industrial Minero de Schwager, “del total de evacuados, 846 eran hijos de mineros de Schwager y 1.235 de Lota”⁸. También hubo niños evacuados a Valparaíso, San Antonio y Polpaico.

Por estas razones, a inicios de los sesenta, la idea de una restructuración de toda la industria carbonífera y la fusión de las empresas de Lota y Schwager – que en 1964 concentraban cerca del 76% de la producción carbonífera nacional (Servicio de Minas del Estado de Chile 1964: 27) – comienza a tener cada vez más peso en la opinión pública. Una comisión encargada por el gobierno en el mismo año de la huelga sostuvo que

la trascendencia de una probable integración de las compañías carboníferas está contenida en el hecho de que se eliminaría la competencia para crear una fuente común o única de abastecimiento de carbón para el país y el cumplimiento de los compromisos en el exterior⁹.

Tabla 2.

Valor producción y remuneraciones en la industria del carbón 1960-1970

Fuente: Ministerio de Minería, Servicio de Minas del Estado de Chile, Anuario de la Minería de Chile. Para el valor real de la producción se ha utilizado el IPC nacional de Díaz, Lüders y Wagner (2016).

Como afirma Venegas, las empresas del sector:

declararon abiertamente la posibilidad de cerrar las minas, con el costo social y económico que ello significaba y, por último, desde 1960 levantaron la idea de fusionar las dos Compañías más importantes (2012a: 452).

La fusión de las empresas y la restructuración general del sector se formaliza en septiembre de 1963. Con esta acción las autoridades buscaban enfrentar la prolongada crisis social en la zona, que desembocaba en reiteradas huelgas y paralización de actividades. En 1961, los trabajadores solicitaron un 29,6% de reajuste, obteniendo solamente un 15%, luego de una huelga legal que se extendió desde fines de agosto hasta mediados de octubre. Según nuestras estimaciones, el aumento en el costo de la LPF entre 1961 y 1962 fue cercano al 32%. En 1962, el gobierno y las compañías ofrecieron un reajuste del 8%, mientras que los trabajadores solicitaron un aumento del 30%. Finalmente, al igual que el año anterior, se vuelve a pactar un reajuste del 15%, cifra insuficiente para mantener el poder adquisitivo de los salarios. Esta historia se repite todos los años durante la década que cubre este estudio. En 1964, los trabajadores solicitaron un 80% de reajuste, mientras que la empresa ofreció solamente un 40%. En 1966, se solicita un 40% y las compañías ofrecen un 25%. En 1968, se solicitó un 45% y las empresas ofrecieron un 30%. En la mayoría de los casos, los conflictos finalizaban con reajustes menores al aumento de la inflación. Esto quiere decir, como intentamos exponer en el apartado anterior, que el ingreso real de los trabajadores disminuía paulatinamente con el paso el tiempo. Como se muestra en la Tabla 3, entre 1963 y 1970 hubo 7 huelgas legales y más de 108 huelgas ilegales. Al igual que la segunda mitad de los cuarenta, la década de los sesenta fue un periodo de alta conflictividad social en la zona del carbón.

Tabla 3.

Conflicto social en la industria del carbón 1963-1970

Fuente: Ministerio de Minería, Servicio de Minas del Estado de Chile, Anuario de la Minería de Chile.

La fusión de las Compañías fue el corolario de una etapa en que se había producido el deterioro de la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses y colocarse como piedra angular del crecimiento económico en Chile (Venegas 2012b: 103).

Ahora bien, en el Tabla 3 es posible observar que la paralización de actividades (salvo en 1970) no tenía un impacto tan significativo en el valor de la producción. De hecho, como se expuso en la Tabla 2, tanto el valor como la cantidad de la producción experimentan un alza sostenida durante el periodo que cubre esta investigación. Las mayores dificultades no tenían relación con el ámbito productivo. En realidad, el problema más relevante, junto con los bajos salarios y la cesantía, era la continua disminución del consumo de carbón a nivel a nacional. El problema mayor de la industria carbonífera en este periodo estaba relacionado con un exceso de oferta. Como plantea Espinoza (2021), el problema debe ser visto en función de la relación entre el crecimiento de la economía nacional y el desenvolvimiento del sector energía.

