Impacto de la inseguridad y la participación ciudadana sobre la satisfacción con la democracia

The impact of insecurity and citizen participation on satisfaction with democracy

Este artículo analiza cómo la satisfacción democrática y diversas formas de participación política ciudadana pueden ser afectadas por la criminalidad y su influencia tanto en la eva luación de desempeño del gobierno como en la confianza en las instituciones públicas y el Estado de derecho. La satisfacción está ligada a la participación ciudadana porque esta es un mecanismo eficaz para mejorar las relaciones entre gobernantes y gobernados, empoderar a la ciudadanía y resolver problemas de gestión pública, incluida la reducción de la delin cuencia. Cabe destacar que uno de los principales déficits de la transición democrática en América Latina es la expansión de la violencia y, sobre todo, la ineficacia de los gobiernos para erradicarla, junto con la violencia e impunidad policiales, que impiden la instauración de un verdadero Estado de derecho (Tavare, 2013, p. 55).

Al respecto, la literatura sobre criminalidad resalta los desafíos de las democracias con altos niveles de violencia organizada, donde la ciudadanía está sometida tanto a actores ilícitos como a gobiernos ineficaces, lo cual erosiona la democracia. Este estudio analiza los determinantes de la satisfacción democrática en México y en la Ciudad de México, un régi men que ha tenido una larga transición a la democracia desde 1997. Durante este periodo, la criminalidad y el abuso policial han aumentado a pesar de todas las medidas de preven ción y combate al crimen. La Ciudad de México, que ha tenido gobiernos de izquierda por 25 años, todavía no alcanza niveles satisfactorios de seguridad, un Estado de derecho ni una democracia consolidada, a pesar de todas las reformas. Por ello, se recurre a algunas expli caciones de la literatura para entender por qué la ciudadanía aún no muestra signos de una sostenida satisfacción con el régimen. ¿Será porque no se atienden las causas de la victimización criminal, porque el trabajo policial retroalimenta la violencia, porque el desempeño gubernamental es ineficaz o porque la participación ciudadana también es ineficaz?

Este trabajo analiza la literatura especializada para explicar el probable impacto nega tivo de la creciente inseguridad sobre la satisfacción con la democracia. Para ello, se agrupa la literatura en tres apartados. En primer lugar, se presenta la literatura general (clásica) sobre apoyo a los regímenes políticos, la participación y la satisfacción con la democracia (Lipset, 1959; 1994; Easton, 1975; Almond & Verba, 1965; Verba et al., 1995; O’Donnell, 1993, p. 14), para entender los argumentos e hipótesis sobre el apoyo a los gobiernos y la satisfacción con el régimen democrático. Asociada con esta literatura, hay importantes contribuciones sobre el papel de la participación ciudadana y el involucramiento cívico en las democracias.

En segundo lugar, se describe la literatura que establece cuáles son y cómo funcionan los mecanismos determinantes de la inseguridad y el crimen sobre el deterioro en el apoyo y la insatisfacción con el régimen democrático (Teles, 2023; Ang et al., 2021; Valencia & Cuartas, 2023; Blanco & Ruiz, 2013; Blanco, 2011; Tavare, 2013). Esta es la literatura central en este artículo.

En tercer lugar, se aborda la literatura asociada con el desempeño del gobierno y la evaluación ciudadana, que es un eslabón intermedio entre la satisfacción y la solución de los problemas de inseguridad. Adicionalmente, se presentan otros trabajos necesarios para entender los mecanismos sociales, participativos y comunitarios también asociados con la presencia del crimen, así como con la participación y el apoyo a los gobiernos (mecanismos de organización comunitaria, confianza y cohesión social, control social y eficacia colec tiva). Durante una transición democrática, se esperaría que el crimen tendiera a reducirse, que la confianza ciudadana en la autoridad y la participación se incrementaran y, como consecuencia, aumentara la satisfacción con el gobierno democrático. El problema es que, en muchas democracias emergentes, esta relación se ha erosionado por las altas tasas de crimen organizado.

Al exponer la literatura, se irán identificando los factores asociados con la satisfacción con el régimen. Estos incluyen la confianza interpersonal y en la autoridad del Estado; la existencia de mecanismos de comunicación entre gobernantes y gobernados, así como for matos efectivos de participación y expresión ciudadana; y la capacidad de monitorear y eva luar el desempeño del gobierno y los resultados de sus políticas. Además, se muestra que el segundo grupo de estudios argumenta que la presencia de crimen deteriora la participación y la evaluación del régimen, tanto en la percepción general como en los casos en que se es víctima de un delito, afectando la confianza en la autoridad.

Una contribución de este artículo será medir el efecto que puede tener la participación en la satisfacción democrática. Se propone investigar en qué medida la percepción de inse guridad y la victimización de los habitantes afecta su participación, su evaluación del trabajo del Estado, su confianza en este y, en consecuencia, su satisfacción con un régimen que aún no resuelve los problemas estructurales del crimen y la violencia policial para instaurar un gobierno de leyes.

El artículo se sustenta en una encuesta aleatoria a residentes en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM), un espacio de intensa interacción entre organizaciones ciu dadanas, corporativas y autoridades estatales, con muy altas tasas de delitos y con presencia de organizaciones criminales, así como con una enorme y ostensible presencia de policías y sistemas de vigilancia públicos y privados. El momento de estudio es el inicio del año 2022, casi dos años después del comienzo de la pandemia de COVID-19, que alteró las re laciones individuales, familiares, barriales y con la autoridad; modificó coyunturalmente las tendencias delictivas, y obligó a las autoridades a ensayar nuevas prácticas de acercamiento e interacción con la ciudadanía.

En primer lugar, vamos a exponer la literatura sobre apoyo y satisfacción democrática. Easton (1975) distingue entre dos formas de apoyo a la democracia, a saber, el apoyo específico y el apoyo difuso: “El apoyo a un régimen de gobierno yace en la relación de satisfacción que los miembros de un sistema perciben que obtienen de los productos-servicios de las autoridades” (Easton, 1975, p. 437; trad. propia). Es una evaluación ciudadana del comportamiento del gobierno. Lipset (1994) retoma parte de estos argumentos y agrega la necesidad de legi timidad del régimen. El apoyo difuso, en cambio, se refiere a la identidad con el régimen de valores de la democracia; está asociado con la identidad, la confianza y los valores compar tidos sobre las reglas del régimen (Ostrom, 2005). La confianza en el régimen está anclada y revela la satisfacción (simbólica) con la manera en que el gobierno actúa-trabaja (Easton, 1975, p. 447). La satisfacción está integrada en la percepción de eficacia y efectividad del desempeño y es sensible a las experiencias ciudadanas vitales (Ceobanu et al., 2011, p. 72).

