1 Introducción

La eurozona lleva más de una década sumida en una crisis de dimensiones políticas y económicas insólitas, concatenando políticas excepcionales que pretenden salvar la arquitectura macroeconómica que se constituyó desde mediados de la década de los ochenta, con la firma primero del Acta Única Europea que impulsó la creación del mercado único y la posterior unión monetaria de 1993 en Maastricht. Especialmente problemática resulta la edificación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), que fue construida bajo influjo de las ideas ordoliberales alemanas, constituyéndose el Banco Central Europeo (BCE) a imagen del Bundesbank. Exigencia a cambio de que la potencia germana abandonase el marco alemán en pro de una divisa común europea.

Supuestamente, la eurozona tuvo su inspiración teórica en las conceptualizaciones del economista canadiense Robert Mundell, que describió las características de una zona monetaria óptima. Mundell (1961) argumentaba que, para que distintas economías de diversas características se integrasen bajo una divisa común, era necesario un mecanismo estabilizador de transferencias fiscales y excedentes que igualase a las zonas excedentarias con las deficitarias. Sin embargo, la Comisión Delors optó finalmente por la cláusula de no-rescate nacional, regulada por el artículo 125 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Prohibiendo de facto cualquier tipo de transferencia entre las partes. Así mismo, el artículo 123 del mismo tratado prohibía expresamente la posibilidad del que el BCE financiase directamente a los Estados miembros, consagrando así su supuesta independencia.

Mediante esta arquitectura se apostó todo a la presunción ordoliberal de que los flujos transfronterizos y la flexibilidad salarial estabilizarían y sincronizarían las distintas economías estatales de la eurozona. Es decir, que la integración monetaria, regulada por los estrictos límites fiscales y presupuestarios, tendería hacia la paridad entre los distintos Estados miembros. Dicha presunción no duró ni una década, los países menos productivos se beneficiaron de la fortaleza del euro y del fácil acceso al crédito hasta que en 2008 estalló la crisis financiera de Wall Street, que se tradujo en Europa como crisis de las deudas soberanas a partir de 2010.

Desde entonces, las instituciones europeas han debido adoptar distintas medidas para salvaguardar la continuidad de la eurozona, como los distintos rescates nacionales ofrecidos a Grecia, España, Portugal, Irlanda y Chipre. Además del programa excepcional de compra de deuda indirecta en los mercados secundarios lanzado por el BCE de Mario Draghi en el 2015, el denominado Public Sector Purchase Programme (PSPP). O tras la eclosión de la crisis de la COVID-19 el programa de Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Estos programas vienen a paliar el déficit estructural de una arquitectura en la que cada vez se ahonda más en la polarización entre los países del sur y del norte. Lo que no es más que un eufemismo para decir que las economías de distinto nivel productivo no compiten en igualdad de condiciones bajo el marco del euro.

Una de las grandes beneficiadas económicamente ha sido la burguesía industrial alemana, que necesita de una extensa red de países deficitarios comercialmente a los que exportar sus mercancías manufactureras, y que estas no puedan ser lastradas mediante ningún tipo de arancel o devaluación monetaria (AGNEW, 2015). Surge así el llamado problema alemán, que Joschka Fischer, ministro de Relaciones Exteriores y vicecanciller alemán durante 1998-2005, expresó así en el 2015 con motivo de la crisis griega:

El camino que Alemania seguirá en el siglo XXI –hacia una Alemania europea o hacia una Europa alemana– es desde hace dos siglos la pregunta fundamental de la política exterior alemana. Y la respuesta se obtuvo durante la larga noche de negociaciones sobre Grecia, del 12 al 13 de julio [de 2015], cuando la Europa alemana predominó sobre la Alemania europea (FISCHER, 2015, no paginado).

Sin duda, la Alemania dirigida por el Gabinete de Angela Merkel fue la que marcó durante la última década las grandes directrices para la posible solución a las crisis de deudas de los países periféricos de la eurozona. Adoptándose entonces un claro enfoque político en favor de la austeridad fiscal y el recorte de gasto público. Sin embargo, el estallido de la crisis de la COVID-19 y la postura adoptada por Alemania en favor de que la Comisión Europea emita deuda para financiar los planes de recuperación europeos ha hecho pensar a muchos comentaristas que existe un cambio discursivo en el Gobierno alemán (véase HABERMAS, 2020; RIEGERT, 2020; CARBAJOSA; DE MIGUEL, 2020).

Pese a que el alcance real de este cambio discursivo aún debe contrastarse en el tiempo, ya se pueden analizar las razones de lo que, más que un cambio en profundidad, no es sino un adecuamiento del discurso a la situación coyuntural.

