El sistema de Estados-nación soberanos por el que se rige el mundo contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XIX, asume que cada persona tiene derecho a ser ciudadano de un país, es decir, “pertenecer” legalmente a una nación (Mateos, 2015). Este acuerdo deriva en mecanismos institucionales mediante los cuales los Estados refuerzan o generan dispositivos de inclusión o exclusión, a través de procesos selectivos que permiten o prohíben la entrada a sus territorios. Al mismo tiempo, la política de nacionalidad es un instrumento de política migratoria ya que establece de facto la figura del migrante ilegalizado, aquel que pisa suelo extranjero sin la autorización de sus aparatos institucionales y sin acceso a la ciudadanía, misma que puede adquirirse a través de tres vías generales: el derecho de sangre o ancestría, el derecho de suelo por nacimiento y la naturalización por residencia o inversión económica (Mateos, 2015). Aun cuando existen países que ostentan una ciudadanía abierta como Ecuador o Bolivia, u otros que consideran la ciudadanía como un derecho humano como Argentina u Brasil, el derecho a la nacionalidad y a la movilidad no siempre es respetado. “Si bien Brasil y Chile reconocen el derecho a la nacionalidad según el principio del ius soli, de manera irrestricta (en el caso brasileño) e incluyendo a los hijos de migrantes indocumentados (en el caso chileno), no siempre los funcionarios les reconocen este derecho como mandan las legislaciones respectivas” (Bourgeois, 2020, p. 108). Los regímenes de movilidad establecidos por los Estados promueven, pues una estratificación global al otorgar derechos a determinadas personas para desplazarse por sus territorios e impedírselo a otras (Kron, 2011, como se cita en Jorge, 2019, p. 91).

En nuestro continente, Estados Unidos juega un papel decisivo en las políticas migratorias de los países que integran el corredor migratorio sur-norte, uno de los mayores del mundo. Las medidas de regulación migratoria son cada vez más restrictivas y están enfocadas en la securitización. En los últimos años, una de las reacciones del gobierno estadounidense frente a la diversificación y aumento de los flujos migratorios ha sido la presión intensificada sobre el gobierno de México para que detenga la llegada a su frontera sur de personas migrantes sin documentos.

El paradigma de la seguridad no es nuevo, responde a un largo proceso que se remonta a 1986 con la reforma migratoria denominada Immigration Reform and Control Act (IRCA). Con esta reforma se liberalizaron los controles para el tránsito de bienes, mercancías, servicios, capital y profesionales, técnicos de alto nivel, inversionistas y empleados de compañías transnacionales (Massey et al., 2009). Dicha reforma favoreció la regularización de un gran número de migrantes –principalmente mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños– que se encontraban en los Estados Unidos sin documentos legales (Gramajo, 2020). Pero al mismo tiempo se impusieron nuevas barreras e impedimentos para el tránsito de trabajadores entre ambos países. A partir de la ley IRCA se desencadenó el proceso de militarización de la frontera, que se incrementa año con año y que persiste hasta nuestros días (Gramajo, 2020).

En 1996 entró en vigor otra ley: Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act (IIRAIRA), la cual castigaba a los migrantes legales residentes –y no solo a los indocumentados– al negarles el acceso a una serie de servicios y prestaciones en el campo de la educación y la salud. Los ataques terroristas de 2001 en Estados Unidos dieron lugar a la suposición de que existía una conexión entre migración, terrorismo y seguridad nacional. De este modo, la frontera mexicana se convirtió en el nuevo campo de batalla en la lucha contra el terrorismo (Gramajo, 2020).

Se elaboraron a partir de entonces, varias iniciativas bi y plurinacionales como el Plan Sur (2001-2003) que insistían en el control y represión de las personas indocumentadas. En esta misma línea de lucha contra el tráfico y terrorismo (frecuentemente asociados en los discursos), se creó en 2002 el Grupo de Alto Nivel sobre Seguridad Fronteriza (GANSEF) entre México, Guatemala y Belice, para controlar los flujos indocumentados o ilegales de mercancías y personas. Por su parte, en 2005, la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte se enfocó hacia la protección del movimiento legítimo de personas y mercancías. La Iniciativa Mérida en 2008, más ambiciosa, pretendía combatir el crimen organizado y controlar las fronteras respetando a las comunidades locales.

En México, fue muy importante la Reforma a la Ley General de Población de 2008 que afirma la despenalización de las situaciones (y personas) indocumentadas; es decir, considera que la indocumentación no es delito y solo merece una sanción administrativa. Otro hito relevante para la migración aconteció en el año 2011, cuando entró en vigor en México la Ley de Migración, que establece la normatividad en materia de tránsito y estancia de extranjeros, insistiendo en el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la seguridad nacional. La siguió, el mismo año, la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

En la última década, dos crisis han puesto en evidencia nuevas problemáticas frente a las características del flujo migratorio; ambas dieron paso a nuevas reformas en las políticas migratorias de México y Estados Unidos (Gramajo, 2020).

La primera de ellas fue la “crisis humanitaria” derivada de la llegada de decenas de miles de menores no acompañados procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador en 2014. La segunda crisis reciente inició en octubre de 2018, con la puesta en marcha de las caravanas de migrantes centroamericanos –mayormente personas hondureñas– que llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos atravesando México. Estos éxodos masivos de población fueron un desafío al orden estatal de ambos países, por lo que a mediados de 2019 el presidente de Estados Unidos –Donald Trump (2017-2021) exigió al presidente de México -Andrés Manuel López Obrador (2018-actualidad)– contener el flujo migratorio centroamericano incrementado por las constantes caravanas. Trump amenazó con imponer una tarifa arancelaria a las importaciones mexicanas; de tal modo, que el gobierno mexicano se vio presionado a fungir –de manera más explícita que nunca– como filtro migratorio, reforzándose a la vez la relación asimétrica entre ambos países (Calderón, 2021). Este “acuerdo” dio lugar al incremento de agentes de la Guardia Nacional de México en once municipios de su frontera sur en junio de 2019 y en julio en Baja California, para contener el flujo de personas procedentes no solo de Centroamérica, sino también de África, Cuba, Haití y Venezuela principalmente. A partir de entonces hubo un aumento de deportaciones que afectó incluso a trabajadores migrantes transfronterizos, obstaculizando o demorando su circulación por la frontera México-Guatemala (Calderón, 2021).