Asociados con esta literatura, los estudios sobre participación ciudadana e involucramiento cívico muestran cómo estos son ejes constitutivos de la relación entre gobernantes y gobernados; son componentes básicos de la gobernanza y la legitimidad democráticas, y marcan los límites entre democracias y regímenes autoritarios. La participación se define como un mecanismo eficaz para mejorar la acción pública, empoderar la ciudadanía y me jorar la democracia (Ziccardi, 1998; Tejera, 2015). Promueve el respeto a la ley, la inclusión, el involucramiento cívico y fortalece a la comunidad (Verba et al., 1995). La participación incluye prácticas como el voto y otras formas adicionales de involucramiento, tales como el voluntarismo, la promoción y el fomento de la asociación entre vecinos. Está asociada con la promoción de la confianza y la cohesión social, centrales para los enfoques de eficacia colectiva. También incluye mantener un orden social informal y formas de vigilancia de los problemas de crimen en las localidades (Manzano-Chávez et al., 2020; Mora, 2015). Es de esperarse que un mayor involucramiento de los ciudadanos, con prácticas organizadas e informales, mejore la conducción de los asuntos públicos, fomente la confianza, apoye las acciones públicas y produzca satisfacción con los logros del régimen.

La confianza y el involucramiento son cruciales para diversos aspectos del funciona miento de un gobierno responsable y eficiente, desde la aplicación y el cumplimiento de las leyes hasta la adecuada provisión de servicios públicos (Ziccardi, 1998; Ang et al., 2021). Entre los temas importantes se encuentran el diseño de las instituciones participativas y la forma en que estas facilitan la comunicación, el intercambio de información y la toma de decisiones entre ciudadanos y autoridades. En este estudio, resultan especialmente relevan tes los modos de comunicación con la autoridad, ya sea a través de reuniones de trabajo en los comités vecinales o mediante el voto.

Es necesario considerar los alcances y limitaciones de la participación ciudadana, es pecialmente en comunidades con recursos escasos (como tiempo, espacios y habilidades) y con experiencias limitadas o negativas debido a los altos índices de violencia, insatisfac ción con el trabajo policial y conflictos vecinales, así como la evaluación negativa de los comités de participación. Además, durante la pandemia de COVID-19, las oportunidades de participación se vieron más restringidas. El enfoque normativo prevalente en la literatura, que asume que la participación es homogénea, efectiva y positiva, dificulta la evaluación tanto de los factores efectivos como de sus límites. Existen pocos estudios empíricos sobre el impacto de estos formatos participativos y sus componentes institucionales (González, 2016; 2022; Vega, 2020).

La participación es una acción colectiva cíclica, que no siempre busca influir positiva mente en la acción pública, sino también bloquear o vetar ciertas acciones. Las lealtades y valores de los vecinos no siempre están alineados con el bien común, sino con la protección de intereses personales; a veces están vinculados con actores ilícitos o prácticas ilegales. Por tanto, los vecinos no actúan para cooperar, sino para vetar y bloquear iniciativas de los comités. Los intereses divergentes de los vecinos motivan su activismo y su influencia en la política. Por ejemplo, Vega (2020) argumenta que la participación de representantes veci nales en temas de seguridad es marginal, ya que cada parte busca sus propias ventajas: la policía busca cumplir con las exigencias de sus jefes para obtener apoyo, mientras que los vecinos buscan beneficios en seguridad.

De acuerdo con este primer grupo de literatura, este trabajo comparte varios supuestos teóricos sobre las teorías de apoyo a la democracia, la capacidad organizacional de las co munidades para enfrentar y resolver sus problemas, y la capacidad institucional para la parti cipación y el control social. Sin embargo, esta literatura no incluye otros factores que pueden limitar la participación, como el diseño institucional de estos mecanismos, la relación con la cohesión social y la confianza interpersonal entre ciudadanos, y algunos mecanismos de control social informal. Además, la falta de trabajos con pruebas empíricas replicables obliga a buscar otros modelos que incluyan estas dimensiones. Es crucial considerar factores como la confianza en la autoridad, el control social informal y la cohesión social para explicar en qué medida la participación puede reducir el crimen y resolver los persistentes problemas de arbitrariedad e ineficacia policial.

A estas explicaciones hay que agregar un componente central del ejercicio demo crático: la regulación de la violencia delictiva, por medio de la observancia de las leyes (O’Donnell, 2010). En este sentido, la intersección entre involucramiento cívico, los esfuer zos por mejorar la seguridad y promover un régimen democrático con autoridades respetuo sas de leyes legítimas son vitales en estos modelos.

A partir de aquí, se expone el segundo conjunto de literatura relevante para este tra bajo, que postula un efecto causal negativo entre la criminalidad y la satisfacción con la democracia. De acuerdo con Teles (2023), la violencia criminal afecta negativamente dicha satisfacción, esto es, tanto la percepción como la evaluación de las acciones directas de las autoridades. Además, reduce su confianza en las autoridades y en las instituciones, porque cuestiona la eficacia del gobierno y de los bienes que recibe, así como la legitimidad del trabajo estatal y, eventualmente, su apoyo al régimen democrático (Teles, 2023). En la misma línea de argumentación, Blanco y Ruiz (2013) postulan que la criminalidad, la percepción de inseguridad y de corrupción deterioran el apoyo a la democracia y la confianza en ins tituciones tales como la policía (Blanco, 2011; Cebanou, 2011, p. 56; Ang et al., 2021). La intuición es que la policía es el primer eslabón de contacto con el sistema de justicia estatal, y la criminalidad incide en el “grado de confianza” que tiene la ciudadanía en la democracia para que lo proteja contra el crimen (Valencia & Cuartas, 2023).

Así, tanto la violencia delictiva como la policial erosionan la cooperación ciudadana, el compromiso cívico y el respeto a la ley, así como la confianza en la autoridad, la satis facción con la democracia y la efectividad del Estado de derecho. En este sentido, Valencia y Cuartas (2023) argumentan que la criminalidad y la percepción de seguridad impactan la estabilidad de la democracia, sobre todo en la medida que los gobiernos no sean eficaces para contrarrestarla. Buena parte de la literatura parte de los estudios clásicos de Easton (1975), Verba et al. (1995), Almond y Verba (1965), y Lipset (1994, p. 8), para diseñar sus modelos causales de efecto adverso de la victimización criminal sobre el apoyo al régimen.

