Introducción

Las Denominaciones de Origen (DO) son mecanismos de protección para bienes oriundos de lugares específicos, históricamente empleados en Europa tanto como forma de distinción o como medio para evitar fraudes. Según Couillerot en Núñez-Hernández (2018), designar determinados bienes con su lugar de origen les confería un valor especial o mérito particular, reconociéndose implícitamente la fuerte unión entre el medio natural (suelo, topografía, clima, cultivos) y el hombre (especificidades históricas y culturales, métodos de producción agrícola, procesos de transformación). Estas denominaciones se encontraban originalmente asociadas a productos alimenticios en Europa, entre los que destacan quesos y vinos. Sobre estos últimos, por ejemplo, Nesto y Di Savino (2016) trazan ya para el siglo XVIII los antecedentes de la Denominación de Origen del vino Chianti en Italia, mientras que el Champagne francés gana similar protección durante el siglo XIX (Núñez-Hernández, 2018). Tal sistema de Denominaciones de Origen llegará mucho más tarde a América Latina, específicamente durante el siglo XX. Así, denominaciones como la conferida al pisco chileno en 1931, allanarán el camino hacia la creación de DO para otros bienes ampliamente conocidos en el subcontinente, como el tequila mexicano, ya en el año 1974.

Las Denominaciones de Origen en América vendrán a ser ampliadas durante el siglo XX en virtud a acuerdos internacionales sobre comercio, e irrumpirá entonces el concepto de Indicación Geográfica (IG). Según el Artículo 22,

Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, suscrito por la Organización Mundial del Comercio (1994), las Indicaciones Geográficas se definirán como “las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico” (Organización Mundial del Comercio, 1994).

Pese a no ser exactamente lo mismo, en la práctica, el término IG se convertiría en una suerte de paraguas que englobaría Denominaciones de Origen, marcas colectivas, marcas de certificación, esquemas propios de protección y las mismas Indicaciones Geográficas.¹ Resulta así ilustrativa la forma por la cual Chile nombra “sellos de origen” a todo el conjunto de esquemas de protección de bienes territoriales, permitiendo facilitar la nomenclatura a personas no familiarizadas con estos tecnicismos.

Al igual como sucedió en otros países latinoamericanos, Centroamérica gestará un creciente interés por la utilización de diversos esquemas de IG, marcadamente destinados a productos agroalimentarios. Con ello, ya para el año 2009, Paz y Pomareda (2009) realizaron, bajo auspicio suizo, un trabajo de prospección sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en Centroamérica. Según ambos autores, las condiciones agroecológicas, la genética de los productos y la cultura local ofrecían oportunidades para desarrollar Indicaciones Geográficas para bienes procurados en mercados internacionales como el café, la madera, determinados quesos o algunos tipos de maíz (Paz y Pomareda, 2009). Estos autores ya identificaban algunos bienes que serían protegidos años después por medio de una IG, como el Queso Turrialba (Costa Rica) o el Ron de Guatemala.

Pese a que Paz y Pomareda (2009) ya señalan aspectos importantes en relación a las IG en Centroamérica e identifican algunos bienes con potencial, el mencionado estudio posee ciertas limitaciones: aborda las IG de forma superficial, se centra en mayor medida en Costa Rica y fue elaborado hace ya una década. Sobre este último punto, habría que adicionar que desde la fecha de publicación del mencionado trabajo no se vislumbran mayores estudios técnicos o académicos que aborden las IGs en Centroamérica -IGs que, por lo demás, han aumentado de manera marcada durante los últimos diez años-. Sumado a esta escasez, habría que considerar la complejidad que supone una superposición de esquemas de protección a nivel individual en los países centroamericanos, existiendo con ello Indicaciones de Origen, Denominaciones de Origen, marcas colectivas y esquemas propios de protección. Por tanto, ante todas estos retos sobre el estudio de las IG en Centroamérica, el presente artículo busca responder a la siguiente pregunta investigación: ¿cuál es el desarrollo actual de las Indicaciones Geográficas (y esquemas similares) en Centroamérica? Consecuentemente, se erige como objetivo principal examinar el desarrollo actual de las Indicaciones Geográficas y esquemas similares en Centroamérica. Paralelamente, analizaremos cómo se encuentran distribuidas las IG en los diferentes países, a fin de identificar los bienes protegidos en la región, ya sea mediante una Indicación Geográfica o un esquema análogo. Para alcanzar tales objetivos se presta particular atención a una dicotomía que justifica teóricamente la creación de IG en el istmo: la maximización de ganancias económicas y la creación de iniciativas que potencien el desarrollo local-rural, como se discutirá en el apartado teórico.

