Ensayos y Artículos de Revisión
Sistematización de los trámites y permisos para el funcionamiento de empresas agroalimentarias en Venezuela
Systematization of procedures and permits required for the operation of an agri-food company in Venezuela
Sistematización de los trámites y permisos para el funcionamiento de empresas agroalimentarias en Venezuela
Visión Gerencial, núm. 1, pp. 156-170, 2017
Universidad de los Andes
Recepción: 01 Diciembre 2015
Aprobación: 20 Junio 2016
Resumen: En este trabajo se muestra la sistematización de los trámites y permisos necesarios para el funcionamiento de una empresa agroalimentaria en Venezuela. Estos trámites requieren el cumplimiento de una serie de requisitos adicionales, propios del sector y que no están documentados en la literatura. Utilizando un estudio de campo con apoyo documental de naturaleza exploratoria, se usa un caso hipotético de una empresa del sector agroalimentario exponiendo como supuestos que está constituida y dispone de una infraestructura edificada. Con base en la asesoría técnica de expertos se identificó la necesidad de colocar calderas y un pozo profundo con el fin de proveer la cantidad de agua requerida en el proceso productivo. Así mismo, se consultó la normativa aplicable a esta materia y se hicieron 10 visitas a diferentes organismos públicos. En total, se emplearon unas 70 horas en un lapso de 5 semanas entre febrero y abril de 2015 para ordenar, sistematizar y analizar la información. Entre las principales conclusiones se encontró que son necesarios 29 permisos y registros para operar legalmente una empresa de alimentos en el país. De igual manera, es necesario realizar esos trámites en diferentes organismos públicos: nacionales, sedes regionales de organismos nacionales, estadales y municipales. También, se encontró que existe duplicidad de permisos solicitados por organismos nacionales y estadales, y que los requisitos solicitados para un mismo permiso varían dependiendo de si se consultan en sedes regionales o centrales y, finalmente, se detectaron diferencias de criterio e interpretación de los funcionarios públicos consultados.
Palabras clave: permisología empresarial, agroindustria, alimentos, trámites, normativa.
Abstract: This paper shows the systematization of procedures and permits required for the operation of a food company in Venezuela. These procedures require compliance of certain additional requirements, typical of the sector, that are not documented in the literature. Using a field study with documentary support and exploratory nature, a hypothetical case of a company in the food industry assuming that is already incorporated and has a facility. Based on expert advice, having to install boilers and a deep well to provide the amount of water required in the production process are identified needs. Likewise, the applicable law was consulted and 10 visits were made to different government agencies. In total about 70 hours were used in a span of five weeks between February and April to organize, systematize and analyze information. Among the main conclusions found that 29 permits and registrations to legally operate a food company in the country are necessary. Similarly, you must perform these procedures in different institutions: national, regional offices of national agencies, state and municipal agencies. Also, it was found that there is duplication of services requested by national and state agencies permits; and that the requirements requested for the same permission vary depending if the consult is made in regional or headquarters and, finally, differences of opinion and interpretation of public officials consulted were detected.
Keywords: permits, procedures, institutions, agribusiness, regulatory framework.
1. Introducción
Los trámites necesarios básicos para la puesta en marcha de una empresa en Venezuela están documentados en los diferentes informes elaborados por el Grupo del Banco Mundial, en especial, en lo que atañe a la constitución de una nueva empresa, a la construcción de una nueva edificación, si esto es requerido, y a la obtención de la licencia de funcionamiento. Sin embargo, la instalación de una empresa de alimentos necesita cumplir con una serie de requisitos adicionales para operar que son propios del sector y que, hasta donde se tiene conocimiento, no están documentados en la literatura.