A partir de ahí, Teles (2023) propone medir tanto los efectos directos como los difusos (siguiendo el argumento de Easton, 1975). El primero es un componente específico del des empeño, de la legitimidad de los gobiernos (Teles, 2023, p. 5), mientras el otro componente, difuso, determina el apoyo a la democracia. En el mismo sentido, Ceobanu et al. (2011, p. 56) definen dos tipos de impactos de la victimización criminal sobre la democracia: uno sobre el apoyo al régimen de valores democráticos, y otro sobre la satisfacción con el trabajo gubernamental.

Esto da paso al tercer grupo de literatura, que resulta útil para reforzar los argumentos del segundo grupo. Varios expertos sugieren que la falta de confianza, una baja cohesión social y la falta de organización en las comunidades se asocian con tasas altas de crimina lidad, dado que las comunidades no pueden organizarse y actuar eficazmente contra ella. Así mismo, disminuye el reporte de delitos, lo cual contribuye a un cinismo legal (Shaw & McKay, 1942; Sampson & Bartusch, 1998, p. 778; Manzano-Chávez et al., 2020). Ahora bien, al aplicar esos modelos de eficacia colectiva en varias ciudades de América Latina, las investigaciones han enfrentado dificultades, como también han encontrado resultados que rechazan sus hipótesis; por ello, han propuesto que tanto la distribución de los deli tos como la acumulación de desventajas no necesariamente se traduce en asociaciones directas y positivas entre ambas dimensiones (Manzano-Chávez et al., 2020; Díaz, 2018; Fernández, 2023).

Este trabajo concuerda parcialmente con la literatura que propone que la participación ciudadana, el control social informal y la confianza interpersonal son claves para construir y mantener comunidades seguras y capaces de enfrentar la delincuencia, tanto por sí mismas como con el apoyo de la autoridad estatal. Estos factores también contribuyen a frenar el abuso y la violencia policial, que representan los mayores obstáculos para consolidar un régimen democrático de derecho en México.

Ahora bien, en las urbes latinoamericanas se pueden encontrar otros factores que ex plican este problema, pues hay territorios donde, pese a la acumulación de desventajas, los delitos no se incrementan. Y viceversa, existen algunos vecindarios donde hay altos niveles de calidad de vida, varias formas de participación y una gran presencia de la autoridad estatal, junto con altas tasas de criminalidad, como es el caso del CHCM. En algunos casos, la ciudadanía es capaz de organizarse para enfrentar el crimen y cooperar con el gobierno en su reducción (Díaz, 2018; Fernández, 2024; Adorno & Alvarado, 2022). En otros casos, la intervención del Estado con medidas efectivas y con algo de cooperación ciudadana puede reducir los delitos. Pero también existen casos donde ciertas organizaciones ilícitas imponen un orden criminal (Arias, 2018; Lessing, 2021).

La autoridad del Estado, representada por la policía, es un eslabón ineludible en la construcción de relaciones entre gobernantes y gobernados, ya sea para proteger a la po blación, configurar espacios seguros aplicando un sistema de leyes justas o manteniendo la violencia del pasado autoritario. Por ello, el involucramiento ciudadano en el diseño y la evaluación de las instituciones que establecen las relaciones entre gobernantes y goberna dos es crucial (González, 2016, p. 132; Vega, 2020, p. 49). Por otra parte, la participación en materia de seguridad influye en la capacidad del Estado para proporcionarla, pero también puede reproducir desigualdades y autoritarismo, más que prácticas democráticas (González, 2021, p. 24). Según González y Mayka (2023, p. 263), algunos participantes se benefician de los formatos participativos, mientras que otros son reprimidos, lo que genera una ciuda danía asimétrica con dos grupos de ciudadanía; uno participativo y otro que participa menos y no consiente todas las medidas del grupo vecinal activo ni de las autoridades. Esto produce una baja confianza en la autoridad, deteriora la legitimidad del gobierno y del Estado.

Otros autores proponen que, en barrios con menor desarrollo socioeconómico y me nor infraestructura, la participación de los vecinos tiende a ser menor o marginal, y se limita a buscar beneficios personales, no comunitarios, lo que distorsiona los objetivos institucio nales que definen la participación (Vega, 2020, p. 49). Otras investigaciones enfatizan en la alienación y las prácticas de cinismo legal, y una menor vinculación entre las comunidades y las instituciones de justicia criminal (Sampson & Bartusch, 1998, p. 778; McCarthy et al., 2020). Todo esto puede llevar a que algunos residentes busquen otras formas de resolver sus problemas, crear sus propias asociaciones, grupos vigilantes, o asociarse y colaborar con organizaciones criminales locales (Davis & Hilgers, 2022).

Como muchas urbes de América Latina, la Ciudad de México ha mantenido durante décadas tasas de delitos muy por encima de los promedios nacionales e internacionales, además de la presencia de diversas organizaciones criminales que afectan el trabajo del gobierno. Una coalición de izquierda ganó las elecciones de 1997 en la ciudad, y desde entonces inició una transición hacia la democracia, con políticas que formalmente responden a las necesi dades de los electores, incluyendo la seguridad pública y algunas prácticas de participación ciudadana en materia de seguridad local. A lo largo de más de 25 años, sus gobernantes han implementado una serie de medidas para intentar reducir la delincuencia, fomentar la participación y mejorar la relación con sus gobernados. Su estrategia ha sido incremental, sumando experiencias positivas previas. Sin embargo, los resultados no son contundentes; más bien, son magros.

A pesar de todas las medidas implementadas por más de cinco gobiernos, las tasas de delitos en la ciudad se han mantenido por encima del promedio nacional, con pocas coyunturas de reducción (2006, 2011 y 2023). Igualmente, la percepción de inseguridad se ha mantenido entre las más altas en el país por décadas (Envipe, 2019; 2022; Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana [ENSU], 2023). Otra pauta de este problema han sido las tasas de homicidios relativamente más altas de la capital frente a otras urbes, con más de 15 homicidios por cada cien mil habitantes, un promedio muy alto entre las capitales latinoamericanas (Díaz, 2018; Fernández, 2023).

