Introducción

En Costa Rica se define la trata de personas como «el promover, facilitar o favorecer la entrada o salida del país o el desplazamiento, dentro del territorio nacional, de personas de cualquier sexo para realizar uno o varios actos de prostitución o someterlas a explotación o servidumbre, ya sea sexual o laboral, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, trabajos o servicios forzados, matrimonio servil, mendicidad forzada, extracción ilícita de órganos o adopción irregular»¹.

La trata de personas ha sido conceptualizada como una manifestación de poder y de violencia basada en género, la cual adquiere características particulares si la víctima es hombre, mujer o menor de edad². Dicha manifestación de violencia se origina en la estructura social del patriarcado, que asigna un estatus social diferenciado y desigual a hombres, mujeres y personas menores de edad. No obstante, dicha concepción no es suficiente en la comprensión de la trata de personas, pues esta se ve atravesada por la conjugación de otros factores de índoles social, político, económico y cultural.

Tal y como afirman Adriana Rodríguez y Alberto Rojas, la comprensión acerca de la trata de personas debe situarse en el sistema capitalista y la expansión del modelo neoliberal que genera exclusión social, pobreza, desempleo y demanda mundial de trabajo barato³. Por otra parte, debe reconocerse la existencia de redes delictivas organizadas, la existencia de leyes y políticas que vulnerabilizan a las personas migrantes, así como la impunidad sistemática en los sistemas de justicia.

En la última década, informes y estadísticas nacionales han señalado que Costa Rica es un país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, tanto a escala internacional como nacional. Asimismo, se han identificado numerosos casos de trata de personas para distintos fines, sobre todo trata para explotación laboral, explotación sexual, servidumbre, matrimonio servil y tráfico de órganos⁴.

De manera paralela, se ha ido despertando el interés investigativo en torno de esta problemática. En los últimos años, estudios nacionales han permitido profundizar en los escenarios de victimización de la trata de personas, así como dar cuenta de los factores sociales, económicos y culturales que generan vulnerabilidades, que coadyuvan a su reforzamiento y extensión⁵.

Estos aportes investigativos han permitido, a su vez, reconocer las necesidades de atención de las personas víctimas de la trata de personas y determinar los principales obstáculos para el acceso a una justicia pronta y cumplida. De igual forma, ha sido posible identificar los avances, retos y desafíos en la respuesta interinstitucional para la prevención, atención y sanción de este flagelo.

Pese a lo anterior, es importante acotar que, si bien la trata de personas se ha considerado un problema por investigar, es muy poca la investigación académica producida al respecto en el país⁶. Cabe señalar, incluso, que la mayoría de la producción de conocimiento en esta materia obedece a trabajos finales de graduación del área de Ciencias Sociales y Derecho, así como estudios e informes institucionales. En ese sentido, es prácticamente nula la publicación de artículos científicos que aborden la trata de personas a nivel nacional⁷.

Se propone entonces, desde este artículo, reflexionar acerca de los principales alcances y desafíos que conlleva la investigación académica en materia de trata de personas en Costa Rica y, de manera particular, se pretende identificar los retos que enfrentan las universidades públicas en este ámbito.

Avance en la investigación sobre trata de personas a nivel nacional

Según datos oficiales de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT), desde 2011 hasta los primeros meses del 2017 se ha identificado un total de 95 víctimas de trata de personas en el país, de las cuales el 86% corresponden a mujeres y el 14% a hombres. Del total, 19 víctimas son personas menores de edad y las demás son personas adultas. A su vez, 64 son personas de nacionalidad extranjera y 31 personas nacionales.

La información anterior revela que la trata de personas tiene una magnitud importante en Costa Rica; no obstante, tal y como afirman Rodríguez y Rojas, su reconocimiento y comprensión en tanto problemática social ha sido bastante reciente⁸. Sin duda, en la actualidad, uno de los principales avances ha sido la toma de conciencia en torno a su existencia, magnitud e impacto, así como el reconocimiento de la responsabilidad institucional en su combate y erradicación⁹.