El objetivo del trabajo que se presenta en este manuscrito es mostrar la sistematización de los trámites y permisos necesarios para la puesta en marcha de una empresa agroalimentaria en Venezuela. La motivación partió de la necesidad de instalar una empresa de este tipo. De acuerdo con los parámetros que se indican en la metodología se procede a buscar y ordenar los trámites y permisos (incluyendo los registros) que se necesitan para que una empresa agroalimentaria pueda funcionar en Venezuela. Esta sistematización incluye la indicación de los organismos ante los cuales se deben efectuar los trámites: nacionales, sedes regionales de organismos nacionales, estadales y municipales, la cantidad de requisitos necesarios para cada permiso y las prelaciones entre ellos.
Se consideró al sector agroalimentario como objeto de estudio por varias razones, entre las cuales destacan: su importancia debido a los productos que elabora (alimentos) y lo prioritario que resulta para la población, la existencia de empresas del ramo en toda la geografía del país, y el alto grado de control gubernamental que se ejerce sobre toda la cadena productiva, con lo cual es atractivo su estudio.
La existencia de trámites que se realizan en sedes regionales, estadales y municipales requirió definir una ciudad como localización geográfica específica a los efectos prácticos de indagación ante las instancias correspondientes, siempre en el supuesto de que cualquiera que fuera el lugar seleccionado (en este caso Barquisimeto), los trámites y permisos requeridos serían los mismos; esto, en razón del carácter nacional de la normativa aplicable al sector agroalimentario y porque las competencias de los estados y municipios son las mismas en toda Venezuela.
El contenido de este documento se estructura en cuatro partes. En la primera parte se desarrollaron algunas ideas sobre el marco de disposiciones para establecer empresas en Venezuela; la segunda sección describe la metodología y los supuestos establecidos para conducir el estudio; en la tercera parte se presenta la sistematización de los resultados obtenidos y, finalmente, en la última parte se exponen las conclusiones y las posibles implicaciones para futuras investigaciones.
2. Disposiciones para establecer empresas en Venezuela: trámites iniciales
De acuerdo con el Banco Mundial (WB-IFC, 2011), un régimen económico propicio en áreas como impuestos, regulaciones y licencias de funcionamiento empresarial es un aspecto fundamental para la creación de un entorno económico favorable para las empresas de cualquier país.
En este sentido, contar con un marco legal efectivo subsana las fallas de mercado que inhiben inversiones productivas y reconcilian los intereses públicos y privados. El número de permisos y autorizaciones que las empresas necesitan obtener y el tiempo que les toma conseguirlos, son costosos y consumen tiempo. El ordenamiento jurídico de un país también determina la forma legal que adoptan las empresas y establece el nivel de protección de los inversionistas privados, por lo que influye sobre los incentivos para invertir (WB-IFC, 2011).
En términos generales, en 2015, Venezuela ocupa el puesto 182 de 189 en el Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios (Ease of Doing Business rank) elaborado por el Banco Mundial (WB, 2014, 2015). El lugar que ocupa actualmente el país mejoró un poco, pues en 2014 ocupaba el puesto 183. El índice de Facilidades para Hacer Negocios se ocupa de medir las regulaciones aplicadas a los negocios en los 189 países donde el Banco Mundial recolecta información. Este reporte analiza y califica varios temas que influyen en las posibilidades de hacer negocios en un país. En la Tabla N° 1 se sintetizan los diferentes temas abordados por el mencionado reporte y se presenta la calificación obtenida por Venezuela en cada uno de ellos.

En el caso particular del tema relacionado con la “Apertura de un negocio”, el reporte indica que incluye los aspectos básicos vinculados con la constitución de una sociedad mercantil en el registro mercantil que corresponda, la posterior inscripción de esa empresa ante la administración tributaria (SENIAT), la seguridad social (IVSS), fondo de ahorro para la vivienda (BANAVIH), etc., para luego tramitar la licencia de funcionamiento comercial o industrial por ante la municipalidad competente según la ubicación de la empresa. Según el Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios, en Venezuela se necesitan un total de 144 días para poder darle “Apertura a un negocio” y se requiere cumplir con 17 procedimientos diferentes (WB, 2014, 2015).