Paralelo a esto, la insatisfacción con la actuación de la policía ha sido constante, y es la autoridad contra la cual se han presentado más quejas por abuso y violencia ilícita. Esto pue de explicar los bajos niveles de confianza en la policía y la autoridad durante varios años. Entre 2020 y 2022, 55 % de la ciudadanía desconfiaba de la policía; 81,29 % la consideraba corrupta, y solo 19 % de las víctimas denunciaban delitos (ENSU, 2023). En 2021, un año después de iniciada la pandemia, la tasa de percepción de inseguridad era de 65,5 y la de la Ciudad de México de 85,3. Las tasas de incidencia delictiva eran de 30,8 para el país y 44,5 para la ciudad. Además, la desconfianza en la policía era de 57 % en el país, pero en la ciudad capital era superior. En 2022, la cifra era de 92,6 para la capital y la percepción de corrupción de las policías estatales era de 64,22 %. Aunque la percepción de inseguridad ha tenido una pequeña mejora en los últimos meses, prevalece una fuerte percepción de que las autoridades son ineficaces, particularmente la policía.

Así, la población local mantiene una percepción de inseguridad muy alta, en com paración con el país y otras urbes, además de una sustantiva desconfianza en la autoridad, particularmente la policía. Así mismo, hay una muy baja evaluación de las políticas de los gobiernos, una cuestionada legitimidad de la autoridad, de la ley y una relativamente baja satisfacción con el régimen. Se busca ahora explicar a qué se debe esta condición.

Entre los múltiples retos para gobernar la Ciudad de México se encuentran fomentar mecanismos de participación efectiva de los vecinos y reducir las tasas de delincuencia que los afectan, mediante programas de vigilancia, policiamiento, comunicación e involucramiento ciudadano. En respuesta a la criminalidad, muchos vecinos en distintos barrios han creado sus propios mecanismos participativos de defensa y reducción del crimen, y se han movilizado para reclamar la protección de las autoridades, enlazados marginalmente con el gobierno. Desde 1995, una ley de participación ciudadana diseñó mecanismos de invo- lucramiento en temas de seguridad, aunque estos son limitados. Durante estas décadas, las preocupaciones constantes de los vecinos han sido reducir la delincuencia, hacer respetar las leyes y reglamentos urbanos, encontrar mecanismos efectivos para supervisar los progra mas de gobierno y hacer que las autoridades respondan a sus demandas.

En administraciones recientes y con la nueva constitución de la Ciudad de México de 2017, se han ensayado nuevas prácticas de representación vecinal. Hoy existen varios nuevos mecanismos formales e informales de involucramiento, como los concejales en las Alcaldías y programas de presupuesto participativo que incluyen temas de seguridad. Además, se han creado comisiones paralelas y nuevas redes de vecinos para vincularlos con los gobiernos, y han surgido varias formas corporativas de presión dentro de la sociedad.

En el periodo reciente, el hecho de mayor impacto en estos temas ha sido la pandemia de COVID-19, que comenzó en marzo de 2020. Durante y después de esta, ocurrieron profundos procesos sociales y económicos recesivos. Si bien la tendencia delictiva general se redujo momentáneamente, no desapareció. Ante la emergencia, los gobiernos tomaron medidas de contención, tales como el confinamiento de la población en sus viviendas, acompañadas con prácticas improvisadas de atención sanitaria. Por su parte, los habitantes tuvieron que recurrir a estrategias de supervivencia individuales, familiares, comunitarias y públicas. Una proporción significativa de la población trabajadora no pudo respetar estas medidas y las autoridades razonaban que las necesidades de supervivencia hacían práctica mente imposible respetarlas, frente al alto desempleo y la severa recesión económica.

Se desconocía cuál podría ser la dinámica de relaciones que entablarían los vecinos, entre ellos mismos y con las autoridades. En otras localidades del país, la policía mantuvo prácticas violentas o ilícitas contra la población (Jasso, 2023) y las autoridades toleraron el abuso policial (endémico) y las prácticas coercitivas de organizaciones ilícitas contra la ciudadanía. Durante la administración de Claudia Sheinbaum en la capital, las quejas por violaciones a derechos humanos por parte de la policía persistieron y fueron de la ma yor cantidad de quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM)¹.

Ante este escenario, los vecinos tenían al menos cuatro rutas de supervivencia: por sus propios medios; por apoyo de la comunidad (solidaridad y confianza entre vecinos); por apoyo de las autoridades, o, finalmente, apoyo de otros actores no estatales (tanto asociacio nes civiles como grupos criminales). Tanto la primera como la última opción implicarían un deterioro (aún mayor) de la relación entre la ciudadanía y el estado, una autoridad cuestio nada, una cierta desobediencia civil a la autoridad y, posiblemente, aunque no ineludible mente, a las leyes (cinismo legal). Por lo tanto, una democracia deteriorada.

Durante las diferentes fases de la crisis sanitaria, la policía emergió como el princi pal intermediario de las relaciones entre la ciudadanía y el estado. Fue el actor tradicional con el que el estado experimentó nuevas prácticas de relación con la ciudadanía, tanto de apoyo como de control social. En otros gobiernos locales, las autoridades municipales recurrieron a prácticas de acercamiento y de atención a problemas barriales, para enfrentar la crisis sanitaria y procurar apoyar a la población. Algunas iniciativas estaban sustentadas en estrategias de co-producción de la seguridad, o policía comunitaria, como fue el caso de Ciudad Nezahualcóyotl dentro de la zona metropolitana. En dicho municipio, la autoridad mantuvo sus acercamientos con los vecinos, facilitó el intercambio de apoyos entre ellos y repartió vales de despensa (La Jornada, 7 de enero de 2021; Excélsior, 21 de julio de 2022) y programas de lectura.

Junto con estas prácticas, entre las reformas en política de seguridad se ha ido implemen tando un programa policial llamado de “proximidad”, aplicado en diversos barrios de la capi tal (Padilla, 2014). El programa supone la colaboración de la ciudadanía en la co-producción de seguridad, el intercambio de información, la colaboración para resolver problemas locales, la rendición de cuentas a los vecinos y la construcción de lazos de confianza. En este sentido, cabe preguntarse si la participación ciudadana contribuyó a solucionar estos desafíos.

