Dossier
Received: 18 July 2024
Accepted: 24 September 2024
Published: 30 September 2024
DOI: https://doi.org/10.21830/19006586.1370
RESUMEN: Este artículo contrasta empíricamente hipótesis relevantes para explicar la distribución de linchamientos en municipios mexicanos durante el periodo 2015-2020. Considerando las dinámicas de violencia derivadas del crimen organizado en México, se busca determinar si estos eventos de violencia colectiva a nivel municipal se relacionan con la presencia de organizaciones criminales. Asimismo, se ponen a prueba dos hipótesis explicativas del linchamiento que han primado en la literatura especializada: la presencia deficitaria del Estado y la acumulación de desventajas socioeconómicas. Se trata de una investigación orientada a variables, para la cual se recurre a un modelo binomial negativo. Los resultados indican que la presencia de organizaciones criminales sí se correlaciona con el linchamiento, si bien también lo hacen los mayores niveles de pobreza y la precariedad estatal.
PALABRAS CLAVE: Crimen, Estado, justicia, linchamiento, organizaciones criminales, violencia colectiva.
ABSTRACT: This article empirically contrasts relevant hypotheses to explain the distribution of lynchings in Mexican municipalities during the period 2015-2020. Considering the dynamics of violence derived from organized crime in Mexico, it seeks to determine whether these events of collective violence at the municipal level are related to the presence of criminal organizations. Likewise, two explanatory hypotheses of lynching that have prevailed in the specialized literature are tested: the deficient presence of the state and the accumulation of socioeconomic disadvantages. This is variable-oriented research for which a negative binomial model is used. The results indicate that the presence of criminal organizations does correlate with lynching, although higher levels of poverty and state precariousness do so as well.
KEYWORDS: Collective violence, crime, criminal organizations, justice, lynching, State.
Introducción
El 8 de diciembre de 2023, un evento ocurrido en el municipio de Texcaltitlán, región de la tierra caliente en el estado de México, conmocionó a la opinión pública mexicana. Una serie de videos difundidos por redes sociales (López, 2023) y por televisión mostraban escenas de un acto de violencia extrema: cadáveres trucidados y calcinados. En el evento, catorce personas perdieron la vida. Con el paso del tiempo, y tras las primeras investigaciones, se dio a conocer que, del total de fallecidos, once eran posibles miembros del grupo criminal La Familia Michoacana y los tres restantes eran pobladores. Las autoridades señalaron, básicamente, que los presuntos criminales fueron linchados producto del hartazgo y la desesperación de los texcaltitlenses luego de extorsiones continuas; de hecho, el evento en sí fue producto de una convocatoria donde el grupo criminal reunió masivamente a la población para dar a conocer los montos a pagar por metro cuadrado de cultivo y distintas cuotas exigidas. No obstante, la superioridad numérica, el nivel de organización y la indignación superó a las armas de asalto y a las camionetas artilladas. En poco tiempo la comunidad copó a cada miembro de La Familia hasta darles muerte (La Jornada, 9 de diciembre de 2023).
Días después, los tres órdenes de gobierno realizaron acciones conjuntas por medio de distintas agencias. Entre ellas, se destaca la instalación de un cuartel permanente de la Guardia Nacional (Mendoza, 2023), un destacamento de la policía estatal y un Centro de Comando para funciones de inteligencia (Guadarrama, 2024). Así, la respuesta del Estado fue mostrar su capacidad de regulación y contención de conflictos por medio del despliegue de fuerza.
Si bien es cierto que este evento es singular y atípico, evidencia que los linchamientos son un fenómeno presente y en aumento en México por lo menos en los últimos 25 años (Gamallo, 2015). Los linchamientos pueden adquirir múltiples formas y no necesariamente implican la muerte de alguien. Además, muchas veces pueden ser un acto espontáneo. A pesar de su usual representación como un suceso estrambótico que expresa furia y "rabia desbocada", supeditado al "actuar mecánico e impulsivo, sujeto a emociones antes que considerar la reflexividad y la razón, inclinado por la violencia" (Moctezuma, 2019, p. 791), también exhiben ciertos patrones de un guion reconocible: es un castigo; la espectacularidad es evidente; es multitudinario; hay una participación de la autoridad (puede ser por acción, promoción u omisión); se inscribe en la violencia extralegal; obedece a ciertas motivaciones y puede haber organización. En todo caso, siempre manifiestan un significado cultural y político (Kloppe-Santamaría, 2023).
Sociológicamente, en el análisis de los linchamientos han primado lecturas generales que intentan definirlos como una acción colectiva en respuesta a distintas fuentes de agravio y con distintas motivaciones (Gamallo, 2015). En sus proposiciones teóricas, se pone al Estado en el centro como elemento deficitario y carente de legitimidad frente a grupos poblacionales (Vilas, 2001a; 2001b; 2005), por las tensiones propias del multiculturalismo entre modernidad y tradición, principalmente en entornos indígenas (Rodríguez, 2005; Vilas, 2001a; Fuentes & Binford, 2001), o, en su defecto, como expresión propia de una patente crisis de autoridad, donde el linchamiento genera solidaridad y restituye a la autoridad agraviada (Rodríguez, 2005).
Así pues, la comprensión del linchamiento se ha centrado en la figura de la ausencia del Estado, lo que ha deslucido explicaciones alternativas. Hay que tener en cuenta que la violencia en el México contemporáneo, con evidentes y diversas manifestaciones de macro-criminalidad, no se puede ceñir a explicaciones socioeconómicas ni a los regresores usuales en la literatura internacional. Se deben considerar factores propios de la dinámica criminal actual (Díaz, 2016); de hecho, en la literatura reciente tienen mayor relevancia explicativa elementos relacionados con la operación de organizaciones criminales que otros factores estructurales (Osorio, 2015). Sobre todo, se debe tener en cuenta que, en México, la centralidad de sistemas de poder regionales y locales bajo esquemas de crimen organizado (CO) ha generado un reordenamiento de las manifestaciones violentas en general (Maldonado, 2023).