Para el desarrollo del presente estudio fue implementada una estrategia metodológica que consiste en la realización de tres etapas de recolección y análisis de información. En primer lugar, se consultó la base de datos de la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn), la cual otorgó información inicial sobre los bienes protegidos con IG en cada uno de los países centroamericanos. Este primer indicio fue contrastado posteriormente con fuentes oficiales, particularmente con la autoridad competente para el registro de estos signos distintivos en los países del istmo. De esa forma, resultaron fundamentales los textos de Diario Oficial de Guatemala (2012), Instituto de Propiedad Industrial (2011), Presidencia de la República de Costa Rica (2019), Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2003), Ministerio de Economía de El Salvador (2019) y Ministerio de Agricultura de El Salvador (2018). Tal contraste permitía corroborar o precisar la información inicial oriunda de la base de datos de oriGIn. Los datos oficiales fueron posteriormente complementados con fuentes académicas, entre los que destacan Granados y Picado (2018), Otaegi (2012), Dawson (1989), Vindas (2013), Paz y Pomareda (2009), Mancini (2012), Giovannucci et al. (2009) y Dávila et al. (2014). Con la recopilación de datos descrita, se pasó a la fase de análisis, permitiendo identificar algunas características particulares: una reciente explosión en las Indicaciones Geográficas en Centroamérica, crecientes vínculos entre IG y tratados de libre comercio y la existencia de un grupo de bienes en el istmo que suelen acogerse a estos esquemas de protección. Luego es abordado un pequeño apartado teórico sobre el abordaje de IGs, y se relatan los resultados al identificar los bienes protegidos por IG o esquema similar en Centroamérica. Posteriormente se discuten los hallazgos, tratando de contextualizar los bienes protegidos, y se proponen consideraciones finales pertinentes al estudio.

Indicaciones Geográficas: ¿maximización de beneficios o herramienta para el desarrollo rural?

La gran importancia de las IG en el mundo globalizado contemporáneo se encuadra en un proceso reciente que Winter (2003) denominó como “viraje de calidad” (quality turn). Este viraje se organiza en torno a un cambio en las economías de escala para la valorización creciente de economías de las singularidades. Aunque sus orígenes sean más antiguos en ciertos países, se evidencia que solo recientemente su diseminación se torna referencia en una economía mundial, entre cuyos pilares podrían resaltar la autenticidad, distinción y protección (Ilbery et al., 2005; Ray, 1998). De tal forma, el consumidor contemporáneo se presenta cada vez más atento -y eventualmente más politizado- en relación a la alimentación, atento a una gama bastante amplia de cualidades y valores. Así,

En mayor o menor medida, se espera que los alimentos consumidos estén plegados a los requisitos básicos en términos nutricionales-sanitarios y que indiquen claramente el respeto a los imperativos de sustentabilidad en sus múltiples dimensiones (social, económica, ecológica-ambiental, política, ética y cultural). Al final, tales elementos constituyen un mosaico de factores que se conoce como “atributos de valor” (Anjos et al., 2014: 23. Traducción propia).

Si en la frase anterior, oriunda de un estudio específico sobre IGs en Brasil y España, destaca la relevancia de los atributos de valor, características multidimensionales, el problema de las protecciones en términos de propiedad intelectual no es menos importante. De acuerdo con Carvalho (2003), las IGs actúan tanto para desautorizar la utilización de indicaciones para productos no provenientes de un lugar como para prevenir que ciertos nombres no se vuelvan expresiones genéricas. Con ello, se busca reconocer los dispositivos internacionales de regulación que se colocaron en boga sobre todo desde la promulgación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS en inglés) de la OMC en 1994, el mismo que preveía la existencia de marcas colectivas, individuales, certificaciones y otras protecciones diversas (incluso, algunas sui generis). Con ello, en un texto actualmente considerado como pionero, Moran (1993) había notado la forma por la cual productores de vino en Estados Unidos y Francia usaban formas de protección de la propiedad intelectual que se hacían efectivas en los territorios y que conferían ganancias económicas asociadas a la protección de denominaciones específicas.

Una de las potencialidades económicas más promisorias de las Indicaciones Geográficas, Denominaciones de Origen, marcas colectivas u otras que poseen cobertura regional, es la relación entre cultura y territorio. Pese a ello, si se reconoce que la dimensión cultural es fundamental, no se pueden ignorar los aspectos ambientales, puesto que los suelos, clima, incidencia solar, incidencia de lluvias y altitud son puntos centrales. La defensa del territorio puede materializarse por ejemplo en la creación de espacios mercadológicos cuyo fin será integrar las economías locales y los diferentes actores para la consecución de objetivos comunes.

