Introducción

Conceptualización: ¿Sustentabilidad en los centros históricos?

Actualmente el paradigma del desarrollo sustentable permea todos los ámbitos de la discusión en el tema de lo urbano. Y es que, desde hace mucho, ha quedado claro que no es posible continuar con el patrón de explotación y consumo que el mundo moderno maneja.

Sin embargo, esta misma necesidad ha generado que, de manera poco ética por seguir una moda o simplemente por ser un requisito solicitado institucionalmente, se generalice un discurso en donde la sustentabilidad es protagonista; discurso que muchas veces tiene como fin conseguir autorizar intervenciones urbanas o vender proyectos arquitectónicos, cuya única relación con aquello que el concepto sustentabilidad busca es dicha palabra plasmada en un papel. Es necesario comenzar este trabajo con un ejercicio de conceptualización con la finalidad de plantear un marco de referencia que ayude al lector a comprender la postura teórica desde la que está escrito este artículo y desde la que se pretende analizar las intervenciones realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Para comenzar, es necesario mencionar lo ocurrido durante la década de los setenta del siglo pasado, la preocupación por la situación ambiental llevó a varios países a crear instituciones que vigilaran y protegieran el manejo de los recursos y el medio ambiente. Según Blanca Ramírez (2003), en 1972 y derivado de la nueva preocupación por el planeta, se publicó el libro Los límites del crecimiento el cual partía de la premisa de que el crecimiento económico tenía un límite que estaba definido por la capacidad de la naturaleza y que por lo tanto también había que ponerle un límite al consumo de recursos, la producción, al crecimiento poblacional y a todas las actividades que generaran un impacto negativo en el planeta. Este planteamiento fue criticado, ya que “los autores no reconocieron las desventajas de un modelo de generalización que incluía en condiciones similares a poblaciones tan disímiles como las africanas y las europeas o latinoamericanas” (Ramírez, 2003: 183).

Posteriormente, en 1987 se publicó la obra Nuestro futuro en común, mejor conocido como Informe Brundtlan, que proponía la definición actualmente aceptada de lo que es la sustentabilidad o el desarrollo sustentable. Según Castro, derivado de este texto, “surgen dos corrientes de pensamiento: una centrada en las metas de desarrollo y la otra en el control de los efectos dañinos de las actividades humanas sobre el medio ambiente global” (1998: 4). Para iniciar la discusión, cabe mencionar que ambas visiones son cuestionables, ya que en las dos es notoria una fuerte influencia economicista donde la búsqueda del equilibrio entre las necesidades humanas y la explotación del medio se ve subyugada por la forma en la que se conceptualiza el término desarrollo. Al respecto se menciona el trabajo de Luis Jiménez, quien afirma que detrás del concepto de desarrollo sustentable se esconde la intensión de sostener de manera indefinida la acumulación capitalista y atinadamente se pregunta si sería viable pensar en “un modelo de desarrollo sostenible homogéneo a escala mundial” (Jiménez, 2001: 42) Si se habla de desarrollo debe entender que no es lo mismo que “crecimiento económico”, además de comprender que el mundo está dividido en regiones, cuyos niveles de desarrollo históricamente han sido desiguales, un mundo donde las regiones desarrolladas han presentado un modelo de crecimiento marcado por patrones de “consumo-obsolescencia-destrucción” (Pradilla, 1995: 38) cuya aplicación en la regiones pobres no sólo sería imposible sino aberrante. Es por esto que la definición de lo que entendemos por desarrollo debe ser revisada desde otra perspectiva que no únicamente se enfoque en lo económico sino que considere también lo social, humano y cultural; de esta manera el concepto se reviste de una nueva importancia que será indispensable al momento de entender qué está fallando en el discurso oficial del desarrollo sustentable.

Una segunda postura es aquella que está enfocada en el control de daños, tiene una orientación que solo pretende ser paliativa, es decir, se busca minimizar los impactos más no tratar de evitarlos y es que, como decíamos, la visión del desarrollo sustentable dentro del modo de producción capitalista se pervierte y busca minimizar los impactos con el fin de mantener el ritmo actual de explotación de los recursos y de esta forma asegurar la tasa de ganancia. Y es que el verdadero trasfondo de la sustentabilidad, el que se queda muchas veces fuera del discurso es la urgente necesidad de eliminar el consumo irracional de recursos en pro de una distribución equitativa de los mismos, esto implica necesariamente un cambio de modelo económico y pocas veces se habla al respecto.