Así, el objetivo de este artículo es poner a prueba distintas hipótesis. Las dos primeras son explicaciones recurrentes en la literatura: si la presencia deficitaria del Estado y las desventajas socioeconómicas se relacionan con la ocurrencia de linchamientos. La última examina si la presencia del CO se puede correlacionar, o no, con la ocurrencia de linchamientos a nivel municipal en el caso mexicano. Para esto, el artículo se desarrolla en cuatro secciones. En la primera, se plantea el problema y se fundamenta teóricamente con la literatura sobre este fenómeno. En la segunda, se expone la composición de la base de datos y se operacionalizan los observables empíricos derivados del planteamiento y la argumentación teórica. Además, se ajustan diversos modelos de regresión multivariable, considerando el carácter atípico y la baja frecuencia del linchamiento. Posteriormente, se discuten los resultados en relación con los hallazgos y la evidencia acumulada en la bibliografía especializada. El texto cierra con algunas conclusiones.
Planteamiento y fundamentación teórica
En el transcurso del último siglo, la violencia en México mostró un descenso sostenido (Knight, 2014). Sin embargo, esta tendencia comenzó a revertirse en las últimas dos décadas del siglo XX, con un repunte y concentración en ciertas regiones del país, situación que se consolidó en el segundo lustro del nuevo milenio, alcanzando máximos históricos y generando un patrón creciente (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2023). Según un informe oficial, la violencia, observada a partir del homicidio doloso, manifiesta un patrón de condensación e incremento:
[En] 1990, 10 % de los municipios concentraban 72 % de los homicidios; en 2017 el nivel de concentración en ese mismo porcentaje de municipios fue de 76 %; y en 2022 aumentó a 79 %, es decir, 8 de cada 10 homicidios ocurrieron en 248 (10 %) de los 2471 municipios del país, lo que significa que el nivel de concentración de la violencia homicida aumentó [...]. (INEGI, 2023, p. 15)
De 1990 a 2022 se identificaron 1125 municipios que han pertenecido a alguna región caliente por al menos un año, de los cuales 87 municipios de 7 entidades han sido parte de este tipo de regiones por 17 años o más. (INEGI, 2023, p. 21)
En los últimos años, no solo el homicidio ha presentado un aumento significativo, pues el linchamiento también es una forma de violencia extralegal al alza. Su incremento se enmarca en un contexto de modificaciones macrosociales de gran calado, como la reestructuración económica en las décadas de 1980 y 1990 que impactó en los entornos locales y modificó las "proyecciones en la vida cotidiana de la gente, cuestionaron certidumbres y alteraron rutinas" (Vilas, 2001a, p. 158). A diferencia del homicidio, no se cuenta con un tipo penal específico ni con mediciones oficiales para el linchamiento. Su observación depende del acopio de información por investigadores (Vilas, 2001a; Rodríguez, 2005; 2012; Gamallo, 2015; Kloppe-Santamaría, 2023) o grupos de trabajo ( Nussio & Clayton, 2024). Según Gamallo (2015), el linchamiento ha ido en aumento en los últimos 25 años y se ha concentrado en la región central del país. Su ocurrencia ha prevalecido en esta región históricamente (Kloppe-Santamaría, 2023).
En el caso del grupo de trabajo LYLA (Lynching in Latin America) del Centro de Estudios para la Seguridad de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, su base de datos para la última década (2010-2020) coincide con Gamallo (2015) respecto a la tendencia y agrupación geográfica. Los datos indican un aumento constante hasta 2018, con un promedio de 130,2 linchamientos para la década, y con una marcada concentración geográfica en municipios de la zona centro del país (Tabla 1).
Distribución espacial y temporal del linchamiento en México, 2010-2020
Fuente: Elaboración propia con base en los datos estadísticos de Nussio y Clayton (2024)
Analíticamente, los linchamientos se pueden definir como una forma de acción colectiva extralegal, la mayoría de las veces ejemplarizante, que implican un uso de la violencia ejercida públicamente que tiende a la sevicia. Los participantes usualmente emplean su propio cuerpo o recurren a instrumentos elementales, cuya "eficacia sancionadora depende de la destreza personal o la fuerza física de quien los emplea (palos, machetes, piedras...)" (Vilas, 2001b, p. 129). Su ocurrencia puede aparecer como una reacción ante hechos que agravian a los perpetradores, cometidos efectiva o presuntamente, y "la reacción es particularmente inmediata al hecho que la detona" (Vilas, 2001a, p. 144). Asimismo, manifiesta "cierta connotación de acción colectiva capaz de generar simpatía entre grupos de la sociedad" (Rodríguez, 2012, p. 51), lo que conlleva la presencia de fuentes de legitimidad diversas del evento, ya sean morales, político-ideológicas o religiosas, entre otras.
Entre sus posibles detonantes se encuentran, en la mayoría de los casos, el robo con violencia, la violación (sobre todo de menores) y el abuso policiaco. En unas cuantas ocasiones, puede ser algún accidente menor (Rodríguez, 2012, p. 63), o el robo o supuesto robo de niños (Sosenski, 2020). También puede ser una reacción violenta frente a un clima de inseguridad generalizado y la convicción respecto a la inoperancia o la complicidad de las instituciones públicas (Vilas, 2005, p. 25). En suma, los hechos que motivan los linchamientos se refieren a cuestiones cotidianas en las que se hace notoria la omisión estatal -es decir, la ineficacia de las instituciones públicas- o su falta de legitimidad desde la perspectiva de determinados grupos de población (Vilas, 2001a, p. 158).