Justamente, la posibilidad de unir complejas ideas y valores sociales en un sello o una marca que sea central para los procesos de distinción y autenticidad (Boström y Klintman, 2008), es lo que Bowen y Valenzuela Zapata (2009) llaman “etiquetas basadas en valores” (value-based labels). Traducir las complejidades ambientales, sociales y culturales para inserirlas en un producto no es tarea fácil; pese a ello, desde comienzos del siglo XXI surge un crecimiento enorme de DOs, IGs y otras certificaciones. Estas propuestas coadyuvarían a disminuir la asimetría entre productores y consumidores, permitiendo tornar determinados atributos como fácilmente identificables y con mayor capacidad de recepción pública.

Temáticas como el giro hacia la calidad, etiquetas basadas en valores, reducción de asimetrías de la información en los mercados, entre otras, se encuadran en un debate mayor sobre las IGs. De esa forma, los estudios, investigaciones y trabajos que abordan estos bienes diferenciados presentan en muchas ocasiones dos ejes justificativos: (i) la maximización de beneficios económicos y (ii) la posibilidad de generar iniciativas que puedan propiciar el desarrollo rural/local basado en los activos de la propia comunidad. Tales interpretaciones no son excluyentes entre ellas, y en muchos casos, las fronteras entre las mismas pueden ser permeables, posibilitando la apropiación de los dos ejes en intensidades diferentes. El eje de maximización de beneficios se materializa entonces en aquellos trabajos sobre IG que abordan temáticas como la reducción en las asimetrías informativas entre el productor y consumidor (Giovannucci et al., 2009), la inclusión del respeto a la propiedad intelectual en tratados de libre comercio, la identificación de nuevos nichos de mercado, aumento del precio pagado al productor (Chever et al., 2012) o la manutención de una ventaja competitiva cuando se promulga una Indicación Geográfica (Sautier et al. 2011). Asimismo, dentro del segundo eje podrían enmarcarse aquellos estudios que potencian una valorización de los saberes tradicionales (Benedetto, 2007; Amaya y Aguilar, 2012), el desafío a los sistemas agroalimentarios globalizados uniformizados, el fomento al turismo, reconocimiento de una reputación particular o el destaque de características agroecológicas determinadas (Giovannucci et al., 2009). Por su parte, considerando el eje que apunta al desarrollo rural, Ramos y Garrido (2014) abordan la unión entre cultura y territorio existente en los bienes diferenciados sujetos a IG, afirmando que:

Estos sellos pretenden preservar la identidad y recursos culturales, sociales y ambientales de los territorios, buscando su desarrollo. Debido a sus contribuciones al desarrollo territorial rural, lo más importante en estos sellos es que los mismos buscan la calidad territorial […]. El sello, siendo un paraguas que identifica estos productos del territorio (no solamente alimentos), contribuyen a la calidad del territorio como un todo (Ramos y Garrido, 2014: 108. Traducción propia).

Vinculados a estos dos ejes, pero desde un punto de vista de la literatura económica, Belleti et al. (2017) resaltan la existencia de dos enfoques diferentes al tratar los productos con IG y sus esquemas de protección: (i) modelos microeconométricos que abordan las implicaciones en el bienestar asociados a esquemas de Indicaciones Geográficas y (ii) análisis institucionales sobre la calidad y teorías del desarrollo endógeno. Sobre el primer enfoque, destacan estudios como los de Langinier y Babcock (2008) o Bonroy y Constantatos (2014); bajo tal perspectiva, la territorialidad de los productos parece ser únicamente un telón de fondo para un aumento en el bienestar económico. Por otra parte, en relación a estudios que tratan las IGs desde abordajes institucionales y de desarrollo endógeno, se pueden mencionar los realizados por Hirczak et al. (2008), Niederle et al. (2017) o Wilkinson et al. (2015). Aquí las relaciones históricas, culturales y naturales entre productor, alimento y territorio, parecen estar mucho más presentes y revisten un carácter más importante; resulta patente en estos casos que la sociedad local organizada puede dar vida a procesos que valoricen sus modos de vida y sus productos, pudiendo crear espacios para autenticidad y distinción en las diversas economías.

Pese a los potenciales efectos positivos asociados a IGs, también es preciso considerar lo que Niederle y Aguiar (2012) llaman “dimensiones contradictorias”. Con ello, en ciertos territorios, la valorización de las IGs conlleva la exclusión de actores poco capacitados a involucrarse en formatos de producción más exigentes. Dichas dimensiones contradictorias han sido retratadas en trabajos como el de Ayala Durán (2018) y Núñez-Hernández (2018).

