La Operación Cóndor y sus secuelas en la región alteña

En Los Altos de Sinaloa^[1], el negocio de las drogas no había escapado completamente al control del Estado, a través de las instituciones formalmente encargadas de combatir el tráfico de enervantes. Estas mismas instituciones, la consolidación de intereses a través del tiempo ha dado lugar a una estructura de poder al interior del gobierno, que sólo en determinadas circunstancias -sobre todo cuando hay presiones políticas de los Estados Unidos- ha sido obligada a sacrificar a individuos, fácilmente reemplazables, pero no debilitada al punto de poner su existencia en peligro, puesto que no se han tenido que eliminar las razones, relaciones y posiciones clave de poder sin las cuales no es posible organizar y modificar con una libertad y autonomía relativas, y con cierto éxito, las reglas del juego.

En 1959, la iniciativa de los Estados Unidos que advertían con alarma el incremento de los toxicómanos, se sostuvieron varias conversaciones que desembocaron en un acuerdo de cooperación voluntaria e informal encaminado a redoblar los esfuerzos contra el tráfico de estupefacientes. Un año después, el gobierno norteamericano suministró por vez primera y a precio reducido, equipo aéreo, terrestre y armamento para ser empleado en la campaña de destrucción de plantíos de adormidera (papaver sominiferum) y mariguana (cannabis sativa).

Se trata de un periodo que va de 1959 a mayo de 1969, fecha en que se celebraron conversaciones entre funcionarios y representantes de ambos países que culminaron en un informe que refrendó la cooperación. Sorpresivamente, tres meses después, los Estados Unidos instauraron en forma unilateral rigurosas medidas de inspección en las garitas aduaneras y migratorias a lo largo de la frontera, así como en los puertos y aeropuertos estadounidenses adonde llegaban naves y aeronaves procedentes de México (Revista Nexos, 1 de Mayo, 1978).

En este contexto surge la llamada Operación Intercepción el 8 de septiembre de 1969, a fin de atender la cooperación bilateral México-EUA, en el tema antidroga. Con el ascenso del presidente Nixon a la presidencia, se incorpora el tema de los cultivos ilícitos como tema central de las relaciones entre los dos países, estableciéndose desde Washington una percepción de tolerancia y ausencia de compromiso de las autoridades mexicanas para asumir su voluntad de ataque frontal del fenómeno. Las presiones de Estados Unidos a los países productores, el incremento de los precios y la diversificación de las drogas, provocó también que aumentara la competencia entre los traficantes y distribuidores.

Al final de cuentas, esta operación no logró grandes incautaciones, debido, quizá, a que los traficantes empezaban a diversificar los medios de transporte de drogas por aire y por mar. En ese momento, parecía hasta ingenuo que el gobierno estadounidense hubiera creído que fortaleciendo la vigilancia de los puntos oficiales de cruce se reduciría el tráfico de drogas. Sin embargo, luego fue claro que el objetivo iba más allá de reducir el tráfico desde México; el gobierno de Estados Unidos quería presionar al mexicano para que adoptara medidas más agresivas contra el tráfico de drogas y que, incluso, involucrara a su ejército (Enciso, 2009).

Luego de la “Operación Intercepción” de 1969, México se convirtió en el primer laboratorio en el que Estados Unidos buscó aplicar su política de asistencia para los ejércitos de erradicación de cultivos de drogas. El 17 de Junio de 1971 el gobierno estadounidense planteó una nueva ofensiva y anunció su combate en todos los niveles y fortaleció una imagen criminalizada en el que las drogas y sus consumidores, según el discurso oficial, devinieron en figuras amenazantes para la estabilidad y convivencia social (Valenzuela, 2012: 95-96). Una vez que la administración del presidente Nixon elevó la retórica relacionada con el control de narcóticos y la internacionalizó como “Guerra contra las drogas” también reclamó mayor compromiso entre los dos gobiernos (Pérez Romero, 2014).

El gobierno mexicano respondió de inmediato a la Operación Intercepción, David Franco Rodríguez, subprocurador de la PGR salió rumbo a Washington con el objetivo de establecer contacto con el gobierno estadounidense para corregir los daños que según evaluaron, había sufrido tanto la frontera mexicana como la relación bilateral. El 10 de Octubre de 1969, el gobierno mexicano anunció que habían logrado persuadir a los estadounidenses de cancelar dicho operativo y sustituirla por una que llevó el nombre de Operación Cooperación (Ibíd.).

El carácter unilateral e impositivo de los operativos impulsados desde lado estadounidense, la inconformidad de la opinión pública mexicana, los efectos económicos negativos para los intereses de ambos países por las dificultades del tránsito de mercancías hacia E.U.A., provocaron la afectación de las relaciones bilaterales, dando paso a una negociación que condujo finalmente a la creación de la Operación Cooperación a cargo de la PGR, desde el lado mexicano y de la DEA desde los intereses de Washington; ante esto, un contingente de personal policial estadounidense con equipos electrónicos especializados en la detección de drogas y de observación aérea así como de productos químicos para efectuar la destrucción de plantaciones se trasladó a Sinaloa (Vargas Meza, 1999).

Sin embargo, la Operación Cooperación no tuvo los resultados esperados y el hecho coincidió con las expectativas reeleccionistas de Nixon, quien situando el tema de la heroína como punto importante de su programa de gobierno, proclamó la “Guerra a las Drogas”, vale decir el desarrollo de las acciones militares hacia la oferta, mientras tanto, en la opinión pública mexicana el ambiente era un tanto hostil.

Si es muy fácil para un gobierno combatir a los narcotraficantes, sugerimos que la administración de Richard Nixon comience en casa propia, limitando la venta de narcóticos fuertes – más peligrosos que la marihuana – por laboratorios de Estados Unidos. […] las molestas y humillantes revisiones ordenadas por el gobierno estadounidense son inservibles para evitar la introducción de drogas (El Informador, 4 de Octubre de 1969: 1).

Para garantizar la colaboración de las autoridades mexicanas se utilizó como mecanismo de chantaje, eventuales sanciones económicas y la amenaza de publicar la lista de personalidades de ascendencia política en México, comprometidas con el tráfico de drogas, mientras se estimaban perdidas por cinco millones de pesos.

Después de las fricciones diplomáticas causadas por la Operación Intercepción, los gobiernos de México y Estados Unidos comenzaron otra etapa de las accidentadas relaciones en el campo del control de drogas que denominaron Operación Cooperación. La tecnología, el saber hacer y hasta el porqué de las medidas emprendidas fueron cada vez más dependientes de la voluntad y la visión estadounidenses.

En enero de 1970, además de los funcionarios mexicanos al inicio de la campaña contra el narcotráfico en Culiacán asistieron el subprocurador de E.U. Richard Kliendienst. Por su parte, el Subprocurador General de la Republica David Franco Rodríguez afirmaba que el narcotráfico había decrecido en un ochenta o noventa por ciento.

Sin embargo, en la colonia Tierra Blanca de Culiacán, continuaban los actos violentos a consecuencia del narcotráfico, los enfrentamientos armados entre policías judiciales y soldados contra narcotraficantes eran cada vez más comunes (Astorga, 2005) Así lo expresaba la prensa de la época: Lo que pasa en ese lugar es conocido de todos y también se conocen sobradamente las causas. Falta poner remedio y quienes deben poderlo son las autoridades (El Informador, 1 de Febrero de 1977: 4).

El 21 de Febrero de 1975, el titular de la PGR, Pedro Ojeda Paullada se reunió en Culiacán con los gobernadores de Sinaloa, Durango y Chihuahua y los comandantes de las zonas militares, exhortando a crear voluntad nacional para combatir el narcotráfico. El gobernador sinaloense, Alfonso Genaro Calderón se lamentaba de que Sinaloa tuviera el estigma de ser uno de los mayores productores de estupefacientes y la triste fama de ocupar el segundo lugar del país en materia de delincuencia, al narcotraficante se le catalogaba como ignorante y derrochador: son fácilmente reconocibles por su peculiar forma de vestir, de caminar (El Informador, 30 de Enero de 1977:16), agregaba el entonces alcalde de Culiacán Fortunato Álvarez Castro, mientras tanto, la producción de enervantes en 1976, ganancias por diez mil millones de pesos, en contraste con la producción agrícola en el Valle de Culiacán que en el mismo año generaría ingresos por cinco mil millones de pesos, lo que implicaba una diferencia del doscientos por ciento (Ibíd.).

En noviembre de 1975, tras una reunión secreta entre el General Pedro Ojeda Paullada y Sheldon Vance, asesor del secretario de Estado y coordinador de asuntos internacionales de narcóticos; se informaría a los Estados Unidos el comienzo de la campaña antidroga que incluiría el uso de productos químicos defoliantes, el previo a la Operación Cóndor se convirtió en el núcleo de este programa acelerado (Craig, 1980: 365-383).