Para los dirigentes sindicales, era necesario que las autoridades promovieran

una política carbonífera armónica y planificada que aumente el consumo de este combustible, a la vez que cree nuevas fuentes de trabajo en la zona para absorber la masa de cesantes que año a año va aumentando debido a la mecanización de las faenas en el mineral¹⁰

El problema de la falta de compradores llegó a ser tan agudo, que incluso hubo periodos en que se tuvo que paralizar la producción por acumulación excesiva de carbón: “Ayer paralizó sus faenas la Compañía Carbonífera y de Fundición Schwager debido al atochamiento de carbón que mantiene en sus canchas”¹¹. El ministro de Minería, Bernardo Pizarro, en el contexto de una comisión especial para tratar el problema de la industria carbonífera, sostuvo que las medidas a adoptar debían ser

En primer lugar, el logro de una estabilidad en los actuales niveles de consumo. En segundo término, lograr un aumento del consumo de carbón a través de medidas de una Política Económica […] En tercer lugar, hay que señalar la coordinación de las empresas de Lota y Schwager en sus faenas de producción, mecanización y administración¹²

De hecho, el decreto que confirma la fusión de las empresas mineras tenía como propósito esencial aumentar la capitalización y el consumo:

Por Decreto Nº 64 del 25 de septiembre de 1963 del Ministerio de Minería, fue autorizada la fusión de la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota con la Cía. Carbonífera y Fundición Schwager S.A. El objetivo de la fusión es, entre otros, aumentar su capital social, disminuir sus inversiones y costos y evitar la paralización de algunas de esas faenas a causa del decreciente mercado del carbón [énfasis de los autores] (Servicio de Minas del Estado de Chile 1963: 21).

En 1968, Bernardino Sanhueza, director de la Oficina Regional de Planificación, se refirió a este problema afirmando que:

La situación actual de las minas de carbón en Lota y Coronel y de la provincia de Arauco se deriva del hecho que el mercado del carbón ha tenido como características, en los últimos diez años, una definida tendencia al descenso. Por ejemplo: en el año 1955 el mercado del carbón superaba los dos millones de toneladas anuales. En el año 1965 este mercado fluctuaba alrededor de 1.600.000 toneladas. Esta situación se deriva de un proceso de sustitución continuo del carbón como fuente de energía. Al respecto, vale la pena señalar que en el año 1940 un 31,3% del total de consumo de energía del país tenía como fuente el carbón y un 26,4% provenía del petróleo y sus derivados. En el año 1966 solamente un 13,5% del consumo energético de Chile tenía como fuente el carbón mientras el petróleo y sus derivados habían subido a un 51,2%¹³

Las causas de la disminución del consumo eran varias. El Servicio de Minas del Estado argumentaba que:

el menor consumo de ferrocarriles fiscales y particulares viene a encuadrarse en la curva del acentuado descenso [del consumo nacional de carbón] de la última década, debido a la sustitución del combustible sólido por petróleo Diesel. La electrificación de la Red Sur agudizará aún más la importancia de este mercado (1963: 22).

Ya a comienzos de la década:

representantes de las Cías. Carboníferas de la provincia de Arauco y una delegación de sus sindicatos, plantearon al Supremo Gobierno la situación difícil a que se veían abocadas dichas compañías por falta de mercado para sus productos, debido a la paralización de las industrias, de los ferrocarriles de la zona sur del país [énfasis de los autores]¹⁴

La disminución nacional del consumo de carbón estaba relacionada, como muestran los testimonios de la época, con la utilización de nuevas fuentes de energía (electricidad, petróleo) y con los problemas del sector ferroviario (Nazer y Llorca-Jaña 2020; Yáñez y Garrido-Lepe 2015, 2017). El Servicio de Minas del Estado publicó cifras que dan cuenta de la gravedad de la situación. El consumo nacional experimenta fluctuaciones importantes durante la década: dos etapas de declive (1963-1966 y 1969) y dos de recuperación (1967-1968 y 1970). Los principales rubros compradores eran los servicios públicos (FF.EE), la minería, la metalurgia, la siderúrgica y la industria fabril. A fines de la década hay dos eventos que inciden en el aumento, pasajero pero existente, del consumo. Primero, una sequía:

Un brusco y repentino incremento en la demanda de carboncillo se registra en la cuenca carbonífera de Coronel, departamento de esta provincia. La sequía inesperadamente le tiende una mano a este combustible, cuyos mercados flaqueaban ante la aparición de nuevos elementos¹⁵

Segundo, el auge de la industria siderúrgica en 1970. Un dirigente de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) llegó a afirmar que “el único mercado donde el carbón no ha sido desplazado es el de la industria siderúrgica”¹⁶

Por esta razón, para las autoridades y expertos, así como también para las organizaciones sindicales, la restructuración de la industria del carbón debía ser parte de una nueva política general de fomento al desarrollo industrial del país. En 1964, la esperanza estaba puesta en las nuevas plantas termoeléctricas, en la industria metalúrgica y en las fábricas de cemento:

Cabe citar que la puesta en marcha de obras en actual ejecución o prontas a comenzar, se traducirán, dentro de plazos relativamente próximos, en un incremento de la demanda de este combustible, con lo que, aparentemente, no sólo se absorberá el menor consumo previsto en ciertas actividades, sino que al abrirse poderes compradores estables podrán repercutir en una mayor producción efectiva. La planta termoeléctrica de Las Ventanas, el segundo alto horno de CAP, la ampliación de algunas fábricas de IANSA, más los aumentos de producción previstos en las fábricas de cemento y, para más adelante, la nueva planta termoeléctrica de Boca-Mina, significarán la posibilidad de aumentar el consumo en más de 500.000 toneladas anuales antes de 1970 (Servicio de Minas del Estado de Chile 1964: 29).

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, en 1969 el stock acumulado (318.222 t) era similar al de 1965 (356.461 t) y 1966 (347.666 t). Se seguía produciendo más de lo que se podía vender, lo que tenía consecuencias económicas y sociales importantes. Por un lado, peligraba la viabilidad financiera de la empresa; dificultad que se pudo subsanar, en parte, con la fusión de las compañías de Lota y Schwager. La fusión de las compañías trajo consigo un aumento importante en la capitalización, lo que se reflejó, a su vez, en la brusca disminución del porcentaje de las remuneraciones con respecto al total del valor de la producción (ver Tabla 2). La unión de las compañías, como quedó registrado en los archivos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, actualmente Banco Mundial) en 1964 contemplaba también la reorganización de los créditos recibidos en 1957 por las empresas del carbón, la emisión de nuevas acciones, el aumento del capital social y el establecimiento de nuevos plazos de pago. Al 31 de diciembre de 1965, la compañía de Lota había utilizado el total de los US$9.600.000 solicitados al BID, mientras que la compañía de Schwager había hecho uso de US$9.221,700 de los US$12.200.000 pactados inicialmente (Banco Central de Chile 1965; Banco Interamericano de Desarrollo 1964). Con la fusión de las compañías, tanto los activos como los pasivos de Schwager pasan a la nueva entidad, lo que alivió – al menos a corto plazo – la situación financiera del sector.

Por otro lado, a pesar de la reorganización jurídica, la falta de compradores y la acumulación de stock dificultaba el establecimiento de compromisos a largo plazo para el aumento de las remuneraciones. La pobreza, la marginalidad y los problemas sanitarios siguieron siendo problemas transversales para los trabajadores del sector. Incluso la mecanización de las faenas, que era el propósito originario de los créditos gestionados por la CORFO y otorgados por el BID desde 1957, traía consigo el aumento de la productividad, la disminución de la mano de obra y el aumento de la cesantía. En 1962, el Comité para la Defensa del Carbón argumentaba que:

Prolongar esta crítica situación de cesantía e incertidumbre en la zona constituye un paso suicida. Ella afecta más que nada a las actividades del comercio y por ende al progreso de toda esta vasta región […] Si el costo de producción se mantiene elevado se debe a que las industrias trabajan a media producción, ya que es de recordar que dicha producción en anteriores periodos ascendía sobre el millón y medio de toneladas anuales, mientras que en la actualidad ésta no llega al millón […] Ahora bien, a pesar de que las empresas de Lota y Schwager han acelerado la mecanización, para reducir los costos, se ve claramente que el Gobierno no ha seguido una política de comercialización, ya que se ha procedido a la internación de nuevas máquinas Diesel para los FF.EE, agravando con ello aún más todavía, la crítica y caótica situación del carbón¹⁷