2. Alemania y la cultura de la estabilidad exportada a Europa

Toda la arquitectura económica y monetaria alemana de la posguerra y posterior a la unificación tiene su nodo causal en las catastróficas consecuencias políticas acarreadas por la espiral hiperinflacionista que vivió la economía alemana en la década de 1920. La joven República de Weimar heredó todo el desajuste presupuestario de la política de guerra alemana llevada a cabo por el Imperio del Káiser durante la I Guerra Mundial.

Durante la contienda bélica, y tras su final, los dirigentes políticos alemanes recurrieron al endeudamiento masivo y a la impresión de papel moneda para sufragar los gastos de guerra sin tener que aumentar la presión fiscal de sus ciudadanos. El objetivo era mantener la paz social en un momento de pleno deterioro del nivel de vida de la población alemana y de fuertes estallidos revolucionarios en el bienio de 1918-19. Sin embargo, este aumento de la oferta monetaria no vino acompañado por un incremento de la producción, ya que la industria alemana se encontraba devastada tras la contienda bélica.

Además, en la más inmediata posguerra, los dirigentes de la República de Weimar intentaron dar continuidad a la política de expansión monetaria a fin de sufragar las reparaciones de guerra exigidas por los países aliados. Esto se unió a que, tras la ocupación franco-belga de la zona industrial de la Cuenca del Ruhr, Alemania tuvo que inyectar más liquidez a sus empresas con el objetivo de que retomasen la actividad. Finalmente, el marco alemán sufrió amplios ataques especulativos por parte de inversores internacionales, que apostaron contra la divisa germana debido a su tendencia bajista y mayor fortaleza de la libra o el dólar como divisas de reserva. Esta política monetaria ultraexpansiva sin un anclaje en el patrón oro acarreó que el Índice de Precios al Consumo (IPC) alemán aumentase un 56.000.000 por ciento entre julio y noviembre de 1923 (DE LA POLA ZURITA, 2012, p. 89).

Desde estos sucesos que tuvieron una decisiva influencia en el ascenso del nazismo, el miedo a la inflación se ha instalado en la psique colectiva alemana, apoyado desde las instituciones mandatarias en favor de las políticas monetarias estables y el rigor fiscal. Es la llamada Stabilitätskultur (cultura de la estabilidad) bajo la que se constituyó el marco geoeconómico de la República Federal Alemana (RFA) tras la segunda posguerra, con un banco central independiente del poder político como referente (AGNEW, 2015, p. 191).

El rumbo de la política económica germana tras la II Guerra Mundial fue ampliamente influenciado por las ideas de unos economistas reunidos en torno a la Universidad de Friburgo y que inauguraron la llamada escuela ordoliberal[1]. Está escuela fundamentó su mentalidad en torno al papel ordenador y limitador del monopolio que debería jugar el Estado. Tal y como lo definía su principal autor, Walter Eucken, el ordoliberalismo se fundamenta en dos principios:

Primer principio: la política del estado ha de centrarse en la disolución de los grupos económicos de poder o al menos en la limitación de su capacidad operativa. […] Segundo principio: la actividad político-económica del estado debe dedicarse fundamentalmente a la regulación de la economía, no a la orientación del proceso económico (EUCKEN, citado de BLYTH, 2014, p. 265-266).

La diferencia principal con la mentalidad keynesiana que dominó el pensamiento y la práctica económica occidental en las décadas de 1950 y 1960, es que el ordoliberalismo no favorece un Estado que estimule la demanda agregada, más bien se limita a regular la libre competencia. Por lo que el banco central, como principal encargado de la política monetaria, debe ser un actor independiente:

Para conseguir la instauración de este marco operativo, la medida política más apropiada que podía materializar el estado no consistía en establecer las condiciones de inversión ni en proceder a la manipulación de los niveles de precios mediante la puesta en marcha de los consabidos estímulos monetarios, como mantenían los keynesianos […] Lo que debía garantizar el conjunto de la economía se atuviera a las meta-reglas de la competencia era la existencia de una oficina dedicada exclusivamente a impedir el surgimiento de monopolios, mientras que para conseguir que los precios se mantuvieran estables era preciso crear una autoridad monetaria independiente cuya misión consistiese justamente en propiciar dicha estabilidad (BLYTH, 2014, p. 267).