En cuanto al tema de los centros históricos aunque de primera impresión pareciera que tiene poca o ninguna relación con el tema de la sustentabilidad, el meollo de la discusión se encuentra en el hecho de que nuevamente, al igual que sucede con los recursos naturales, encontramos que las instituciones encargadas del manejo y protección de dicho patrimonio urbano gestionan los centros históricos con una visión economicista en la que se busca transformar dichas áreas en zonas turísticas de alto nivel en donde el capital comercial e inmobiliario pueda reproducirse. Todo esto matizado bajo un discurso políticamente correcto en el que se propone una supuesta revitalización social y económica sustentable de la zona, mientras que en la realidad lo que se busca principalmente es beneficiar intereses inmobiliarios privados. Se cree que éste ha sido el caso de los múltiples proyectos de renovación que se han llevado a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México durante los últimos quince años y en este trabajo intentaremos analizarlo.

Centros históricos, una historia de abandono y recuperación

En un inicio los centros históricos fueron la ciudad misma, es decir, adquieren su posterior estatus de centralidad urbana al haber sido el núcleo fundante de la población; es en el centro histórico donde, en los inicios de la ciudad, se asentaba mayormente la población que poseía un mejor nivel de ingresos. En el Centro Histórico de la Ciudad de México, mientras más cerca de la Plaza Mayor se encontraba una vivienda, su valor era más alto y por tanto sus habitantes poseían un mayor estatus económico; prueba de ello es el proyecto que presentó Ignacio de Castera en 1794 donde dividió el espacio urbano en tres zonas y las catalogó en terrenos de primera, segunda y tercera categoría (Hernández, 1997: 64) si bien el proyecto de Castera no pretendía generar una zonificación de la ciudad, sino encontrar una forma más equitativa de distribuir el costo del empedrado de las calles –que originalmente se cobraba sobre el pulque, el frente de las casas y la propiedad de los coches– dicha distribución nos confirma el estatus económico que tenían las personas que habitaban cerca de la Plaza Central.

Pese a contar con tan nobles orígenes, no es ningún secreto que durante buena parte del siglo xx, el Centro Histórico de la Ciudad de México sufrió un abandono sistemático por parte de las autoridades responsables, abandono que a la larga terminó por ocasionar serios daños al patrimonio urbano, pero ¿a qué factores puede atribuirse y por qué durante los últimos años pareciera que su rescate interesa no sólo a las instituciones gubernamentales sino también a grupos de particulares con intereses vinculados a distintos sectores económicos como el comercio, los servicios y el desarrollo inmobiliario? En este punto cabe aclarar que la historia del olvido y posterior recuperación de los centros históricos no aparece solamente en el contexto de las ciudades mexicanas, es un fenómeno que se ha presentado alrededor del mundo y tiene que ver con la renta del suelo urbano y la economía de las ciudades.

El paulatino proceso de transformación del Centro Histórico dio inicio a mediados del siglo xix con el éxodo de una parte de las capas pudientes de la sociedad, las cuales abandonaron el área central de la ciudad para refugiarse en las nuevas zonas recientemente urbanizadas al poniente de la ciudad. Emilio Pradilla (2011) y Alfonso Álvarez (2008) aseguran que es durante este periodo ‒que se extiende hasta mediados del siglo xx‒ cuando llegan al área central las clases populares y un importante número de inmigrantes; afirman que es en una siguiente etapa de crecimiento de la ciudad, ya cerca de la segunda mitad del siglo xx, cuando comienza el deterioro de los centros históricos en buena parte debido al nulo mantenimiento que los propietarios le daban a los inmuebles y que en el caso de la Ciudad de México tal vez tiene también relación con fenómenos como el de las rentas congeladas.

Un buen ejemplo del inicio del deterioro en el Centro Histórico de la Ciudad de México, según la opinión de Salvador Díaz-Berrio (2011: 196) fue la destrucción, entre 1934 y 1965, de 422 edificios de los 872 que habían sido considerados para pertenecer al catálogo de la Dirección de Monumentos.

Aunado a los factores mencionados, algunos años después los centros históricos comenzaron a perder su dinamismo en parte debido principalmente a tres factores: en primer lugar la relocalización de instituciones y oficinas que buscan ubicarse en zonas consideradas más modernas de la ciudad (Pradilla, 2011: 29) en segundo lugar a un lento proceso de sustitución de las viviendas[1] por comercios y bodegas, y por último a un afán modernista y reformador mal entendido al que “han contribuido la mundialización, los nuevos modos de vida, la imitación sin discernimiento de lo ajeno, la modernización a ultranza, las bogas restauradoras y las oleadas de turismo” (Chanes, 2014: 75).