El problema del aumento del costo de la vida se agudiza con el pasar de los años, como intentamos mostrar en la sección anterior. En 1964, los trabajadores, en el contexto de los conflictos por el reajuste de salarios, plantearon que

el costo de la vida en la zona del carbón es una de las más alzadas del país y demuestran tal afirmación con cinco alimentos, como pan, carne, azúcar, harina, vestuario y calzado, que, desde junio de 1963 a la fecha, han subido de un 100 a un 163 por ciento¹⁸

En 1965, el Ministro del Trabajo, William Thayer, declaró que “sabía que los obreros del carbón eran pésimamente pagados y vivían en condiciones subhumanas”¹⁹. Las compañías, en tanto, argumentaban que “no se cuenta con financiamiento para enfrentar este aumento por trabajar, según ellas, a pérdida”. Los sindicatos, en respuesta a las objeciones de las empresas, aseguraban que las compañías del sector

han obtenido además excepciones tributarias de importación; postergación de pago de deuda contraída en bancos extranjeros para mecanizar sus faenas de explotación lograda con el aval del Gobierno por intermedio de la CORFO [; y que, en consecuencia] no existe tal pérdida, porque la producción ha ido en aumento, pese a que con la fusión mucho personal fue despedido o se acogió a cancelación voluntaria previo desahucio especial²⁰

Estas declaraciones ponen en evidencia la existencia de posiciones encontradas con respecto al desenvolvimiento del sector: mientras que las empresas necesitaban mejorar las ventas y no aumentar excesivamente los salarios para poder sostenerse en términos financieros, las organizaciones de obreros y empleados debían presionar constantemente por reajustes mayores para poder enfrentar el paulatino descenso en el poder adquisitivo del ingreso. El escenario de este conflicto era el de un sector incapaz económicamente de compatibilizar producción con consumo y, además, sin herramientas políticas certeras para impedir que esta dificultad se traduzca en cesantía, pobreza y conflictos políticos. Como han mostrado varios autores (Cavarozzi 2017; Llorca-Jaña y Traverso 2017), desde la década de 1930 el sector empresarial generó extensos lazos de dependencia con el estado, lo que les permitía enfrentar los periodos de crisis recurriendo a créditos extranjeros con garantía estatal y control de precios. El caso del sector carbonífero es la expresión local de un estado altamente protector, un sector empresarial ineficiente y una clase trabajadora desprotegida (Casanova 2021a). De hecho, la incongruencia de la política económica llegó a tal nivel, que el fomento a un sector terminaba afectando a otro (Casanova 2019), como sucedió con FF.EE, las compañías del gas y el carbón:

las exenciones de impuestos concedidas a la Industria Carbonífera de Lota por los DFL N° 3, de 1959, y 255, de 1960, fueron íntegramente absorbidas por las rebajas de precio que la misma empresa, a instancias del Gobierno debió conceder a las Compañías de Gas y a los Ferrocarriles del Estado²¹

Cuando en la opinión pública comienza a quedar claro que la fusión de las empresas no traía consigo un mejoramiento en el estándar de vida de los habitantes de la zona, la estatización se instala como una política capaz de enfrentar la crisis. A mediados de la década, los diputados Alberto Jerez y Luis Papic mostraron su postura a favor de la estatización argumentando que:

industria del carbón se debate en Chile desde 1953 en una grave crisis de costos, precios y mercados que han provocado un problema social extraordinariamente agudo y amplio, especialmente en la zona de Lota, Schwager y provincia de Arauco.

La reducción nacional del consumo, según los parlamentarios:

no corresponde en absoluto al interés nacional y social. Las compañías carboníferas han sido incapaces de solucionar una situación de costos y producción que debieron prever oportunamente. Ellas han buscado una solución a través de despidos de personal, aumentos de precios o créditos estatales.