Como se ha dicho, este último factor predomina entre las explicaciones del linchamiento en México. La mayoría de estudios asocian su incidencia a deficiencias en el desempeño de las instituciones estatales, en particular a déficits en su capacidad para monopolizar la violencia legítima a nivel de regiones y localidades específicas (Gamallo, 2015; Pérez & López, 2020; Rodríguez & Veloz, 2019; Zizumbo-Colunga, 2010). Varios especialistas (Pérez & López, 2020) concuerdan en que los habitantes de la frontera norte del país recurren a prácticas de prevención y castigo extralegal de delitos en respuesta a "imperfecciones" en los sistemas estatales de seguridad y justicia de la región. Del mismo modo, Rodríguez y Veloz (2023) atribuyen el aumento de linchamientos en el país a la incompetencia y corrupción de las instituciones estatales de seguridad y justicia. En estos trabajos, la ausencia del Estado se define, de acuerdo con Vilas (2001b), no como una "ausencia total", sino como una presencia de instituciones estatales precarias, que no cuentan con las capacidades o la legitimidad suficiente para gobernar.
A pesar de que se identifica a la presencia deficitaria del Estado como un factor de riesgo de linchamientos, son pocos los análisis que esclarecen los mecanismos que explicarían su impacto en la incidencia de linchamientos en localidades específicas. Gamallo (2015) y Ungar (2007) sostienen que los linchamientos ocurren en localidades gobernadas por instituciones estatales precarias porque quienes encabezan estas instituciones toleran e incluso fomentan distintas formas de privatización de la seguridad. En estas localidades, la mayoría de la población desconfía del gobierno y es alentada a implementar estrategias de seguridad privada, que pueden ir desde la autosegregación, la contratación de seguridad privada y vigilancia vecinal, hasta la conformación de policías comunitarias (Gamallo, 2015; Ungar, 2007).
Otros analistas asocian este fenómeno con la presencia de gobiernos con escaso apoyo y confianza de la población (Nivette, 2016; Zizumbo-Colunga, 2010; 2017). Desde esta perspectiva, a medida que disminuye el compromiso de la población con el gobierno, no solo es más probable que sus miembros desdeñen las instituciones estatales de seguridad y justicia, sino que también es probable que legitimen estrategias de seguridad y justicia extralegales (Cruz & Kloppe-Santamaría, 2019). La expectativa derivada de estos análisis es que el riesgo de linchamiento debería ser mayor en localidades donde la mayoría de los habitantes desaprueba al gobierno, ya que en estos contextos es común que se convalide la violencia extralegal.
Un segundo enfoque que prevalece en la literatura especializada plantea que los linchamientos en México suelen ocurrir en contextos marcados por la pobreza y la exclusión, es decir, por desventajas socioeconómicas (Binford & Churchill, 2009; Moctezuma, 2019; Vilas, 2005). Varios especialistas sugieren que la implementación de políticas neoliberales en el país incrementó la marginación de sectores populares y generó condiciones para el aumento de la violencia durante las últimas décadas (Binford & Churchill, 2009; Phillips, 2017).
Phillips (2017), por ejemplo, argumenta que estas políticas agudizaron la desigualdad socioeconómica en México y favorecieron el vigilantismo en reacción a su percepción de "privación relativa". Según esto, los sectores populares suelen emplear mecanismos informales de control del crimen porque sus integrantes "se sienten relativamente privados de seguridad en comparación con los vecinos más ricos que tienen ventajas en materia de seguridad pública y privada" (Phillips, 2017, p. 1358; trad. propia). Es decir, conforme aumenta la desigualdad en una localidad específica, es probable que los sectores sociales desventajados cuenten con menos posibilidades de solventar mecanismos de seguridad privada y perciban el acceso a la justicia y la seguridad pública como un privilegio de sectores pudientes (p. 1364). En esa línea, se puede sostener que, en contextos marcados por la pobreza y la desigualdad, los sectores con mayores desventajas socioeconómicas emplean la justicia por mano propia como una estrategia de seguridad de bajo costo para enfrentar una situación de vulnerabilidad extrema.
Aunque este enfoque establece una asociación entre la acumulación de desventajas económicas y el vigilantismo, algunos críticos argumentan que no explica por qué los integrantes de sectores populares recurren al linchamiento y no a otros mecanismos informales de control del crimen. Para Moctezuma (2019), la tesis de que las personas de escasos recursos linchan porque son incapaces de solventar otras estrategias de seguridad privada reproduce una visión espasmódica de las movilizaciones populares. Además, considera que, si bien es cierto que los linchamientos proliferan en contextos pauperizados, rechaza el supuesto de que son una respuesta mecánica u homogénea a la vulnerabilidad.
Los sectores populares tienden a ejercer violencia colectiva contra presuntos delincuentes porque repudian moralmente sus crímenes y disponen de lazos sociales preexistentes que habilitan acciones colectivas coordinadas (Gamallo, 2015). Es decir, más que una reacción pasional y primitiva ante cualquier forma de delito, el linchamiento puede ser una estrategia popular movilizada contra crímenes enmarcados socialmente como intolerables, y su organización requiere de lazos de reciprocidad y obligaciones morales preexistentes entre los participantes.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que en la literatura prevalecen dos enfoques teóricos de los cuales se derivan sendas hipótesis para explicar el linchamiento en México. Por un lado, está la hipótesis de que el riesgo de linchamiento aumenta en municipios gobernados por autoridades con escaso apoyo entre la población, un indicador de precariedad estatal. Por el otro, se espera que este riesgo aumente en municipios con mayores privaciones económicas.
Ahora bien, en contextos con precariedad y manifiesta inseguridad, la violencia extralegal puede ser una forma de resolver conflictos. Según Vilas (2005), el linchamiento puede ser una "respuesta colectiva extrema a situaciones de inseguridad" (p. 22), puesto que responde a la inoperancia o poca efectividad de las autoridades, o, en su defecto, a su colusión y complicidad con actores relacionados con el delito1. Esto es de gran interés, especialmente si se considera el aumento sostenido y generalizado de la violencia homicida en el país desde el año 2008, el peso del CO en las dinámicas violentas en general, así como su control y dominio sobre diversos mercados ilegales. En todo caso, la evidencia acumulada revela que los factores o variables estructurales para entender la violencia tienen un poder explicativo limitado frente a los elementos que exhiben la presencia y operación del CO (Osorio, 2015).