A partir de la ratificación del Protocolo de Palermo en el 2002, el Estado de Costa Rica se ve obligado a desplegar una serie de esfuerzos dirigidos a la legislación y la sanción del delito de la trata de personas, tanto como a la protección integral a las personas víctimas y sobrevivientes. La legislación penal que contempla el delito de trata de personas ha sufrido modificaciones constantes durante las dos últimas décadas¹⁰; asimismo, se han producido cambios a nivel de la conceptualización y la comprensión de la trata como fenómeno social, sobre todo a la luz del estudio de la casuística existente.

Sin embargo, al ser un fenómeno complejo, multicausal y multidimensional, su abordaje no es tarea fácil. Las vicisitudes de la trata y las acuciantes necesidades de las personas víctimas, demandan una acción cada vez más diligente y especializada por parte del Estado y sus instituciones; es allí, entonces, donde la investigación académica adquiere especial relevancia y pertinencia.

El avance en el reconocimiento de la trata de personas como una violación a los derechos humanos, así como el avance en la respuesta por parte del Estado y el aumento en la producción de conocimiento, a partir de la investigación de dicha problemática, han sido procesos paralelos y, hasta cierto punto, se han ido nutriendo entre sí. Esto significa que la investigación no solo ha tenido un lugar trascendental en la profundización de la dinámica de la trata de personas, sus características particulares y su impacto, tanto a nivel individual como social; sino también en la generación del conocimiento necesario para fortalecer la respuesta institucional y avanzar en la protección de los derechos humanos de las personas víctimas sobrevivientes.

De tal manera puede señalarse que se ha suscitado un mayor interés en la producción investigativa nacional en materia de trata de personas, cuya producción ha representado un aporte valioso para el accionar del Estado, de cara a la prevención, sanción y atención de esta problemática.

Ahora bien, en este punto conviene preguntarse qué se propone conocer a través de las investigaciones desarrolladas y cuáles aspectos vinculados a la trata de personas se han estudiado.

Los estudios existentes en esta materia se orientan sobre todo hacia la comprensión del origen de la trata de personas, los factores sociales, económicos y culturales que influyen en ese fenómeno y las condiciones que generan la vulnerabilidad para que las personas víctimas caigan en sus redes. Así también, la investigación se dirige a profundizar en la dinámica propia del delito, el funcionamiento de las redes delictivas y el proceso de victimización en la trata de personas¹¹.

Aunado a lo anterior, las investigaciones desarrolladas se han preguntado por el impacto de esta problemática a partir de la reconstrucción y análisis de las rutas críticas que conducen a atrapar y explotar a las personas víctimas de la trata. En ese sentido, se ha constatado el daño que genera esta severa violación a los derechos humanos.

Por otra parte, se han llevado a cabo estudios cuyo propósito ha sido analizar la respuesta frente a la trata de personas, incluyendo el ámbito normativo, estatal-institucional y social. Dichos estudios permiten identificar los avances y desafíos más importantes para el abordaje de la trata de personas en el país. Cabe señalar que sus fines o alcances investigativos están dirigidos, primordialmente, al fortalecimiento de la respuesta estatal y de la sociedad civil frente a la problemática de la trata¹².

En términos generales, entre los aportes más significativos de la producción investigativa en torno de la trata de personas en el país, se reconoce la profundización en las dinámicas de victimización a partir del análisis de la casuística existente. En esta línea, se ha señalado que las principales víctimas han sido hombres y mujeres provenientes de distintos países de Centroamérica, Suramérica, Asia y Europa del Este, provenientes de contexto sociales marcados por la exclusión social y la pobreza económica; siendo el mecanismo de captación más común, el engaño por parte de personas conocidas, personas intermediarias, empresas de «confianza» y/o traficantes de migrantes¹³.