El estado, argumentaban los parlamentarios:

ha solucionado una y otra vez las peticiones de las compañías carboníferas, como lo prueban: a) Las numerosas alzas de precios concedidas hasta la fecha, b) Las instrucciones a los servicios y personal de sus dependencias para que usen exclusivamente carbón, c) Los préstamos directos o indirectos de CORFO que ascienden actualmente a más de 30.000.000 [escudos], d) Los avales de CORFO en créditos internacionales que comprometen el crédito fiscal por US$21.800.000. La suma de los valores anteriores excede en mucho el capital de Lota-Schwager y sus reservas, e) Los habituales préstamos del Banco del Estado para atender situaciones sociales o de Caja, f) Las exenciones de impuestos para importar sus maquinarias y equipos, g) La construcción de la Central Termoeléctrica Huasco que estará en funciones el presente año 1964²²

Con respecto a la situación social de las zonas del carbón, los parlamentarios afirmaban que:

no es necesario recalcar el absoluto fracaso de estas empresas en su política social, como lo prueban las frecuentes y prolongadas huelgas, las jornadas de 5 a 6 días por semana, los despidos de obreros y empleados, las enfermedades profesionales de su personal, los bajos salarios y la inestabilidad que gravita como un fantasma sobre los mineros²³

Incluso desde la gerencia de la Lota-Schwager se anunciaba que la fusión no logró resolver la solvencia financiera de la compañía. El gerente de finanzas de la compañía, Jorge Benítez, se refirió a la crisis del sector aludiendo a las siguientes causas:

En primer lugar, los altos costos de la producción en razón de la elevada incidencia de la mano de obra que llega al 70 por ciento. Y en segundo término el alto desembolso que significa el servicio de las dos deudas de la empresa, una con el Banco Internacional de Fomento, que permitió la mecanización de las faenas, y la otra con la CORFO. Esta última deuda alcanza en la actualidad, a 91 millones de escudos, con el agravante de que tiene una cláusula de reajustabilidad […] Por otro lado, la empresa afronta dificultades debido a los plazos que debe dar a los clientes y a los obstáculos para descontar las letras en el sistema bancario nacional²⁴

El mismo año, el diputado Jerez vuelve a insistir en la necesidad de estatizar la industria del carbón, esta vez con un tono más alarmista. Para el militante de la Democracia Cristiana

la situación de la empresa es angustiosa y las deudas son prácticamente imposibles de afrontar, ya que el mercado es cada día más reducido y hay muchas instalaciones que no se aprovechan²⁵

En el Seminario de la Industria del Carbón, llevado a cabo en abril de 1967, los expertos aseguraban que

los estudios que respaldaron la mecanización de las minas de Lota y Schwager fueron absolutamente errados, existiendo una responsabilidad compartida tanto de las empresas como de la CORFO y el Banco Internacional de Fomento²⁶

En la misma instancia, un representante sindical del sector, solicitó

medidas necesarias para agilizar y mejorar el crédito bancario de las empresas productoras del carbón, con el fin de que ellas dispongan oportunamente de los recursos de dinero para pagar sin dificultades los sueldos, salarios y leyes sociales²⁷

Otros actores críticos, aceptando que “nadie puede poner en duda de que la minería del carbón está en crisis aquí en Chile y en todo el mundo”, optaban por otras soluciones, como el traspaso de la fuerza de trabajo hacia otros rubros: “el Servicio de Cooperación Técnica tiene proyectado actuar en la zona de Coronel y Lota en la promoción de la pequeña industria y talleres artesanales”²⁸.

4. De la sequía a la estatización (1968-1970)

En 1968 hay un repentino e inesperado aumento en la demanda de carbón, ocasionado esencialmente por condiciones climáticas: una sequía que produjo escasez de energía eléctrica a nivel nacional. En aquella época, se hablaba de la “importación accidental de carbón para absorber el déficit de energía eléctrica registrada en el país a consecuencia de la sequía”²⁹. En ciertos periodos se llegó a trabajar domingos y festivos para hacer frente al explosivo aumento de la demanda: “Domingos y festivos por medio trabajarán voluntariamente los obreros carboníferos, según acuerdo tomado ayer, a las 11 horas”³⁰. Según Bernardino Sanhueza, Director de la Oficina Regional de Planificación, la sequía

ha permitido solucionar en parte el problema de los stocks, que constituía uno de los problemas financieros importantes de las empresas, pues las ventas aumentan en 1967 sobrepasando la producción de ese mismo año³¹

En 1968, el stock acumulado había disminuido de 177.000 a 89.000 toneladas. Pero la crisis del carbón no se detuvo con la sequía. En 1969 el stock vuelve a aumentar a niveles cercanos a los de 1965-1966. A mediados de 1969, desde la gerencia de la compañía, se manifestaba que

los planes económicos de la industria han sufrido un revés con el término de la sequía, e incluso se han cancelado contratos de venta de carbón porque ahora este combustible no es necesario³²

En el contexto de un nuevo conflicto por los reajustes salariales, el gerente de la compañía, Oscar Ruiz-Tagle,

informó que dichas peticiones no podían ser consideradas por la falta de financiamiento económico que ha surgido, a raíz de la baja en el mercado de la comercialización del carbón³³.