A principios de enero de 1976, las autoridades argumentaban que "no eran demasiados campos para destruir en el suelo. Tenemos la esperanza de que el herbicida hará una diferencia radical”. Dos días después, el Secretario General de Defensa Hermenegildo Cuenca Díaz respondió a la pregunta de un reportero, al admitir que los herbicidas se estaban utilizando de forma "experimental" en el estado de Sinaloa. En medio del debate sobre la cuestión, agregaba: "Sí, estamos utilizando herbicidas", y antes de mediados de año vamos a terminar por completo el cultivo de estupefacientes” (Ibíd.).

Nuevos y mejores elementos técnicos y mayor contingente humano enriquecieron la operación año con año. El Instituto Técnico de la Procuraduría, por ejemplo, impartió cursos suficientes para preparar dos generaciones de personal especializado. Las dos generaciones egresadas significaron entonces un aporte de 200 hombres contra los 330 que eran agentes de la policía federal judicial. Además, se preparó personal de servicio, entre el que destacan 120 elementos para pilotear helicópteros “operar los sistemas de sensores remotos” y controlar “las bases avanzadas” que entraron en servicio en febrero de 1975.

Se contaba con 39 aviones, la mayor flota aérea civil en México. Por lo que hace a telecomunicaciones, existía ya el sistema de comunicaciones entre bases, entre aire y tierra, entre aire y escuadrones o pelotones de tropa. No tardó en anunciarse la instalación de un sistema de retenes en las carreteras, a la que pronto se añadieron 13 helicópteros Bell 212, cada uno con capacidad para 15 personas armadas, 14 helicópteros de 4 plazas, 7 aviones Cessna 185 y 3 aviones fotografían diariamente 625 kilómetros cuadrados de mosaicos, en los cuales es posible determinar con precisión absoluta los plantíos por destruir (Ibíd.).

Los funcionarios eran demasiado optimistas en su predicción. Sin embargo, en el año previo a la Operación Cóndor 1975-1976 el esfuerzo de la campaña antidroga sería importante a través de la inversión de treinta y cinco millones de dólares, junto a la coordinación entre las autoridades nacionales e internacionales (Ibid). Pese a los esfuerzos de uno y otro gobierno, aumentaron sensiblemente en los Estados Unidos los decomisos de heroína procedentes de Sinaloa destinadas la demanda de más de 500,000 heroinómanos. Ante la contundencia de las cifras, el presidente Gerald Ford ordenó que el Consejo Nacional sobre el Abuso de Drogas emprendiera un estudio del problema.

Pronto fue necesario cambiar de estrategia, así bajo el liderazgo de los presidentes estadounidenses Gerald Ford y Jimmy Carter se establecieron formalmente métodos de cooperación entre México y Estados Unidos como la Operación Cóndor. Si bien las primeras campañas de los años setenta consiguieron desincentivar la producción mexicana, sin embargo, la demanda en Estados Unidos no solo se modificó sino que tendió a la alza. Hacia la segunda mitad de los años setenta los resultados de las campañas de erradicación palidecieron respecto a los logros anteriores (Pérez Romero, 2014).

Más importante aún, desde la perspectiva estadounidense era la existencia una considerable cantidad de parcelas de opio que simplemente no podía ser destruido por las tácticas tradicionales. En lugar de ello, el gobierno mexicano empleaba una tecnología aérea más moderna: sensores remotos, fotografía multiespectral e infrarroja y satélites fueron utilizados para descubrir y trazar los campos. Incluso helicópteros proporcionados por los Estados Unidos, se utilizaban para localizar y rociar las parcelas o para transportar soldados comandados para realizar la tarea de erradicación. "Este es mi tercer año aquí", comentó un oficial de narcóticos de Estados Unidos en enero de 1976, "pero nunca habíamos tenido la relación de trabajo con los funcionarios mexicanos que hemos tenido desde el inicio de la campaña de este año” y agregaba:

Se trata de una nueva interacción, se intercambia más información, junto con al menos treinta agentes de la DEA en la búsqueda de una mayor cooperación. La adición de unos 250 agentes de la policía federal resultó indispensable para el desmantelamiento de laboratorios de estupefacientes, detención y enjuiciamiento de los traficantes, y la interdicción de drogas que se envían dentro y a través de México (Ibíd.).

El 1 de junio de 1976, México ya consideraba que su campaña para combatir las drogas era "permanente", es decir, que cada año se renovaba. Además, la PGR trabajó para mejorar la coordinación con cuerpos policiacos locales y el ejército, mejorar la cooperación con Estados Unidos, combatir la corrupción y modernizar la tecnología de erradicación.

Funcionarios estadounidenses, buscaron convencer a las autoridades mexicanas que la clave de cualquier programa antidroga eficaz debía concentrarse en la eliminación del producto ilícito; el uso de los herbicidas de forma masiva contra la marihuana y amapola. Los mexicanos escucharon, estudiaron y experimentaron durante varios años, pero no fue hasta el año 1975- 1976 que decidieron el empleo de defoliantes.

La decisión no fue fácil, y había dos razones principales para el retraso. Los funcionarios temían los efectos potencialmente dañinos de tales químicos. Además, simplemente se negaron a reconocer públicamente lo que otros habían reconocido, que durante mucho tiempo, México se había convertido en uno de los productores de heroína más importantes a nivel internacional (Ibíd.).

La decisión de emplear herbicidas como el núcleo de la campaña de erradicación de México se hizo por etapas. En una conferencia de prensa en la Ciudad de México el 13 de noviembre de 1975, Ojeda Paullada describe el nuevo enfoque de su gobierno. Se trataría de aumentar al doble el número de policías federales, varios miles de soldados adicionales, numerosos aviones y el uso extensivo de la tecnología sofisticada (Ibíd.).

El 30 de septiembre de 1975, Félix Galván López, secretario de la Defensa, lanzó el Plan Cóndor en Chihuahua, Sinaloa y Durango, zona conocida como el "triángulo crítico”, seguido por el Plan Canador, acrónimo de cannabis y adormidera, cultivos que se buscara erradicar en las 36 zonas militares. Como hizo antes, Estados Unidos proporcionó recursos tecnológicos de telecomunicaciones y fotografía aérea, y helicópteros; capacitó y pagó a pilotos mexicanos para que participaran en el programa de erradicación.

Las amapolas se cultivan mejor a mil o mil quinientos metros de altura, por lo cual la región montañosa de Los Altos es ideal para el cultivo. Pero el terreno agreste donde las montañas alcanzan dos mil metros de altura hacen difícil para los pilotos recoger las plantas de opio, pues deben volar sobre los campos a unos trescientos metros de altura […] su aspecto purpura es fácil de ser visto y la mayoría de los campos son aproximadamente de menos de un cuarto de hectárea (Noroeste de Culiacán, 1 de Julio de 1977: 1-5).

De hecho, se usaron alrededor de 40 aeronaves, muchas de ellas helicópteros proporcionados por Estados Unidos, y se habilitaron once bases aéreas cerca de las zonas productoras para facilitar el transporte del personal asignado a la campaña: 5 000 soldados y 350 agentes de la Policía Judicial Federal que participaban en el programa de tiempo completo. Para disminuir la corrupción, se buscó mover al personal involucrado en la campaña de una zona a otra, con lo que, si bien se tuvieron resultados difíciles de evaluar fehacientemente, mostraron voluntad por parte del gobierno (Enciso, 2009).

En consecuencia Agentes de la Policía Judicial Federal, con equipos de radio comunicación y perros amaestrados, establecieron retenes en el aeropuerto, terminal del ferrocarril, centrales de autobuses […] con el objetivo de detectar a traficantes de drogas que han establecido en esos lugares sus principales centros de operaciones (El Noroeste de Culiacán, 18 de agosto de 1977:7).

Fue en enero de 1977, cuando se inició oficialmente, lo que llamaron la Operación Cóndor, al mando de ella se encontraban el General Hernández Toledo, por parte del ejército y Carlos Aguilar Garza por la PGR, este último pronosticaba, tras este operativo, el fin del narcotráfico en el mes de mayo del mismo año, por su parte del gobernador Calderón afirmaba:

Se quitará de encima una lacra social que veníamos padeciendo y que por negligencia fue creciendo, Se trata de erradicar los sembradíos de mariguana y adormidera y consecuentemente la ola de criminalidad, que por muchos años ha deformado la imagen turística y hospitalaria de Sinaloa. La Operación Cóndor contra el narcotráfico será reforzada con tres mil soldados más, que arribarán a este puerto en las próximas veinticuatro horas […] en la segunda etapa de la operación toda la región serrana de Sinaloa será cubierto por los soldados. Serán arraigados por tiempo indefinido y habilitados por aire y tierra para establecer un acoso constante contra los sembradores de mariguana y amapola (El Informador, 2 de Octubre de 1977:12).

Dicha operación tenia ubicados los puntos considerados como “zona critica” localizado el primero de estos en los puntos de Choix, Sinaloa; Batopilas y Morelos, en Chihuahua; el segundo en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Sinaloa de Leyva y Badiraguato, el segundo y Tamazula Durango, el tercero. De acuerdo con las expectativas de este operativo, los esfuerzos estaban encaminados en la identificación y detención de aquellas personas quienes financian, promueven y alientan el cultivo y tráfico de enervantes y estupefacientes.