En este sentido, en el informe sobre el perfil de país elaborado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional se señala que la cantidad de días requeridos para obtener una licencia de funcionamiento varía dependiendo del tamaño de la empresa, siendo el promedio 117,2 días (WB-IFC, 2011). En la Tabla N° 2 se presenta una relación de los días para obtener una licencia de funcionamiento y el tiempo que dedica la alta gerencia a la obtención de permisos y autorizaciones según el tamaño de la empresa.

Por otra parte, si la apertura del nuevo negocio requiere de la construcción del establecimiento, se debe considerar que en Venezuela la obtención del permiso de construcción toma 380 días y el cumplimiento de 9 trámites entre los que se pueden mencionar la solicitud de las variables urbanas, la certificación de cumplimiento de esas variables urbanas, la tramitación de garantías de prestación de servicios públicos y la obtención del permiso de habitabilidad (WB, 2014, 2015). En la Tabla N° 1, se observa que Venezuela ocupa el ranking 152 de 189 en este aspecto.
Lo anterior son algunos aspectos relacionados con los trámites iniciales para establecer cualquier tipo de empresa en Venezuela, y el ranking de facilidades para hacer negocios del Banco Mundial hace posible la comparación con otros países a los fines de observar qué tan eficiente es un país respecto a otro es este asunto. Sin embargo, al buscar más allá de esos trámites iniciales ya revisados, en la literatura más actualizada en la materia no existen referencias específicas sobre los permisos y registros que son necesarios para poner en marcha una empresa del sector agroalimentario, por lo que fue necesario diseñar una metodología adecuada para realizar la recopilación, revisión y análisis del caso de cara al alcance del objetivo trazado en el estudio. En todo caso, los datos contenidos en el Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios del Banco Mundial (WB, 2014, 2015) sobre la “Apertura de un Negocio”, la “Obtención de permisos de construcción” y la “Obtención de electricidad” facilitan que en este trabajo se profundice específicamente en los trámites y permisos necesarios para el funcionamiento de empresas agroalimentarias.
3. Metodología
El presente trabajo se abordó desde el paradigma empírico analítico. En virtud de que la intención es pormenorizar, ordenar y analizar la relación de trámites, permisos y registros necesarios para la puesta en marcha de una empresa agroalimentaria; el estudio es de campo con apoyo documental de naturaleza exploratoria, porque se quiere avanzar en el conocimiento de una problemática que no está suficientemente desarrollada, ya que hasta donde se tiene conocimiento no existen trabajos de este tipo que aporten elementos necesarios y relevantes a la hora de poner en funcionamiento una empresa del sector agroalimentario (Hernández, Fernández y Baptista, 2000; Balestrini, 2002).
Tomando en cuenta el objetivo trazado en este trabajo, como lo es el de sistematizar los trámites y permisos de las empresas del sector agroalimentario en Venezuela, se parte de la idea de usar un caso hipotético planteando que debe ser el de una empresa que tenga unas características tales que se le apliquen buena parte de las normas del sector de manera que sea representativa de un amplio rango de empresas de esa industria. Ese caso hipotético se delimita de acuerdo con los siguientes supuestos:
El primer supuesto es que se trata de una empresa de tamaño mediano a grande (más de 80 empleados), bajo el criterio de que este tipo de empresa necesita de un mínimo de instalaciones físicas y servicios públicos, conforme a la gran mayoría de empresas del sector.
La existencia de antecedentes sobre los trámites y permisos relacionados con la “Apertura de un negocio”, la “Obtención de permisos de construcción” y la “Obtención de electricidad” incluidos en Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios del Banco Mundial (WB, 2014, 2015), de acuerdo a lo revisado en la sección anterior, permite que sean considerados como aspectos alcanzados en este trabajo, razón por la cual se incluyen como supuestos. Así, el segundo supuesto sería que se trata de una empresa constituida formalmente de acuerdo con las normas del derecho mercantil venezolano. El tercer supuesto implica que la empresa dispone o puede disponer de una infraestructura edificada, es decir, de un galpón en una urbanización industrial con la zonificación adecuada. En tanto que el cuarto supuesto presume que la empresa dispone de los servicios públicos básicos tales como electricidad, gas natural y agua potable.