De tal suerte, estos enfoques que buscan maximizar el bienestar económico por una parte, y el análisis sobre aspectos del desarrollo local-rural por otra, han permeado actores que van más allá del campo académico, extendiéndose a las asociaciones de productores, agentes estatales e incluso agencias de cooperación internacional. Es posible identificar entonces que en Centroamérica existen numerosas iniciativas que justifican la promulgación de algún tipo de sello de calidad basada en estos enfoques, como se detallará en las siguientes secciones de resultados y discusión.

Resultados

Los productos protegidos por Indicaciones Geográficas y otros mecanismos similares en Centroamérica están resumidos en la Tabla 1:

Tabla 1

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen en Centroamérica Table 1. Geographical Indications and Appelletions of Origin in Central America

Tipos de protección: IG: Indicación Geográfica. DO: Denominación de Origen. MC: Marca Colectiva. RE: Reglamento o Ley propia. Fuente/source: elaboración propia basada en datos de oriGIn y en IICA (2010), Diario Oficial de Guatemala (2012), Instituto de Propiedad Industrial (2011), Presidencia de la República de Costa Rica (2019), Asamblea Nacional de la República de Nicaragua (2003), Ministerio de Economía de El Salvador (2019), Ministerio de Agricultura de El Salvador (2018), Granados y Picado (2018), Otaegi (2012) y Dawson (1989). Source: own elaboration based on the references just mencioned.

De todos los países centroamericanos, Belice es el único que no posee un bien protegido por Indicaciones Geográficas. En la década de los sesenta se elaboró una marca colectiva para certificar el algodón de la West Indian Sea Island, pero la misma expiró a finales de la década de los ochenta en función de diferencias sobre la titularidad y legalidad de la marca (Dawson, 1989). El periodo de expiración de las marcas colectivas parece ser una diferencia sustancial entre ellas y las Denominaciones de Origen, según retrata Andrade (2015).

Guatemala, por su parte, posee tres alimentos protegidos: Café Antigua, Café Acatenango y Ron de Guatemala. Dentro de esta última Denominación de Origen hay productos reconocidos en mercados internacionales, como el Ron Botrán o Ron Zacapa, que poseen precios sustancialmente superiores a otras bebidas espirituosas guatemaltecas.

Pese al pequeño tamaño de El Salvador, este es el país que posee mayor número de IGs de la región, llegando a un total de doce bienes protegidos. Destacan seis Denominaciones de Origen para el Café Apaneca-Ilamatepec, Cacahuatique, Alotepec, Bálsamo-Quezaltepec, Tecapa-Chinameca y Chintontepec. Adicionalmente, existe la Denominación de Origen Chaparro, una bebida espirituosa salvadoreña. De la misma forma, desde 2018 existen DOs para el Jocote Barón Rojo y el Loroco Barón Rojo, así como para el Camarón Bahía de Jiquilisco. El platillo típico nacional, las pupusas, poseen protección reciente, con la promulgación de la Indicación Geográfica Pupusas Olocuilta; por su parte, el Bálsamo posee un régimen propio especial, en virtud de un decreto legislativo sobre el uso del Bálsamo en El Salvador que data de 1935.

En el vecino país de Honduras, la Denominación de Origen Café Marcala fue la primera concedida en 2005, seguida por la Marca Colectiva Café del Occidente Hondureño (Honduras Western Coffee-HWC), que evolucionó hacia una Indicación Geográfica en el año 2011. Esta Indicación Geográfica ampara a las variedades de Café Camapara, Cagual, Congolón, Eracupa, Guisayote y Copán. Con ello, los únicos productos protegidos en Honduras son variedades específicas de café.

En Nicaragua recién en el año 2018 se promulga la primera Denominación de Origen: Café Dipilteño. Si bien a el Queso Chontaleño no posee una Indicación Geográfica per se, existe una norma técnica aprobada en 2003 por la Asamblea Nicaragüense, la cual regula las características y especificaciones que el lácteo debe cumplir. A la fecha, los esfuerzos por crear una Indicación Geográfica para este queso aún no han dado frutos.

Costa Rica promulgó la primera Indicación Geográfica para el Café de Costa Rica en 2008. Le siguió la Indicación Geográfica Banano de Costa Rica, en 2010. El Queso Turrialba fue acreedor a una Denominación de Origen en 2012, seguido de la Cerámica Chorotega en 2016. Finalmente, a inicios de 2019 se promulga la Denominación de Origen Café Terrazú, elaborado en la Zona de los Santos.