A su vez, las investigaciones previas permiten constatar que la dinámica de la trata de personas se caracteriza por el abuso de la condición de vulnerabilidad de las personas víctimas, su condición de desarraigo, la limitación total o parcial de su libertad y la limitación a su autodeterminación. En ese sentido, se han señalado ampliamente las consecuencias que sufren las personas víctimas tanto en la esfera individual como familiar y social¹⁴.

Otro de los elementos importantes que arroja la investigación nacional existente es la identificación y caracterización de los mecanismos para sostener a las víctimas de trata en condición de explotación, entre los cuales se ha destacado el secuestro y sujeción de pago por rescate, la sujeción por deuda, la retención de documentos, las amenazas a la integridad, incluyendo la amenaza de denuncia migratoria, la promesa de pago a la familia y la condición general de desarraigo¹⁵.

Asimismo, como aporte investigativo, se reconoce la detección de una serie de barreras para el acceso a la justicia pronta y cumplida para las personas sobrevivientes de trata, entre las cuales prevalece la dinámica amenazante e intimidatoria de la trata de personas¹⁶. De acuerdo con Rodríguez y Rojas, a esto se suma la vulnerabilidad de las personas víctimas, expresada también en su falta de información con respecto de su derecho a denunciar, la ausencia de capacitación especializada en instancias judiciales, así como la falta de colaboración de víctimas y testigos en los procesos judiciales¹⁷.

Como se mencionó anteriormente, los aportes de la investigación realizada en el país han permitido vislumbrar los principales retos con respecto de la respuesta del Estado, los cuales se considera están referidos a tres niveles fundamentales.

El primero lo constituye el acceso a la justicia y la no impunidad de los autores del delito de la trata de personas. Frente a la reducida cantidad de sentencias ejecutorias en el país, se ha planteado la necesidad de una mayor especialización en los procesos de investigación judicial del delito¹⁸.

El segundo nivel radica en la atención integral de la trata de personas, donde se señalan desafíos como el aumento de recursos materiales para la protección de las víctimas sobrevivientes (albergues especializados, intérpretes en distintos idiomas, entre otros), así como el fortalecimiento de los modelos de atención vigentes frente a las especificidades de los distintos fines de la trata de personas (laboral, sexual, tráfico de órganos, etc.) y las particularidades de las víctimas masculinas y menores de edad. Unido a esto, se reconoce la necesidad de mejorar los mecanismos institucionales y transnacionales de seguimiento y monitoreo de los procesos de repatriación, reintegración y reasentamiento de las personas víctimas¹⁹.

Finalmente, un tercer nivel está orientado a la información y prevención de la trata de personas dirigido a la población en general. Según IDESPO²⁰, pese a los esfuerzos desarrollados en años recientes, la población en general no cuenta con información clara, confiable y suficiente acerca de la trata de personas.

Nudos críticos en la investigación en torno a la trata de personas

La investigación en torno a la trata de personas no es una tarea sencilla. Por el contrario, estudios previos han señalado las dificultades que implica el acercamiento a este fenómeno como problema de investigación: «...es difícil determinar con exactitud el estado real de la trata de personas en nuestro país y en el mundo. Esto obedece, principalmente, a que la forma como operan las redes de la trata hace difícil la detección y cuantificación de sus víctimas»²¹.

A propósito de lo anterior, resulta importante referirse a la estrategia metodológica que comprenden los diversos estudios realizados, los cuales principalmente corresponden a estudios exploratorios o descriptivos basados en la revisión documental (datos estadísticos, informes institucionales, estudios previos, entre otros), el análisis normativo, la entrevista a expertos e informantes clave en instituciones y organizaciones de la sociedad civil y los estudios de caso. Se presentan con menor frecuencia estudios que recuperen la experiencia directa de personas víctimas sobrevivientes de trata, lo cual es comprensible a la luz de las dificultades que implica su acceso; esto vuelve más factible reconstruir las dinámicas de victimización a partir del testimonio del personal institucional que aborda la trata de personas en distintos niveles o bien la entrevista a informantes clave.