Esto sería el llamado marco conceptual de la Ordnungspolitik (política del ordenamiento) basado en el establecimiento de reglas para moldear los mercados, pero no para intervenir en ellos en favor de la demanda agregada u otro tipo de motivos estabilizadores (AGNEW, 2015, p. 192). La Ordnungspolitik como la Stabilitätskultur estarían ambas basadas en la moral ordoliberal, que extrapolaría la moral normativa del ahorro en el hogar a la adopción de la política económica del Estado, siendo el endeudamiento un mal moral a evitar (OFFE, 2018, p. 417). Por lo que sus políticas económicas, tanto nacionales como a nivel comunitario europeo, se resumirían en los siguientes puntos:

· La inflación es la máxima situación a evitar, por lo que las políticas expansivas, al margen de la situación coyuntural, deben evitarse. Se debe primar la estabilidad económica y política.

· Debe evitarse tanto el endeudamiento como el déficit público, ya que son indicadores ambos de la imprudencia e inmoralidad de los deudores, por lo que a nivel europeo debe evitarse cualquier mutualización de deudas que acarrearía que los deudores eviten su carga tanto política como moral. Por lo tanto, los desequilibrios presupuestarios deberían solventarse mediante la austeridad del gasto y el rigor fiscal.

· El superávit por cuenta corriente (como el que dispone Alemania) es un indicador inequívoco de la laboriosidad combinada con las políticas de rigor fiscal y contención salarial, lo que recompensarían los mercados internacionales a manera de superávit comercial y mayores exportaciones (OFFE, 2018, p. 418-419).

Pese a que la construcción de la UEM recogiese gran parte de los presupuestos morales del ordoliberalismo alemán, el propio país germano incumplió la no mutualización de gastos ni transferencias fiscales a la hora de articular la reunificación de las dos Alemanias de una manera efectiva. Ya que integrar a la antigua República Democrática Alemana (RDA) supuso un cargo impositivo para los habitantes de la RFA. Se calcula que, bajo el programa de recargos solidarios, el equivalente a dos tercios del PIB de la RFA fue invertido en la unificación de la Alemania del Este. Entre otros aspectos, para igualar los sistemas de pensiones y de la seguridad social (ROBERTS, 2017, p. 215).

Pero estas no fueron unas transferencias fiscales coyunturales, ya que este mecanismo de transferencia de riqueza entre los distintos territorios alemanes quedó consagrado en la actual constitución alemana, que institucionaliza un marco para las transferencias fiscales entre los distintos estados llamado Länderfinanzausgleich (igualación financiera estatal). El sistema consiste en unos pagos del Estado alemán a los estados federados y entre los propios estados federados, utilizando un índice que indica el poder financiero relativo de cada estado. Así, los Länder de Bavaria, Hesse, o Baden-Württemberg[2] serían los contribuyentes netos, mientras que Berlín encabeza el rango de las ayudas recibidas junto a otros Länder del este como Sajonia (ROBERTS, 2017, p. 216).

Sin embargo, el mismo mecanismo que fue necesario para unificar política y fiscalmente Alemania, fue negado por los políticos alemanes en las discusiones de Maastricht como un sistema válido para la incipiente eurozona. Sin duda, Alemania y Francia fueron las dos potencias europeas que capitalizaron el debate de Maastricht: los franceses preferían un euro débil (depreciable) y consideraban la creación de empleo y crecimiento económico como objetivos prioritarios de la UEM. Es decir, abrían la puerta a una posible unión fiscal con transferencias entre los Estados miembros. Sin embargo, los alemanes preferían un euro fuerte (estable), que mantendría su valor frente al dólar para contener la inflación y apuntalar un crecimiento sostenido, cerrando la puerta a cualquier unión fiscal o de deudas (ALDCROFT, 2012, p. 425).

Alemania, que antes del euro contaba en el marco con la divisa más fuerte de la futura eurozona, consideraba que renunciar a su propia moneda ya suponía un sacrificio suficiente en aras de unificar la eurozona, por lo que las transferencias fiscales deberían esperar. Pese al énfasis en el rigor fiscal y respeto a las normas de gasto, al entrar en vigor el Tratado de Maastricht, de facto en 1999[3], Alemania incumplía el baremo de deuda impuesto en el Tratado de la Unión Europea (TUE), al superar su deuda ligeramente el 60% respecto al PIB.

Además, Alemania quebrantó las normas fiscales fijadas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) de 1997, en cuanto a el déficit y el gasto público excesivo, hasta en catorce ocasiones antes de la crisis de la eurozona[4]. Ya que durante los primeros años de la década de los 2000, Alemania aún acarreaba las consecuencias económicas y costes de la unificación (DE LA POLA ZURITA, 2012, p. 90).

Pese a que el capitalismo exportador alemán es el principal beneficiario de un área comercial común y con una única divisa en la eurozona, la población alemana siempre ha sido escéptica en cuanto al deber de financiar a los miembros más débiles de la unión. Al aprobar el Tratado de Maastricht en 1992, el Gobierno alemán liderado por Helmut Kohl prometió a sus ciudadanos que no se asumirían gastos ni deudas de otros Estados (HANKE, 2013, p. 79). Es decir, siguiendo a la mentalidad ordoliberal, se prometió que la unión monetaria nunca se convertiría en una unión de responsabilidades.