El CHCM es un territorio muy rico y denso en negocios y servicios, con espacios de alta calidad residencial, como también con focos de precariedad y carencias; un área urbana de grandes contrastes. Su demarcación administrativa y política define una zona que en 1987 fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. En 2006 se instituyó una Autoridad del Centro Histórico (ACH), bajo responsabilidad directa del Jefe de Gobierno en la regulación urbana (artículo 18 de la Constitución de la Ciudad de México de 2017). Con el transcurso del tiempo se ha ido configurando una serie de políticas propias para la zona, así como órganos de administración para las actividades públicas y privadas.

Es una zona hiperregulada, con énfasis en la protección del patrimonio y de la se guridad. El espacio es parte del territorio de las alcaldías Cuauhtémoc (principalmente) y Venustiano Carranza. Está dividido en dos perímetros A y B. Mientras el primero concentra los monumentos históricos y oficinas de gobierno, el segundo tiene los principales merca dos informales, de mayoreo, medio mayoreo y menudeo de la zona central de la ciudad, así como una mayor proporción de viviendas en varios conjuntos residenciales populares, muchos construidos después del sismo de 1985.

Desde la década de 1980, los gobiernos federales y locales asignaron inmensas inver siones públicas para su rescate y renovación -el Plan Maestro del CHCM proyectaba in vertir dos mil millones de pesos mexicanos entre 2020 y 2024 (ACH, 2024)-. Las múltiples intervenciones públicas y privadas han sostenido una renovación colosal, que le ha dado reconocimiento como espacio cultural, turístico, comercial, laboral, educativo, financiero, religioso y de gobierno. Su dinámica comercial conjuga economías de gran escala interna cional con mercados de mayoreo y menudeo legales, así como con enormes zonas de infor malidad e ilegalidad. Las lógicas de su economía, tanto lícitas como ilícitas, son constitutivas de la dinámica capitalista urbana en ese territorio. Representa dos tendencias polares en la ciudad: por una parte, la llamada neoliberal, y por otro, la de la ciudad incluyente (Ziccardi, 1998). Ambas conviven y se traslapan en sus actividades cotidianas.

En un escenario de procesos de gentrificación y de precarización simultáneos (Zamorano, 2020; Moctezuma, 2022), el CHCM tiene altos índices de calidad de vida y de ingresos en el perímetro A, junto con manzanas de enormes carencias en el perímetro B. Esto contrasta con una cada vez menor proporción de moradores: solo 19 % del espacio está dedicado para vivienda. La población de los sectores populares del CHCM fue particularmente afectada por la pandemia, con una alta prevalencia de contagios (40 % según la encuesta) y la parálisis de sus actividades económicas². La infraestructura habitacional tiene rangos muy diversos, desde clase media alta hasta zonas de invasión sin servicios. La población que habitaba el CHCM ascendía a 113 000 habitantes en 2020 y contaba con cerca de 17 000 viviendas (25 % de la Alcaldía Cuauhtémoc). La renovación de viviendas para renta y las nuevas propiedades han contribuido a elevar los precios y al desplazamiento poblacional en su zona central y sur. Hoy tiene solo la mitad de habitantes que en 1980 (Lara, 2012; ACH, 2024).

Pero es importante considerar que no es un vecindario integrado, con una identidad propia. Es un territorio donde ocurren al tiempo un conjunto de procesos de producción, re creación, deterioro y mejoramiento del espacio, por actores con poder, empresarios legales e ilegales y el Estado; y donde sus residentes tienen una ínfima capacidad para definir las dinámicas en ese territorio.

La renovación no ha creado una comunidad, donde sus habitantes compartan iden tidades y valores, mantengan vínculos comunitarios, formas de vida y de convivencia compartidas y de reconocimiento mutuo. No es, por tanto, un espacio plural y abierto ni consensual (Moctezuma, 2022, p. 19). Por el contrario, hace que cohabiten nuevos actores y grupos sociales, alberga barrios y poblaciones que tienen identidades particulares por su configuración histórica, económica, social o su cohesión interna (como los barrios de Tepito o La Merced). Sigue mezclando y obliga a que concurran en sus espacios poblaciones muy heterogéneas. Sus residentes no comparten una misma dinámica de acceso y apropiación del territorio. En consecuencia, ocurren muchas formas de interacción, apropiación, despo sesión y disputa en varias escalas.

Además de un conjunto de negocios formales con altos niveles de consumo, el comer cio en la vía pública y la informalidad son otros componentes de la economía del CHCM y sus dinámicas políticas, de seguridad y gobernanza. Tanto empresarios lícitos como ilícitos contribuyen a conformar la cotidianidad de la ciudad, junto con los joyeros, los banqueros, los dueños de tiendas ancla-departamentales, empresas de turismo y recreación, restauran tes y servicios (Braig & Alba, 2022), así como el sector inmobiliario y de textiles. En la zona están asentados los grupos con más capital del país (telecomunicaciones, bancos, comer cio). Hay también varios empresarios provenientes de Corea y de China, en continua expan sión y competencia. La economía ilícita de la zona es central para la metrópoli.

El CHCM es una zona de alta criminalidad. Reúne una enorme riqueza codiciada por innumerables individuos y grupos delictivos organizados, que compiten entre sí. Por esto, tiene las tasas de delitos más altas de la ciudad. Allí ocurren una tercera parte de los delitos de la Alcaldía Cuauhtémoc, que concentra la mayoría de los reportes de delitos de la urbe. Por ejemplo, de enero de 2022 a julio de 2023, en la demarcación, se reportaron 17 047 de litos denunciados en 1308 carpetas de investigación por robo a transeúnte (Fiscalía General de Justicia, C5). Además, se registraron 60 homicidios dolosos (7 % de los decesos de 2022 en la capital), la mayoría en las secciones central y norte del CHCM. La tasa de homicidios en la Alcaldía Cuauhtémoc en 2020 era 45 % superior a la de la ciudad.

Es una de las zonas que concentran el narcomenudeo -en 2022 se registraron 629 incidencias de narcomenudeo, concentradas la mayoría en el norte del perímetro B (Díaz, 2022; 2024)-. Esta actividad, junto con la venta de alcohol ilegal, es uno de los principales indicadores del despliegue de organizaciones criminales (como La Unión Tepito), así como un factor de inseguridad. A esto hay que sumar la extorsión (Díaz, 2024), el tráfico de mercan cías y el tráfico de predios, actividades implementadas por varios tipos de mafias en el centro.