En términos generales, la presencia de CO es denotada por organizaciones que tienen la habilidad de usar la violencia y la amenaza de esta para establecer una reputación y facilitar sus actividades criminales, bien sea para ganar o mantener el control monopolizado de mercados criminales, además de aprovechar la corrupción de oficiales públicos para asegurar inmunidad en sus operaciones y/o proteger sus empresas criminales de la competencia" (Hagan, 2006, p. 134; trad. propia).
Se trata, pues, de organizaciones capaces de generar una convergencia entre actores ilegales, ubicaciones y actividades. Su carácter criminal proviene de su participación en diversos mercados ilegales (en México predomina el de las drogas actualmente) que, al no estar regidos por obligaciones contractuales, recurren a la violencia o su amenaza en un entorno minado por la desconfianza y la lábil cooperación entre actores (Beckert & Wehinger, 2012). Las actividades que pueden desarrollar usualmente son seriales, esto es, repetidas, rutinarias y vinculadas por un modus operandi particular. Se sustentan en las capacidades movilizadas por grupos organizados que proveen infraestructura, recursos, capacidades y experiencia. Las organizaciones pueden variar en términos de longevidad, continuidad y complejidad, y pueden ir desde grupos provisionales que se contratan para funciones específicas hasta algunos que se consolidan en el tiempo. Además, pueden existir en distintos niveles operativos: local, regional, nacional y transnacional (Cornish & Clarke, 2001).
La presencia y operación del CO tiene múltiples impactos en diversos ámbitos de la vida social. En términos económicos, puede distorsionar los principios de competencia y alterar los precios en contextos donde la extorsión es una práctica recurrente, sin mencionar los flujos monetarios provenientes de actividades ilegales que circulan en mercados legales. El uso o la amenaza de la violencia puede derivar en lesiones y homicidios dolosos. Además, considerando que la credibilidad y reputación del CO se basan en el miedo y la intimidación, puede generar diversas afectaciones psicológicas en la población. La corrupción en diferentes niveles, al ser una condición sine qua non para el desarrollo del CO, socava el sistema legal y político, ya que parte de su funcionamiento se orienta a facilitar, por acción u omisión, la continuidad de las operaciones del CO (Finckenauer, 2005).
La violencia puede no solo ser un mecanismo de regulación interna dentro de las organizaciones criminales, como herramienta sancionatoria y profiláctica, sino que también hay violencia entre organizaciones criminales y con el Estado. En el primer caso, el uso de la violencia no tiene como objetivo principal el control directo de territorios, sino "el control sobre los derechos a pagar a funcionarios corruptos que manejan canales específicos" (Reuter, 2009, p. 277; trad. propia), lo que convierte la disputa por el control de estas redes de protección en manifestaciones violentas. En el segundo caso, el conflicto entre el CO y el Estado ha tenido lugar en
[...] sitios donde la debilidad clave del Estado reside no tanto en cómo reunir y desplegar la fuerza represiva (o incluso identificar y localizar a los traficantes), sino en cómo prevenir que los agentes del Estado reciban sobornos a cambio del relajamiento en la aplicación de la ley. (Lessing, 2020, p. 55)
Así, el CO cuenta con incentivos para ejercer violencia contra representantes estatales, ya que su ejercicio puede abaratar el costo de la corrupción. La dupla de violencia y corrupción en varias regiones mexicanas ha convertido el CO en "un sistema de poder en sí mismo, no solo político y económico, que atraviesa la economía y la política a lo largo y ancho de muchos espacios" (Maldonado, 2023, p. 243). En última instancia, esto ha provocado que, en lugares donde dominan poderes regionales locales permeados por el CO, haya "un reordenamiento muy complejo de las violencias, dependiendo de vocaciones productivas, redes de poder y capacidad organizativa local" (Maldonado, 2023, p. 244).
En estos entornos se hace patente la magra capacidad operativa de las autoridades o, en su lugar, esquemas de colusión y contubernio con el CO. Disminuyen los controles públicos por "la reducción de la cooperación de los residentes con la policía, lo que disuade a los oficiales de policía de investigar en el área" (Martínez et al., 2008, pp. 848-849; trad. propia) y desincentiva más a los residentes de tener contacto con las autoridades. Así pues, en los "entornos en los cuales el homicidio y la violencia son rampantes" (Cruz & Kloppe-Santamaría, 2019, p. 61), se incrementa la probabilidad de que ocurran no solo expresiones violentas, sino prácticas extralegales como el vigilantismo y la justicia por mano propia, particularmente el linchamiento.
En cuanto a la evidencia acumulada, se ha demostrado que en aquellos lugares con presencia de CO hay mayor probabilidad de ocurrencia de homicidios tanto a lo largo del tiempo como en los municipios circundantes, lo que indica que la violencia presenta un atributo de dependencia espacial (Dell, 2015; Osorio, 2013; 2015; Ramírez, 2016). Además, la estrategia de seguridad de neutralizar a líderes criminales ha tenido efectos contraproducentes, aumentando los niveles de violencia tanto en los municipios de origen como en los adyacentes (Calderón et al., 2015; Osorio, 2015). Aunque está comprobado este incremento de los niveles de violencia espacial y temporal, en la literatura sobre el caso mexicano no se ha probado si la presencia de CO se correlaciona con un aumento en la probabilidad de ocurrencia de violencia extralegal, como el linchamiento. Por lo tanto, se espera, como hipótesis, que en los municipios mexicanos con actividades de CO exista un mayor riesgo de ocurrencia de linchamientos.