Sin embargo, la crisis de deuda iniciada en el año 2010 y los sucesivos rescates que fueron necesarios para mantener la integridad de la unión monetaria, pusieron en duda la promesa realizada por las instituciones alemanas a sus ciudadanos. De hecho, en una encuesta realizada por el instituto You-Gov de Colonia a inicios de 2010, un 49 por ciento de los encuestados dijo querer volver al marco alemán y salir del euro. Un año más tarde, y tras los primeros rescates a Grecia, Irlanda y Portugal, en otra encuesta realizada por el instituto demoscópico Forsa, el número de ciudadanos que desearían salir del euro ya alcanzaba el 54 por ciento (véase EFE, 2011 y EFE, 2010).

Este euroescepticismo creciente marcó el discurso que Alemania esgrimió en cuanto a los ajustes económicos que los países rescatados debían realizar, queriendo demostrar que los préstamos realizados no serían gratuitos. Sin embargo, esto no impidió que surgiera en Alemania durante los últimos años una fuerza de extrema derecha y euroescéptica cristalizada y representada en el Parlamento alemán por el partido Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán)[5].

3. Alemania y la austeridad como solución a la crisis de la eurozona (2010-2020)

En el verano de 2012, en plena crisis financiera de países con un gran peso en la eurozona como España o Italia, la canciller Angela Merkel pronunció su famosa frase de no veré los eurobonos mientras viva. Cerrando la puerta así a cualquier proyecto de compartir la deuda entre los Estados miembros de la eurozona. De hecho, las principales autoridades monetarias germanas se han opuesto desde el principio de la crisis de la zona euro a toda política por parte del BCE que suponga comprar deuda de los Estados miembros, aunque sea de manera indirecta en los mercados secundarios.

Jens Weidmann, presidente del Bundesbank desde el 2011, se opuso desde el principio a las incipientes medidas de expansión cuantitativa que impulsaba el BCE. Y, no solamente votó en contra de las Compras Monetarias Directas (Outright Monetary Transactions, OMT por sus siglas en inglés), sino que denunció estas compras de deuda nacional por parte del BCE frente al Tribunal Constitucional de Alemania[6].

Es más, este plan de compra masiva de deuda respondía a la subida exponencial de la prima de riesgo de países como España o Italia en el verano de 2012, y pese a que existía el riesgo real de que dos de los mayores países en peso económico de la eurozona incurrieran en cesación de pagos, Weidmann declaró entonces en una entrevista a la agencia Reuters que “[...] no es tarea del BCE ayudar a España” (CARREL; FRAMKE, 2012, no paginado).

En la misma línea, en septiembre de 2011, el economista jefe del BCE, el alemán Jürgen Stark, presentó su dimisión. Stark aludió a motivos personales en su carta de dimisión. Sin embargo, eran conocidas las discrepancias entre el economista alemán y la nueva línea que se estaba imponiendo en el BCE, ya que Stark era más cercano a las tesis de los economistas del Bundesbank y se mostró contrario a que la máxima entidad monetaria europea comprara deuda italiana y española.

El rotundo rechazo de Alemania a la expansión monetaria bajo el fundamento de los riesgos inflacionistas que esta provocaría, tenía como motivo subyacente el objetivo de marcar una severa agenda de ajustes a la Europa periférica y asegurar los préstamos de los acreedores a los países deudores.

Para Berlín, la expansión y los distintos préstamos a los países en dificultades financieras debían ir acompañados de ajustes en el mercado de trabajo y de recortes sociales, de lo contrario los precios subirían irremediablemente. Esta inflación provocaría que el coste relativo de la deuda descendiese, algo que perjudicaría directamente los intereses de los acreedores financieros alemanes, que poseían grandes niveles de deuda de países periféricos (DE LA POLA ZURITA, 2012, p. 91).

Pese a las advertencias de las autoridades germanas, la realidad muestra que desde que el BCE comenzó con sus políticas expansivas en el 2010, la inflación solamente ha alcanzado un máximo del 3% a nivel eurozona. Llegando a ser en muchos casos una situación deflacionaria, como se muestra en el siguiente gráfico:

GRÁFICO I
Nivel de inflación en la eurozona (2010-2020)
Fuente: elaboración propia en base a datos de Eurostat.