Por otro lado, con base en la asesoría técnica de expertos en la industria agroalimentaria, obtenida antes de pasar a la recolección de información de campo, se estableció que en muchas empresas de este sector existe la necesidad de instalar calderas dentro de la planta industrial. De la misma manera, se identificó que existe necesidad de grandes volúmenes de agua en el proceso productivo, por lo que resulta conveniente la instalación de un pozo profundo con el fin de proveer la cantidad de agua requerida. En algunas empresas del sector, como en el área de cárnicos, el uso de agua es de tal magnitud que en muchos casos se requiere de instalación de plantas de tratamiento de aguas residuales (Sigala, 1996). Igualmente, de los expertos se conoció que se usa una sustancia denominada hipoclorito de sodio en la higiene de las plantas industriales, para cuyo almacenamiento se requiere de autorización.
En resumen, la asesoría especializada permitió elaborar una lista completa de los permisos y registros que eran necesarios incluyendo los más importantes. A partir de esos permisos y registros se terminó de optimizar la lista, pues a través de los recaudos de estos se determinó la necesidad de obtener otros y así sucesivamente.
El trabajo de campo implicó la consulta y verificación en los organismos correspondientes de los permisos y registros necesarios, y luego la recolección de las listas de recaudos para tramitar cada uno de los permisos y registros para la puesta en marcha de una empresa del sector agroalimentario. De igual manera, se indagó en busca de información en las páginas web de organismos oficiales cuando estaban disponibles. En total se emplearon 70 horas en un lapso de 5-6 semanas, comprendidas entre los meses de febrero y abril de 2015, para recabar, ordenar y sistematizar la información y se hicieron 10 visitas a diferentes organismos públicos.
Adicionalmente, como complemento al levantamiento de la información, se consultó la legislación venezolana que establece los permisos y registros requeridos al sector agroalimentario (ver el Cuadro N° 1). La revisión de la normativa permitió, no sólo entender mejor el sentido de algunos trámites y sus recaudos, sino que sirvió para crear cuatro categorías de permisos y requisitos según las instancias o niveles de organismos públicos donde debían ser tramitados: los nacionales (sedes centrales ubicadas en Caracas), las sedes regionales de organismos nacionales (en los diferentes estados del país), los estadales y los municipales.
La existencia de trámites y permisos que se solicitan en sedes regionales, estadales y municipales obligó a establecer una localización geográfica específica a los fines de acudir a los organismos correspondientes para hacer la indagación. De esta forma, se definió como última suposición, que la empresa estaría localizada en la ciudad de Barquisimeto, en jurisdicción del municipio Iribarren del estado Lara. Se eligió esa ciudad por razones de simplicidad y facilidad de acceso a la información, pero teniendo en cuenta que cualquiera que fuera la localidad seleccionada, los trámites y permisos requeridos serían los mismos debido a que la normativa que rige la materia agroalimentaria se aplica a nivel nacional y, en lo que atañe al nivel estadal y municipal, los trámites y permisos serían semejantes porque tienen iguales atribuciones en toda Venezuela.
Cuadro N° 1. Legislación venezolana que establece permisos y registros para el sector agroalimentario
Fuente: Elaboración propia.
Finalmente, es importante mencionar que por la forma como se planificó y desarrolló la investigación, no se consideró el aspecto relacionado con el tiempo de duración de cada uno de los permisos y registros a tramitar. Medir ese tiempo habría requerido consultar también a los usuarios o realizar el trámite directamente, algo que queda fuera del alcance de este trabajo.