Según Alberto González Pozo, es comprensible y hasta normal que un centro histórico habitado sufra ciertas alteraciones en lo que a usos del suelo se refiere, “pequeños cambios graduales en el patrón de usos genéricos” (2013: 323) Sin embargo, durante la última década del siglo xx este proceso, que estaba presente en la Ciudad de México desde mediados de siglo, se aceleró dando como resultado que el Centro Histórico perdiera grandes cantidades de vivienda y éstas fueran sustituidas generalmente por locales con actividades económicas casi siempre de tipo terciario. Ante esto, Pradilla considera que el fenómeno no es nuevo, ya que “los mercaderes de todas las épocas han sido también actores eficaces de la destrucción patrimonial: modificando las estructuras y las formas arquitectónicas patrimoniales, […] ante esta fuerte alianza destructora, caen los defensores del patrimonio, acusados y condenados sin juicio como conservacionistas, ignorantes de las leyes económicas o las necesidades sociales actuales (Pradilla, 2011: 31).

Pareciera entonces que la solución se encuentra en eliminar o al menos minimizar la presencia de actividades terciarias en los centros históricos. Las autoridades han llevado a cabo en el Centro Histórico de la Ciudad de México una serie de reubicaciones de comerciantes informales ‒que han tenido poco resultado‒ y se ha priorizado, sobre todo en la zona poniente de la Plaza Central, la consolidación de comercios formales de alto nivel.

Pese a lo que pudiera suponerse, la eliminación del comercio no es la solución, además de ser imposible, ya que el interés que generan estas áreas de la ciudad para los capitales comerciales es muy fuerte por la alta rentabilidad que les ofrece la ubicación de las mismas, además eliminar las actividades terciarias de esta zona de la Ciudad de México sería atentar con una vocación histórica de la misma.

Y es que el Centro Histórico de la Ciudad de México ha sido asiento del comercio desde tiempos remotos; Jacques Soustelle (1992) sostiene que desde antes de la conquista tanto la Plaza Central como las plazas de los distintos barrios funcionaban como mercados, así mismo es sabido que durante el Virreinato existieron “cinco [mercados] principales y más de veintitrés plazuelas, [además de] la Plaza principal situada frente al Palacio Nacional. Esta plaza era asiento de los comerciantes que concurrían de los diferentes barrios que conformaban la ciudad” (Castillo, 1973: 20) Además de eso, la ciudad también contaba con almacenes de productos de ultramar, puestos o “tendajones”, los conocidos “cajones” y los “tianquiztli” o tianguis que se colocaban algunos días de la semana en plazas públicas. Si miramos más atrás en la historia, antes de la conquista existían en la zona importantes mercados.

Diariamente asistían en la Plaza principal algunos indígenas para vender sus productos agrícolas, según los cronistas se podían ver puestos o “sombras” de frutas o legumbres, carnes y pescados. Sin embargo, el aspecto no era para nada agradable, ya que en aquella vendimia callejera imperaban el desorden y la insalubridad (De Gortari y Hernández, 1988) esta misma situación se extendía a las calles aledañas, donde se vendían en puestos ambulantes o cajones toda clase de productos, desde tamales hasta ropa o leche de vaca. La importancia de la actividad comercial de la ciudad era tal que autores como Adriana López Monjardin aseguran que hasta antes de 1850 “de los 1167 [establecimientos] que existían en la Ciudad de México, aproximadamente 76.8% no realizaban actividades productivas” (1978: 57).

Si bien no es justificable la invasión de las calles debido al comercio informal ‒el cual también es un factor que incrementa el deterioro en el patrimonio urbano‒ sirva el pequeño recuento histórico hecho anteriormente para clarificar la idea de que el Centro Histórico es y siempre será un lugar con una fuerte actividad comercial y de servicios.