Aunque las explicaciones enunciadas son mutuamente excluyentes, en muchos municipios mexicanos es posible encontrar un traslape entre la presencia de CO, la precariedad o déficit de las instituciones estatales y la acumulación de desventajas económicas. La colusión de funcionarios públicos corruptos con organizaciones criminales en algunas localidades no solo permite la proliferación de actividades delictivas de alto impacto, sino que también fomenta la desconfianza de la población hacia el gobierno y sus mecanismos de participación. Por otro lado, como se ha argumentado, las operaciones de CO tienen efectos perjudiciales en las economías locales, y la extorsión, en particular, puede agravar la pobreza de los sectores populares. Es necesario, entonces, contemplar la posibilidad de una compleja configuración de condiciones estructurales y coyunturas que favorezcan la incidencia de linchamientos a nivel municipal. Si bien los factores de riesgo identificados pueden diferenciarse analíticamente, su convergencia y mutuo refuerzo en contextos particulares, como lo señala la literatura, requiere el uso de técnicas estadísticas para estimar su peso relativo en el resultado de interés.
En suma, entre las posibles explicaciones del linchamiento se encuentran la debilidad estatal y la tesis socioeconómica, a las que se añade una más: la presencia del CO. Para poner a prueba estas explicaciones empíricamente, a continuación se presenta un diseño de investigación que permite operacionalizar las variables clave y someterlas a inferencia estadística.
Datos y método
Dados los objetivos de investigación planteados, es necesario señalar dos aspectos clave para la prueba de las hipótesis expresadas: uno de carácter teórico y otro técnico. En el primer caso, se requiere un conjunto de observables empíricos con coherencia teórica, que permita agrupar los objetivos de manera que las correlaciones propuestas puedan ser evaluadas y demostradas como significativas. En el segundo caso, es fundamental generar variables independientes a partir de fuentes disponibles, procesar los datos para maximizar los controles y evitar sesgos, y finalmente, seleccionar y aplicar técnicas inferenciales adecuadas a la estructura de datos construida.
Al primer aspecto se responde a través de una regresión múltiple que incluya los observables empíricos de presencia deficitaria del Estado, desventajas socioeconómicas y CO, complementados con un conjunto de variables de control frecuentemente utilizadas en estudios de violencia a nivel regional (Land et al., 1990): estabilidad residencial (bajo el supuesto de que, a mayor tiempo de residencia, la población estará más vinculada con los asuntos comunitarios) y dos variables de composición: cohorte y razón de sexo (sobre todo tomando en cuenta que tanto víctimas como agresores se concentran en la población masculina joven).
El segundo aspecto requiere decisiones técnicas basadas en la disponibilidad de información adecuada para el problema planteado. En este sentido, se toma como unidad de análisis los municipios mexicanos presentes en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, con una muestra de 2469. Del mismo censo, se obtienen directamente variables como la distribución por cohortes de edad (población entre 15 y 24 años), razón de sexo y estabilidad residencial (población que no ha cambiado de residencia en los últimos 5 años). Para el observable de desventajas socioeconómicas, se utiliza el indicador de pobreza multidimensional del Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) a escala municipal para el año 2020. Al respecto, se consideran tres dimensiones: el bienestar económico, las carencias sociales y el contexto territorial.
La variable referente al CO es un proxy construido a partir de las carpetas de investigación por el delito de narcomenudeo a nivel municipal, acopiadas por las fiscalías locales y reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)2. Este proxy se basa en que el mercado ilegal de drogas es hegemónico por la cantidad de dinero movilizado y las redes de corrupción (Díaz-Román-2022).
Asimismo, la presencia deficitaria del Estado también es un proxy, calculado como el inverso de la proporción de votantes del listado nominal que ejercieron su derecho al voto en las elecciones federales, bajo el supuesto de que una menor participación electoral indica un menor compromiso con las autoridades estatales. Los datos se obtuvieron del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
La variable dependiente, linchamiento, proviene del proyecto LYLA (Lynching in Latin America) del Centro de Estudios para la Seguridad de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Este proyecto define la ocurrencia de linchamiento cuando se cumplen cuatro condiciones: un acto de violencia física, perpetrado por un grupo de civiles, en respuesta a una supuesta irregularidad, y con alguna forma de exhibición pública. La información se recopiló a través de codificadores humanos que revisaron noticias locales y nacionales, categorizando los eventos según esta definición (Nussio & Clayton, 2024). Para esta investigación, se cuenta el número de eventos reportados en los municipios mexicanos.
Además, siguiendo criterios habituales en el análisis de delitos a nivel regional para eventos de baja frecuencia, se colapsan las carpetas de investigación por narcomenudeo de los años 2015 a 2020 en una sola medición para estabilizar la variable, eliminar variaciones atípicas y maximizar la cantidad de información disponible, dado que son eventos de baja frecuencia y ocurrencia atípica (Messner et al., 1999; Escobar, 2012).
En cuanto a las variables censales y de CO, se expresan en su forma original, y se incluye la población total como criterio de exposición al riesgo. Para las variables de presencia deficitaria del Estado y desventajas socioeconómicas, se reportan conforme a la fuente de información.
Tomando en cuenta la importancia analítica para esta investigación, a continuación se presenta un resumen de las variables utilizadas, junto con sus fuentes y enlaces disponibles (Tabla 2). Asimismo, en la Tabla 3 se consignan los descriptivos básicos, de acuerdo con las precisiones metodológicas expuestas. Para complementar el análisis, se incluyen dos representaciones cartográficas. En el mapa de la Figura 1, la variable dependiente, linchamiento, se expresa en tasas poblacionales; mientras que en el mapa de la Figura 2 se relaciona la tasa de narcomenudeo con la tasa de linchamiento, considerando su relevancia para el análisis. Su interpretación es muy simple: la relación es más fuerte en aquellos lugares donde el tamaño de los círculos es mayor y la pigmentación más oscura. Dominan los núcleos poblacionales de las áreas centrales.
Sumario de variables
Fuente: Elaboración propia
Descriptivos
Fuente: Elaboración propia
Figura 1
Tasa de linchamientos
Fuente: Elaboración propia
Figura 2
Tasa de narcomenudeo y linchamientos
Fuente: Elaboración propia
Como se observa en la Figura 1, los linchamientos son eventos de baja frecuencia y con alta concentración de ceros: el 86 % de los municipios no registran linchamientos. Modelar con alguna técnica propia de una distribución normal haría que el modelo no cumpliera con los supuestos requeridos. Ante este hecho, la literatura técnica considera oportuno tratar esta variable como una variable de conteo, lo que llevaría a modelar bajo una distribución de la familia Poisson, dado que este tipo de modelo es resistente a bajas frecuencias y con abundancia de ceros (MacDonald & Lattimore, 2010; Osgood, 2000; Osgood & Chambers, 2000). Frente a la situación planteada, los modelos de regresión binomial negativa se tornan una opción viable, ya que son óptimos para el análisis de eventos agregados a nivel de área.