4. Sistematización de resultados
Los resultados de la investigación se organizaron de acuerdo con las instancias o niveles a los que pertenecen los organismos públicos vinculados con los permisos y registros necesarios. En este sentido, algunos permisos y registros se tramitan ante instituciones nacionales cuyas sedes están ubicadas en Caracas, como el caso de algunos ministerios o institutos autónomos. Por otro lado, se encuentran otros permisos y registros que pueden o deberían (si requieren de inspecciones) ser tramitados en las sedes regionales de algunos organismos nacionales ubicadas en los diferentes estados del país. Luego están algunas instancias que dependen de los gobiernos estadales y, finalmente, existen algunos permisos y registros que deben ser tramitados ante dependencias pertenecientes a los municipios.
La Tabla N° 3 muestra un resumen de los hallazgos encontrados. En total, se contabilizaron 29 permisos o registros necesarios para poner en marcha una empresa de alimentos bajo los supuestos planteados al inicio de la investigación. Destaca que la mayor cantidad de ellos (15) debe tramitarse en las sedes regionales de organismos nacionales, pero concentrados en dos instituciones: el ministerio con competencia en materia ambiental y el Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud.
Es oportuno aclarar que los trámites realizados ante las sedes regionales de esos ministerios podrían realizarse también por ante las sedes centrales ubicadas en Caracas. Sin embargo, siendo que muchos de ellos requieren de la realización de inspecciones a la empresa por parte de los organismos actuantes, resulta más conveniente hacer las solicitudes directamente por ante las sedes regionales para así reducir el lapso de espera para la programación de las mencionadas inspecciones.
La misma Tabla N° 3 permite observar que la mayor cantidad de instituciones involucradas están en el nivel nacional con 5 y en el municipal con 4. Éstas se pueden detallar en los Cuadro N° 2 y 5. También se puede evidenciar que la mayor cantidad de requisitos por trámites se encuentran en el nivel nacional tanto en sede central como en las sedes regionales, donde pueden alcanzar más de 20 recaudos.
De igual manera se encuentra que en las sedes regionales, estadales y municipales se requiere de inspecciones a la empresa interesada, con lo cual destaca la importancia de la localización a estos fines. Otro aspecto importante a resaltar es la prelación cruzada entre niveles, es decir, que se descubre que entre los requisitos solicitados en un nivel se encuentran permisos o registros que deben tramitarse ante otro nivel.

El Cuadro N° 2 presenta los diferentes permisos y registros que deben obtenerse en el nivel nacional en la que destacan la variedad de organismos ante los cuales deben ser tramitados, el gran número de requisitos solicitados para algunos de ellos y las prelaciones cruzadas con permisos y registros a tramitar en el nivel estadal y municipal.

El Cuadro N° 3 muestra los permisos y registros que se tramitan ante las sedes regionales de organismos nacionales, que son los más numerosos. Es muy evidente que la mayor parte de los trámites se hace por ante el ministerio con competencia en materia ambiental, donde las prelaciones también suelen ubicarse en el mismo nivel. En el transcurso de la investigación se cotejó la cantidad de requisitos solicitados en las sedes centrales con respecto a los solicitados en las sedes regionales para un mismo trámite, encontrándose diferencias en algunos casos. De igual manera, un número importante de trámites requiere de inspecciones a la empresa solicitante.

En el Cuadro N° 4 se observan los permisos y registros que deben ser tramitados ante las dependencias del nivel estadal. Una ventaja en el caso supuesto es que en el estado Lara todos los permisos se tramitan en el Servicio Regional de Ingeniería Sanitaria de la Dirección de Salud Ambiental y Contraloría Sanitaria. Un detalle importante es que el permiso denominado “Conformidad Sanitaria de Habitabilidad (Ocupación)” es equivalente al que otorga la Oficina Regional del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud que se llama “Permiso Sanitario Tipo I para Establecimiento de Alimentos”, sin embargo, el primero prela al segundo.