De forma paralela, Estados Unidos ha mantenido el Estatus de Protección Temporal o Temporary Protected Status (TPS) que se estableció a partir de la Ley de Inmigración de 1990. Consiste en una protección de carácter temporal a ciudadanos de países seleccionados por el gobierno de los Estados Unidos, especialmente aquellos que se ven afectados por conflictos armados o desastres naturales. Proporciona un permiso de trabajo y suspensión de la deportación a los ciudadanos extranjeros de esos países que se encuentran en los Estados Unidos en el momento en que el gobierno de los Estados Unidos hace la designación. Tal fue el caso de la protección a hondureños desplazados por el Huracán Mitch en 1998. Ciudadanos de El Salvador también han sido beneficiados con este estatus entre 1990 y 1992, debido a los conflictos armados en ese país, y nuevamente en 2001 a causa de los terremotos que azotaron su territorio (Cohn et al., 2019, como se cita en Gramajo, 2020, p. 35). Algunos de los países cuyos ciudadanos se han visto beneficiados por este estatus son: Haití, El Salvador, Siria, Nepal, Honduras, Yemen, Somalia, Sudán, Nicaragua y Sudán del Sur. En el caso de El Salvador y Honduras el TPS se encontró vigente hasta el 4 de enero del 2021 (Gramajo, 2020). Al 16 de febrero de 2022, se estimaba que 354 625 personas con TPS vivían en los Estados Unidos. Además, aproximadamente 145 800 personas pueden ser elegibles para TPS bajo tres designaciones anunciadas por la administración de Biden en marzo y abril de 2022 (Homeland Security, 2022).

Otro instrumento de regulación de la migración es el Protocolo de Protección a Migrantes, o Migrant Protection Protocols (MPP), iniciado en enero de 2019 ante la crisis de las caravanas. Esta fue una disposición gubernamental de los Estados Unidos mediante la cual los ciudadanos y nacionales de países distintos a México que pretendieran ingresar por tierra a Estados Unidos desde este país, podrían ser devueltos a México de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad –Immigration and Nationality Act (INA)– mientras sus procedimientos de remoción se encontraran pendientes. Por su parte, el gobierno mexicano se comprometía a proveer protección humanitaria a las personas colocadas en el país bajo el MPP (también conocido como Quédate en México) incluyendo documentación de inmigración y acceso a asistencia médica, educación y empleo. En octubre de 2022 se dio por terminado este programa tanto en Estados Unidos como en México.

En marzo de 2020 se puso en marcha otra medida de control migratorio: la reactivación del Título 42, mismo que refiere a una orden de salud pública de emergencia que se estableció en Estados Unidos en 1944, según la cual el gobierno puede expulsar de forma inmediata a cualquier extranjero que presente el riesgo de introducir una enfermedad al país. Dicha disposición permite deportar automáticamente a la mayoría de los migrantes indocumentados sin darles la oportunidad de solicitar asilo, al considerarlos un riesgo sanitario. Bajo este mandato, se ha privado a cientos de miles de personas del derecho de solicitar asilo.

La Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP por sus siglas en inglés, Customs and Border Protection) calcula que de marzo de 2020 a mayo de 2022 fueron expulsadas el 60 % de las personas migrantes irregulares bajo el Título 42, lo que supondría 1.7 millones. A pesar de ello, ha habido excepciones al permitir el cruce de personas con altos grados de vulnerabilidad, principalmente mujeres con hijos. Organizaciones humanitarias han documentado la saturación de albergues en ciudades fronterizas mexicanas, así como el deterioro en la salud mental de las personas y la larga espera (de hasta más de seis meses en algunos casos) de mujeres, madres con hijos y familias completas para poder ingresar de manera regular a Estados Unidos bajo solicitud de asilo. Sobresalen los casos con necesidades urgentes de protección de mujeres víctimas de violencia de género (García Cabezas, 2023). El Tribunal Supremo de Estados Unidos de América, decidió mantener esa normativa de salud pública hasta febrero de 2023 (Granadillo, 2022).

A pesar del papel crucial de México en la trayectoria de las personas migrantes con destino a los Estados Unidos, el tema migratorio no ha sido prioritario durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sus directrices han sido reacciones y respuestas a las presiones norteamericanas. Antes bien, el gobierno mexicano parece asumir la postura de las agencias internacionales según la cual la migración se debe únicamente a crisis expulsoras en los países de origen de los migrantes. Siguiendo esta línea, las intervenciones de México se han construido a partir de la inserción en el Plan de Desarrollo Integral Mesoamericano que elaboró la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), cuyo objetivo es impulsar la integración del norte de Centro América a partir del desarrollo de inversión, bienestar social y gestión integral del ciclo migratorio con seguridad humana. La participación de México en dicho Plan se expresó en donativos a los gobiernos de El Salvador y Honduras para que impulsaran en sus países los dos programas principales del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Sembrando vida” y “Jóvenes construyendo el futuro”. De este modo, México pretende contribuir al desarrollo de estos países, sin planear acciones pragmáticas orientadas a enfrentar las condiciones de violencia y pobreza estructural que expulsan a la población. Otra respuesta mexicana a la presión estadounidense ha sido la creación de los Centros Integradores para Migrantes, establecidos en cuatro ciudades fronterizas del norte del país: Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros².

Como ya señalamos, la otra y principal acción de México, como respuesta a la presión del gobierno estadounidense, ha consistido en intensificar los mecanismos de securitización para contener la migración, con el despliegue de las fuerzas armadas en las fronteras norte, sur y a lo largo de los corredores de migración.

La movilidad de las personas en México ahora es mucho más compleja y diversa que en los últimos cuatro lustros. En la actualidad, transitan por el país personas provenientes de otras partes del mundo, no solamente de Centroamérica, sino de países del Caribe, África, Asia, América del Sur, Ucrania y Rusia, entre otros. Además de ello, las personas migrantes experimentan distintas combinaciones de movilidad: en tránsito, solicitantes de refugio en condiciones de atrapamiento y espera en las fronteras sur y norte, refugiadas, deportadas de Estados Unidos y trabajadores migratorios transfronterizos. Asimismo, México es país de destino para un número cada vez mayor de personas migrantes en situación irregular, aunque para muchas de ellas este no era su plan original.