A partir de lo anterior, se introducen las principales barreras o denominados «nudos críticos» en la investigación académica, cuyo objeto de estudio es la trata de personas, los cuales serán desarrollados a continuación.

• La dinámica del delito. Las mayores dificultades que atraviesa la investigación en torno a la trata de personas están relacionadas con la dinámica particular de este delito; el cual, para favorecer y sostener la impunidad, adquiere características propias como la especialización de las redes delictivas, la clandestinidad, la manipulación, la amenaza y la imposición del secreto y el silencio. Esta dinámica limita el acceso a la información y repercute sobre todo en el poco o nulo acceso a las víctimas de trata, como fuentes primarias de dicha información.

• El subregistro estadístico. Resulta necesario considerar que la mayoría de las víctimas de trata no son detectadas ni rescatadas; es decir, no llegan a ser contabilizadas en ningún registro institucional. Por otro lado, una parte de las víctimas logra escapar o salir de la situación de explotación, pero tampoco llega a ser identificada por la institucionalidad ni recibe apoyo. Una mínima parte de las víctimas sí llega a ser detectada y es atendida por las instituciones correspondientes; tan solo esta mínima parte es visibilizada a nivel de los registros estadísticos. Sin duda, el subregistro de la trata de personas –explicado desde la dinámica particular del delito– representa una de las barreras más importantes para precisar la casuística nacional y determinar con mayor exactitud la magnitud de dicha problemática. En tal sentido, Rodríguez y Rojas afirman que la información estadística actualizada, sistematizada y confiable continúa siendo uno de los principales vacíos en el contexto actual٢٢. Sumado a esto, en las fuentes estadísticas oficiales no siempre es posible ubicar datos desagregados que permitan reconocer aspectos como la edad de la víctima y su lugar de origen, el tipo de trata y el lugar de la denuncia, entre otros.

• El riesgo de sobreregistro o la ausencia de un registro único. Es común que quienes se avoquen a la tarea de investigar la problemática de trata de personas en el país encuentren una serie de inconsistencias o contradicciones en la información estadística que proporcionan las distintas instituciones competentes a nivel de la atención a víctimas y la persecución del delito23. Dichas inconsistencias se observan según la fuente institucional, o bien, están relacionadas con las distintas etapas del proceso (por ejemplo, víctimas «potenciales», víctimas acreditadas, casos denunciados, casos en investigación judicial, casos penales ingresados al sistema judicial, casos sancionados, etc.). Dicho de otra forma, considerando la variedad de instituciones y organizaciones no gubernamentales que intervienen en el abordaje a las personas víctimas y las distintas etapas en el proceso de atención y sanción, es muy posible el «sobreregistro» de casos. Ahora bien, esto no pone en entredicho el aumento progresivo de casos de trata de personas, pero sí señala el desafío contra un sistema de registro único sobre trata de personas en el país, del que aún se adolece.

• La custodia de información. Propiamente este nudo se relaciona con la poca o nula disponibilidad de la información confidencial que debe ser resguardada por parte de las instituciones implicadas. Por ejemplo, la información relativa a los casos que se encuentran en investigación judicial, la protección a víctimas y testigos, etc. Si bien, a todas luces esto es comprensible, representa una limitante más en el acceso a información que podría ser útil para la investigación académica en torno a la trata de personas.

• Los aspectos éticos en la investigación. Finalmente se reconoce que el estudio de la trata de personas necesariamente debe respetar un conjunto de criterios para la protección de las personas implicadas (personas víctimas, personal institucional a cargo de la atención, personas testigos, entre otros). De esta manera, más que un nudo o dificultad, esto se refiere a los lineamientos éticos que deben guiar la investigación sobre trata de personas, la cual puede suscitar dilemas éticos a resolver. Por ejemplo: ¿Cómo garantizar la confidencialidad y protección de las personas participantes? ¿Cómo evitar la revictimización de las personas víctimas de trata que participan de una investigación? ¿Hasta qué punto la participación en la investigación implica un riesgo para la integridad física o emocional de las personas implicadas? ¿Cómo garantizar el apoyo necesario a las personas participantes en caso de que la investigación implique alguna afectación emocional? Dichas preguntas no pueden obviarse, por el contrario, quienes investigan deben dar las respuestas éticas que correspondan, basadas en los derechos humanos.