Los permisos y registros que se requieren obtener ante organismos de carácter municipal están relacionados en el Cuadro N° 5. En el caso de la “Autorización de Equipos utilizados para el Manejo de Residuos y Desechos Sólidos (Certificación Ambiental)”, se requiere dirigirse directamente ante el Instituto Municipal de Aseo Urbano de Barquisimeto, IMAUBAR, para solicitar los requisitos que deben presentarse para obtener la autorización, pues en este caso, la institución estudia las solicitudes caso por caso.

5. Conclusiones
A partir de los resultados expuestos, es de destacar la gran cantidad de permisos y registros que son necesarios para poner en funcionamiento una empresa del sector agroalimentario en Venezuela. Si en el año 2015 ya el país ocupa el puesto 182 de 189 en el Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios del Banco Mundial, considerando sólo aspectos iniciales del comienzo de un negocio, que requieren de 17 trámites para la apertura del negocio y 9 para obtener el permiso de construcción, pensar en 29 trámites adicionales en una empresa de alimentos es una cuestión que debe ser motivo de preocupación, pues 55 tramitaciones en total es algo que sin duda afecta la competitividad del país por los costos que ello implica para las empresas, medido en tiempo dedicado y recursos administrativos y económicos que deben ser destinados a este tipo de actividades.
Para el momento en que se realizó el trabajo de campo, seis son los permisos y registros que deben ser tramitados por ante oficinas nacionales en Caracas, 19 se pueden solicitar en las sedes regionales y estadales, en tanto que solo cuatro se deben obtener en las dependencias municipales. Esto implica que la mayor parte de las gestiones pueden ser realizadas en la misma ciudad elegida para establecer la empresa (Barquisimeto), mientras que son pocos los trámites que exigen un desplazamiento a la ciudad de Caracas. Cuando se trate de una empresa que vaya a funcionar en una localidad que no sea capital de estado, es posible que resulte necesario también un número de traslados a esas capitales, dependiendo de la presencia de sedes regionales ante las cuales deben hacerse las solicitudes.
La prelación cruzada de requisitos entre los diferentes niveles de los organismos a los que hay que dirigirse, contribuye a complicar la ejecución de los trámites y procedimientos a realizar, que resultará más engorroso mientras mayor sea la necesidad de realizar desplazamientos para realizar esas gestiones.
Las posibilidades de mejorar las condiciones en materia de permisos y registros pasa por varias cuestiones: lograr una mejor coordinación entre los organismos involucrados para eliminar la duplicidad de permisos solicitados (evidente entre organismos nacionales y estadales); la simplificación de trámites administrativos en un mismo organismo, como ocurre con el ministerio con competencia en materia ambiental; la homogenización de los requisitos solicitados para un mismo permiso, de forma que no varíen dependiendo de si se consultan en sedes regionales o centrales, y la minimización de traslados a otras localidades para realizar las gestiones requeridas.
Finalmente, un aspecto que se detectó al recolectar datos es la existencia de diferencias de criterio e interpretación de los funcionarios públicos consultados, de tal forma que se pueden presentar confusiones o equívocos con respecto a los requisitos necesarios, y la prelación entre los recaudos o con respecto al trámite en sí.
Los resultados de esta investigación, en la misma línea del Informe sobre Facilidades para Hacer Negocios del Banco Mundial, refuerzan el criterio general de que el país ofrece obstáculos para el establecimiento de negocios debido a la gran cantidad de permisos y registros que son exigidos para operar. En ese sentido, esta investigación hace una contribución en el caso del sector agroalimentario, pero indagar lo que ocurre en otros sectores como por ejemplo el petrolero, minero o siderúrgico ofrece oportunidades para futuras investigaciones. De igual manera, investigar sobre opciones para reducir el número de tramitaciones o estudios comparados con otros países constituye también una opción para hacer contribuciones positivas. Por la forma como se planificó la investigación, se omitió el aspecto relacionado con el tiempo de duración de cada uno de los permisos y registros a tramitar; esto constituye otra dirección para futuras investigaciones.
Agradecimientos
Resultado de un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Barquisimeto, Venezuela, bajo el código 009-AC-2012.
Referencias
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Notas