La percepción de inseguridad es muy alta en la zona. En 2023, 60,7 % consideraba esta demarcación insegura. Solo 27,2 % de la población de la alcaldía consideraba efectivas sus autoridades para resolver sus problemáticas, la peor valoración en la capital (ENSU, 2023). Aunado a esto, concentra la mayor parte de los registros de conductas antisociales³. La población de 18 años y más que experimentó conflictos o enfrentamientos en su locali dad llegó a 57,7 %, la tercera más alta en la ciudad (ENSU, 2023).

Otro tema que refleja la alta incidencia de informalidad lo muestra el trabajo policial de continuas y numerosas remisiones al juez cívico, sustentadas en la Ley de Cultura Cívica. En 2022, la policía en CHCM remitió a juez cívico a 3528 personas. Además, remitieron al Ministerio Público a 708 personas y se registraron 662 robos y un notorio aumento de las extorsiones (ACH, 2022). Así, el CHCM es un sitio de tensiones y conflictos, con la dinámica criminal más intensa de la urbe.

Al mismo tiempo, es la zona más vigilada y con mayores recursos en seguridad de la ciudad. Cuenta con numerosos vigilantes públicos y privados. Hay una presencia de más 800 policías auxiliares, 80 preventivos, 60 de policía metropolitana bien equipados, que se despliega en microcuadrantes y tiene mayor penetración que en otros barrios (Portal de Datos de la Ciudad de México, s. f.). El CHCM ha tenido varios programas de seguridad propios, comenzando con la política diseñada por el gobierno de López Obrador en 2003, siguiendo las ideas de tolerancia cero y de ventanas rotas -recomendadas entonces por R. Giuliani, que también propuso la implementación del COMPSTAT para medir las activi dades delictivas y adecuar la presencia policial (Arroyo, 2017; Davis & Luna, 2007)-, así como varios programas de implementación policial. Allí surgió uno de los primeros progra mas de vigilancia policial por medio de cuadrantes, que luego se extendió a la capital y es uno de los ejes de la estrategia policial; luego se combinó con el recorrido y monitoreo con comerciantes y vecinos (programa Águila) y se han experimentado varias estrategias llama das de proximidad, junto con el primer proyecto de monitoreo por cámaras (alrededor de 2007). Desde febrero de 2023 tiene su propio C2, uno de los siete que monitorean la ciudad, con 6112 cámaras, 220 cámaras por km².

Además, es una zona con muchas formas superpuestas de participación. Por ejemplo, los empresarios formales están agrupados en asociaciones o corporaciones, como la asocia ción de empresarios y comerciantes establecidos en CHCM, o como Procéntrico (todos tie nen lazos de comunicación y de influencia con la Jefatura de Gobierno). Para vincularse con los vecinos, en 2020 la ACH creó una red vecinal mediante un chat para atender demandas, llamada “Vecinos Interesados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Ciudadana” (VIPPSC) (ACH, 2020), que alcanzó 700 integrantes en 2022 (ACH, 2022, p. 57). La policía, por su parte, repartió cubrebocas y desinfectante para los transeúntes en el CHCM; controló y supervisó el acceso a negocios, comercios y transporte; pero sobre todo mantuvo estra tegias de control del comercio informal (una práctica de supervivencia de la población). El despliegue policial en el centro de la ciudad intentó cubrir al máximo los vecindarios. La forma de organización vecinal nodal surgida con la red VIPPSC se suma a las institucionales y corporativas, lo que resulta en un esquema denso y efectivo de organizaciones locales para la seguridad. Ninguna otra zona de la ciudad cuenta con esto.

Y por encima de todo esto, continúa siendo el centro político del régimen. Es un territo rio de intensas disputas políticas por las ambiciones de grupos con bases electorales locales y nacionales⁴. Todos medran con el uso de recursos públicos y el control político y económico de ese territorio, haciendo que las actividades ilegales se entretejan con la política.

Cabe preguntarse por qué en un territorio con tantos recursos, tan disputado, con la presencia de actores económicos y políticos poderosos, con varias formas de participación y con una vigilancia de gran magnitud, prevalecen altas tasas de delitos y presencia de varias formas de organización criminal. ¿Cuál es el efecto de esta combinación de factores en la participación ciudadana y en la satisfacción con el régimen? La concurrencia de estos eventos no encuentra explicaciones en muchas teorías del crimen urbano. Por ello se espera comprender el problema desde el punto de vista de los moradores de ese territorio y, en este sentido, entender qué papel tiene su participación en la producción de sus condiciones de vida, la relación con las autoridades, la interacción con actores criminales y su satisfacción con el régimen.

Por su parte, los vecinos tienen una percepción compleja de estos fenómenos. Los respondientes a la encuesta están satisfechos con vivir en el barrio y 58,64 % considera que las relaciones entre los vecinos mejoraron durante el segundo año de la pandemia (los años promedio de residencia son 27). Por otra parte, tienen un apego limitado a la ley, dado que 21,8 % está de acuerdo con que a veces hay que hacer cosas fuera de la ley; 25,8 % está de acuerdo en que no hay problema en comprar un producto, aunque sea pirata o robado, si es más barato. Su relación con la policía presenta una clara reserva: 57 % considera que el trato de la policía sigue siendo arbitrario, abusivo o ilegal, y 56,5 % no está satisfecho con su trabajo; 8 % de ellos considera que la corrupción sigue siendo una causa de los altos niveles delictivos, pero, sobre todo, 57 % considera que el trato policial sigue siendo abusivo e ilegal (41 % está insatisfecho con el desempeño de la policía).

El material que sustenta este trabajo proviene del levantamiento de una encuesta aleatoria en hogares en el CHCM, sobre participación y seguridad. Fue aplicada a personas mayores de 18 años residentes en hogares del CHCM, estratificada por grupos de edad y sexo, y ponde rada de acuerdo con las tasas de delitos. La población de referencia en los perímetros A y B del CHCM es de 113 317 personas. El tamaño de la muestra es de 1100 encuestas. El nivel de confianza se fijó en (α) 95 %, con un margen de error de 5 %⁵.