El retorno a los niveles de consumo anteriores a la sequía fue afrontado con nuevas alzas de precios autorizadas por el gobierno, lo que no hacía más que perpetuar la inviabilidad económica del sector. Para las organizaciones sindicales “el alza de precio de este producto, estaba contemplada para el financiamiento económico de los pliegos de peticiones de los trabajadores carboníferos”³⁴. Para la compañía, en cambio, el alza de precios era una política estatal tendiente a mejorar la situación financiera de la empresa: “no se había sido considerado el rubro salarios al procederse a la fijación de precio para el carbón”³⁵.

La falta de compradores vuelve a ser un problema todavía más gravitante en 1969. La sequía fue solo un alivio pasajero. Hernán Lacalle, subsecretario de economía y encargado de mediar en el conflicto del carbón, sostuvo que

las actuales condiciones de la baja venta de carbón -por la escasa demanda- han causado el desfinanciamiento a las empresas dedicadas a la explotación y venta del combustible, según lo han aseverado sus directivos³⁶

Los pliegos de peticiones no podían ser cumplidos, se argumentaba desde la compañía, debido a que “el poder comprador del carbón ha bajado este último tiempo como consecuencia de que la sequía ha dejado de existir”³⁷. Claramente la sobreproducción que vino luego de la crisis hídrica fue confrontada no con nuevos mercados, sino con fijación de precios. El problema es que no estaba claro si las utilidades generadas por esta política – apresurada y contraproducente – debían ir en beneficio de los trabajadores o de las empresas. El gobierno se encontraba en la difícil situación de tener que mediar entre el fomento a la industria nacional y la defensa de los trabajadores. A pesar del breve auge de 1968, el conflicto social en la zona del carbón seguía creciendo.

Ya a finales de 1969, las autoridades de las compañías carboníferas abogaban por una intervención mayor de los poderes del estado. El ambiente político y social estaba cada vez más propicio para la estatización. La intervención del estado, por ende, no era un anhelo proveniente solamente desde el mundo del trabajo y el sindicalismo de izquierda. Era también una posibilidad pensada desde la misma gerencia de la compañía, ante una crisis que parecía irresoluble. En palabras de Pedro Courard, gerente de operaciones de Lota Schwager,

la empresa pide la definición de una política para el carbón. Nosotros no estamos en condiciones de implantarla […] No podemos contravenir disposiciones de organismos encargados de esta tarea³⁸

El problema de la compañía, en un escenario de ventas insuficientes y crecientes demandas sociales, “no reside tanto en la insuficiencia de precios, sino que no podemos pagar, porque no hay ventas”³⁹. Pocas semanas después, en la prensa local, se declaraba que:

Los empleadores, vale decir los empresarios, solicitaron al Gobierno que se hiciera cargo de la propiedad y explotación de los yacimientos mediante lo que ellos llamaron nacionalización, pues la Compañía no está en condiciones de aceptar ninguna de las peticiones económicas de los trabajadores⁴⁰.

No existen mayores dudas al respecto: la estatización fue una medida con la que diversos actores – trabajadores, empleadores y gobiernos de turno – intentaron escapar a una crisis que se prolongaba por más de una década. Luego de los conflictos por el reajuste de salarios en 1969, la empresa, según sus autoridades, se vio forzada a recurrir al endeudamiento: “La empresa ha solicitado al Gobierno un empréstito de doce millones de escudos, suma que significa el pago total de estos emolumentos”⁴¹.

En 1970 los conflictos por los reajustes salariales continuaron, en un contexto en el que situación financiera de la empresa, en opinión de sus autoridades, era cada vez más inviable. Las organizaciones obreras demandaban un reajuste del 60%, que resultaba impagable para los gerentes de la compañía.