Uno de los problemas principales para la identificación y detención de los narcotraficantes es que la ciudadanía por temor se abstiene a colaborar con las autoridades para hacer denuncias concretas o al menos de colaborar con datos precisos que conduzcan por buen camino una investigación […] la Operación Cóndor contempla una acción rápida y decisiva en contra del narcotráfico organizado, por lo cual la Procuraduría proporcionará los datos necesarios para una perfecta coordinación con el ejército (El Diario de Culiacán, 16 de Enero de 1977: 1 y 6).

A un mes de haber iniciado la campaña, el discurso oficial se basaba en decomisos y detenciones, haciendo alarde número de hectáreas y cantidades de droga: cien toneladas de mariguana decomisados en Los Altos […] cinco kilos de heroína; más de mil armas entre pistolas, metralletas y rifles; se desmantelaron cuatro laboratorios clandestinos donde se procesaba opio, además del decomiso de diecisiete vehículos y la detención de cuarenta y dos narcotraficantes; el total de plantíos ha sido cuatro mil quinientos cuarenta y tres de amapola y setecientos trece de mariguana (El Informador, 16 de Febrero de 1978); mientras el encargado de la campaña por parte de la PGR, reconocía las dificultades de tales operativos.

Es una batalla contra el tiempo, ya que en unos días más los sembradíos estarán listos para ser rayados; la labor en la sierra se ha complicado, especialmente porque es casi imposible llegar con el equipo por la vía terrestre y que por la naturaleza del terreno, la fumigación de herbicida con helicóptero es difícil. Actualmente tenemos 7 helicópteros fumigadores y 4 para traslado de personal. Según las inspección que por aire y tierra hemos realizado si en un lapso de 3 meses 10 días no destruimos aproximadamente 10 mil 800 plantíos, perdimos la guerra, ya que los narcotraficantes podrán cosechar y traficar mariguana y heroína. Por lo tanto, no debemos perder un solo día. En cuanto el equipo requerimos cuando menos diez helicópteros más y avionetas así como camiones. Para destruir los plantíos de mariguana se utiliza el herbicida “GRAMOXONE” y para los de amapola el “DMA-6” los que han dado magníficos resultados, de tal manera que al ser rociado el gramoxone a las 24 horas se secan las plantas de mariguana y con el DMA-6, a las 48 horas de los de amapola (El Informador, 24 de Febrero de 1977:11).

A pesar de los esfuerzos realizados por las corporaciones policiacas en la erradicación del enervante, su siembra y tráfico continuaban en la región alteña, donde los traficantes se valían de diferentes medios para llevar a cabo su cometido, en la penitenciaria de la ciudad de Guamúchil, por ejemplo, se encontraba un terreno sembrado de mariguana por los mismos internos, quienes llevaban a cabo la transacción de la hierba entre los adictos reclusos.

Las autoridades policiacas se percataron que en un lugar estratégico, escogido por los reos, se encontraba la mariguana sembrada, la que de inmediato fue cortada y destruida dentro del mismo plantel […] los presuntos responsables de la siembra fueron fichados para una investigación de un posible negocio de tráfico de enervantes dentro y fuera del reclusorio. (El Diario de Culiacán, 13 de Marzo de 1977: 11).

Aguilar Garza, propuso lo que fue aceptado de inmediato, la creación de un puente aéreo de abastecimiento para las patrullas aéreas y terrestres, así como la instalación de sub-bases de aprovisionamiento móviles, mismo quien calificó a Badiraguato como una de las zonas más críticas especialmente a orillas del rio Tomo, donde de acuerdo a su postura, los habitantes de rancherías enteras viven exclusivamente del narcotráfico.

Un piloto con un helicóptero fumigador, destruye 55 hectáreas cultivadas de mariguana y amapola de día, mientras que por tierra y en forma manual, un pelotón del ejército destruye un cultivo de una hectárea de amapola en tres horas; y uno de la misma de superficie de mariguana en catorce. Después de la reunión de trabajo, el Lic. Flores Sánchez, el general Galván, el Gobernador del Estado y los comandantes de la zona, así como el Lic. Aguilar Garza y el comandante de la judicial federal Manuel Arrequín, algunos reporteros y otros funcionarios civiles y militares, realizaron a bordo de tres helicópteros, una inspección aérea de las zonas consideradas como “criticas” aterrizando en cuatro ocasiones para comprobar los efectos destructores de los herbicidas aplicados en los cultivos de amapola y mariguana, desde el aire, se pudo constatar los miles de plantíos existentes y los destruidos por las acciones del ejército y de la judicial federal (Ibíd.).

Por otro lado, los agentes de la DEA trabajaron en México gracias a los acuerdos ejecutivos y los mandatos del Programa de recolección de Información de inteligencia, como lo establecen los estatutos fundacionales de la dependencia a la que pertenecen. La misión de un agente de la DEA consistía en elaborar y entregar informes de sus jefes en Washington; establecer y mantener una buena relación con todas las agencias (nacionales y extranjeras que produjeran o utilizaran información de inteligencia relacionada con el tráfico y producción de drogas; incrementar la eficiencia en la recolección, análisis, almacenamiento, extracción e intercambio de información de inteligencia.

La DEA dividió en tres categorías su labor de recolección de información de inteligencia: táctica, operacional y estratégica. La táctica se encarga de proporcionar información de inteligencia en tiempo real, que respalde investigaciones para identificar a los traficantes y el desplazamiento de drogas. La operacional consiste en hacer análisis de información de inteligencia que contribuyan a establecer y definir clanes de organizaciones del trasiego de drogas. Y por último la estrategia focaliza en el desarrollo de imágenes de todos los sistemas de vigilancia para detener el cultivo, la producción y el transporte de drogas. Los agentes de la DEA que se encuentran en México mantienen una relación de trabajo y comunicación con funcionarios, militares y policías mexicanos (Ezquivel, 2013: 12-15).

El discurso oficial contrastaba con las fricciones existentes en la relación bilateral con Estados Unidos. Las criticas el gobierno norteamericano, provocaron reacciones por parte de funcionarios mexicanos que señalaban la “ineficiencia y la falta de cooperación” de los agentes de la DEA. La discusión sobre el tema de las drogas no dejó de ser intensa durante la segunda mitad de los años setenta, del lado estadounidense siguieron las quejas dado que México – y propiamente Sinaloa- era considerado uno de los principales proveedores de droga (Enciso,…Op, cit, 2009) al respecto los encargados de la campaña del lado estadounidense argumentaban la necesidad de su supervisión en la erradicación de cultivos.

Seis aviones con policías de narcóticos norteamericanos iniciaron una operación aérea binacional, que busca eliminar las plantaciones de amapola y opio […] Nuestros hombres sobrevolarán las áreas de cultivo y darán parte de su ubicación a las autoridades mexicanas. Cuando los aviones detectan una zona de cultivo, pasarán la información al coordinador mexicano quien a su vez enviará helicópteros equipados con material de fumigación de herbicidas (Noroeste de Culiacán, 26 de agosto de 1977: 6).

En el poblado de Agua Caliente, alrededor de ciento cincuenta habitantes eran empleados en el cultivo de mariguana, de los cuales fueron detenidos diez y nueve, así como decomisadas más de trece toneladas distribuidas en cuatrocientos treinta costales escondidos en las casas la comunidad. Entre los pueblos con mayor concentración de plantíos destacan, Rio de Ahuijote, Rio de Santa Cruz en Badiraguato; Bacubirito, cerro de Tiburón y San José de Gracia, en Sinaloa de Leyva; El Comedero y Los Llanos en Cosalá esto ubicado en lo más atrincado de la región alteña; destaca el poblado de Santiago de los Caballeros, también en Badiraguato, donde se detuvo a vecinos de dicha localidad dedicados a la siembra de enervantes, entre ellos: Luis Medina, Margarito García Chávez, Álvaro Rodríguez Medina, Antonio Araujo Vega, Juan Manuel Beltrán y Víctor Gastélum Beltrán (El Informador, 22 de Febrero de 1977: 7 y 22).

Esta región de Los Altos se consideraba inexpugnable como tierra de nadie, guarecida por casi inaccesibles riscos de la Sierra Madre que dificultan al avance por la tierra […] estos obstáculos creados por la naturaleza, han hecho posible que proliferen individuos dedicados al cultivo y tráfico de drogas […] los narcotraficantes dan “ocupación” en los cultivos de amapola y mariguana a diez y ocho mil personas, en el trabajo del rayado del bulbo de la amapola para la obtención de la goma de opio prefieren emplear a menores de edad y a mujeres (El Noroeste de Culiacán, 24 de Febrero de 1977: 6).

Ante el accionar militar en contra del tráfico de drogas, las reacciones no se hicieron esperar. En Culiacán se daban casos de heridos, presuntamente relacionados con el tráfico de drogas, sacados del Hospital Civil a punta de metralleta. Se decía que los disparos calibre 38 y 45 y metralletas servían también como “contraseña” entre gomeros; que la ciudad estaba bajo el imperio de las pistolas.