Estos modelos, al incluir un ajuste que considera la exposición al riesgo, permiten que los datos en formato de conteo se interpreten como tasas y bajo la forma de riesgos relativos, facilitando así la interpretación. A diferencia de los modelos Poisson, la regresión binomial negativa es resistente a problemas de sobredispersión, es decir, cuando la varianza observada es mayor que la varianza esperada (Hardin & Hilbe, 2007; Hilbe, 2014). De esta manera, la binomial negativa se visualiza como una corrección a un modelo Poisson con posibles problemas de sobredispersión. Su uso es recurrente en estudios de salud pública, donde se analizan enfermedades raras, así como en criminología y ciencia política para eventos poco frecuentes, como el homicidio y el linchamiento.
La ecuación del modelo es la siguiente:
Donde:
α: Intercepto
x': Conjunto de variables predictores que pueden ir desde x¡... xn
D2: Parámetro adicional de control por sobredispersión
Del lado izquierdo de la ecuación se muestra la distribución de la dependiente expresada en su logaritmo y con un denominador de base poblacional.
El modelo en cuestión se ajustó bajo el criterio de errores robustos, cuyos resultados se presentan en la Tabla 4. Todos los regresores resultaron significativos3. Un aspecto llamativo es que, en el caso de la presencia deficitaria del Estado, el coeficiente presenta una dirección contraria a la esperada, si bien su magnitud es muy baja. Además, es importante señalar que la elección federal de 2018 fue atípica, dado que fue la elección con mayor participación en la historia. En cuanto a la variable CO, esta es significativa, con la dirección esperada y con un coeficiente de magnitud notable.
Por otro lado, la estabilidad residencial también es altamente significativa, lo que sugiere que, a mayor tiempo de residencia en el municipio, los habitantes tienden a involucrarse más en los asuntos públicos. En cuanto a desventaja socioeconómica, su significancia indica que a mayor pobreza se incrementa el riesgo de linchamientos, aunque la fuerza del coeficiente es baja, lo que limita su peso explicativo en comparación con otros observables.
En cuanto a la razón de sexo, esta variable también resultó significativa, lo que implica que en municipios con mayor proporción de mujeres aumenta levemente el riesgo de linchamientos. Se realizaron pruebas de Wald por coeficiente, confirmando que los valores son diferentes de cero. El modelo también muestra un estadístico de dispersión cercano a la unidad, lo que confirma que se cumple el supuesto de sobredispersión, característico en los modelos de regresión binomial negativa (Hardin & Hilbe, 2007; Hilbe, 2014).
Modelo de regresión binomial negativo para linchamientos
Fuente: Elaboración propia
Discusión de resultados
En las últimas tres décadas, México ha experimentado un aumento sin precedentes en los niveles de violencia homicida, acompañado de la diversificación de actividades criminales y mercados ilegales, así como del surgimiento de nuevas organizaciones delictivas con una capacidad creciente para disputar el control territorial (Bergman, 2023; Maldonado, 2023). Este entorno de alta criminalidad ha coincidido con el surgimiento de diversas formas de vigilantismo y con la intensificación de expresiones de violencia extralegal.
En el último lustro, los linchamientos se han convertido en una preocupante manifestación de violencia colectiva en ascenso. Sin embargo, el apoyo popular a formas de violencia ejemplarizantes no es un fenómeno reciente en México ni en América Latina. El fenómeno del linchamiento se explica principalmente a la luz de la construcción del Estado y de las particularidades que ha adoptado en la región.
No obstante, pese a ser un fenómeno de larga data, la evidencia reciente indica que se trata de una forma de violencia colectiva cada vez más vinculada a las condiciones actuales de criminalidad (Gamallo, 2015; Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2019; Lomnitz, 2015; Kloppe-Santamaría, 2023). Las investigaciones previas han destacado tres posibles modelos explicativos según los cuales los linchamientos responderían a factores como: 1) el miedo al delito, la percepción de inseguridad y la propagación de pánicos morales; 2) la debilidad institucional y ausencia del Estado; y 3) las desventajas socioeconómicas acumuladas (Cruz & Kloppe-Santamaría, 2019).
En diálogo con dichos enfoques, el objetivo principal de la investigación fue analizar si la presencia del CO está asociada o no con la ocurrencia de linchamientos a nivel municipal en México. Este objetivo se planteó considerando que la violencia contemporánea en el país no puede limitarse a explicaciones socioeconómicas ni a factores tradicionalmente utilizados en la literatura, debido a la relevancia de los sistemas de poder regionales y locales bajo esquemas de CO, que han generado nuevas expresiones de violencia (Maldonado, 2023).
A diferencia del primer modelo explicativo identificado en la literatura, donde se argumenta que los linchamientos y otras formas de violencia colectiva son resultado de una elevada percepción de inseguridad, del miedo al delito y de la propagación de pánicos morales, más que del delito en sí (Snodgrass, 2004; Gamallo, 2015; Rodríguez & Veloz, 2014; Cruz & Kloppe-Santamaría, 2019), esta investigación optó por analizar su manifestación objetiva. La hipótesis planteada es que una mayor actividad del CO estaría asociada con un mayor riesgo de linchamiento. Esta hipótesis se formuló a la luz de la evidencia acumulada sobre la dependencia espacial de la violencia, lo que explicaría por qué, en aquellos lugares donde no solo hay presencia del CO, sino también fragmentación y disputa territorial entre grupos delictivos rivales, el riesgo de violencia letal es mayor (Dell, 2015; Osorio, 2015; Osorio, 2013; Ramírez, 2016; Hernández-Gutiérrez & López-Rodríguez, 2023).