¿Renovarse o morir? proyectos de rescate y capital inmobiliario en el Centro Histórico

El Centro Histórico de la Ciudad de México fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas (onu) patrimonio cultural desde la década de los ochenta del siglo xx, mientras que los sucesivos proyectos de rescate a los que ha sido sometido comenzaron hasta el 2001. La llamada recuperación del Centro Histórico dio inicio con la remodelación de las calles: Madero, Bolívar, Isabel la Católica, Cinco de Mayo, Tacuba, Donceles, Cinco de Febrero y Venustiano Carranza, todas ellas ubicadas al poniente de la Plaza Central; en esta etapa de modificaciones a calles la intervención que podría considerarse que fue de mayor magnitud es la transformación en corredor comercial-peatonal de la calle Madero.

Pradilla asegura que los proyectos modernizadores puestos en práctica por las instancias gubernamentales para las renovaciones o recuperaciones de los centros históricos, por lo general “no han sido propuestas integrales que enfrenten articuladamente todos los aspectos complejos de la problemática” (Pradilla, 2011: 33) siendo uno de los factores más importantes que impactan en el deterioro o destrucción del patrimonio de los centros históricos.

Para muestra basta un botón. Según la información de una nota publicada en la sección de noticias Nacional en la página web del semanario PROCESO con fecha del 12 de febrero de 2002, se cita textual un comentario del arquitecto Eduardo Terrazas, quien participaba en el proyecto: “No es un plan maestro, sino una serie de estrategias que poco a poco son un proceso que va tomando la adecuación y la dimensión que pida el Centro Histórico” (Proceso, 2012).

Por increíble que pudiera resultar, esto parece indicar que la intervención realizada sobre ocho calles ubicadas al poniente de la Plaza Central, en la que podemos considerar la zona más dinámica del Centro Histórico, cuya inversión inicial sería de 500 millones de pesos fue realizada casi “sobre la marcha”, sin un programa debidamente estructurado. Como veremos más adelante, todo esto tiene una razón de ser.

En 2001, meses antes de dar inicio con las obras de rescate, se creó oficialmente el Consejo Consultivo del Centro Histórico, proyecto en donde el empresario Carlos Slim se involucró fungiendo como presidente del Comité Ejecutivo. La participación del conocido empresario no se limitaba al interés por el rescate de la zona de valor patrimonial sino que dicho interés tenía como trasfondo que un importante negocio inmobiliario se encontraba en juego. Según un artículo del periódico La Jornada publicado el 21 de octubre de 2007, la compañía Centro Histórico de la Ciudad de México (centmex) ‒creada en el 2001 y en la que participa el empresario‒ para el 2003 ya contaba con 48 inmuebles ubicados en el perímetro “A” del Centro Histórico, cuyo valor ascendía a 481 millones de pesos. En el 2007 la compañía adquirió otras ocho propiedades con un valor sumado al de las que ya poseía, ascendía a 762 millones 846 mil pesos; poniéndolo claro: 33 mil 804 m2 del Centro Histórico ahora pertenecen a centmex (González, 2007).

La misma nota periodística cita que, según su informe financiero del 2006, centmex tenía “planeado adquirir nuevos inmuebles en zonas determinadas del Centro Histórico, con el fin de mejorar el nivel de vida social y comercial de las mismas. La estrategia consiste en atraer más comercios y aumentar la población con mayor poder adquisitivo. En especial concentra sus esfuerzos en las calles de Uruguay, Venustiano Carranza, 16 de Septiembre, Madero, 5 de Mayo, Tacuba y Donceles” (González, 2007) La justificación que se dio desde el nivel gubernamental para la intervención de un organismo privado en las labores de rescate argüía que:

Entre 1997 y 2000 […] el Fideicomiso Centro Histórico, la unam y el ipn realizaron un importantísimo trabajo de diagnóstico. Para la llegada de la administración 2000-2006, se concluyó que si confluían los esfuerzos de la ciudad, el gobierno federal y la iniciativa privada era factible iniciar la implementación de acciones concretas de mayor envergadura. En 2001 el fchcm se convirtió en un organismo público, se creó un consejo de ciudadanos vinculados al Centro encabezado por el cronista de la ciudad Guillermo Tovar de Teresa, el periodista Jacobo Zabludovsky y el empresario Carlos Slim. Este último, auspició a su vez la creación de la Fundación del Centro Histórico, enfocada a la participación de la iniciativa privada en el esfuerzo. En 2002, a partir de un pacto inédito y con una fuerte inversión presupuestal del gdf se crearon modelos de intervención, se inició la renovación de la infraestructura urbana, se habilitaron las primeras nuevas viviendas y, sobre todo, se convenció a la sociedad de que el rescate del Centro Histórico era posible (Autoridad del Centro Histórico, s. f.).