La policía empezaba también a resentir los ataques del narcotráfico: a principios de marzo de 1977, Alfredo Reyes Curiel, comandado desde hacía siete meses como subjefe de la policía judicial de Sinaloa, muere acribillado con veinte impactos de bala en pleno día, en las calles de la capital sinaloense (Astorga, Op…cit p. 113-115). Ante esto la prensa agregaba: Negar que existe violencia en Sinaloa es una necedad. Demasiado bien saben los habitantes de Culiacán, donde ya se ha perdido la capacidad de asombro (El Informador, 1 de Febrero de 1977: 7).

Ramón Guadalupe García, muerto en Progreso y Leyva; Esther Aispuro Pérez, quien fue asesinada dentro del hotel La Rivera; el duelo a balazos donde perdieron la vida Concepción Verdugo y Bernardo Quintero Beltrán […] Víctor Serrano Sánchez, asesinado en Tierra Blanca, quien radicaba en Nogales y tenían diez días en esta ciudad haciendo contacto para su actividad (El Diario de Culiacán, 12 de Febrero de 1977: 8).

Por su parte, el alcalde en turno de Culiacán, Fortunato Álvarez Castro, argumentaba que los hechos delictivos ocurridos, si eran a causa del narcotráfico, pero que quienes los llevaban a cabo no pertenecían a familias de Culiacán ya que provenían de Los Altos, principalmente de Badiraguato y de otros estados como Durango y Chihuahua, afirmando la gravedad de la situación, agregaba:

Quienes han incurrido en las actividades ilícitas son gente de fuera […] hizo una relación de los actos criminales, accidentes y demás hechos sangrientos en los últimos días destacando el asesinado habido en la Colonia 6 de Enero; como el de El Salado; el de la jovencita asesinada en La Estancia y el de la Muchacha en el Hotel Rivera (El Diario de Culiacán, 9 de Enero de 1977: 7).

Así mismo, Álvarez Castro, declaraba que a Culiacán no se le podía dejar sin el patrullaje del ejército, por lo que el comandante de la Novena Zona Militar, Gral. Ricardo Cervantes ordenaría su reanudación inmediata, ante el recrudecimiento de la violencia (Noroeste de Culiacán, 1 de Febrero de 1977: 1 y 5) en Culiacán donde sus calles volvían a ser escenario de hechos delictivos, pues “Mientras en la sierra se realiza la “Operación cóndor” contra el narcotráfico, a Culiacán están llegando delincuentes de todo tipo y la violencia se ha recrudecido”, según la postura del el alcalde (Ibíd).

El alcalde le expuso la situación de Culiacán al gobernador Alfonso G. Calderón, quien pidió al comandante de la zona Militar que la vigilancia del ejército se reanude. “El general Cervantes dijo que de inmediato se dispondría el patrullaje y el establecimiento de retenes, para detener esta ola de violencia que está padeciendo Culiacán”. Y es que por más que las autoridades pretenden minimizar la gravedad de la situación, lo cierto es que la inseguridad y la violencia cobran cada día mayor intensidad, pero no puede taparse el sol con un dedo, pues lo cierto es que la delincuencia ha mantenido siempre los mismos niveles, aun en los días en los que se inició la vigilancia militar, pues los asesinos solo esperaban a que pasaran los soldados para cometer sus crímenes (Noroeste de Culiacán, 2 de Febrero de 1977: 12).

Mientras tanto, la Procuraduría General de la República, incrementaba su aportación económica a la Operación Cóndor con una suma de cincuenta y tres millones de pesos, aumentando también el número de soldados que participarían en la campaña así como armamento y equipos de tecnología necesarios para la erradicación de cultivos, asegurando además que “muy pronto volvería la calma y la tranquilidad al región” pues “limpiarían la zona” en cuatro meses, de acuerdo con las estimaciones de los encargados de llevar a cabo la campaña (El Diario de Culiacán, 12 de Febrero de 1977: 4).

Funcionarios civiles y militares realizaron a bordo de tres helicópteros una inspección en las zonas consideradas como “criticas” aterrizando en cuatro ocasiones para comprobar los efectos destructores de los herbicidas aplicados en los cultivos de amapola y mariguana. Se requieren diez helicópteros más y avionetas, así como camiones para obtener óptimos resultados […] los herbicidas son muy eficaces ya que secan las plantas en menos de cuarenta y ocho horas […] La campaña también incluye la detención e investigación de personas que desde las ciudades alientan el narcotráfico…es mejor hacerlo que decirlo… los resultados serán mejor que las palabras (El Informador, 16 de Enero de 1977: 6).

En este contexto, el gobierno buscaba implementar fuentes de trabajo licitas a los habitantes alteños, ante la idea de erradicar la violencia y la ocupación en el cultivo de enervantes, se buscó entonces llevar infraestructura, mediante caminos, electrificación, agua potable, escuelas y centros de salud, así como la instalación de industrias que abastecieran a la población logar y dotaran de empleo a las comunidades serranas (El Informador, 16 de Enero de 1977:6).

El proyecto, perfectamente delineado contempla una inversión global de noventa y seis millones ciento doce mil pesos y generará dos mil veintitrés empleos. Entre las industrias proyectadas se encuentran ladrilleras, trapiches, fábrica de postes de concreto, aserraderos y fábrica de cajas, fábrica de muebles, fábrica de jaba alambrada, artesanías mineras, fábricas de yeso, de hielo, de salsa picante, industrialización de la palma y del cacahuate, etc. Todo deberá hacerse en el menor tiempo posible, aunado a una concientización del campesino serrano de manera que comprenda que debe trabajar lícitamente (Ibíd.).

A principios de abril de 1977, después de cuatro meses de haber iniciado la campaña, terminaba la primera etapa de esta, con resultados “halagadores” de acuerdo a versiones oficiales de los diferentes órdenes de gobierno, desde los cuales se defendía la postura de que el narcotráfico había sido abatido en una buena parte, más daba inicio una segunda etapa, en la cual continuarían combatiendo la siembra y tráfico de estupefacientes.

No nos engañemos, pues aunque en la etapa de destrucción de siembras se actuó con fulminante eficacia puede resultar peligroso para la comunidad descansar en la falsa ilusión de que el trabajo esté concluido, y lo que mediante declaraciones optimistas ganemos en imagen, lo podemos perder en seguridad interna a causa de dormirnos en nuestros laureles. Sería peligroso que la vieja historia se repitiera hoy con la siembra y distribución de enervantes, porque podría sucedernos que a despecho de las más optimistas declaraciones, el narcotráfico esté efectivamente muerto… pero de risa (Noroeste de Culiacán 2 de Mayo de 1977: 2ª).

Desde el 1 de mayo de 1977, los vuelos de reconocimiento para la detección de plantíos de estupefacientes, se iniciaron apoyados por equipo tecnológico basado en sensores remotos proporcionados por la Procuraduría General de la República, esto con afán de localizar los plantíos y programar la fecha oportuna de su destrucción tomando en cuenta el “mapa básico” que comprendía los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango, se emprendía una segunda fase intensiva de la campaña, que estaría enfocada en la erradicación del cultivo y tráfico de mariguana (Noroeste de Culiacán, 9 de Mayo de 1977: 7ª).

Agentes de la policía judicial federal a bordo de un helicóptero y soldados que llegaron en una avioneta, se enfrentaron a balazos con un grupo de narcotraficantes, resultando heridos uno de los maleantes […] el enfrentamiento se produjo en un lugar llamado La Mesteña, municipio de Cosalá en donde fueron localizados algunos plantíos de mariguana. Precisamente se iniciaba la destrucción de la siembra, cuando los narcotraficantes abrieron fuego (Noroeste de Culiacán, 26 de Enero de 1977: 6).

Sin embargo, en Los Altos de Sinaloa, la violencia tomaba cada vez con mayor fuerza, rasgos propios que le imprimían su carácter, influenciada en cierta forma por la cultura regional que tiene arraigados sus propios valores reforzando los comportamientos criminales. Las manifestaciones de violencia mostradas en la sociedad sinaloense, durante la Operación Cóndor presentan rasgos muy complejos y una variedad que alcanzan por igual escenarios públicos y privados, sin distinción de sexo, clase social o edad. Esto sucedía en las mismas cárceles de la región, caso del Instituto de Readaptación Social de Culiacán donde el tráfico de drogas y los altercados entre internos por el control de la venta de estupefacientes eran una constante.

En vista del detectado tráfico de drogas en el interior de IRSS la policía judicial federal […] realizará una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. Aunque las autoridades penitenciarias no han presentado ninguna denuncia al respecto, se tiene indicios de que el tráfico de mariguana y heroína se realiza entre los internos en cuyas celdas han sido encontradas drogas. Se hará todo lo posible por terminar con este mal dentro del reclusorio […] sobre las irregularidades que hace tiempo se vienen cometiendo en el interior del penal, con el fin de terminar con las arbitrariedades y vejaciones de grupos “especiales” se llegó a la conclusión de la participación de los propios vigilantes del penal (Noroeste de Culiacán, 2 de Julio de 1997: 9ª).