Panamá cuenta con un total de cinco bienes protegidos. El primero de ellos fue la Bebida Espirituosa Seco, al final de la década de los noventa. Posteriormente, se elaboró el derecho colectivo para los Tejidos Mola Kuna Panamá, visto como un conocimiento tradicional del pueblo indígena Kuna. Este derecho colectivo, similar a una marca colectiva, tiene como titular al Pueblo Kuna, organizado bajo consejos generales. Más recientemente, el Café Renacimiento obtuvo una Denominación de Origen en 2011, mientras que la marca colectiva Café Palmira fue promulgada un año después en 2012. Similar es el caso de la Piña Chorrera, la cual posee una marca colectiva desde 2012, siendo su titular la Asociación Agroindustrial Nacional de Productores y Exportadores de Piña.

Discusión

En términos generales, se evidencia que existe una explosión de bienes protegidos por algún esquema de Indicación Geográfica desde inicios del siglo XXI, con excepciones específicas -como en el caso salvadoreño y beliceño (Tabla 1)-. Específicamente en torno al año 2010 se identifica un incremento en bienes certificados, lo que parece estar en sintonía con una tendencia global, gracias a la convergencia entre acuerdos internacionales y legislaciones centroamericanas. De esa forma, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) suscrito en 1994 en la OMC, derivó en el compromiso de armonización de las legislaciones nacionales de los países centroamericanos, materializándose durante la década de los noventa y dos mil. De tal suerte, como muestra la Tabla 2, el primer país en la región en contar con una legislación incluyendo Indicaciones Geográficas fue Panamá en 1995, seguido por Honduras en 1999. Los últimos casos de armonización legislativa se dieron en El Salvador y Guatemala en 2002. De tal forma, es a partir de la clara inclusión de las Indicaciones Geográficas dentro de las legislaciones centroamericanas que comienza a evidenciarse un aumento en el número de bienes protegidos en el istmo.

Tabla 2

Legislaciones centroamericanas sobre Indicaciones Geográficas después de ratificación del Acuerdo TRIPS-OMC (1994) Table 2. Central American legislations about Geographical Indications after the ratification of TRIPS-OMS Agreement (1994)

Fuente: elaboración propia. Source: own elaboration.

Es destacable que para la protección de estos bienes en Centroamérica se han adoptado, además de las Indicaciones Geográficas, esquemas particulares propios de los países de la región. Por ejemplo, El Salvador posee una ley especial sobre el uso del Bálsamo que data de 1935. En aquel momento, el legislador salvadoreño estaba preocupado en certificar la asociación entre el mencionado bien y el país centroamericano, evitando una posible confusión sobre su origen. Por su parte, el Queso Chontaleño en Nicaragua es regido por la Normativa Técnica 03 042-02 del año 2003, que establece las características y especificaciones que debe cumplir este alimento. En el caso del lácteo existieron importantes trabajos para la promulgar una Indicación Geográfica en la primera década de los años dos mil, aunque la misma enfrentó problemas a nivel de la reglamentación de la indicación, delimitación del territorio abarcado y organización colectiva de los actores según Mancini (2012). Con ello, ante la desistencia del promotor de la IG Queso Chontaleño, la empresa semi industrial Alianza Amerrisque (Mancini, 2012), este bien no ha sido protegido a la fecha con una IG, siendo que únicamente posee una regulación a nivel de norma técnica. Otro caso propio es el derecho colectivo para los tejidos Mola Kuna Panamá, ligado a saberes tradicionales de esa población originaria (Figura 1). El derecho colectivo sui generis adopta un modelo de gobernanza tratando de respetar la idiosincrasia indígena, puesto que la administración del derecho colectivo corresponde a los Congresos Generales del Pueblo Kuna. La existencia de estos esquemas propios para la protección de bienes territoriales en Centroamérica no ha impedido que sus respectivos gobiernos desarrollen mecanismos para defender su autenticidad en mercados internacionales, como acontece en el caso de IG tradicionales. De esa forma, el Queso Chontaleño, el Bálsamo o el derecho colectivo Mola Kuna poseen protección en tratados internacionales, como se verá más adelante.

Figura 1
Tejido Molas Kuna “Dragon in Womb” Figure 1. Molas Kuna textil “Dragon in Womb”

En Centroamérica la concentración de Indicaciones Geográficas abarca un reducido número de bienes. Buena parte de los mismos poseen alto valor agregado y una reputación distinguida en mercados internacionales. Destacan los bienes agroalimentarios, especialmente el café y en menor medida bebidas espirituosas, tal como muestra la Figura 2.