Sin embargo, un repunte generalizado de los precios en la eurozona podría frenar el dinamismo de las exportaciones alemanas y poner en riesgo el crecimiento económico sostenido que suele presentar la potencia exportadora germana en caso de no existir graves perturbaciones económico-sociales a nivel internacional. La política europea alemana, contraria a la expansión y favorable a la austeridad, busca proteger su superávit anual en la balanza comercial y su posición como mayor exportador europeo. Así, el Ejecutivo de Merkel buscaba defender a su propio capital exportador ante el riesgo que supondría una política expansiva de estímulos a las industrias en los países periféricos.

Realmente, desde Berlín se apostó por una salida disciplinatoria para la crisis de deuda de la eurozona, aplicando medidas que no resolvieron la crisis de deuda nacional[7]. El caso de la reforma constitucional española de 2011 muestra con claridad esta tendencia al disciplinamiento de los Estados miembros, ya que la nueva redacción del artículo supeditaba todo gasto social y política fiscal a los márgenes establecidos por Bruselas en las estrictas leyes fiscales comunitarias (Constitución Española, art. 135):

1)Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. 2) El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros. Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 3) El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito […] 4) Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados […] (ESPANHA, 2011, no paginado).

A posteriori, la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (BOE 103, 30/04/2012) estableció por ley la prohibición por la que las Administraciones Públicas del Estado no pueden incurrir en déficit estructural, admitiéndose solamente un 0,4% de déficit en caso de reformas estructurales de acuerdo a la normativa europea. Así, se constituía legalmente el deber de mantener una constante devaluación social[8]. Los acreedores privados, como la banca y aseguradoras alemanas, que en gran medida financiaron la burbuja inmobiliaria española, cubrieron sus espaldas ante la perspectiva de un posible impago del Estado español. A la vez de que se impedía que la inflación redujese el valor neto de los bonos soberanos españoles en manos de las entidades financieras alemanas (NAVARRO, 2013; DE LA POLA ZURITA, 2012, p. 97).

Donde más lejos se llevó el marco de la devaluación social fue en el caso de la crisis griega, país donde, debido a los ajustes exigidos por la UE, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2015, en torno a un 18% de la población adulta no tenía acceso a la cobertura sanitaria pública. El mismo año, el Gobierno griego liderado por el partido de izquierdas Syriza presentó un nuevo plan de ajustes y recorte del gasto público a las instituciones europeas, y pese a que Syriza incumplió la gran mayoría de su programa electoral, Alemania exigió aún más recortes. Petición que recibió el reproche de líderes como el primer ministro italiano, Matteo Renzi, que advirtió en el pleno del Consejo Europeo a Alemania de que “[...] humillar a un socio europeo después de que Grecia se ha rendido en casi todo es inadmisible” (YTALY’S..., 2015, no paginado).

Un día antes de la decisiva reunión sobre la crisis griega del 12 de julio de 2015, el por aquel entonces ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, difundió entre los miembros del Eurogrupo un documento donde sugería la opción de expulsar a Grecia por un período temporal de cinco años. Opción que habría aislado al sistema del euro de las consecuencias de la crisis griega, al precio de una crisis política interna (OFFE, 2018, p. 407).

Sin embargo, Alemania ya había cosechado beneficios sustanciales a costa de la crisis griega. Según un estudio publicado por el Leibniz Institute for Economic Research de Halle de agosto de 2015, debido a la masiva fuga de capitales en busca de seguridad desde los bancos griegos a los alemanes, la rentabilidad de los bonos alemanes descendió un 3 por ciento. O lo que es lo mismo, el Estado alemán se ahorró unos 100.000 millones de euros en emisión de bonos. Una cantidad ampliamente superior a la que el país germano perdería en caso de suspensión de pagos y salida del euro por parte de Grecia.

En definitiva, las políticas de austeridad impulsadas por Alemania como solución a la crisis del euro incrementaron la polarización entre los países del sur y del centro de Europa. Mientras Alemania apuntaló su posición como potencia central especializada en mercancías de alto componente tecnológico, subordinaba a los Estados periféricos como importadores netos de las mercancías de alto valor añadido alemanas y proveedores de servicios subsidiarios y manufacturas de valor más bajo (DE LA POLA ZURITA, 2012, p.102).

4 Alemania frente a la COVID-19: de la austeridad a la excepción

Debido al modelo de exportación alemán, vinculado en gran medida al comercio intracomunitario, el euro supone un gran número de ventajas para la burguesía alemana. Desde el tipo de cambio mancomunado de la eurozona y la inexistencia de barreras al comercio, hasta la imposibilidad de acometer devaluaciones monetarias por terceros países miembros, todas estas condiciones favorecen la reproducción del sector exportador alemán[9]. Por lo tanto, en gran medida, la estabilidad del modelo económico alemán se sustenta en la subsistencia del mercado común europeo y la salud del euro.