La variable dependiente es la satisfacción con la democracia (pregunta número 73 del cuestionario: “¿Qué tan satisfecho o insatisfecho está usted con el funcionamiento de la democracia?”, que obtuvo 883 respuestas). Originalmente, era una variable escalar con 4 dimensiones (muy satisfecho, algo satisfecho, algo insatisfecho y nada satisfecho), pero se recategorizó para convertirla en dicotómica, donde 0 es insatisfecho y 1 es satisfecho, de forma que se pudiera ajustar a un modelo de regresión logística binomial, así como para poder estimar las razones de probabilidad de cada variable independiente. La estimación fue realizada en Stata 14 y los resultados se encuentran en la Tabla 3 más adelante. En este sentido, procuramos ligar esta sección de prueba de hipótesis con los argumentos de la lite ratura referida, especialmente aquella sobre el efecto de la victimización criminal sobre la participación, la evaluación del gobierno y la satisfacción con el régimen.

Las variables independientes son las siguientes: pertenencia a comité vecinal; voto; crimen -con una pregunta sobre la presencia de venta de alcohol y drogas ilegales en el barrio (narcomenudeo)-; confianza en la policía; sexo, y edad. Estas variables, junto con la de educación, son las que la literatura sobre confianza y satisfacción con el régimen utiliza más frecuentemente. La venta de alcohol, drogas, la presencia de crimen organizado y la de policía se integran en concordancia con la literatura de victimización y satisfacción con la de mocracia (véase Teles, 2023; Blanco, 2011; Blanco & Ruiz, 2013). Las variables que eran categóricas y se hicieron dicotómicas fueron satisfacción con la democracia, voto, sexo y edad.⁶ Para la variable de participación en comité, se realizó un proceso de imputación (Tabla 1)⁷.

Tabla 1
Listado de variables

Fuente: Elaboración propia

Para el análisis se aplicó un modelo de regresión logística para calcular la probabilidad de que las variables independientes tengan correlación con la variable dependiente. Se usó el programa Stata 14 (Tabla 2).

Tabla 2
Descriptivos básicos

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta de participación y seguridad

En el siguiente modelo (Tabla 3) se plasman los resultados que explican la satisfacción con la democracia, en concordancia con la literatura, según cada variable: participación, entendida como pertenencia a un comité vecinal; voto en las elecciones recientes; percep ción de inseguridad medida como presencia de puntos de venta de alcohol y drogas ilícitas en el barrio, y confianza en la policía. Este es el orden de la cadena de imputación de pro babilidad de estar satisfecho con el régimen.

Tabla 3
Modelo de regresión logística para satisfacción con la democracia

Fuente: Elaboración propia

Estos resultados coinciden con la propuesta teórica sobre las causas que explican el efec to negativo de la victimización criminal sobre la satisfacción con el régimen y la demo cracia (Teles, 2023; Ceoubanu et al. 2011; Blanco, 2011; Blanco & Ruiz, 2013; Ang et al., 2021; Valencia & Cuartas, 2023). También concuerdan, indirectamente, con la literatura clásica (Easton, 1975; Lipset, 1994) y la literatura sobre participación (Vega, 2020; Tejera, 2015; González, 2016; Ziccardi, 1998). Finalmente, como parte de este eslabón probabilístico, también presentamos resultados acordes con la literatura sobre evaluación policial (Jasso, 2023; Davis & Hilgers, 2022; Ang et al., 2021; González, 2021; González & Mayka, 2023; Vega, 2020; Padilla, 2014). También se toman en cuenta los efectos de la criminalidad en la confianza, la cohesión social, la eficacia colectiva y el control social en los barrios (Díaz, 2018; 2022; Manzano-Chávez et al., 2020; 2024; McCarthy et al., 2020; Sampson, 2001).

A pesar de las reformas a las políticas de seguridad y desempeño policial implementa das por más de cinco gobiernos, la evaluación de la confianza y la satisfacción con el des empeño gubernamental mantiene un déficit perdurable. Eso ocurre incluso con la pequeña mejoría en la percepción de inseguridad después de la pandemia COVID-19. La confianza en la policía tiene un efecto mayor en la explicación de la satisfacción, como lo encuentra Blanco (2011) y Ang et al. (2021). Es el principal factor que contribuye a la satisfacción o desapego a los gobiernos, erosiona su legitimidad y el apoyo ciudadano.

En cambio, contrario a lo esperado en este y otros trabajos, el valor de los mecanismos participativos directos es menor. De acuerdo con el modelo, pertenecer a un comité de par ticipación ciudadana disminuye en 44 % los momios de estar satisfecho con la democracia frente a quien no pertenece. Este es un resultado contraintuitivo que se explica más abajo. El voto es la variable con más peso y mejores probabilidades. Como lo muestra el modelo, formas de participación como haber votado en el proceso electoral 2021 incrementan en 55 % las razones de probabilidad, los momios, de estar satisfecho con la democracia frente a quien no participó electoralmente. Pero la participación en comités mantiene un efecto débil en el aumento de la confianza institucional y la construcción de un régimen democrático satisfactorio para todos.

La satisfacción con el régimen está asociada con una percepción de menor presencia del crimen, así como con una buena valoración del trabajo policial y la confianza en la au toridad el Estado. Sobre la variable venta y consumo de alcohol y drogas, que es un proxy de crimen organizado (“siempre” como referencia), los momios estimados de estar satisfecho con la democracia son 1,47, esto es, que una persona que percibe que nunca ocurre la ven ta de alcohol y drogas en su colonia, tiene 47 % más momios estimados de estar satisfecho frente a quien percibe que siempre ocurre la venta de alcohol y drogas en su colonia.

En el caso de los niveles de confianza en la policía de la ciudad (con “mucha confian za” como referencia), los momios relacionados con estar satisfecho con la democracia son de ,39 y ,27, es decir que la población que afirma tener poca o nada de confianza poseen un 61 % y 73 % menos momios de estar satisfecha con la democracia, respectivamente, en contraste con quien afirma tener mucha confianza. En este caso, las variables de composi ción (sexo y edad) no resultaron significativas estadísticamente.

Todos los regresores utilizados en el modelo son consistentes y con magnitudes re levantes, con excepción de la variable de pertenencia a un comité. Se encontró una aso ciación positiva entre la satisfacción y votar, tener confianza en la autoridad y percibir una reducción o poca presencia de crimen en las colonias. Y viceversa, la percepción de niveles altos de crimen y de una desconfianza frente a una policía abusiva reducen la satisfacción con el régimen y el respeto a la ley.