Figura 2
Importancia del café y bebidas espirituosas en las IG centroamericanas Figure 2. Relevance of coffee and spirits in Central American GIs

Específicamente el sector cafetalero, ha estado históricamente asociado a una poderosa élite en diversos países centroamericanos. Por ejemplo, en El Salvador el auge de la cultura del café está directamente ligada con la abolición de tierras ejidales y comunitarias en el siglo XIX y la apropiación de las mismas por parte de élites económicas locales. El desamparo histórico de poblaciones originarias salvadoreñas resultó crucial para el aumento en las explotaciones y exportaciones de café, especialmente durante el siglo XX (Ayala y de Andrade, 2016). Actualmente, en este pequeño país centroamericano, el 50% de las IGs proceden del café: una dinámica que da cuenta de que el sector cafetalero salvadoreño continúa cumpliendo un papel relevante en el entramado agrícola, empresarial y político local; siendo que dirigentes de este sector productivo han sido prominentes funcionarios de elección popular, ministros de gobierno, dirigentes políticos e incluso, presidentes del país. En sentido similar, Granados y Picado (2018) argumentan que en el caso costarricence la institucionalización de la IG del café se gestó gracias a la iniciativa de sectores descentralizados que buscaban mejorar su posicionamiento e inserción en el mercado internacional, careciendo de tendencias que apuntaran a una promoción de estrategias de desarrollo rural o a la inclusión de pequeños productores (Figura 3).

Otro sector que luce beneficiado de estos esquemas en Centroamérica es el de las bebidas espirituosas. Mucho menos numerosas que en el caso de IG europeas, existen bebidas espirituosas protegidas en Guatemala (DO Ron de Guatemala), El Salvador (DO Chaparro) y Panamá (IG Seco). En el caso de la DO Ron de Guatemala, cuenta con dos actores fundamentales: Industria Licorera Quezalteca S.A. y Licorera Zacapaneca S.A., los mismos que producen el Ron Botrán y Ron Zacapa respectivamente. Ambas entidades son empresas nacidas en la primera mitad del siglo XX, poseyendo gran vinculación hacia mercados internacionales. De esa forma, Licorera Zacapaneca S.A exporta anualmente 300.000 botellas de Ron Zacapa (Benford, 2004). Por su parte en el vecino El Salvador la bebida popular Chaparro ha sido capturada por dos empresas: Alimentos y Bebidas Típicas Salvadoreñas S.A de C.V. y Sacadera Flor de Fuego. En función de su DO, estas empresas poseen la potestad legal de llamar a su bebida espirituosa Chaparro, licor históricamente elaborado por pequeños productores y de forma local en los espacios rurales salvadoreños.

Con ello, la concentración de IG en productos como el café y bebidas espirituosas representan indicios de las llamadas “dimensiones contradictorias” (Niederle y Aguiar, 2012) en la región. En el caso del café, el aglutinamiento de IGs en este sector puede ejemplificar que únicamente sectores económicamente poderosos son los interesados en plegarse a estos esquemas de protección. Desde una visión mucho más conservadora, puede ser cuestionado el por qué los beneficios derivados de las IG, son aprovechados únicamente por un número reducido de sectores centroamericanos, existiendo así espacios para la inclusión de otros bienes en la región. En tal sentido, algunos autores han dado cuenta de las asimetrías de poder y fricciones circundantes a bienes territorializados (Ayala Durán, 2018; Rodríguez Gómez, 2004; Santos, 2012). En el caso de las IG, una de las dimensiones contradictorias más notorias se evidencia en la exclusión de productores tradicionales de bienes territoriales, exclusión claramente retratada en bienes conocidos en mercados internacionales, como es el caso del Tequila mexicano (Núñez-Hernández, 2018). Ya para el caso centroamericano, Granados y Picado (2018) mostraban cómo las IG del Banano y Café de Costa Rica se realizaron de forma autónoma por parte de actores descentralizados. El sector caficultor salvadoreño mostró una tendencia similar, al registrar la primera DO Apaneca-Ilamatepec, junto a recientes DO del mismo rubro. En este mismo país, pero centrándose en las bebidas espirituosas, se evidencia una reciente patrimonalización del Chaparro, bebida popular y con amplio anclaje campesino.