Asistimos pues, a una intensificación de la institucionalización del aparato migratorio mexicano, con la redefinición y ampliación de la función de organismos nacionales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM), los cuales constituyen los pilares sobre los que descansa la política migratoria mexicana (Hoffmann y Rodríguez, 2021).

Por su parte, los albergues y refugios se han consolidado como espacios emblemáticos de acogida y de lucha a favor de los derechos humanos de las personas migrantes. Existe una amplia gama de establecimientos que brindan distintos tipos de servicios y cuentan con la más variada infraestructura y fuentes de financiamiento, muchos de ellos están afiliados a instituciones religiosas. Entre los que cuentan con mayores recursos destacan aquellos financiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), los cuales se encuentran directamente vinculados a las acciones de la COMAR, en tanto se orientan a la atención de la población migrante solicitante de refugio (Hoffmann y Rodríguez, 2021).

Las modificaciones en las rutas que siguen las personas migrantes han sido definitorias en el surgimiento de nuevos albergues en los últimos años, principalmente en los estados de Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, así como en la frontera norte, sobre todo en los estados de Nuevo León y Baja California. En 2018 se contabilizaron en México cerca de cien establecimientos humanitarios para la atención a migrantes (OIM, 2017). Es evidente, por lo tanto, la emergencia de un campo de acción humanitaria en expansión desde las organizaciones eclesiales -de diferentes confesiones religiosas- hasta organizaciones más politizadas y con un discurso de protección a los derechos humanos.

Al lado de esta dinámica de la sociedad civil y de la multiplicación de asociaciones y organizaciones no gubernamentales, se nota la internacionalización de la gestión de las migraciones, dentro y fuera del sistema gubernamental. El ejemplo paradigmático es la presencia de ACNUR, cuya intervención muestra una de las formas de regulación que exceden el ámbito de los Estados nacionales.

También es importante recalcar la actuación de los propios migrantes. Tanto en las caravanas migrantes que atravesaron la región sur del país a finales de 2018, como fuera de ellas, ha cobrado relevancia el papel activo de las mujeres migrantes, quienes no solamente se han visibilizado como protagonistas de la lucha por el derecho a transitar por el territorio mexicano, sino que también se han organizado en colectivos para la búsqueda de familiares desaparecidos en territorio mexicano. Un claro ejemplo de ello es la Caravana de Madres Centroamericanas que desde el año 2004 recorre distintos puntos del país, en la búsqueda de sus hijos migrantes que desaparecieron en México durante su trayecto hacia Estados Unidos. De ese modo, las mujeres, migrantes o no, se han transformado en una figura política que cuestiona al Estado. Su papel activo mediante la formación de los colectivos de búsqueda de sus familiares desaparecidos y la emergencia de la figura de la madre combativa, ahora se transforma en una imagen política de alto alcance que increpa al Estado por su incapacidad para ofrecer respuestas.

También encontramos agencia –en el sentido de acción estratégica del sujeto (Bourdieu 1997)– de las personas migrantes atrapadas en las fronteras norte y sur del país, en espera de poder solicitar el refugio –en Estados Unidos o en México– o de obtener un permiso temporal para transitar por el territorio mexicano sin ser deportadas. Las personas migrantes toman las opciones que les permiten sobrevivir y sus decisiones van cambiando de acuerdo con las circunstancias. Cada etapa de la trayectoria migratoria les presenta un abanico de posibilidades; cada familia, cada migrante, maneja la gama de opciones dependiendo del momento y el lugar donde se encuentra. Si es el momento de unirse a una caravana, por ejemplo, toman esta alternativa, o bien, si se presenta la posibilidad de solicitar la condición de refugiado lo intentan, al mismo tiempo que buscan otras posibilidades para seguir adelante o para quedarse en determinado lugar. Se convierten en opciones para sobrevivir.

Estas son las principales constantes –no por eso menos dinámicas– que caracterizan el dispositivo migratorio a lo largo y ancho de la región, en cuanto a los instrumentos políticos de regulación desplegados desde los Estados, a las iniciativas institucionales privadas y públicas implementadas, y a los actores que las encarnan.

Otra determinante global fue sin duda la pandemia de SARS-COVID-19 que a partir del año 2020 azotó a la región como al planeta entero. En cuanto a sus impactos sobre el dispositivo migratorio y sus actores, algunos fueron generalizados mientras otras respuestas no fueron unánimes y se diferenciaron de una porción de la región a otra.

Las políticas selectivas y de contención preexistentes en la región se complejizaron con los efectos de la pandemia de SARS-COVID-19. La retórica de la "crisis sanitaria" fue un argumento adicional para aplicar medidas más restrictivas hacia los migrantes. Si bien en los lugares de tránsito y destino, el "otro" se concebía como una amenaza latente, dicha percepción se acentuó durante el contexto pandémico. Si esta situación tuvo un impacto inédito en las movilidades e interacciones sociales a escala global, este fue particularmente relevante para las personas migrantes, cuyo objetivo era continuar el trayecto en un momento en que se abogaba justamente por la supresión de la movilidad como estrategia para contener el avance de la pandemia.

A principios de abril de 2020, la gran mayoría de las naciones del continente americano, incluyendo a Guatemala y Estados Unidos –los dos países fronterizos con los que México comparte sus límites nacionales– habían optado por el cierre de sus fronteras (Mcauliffe and Triandafyllidou, 2021). También se incluyeron medidas para restringir la movilidad al interior de los espacios nacionales como lo documenta el programa Inmovilidad en las Américas desde 2020 (Proyecto COVID-19 e (in)movilidad en las Américas (s.f.)). El discurso de la pandemia sirvió como excusa para el cierre de las instituciones que proveían de servicios y protección a la población en movilidad y, al mismo tiempo, fortaleció la militarización en las áreas fronterizas. En Estados Unidos entró en vigor el Título 42, lo que dio lugar a que miles de personas quedaran varadas en las fronteras de los distintos países del corredor migratorio Centroamérica-Estados Unidos.

En México no hubo una respuesta organizada para atender las necesidades sanitarias de las personas migrantes, sino una gran variedad de reacciones según las regiones y las situaciones; en algunos casos se les expulsó de las Estaciones Migratorias –como en Acayucan, Veracruz– para evitar el hacinamiento y el contagio, sin prever su futuro inmediato, obligando a algunos albergues a recibirlos aun sin tener las condiciones para hacerlo. Se produjeron protestas frente a algunos albergues por parte de vecinos –como en Oluta, Veracruz– debido a la presencia de migrantes que se consideraban fuente de contagio.