Ante esto queda claro que el “Proyecto Núcleo Urbano Zócalo/Bellas Artes” (Proceso, 2012) ‒nombre que se le dio al proyecto de restauración iniciado en el 2001 y en el que la participación de Carlos Slim como presidente del Comité Ejecutivo seguramente tuvo gran peso en el proceso de toma de decisiones‒ estuvo fuertemente influenciado por los intereses inmobiliarios del empresario y su compañía.

Entre el 2008 y 2014 se llevaron a cabo varios proyectos en el área del Centro Histórico: el retiro de ambulantes de Eje Central, la Alameda y del perímetro “B” en el 2008 y de la calle Circunvalación y el barrio de Mixcalco en 2014. El rescate de la Alameda Central (finalizado en 2012) y la remodelación de la Plaza Garibaldi en 2010; la peatonalización de las calles Madero y Regina en 2009, la calle Corregidora a partir de enero 2016 y la Semipeatonalización de la calle 16 de Septiembre en 2014. En lo respectivo al transporte, la acción más relevante y tal vez una de las más atinadas, fue la introducción del metrobús (2012), según datos del Fideicomiso del Centro Histórico, reduciría considerablemente la cantidad de vehículos automotores que circulan por la zona. Este proyecto vino a sustituir al tranvía inicialmente propuesto durante la administración de Marcelo Ebrard, cuya implementación fue imposible debido los altos costos económicos.

Pero ¿a qué se debe el interés por parte de las esferas gubernamentales de apoyar al capital inmobiliario privado? Pradilla y Víctor Delgadillo (2014) sugieren que esta nueva alianza entre capital inmobiliario y autoridades se debe a una nueva ideología que parte de la concepción de políticas urbanas las cuales buscan valorizar el patrimonio ‒donde valorizar en realidad significa mercantilizar‒ y la única manera de hacerlo es vía gentrificación o aburguesamiento de dichas zonas, proceso que también da paso a la semiprivatización y que busca capitalizar los centros históricos transformándolos en lugares para la recreación vinculados a un cierto estatus económico. Dicha estrategia solo funciona en áreas muy específicas de las ciudades, aquellas cuya rentabilidad es directamente proporcional a la carga cultural e histórica que poseen y donde la apuesta de gobiernos es por la iniciativa privada para lograr la redensificación de estos espacios.

Pese a lo benéfico que pudiera parecer este objetivo, la realidad es que el éxito conseguido ha sido limitado, según los cálculos de la Fundación del Centro Histórico, “el 70% de la superficie construida está desocupada” (Páramo, 2011). Sin embargo, se ha continuado con las intervenciones y los proyectos de rescate debido a que, al final de cuentas, el Centro Histórico es un espacio urbano que posee características particulares que pocos lugares patrimoniales tienen ‒tal vez ningún otro‒, características como su ubicación con respecto a importantes “corredores urbanos terciarios” (Pradilla y Pino, 2004), alta disponibilidad de transporte y por tanto fácil acceso, edificios monumentales y ruinas arqueológicas, también es un lugar donde tradicionalmente los capitalinos encuentran una amplia gama de productos que satisfacen las necesidades y gustos de cualquiera. Y por si eso fuera poco, también una fuerte carga histórica y simbólica en el lugar donde se articulan los poderes políticos y religiosos (Vite, 2010), todo esto lo convierte en un “objeto de disputa por parte de diversos actores con diferentes intereses económicos, sociales y políticos” (Delgadillo, 2014: 6), el botín urbano perfecto.

Gracias a todo lo expuesto queda claro que en la zona poniente del Centro Histórico de la Ciudad de México las intervenciones han tendido que crear un lugar donde se sientan cómodos los turistas o la gente con poder adquisitivo medio y alto; ante esto Pradilla se pregunta si el único camino que queda es la gentrificación de dicho espacio urbano, aburguesamiento como destino irremediable. Así pareciera, al menos esas son las intenciones manifestadas expresamente por centmex.

Y es que el patrón de crecimiento de negocios y establecimientos dirigidos hacia los sectores de alto nivel adquisitivo son más que evidentes en Av. Juárez y Madero donde convive una frutería con tiendas transnacionales como Zara. Cabe mencionar que la frutería no es como cualquier expendio que pudiéramos encontrar en un mercado, este local claramente está diseñado para una clientela especial, aquella que no osaría pararse por un mercado. Dice Arturo Páramo:

Hace unos años, los edificios lucían herrumbrosos, el comercio informal abarrotaba todas las calles, el tránsito colapsaba, manzanas enteras estaban abandonadas y no existía vida nocturna.