El rol del Estado en el funcionamiento de la mina era protagónico y fundamental, pero no fue suficiente para un real potenciamiento de la compañía, lo que hacía necesario, a los ojos de los trabajadores y de la comunidad, dar un paso más en cuanto a aumentar la intervención estatal en detrimento de la participación privada (Sanzana 2015: 19).

Finalmente, pocos meses después de que asume Salvador Allende en la presidencia, organizaciones sindicales y empleadores se reúnen para confirmar la voluntad de la empresa de ceder la propiedad al estado:

El sensacional anuncio fue hecho ayer en una reunión sostenida por los dirigentes de los sindicatos mineros de ambos minerales y el gerente de operaciones de la empresa, Pedro Courard. La reunión había sido solicitada por los dirigentes mineros para conocer mayores antecedentes sobre el déficit económico que afronta la industria y que ha sido subsanado en forma transitoria con un préstamo especial concedido por el Banco del Estado, a insinuación del Gobierno. Al respecto, el Ejecutivo de la industria señaló que efectivamente, la Compañía Carbonífera tiene un déficit de cuarenta millones de escudos que por ahora ha sido paliado en forma transitoria. Sin embargo, dijo el gerente de operaciones, la solución entregada sólo permitirá por ahora, el pago de sueldos, salarios y algunas deudas que la empresa mantiene con particulares. Para solucionar en forma definitiva esta situación por la que atraviesa la industria, es necesario que el Gobierno autorice el alza del precio de la tonelada de carbón. Si esto no ocurre, dijo el ejecutivo de la Empresa Carbonífera, existe total acuerdo del directorio de la compañía para entregar la explotación de los minerales a manos del Supremo Gobierno [énfasis de los autores]. Actualmente, la Compañía Lota-Schwager ha debido suspender el pago de indemnización por años de servicios y otros beneficios, debido a la crítica situación económica que afecta a la Empresa Carbonífera⁴²

El 31 de diciembre de 1970, en la plaza Arturo Prat de Lota, Salvador Allende, junto con el vicepresidente de la CORFO, además de los ministros de minería y economía, anuncia la firma del decreto que confirma definitivamente la estatización de la compañía. Al acto concurrieron cerca de seis mil personas. El representante de las organizaciones obreras manifestó:

en nombre de los sindicatos de la empresa Lota-Schwager, de la clase trabajadora y de los pueblos de Coronel y Lota, doy a usted una calurosa bienvenida y entrego a usted y al gobierno de la Unidad Popular el apoyo solidario de los trabajadores del carbón a todas las medidas que dispongan⁴³

El presidente respondió afirmando que la estatización “representa el cumplimiento del programa de la Unidad Popular que nosotros vamos implacablemente a cumplir en realidad”⁴⁴.

5. Consideraciones finales

En el artículo utilizamos un enfoque interdisciplinario, con metodologías cuantitativas y cualitativas, para desarrollar nuestra hipótesis de trabajo. Pudimos constatar que, efectivamente, como se observa en los testimonios escritos de la época, la zona del carbón estaba caracterizada por altos y agudos niveles de pobreza. En la historiografía este argumento es frecuente, pero – hasta el momento – no se había planteado el ejercicio de trabajar con métodos de la cliometría. El salario medio del carbón era bajo, pero ¿qué tan bajo? ¿cómo era en comparación con la industria nacional, con el ingreso de las fuerzas armadas o con el salario de empleados privados? ¿cómo fluctúa el ingreso durante la década de 1960? ¿es la década de 1960 un periodo de crisis en lo respecta al ingreso? ¿qué tan bajo era el salario del carbón en la década de 1960 con respecto a las décadas anteriores? En la primera parte del artículo hemos intentado responder a estas interrogantes. Ahora bien, los problemas de investigación no concluyen con indicadores cuantitativos. En realidad, constituyen el comienzo del problema: lo importante es la interpretación. Por esta razón hemos ubicado la estimación de la pobreza de ingresos al comienzo del artículo, para luego continuar con la interpretación crítica basada en testimonios.

ANEXOS

Tabla A1

Fuente: Banco Central de Chile (2001); Díaz, Lüders y Wagner (2016) y Dirección General de Estadísticas (1960-1970). El costo de la CBA ($280) en el año base (1960) fue obtenido del estudio de Casanova (2023).

Agradecimientos

Este artículo ha recibido apoyo financiero de la Vicerrectoría Académica de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.

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Notas