Al mismo tiempo, el confinamiento paralizó los procesos de las solicitudes de refugio, aumentando aún más la incertidumbre legal en la que se encontraban los migrantes. Estas medidas contribuyeron a dejar a un gran número de migrantes irregulares indefensos y necesitados de un lugar donde resguardarse. La mayoría de los albergues permanecieron cerrados durante largos periodos en los años 2020 y 2021, y otros aplicaron reglas específicas cuando se abrieron, como la prohibición de entradas y salidas de los residentes más que a lo estrictamente indispensable.

Algunos albergues, por ejemplo, continuaron recibiendo a solicitantes de refugio, pero permanecieron inaccesibles durante largos períodos para las personas en tránsito a quienes consideraban potencialmente contagiosas. Este fue el caso de los albergues ubicados en las ciudades de Acayucan y Coatzacoalcos, Veracruz. Otros lugares de acogida, como el ubicado en Guadalupe La Patrona, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, asignaron un área separada de las instalaciones principales con el fin de brindar alojamiento a los migrantes en tránsito, pero quedó suspendido el servicio del comedor.

Durante la pandemia de COVID-19, gran parte de estos espacios de refugio para personas migrantes en las comunidades de Tijuana y Ciudad Juárez limitaron su cupo máximo y restringieron la admisión de nuevos ingresos para contener el contagio, encontrándose las personas recién llegadas sin opciones de alojamiento y expuestas a situaciones de vulnerabilidad. Para mitigar estos riesgos la OIM México decidió implementar el Hotel Filtro, un espacio digno para realizar la cuarentena (OIM, s.f.).

En la región del Soconusco, Chiapas, la precarización del trabajo fue una de las primeras consecuencias de la pandemia. Se desaceleró la economía, especialmente la informal, lo que impactó gravemente a poblaciones migrantes cuyas condiciones de vida eran ya de por sí precarias. Ante la falta de trabajo, se vieron orillados a pedir dinero en las zonas urbanas de mayor movilidad y dormir en las plazas públicas frente al cierre de los albergues. Las expresiones xenofóbicas se vieron exacerbadas por el miedo a los contagios (Rivera y Wilson, 2020). Los trabajadores migrantes transfronterizos experimentaron aún más la generalizada y recurrente carencia de acceso a derechos sociales y a las condiciones de vivienda que se caracterizan por el hacinamiento y falta de servicios básicos.

En Costa Rica, entre 2020-2022, en el marco de la pandemia del COVID-19 y con la justificación del control sanitario, se desarrolló una política de desmantelamiento del sistema de “flujo controlado” y con ello de los sistemas de atención humanitaria, lo que implicó el cierre de los Centros de Atención Temporal para Personas Migrantes (CATEM) en Costa Rica –y también en Panamá–. La frontera Costa Rica-Panamá permaneció cerrada en el 2020; en 2021 hubo una apertura exclusivamente para el turismo y actividades económicas, comportando una política de control a personas migrantes en condición irregular. Este proceso tuvo como impacto la constitución de nuevas rutas migratorias irregulares, así como un aumento de conflictos de diferente índole con las comunidades de tránsito migratorio (Navarro, 2021; Rodríguez et al., 2022).

Partícipe de este proyecto de investigación, Abelardo Morales subraya:

En 2019 el sistema migratorio centroamericano se dividía en dos espacios subregionales: el primero, constituido por Guatemala, Honduras y El Salvador agrupaba el 80 por ciento del stock de migrantes externos –concentrados en Estados Unidos–; el segundo, en torno al corredor conformado por Nicaragua, Costa Rica y Panamá, concentraba el 68 por ciento de las migraciones intrarregionales, en su mayoría nicaragüenses residentes en Costa Rica (Morales, 2020, p. 26).

En este sistema regional, Costa Rica es un importante destino de población migrante y refugiada en la gran región mesoamericana. Esta característica se enmarca en tendencias demográficas, sociales, ambientales y económicas de largo plazo experimentadas en Centroamérica. Es notable la población de origen nicaragüense en Costa Rica.

Morales y Castro (2002) identifican tres etapas en la migración reciente de personas nicaragüenses a territorio costarricense. La primera etapa estuvo asociada al desplazamiento y lucha contra la dictadura en Nicaragua; la segunda se dio en correspondencia al desplazamiento de la postrevolución sandinista, mientras que la tercera se desarrolló en la década de 1990, donde se observó un mayor desplazamiento de personas por razones económicas, laborales, ambientales y de reunificación familiar, todo ello enmarcado por la cercanía geográfica entre ambos países. Esta migración transforma el país desde el interior: en las últimas dos décadas han nacido en Costa Rica alrededor de setecientas mil personas de padre o madre nicaragüense, lo que representa una quinta parte de los nacimientos, dando lugar a la segunda generación de hogares binacionales. Sin embargo, esta generación no suele expresar la experiencia binacional, debido a tres factores principales. Por una parte, se trata de una migración reciente cuyos protagonistas aún no se configuran como actores políticos; por otra, la xenofobia silencia la expresividad binacional y, por último, el sistema educativo no promueve el reconocimiento intercultural.

Los nuevos flujos están transformando esta configuración geopolítica regional. Hasta los últimos años regía el modelo geopolítico de dos sistemas migratorios subregionales, los llamados triángulos migratorios: uno (triángulo sur) centrado en Panamá-Costa Rica-Nicaragua, el otro (triángulo norte, conformado por El Salvador-Guatemala-Honduras) con una migración orientada hacia el norte centroamericano, México y Estados Unidos (Benítez Manaut, 2017). Hoy este modelo ya no explica el conjunto de las movilidades, siendo muy numerosos los migrantes que atraviesan el “triángulo sur” para llegar al norte, y muy numerosos los que no logran salir del “triángulo norte” y quedan atrapados en alguno de los países³.