De acuerdo con investigaciones clásicas como la de Snodgrass (2004), el miedo al delito sería un factor explicativo mucho más influyente que las tasas de criminalidad en la ocurrencia de linchamientos. Esto se debe a que los linchamientos no suelen concentrarse en áreas con alta incidencia delictiva. Por lo tanto, el fenómeno del linchamiento no puede interpretarse como una reacción directa a niveles elevados de criminalidad. Además, los linchamientos tienden a ser una respuesta a delitos menores, principalmente de carácter patrimonial, y no a los delitos asociados con el CO.
Sin embargo, el análisis contextualizado del fenómeno en México revela que la presencia del CO sí tiene un efecto significativo en la tasa de incidencia de linchamientos. Aunque es cierto que históricamente los linchamientos han tendido a concentrarse en el centro y sur del país (véase Figura 1), mientras que la presencia del CO muestra una distribución más heterogénea, existe una asociación clara y fuerte entre ambos fenómenos.
Además, episodios recientes de violencia colectiva, como los linchamientos ocurridos en Texcaltitlán, en el estado de México, en 2023, aportan evidencia de que la presencia del CO y las actividades delictivas de alto impacto, como la extorsión y el secuestro, pueden ser detonantes de eventos de violencia colectiva. El caso de Texcaltitlán es especialmente ilustrativo, ya que el incidente fue motivado por las cuotas exigidas por el grupo criminal La Familia Michoacana a los comuneros por cada metro cuadrado de sus campos de cultivo, sumado a la disputa territorial que este grupo delictivo mantiene con otras organizaciones en esa región del estado de México.
El segundo modelo identificado en la literatura explica la emergencia de distintas formas de violencia extralegal como una respuesta a las falencias del Estado y de sus sistemas de seguridad y justicia, así como a la persistencia de altos niveles de impunidad (Zizumbo-Colunga, 2010). De acuerdo con Cruz y Kloppe-Santamaría (2019), la violencia extralegal y los eventos de linchamiento serían una respuesta a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población. Hipotéticamente, se esperaría que mayor cercanía con las instituciones gubernamentales y mayor apoyo al sistema de gobierno democrático se asocien con menor aprobación a formas de violencia colectiva como el linchamiento.
Desde este enfoque, el aumento del vigilantismo y de las violencias colectivas ejemplarizantes, como el linchamiento, estaría también vinculado a procesos políticos y sociales más amplios, como los de democratización. Según Saín (2006, p. 129) y Davis (2006), el surgimiento de estas formas de violencia extralegal podría interpretarse como un efecto no previsto de la democratización. La presión que experimentan los gobiernos democráticamente elegidos para reducir la criminalidad y la violencia en contextos de alta ineficiencia institucional actuaría como un detonante de estas expresiones de violencia colectiva.
Para contrastar dichos planteamientos a nivel contextual, se analizó la correlación entre el inverso de la proporción de votantes que ejercieron su derecho en las elecciones federales de 2018 por municipio y la tasa de linchamientos. Este análisis se realizó bajo el supuesto de que los procesos de democratización pueden generar efectos no previstos, como el respaldo y la ocurrencia de violencia extralegal. Esta medida es novedosa en el campo investigativo, ya que tradicionalmente se analiza el apoyo político a través de indicadores como el desempeño del gobierno y la presencia del Estado, midiendo la proporción de policías para evaluar el respaldo de la población a formas de violencia como el linchamiento (Cruz & Kloppe-Santamaría, 2019).
Al contrastar estos planteamientos con la evidencia empírica para el caso mexicano, se observa que, aunque con un modesto riesgo relativo, el riesgo de linchamiento puede aumentar incluso en contextos con amplio respaldo a los procesos democráticos. Este hallazgo, aunque opuesto a la direccionalidad esperada, no resulta contradictorio (Blanco & Ruiz, 2013) y refleja las limitaciones de la inferencia causal con datos observacionales (Teles, 2023).
La interpretación de estos resultados debe entenderse a la luz de los hallazgos generales reportados en la literatura y de forma contextualizada para el caso en cuestión. Cabe señalar que las investigaciones previas han arrojado resultados mixtos (Blanco & Ruiz, 2013; Teles, 2023). Es decir, mientras Cruz y Kloppe-Santamaría (2019) reportan que la baja legitimidad gubernamental está asociada con elevados niveles de apoyo ciudadano a la violencia extralegal, también encuentran que, a medida que la población recurre con más frecuencia a las autoridades para buscar ayuda, las probabilidades de respaldar el uso de la violencia extralegal aumentan.
Una posible interpretación de los resultados observados se podría analizar a través de los efectos indirectos (Teles, 2023). En otras palabras, formas de violencia extralegal, como el linchamiento, no estarían directamente relacionadas con la legitimidad del régimen o los procesos democráticos, sino que estarían mediadas por la eficiencia o ineficiencia de las instituciones. Así, un mayor riesgo de violencia colectiva, como los linchamientos, podría ser resultado de una respuesta insatisfactoria o tardía por parte de las autoridades.
En cuanto a la interpretación contextual de los hallazgos, es crucial destacar que las elecciones de 2018 representaron un momento decisivo en la historia democrática de México. Según Alvarado (2019), este proceso electoral evidenció la confluencia de varios factores que influyeron en su resultado. Uno de los más importantes fue el triunfo abrumador del candidato a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, quien aglutinó el apoyo de amplios sectores de la sociedad. Su candidatura representaba las demandas históricas de millones de mexicanos en temas clave como seguridad, justicia, desarrollo y mejora de las condiciones socioeconómicas.