Las irregularidades ocurridas en las penitenciarías de Sinaloa daban muestras del nivel de corrupción existente en estas instancias, en donde no solo se distribuían drogas como mariguana, sino que estas eran sembradas en terrenos baldíos ubicados en las mismas cárceles. La venta de droga en el penal era controlada por grupos que se encontraban vinculados con los agentes encargados de la seguridad; lo que traía como consecuencia diversos actos que desestabilizaban y violentaban la estadía en prisión.

Que se estaba preparando una fuga masiva organizada al parecer por un recluso del penal quien según declaraciones de los guardias trató de sobornar a varios guardias para que lo pusieran en libertad ante esto se redobló la vigilancia y como consecuencia las autoridades policiacas se percataron que en un lugar estratégico se encontraba mariguana sembrada (El Diario de Culiacán, 13 de Marzo de 1977: 7ª).

En cuanto a la producción y tráfico de drogas, en Culiacán específicamente la colonia Tierra Blanca, la dosis de heroína se cotizaba hasta en cincuenta pesos; en este mismo lugar se ubicaban laboratorios clandestinos para su elaboración, donde clanes conformados por vecinos y parientes del poblado de El Saucito, Badiraguato, perteneciente a Los Altos eran los encargados de la siembra, procesamiento y tráfico de opio y su conversión a heroína.

Los hermanos Manuel y Felipe López Ontiveros, se dedicaban a la siembra de enervantes y procesamiento de heroína en el referido poblado, mientras que el laboratorio era propiedad de Jesús Magallanes Rodríguez, estos individuos se encontraban asociados en el tráfico de heroína hacia Culiacán, teniendo como punto de distribución el Hotel Tierra Blanca, donde Raúl García Rodríguez y Ana María Moreno, se dedicaban a comerciarla (Noroeste de Culiacán, 1 de Febrero de 1977: 7).

La siembra de mariguana y amapola, así como el procesamiento de opio crudo en su conversión a heroína, se realizaba en las comunidades serranas. En el poblado de El Fraile municipio de Badiraguato, los pobladores eran contratados para dicha labor por Valentín Acosta, encargado de supervisar la cosecha; este era llevado a la colonia Tierra Blanca de Culiacán por Oscar Medina, quien funcionaba como intermediario, mientras que Humberto Quintero Araujo, Saúl Valenzuela Carrillo y Apolinar Avilés Castro, eran los encargados del procesamiento del enervante (El Diario de Culiacán, 13 de Julio de 1977: 6).

En el poblado de El Tecolote, sindicatura de Pericos, el clan integrado por Manuel Seferino Quiñónez de la Rocha, Verónica Álvarez Gutiérrez, Eugenio Argüelles Moreno y Guillermo Cuén Medina, eran los encargados del procesamiento de heroína en un laboratorio clandestino, la heroína y morfina procesadas era llevada a la colonia 6 de Enero de Culiacán, teniendo como destino la ciudad de Tijuana, Baja California.

Por su parte, el tráfico de mariguana se llevaba a cabo en la región alteña en diferentes puntos: la recolección del enervante se hacía en los lugares de siembra para después llevarla a Culiacán, que funcionaba como centro de almacenamiento o acopio, posteriormente se trasladaba a la frontera, ya fuera en fuertes o moderadas cantidades vía terrestre o aérea, este fue el caso del clan conformado por Juan Manuel Beltrán, José Luis Medina Beltrán, Antonio Araujo Vega, Margarito García Chávez, Víctor Gastélum, Jorge Rodríguez Lozoya y Álvaro Rodríguez Medina. La droga era adquirida en el Rancho de El Chapote, Mocorito (El Diario de Culiacán, 10 de Febrero de 1977:10).

En el pueblo de Bacamacari, municipio de Mocorito, se encontraba el clan conformado por los hermanos Antonio, Mariano, Everardo, Ismael y Fortino Valenzuela Pérez, dedicados a la siembra y tráfico de mariguana, en sociedad con Leobardo Nevares Angulo, quien funcionaba como intermediario, el enervante era llevado hasta la colonia Hidalgo de Culiacán donde era almacenada para su venta en la frontera de Nogales, Sonora (El Diario de Culiacán, 12 de Mayo de 1977: 10).

En El Limón de Tellaeche, sindicatura de Las Tapias, el clan integrado por José Quintero Mendoza, Damián Molina Gurrola, José Félix Castaños, Rafael García Romo, Héctor Zazueta Barraza, Macario Félix Zazueta, José Félix, Víctor Rangel Carrillo, Agustín Félix Mendoza, Rosalino Félix Zazueta y Guillermo Félix Sicairos, se dedicaba a la siembra, empaquetado y transportación de mariguana, hasta la colonia Emiliano Zapata de Culiacán, donde era almacenado el enervante, en asociación con Heliodoro Núñez (El Diario de Culiacán, 7 de Mayo de 1977: 8).

En el poblado de Bacubirito, Sinaloa de Leyva se encontraba almacenada mariguana que sería llevada hacia Mexicali, Baja California y la ciudad de Calexico California, para su distribución y venta Víctor Parra Angulo, Gilberto Gastélum, Ramón Jiménez, Franco Mario Martínez Arias, Guadalupe Castro Solares, Juan Pulido Guerrero, Jesús Corona, Fernando Martínez Madrigal, Juan Manuel Gastélum y Atalo Urías Sotelo (El Diario de Culiacán, 24 de Mayo de 1977: 2).

Como vemos, la actividad de la siembra y tráfico de enervantes continuaba a pesar de las labores gubernamentales enfocadas a su combate. La actividad irrumpía a la capital sinaloense, funcionando como centro de concentración del producto, desde donde se trasladaba hacia las ciudades fronterizas y posteriormente al mercado norteamericano.

Los clanes encargados de la siembra, cosecha y procesamiento del enervante en la mayoría de los casos, tenían vínculos sanguíneos, comerciales y vecinales, asociándose para llevar a cabo una actividad que se extendía por toda la región alteña. La Operación Cóndor provocó que los cultivos de amapola y mariguana se realizaran cada vez con mayor frecuencia en poblados enclavados en la región alteña, aquellos donde se dificultaba el acceso de las fuerzas policiales. Los operativos antidroga- en Sinaloa, tuvo como primer propósito reducir la producción de enervantes, sin embargo, esto trajo como consecuencia que las siembras se extendieran hacia otros puntos de Los Altos, encontrando conexiones de norte a sur incluso con otros estados como Chihuahua y Durango, que posibilitarán el surgimiento de nuevas rutas y circuitos de trasiego a fin de continuar con la actividad ilegal.

Por otra parte, después de seis meses de iniciada la Operación Cóndor se promovieron novecientos treinta amparos en contra de abusos cometidos por parte de autoridades militares, federales y estatales a la población alteña. Estos últimos ante el temor de ser detenidos de manera arbitraria por los encargados de la campaña (Noroeste de Culiacán, 15 de Julio de 1977: 9). La violencia en Los Altos en buena parte era aplicada por el Estado, en sus diferentes corporaciones policiacas, esto con el fin de legitimar sus acciones en contra del combate al narcotráfico.

Estos eran pues indicios de la violencia ejercida en Los Altos contra la población; muchos de estos se dedicaban al cultivo de drogas, otros sabían de quien o quienes practicaban este oficio, lo cierto es que en la incesante búsqueda de resultados, se cometían actos de excesiva violencia, al momento de realizar las detenciones por parte de las autoridades, lo que provocó el cuestionamiento de la legitimidad de estos comportamientos y la inconformidad por parte de los familiares de los afectados, sobre esto de abordará en el siguiente apartado.

La violencia de Estado y sus márgenes

La violencia es una noción polisémica que debe ser pensada como un fenómeno social, ya que es producida socialmente y recreada en las relaciones sociales, sobre todo en la cotidianidad o en la forma de resolver los conflictos, pero además porque puede ser abordada como un acontecimiento, hecho, acción o suceso de preocupación y/o de interés para la sociedad. La violencia como objeto social abstracto remite a una pluralidad de discursos, conocimientos y prácticas, lo que permite la comunicación y las tomas de posición con respecto a ella, situados siempre dentro de una historia y una cultura específicas, con sus normas, valores y creencias (Murrieta y Guzmán, 2015).

Para efectos de este trabajo, tomaremos el concepto de Stathis Kalivas, en relación a lo que este llama violencia coercitiva esta se realiza de forma intencionada y directa, y toma formas diversas que incluyen el desplazamiento forzoso, el secuestro, la toma de rehenes, la detención, el apaleamiento, la tortura, la mutilación, violación y profanación de cuerpos muertos o muerte violenta, entre otras formas del ejercicio violento en contra de una población determinada.