Estas transformaciones se aceleraron en los últimos veinte años. En la migración en tránsito por Costa Rica y Panamá pueden identificarse cinco etapas o “puntos de quiebre” a) 2005-2014: flujos irregulares, poco reconocidos por la opinión pública y con tránsitos rápidos; b) 2015-2016: flujos irregulares organizados y numerosos con mayor visibilidad mediática y condiciones de inmovilidad frente al control fronterizo impuesto por Nicaragua; c) 2016-2019: flujos controlados, regularizados y atendidos en un sistema binacional de atención migratoria entre Panamá y Costa Rica, con el establecimiento de Centros de Atención Migratoria, bajo la premisa de que se trataba un tránsito rápido y con escaso contacto con la población local; d) 2020-2022: cierre de fronteras, condiciones de inmovilidad involuntaria y desmantelamiento del sistema humanitario de atención (Navarro, 2021 y 2022).

La quinta etapa se da a partir de 2015 cuando la frontera Costa Rica-Panamá se configuró como lugar de tránsito de personas migrantes provenientes de diversas regiones del mundo: Sudamérica, el Caribe, Asia Meridional, así como de las diferentes regiones de África. Ello ha tenido implicaciones en los imaginarios sobre las personas migrantes por parte de las poblaciones locales; al mismo tiempo, se han presentado nuevos desafíos de índole social y política. Por ejemplo, la reconfiguración de la política migratoria y la constitución de nuevos espacios de socialización y organización a nivel local, lo que involucra tanto a las personas migrantes establecidas en el país como a las comunidades de tránsito.

Este fenómeno ha derivado en el progresivo desarrollo de un nuevo sistema de control migratorio, en el cual el espacio comprendido por Costa Rica y Panamá puede entenderse como una “tercera frontera” en el contexto mesoamericano. En este espacio la frontera de México-Estados Unidos constituye una primera frontera directa, México-Guatemala una frontera externalizada y Costa Rica-Panamá una tercera frontera articulada a un sistema de retención progresivo, cuyo principal fin es retener los flujos migratorios que cruzan la región del Darién. Este sistema se compone por flujos migratorios caracterizados por la diversidad (nacional, étnica, social, entre otros) y la superdiversidad, entendida en la perspectiva planteada por Steven Vertovec (2022), como la constitución de nuevos patrones migratorios y la multiplicación de patrones de desigualdad, prejuicio, segregación y prácticas racializantes.

De tal manera que presenciamos un proceso de reconfiguración del “corredor migratorio centroamericano”, en el que se han afianzado las políticas de endurecimiento, de control, de rechazo y expulsión de las personas migrantes, como resultante de los enormes vacíos relacionados con la protección de sus derechos en los países de origen, de tránsito y de destino. La migración de mujeres y menores de edad no acompañados huyendo de la violencia o en búsqueda de la reunificación familiar, presenta nuevos desafíos para la protección de sus derechos. Las caravanas migrantes han contribuido a dar mayor visibilidad en los medios de comunicación a los riesgos de la movilidad por el corredor migratorio centroamericano.

Tapachula es la segunda ciudad más poblada de Chiapas, después de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado; es la más importante en la región del Soconusco, ubicada en el extremo sur del estado, a 37 kilómetros de Ciudad Hidalgo, ciudad fronteriza con Tecún Umán, Guatemala. Si bien Tapachula es un lugar de tránsito importante para la población migrante de origen centroamericano, durante los últimos años ha sido notable la presencia de miles de personas de otros orígenes, entre ellos haitianos que buscan adquirir el estatus de refugiado, aunque también hay –en menor medida– migrantes extracontinentales. El aumento de solicitudes de refugio se ha dado de manera significativa. En 2019 la COMAR registró 5 539 solicitudes; en 2020 no aumentó debido a la pandemia de SARS COVID 19, pero en los primeros siete meses de 2021 fueron 13 255 solicitudes, llegando a 130 000 a finales de ese año⁴. Según la propia COMAR, alrededor del setenta por ciento de quienes solicitan la condición de refugiado en México lo hacen en Tapachula. Mientras realizan los trámites migratorios, las personas migrantes enfrentan dificultades para encontrar trabajo y vivienda debido a distintos factores como el idioma en el caso de la población haitiana, la falta de recursos económicos, la discriminación y la saturación de los albergues. Por su parte, en la frontera sur, la violencia es una condición latente debido a la presencia del crimen organizado involucrado en la trata de personas, el secuestro y la desaparición forzada (Ruiz Lagier y Felipe, 2021), circunstancia que afecta tanto a los habitantes de la zona, como a quienes se encuentran en tránsito o en espera de la regularización de su situación migratoria.

Advertimos, pues una situación más precaria y estancias más prolongadas de las personas migrantes, muchas de las cuales no solicitan el estatus de refugiado, sino que se proponen solamente avanzar hacia el norte en la irregularidad y clandestinidad. La espera entre quienes aguardan la atención del INM y la COMAR para movilizarse sin ser deportados, genera angustia e incertidumbre, situación que suele prolongarse durante meses. Este escenario ha generado movimientos de protesta, sobre todo por parte de la población haitiana (principalmente entre febrero y marzo del 2022) frente a las oficinas del INM de Tapachula, exigiendo a las autoridades que atiendan sus trámites para acreditar su estancia legal y poder transitar por el país sin el riesgo de la deportación.

En este entorno tan complejo, destaca la presencia de ACNUR en Tapachula y la región. Este organismo se está posicionando como actor clave para la gestión de la migración en Tapachula y define la agenda local de gestión de la migración. En el año 2020 se puso en marcha la apertura de un albergue financiado en gran parte por ACNUR (denominado Hospitalidad y Solidaridad), con capacidad para trescientas personas, especialmente refugiadas y solicitantes de asilo.

Dos “novedades” llaman la atención en la frontera sur: el caso particular de los haitianos, que en su momento fueron muy visibilizados en la escena pública; y la alteración de un sistema laboral transfronterizo que llevaba años de funcionalidad económica para grupos de interés de ambos lados de la frontera. Ambos cambios son objeto de los apartados siguientes.