Por último, conviene destacar que pese a los distintos nudos críticos expuestos, la investigación nacional en materia de trata de personas ha logrado avanzar de manera paulatina, incluyendo valiosos aportes ya mencionados a lo largo de este texto. Sin embargo, resulta fundamental reconocer las carencias y los retos que hoy tiene la producción científico-académica sobre esta problemática.

Un balance necesario: desafíos en la investigación académica sobre la trata de personas

UPO-IDESPO²⁴ señala que la presencia de la academia en la producción de información sobre la trata de personas ha sido escasa en los últimos años; apunta la necesidad de que las universidades puedan sumarse a los esfuerzos investigativos especializados correspondientes. Al respecto, es importante reconocer que la investigación académica debe, necesariamente, comprometerse con la lucha contra la trata de personas y no únicamente con la producción de conocimiento científico en la materia. Esto amerita entonces, el desarrollo de un quehacer investigativo con compromiso ético-político.

Este ejercicio investigativo implica, además, la reflexión crítica sobre la problemática y la raíz socioeconómica y las condiciones políticas y culturales que la generan. Resulta indispensable que el estudio de la trata de personas reconozca la estructura capitalista-patriarcal en la que esta se inserta, así como las políticas neoliberales que la promueven. En tal dirección, entre las condiciones que generan la trata de personas, deben reconocerse la desigualdad y la exclusión social, la política de despojo, la desregulación y flexibilización de las condiciones laborales, la precarización del trabajo y la feminización de la pobreza. Sin duda, esto representa a su vez el reto de un abordaje interdisciplinario en la investigación de la problemática.

De la mano con lo anterior, existen otros desafíos generales importantes por considerar a nivel de la investigación académica, los cuales se señalan puntualmente:

• Fortalecimiento de un sistema de registro unificado sobre trata de personas que incluya información estadística actualizada y características específicas sobre la casuística.

• Sistematización de lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el abordaje por parte del Estado.

• Profundización en torno a dinámicas particulares de victimización en los distintos fines o manifestaciones de la trata de personas y, específicamente, la situación de las víctimas masculinas y menores de edad.

• Estudio sobre el impacto de la trata de personas en el tejido social y la esfera familiar y comunitaria.

• Impacto de los procesos de atención y protección a víctimas sobrevivientes de trata de personas en el país.

Desafíos de la universidad pública

El espíritu de la universidad pública se orienta a la reflexión crítica sobre la realidad nacional y las transformaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y solidaria. Actualmente existe un creciente consenso y conciencia social acerca de la trata de personas como un problema que amenaza el tejido social y la dignidad de la persona humana. En este contexto, las universidades no pueden ser indiferentes, sino más bien deben ocupar un lugar privilegiado para la generación de conocimiento y el desarrollo de espacios académicos reflexivos en torno a esta realidad. Al ser la investigación uno de los principales pilares de la universidad pública, es menester enfocar la trata de personas como un tema prioritario en la agenda investigativa, sobre todo si se considera el desafío de contar con información científica sistemática, actualizada y confiable.

Desde un modelo de universidad con compromiso social, resulta indispensable no solo incorporar este tema en la agenda, sino asumir una postura crítica y proactiva que permita generar conocimiento útil y aplicable a la realidad. Así también, según se plasmó líneas atrás, la mirada académica debe dirigirse hacia el impacto del sistema capitalista y la lógica de acumulación neoliberal en la reproducción de la trata de personas.