De acuerdo con este autor, la violencia puede ser usada para exterminar a un grupo o para controlarlo, a esto es a lo que llama violencia coercitiva. Aunque los métodos usados para conseguir la sumisión y destrucción física pueden ser similares, estos objetivos difieren. Cuando la violencia se usa para controlar a una población se vuelve un recurso más que un producto final; dicho de otro modo, la violencia cumple con una función comunicativa con una clara dimensión disuasoria que tiene como uno de sus objetivos sembrar el miedo en la población, por lo que aplicada de forma coercitiva puede ser al mismo tiempo, estratégica y táctica a su vez puede producirse de forma unilateral (por un actor; generalmente, el Estado), o multilateral (por dos o más actores enfrentados), en este sentido, la violencia aplicada en la Operación Cóndor, tenía como uno de sus objetivos intimidar a la población de Los Altos de Sinaloa, y de esa forma, mediante la fuerza pública, y de paso legitimar las acciones realizadas para contrarrestar la siembra y tráfico de enervantes.

El horror y el salvajismo crudos de aquellos que asesinan y abusan provocan que la gente huya, se esconda o que apenas se defienda y a menudo sus víctimas responden con pasividad muda […] la violencia coercitiva no es necesariamente masiva el terror exitoso implica bajos niveles de violencia, la coerción falla si se limita a destruir al sujeto cuya sumisión se busca (Kalivas, 2010).

La violencia en la región alteña ejercida por el Estado, durante la Operación Cóndor buscaba justificar lo que en el discurso oficial alegaba la existencia de una patología social a raíz del narcotráfico que había de ser combatida y erradicada con el afán de devolver a la sociedad sinaloense a la aparente tranquilidad; el gobierno en turno defendía la hipótesis en torno a la consolidación de una epidemia, expresada en el cultivo y tráfico de drogas y sus consecuencias.

En la operación militarizada avivaron aún más de inseguridad, delincuencia y crimen a las ciudades y las poblaciones del norte, del centro y del sur de Sinaloa y las entidades vecinas. Más de diez mil militares, además de los policías judiciales federales, dejaron también miles de muertos (cálculos conservadores hablan de 15 mil muertos durante el período), entre campesinos inocentes, sembradores y distribuidores.

Debido a tales acciones, las huestes militares y judiciales habrían dejado la secuela de desaparecer pueblos y rancherías del campo y las montañas de Los Altos, pero la siembra y el trasiego de las drogas nunca terminaron. Más bien, tal industria se fortificó en toda la geografía estatal, con la injerencia, la participación, la complicidad, la colusión y el control que ejercieron de forma directa los mandos y comandos de la Operación Cóndor (Córdova, 2008).

Para reflexionar sobre las acciones militares en los operativos antidroga, debemos tomar en cuenta la existencia de fronteras efímeras en cuanto a la forma de aplicar la ley a través de la violencia legítima, entre lo legal e ilegal y las prácticas que los corporativos policiacos llevan a cabo para hacer cumplir las normas; tenemos pues la existencia de los márgenes del Estado, en referencia a espacios donde se fortalece el poder estatal y a la vez que abre la posibilidad para cuestionar la forma de actuar del mismo.^[2]

Es decir, los márgenes estatales implican una dinámica de visibilización más que de localización, no son espacios fijos, en estos se dejan ver relaciones de poder, formalidad e informalidad, legalidad e ilegalidad, que no son constantes pero visibles, no utilizamos los márgenes en sentido territorial, sino como dinámicas en las que el poder del estado se hace visible a través del ejercicio de la violencia y las economías ilegales.

Las prácticas estatales en zonas de emergencia o en estado de excepción no pueden ser entendidas en términos de ley y trasgresión sino más bien en términos de prácticas que se encuentran simultáneamente dentro y fuera de la ley (Das y Poole, 2008).

Estos pueden ser márgenes de resistencia donde se afianza el poder y se establecen las condiciones para que se lleve a cabo la relación del Estado con actividades ilegales, hasta el punto de hacer visible la precariedad de las instituciones encargadas de establecer el orden, ofreciendo espacios frágiles dentro de las organizaciones estatales. (Ibidem).

En virtual estado de sitio viven algunas comunidades de esta entidad donde, con el pretexto de la “Operación Cóndor”, los “palmolives” (soldados), “grises” o “pardos” (policías del Estado), “judas” (judiciales federales) y “secretos” (miembros del Servicio Secreto) violan los derechos humanos a través de la privación ilegal de la libertad y la represión que ha llegado a mutilaciones corporales (Ramírez, Revista Proceso, 1979).

Por su parte, el comité de ayuda legal en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa, con sede en Culiacán señalaba haber estudiado los casos de setenta y nueve campesinos y de ellos por lo menos treinta y cinco eran inocentes y otro gran número fueron orillados a participar en estas actividades: “El 25% de los campesinos presos no tienen nexo con el narcotráfico. Estos campesinos que son inocentes, deben ser liberados y los que tiene culpa, deben ser ayudados, proporcionándoles medios de subsistencia a sus familias que hasta ahora se encuentran desamparadas.” (El Noroeste de Culiacán, 16 de Enero, 1977: 1-5).

La producción de drogas y los derivados como la farmacodependencia y la violencia, han conducido paulatinamente y peligrosamente a un estado de neurosis social con las manifestaciones de inseguridad y angustia, quien expuso: Se han confabulado una serie de factores socioeconómicos donde la pobreza del agro colindante con la sierra, la miseria y la ignorancia de mucho y la ambición de enriquecimiento rápido, desmedido, sin esfuerzo, riesgo de unos cuantos, ha hecho posible la coacción de los traficantes internacionales intermediarios para que el campesino dedique sus tierra a cultivos legales. Sinaloa, a nuestro querido estado, desgraciadamente la ha tocado sufrir una enfermedad social en forma intensa y brutal (Ibidem).

En los inicios de la Operación Cóndor en Sinaloa, se realizaban diferentes actos que provocaban la inconformidad de la población entre los que destacaba el establecimiento de retenes por parte de la Policía Judicial Federal en aeropuertos, terminal de ferrocarril y centrales de autobuses, contando con equipos de radio comunicación y diversos recursos para la detección de drogas, ante esto, el discurso por parte de las fuerzas policiales reconocía que:

La detención de los vehículos no deja de constituir una molestia que no se justificaría en tiempos normales, pero lo cierto es que no vivimos en una situación normal y que la población civil debe estar dispuesta a pagar el pequeño precio de los inevitables contratiempos que causan los retenes a cambio del bien que pueden hacer al detectar a los elementos que perturban la paz social; esto mismo llevó a la detención de doscientos treinta y tres vehículos para investigación, algunos de los cuales tienen aparatos instalados aparatos de transmisión y recepción de señales radiofónicas, además de que en muchos casos no se ha podido probar la importación legitima de dichos aparatos, existe la sospecha de que los delincuentes los utilizan para interceptar comunicaciones de la policía y de la Novena Zona Militar (Ibidem).

Durante la Operación Cóndor, que en sus inicios tenía como objetivo la erradicación de la siembra de enervantes, abundaron aprehensiones ilegales, los casos de tortura, de asesinatos, de violaciones a las mujeres, y los saqueos de viviendas y localidades enteras por parte de miembros del ejército y de las policías judiciales del estado y federal. En efecto, los ejemplos de abuso y brutalidad abundan en las comunidades serranas del municipio de Cosalá, en el mineral de Nuestra Señora de Guadalupe, en reiteradas ocasiones el ejército, buscando armas, después de allanar los hogares torturó a los varones del poblado de acuerdo con el testimonio de uno de los habitantes: “un capitán del ejército, después de violar a una de las sobrinas la asesinó, y lo mismo hizo con su marido y uno de sus hijos cuando se opusieron a tales abusos” (Lizárraga y Guerrero, 2010).

Los márgenes normalmente descansan sobre aquellas prácticas que pueden parecer relativas a una continua redefinición de la ley a través de formas de violencia y autoridad, las cuales pueden ser construidas como extra judiciales tanto como previas y fuera del Estado. Representan simultáneamente el desvanecimiento de la jurisdicción estatal y su continua refundación a través de su no tan mítica apropiación de la justicia y la violencia legítima. La consideración de estas personas permite entender cómo la frontera entre lo legal y extralegal transcurre en instituciones estatales (Poole y Damonte, 2015).

Por su parte, Pablo Moreno, quien fuera presidente municipal de Sinaloa de Leyva, recuerda que llegaban vecinos desesperados por que los militares se habían llevado sin permiso sus vehículos de doble rodada, los únicos con los que podían subir a ciertos puntos de la sierra. “Luego los abandonan allá, todos deshechos”. Eran los tiempos de la Operación Cóndor, cuando Sinaloa conoció que había generales que eran “unos caballeros”, pero también “mandos que no respetaban a ninguna autoridad civil” (Cano, Arturo, La Jornada: Mayo, 2009).

La ley emerge más bien en los hombres cuyas habilidades para representar al Estado, o hacer cumplir sus leyes, están basadas en el reconocimiento de la impunidad de los mismos para moverse entre la apelación a la ley y las prácticas extrajudiciales, que son claramente representadas como permaneciendo por fuera del Estado (Poole y Damonte, Op... cit).