En una economía nacional como la alemana, con un nivel de composición del capital altamente tecnologizado (véase la Tabla I) y un sistema de moderación salarial institucionalizado por ley, la moneda única tiende a mejorar su reproducción exterior. Dado que, si Alemania hubiese permanecido en el marco, el valor exterior de su divisa nacional iría apreciándose en paralelo al ascenso de su nivel de exportaciones, lo que encarecería las ventas y con el tiempo limitaría su sector exportador.

TABLA I:
Cuota de valor agregado en relación con la de Alemania - 1999 / 2007
Fuente: elaboración propia en base a datos de Storm y Naastepad (2015).

Sin embargo, como no todos los países de la eurozona presentan un superávit comercial, es más difícil que el euro se aprecie en el mismo nivel que lo haría el marco alemán independientemente. Así, Alemania evita el efecto autolimitador:

Los países que no tienen superávit están ayudando indirectamente a los países con un buen comportamiento exportador a evitar el efecto autolimitador, y les permiten conseguir un superávit de exportaciones aún mayor (con el efecto concomitante de mejora del empleo nacional y crecimiento económico) que nunca podrían lograr sobre la base de su propia divisa nacional. Una vez más, el euro pone en marcha una dinámica que, en ausencia de unas contramedidas compensatorias de una magnitud adecuada, tiene como consecuencia un terreno de juego cada vez más inclinado, en vez de nivelado: el régimen de la moneda única favorece a las economías altamente competitivas e intensivas en exportación y castiga a los países rezagados en materia de productividad y competitividad (OFFE, 2018, p. 396).

La evidencia empírica de esta ventaja es clara, el valor total de las exportaciones alemanas casi se triplicó entre el año 2000 y 2007, aumentando el superávit comercial de Alemania con el resto de la UE de 46.400 millones a 126.500 millones de euros durante los seis primeros años de introducción del euro. El despegue exportador alemán a partir de 2002 (véase el Gráfico II), año de entrada efectiva del euro, es esclarecedor en cuanto a las ventajas que supone la divisa común para el país germano.

En consecuencia, Alemania necesita de una Europa económicamente unida que provea de recursos a su industria exportadora y absorba una gran parte de su oferta mercantil. Sin embargo, como no sucedió en la crisis de la eurozona, la crisis de la pandemia de la COVID-19 ha supuesto una crisis a todos los niveles de la unidad europea, lo que, en ausencia de crear ciertos mecanismos estabilizadores, podría poner en riesgo la unidad europea provocando una nueva crisis de deuda e insostenibilidad de los países periféricos.

Este hecho ha sido bien entendido por las autoridades políticas germanas, que esta vez han apostado por apoyar ciertas concesiones fiscales y la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea para sufragar los planes de recuperación nacionales. El plan de recuperación y resiliencia Next Generation EU, dotado de préstamos y transferencias directas por valor de 750.000 millones de euros, es de facto el mecanismo compensatorio a las ventajas macroeconómicas alemanas[10].

Sin embargo, de este hecho no se puede inferir que las autoridades alemanas hayan dado un paso en pro de la total integración fiscal y política europea, o en favor de una Europa más solidaria. Al contrario, nos hallamos ante una situación excepcional donde los costes de no mantener la unidad europea —entendida esta siempre como cierta cohesión mínima que permita el repunte de la capacidad de demanda de los países que absorben las exportaciones germanas— serían mucho mayores que los de acceder a ciertas concesiones fiscales para los intereses de la burguesía exportadora alemana.

Gráfico II:
Balanza comercial de los países centro/periferia de la UEM
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la OCDE.

El propio Jürgen Habermas (2020), uno de los intelectuales liberales alemanes más favorables a la total unidad política europea, comentaba el giro del discurso alemán en política europea como compensación temporal en detrimento de las ambiciones de países como Francia:

Aunque la decisión no estaba confirmada todavía, Macron habló en la cumbre [Consejo Europeo del 17 al 21 de julio de 2020] del “momento más importante para Europa desde la fundación del euro”. Como cabía esperar, y contrariamente a los deseos del presidente francés, Merkel se mantuvo fiel a su habitual modus operandi de avanzar paso a paso. La canciller no pretende encontrar una solución institucional permanente, sino que insiste en considerarla una compensación excepcional para paliar la destrucción económica que ha provocado la pandemia. Aunque la incompleta constitución política de la unión monetaria representa una amenaza para su propia existencia, los miembros de la eurozona no serán los únicos que asumirán los préstamos de los Estados miembros, sino que será la Unión en su conjunto. Pero claro, como todos sabemos, el progreso avanza a paso de caracol y por caminos tortuosos (HABERMAS, 2020, no paginado).