Además de la investigación, las universidades tienen el reto de formar profesionales cada vez más sensibles y conscientes de esta realidad, con la especialización necesaria para responder de la manera más acertada a nivel de la prevención, atención y sanción de la trata. En tal sentido, resulta ineludible incorporar este contenido en el currículum de las carreras profesionales y ofrecer otras posibilidades de formación especializada a través de cursos de extensión.

En síntesis, se vislumbra que estos esfuerzos frente a la problemática de la trata de personas deben integrar las tres actividades sustantivas que caracterizan la universidad pública en Costa Rica: investigación, docencia y acción o extensión social. A continuación se precisan los desafíos en esas tres áreas sustantivas del quehacer universitario.

Desafíos de la investigación

• Profundizar en los vacíos investigativos en torno a la trata de personas y generar mayor conocimiento sobre su dinámica y expresiones particulares.

• Seguimiento y monitoreo del accionar estatal, la aplicación y cumplimiento de la normativa vigente, el desarrollo de políticas públicas, los procesos de atención y protección a víctimas y la sanción del delito.

• Generar investigación pertinente y útil que permita brindar recomendaciones al aparato político-institucional, dirigidas a mejorar la respuesta hacia la problemática.

Desafíos de la docencia

• Generar procesos de sensibilización y comprensión de los factores estructurales que promueven y facilitan la trata de personas en el país.

• Desmitificar prejuicios con respecto de la situación de las personas víctimas de trata.

• Reforzar la capacitación especializada de los futuros profesionales de las instituciones del país, de cara a una respuesta integral y efectiva.

Desafíos de la acción social

• Promover la denuncia social de las condiciones de explotación laboral en los distintos sectores socioproductivos y laborales vinculados a la trata de personas.

• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, que incluya información clara, comprensible y accesible.

• Desarrollar procesos de sensibilización, capacitación y prevención, especialmente dirigida a las comunidades de aquellas zonas del país que presentan condiciones más propicias para la trata de personas, enfatizando en los procesos de denuncia.

Conclusiones

En la última década, informes elaborados por distintos organismos nacionales han evidenciado la gravedad que ha ido alcanzando el fenómeno de la trata de personas en Costa Rica, al señalar al país como un lugar de origen, tránsito y destino para la trata en sus distintas manifestaciones, tanto a escala nacional como internacional.

Esto ha generado una serie de investigaciones nacionales en la búsqueda de profundizar en los escenarios de victimización de la trata de personas y dar cuenta de los factores que generan las vulnerabilidades y que coadyuvan en su reforzamiento y extensión.

Los estudios desarrollados han evidenciado que los mayores obstáculos que tiene el país para combatir el fenómeno, se basan en los siguientes aspectos:

• La concepción insuficiente de trata de personas establecida en la ley, que ignora el impacto que representa la conjunción de factores sociales, políticos, económicos y culturales en un sistema capitalista-patriarcal en la que está inserta, y las políticas neoliberales que la promueven.

• El impacto que ocasiona un sistema de justicia que no garantiza el cumplimiento del principio constitucional de «justicia pronta y cumplida» y que parece desatender los derechos humanos de las personas afectadas, promoviendo la impunidad.

• La ausencia de una atención integral del fenómeno de la trata, en la que se priorice la obtención de recursos materiales para la protección de las víctimas sobrevivientes, el fortalecimiento de los modelos de atención vigentes y el mejoramiento de los mecanismos de seguimiento y monitoreo.

A pesar de la importancia que conlleva el análisis y la generación de propuestas que atiendan los obstáculos indicados, las grandes ausentes parecen ser las universidades estatales; pues, salvo algunos trabajos de graduación, son escasos los artículos científicos y la investigación académica que en general se han producido al respecto.

La participación de las universidades resulta fundamental no solo por los recursos académicos y científicos con que cuentan, sino también por la importancia que conlleva la formación de profesionales sensibles y comprometidos que cuenten con el conocimiento necesario para participar en las labores de prevención, atención y sanción de la trata.