El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse en julio del año 2021, dio lugar a una agudización de la violencia generalizada y de la pobreza estructural que provocó que un gran número de personas salieran de Haití buscando ingresar a Estados Unidos y con la esperanza de obtener asilo. Sin embargo, a la par se fortalecieron los controles en las fronteras mexicanas y se buscó persuadir a las personas de llegar a Estados Unidos a través del programa MPP o Quédate en México, obligándolas a permanecer en mayor incertidumbre jurídica durante semanas y meses. Además, se encontraba en vigor la normativa Título 42, medida de deportación rápida de personas indocumentadas, activada bajo la excusa de una emergencia sanitaria ante la pandemia de SARS-COVID-19. Según información proporcionada por la COMAR, en diciembre de 2023 había 44 239 personas haitianas solicitantes de refugio en México, la mayoría de ellas en Tapachula, Chiapas (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 2024). La situación de los haitianos y haitianas en México deriva no solo de las políticas migratorias de Estados Unidos y México, sino también, en gran parte, de las políticas en los países de Sudamérica (Brasil y Chile en particular) y del Caribe (República Dominicana) que atraviesan en sus trayectorias. Como señala Bourgeois (2020), las crisis económicas y políticas que han sacudido a Brasil desde el año 2015, así como las políticas migratorias que vuelven extremadamente compleja la obtención de un estatus jurídico legal en estos países, además del racismo y la precariedad laboral que padecen las personas de origen haitiano –sobre todo en Chile– son las causas que han apremiado a muchos de ellos a migrar de nueva cuenta a terceros países.

Llama la atención el hecho de que un gran número de niños de padres haitianos nacidos en Brasil y Chile que cuentan con la nacionalidad de estos países, en México solamente son identificados por las autoridades migratorias como haitianos, al igual que sus padres, lo cual es una justificación para su deportación hacia Haití, un país que no conocen y del cual carecen de ciudadanía. México no pide la intervención u opinión de los gobiernos de los países de los cuales estos niños son ciudadanos; de este modo, se evidencia la tendencia a asociar la ciudadanía con el derecho de sangre y no con el derecho del suelo, por encima de las legislaciones de cada país en materia de ciudadanía. Este hallazgo de Catherine Bourgeois en su trabajo de campo en Tijuana la lleva a denunciar que:

un número considerable de niñas y niños haitianos, hoy en Tijuana, han nacido fuera de su país de origen. De hecho, muchos cuentan con documentación del país en donde nacieron, pero no todos. Ello constituye una paradoja, ya que estos niños y niñas son considerados haitianos por parte de su comunidad, y en muchas ocasiones de las autoridades migratorias… Por lo tanto, miles de niños y niñas haitianos nacidos fuera de su país no poseen una documentación de identidad haitiana ni del país en donde nacieron. Son, de facto, apátridas (Bourgeois, 2020, p. 108).

Debido a la llegada masiva a México de población haitiana, a partir de agosto de 2021, la COMAR y ACNUR desarrollaron un programa de pre-registro en el Estadio Olímpico de Tapachula con una gestión meramente administrativa pero deficiente (Bourgeois, 2022); los tiempos para conseguir la primera cita e iniciar la solicitud de refugio fueron excesivamente dilatados. Además, este proceso se llevó a efecto sin atención sanitaria para los miles de personas que hacían fila en condiciones de hacinamiento y en circunstancias meteorológicas difíciles. A fines del año 2022, permanecían en Tapachula miles de personas haitianas que se aglomeraban en el Parque Hidalgo y la zona centro de la ciudad, mientras esperaban la oportunidad de realizar los trámites para obtener la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, lo cual les permitirá transitar a lo largo del país para llegar a la frontera norte. Muchos de ellos se han insertado en el comercio informal para sobrevivir mientras se resuelve su trámite migratorio. Los albergues se encuentran saturados, por lo que un gran número de esta población –incluyendo menores de edad– sobreviven en situación de calle. A principios de diciembre de 2022 esta circunstancia se agravó con la llegada a Tapachula de individuos y familias procedentes de Venezuela, en condiciones muy vulnerables, tras haber atravesado el Darién.

Guatemala se ha caracterizado por tener un mercado laboral precario, de ahí que las movilidades o migraciones transfronterizas a México –especialmente a Chiapas– y la migración internacional –sobre todo a los Estados Unidos– han tenido una función importante como mecanismo de ajuste laboral de la población guatemalteca (Nájera, 2014). Los desplazamientos fronterizos de trabajadores guatemaltecos a Chiapas se han llevado a cabo tanto de manera documentada como indocumentada desde hace décadas (Rivera, 2014). En la actualidad existen cientos de puntos de cruce peatonal no formales, –es decir, sin presencia de autoridades migratorias– por los que hombres, mujeres y niños guatemaltecos ingresan al territorio mexicano (Nájera, 2014).

El trabajo agrícola de guatemaltecos en la región chiapaneca del Soconusco comenzó en la década de 1870, cuando se instalaron las primeras fincas cafetaleras en la región. Con ello se inició la demanda constante de trabajadores temporales, lo que marcó el inicio de un mercado laboral transfronterizo caracterizado por movilidades estacionales y condiciones laborales irregulares, pero sólidamente arraigadas. A lo largo de los siglos XX y XXI, las personas de origen guatemalteco se han insertado además en actividades no agrícolas, como el comercio informal, el servicio doméstico y la construcción. Destaca la participación laboral de mujeres guatemaltecas en el trabajo doméstico en Chiapas, y de adultos mayores y niños en el comercio informal, en especial en las localidades urbanas fronterizas (Nájera, 2014, pp. 35-36). Es decir, la mano de obra agrícola de personas de origen guatemalteco forma parte de un circuito migratorio laboral integrado plenamente en la economía regional. Sin embargo, varios procesos han trastornado estas configuraciones funcionales pero frágiles.

Uno de ellos se relaciona con la puesta en marcha en el año 2017 de las operaciones de Puerto Chiapas, una Zona Económica Especial⁵ ubicada a 32 kilómetros de la ciudad de Tapachula, el cual tiene impacto en el mercado laboral a nivel regional. No obstante, a pesar del intento por posicionar la zona y del dinamismo de la economía regional a partir de la apertura de Puerto Chiapas, ello no se ha reflejado en el nivel de vida de los trabajadores transfronterizos, cuya condición precaria y búsqueda de oportunidades continúa.