Pese al carácter coyuntural, pareciese que Alemania, aunque sea discursivamente, ha aparcado el discurso del rigor fiscal más estricto en favor de los denominados países frugales (liderados últimamente por Holanda, pero también por Dinamarca, Austria, Suecia y Finlandia). Incluso el exministro y actual presidente del Bundestag Schäuble, entrevistado para el 6 de julio de 2020 para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, parece haber cambiado su estricto discurso con la pandemia de la COVID-19:

Ahora, ante todo, se necesita el coraje que no tuvimos durante la crisis de 2010 para lograr finalmente una mayor integración de la eurozona. No debemos desaprovechar esta nueva oportunidad, sino que debemos utilizar la actual disrupción para expandir la unión monetaria y convertirla en una verdadera unión económica a través del Plan de Recuperación para Europa (SCHÄUBLE, 2020 apud HABERMAS, 2020).

Sin embargo, este cambio de discurso coyuntural puede tener sus riesgos para la democracia cristiana de la CDU. Ya que, este 2021, el mismo año en que Merkel abandonará la política profesional, la CDU medirá sus fuerzas ante un rival político que le disputa el discurso nacionalista alemán desde su derecha, el partido euroescéptico y de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD). Es por este motivo, que, si bien el nacionalismo alemán de la CDU siempre ha sido proeuropeo, los democristianos deberán modular su discurso para no perder a muchos de sus electores por la margen derecha. Es decir, el discurso de una mayor integración política europea por parte de la CDU encuentra sus límites en la política interna alemana:

Lo que ha cambiado en la política alemana en los últimos tiempos, y Merkel siempre ha tenido un buen olfato para ello, es que por primera vez en la historia de la República Federal se ha instalado un partido exitoso a la derecha de la CDU y de su socio democristiano, la CSU, con un discurso que combina la crítica antieuropeísta con un nacionalismo etnocéntrico de una radicalidad inédita que ya no es disimulada, sino manifiesta. Hasta ahora, los líderes de la CDU siempre habían procurado que el nacionalismo económico alemán estuviera envuelto en una retórica proeuropea, pero, como consecuencia de este cambio en el equilibrio de fuerzas políticas, una potencial ola de protestas que durante años estuvo contenida en el proceso alemán de unificación ha encontrado su lenguaje (HABERMAS, 2020).

La AfD no ha dudado en criticar el plan de recuperación europeo y calificarlo de concesión inadmisible por parte de la canciller Merkel hacia los Estados del sur. Ya en mayo de 2020, el eurodiputado de la AfD, Jörg Meuthen, criticó en una sesión del Parlamento Europeo ante el la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que los fondos de recuperación se “[...] cargarían sobre los futuros impuestos de los trabajadores de los países más laboriosos de Europa” (JÖRG , 2020, no paginado)[11]. La irrupción de la AfD ya le ha supuesto varias crisis políticas a la CDU. En concreto, tras las elecciones estatales al Parlamento del estado de Turingia de octubre de 2019. Este estado de la Alemania oriental siempre ha sido dominado por la izquierda de Die Linke, y hasta el 2019 gobernado por una coalición entre la izquierda, socialdemócratas y ecologistas. Sin embargo, tras las elecciones de octubre de 2019, pese a la nueva victoria de Die Linke con un 31% de los votos, la extrema derecha de AfD irrumpió en el Parlamento de Turingia con un 23,4% de los sufragios en segunda posición. La CDU sufrió su peor resultado en la historia en este estado, perdiendo más de 11 puntos porcentuales al obtener el 22,5% de los votos. Lo mismo ocurrió con el SPD, que obtuvo un 8,2% de votos.

Estos resultados imposibilitaron reeditar la coalición rojo-rojo-verde que gobernaba el estado anteriormente (entre La Izquierda, el SPD y los Verdes), ya que no podía lograr una mayoría parlamentaria. La CDU descartó cooperar con Die Linke, y ante está negación, a los democristianos solamente les quedaba explorar la posible coalición con la extrema derecha de la AfD y los liberales del FDP (Partido Democrático Libre). Entonces, una carta abierta publicada por varios miembros de la CDU de Turingia desató la crisis política en el seno de la CDU, ya que instaban a negociar con todos los partidos de la oposición a la izquierda, incluso con la AfD.

Esta postura rompía con la postura oficial que había mantenido hasta entonces el partido de Merkel respecto a no entrar en negociaciones con la extrema derecha, lo que abrió una crisis entre la fracción estatal y federal de la CDU. Finalmente, el candidato presentado por los liberales del FDP, Thomas Kemmerich, obtuvo los votos de los representantes de su partido más los de la AfD y la CDU para presidir el estado de Turingia. Sin embargo, la líder nacional de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, reprobó la decisión tomada por su partido y prohibió a la CDU de Turingia participar o apoyar cualquier gobierno que tuviese el apoyo de la AfD.