Si bien la investigación científica y académica de una materia tan compleja como la trata de personas constituye un importante desafío para las universidades estatales, no debe olvidarse que el espíritu de la universidad pública se orienta a la reflexión crítica de la realidad nacional, a fin de generar las transformaciones necesarias para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y solidaria.

Bibliografía

Artavia-Campos, Silvia. «Revisar Ley contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, desde el enfoque de Derechos Humanos». Tesis maestría en Derechos Humanos. Universidad Estatal a Distancia, 2013.

Centeno M., Luis. Estudio regional sobre la normativa en relación a la trata de personas en América Central y República Dominicana y su aplicación: Costa Rica. Costa Rica: Organización Internacional para las Migraciones, 2008.

Chávez-Mata, Ingrid y Verónica Muñoz-Flores. «La trata de personas menores de edad: esclavitud moderna en un mundo globalizado». Tesis de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 2009.

Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT). «Informe atención a víctimas. Periodos 2011-2017». Documento de trabajo, sin publicar.

Díaz- Mendoza, Yaxinia y José Vargas-Vargas. «La trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en la legislación internacional, penal y migratoria costarricense: un análisis comparativo a nivel centroamericano». Tesis de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 2010.

González-Valerio, Fabiola, Adriana Miranda-Burke y Daniela Mora-Díaz. «Trata de personas: situación de las mujeres. Realidad y desafíos en Costa Rica (2002-2013)». Tesis de licenciatura en Trabajo Social. Universidad de Costa Rica, 2015.

IDESPO. «Presentación de análisis de resultados de la encuesta: Percepción sobre la trata de personas en Costa Rica». Universidad Nacional, 2016.

Ley n.º 9095 del 26 de octubre del 2012 contra la Trata de Personas y creación de la Coalición Nacional Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (CONATT). (La Gaceta, Alcance Digital, 08 de febrero de 2013). Acceso: 10 de abril de 2018. http://www.migracion.go.cr/institucion/Trata/Ley%20Trata%20de%20Personas%20(difusion%20digital).pdf

Rodríguez-Fernández, Adriana y Alberto Rojas-Rojas. Trata de personas con fines de explotación laboral en Centroamérica. Informe Costa Rica. Costa Rica: Organización Internacional para las Migraciones, 2011.

Organización Internacional para las Migraciones. La experiencia de las mujeres víctimas de trata en América Central y República Dominicana y la actuación de las instituciones. Capítulo Costa Rica. Costa Rica: OIM/AECID/COMMCA/SICA, 2008.

Organización Internacional para las Migraciones. La trata de mujeres: una manifestación de la violencia contra las mujeres. Costa Rica: OIM, 2012.

Organización Internacional para las Migraciones. Guía de intervención psicosocial para la asistencia directa con personas víctimas de trata. Costa Rica: OIM, 2007.

Segura-Amador, Raquel. «La trata de mujeres y el tráfico ilícito de migrantes mujeres: una cuestión de derechos humanos a la luz de la perspectiva de género». Tesis de licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica, 2007.

UPO-IDESPO. Trata de personas, dignidad y derechos humanos. Costa Rica: ArCiBel Editores, 2012.

Notas

Información adicional

Formato de citación según APA: Rodríguez-Fernández, A. y Ramos-Con, P. (2018). Entre lo oculto y lo silenciado: la trata de personas en Costa Rica y sus desafíos para la investigación académica. Revista Espiga 17(35), 18-30. Doi: http://dx.doi.org/10.22458/re.v17i35.1803

Formato de citación según Chicago-Deusto: Rodríguez-Fernández, Adriana y Patricia Ramos-Con. «Entre lo oculto y lo silenciado: la trata de personas en Costa Rica y sus desafíos para la investigación académica». Revista Espiga 17, n.º 35 (junio, 2018): 18-30. Doi: http://dx.doi.org/10.22458/re.v17i35.1803

Enlace alternativo

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