Sobre el resultado contraintuitivo de que pertenecer a un comité reduce los momios de estar satisfecho con la democracia, parte de la literatura presentada concuerda con la idea de que la exposición a este tipo de órganos de representación puede producir resultados adversos, tanto para los miembros de los comités como para otros vecinos. La experiencia de involucrarse en comités tiende a generar animadversión entre los participantes y entre los vecinos, incluso alienación, porque los miembros de los comités no pueden llegar a acuer dos entre ellos, y porque muchos solo están interesados en hacer prevalecer sus intereses. Pero, además, también ocurre que en esos espacios ni las autoridades ni los vecinos tienden a cooperar, sino a bloquearse entre sí.

Por estos motivos, sus resultados no son positivos y tampoco son bien evaluados entre sus propios vecinos (como lo demuestran González & Mayka, 2023, y Vega, 2020). En al gunos estudios (Tejera, 2015), esta forma de participación está cooptada o limitada y puede ser objeto de tratamiento clientelar, así como reproducir las desigualdades. Esto genera una insatisfacción con el propio trabajo, pero también puede contribuir a disminuir la confianza en la autoridad y deteriorar la legitimidad del Estado. El CHCM es un escenario donde estos fenómenos se presentan por las altas tasas de violencia criminal, por la baja efectividad y la alta percepción de corrupción y abuso policial. Podría argumentarse que el formato institu cional de la participación contribuye a la ineficiencia y a la insatisfacción de quienes forman parte de estos comités o consejos, porque sus resultados son casi siempre menores, lo cual contrasta con otras formas de participación y de influencia como las asociaciones corporati vas, algo más eficaces en resolver las necesidades de la población.

La variable de venta de alcohol y drogas muestra que la percepción de actividades ilícitas efectivamente afecta la confianza en las instituciones que trabajan contra el crimen e incrementa la percepción de inseguridad. Los resultados indican que la ausencia de estos eventos aumenta los momios de tener mayor confianza con la policía y estar satisfecho con el régimen. Es un indicador del sentimiento de inseguridad, como también de la presencia de organizaciones criminales en el CHCM.

De igual modo, esto es manifestación de cuatro fenómenos derivados. Primero, evi dencia una notoria presencia, continuada y bien integrada, de actividades criminales organi zadas en la economía, la política y la seguridad. En segundo lugar, muestra que la dinámica urbana del centro está compuesta por la producción y distribución de productos y activi dades ilícitas, en combinación con las lícitas. En tercer lugar, evidencia un impacto porque produce disputas entre actores legales e ilegales por el uso del suelo, de la vía pública; disputas por los predios, en las prácticas de corrupción, intimidación y extorsión. Finalmente, afecta la política de seguridad y el trabajo policial, al tiempo que deteriora la colaboración y el involucramiento vecinal.

Sobre la confianza en la policía, el trabajo también contribuye con evidencia que coincide con la literatura (Ang et al., 2021; González & Mayka, 2023; Jasso, 2023; Davis & Hilgers, 2022; Vega, 2020). A pesar de que algunas relaciones entre policías y vecinos mejoraron durante la pandemia, la permanencia de enclaves de discreción e impunidad en el trabajo policial es obstáculo para la participación, la confianza y la satisfacción vecinal. Investigaciones futuras son necesarias para explicar por qué las variables de composición no fueron significativas.

Este trabajo explora las posibles variables determinantes de la satisfacción con la democracia en el CHCM, después de que la pandemia de COVID-19 impactara de manera significativa la vida cotidiana, las estrategias de supervivencia de los residentes y su relación con las au toridades, particularmente la policía y actores ilícitos en su entorno. Se ha buscado explicar si la percepción de mayor (o menor) presencia del crimen y su control por las autoridades, la participación electoral y en comités ciudadanos, y la confianza en la autoridad, determinan la satisfacción con el régimen de gobierno. Cabe resaltar que la baja confianza en la autori dad, particularmente en la policía, ha sido y continúa siendo un problema crucial, que debe atenderse para consolidar un régimen democrático de derecho.

También se confirma lo que indica la literatura, en el sentido de que el diseño institu cional de la participación y de los programas de seguridad es importante (González, 2016; Vega, 2020), determina en buena medida los productos esperados. Sin embargo, el trabajo muestra que, a pesar de todas las reformas y los intentos de mejorar el trabajo policial y la re lación con la ciudadanía en la Ciudad de México, todavía existe un margen de desconfianza hacia la autoridad, particularmente una percepción mayoritaria de que la policía continúa siendo violenta y corrupta, que el crimen mantiene su fuerza expoliadora y que las autorida des no logran reducir la delincuencia ni controlar a su policía. Todo esto afecta la valoración positiva y, por lo tanto, la satisfacción con el régimen. Afecta también la participación y la organización de la comunidad.

Si bien el gobierno argumenta que ha logrado reducir el crimen, los resultados aún no se traducen en una evaluación positiva contundente por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, construir un régimen democrático de derecho continúa siendo una de las tareas pendientes. Los gobiernos deben dejar de gobernar para cambiar la percepción de inseguridad de la ciudadanía y deben dedicarse a producir programas mejores y más eficaces de cumplimien to de la ley, lo que implica combatir la corrupción e impunidad de todas las autoridades, especialmente de la policía.

El trabajo presenta los límites y los déficits de la Ciudad de México en la creación de un Estado de derecho democrático. El trabajo policial todavía permite y reproduce la impu nidad, dado que el gobierno no cuenta con mecanismos reales y efectivos de control. Esto podría suplirlo una mayor participación y monitoreo ciudadano sobre la efectividad de los programas.

Tal vez el principal hallazgo de este trabajo es que el desempeño de la institución poli cial es determinante en promover o reducir la satisfacción con el régimen y la cristalización de un estado de leyes. Este análisis muestra que, a medida que mejora el desempeño poli cial y su contacto con la ciudadanía, la confianza y satisfacción aumentan. En este sentido, a pesar de ser víctimas de un crimen, si el sistema responde bien a la víctima, esta puede percibir una mejora del gobierno y está dispuesta a apoyar al régimen. En otra pregunta de la encuesta, los habitantes respondieron que prefieren un régimen democrático y un sistema de leyes justas. Así, el apoyo al sistema es claro, pero la satisfacción con el trabajo cotidiano del gobierno sigue siendo el problema. Otro tema que requiere mayor análisis en futuros estudios es la pérdida de datos y, en consecuencia, la baja significación de algunas de las correlaciones.

El autor desea agradecer a las autoridades de El Colegio de México y del Fondo de Innovación de Harvard por su apoyo en la realización de la encuesta para la realización de este artículo.