Otro proceso de fuerte impacto sobre la circulación laboral resultó de las medidas tomadas a partir de 2019 por el INM y el despliegue de la Guardia Nacional para contener la entrada de migrantes en la frontera sur de México. Se ha restringido el paso de cientos de personas de origen guatemalteco que habitualmente ingresaban a México –sin documentos migratorios– por el río Suchiate para realizar compras, actividades turísticas, comerciales y laborales. De manera que, se ha obstaculizado y retrasado la movilidad de trabajadores transfronterizos, quienes se ven obligados a llenar los formularios correspondientes para solicitar el permiso de trabajadores fronterizos o de visitantes regionales.

Los trabajadores transfronterizos están fuera de las agendas gubernamentales e incluso de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Las restricciones a la movilidad no solamente se han reflejado en el campo laboral, también en los vínculos históricos entre Chiapas y Guatemala que involucran relaciones culturales, familiares y de amistad entre las poblaciones fronterizas de ambos países.

Para revertir estas tendencias, sería preciso generar marcos normativos que conduzcan a la mejora de las condiciones laborales de las y los trabajadores, así como establecer las bases de cooperación e intercambio de información que posibiliten la caracterización de trabajadores migrantes que se trasladan de Guatemala al sureste de México. Es necesario realizar distinciones entre la migración en tránsito y la migración laboral transfronteriza para agilizar –de manera regulada, segura y ordenada– el flujo de trabajadores hacia el sureste de México, modificando por ejemplo los requisitos para obtener la Tarjeta de Visitante de Trabajador Fronterizo (Rivera y Wilson, 2020). Sería importante, asimismo, implementar políticas de corresponsabilidad e identificar alternativas viables y acciones eficaces y legítimas en torno al mercado laboral transfronterizo en conjunto con servidores públicos, empleadores, trabajadores, intermediarios, académicos, organismos de la sociedad civil y los propios migrantes, con el propósito de atenuar situaciones de estigma y discriminación hacia las y los trabajadores transfronterizos. Por último, pero no menos importante, es la necesidad impostergable de revisar y evaluar la implementación de programas de educación para la niñez migrante, facilitando el acceso a las escuelas de las localidades mexicanas, a partir de los convenios entre instancias educativas de Guatemala y México.

La región sur de Veracruz se ubica en la vertiente oriental de México, forma parte de la “ruta del Golfo”, la cual es muy empleada por parte de migrantes procedentes de Centroamérica con destino a Estados Unidos. Esta ruta constituye el trayecto más corto hacia la frontera norte del país en el extremo este, al conectar el estado mexicano de Tamaulipas con el estado de Texas.

La ciudad de Acayucan se ubica en la amplia zona ganadera del sur del estado de Veracruz; es un polo urbano que concentra servicios y productos del campo y de manufactura industrial. Pero también es sede de actividades ilícitas provenientes del abigeato, el robo de combustible mediante la perforación de los oleoductos de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y el paso de estupefacientes, por lo menos desde la década de 1980. En el último lustro, la región sur de Veracruz se convirtió en una de las más violentas del estado con la presencia de actores del crimen organizado, cuyas víctimas directas no son solamente los habitantes locales, sino también las personas migrantes.

El tránsito de migrantes por el sur de Veracruz no es un fenómeno reciente; data de fines del siglo XX, aunque se volvió más visible durante la primera década del siglo XXI, cuando cientos de personas abarrotaban los vagones del tren conocido como “La Bestia” para movilizarse en dirección a la frontera norte. Además, desde el sur de Veracruz se desprende un abanico de rutas alternativas, multidireccional y heterogéneo en términos de configuración geográfica.

A partir de la puesta en marcha del Plan Frontera Sur en el año 2014, durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), hubo un cambio significativo en las formas de movilidad de las personas migrantes por esta zona, ya que disminuyó de manera notable el uso de dicho tren, como medio de transporte. Este giro fue resultado de la prohibición impuesta por las autoridades federales para el uso irregular del tren con fines de movilidad, mediante la militarización de las rutas ferroviarias con la intención de desalentar el tránsito migratorio. Además, el viaje a bordo del tren se había vuelto muy peligroso debido a las actividades del crimen organizado que ejercía múltiples formas de violencia sobre las personas migrantes.

Desde entonces se generaron nuevas estrategias de migración en tránsito que incluyeron el uso de rutas más clandestinas y peligrosas. Las caravanas migrantes iniciadas en octubre de 2018 desde Honduras fueron otra reacción al endurecimiento de las acciones de contención por parte del gobierno mexicano.

Entre 2018 y 2019 se dio un quiebre mayúsculo de las dinámicas migratorias regionales con el paso de las caravanas migrantes por Acayucan –con numerosas muestras de acogida por parte de la población local en la primera de ellas–. Posteriormente se han expresado posturas encontradas que estigmatizan a determinados sectores de la población migrante. Aparecen nuevas categorizaciones con apreciaciones diferenciadas (compasión, rechazo, miedo) y cambiantes debido a la diversificación de sus perfiles: ya no solo transitan por la zona migrantes centroamericanos, haitianos y cubanos, sino también personas procedentes de diferentes países africanos y asiáticos (como India, Pakistán, Afganistán). Se da también un proceso de segmentación espacial en la ciudad: por una parte, los albergues y la Estación Migratoria están ubicadas en áreas marginales, dentro del espacio urbano. Por otra parte, hay puntos de intersección en el centro de la ciudad y puntos aledaños (como tiendas de conveniencia) donde son visibles las poblaciones migrantes, en su tragedia normalizada e invisibilizada hasta cierto punto por la población local. En el contexto descrito, la agencia migrante es mucho menos enfática que en las zonas fronterizas de Tapachula y Tijuana, por ejemplo, ya que las poblaciones en movilidad se encuentran de paso y no sufren tanto la situación de atrapamiento.

Desde las instituciones también se pueden destacar puntos de inflexión y transformación en su trato de la migración. A partir de la última década de siglo XX y la primera del siglo XXI, se instalaron en las ciudades de Coatzacoalcos, Acayucan, Tierra Blanca y Oluta, Veracruz, diferentes instituciones y espacios dedicados a la gestión migratoria: albergues y comedores, una delegación de la COMAR y de ACNUR, los consulados de Honduras, El Salvador y Guatemala y la Estación Migratoria de Acayucan del INM (la segunda más grande del país). Hasta dicha Estación se trasfieren migrantes que fueron “asegurados” y detenidos en otras delegaciones del INM del país para ser deportados. Cuenta con cupo para 836 personas (Hoffmann y Rodríguez, 2021).