Figura 3
Recolección de café Figure 3. Coffee picking

En términos generales, las exclusiones para obtener esquemas de protección pueden darse en función de la calificación necesaria para la producción de los bienes, la imposibilidad de cualificarse o incluso los costos económicos asociados a la creación y manutención de la IG. Sobre este aspecto económico, Schroeder y Guevara (2009) estiman que entre el periodo 2000-2004 la inversión directa en aspectos relacionados con la organización, el desarrollo, honorarios jurídicos y comercialización de la DO Café Antigua (Guatemala) se elevó a una suma entre $150.000 y $200.000 dólares estadounidenses. Similarmente, en Costa Rica existen informes de prensa indicando el descontento de asociaciones de productores por el bajo rédito económico y alto costo asociado a la creación de IGs (Vindas, 2013). Estos indicios se contraponen a estudios realizados en Europa, como el de Chever et al. (2012), que certifican un valor premium adicional que poseen los productos con IG. Así, los vinos, bebidas espirituosas y productos alimenticios europeos con IG reportaron un valor adicional de 2.75, 2.57 y 1.55 veces respectivamente, comparándolos con aquellos bienes similares sin IG (Chever et al., 2012). Con ello, el aspecto económico puede representar un factor crucial en la decisión de productores individuales para participar de una IG determinada. Así, resulta fundamental poseer una noción integral de lo que implica en términos de potencial económico y costos asociados a la implementación de IGs en Centroamérica, para lo que la utilización de guías de buenas prácticas y un diagnóstico apropiado puede resultar útil. En tal sentido, el trabajo de Vandecandelaere et al. (2010), al amparo de FAO, puede proveer elementos de análisis valiosos, especialmente en lo que se refiere a evaluación de potencialidad del producto, aseguramiento de potencial del mercado o análisis de sostenibilidad.

Ante el riesgo de que este tipo de barreras puedan excluir a productores tradicionales de participar en IG, el papel del Estado se torna importante gracias a acciones como incentivos fiscales, concesión de préstamos productivos, investigación y desarrollo o asesoría especializada. En Costa Rica, por ejemplo, la pública Universidad Nacional de Costa Rica creó el Centro de Apoyo para el Desarrollo de Denominaciones de Origen y Sellos de Calidad Agroalimentarios (CadenAgro), lo que permitió apoyar a productores en la creación de IGs. El centro público costarricense jugó un rol crucial a la hora de elaborar la DO Queso Turrialba (Granados y Picado, 2018). Papel similar han cumplido instituciones públicas en otros países Latinoamericanos como Brasil, con la destacada actuación la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria (EMBRAPA) o el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) (Niederle et al., 2017). Parece entonces cada vez más imperiosa la necesidad de que existan cuerpos públicos con capacidad y competencias para apoyar los procesos de creación de IG en Centroamérica. No obstante, Champredonde (2014) retrata algunas dificultades asociadas al desarrollo de competencias en instituciones públicas latinoamericanas trabajando con IG.

Por otra parte, y suponiendo que los Estados centroamericanos puedan poseer dificultades económicas propias para subsidiar este tipo de iniciativas, la cooperación al desarrollo y la comunidad internacional pueden mostrarse como coadyuvantes potenciales. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), mediante el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE), realizó un proyecto centrado en el registro y protección internacional de Denominaciones de Origen enfocados en el sector cafetalero de El Salvador, Honduras y Guatemala. Como retrata Dávila el al. (2014), este programa cooperativo contó con el apoyo financiero adicional de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones. Esta iniciativa se mostró crucial para la promulgación de las DO Apaneca-Ilamatepec (El Salvador), Acatenango (Guatemala) y Cafés del Occidente Hondureño (Dávila et al., 2014). Por otra parte, el desarrollo la DO Marcala en Honduras fue posible gracias al involucramiento de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) (Bautista y Díaz, 2018). Adicionalmente, agencias españolas descentralizadas de la cooperación andaluza, como la Fundación ETEA para el Desarrollo, también han trabajado con la DO Marcala en el mismo país.