Finalmente, al no ser viable la opción de gobierno, Kemmerich renunció al cargo y llamó a convocar nuevas elecciones. Estas elecciones se pospusieron hasta abril de 2021, tiempo durante el cual se le encargó a la anterior coalición de izquierdas formar un gobierno interino. El caso de Turingia nos muestra el frágil equilibrio político con el que tiene que lidiar la CDU y que seguro afectará a la gobernanza tanto a nivel nacional como europeo. El giro en el discurso de la CDU ha abierto variadas crisis políticas en su interior, lo que muestra que ni mucho menos es un cambio político afianzado.

5 Conclusiones

En definitiva, no se puede dilucidar aún que el cambio de discurso del Gobierno de Merkel vaya a continuar más allá de la coyuntura adversa abierta por la crisis de la COVID-19. El rumbo político construido por Alemania durante esta última década ha pretendido institucionalizar una política que garantice a los acreedores alemanes el reintegro de sus préstamos, objetivo que sin ayudas fiscales excepcionales en el marco de la pandemia podría verse en serio riesgo. Sin ayudas fiscales directas —lo que no excluye su condicionalidad futura— a los países del sur que más han sufrido la pandemia, unidas a la incesante inyección de liquidez por parte del BCE, la unidad política europea podría padecer serio riesgo.

Es por eso, que en el equilibrio constante en que se mueve el capital alemán y sus representantes políticos, entre mantener una Europa unida que absorbe sus exportaciones, al mismo tiempo que institucionaliza el marco por el que los países periféricos nunca podrán alcanzar el nivel industrial germano, esta vez Berlín ha debido optar por conceder ciertas ayudas y rebajar el nivel de austeridad exigido. Cosa que no quiere decir que, una vez transcurrido el periodo de emergencia puramente sanitaria, las autoridades germanas no vuelvan a exigir una vuelta al rigor fiscal más estricto en pro de volver a estabilizar las cuentas de la periferia europea.

El caso español es esclarecedor al respecto, en el primer borrador que el Gobierno español remitió a Bruselas para recibir los fondos europeos, para evitar un choque mayor entre las dos formaciones que forman el Gobierno —PSOE y Unidas Podemos­—, el Ejecutivo decidió mandar un texto ambiguo en el que se recogían aspectos como ampliar el cómputo total de años trabajados para la cotización de las pensiones o revisar las reformas del mercado laboral (GÓMEZ, 2021).

Sin embargo, la dirección de Bruselas es clara, ya que las recomendaciones del Semestre Europeo —marco en el que se coordinan las políticas económicas de los países miembro bajo la supervisión de la Comisión y el Consejo Europeo— con respecto al rumbo de política económica para los países miembros de la eurozona, recomienda volver a las políticas de contención fiscal y salarial una vez superada la pandemia:

Cuando las condiciones epidemiológicas y económicas lo permitan, se deben eliminar gradualmente las medidas de apoyo para empresas y ciudadanos de una manera que mitigue el impacto social y laboral de la crisis, y aplicar políticas fiscales destinadas a lograr posiciones fiscales prudentes a medio plazo, así garantizando la sostenibilidad de la deuda al tiempo que se mejora la inversión (EUROPEAN COMMISION, 2020).

Las instituciones europeas marcan el mismo rumbo que el optado por Alemania. Pese a que las elecciones de este año 2021 aclararan el rumbo en política europea que seguirá Alemania en la era post-Merkel, la trayectoria histórica en favor de la austeridad y en contra de las ayudas fiscales inscrita en la tradición ordoliberal, así como la emergencia de un partido claramente euroescéptico a la derecha de la CDU, hacen pensar que este cambio discursivo no tendrá mayor recorrido que el netamente ligado a la coyuntura de la pandemia. Alemania esta vez ha optado por salvar la integridad política de la eurozona, para salvar la integridad del mayor campo comercial libre de aranceles y trabas monetarias que permiten el estable crecimiento de la mayor potencia económica europea.

Referencias

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José Manuel Castillo

Periodista y pólitologo especializado en Política Internacional. Doctorando en Ciencias Políticas y de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. (UCM. Madrid). Premiado con el Premio ICEI de Internacionalización 2020, en la sección de Relaciones Internacionales, organizado por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y el Consejo Social de la Universidad Complutense por el trabajo Crisis de la deuda en Grecia y gestión del programa económico de austeridad por parte de Syriza, aquí disponible: https://www.ucm.es/icei/file/wp0121

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