Ahora es posible llegar al Centro en bicicleta rentada, caminar por las calles peatonales Madero, Regina, Gante, Motolinia, Alhóndiga, entre otras. Los asaltos a transeúntes se han reducido a su mínima expresión, de acuerdo con cifras de la Procuraduría (Páramo, 2011).

Y sin embargo, como se mencionó, no se ha logrado atraer el número de población que se pretendía para redensificar la zona. Y no es que los capitalinos tengan quejas respecto a pasear libremente sobre las calles peatonales y mucho menos poder transitar tranquilamente hasta Av. Reforma disfrutando de la recién remodelada Alameda Central; no es que les moleste el aumento de seguridad mediante un gran número de videocámaras o elementos policiales, el problema en el fondo es que el espacio público que constituye el Centro Histórico cada vez en mayor medida se encuentra en manos del capital privado. Según Miguel Ángel Vite, “el patrimonio histórico forma parte de las condiciones objetivas de posibilidad, que le permiten a los individuos reproducir su vida cotidiana a través de un sitio convertido en un centro de reunión, donde se realizan actividades culturales, que no buscan del todo la comercialización sino el goce estético y el conocimiento histórico” (Vite, 2010: 3), es decir, el proceso que se ha venido presentando en el Centro Histórico en aras de un “rescate del patrimonio” se acerca peligrosamente a una nueva forma de privatización del espacio público donde, a pesar de no encontrarse confinado, sí existe una tendencia a limitar el acceso a dicho espacio urbano a través de prácticas excluyentes como la sustitución de ciertas actividades recreativas y de socialización que no se relacionan de forma directa con actividades de consumismo ‒y cuyo disfrute podía ser generalizado independientemente del estatus social o económico del visitante‒ por otras cuya característica principal es la de estar soportadas por intereses mercantiles y publicitarios en donde el disfrute de servicios terciarios o tecnológicos como eventos del tipo de “Aldea Digital” (casualmente patrocinada principalmente por telmex compañía propiedad del empresario Carlos Slim) o bien eventos masivos como conciertos que limitan “la libre apropiación por los ciudadanos de ámbitos verdaderamente públicos” (Pradilla y Márquez, 2008: 9) y esto tiene de todo menos ser el rescate de un espacio público incluyente y mucho menos sustentable.

Conclusiones

La zona ubicada al poniente de la Plaza Central históricamente siempre ha sido una zona privilegiada, prueba de ello es que durante el siglo xix el crecimiento urbano de la capital fundamentalmente se dio sobre esa zona. Actualmente, los proyectos de rescate hasta ahora concretados han continuado dicha tendencia priorizando de nuevo esa zona debido a su ubicación con respecto a importantes corredores urbanos donde el capital inmobiliario ha invertido durante las últimas dos décadas esto ha resultado en una notoria fragmentación del espacio urbano del Centro Histórico.

Recientemente se han realizado importantes intervenciones sobre el territorio oriente del Centro Histórico, zona que siempre había sufrido de un casi total olvido en los proyectos de rescate, en el Plan Centro Histórico 2018 ‒disponible en versión sintetizada en la página de la Autoridad del Centro Histórico‒ se hace hincapié en que las acciones a realizarse darán prioridad a esta zona del Centro. En una entrevista (Páramo, 2016) publicada en el periódico Excélsior, Mariano Leyva, actual director del Fideicomiso del Centro Histórico, habla de las modificaciones en dicha zona de las cuales, tal vez, la más importante sea la semipeatonalización de la calle Moneda y que una vez más pone sobre la mesa el debate respecto a la necesidad de restringir el acceso vehicular, al menos en el primer cuadro, propuesta que se ha manejado varias veces y ha sido desechada aunque sean apreciables claramente y a simple vista los estragos que años de exposición continua a los contaminantes procedentes del tránsito vehicular han generado sobre las fachadas de los edificios históricos.

Quedan aún cuestiones en el aire, la sustentabilidad múltiples veces mencionada en el papel siempre ha quedado ausente en la realidad. Las autoridades tienen frente a sí un gran reto: rescatar y preservar, pero evitar la museificación y mayor aburguesamiento de un espacio urbano que está vivo y se transforma junto con sus habitantes.

Referencias

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