Por otra parte, una estrategia recientemente adoptada por los países centroamericanos es la inclusión de IGs en las negociaciones de nuevos tratados comerciales. La estrategia pareciera estar directamente relacionada con el eje de maximización de beneficios económicos asociados a las IGs, puesto que los bienes protegidos con estos esquemas serían sujeto de reconocimiento en otros Estados. De tal forma, en función del macro Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, firmado en 2012, Europa se compromete a proteger las IGs centroamericanas Banano de Costa Rica, Bálsamo y Café Apaneca-Ilamatepec (El Salvador), el Café Antigua y Ron Guatemala, el Café Marcala y del Occidente Hondureño, el Café de Nicaragua y Queso Chontaleño, así como el Seco de Panamá. En función del mismo acuerdo, la parte centroamericana se comprometió a dar protección a numerosas IG europeas. Similar estrategia es igualmente implementada en las relaciones bilaterales de los países centroamericanos. De esa forma, el Acuerdo de Libre Comercio entre Panamá y Perú de 2012, compromete al país sudamericano a reconocer y proteger la DO del licor panameño Seco. Similarmente, en el Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y China firmado en 2010, la parte asiática se comprometió a proteger las Indicaciones Geográficas costarricenses: Café de Costa Rica, el Guanacaste (madera) y el Banano de Costa Rica. La IG de esta fruta ha sido similarmente reconocida por Perú, en función de un tratado de Libre Comercio entre ambos países. Adicionalmente, México protege diversas IG centroamericanas en función del Tratado de Libre Comercio entre México con las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, suscrito en 2011. La diversidad de tratados que contemplan mecanismos de protección de IGs centroamericanas en mercados internacionales sugiere la existencia de una estrategia articulada en la conducción de las relaciones económicas bilaterales y regionales de los países del istmo.

A pesar que la vertiente de maximización de beneficios económicos cobra notada importancia en estos acuerdos comerciales, existen excepciones por las cuales se incluyen en los tratados internacionales aspectos relacionados a potenciar el desarrollo local y rural endógeno en Centroamérica. Así, el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú compromete a las partes a reconocer el derecho de las comunidades indígenas y locales sobre sus conocimientos y tradiciones, reiterando el compromiso de respetar, preservar y mantener los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas de los dos países (Artículo 9.5). El reconocimiento implica asimismo un compromiso para proteger los derechos de estos colectivos de la competencia desleal. De tal suerte, por ejemplo, dentro de los conocimientos tradicionales reconocidos por Perú en el tratado con Panamá destaca el derecho colectivo Mola Kuna Panamá. La protección de comunidades indígenas dentro de un tratado comercial representa una notable excepción a la protección económica predominante de estos acuerdos.

Consideraciones finales

El aumento sustancial en IG registradas recientemente en los países centroamericanos se encuentra en consonancia con una tendencia internacional, particularmente estimulada gracias a acuerdos multilaterales dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio. Con ello, el tema de la propiedad intelectual, liderado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, resulta ahora central en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. Tal desdoblamiento se muestra claramente materializado en los acuerdos comerciales más recientes que han suscrito los países centroamericanos, tanto a nivel regional como bilateral. Son acuerdos que abordan de forma explícita productos con Indicaciones Geográficas (así como esquemas similares) y su defensa recíproca en los países participantes. Un aspecto poco diseminado, y con posibles efectos positivos en las comunidades locales, sería la protección de IGs con arraigo indígena y campesino, así como de sus conocimientos y prácticas en terceros países, como ha sucedido con acuerdos comerciales firmados por Panamá.

En el caso centroamericano evidenciamos el llamado “viraje de calidad”, en lo que respecta a Indicaciones Geográficas. La gran mayoría de bienes protegidos poseen un valor agregado sustancial. En este sentido, destacan que bienes como el café y, en menor medida bebidas espirituosas, acaparan la mayoría de las IGs en la zona. La primacía de este tipo de bienes podría presentar riesgos latentes, puesto que en muchos casos los mismos poseen un historial asociado a élites económicas y políticas en la región, careciendo de características como producción colectiva o arraigo popular y campesino. De esa forma, y ante el horizonte de expansión de las IGs en Centroamérica, valdría la pena evaluar la posibilidad real que nuevas IG no se vean reducidas a un pequeño grupo de bienes. En tal sentido, para el aumento general de las IGs, y especialmente para potenciarlas en sectores más diversos, el accionar público puede proveer apoyo crucial. Con ello, el subsidio mediante financiación o apoyo técnico-científico puede resultar fundamental para diversificar las IGs a medio plazo, tal como ilustra el caso de CadenAgro en Costa Rica.

Finalmente, un tema que debería ser estudiado a futuro en Centroamérica es qué tipo de entidad pública tendría las condiciones de evaluar las dimensiones socioculturales que dan distinción a los bienes. Esta discusión vendría a circunscribirse en un debate mayor, versando sobre las posibilidades de las IG para generar ganancias económicas y para potenciar el desarrollo rural endógeno. En el citado texto de Niederle et al. (2017), los autores sugieren que para el caso brasileño, la institución pública responsable por el patrimonio histórico y artístico debiese liderar los esfuerzos sobre IGs. Será necesario realizar investigaciones adicionales para tratar de responder dicha interrogante en Centroamérica.

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Notas