Mientras en el discurso oficial se insistía en el respeto a las familias, mujeres y niños, los actos intimidatorios por parte de las autoridades hacia las personas aprehendidas durante sus diferentes operativos, así como las acusaciones de tortura y detenciones con lujo de violencia sin orden de aprehensión eran efectuadas por agentes de la Policía Judicial Federal y en algunos casos por el Ejército.

Violencia y abusos contra la población alteña

Los testimonios aseguraban haber sufrido maltratos que van desde los golpes y los amagos morales hasta tormentos físicos, sobre todo durante los procesos interrogatorios, además de acusaciones acerca de personas desaparecidas o aquellas que se encontraban recluidas e incomunicadas así como cateos de forma ilegal a las casas en los diferentes poblados donde se llevaron a cabo las campañas de erradicación: “Están abusando, que se lleven a los culpables, pero no a los inocentes que no tienen nada que ver con el tráfico de drogas o siembra de mariguana, no tienen ningún derecho de abusar y robar objetos de valor ni dinero que se encuentran en ellas” (El Noroeste de Culiacán, 18 de Abril de 1977: 3-4).

Golpes con los puños o con culatas de rifle y cachas de pistola en las partes nobles, costilla, cara y nuca. Mantenimiento del detenido con las manos atadas atrás, los ojos vendados. Introducción de bebidas gaseosas en las fosas nasales […] Toques eléctricos con el cuerpo totalmente desnudo y mojado… La tortura vil, pues institucionalizada como método de investigación policial (Ortiz Pinchetti, Proceso, 1981).

Estos fueron las formas de operar por la Policía Judicial Federal y por el Ejército, en la campaña contra la producción y tráfico de estupefacientes. La denuncia de tales hechos fue llevada a cabo por el Colegio de Abogados “Eustaquio Buelna” de Culiacán, con base a un estudio que recogió los testimonios de cuatrocientos cincuenta y siete reos acusados de delitos contra la salud, internos en el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS), alegando que para las autoridades militares no existe la ley de amparo quebrantando un derecho constitucional.

Ni solapamos ni toleramos violaciones a la suspensión de amparos contra ataques, golpes, azotes torturas e incomunicaciones. Ni siquiera pueden preguntar por personas que les han privado de su libertad y que se sabe a ciencia cierta que están recluidos en la Novena Zona Militar, niegan toda información; el ejército ha asumido responsabilidades que no le corresponden, actual como policía municipal, como tránsito, como policía judicial y constantemente violando la constitución (El Noroeste de Culiacán, 20 de Julio de 1977: 1-7).

Cabe decir, que la labor del Estado en torno al combate antidroga se reducía a decomisos y quema de plantíos de enervante, al mismo tiempo, la actividad del narcotráfico comenzó a instaurarse en cierta forma bajo el amparo de las autoridades, a quienes se acusaba de recibir incentivos económicos por parte de narcotraficantes a cambio de protección y de actuar con cierta libertad en sus actividades ilícitas.

En este pueblo están sucediendo cosas muy malas por decirlo así, que sería más correcto decir, que todo esto es ya un desastre, pues hay siembras de mariguana en todos los alrededores del poblado, es decir, en terrenos del ejido Islas del Rio Piaxtla y en los altos terrenos de agostadero. Los traficantes gritan a los cuatro vientos que entregan cantidades de dinero al mismo ejército para que los dejen actuar libremente, evidenciando que es verdad lo que dicen, porque soldados han estado aquí en Dimas y siguen cosechando mariguana cada día con más éxito. Se están cosechando más de veinte hectáreas de hierba, se dice, con insistencia, que los mismos soldados fueron quienes dieron aviso […] ya que muy pronto sentarían sus bases un pelotón del ejército en este pueblo. En la carretera […] al entronque de la internacional, tienen su pista de aterrizaje las avionetas que usan para transportar la carga, mientras cargan y despegan, portando sendas ametralladoras por si alguien protesta (Ibidem).

Existían protestas por parte de los habitantes de los poblados en torno a que eran personas relacionadas con la política local quienes participaban en los cultivos tal fue el caso de Eduardo Bernal quien había sido síndico municipal del poblado de Dimas, al que se acusaba de dedicarse al cultivo de mariguana en las comunidades de Dimas, Duranguito y Pozole, en alrededor de diez hectáreas en asociación con Alberto Patrón (Ibidem).

El reconocimiento de que la siembra del enervante representaba un porcentaje en la economía de los campesinos por parte de los mismos dirigentes municipales; así como las constantes quejas de la población sobre las arbitrariedades cometidas por las autoridades militares, dan indicios de corrupción e impunidad en la región, esto se refuerza con la opinión del entonces representante municipal de Badiraguato, Ignacio Landell Ezquerra:

Con la Operación Cóndor, la economía de este municipio se ha derrumbado, ya que cuando menos un 30 por ciento de la población total – otro cincuenta por ciento son niños- dependían del narcotráfico, posiblemente la marginación es lo que hizo incurrir a los pobladores de la sierra sinaloense en el delito de cultivar y traficar estupefacientes ahora se debe trabajar en forma coordinada para proporcionar a los habitantes de los Altos fuentes de trabajo licitas, para que no esté obligados a reincidir delictuosamente para subsistir (Ibidem).

Ante esta situación, el general José Hernández Toledo solicitaba apoyo de los sectores productivos de la entidad, para los habitantes de la sierra. De acuerdo a la postura de los encargados de la campaña, se reconocía a los cultivadores como personas que actuaban con incertidumbre y cierto desconocimiento del delito que cometían, además de hacerlo como una actividad de subsistencia.

Ha disminuido el dinero y el poder económico, es necesario llevar una ayuda fuerte, segura, a personas en la sierra, gentes que tal vez lleguen al máximo de la desesperación, al considerar que se están quedando sin ocupación, esa gente hay que brindarle el apoyo que por su ignorancia han llegado a explotar el trabajo fuera de la ley aunque sea para poder comer. Por consiguiente serían las gavillas, el nuevo enemigo a enfrentar en Los Altos, la delincuencia en todos sus órdenes, el atraco, la venganza, los secuestros, etc. (Ibidem).

Por otro lado, de los ochocientos dieciséis presos recluidos por delitos contra la salud, quinientos uno estaba integrado por campesinos, jornaleros y el resto por habitantes urbanos, jóvenes en su mayoría, nueve de cada diez aseguraban haber sido interrogados con lujo de violencia. En 1977 el Instituto de Readaptación Social de Sinaloa (IRSS) contaba con un cupo para ochocientos diez y seis internos presos por delitos federales, de los cuales setecientos setenta y siete son hombres y treinta y tres son mujeres, diez manifiestan que son menores de edad, treinta y tres tienen defensa particular, treinta y nueve de oficio y treinta y ocho no tienen defensa.

Esta cruzada contra el narcotráfico fue más allá pues no solo confiscó y quemó la droga, sino que además realizó redadas en los pueblos serranos, consignando por delitos contra la salud a todo aquel que saliera al camino de los militares, allanando moradas y cometiendo vejaciones contra niños y mujeres […] a muchos se les tomó su declaración bajo tortura mental y física que incluía golpes en zonas blandas, toques eléctricos en los testículos, quemaduras de cigarro, mutilaciones etc. (Montoya, Rodríguez y Fernández, 2009).

La mayoría de estos fueron capturados sin estar en flagrante delito, sin existir acusación o denuncia formal en su contra, sin orden de aprehensión girada por alguna autoridad competente y con exceso de violencia ya que fueron obligados a declarar en su contra mediante la aplicación de todo tipo de torturas (Ortiz Pinchetti, Op, cit), ante esta situación, el Juez de distrito de Mazatlán, José Méndez Calderón informaba:

Hay ciento diecisiete demandas de amparo en el municipio de Mazatlán y más de mil en todo el estado, originadas contra la persecución de cultivadores y traficantes de estupefacientes […] la mayoría de las solicitudes de amparo son promovidas por habitantes de las zonas rurales y serranas, donde es más intensa la acción del Ejército y la Policía Judicial Federal (El Informador, 1977: 8-9).

Por otro lado, las autoridades reconocían que la respuesta a las peticiones de los afectados mediante los amparos no era la más satisfactoria debido a la cantidad de demandas presentadas. Las prácticas de violencia en contra de la población alteña eran señaladas por la prensa local, dando cuenta de la ineficacia e incapacidad de los encargados de la campaña que en un acto precipitado por presentar resultados involucraba a personas que no tenían nada de que con el cultivo y tráfico de drogas.

El juez de distrito de Sinaloa José Galván Rojas, reconoció que existe rezago en el juzgado original por el alto número de aprehendidos, durante la operación de combate al cultivo y tráfico de enervantes, agregando que la Operación Cóndor, llegados hasta la saturación de expedientes […] que no han podido darse resultados con la rapidez que se requiere […] Muchos de ellos se declararon culpables por medio de golpes, torturas, incomunicación u otro medio de presión física y psicológica. Pero ante la imposibilidad de comprobar en un proceso penal que habían sido golpeados, toda demanda se detiene. (El Noroeste de Culiacán, 2 de Agosto de 1977: 1-6).