Con la institucionalización de la gestión migratoria en Acayucan y la presencia de los órganos mencionados, comenzó la llegada paulatina de agencias de gobierno y Organizaciones no Gubernamentales como Asylum Access, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH o la Cruz Roja Internacional. En este contexto, la presencia de ACNUR ha sido fundamental. En 2016 abrió sus oficinas en Acayucan en estrecha colaboración con la delegación de la COMAR y los albergues para migrantes de las localidades vecinas de Oluta y Coatzacoalcos. La influencia de ACNUR es importante por sus aportes materiales y financieros en estos espacios; su preeminencia también se debe a su papel en la capacitación de funcionarios y en transmisión de principios, valores y prácticas que inciden en la construcción de la figura del “buen migrante”, aquel que sigue los procedimientos legales para solicitar refugio. Este “migrante permitido” (Hoffmann y Rodríguez, 2021) puede beneficiarse de los servicios ofertados por el Estado y la sociedad civil (albergues, programas de asesoría o acompañamiento) mientras que los demás migrantes, hombres, mujeres y niños que atraviesan el país de manera clandestina, son mayoritarios en cantidad, buscan invisibilizarse al máximo y escapan a todo control –y apoyo– institucional.

La ciudad de Tijuana, Baja California, se encuentra ubicada en el extremo oeste de la línea fronteriza y se conecta directamente con la ciudad de San Diego, California, a través de la puerta de entrada de San Ysidro, una de las garitas más transitadas del mundo. Con una larga historia de movilidad transfronteriza, se trata de un espacio de construcción e invención social e institucional de la atención humanitaria al fenómeno migratorio.

En Tijuana se localizan organizaciones internacionales como la OIM y ACNUR, instituciones públicas como el INM y la COMAR, instituciones de salud, educación y atención psicológica, de protección de derechos humanos, de asesoría legal, servicios consulares de Honduras, Guatemala y El Salvador y alrededor de 34 albergues. El año 2016 fue una etapa de inflexión por la llegada masiva de personas de origen haitiano a la ciudad: alrededor de 8 500 personas haitianas y africanas llegaron a Baja California entre mayo y noviembre de 2016. Su objetivo, como el de muchos otros migrantes, era cruzar a los Estados Unidos para escapar de la violencia y de la pobreza estructural en su país y empezar una nueva vida, tras haber atravesado, para la mayoría de ellos, muchos otros países. Hasta septiembre de 2016, miles de personas de origen haitiano lograron cruzar de manera legal la frontera a los Estados Unidos, gracias a que se encontraba vigente el Estatus de Protección Temporal o Temporary Protected Status (TPS) que les era favorable. Sin embargo, la cancelación de dicha normativa, en septiembre de 2016, y la imposibilidad de regresar a Haití, les obligaron de facto a permanecer en México, mayoritariamente en Tijuana (Bourgeois, 2021). En esta ciudad se conformó en 2017 un barrio conocido como la “Pequeña Haití”, ubicado en la Colonia Divina Providencia e integrado por cerca de dos mil habitantes (González, 2019).

Otro evento de gran impacto tuvo lugar en noviembre de 2018, cuando llegó a Tijuana la primera caravana de migrantes, procedente de Honduras, integrada principalmente por personas de origen hondureño, pero también por migrantes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Al no poder cruzar la frontera, la mayoría de ellos se instaló de manera temporal en Tijuana, en condiciones muy precarias, en tiendas de campaña y albergues improvisados esperando su turno para solicitar el asilo en los Estados Unidos. Esta situación desató muestras de apoyo de la sociedad civil que ayudó con donativos en especie a las personas migrantes. Sin embargo, hubo también reacciones de rechazo por parte de determinados sectores de tijuanenses; convocadas en redes sociales por el "Movimiento ciudadano contra el caos de la caravana migrante", más de un centenar de personas se reunió en la glorieta Cuauhtémoc de Tijuana, el 18 de noviembre de 2018 para protestar por la llegada masiva de migrantes centroamericanos.

Tijuana se ha convertido en los últimos años en un lugar ya no solo de estancia temporal para miles de personas migrantes originarias de Centroamérica, sino también en un sitio de inmovilidad y de espera para aquellas procedentes del Caribe (Haití, Cuba), de África (Togo, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Nigeria, Camerún, Etiopía, Somalia) y de Asia (Siria, Irak, Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka) (Bourgeois, 2021, p. 74). Se suma a esta diversidad extracontinental la llegada de mujeres y hombres rusos y ucranianos en el año 2022, a causa de la invasión rusa a Ucrania iniciada en febrero de 2022.

Este escenario ha derivado en el incremento de diferentes actores institucionales, nacionales e internacionales, así como de la sociedad civil en Tijuana. Entre 2019 y 2021 se han instalado nuevas organizaciones internacionales –como Asylum Access y HIAS– dedicadas a la atención de personas migrantes en varios puntos de la frontera norte (como en Ciudad Juárez, Chihuahua, Matamoros, Tamaulipas y Piedras Negras, Cohahuila); también se advierte una mayor presencia de ACNUR en determinados contextos fronterizos. No obstante, es en Tijuana donde se concentra en mayor número la población “atrapada en la movilidad”, así como una mayor diversificación de los lugares de origen.

La puesta en marcha del MPP a partir de la crisis de las caravanas y el Título 42, generaron un alargamiento de los tiempos de espera de las personas atrapadas en la frontera norte con la esperanza de poder solicitar el asilo en Estados Unidos. Esta situación dio lugar también a que un gran número de migrantes de diferentes orígenes, optaran por solicitar el refugio en México. Empero, esta opción también significa largos tiempos de espera, dado que la COMAR no se ha fortalecido en términos del personal que debe recibir y procesar las solicitudes de refugio, mismas que en los últimos años han crecido de manera exponencial en cada una de sus diez delegaciones.

La condición de atrapamiento en Tijuana da lugar a una constante redefinición de los proyectos migratorios y de las estrategias de las personas migrantes frente a la incertidumbre y la espera indefinida. Muchas de estas personas mantienen proyectos simultáneos; por ejemplo, mientras esperan la resolución de la solicitud de refugio en México continúan explorando las posibilidades de atravesar la frontera a Estados Unidos, de manera legal –mediante la solicitud de asilo– o incluso de manera clandestina.