Un segundo factor fue la emergencia de una nueva organización política en el contexto de una crisis de representación a través de los partidos, no solo a nivel nacional, sino también regional. Las elecciones de 2018 fueron de las más concurridas en la historia de México, con más del 60 % de participación del padrón electoral, lo que permitió una transición de poderes hacia un nuevo partido gobernante. La alianza Juntos Haremos Historia obtuvo una cantidad de votos superior a la de los otros tres contendientes presidenciales juntos. El triunfo electoral de Morena fue contundente, perdiendo únicamente la gubernatura de Guanajuato. Además, se consolidó como la principal fuerza política en ambas cámaras (Aragón et al., 2019).
El tercer factor que marcó estas elecciones fue la violencia político-electoral, que se manifestó en un aumento del uso de recursos ilícitos y violentos durante los procesos electorales. Estas nuevas formas de violencia política abarcaron desde la coerción del voto hasta el asesinato de candidatos de distintos partidos políticos. Asimismo, hubo indicios de la posible intervención de organizaciones criminales en los comicios y en la cooptación de élites gubernamentales (Alvarado, 2019). Estos tres factores fueron determinantes en el curso de la contienda electoral, en un momento crítico en el que un gobierno elegido democráticamente, con una ventaja considerable, se comprometió a reducir la criminalidad y la violencia en un contexto de alta ineficiencia institucional.
Desde esta perspectiva, el crecimiento de fenómenos como el vigilantismo no se explica simplemente como una reacción ante la ausencia del Estado, sino por el vínculo potencial entre ambos. La influencia o participación del Estado en las diferentes formas que adopta el vigilantismo puede variar considerablemente a lo largo del tiempo y el espacio, así como entre y dentro de las distintas instituciones estatales (Moncada, 2017). En otras palabras, el surgimiento de las violencias extralegales se debe a las relaciones sociales que operan dentro del Estado y como consecuencias (outputs) de los regímenes de gobierno, y no son consecuencia de una aparente ausencia del Estado.
Finalmente, el tercer modelo explicativo identificado sostiene que las desventajas socioeconómicas acumuladas pueden generar condiciones propicias para la aparición de formas de violencia extralegal. Según Phillips (2017), la desigualdad podría funcionar como una condición necesaria, pero no suficiente, para generar la organización de la violencia colectiva por sí sola. Sin embargo, cuando el acceso a los sistemas de seguridad y justicia se vuelve más desigual, el sentimiento de inseguridad o privación podría alentar a la población a recurrir a formas de violencia extralegal. Siguiendo a Cruz y Kloppe-Santamaría (2019), el linchamiento aparecería en contextos donde la desigualdad y la marginación estructuran las relaciones sociales y el acceso a la seguridad. Los resultados indican que, a medida que aumenta la pobreza, también lo hace el riesgo de linchamientos. Sin embargo, la magnitud del coeficiente es baja, lo que reduce su capacidad explicativa en comparación con otros factores observados. A pesar de ello, este hallazgo se suma a la evidencia acumulada.
Las variables sociodemográficas fueron incluidas principalmente como variables de control. Los resultados mostraron significancia particular para la estabilidad residencial y la razón de sexo. La estabilidad residencial se asoció positivamente con el riesgo de linchamiento, lo que permite interpretar este factor como un facilitador de procesos de organización social comunitaria con base en relaciones para la resolución de problemas comunes. Los linchamientos parecen responder a distintos niveles de organización, lazos sociales previos e identidades comunes en un territorio compartido (Gamallo, 2015, p. 196). Respecto a la razón de sexo, tuvo una asociación significativa, lo que implica que, a mayor cantidad de mujeres a nivel municipal, se incrementa levemente el riesgo de linchamientos (Messner, 1991; Blanco et al., 2021).
Estos hallazgos se interpretan en términos de la composición sociodemográfica a nivel contextual y de las desventajas socieconómicas. Riesgos mayores de linchamiento estarían asociados con un mayor nivel de vulnerabilidad sociodemográfica. Por otro lado, se deben considerar estas asociaciones con cautela, pues generalmente se tiende a correlacionar, sin una relación causal sustentada, situaciones de conflicto con contextos de pobreza o con población rural, lo que refuerza una relación peligrosa y posiblemente sesgada (Mendoza, 2008).
Conclusiones
Como se ha evidenciado, aunque la presencia de CO tiene un efecto significativo en la tasa de linchamientos en México, otros factores como las desventajas socioeconómicas, la presencia deficitaria del Estado y la estabilidad residencial también desempeñan un papel crucial. Estos hallazgos aportan una perspectiva más matizada y contextualizada, que puede guiar futuras investigaciones y políticas públicas orientadas a mitigar la violencia extralegal en el país.
Futuras investigaciones podrían enfocarse en las interacciones entre los factores de riesgo identificados y las diferentes modalidades de acción colectiva ante la victimización.
Es necesario realizar más estudios en este sentido, ya que los linchamientos no son una respuesta mecánica ni homogénea ante una configuración de condiciones estructurales (Moctezuma, 2019). Quienes ejercen este tipo de violencia tienden a compartir intereses y valores comunes que explican su disposición a tomar represalias contra presuntos delincuentes (Gamallo, 2015). Aunque es difícil estudiar los móviles de estos actores, algunos especialistas han descubierto que, en muchos casos, los linchamientos son detonados por rumores, alarmas y noticias falsas que generan estados de "pánico moral" (Galleguillos, 2022; Kloppe-Santamaría, 2021). Por tanto, es posible que estudios de caso enfocados en este tipo de linchamientos revelen los sentidos comunes que estructuran las acciones de quienes participan en estos actos.
Por último, estos hallazgos, más allá de sus limitaciones, son un llamado a reflexionar sobre cómo, en los contextos donde opera el CO, se pueden generar órdenes locales de violencia que se reproducen, es decir, una violencia que engendra más violencia. El enfoque seguido en esta ocasión es el de los estudios orientados a variables; no obstante, esto no impide que se retome el planteamiento desde otras rutas metodológicas que revelen actores y significados en situaciones definidas, o bajo enfoques teóricos diversos, como el de las lógicas de la violencia en la guerra civil, que pueden coincidir con el problema definido, a pesar de las diferencias teóricas, metodológicas y disciplinares.
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Notes
Author notes
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