Otro caso fue el de José Isabel Burgos Soto, fallecido a consecuencia de las torturas que recibió en la Policía Judicial Federal; mismo caso de Raúl Román Anguiano, “muerto a consecuencia de los golpes que recibió durante su detención”; otros corrían con peor suerte, siendo asesinados a balazos por los mismos agentes de la Judicial, también ocurrían desapariciones de varias personas, así lo expresaba Carlos Morán Cortez, presidente del Colegio de Abogados de Culiacán (Ortiz Pinchetti, Op, cit)., a continuación exponemos los testimonios de algunos detenidos:

Avelina Cásares Aispuro, cuarenta años de edad, campesina. Fue detenida el 6 de septiembre de 1978; en el ejido Los Huizaches, sindicatura de Costa Rica, Sinaloa. Ellos venían vestidos de civil. Me agarraron en el campo, cuando yo venía pa mi casa con una vaca. Allí me golpearon, decían que yo era María y no Avelina, como me llamo […] me trajeron a Culiacán, me tuvieron en un cuartito lleno de agua, todo el día […] con unas pinzas me quebraron los dedos (Ibidem).

Respecto a estos testimonios, el General Hernández Toledo se deslindaba de cualquier acusación, agregando: Nosotros no venimos a matar; venimos a capturar y a descubrir a los verdaderos responsables del tráfico de drogas y esperamos que el pueblo así lo comprenda (El Diario de Culiacán, 18 de Mayo de 1977: 1-8), de acuerdo a su postura, el crecimiento del narcotráfico habría sido provocado por un acto de negligencia de administraciones anteriores; de tal forma que, combatirlo a través de estos operativos, era considerado un logro más que una arbitrariedad. Sin embargo los hechos de violencia en contra de los pobladores alteños continuaban como fue el caso de José Mena Ramos de 24 años, detenido el 23 de Febrero de 1977:

Yo les pedí que me mostraran la orden de aprehensión y me dieron un culatazo que me abrió la cabeza y me empezó a sangrar […] luego me llevaron, vendado y amarrado […] al cuartel de la Federal y a una casa que estaba abandonada […] ahí me volvieron a golpear y me dieron toques eléctricos… Y empezaron a golpear a mi señora (Ortiz, Pinchetti, Op, cit).

Los actos de arbitrariedad por parte de las autoridades nos expresan la incapacidad de estos para enfrentar una problemática que estaba acarreando entre la población, un ambiente hostil y de incertidumbre. Estos son solo algunos de los casos que acontecieron en Culiacán.

Por otra parte, había casos de integrantes de cuerpos policiacos que desaparecieron a consecuencia de los enfrentamientos con grupos de narcotraficantes y los diferentes actos de erradicación de cultivos en los que participaron a lo que sus familias protestaban en contra de las instancias gubernamentales.

Como respuesta a dichas peticiones el general Alberto Quintanar comandante de la novena zona militar, se dirigió a los familiares de Ramón García Rivera, Felipe Estrada Martínez, Jesús Mercado Adrián y Cutberto Martínez, de quienes según la denuncia presentada ante el jefe militar se ignora su paradero, después de que presuntamente fueron aprendidos por elementos del ejército, diciéndoles: “porque es mi deber, por humanidad y por qué el ejército obra de acuerdo a la constitución, prometo hacer una amplia investigación en relación con la denuncia que presentan ustedes en este momento” (Noroeste de Culiacán, 18 de Mayo de 1977: 6).

Los familiares de quienes se ignoraba su paradero, tres de ellos agentes de la Judicial del Estado y uno guardia del gobernador Alfonso G. Calderón, explicaron al general Quintanar, que la mayoría de los oficiales habían sido detenidos hacia cuarenta y cinco días, las esposas de éstos, Aida Valdez Mercado, Herlinda Valdez de Estrada, Ramona Rivera de García, Martha Niebla y Clementina Ruelas, aseguraron que según los informes que habían recabado incluso por parte de las personas que también fueron detenidas y después liberadas, sus familiares habrían sido aprehendidos por soldados (Ibidem).

La respuesta a los afectados se quedaba en simples promesas de ayuda, las autoridades insistían en que la violencia expresada a consecuencia de la Operación Cóndor por parte policías y militares e incluso en contra de éstos, correspondían a hechos aislados y argumentaban practicar el respeto a la ciudanía y el preservar la tranquilidad y seguridad de la población. Sin embargo, los resultados contradecían esta postura, pues era evidente la inconformidad de la población alteña; mientras tanto, la prensa local hacía hincapié a los actos violencia ocurridos a consecuencia de la Operación Cóndor, arguyendo cierta indiferencia por parte de las corporaciones policiacas, además de lo que llamaban la “pérdida de capacidad de asombro” entre la población.

Ayer, luego de hacer una “parada” de media hora, con pancartas frente al Palacio de Gobierno se entrevistaron con el Gobernador de Estado Alfonso G. Calderón. Este después de ofrecerle su ayuda, envío el grupo de niños, señoras y jóvenes a la Zona Militar a que se entrevistaran con el general Quintanar. Pero al llegar a la puerta, los soldados les impidieron el paso. No les importó que al frente del grupo fueran unos niños portando una pancarta que decía: “Queremos ver a nuestros padres”. […] Que las autoridades encargadas de la detención de sus familiares den a conocer el paradero de los agentes desaparecidos. De esta manera las averiguaciones de casos sin resolver se acumulan empolvados en las oficinas policiacas o del ministerio público […] ¿un muerto más, que importa? Y es realmente conveniente repetir: “en Sinaloa se ha perdido la capacidad de asombro” como resultado de la violencia generalizada. (Noroeste de Culiacán, 22 de Octubre de 1977: 1-6).

Una de las historias relacionadas con actos violentos contra la población fue la denuncia de una señora en silla de ruedas de la comunidad La Higuerita, una anciana que fue levantada en vilo y tirada al suelo por los militares, quienes dijeron andar en busca de armas y drogas. Antes, durante las fiestas de fin de año en 1977, un soldado que andaba cruzado con alcohol y drogas intentó violar a una ama de casa en la zona de Surutato, durante el forcejeo llegó el marido y el militar lo mató, luego llegó un menor de 16 años, hermano de la víctima, quien con un rifle calibre .22 asesinó al soldado. “Este fue uno de los primeros casos de indignación, pero también de temor hacia los militares, a quienes los habitantes llamaban los “cabeza de sandía”, debido al uso de cascos y la forma en que viajaban por la sierra” (Entrevista José Ángel Mora, El Debate de Culiacán, 2009).

CONCLUSIONES

Los operativos antidroga- en Sinaloa, tuvieron como primer propósito reducir la producción de enervantes, sin embargo, esto trajo como consecuencia que las siembras se extendieran hacia otros puntos de Los Altos, encontrando conexiones de norte a sur incluso con otros estados como Chihuahua y Durango, que posibilitarán el surgimiento de nuevas rutas y circuitos de trasiego a fin de continuar con la actividad ilegal.

Por otra parte, después de seis meses de iniciada la Operación Cóndor se promovieron novecientos treinta amparos en contra de abusos cometidos por parte de autoridades militares, federales y estatales a la población alteña. Estos últimos ante el temor de ser detenidos de manera arbitraria por los encargados de la campaña. La violencia en Los Altos en buena parte era aplicada por el Estado, en sus diferentes corporaciones policiacas, esto con el fin de legitimar sus acciones en contra del combate al narcotráfico.

Estos eran pues indicios de la violencia ejercida en Los Altos contra la población; muchos de estos se dedicaban al cultivo de drogas, otros sabían de quien o quienes practicaban este oficio, lo cierto es que en la incesante búsqueda de resultados, se cometían actos de excesiva violencia, al momento de realizar las detenciones por parte de las autoridades, lo que provocó el cuestionamiento de la legitimidad de estos comportamientos y la inconformidad por parte de los familiares de los afectados.

La participación militar en el combate a la producción de drogas trajo consigo un clima de violencia a la región, manifestado a lo largo de la Operación Cóndor en Sinaloa, una serie de abusos en contra de los pobladores alteños; en este escenario, la legitimación de la violencia, se justificaba a partir de las acciones vinculadas a la búsqueda de resultados que engrosaran las cifras oficiales, esto fue una constante en los inicios de los operativos militares en la sierra sinaloense.

En 1977 con el inicio de la Operación Cóndor, la violencia a raíz de los combates al narcotráfico se recrudecía en Los Altos llevada a cabo por los militares encargados de la campaña. Los márgenes entre lo ilegal y lo legítimo se vuelven efímeros si observamos las secuelas que ocasionaron las prácticas ejercidas en el combate a la siembra de enervantes; entre estas destacan el desplazamiento poblacional, la desaparición de personas y comunidades serranas.

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Notas

Notas de autor